Otros 47 proyectos para la ronda 1.5 de RenovAr
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El Gobierno recibió 47 ofertas por 2.486 Mw de potencia para la ronda 1.5 del Programa RenovAr
Fecha de Publicación: 15/11/2016
Fuente: Télam
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Energía recibió 47 ofertas por un total de 2.486 Mw de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, correspondientes a la Ronda 1.5 del Programa RenovAr, de los cuales prevé adjudicar antes de fin de mes unos 600 MW en proyectos de tecnología eólica y solar.
La cartera energética informó que se recibieron 47 proyectos por un total de 2.486 Mw, de los cuales 1.561 Mw corresponden a emprendimientos de energía eólica y 925 Mw de solar, surgidos de los proyectos no seleccionados de la Ronda 1 que permitió 1.142 Mw adjudicados.
En esta Ronda, el Gobierno invitó a los oferentes a mejorar las ofertas presentadas y no adjudicadas de la Ronda 1 que había despertado el interés de propuestas por más de 6.400 Mw.
En esta instancia, la potencia a contratar es por un total de 600 Mw en seis módulos de 100 Mw cada uno, de los cuales cuatro se adjudicarán para eólica y dos para solar.
Los precios máximos de esta nueva convocatoria corresponden a los precios medios adjudicados en la Ronda 1, que fueron de 59,39 dólares por Mw/hora para eólica y 59,75 dólared por Mw/hora para solar.
En el cronograma de licitación, se prevé para el próximo miércoles 23 la apertura de propuestas económicas y el viernes 25 se procederá a la adjudicación de los proyectos.
El 7 de octubre, el Gobierno adjudicó 17 proyectos de generación eléctrica a partir de fuentes renovables por un total de 1.109 Mw como cierre de la Ronda 1, de los cuales 12 fueron de tecnología eólica, 4 de solar fotovoltaica y 1 de biogas.
Una semana después, sumó la adjudicación de 12 proyectos adicionales por 34 Mw de potencia ofertada, de los cuales cinco proyectos son de biogás, dos de biomasa y cinco de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, con lo que acumula 1.142 Mw adjudicados.
Lo adjudicado hasta el momento demandará una inversión estimada en 1.800 millones de dólares, y los proyectos -cuyos contratos se deberán firmar antes de fin de año-, comenzarán a entregar su potencia dentro de los próximos 12 y 24 meses.
A raíz del interés que despertó el proceso de licitación en renovables, el Gobierno ya anunció la denominada Ronda 2 para la licitación de nuevos proyectos que lanzará en mayo.
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, había estimado al cierre de la primera licitación que el total de las ofertas recibidas le permitía al país un ahorro de hasta 5.500 millones de dólares en los 20 años de contratos en que se planteó la actual licitación respecto a lo que el país pagaba hasta fines de 2015.
Tras cerrar el proceso de licitación, el Gobierno buscará avanzar junto al Congreso en la sanción de una Ley de Generación Distribuida que le permitirá a cualquier consumidor generar su propia energía y venderla al sistema, y otra Ley de Generación Solar Térmica para promocionar la fabricación y el consumo de equipos de calefacción no eléctrica, como por ejemplo lo son los calefones solares.
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Fecha de Publicación: 15/11/2016
Fuente: Télam
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Energía recibió 47 ofertas por un total de 2.486 Mw de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, correspondientes a la Ronda 1.5 del Programa RenovAr, de los cuales prevé adjudicar antes de fin de mes unos 600 MW en proyectos de tecnología eólica y solar.
La cartera energética informó que se recibieron 47 proyectos por un total de 2.486 Mw, de los cuales 1.561 Mw corresponden a emprendimientos de energía eólica y 925 Mw de solar, surgidos de los proyectos no seleccionados de la Ronda 1 que permitió 1.142 Mw adjudicados.
En esta Ronda, el Gobierno invitó a los oferentes a mejorar las ofertas presentadas y no adjudicadas de la Ronda 1 que había despertado el interés de propuestas por más de 6.400 Mw.
En esta instancia, la potencia a contratar es por un total de 600 Mw en seis módulos de 100 Mw cada uno, de los cuales cuatro se adjudicarán para eólica y dos para solar.
Los precios máximos de esta nueva convocatoria corresponden a los precios medios adjudicados en la Ronda 1, que fueron de 59,39 dólares por Mw/hora para eólica y 59,75 dólared por Mw/hora para solar.
En el cronograma de licitación, se prevé para el próximo miércoles 23 la apertura de propuestas económicas y el viernes 25 se procederá a la adjudicación de los proyectos.
El 7 de octubre, el Gobierno adjudicó 17 proyectos de generación eléctrica a partir de fuentes renovables por un total de 1.109 Mw como cierre de la Ronda 1, de los cuales 12 fueron de tecnología eólica, 4 de solar fotovoltaica y 1 de biogas.
Una semana después, sumó la adjudicación de 12 proyectos adicionales por 34 Mw de potencia ofertada, de los cuales cinco proyectos son de biogás, dos de biomasa y cinco de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, con lo que acumula 1.142 Mw adjudicados.
Lo adjudicado hasta el momento demandará una inversión estimada en 1.800 millones de dólares, y los proyectos -cuyos contratos se deberán firmar antes de fin de año-, comenzarán a entregar su potencia dentro de los próximos 12 y 24 meses.
A raíz del interés que despertó el proceso de licitación en renovables, el Gobierno ya anunció la denominada Ronda 2 para la licitación de nuevos proyectos que lanzará en mayo.
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, había estimado al cierre de la primera licitación que el total de las ofertas recibidas le permitía al país un ahorro de hasta 5.500 millones de dólares en los 20 años de contratos en que se planteó la actual licitación respecto a lo que el país pagaba hasta fines de 2015.
Tras cerrar el proceso de licitación, el Gobierno buscará avanzar junto al Congreso en la sanción de una Ley de Generación Distribuida que le permitirá a cualquier consumidor generar su propia energía y venderla al sistema, y otra Ley de Generación Solar Térmica para promocionar la fabricación y el consumo de equipos de calefacción no eléctrica, como por ejemplo lo son los calefones solares.
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Escobar prohibe countries sobre la cuenta del Río Luján
Escobar prohibió los countries sobre humedales
Fecha de Publicación: 15/11/2016
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
Es un histórico reclamo de vecinos y organizaciones ambientalistas de toda la cuenta del Río Luján. Argumentan que estos emprendimientos inmobiliarios provocan las inundaciones.
Mientras que en el partido de Escobar se prohibió la construcción de countries y barrios privados en zona de humedales, en Tigre los vecinos y las organizaciones ambientalistas siguen movilizados para frenar el avance de estos emprendimientos inmobiliarios de los que aseguran, son los causantes de las inundaciones.
Esta semana se sancionó en Escobar una ordenanza enviada por el intendente Ariel Sujarchuk al Concejo Deliberante en la que se establece la protección de 8.000 hectáreas sobre la cuenca del río Luján. La ordenanza preserva en primer lugar unas 6.000 hectáreas, con posibilidad de sumar otras 2.000 a futuro. El texto deja en claro que no aprobará nuevos barrios privados, clubes de campo y cualquier tipo de urbanización abierta o cerrada que modifique las condiciones ambientales y topográficas de las áreas de humedales insulares.
Con respecto a los desarrollos inmobiliarios que ya estaban en curso, el proyecto reformula parte de las acciones urbanas propuestas en el Plan Estratégico del partido de Escobar con la intención de “evitar posibles demandas judiciales contra el municipio y sus vecinos por parte de los desarrolladores que habían recibido la aprobación formal de sus emprendimientos urbanísticos con anterioridad a la nueva gestión”, según informaron fuentes municipales.
En abril de este año, y como antesala del proyecto de ordenanza, la Municipalidad de Escobar suspendió los permisos de construcción de cinco urbanizaciones, hasta que los desarrolladores realizaran las obras públicas necesarias para adaptarse a los lineamientos requeridos por la nueva gestión y beneficiar a los vecinos del distrito. Esos emprendimientos adaptados, y otros dos prexistentes, conforman los 7 barrios que se construyeron en zonas de humedales en los últimos años en una extensión de más de 2.000 hectáreas. A partir de ahora directamente no se aprobarán barrios privados en humedales, y también queda prohibida la caza comercial o deportiva, la realización de lagos o lagunas artificiales y el alumbrado de aguas salobres o saladas (que se produce al alcanzar la napa).
“El primer paso fue solucionar el grave problema de las urbanizaciones que no respetaban las ordenanzas municipales y las leyes provinciales. Y ahora avanzamos en la protección medio ambiental de casi una cuarta parte del territorio de Escobar”, sostuvo Sujarchuk.
Las únicas instalaciones que sí quedaron habilitadas por la ordenanza son los clásicos “recreos” con parrilla y bajadas para lanchas que permiten acampar a la orilla del río, así como actividades comerciales de probada tradición en zona de islas del Delta (apicultura, frutales y horticultura, por ejemplo), la crianza de animales, entre otras.
Por lo pronto, organizaciones ambientalistas y sociales de Tigre estuvieron en el Congreso de la Nación para manifestar su interés por la aprobación de la Ley Nacional de Humedales y se entrevistaron con la senadora nacional Teresita Luna. Junto a laa organizaciones estuvo presente el concejal Federico Ugo quien viene impulsando propuestas para la preservación de los humedales. "Podemos lograr el crecimiento de Tigre en armonía con la naturaleza y la comunidad, respetando el ambiente y la calidad de vida, sin que ningún sector quede afuera de ese crecimiento", manifestó Ugo.
El 6 de julio la Justicia federal frenó la construcción de barrios privados en los dieciséis municipios de Buenos Aires que abarcan la cuenca del río Luján y el Delta del Paraná. La causa se había impulsado por la exigencia de los vecinos de frenar los emprendimientos Venice Ciudad Navegable y Remeros Beach en Tigre y fue iniciada por organizaciones sociales que denunciaron la directa vinculación entre los countries construidos sobre los humedales y las cada vez más trágicas inundaciones en la región, que en 2014 se cobraron dos vidas en la zona.
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Fecha de Publicación: 15/11/2016
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
Es un histórico reclamo de vecinos y organizaciones ambientalistas de toda la cuenta del Río Luján. Argumentan que estos emprendimientos inmobiliarios provocan las inundaciones.
Mientras que en el partido de Escobar se prohibió la construcción de countries y barrios privados en zona de humedales, en Tigre los vecinos y las organizaciones ambientalistas siguen movilizados para frenar el avance de estos emprendimientos inmobiliarios de los que aseguran, son los causantes de las inundaciones.
Esta semana se sancionó en Escobar una ordenanza enviada por el intendente Ariel Sujarchuk al Concejo Deliberante en la que se establece la protección de 8.000 hectáreas sobre la cuenca del río Luján. La ordenanza preserva en primer lugar unas 6.000 hectáreas, con posibilidad de sumar otras 2.000 a futuro. El texto deja en claro que no aprobará nuevos barrios privados, clubes de campo y cualquier tipo de urbanización abierta o cerrada que modifique las condiciones ambientales y topográficas de las áreas de humedales insulares.
Con respecto a los desarrollos inmobiliarios que ya estaban en curso, el proyecto reformula parte de las acciones urbanas propuestas en el Plan Estratégico del partido de Escobar con la intención de “evitar posibles demandas judiciales contra el municipio y sus vecinos por parte de los desarrolladores que habían recibido la aprobación formal de sus emprendimientos urbanísticos con anterioridad a la nueva gestión”, según informaron fuentes municipales.
En abril de este año, y como antesala del proyecto de ordenanza, la Municipalidad de Escobar suspendió los permisos de construcción de cinco urbanizaciones, hasta que los desarrolladores realizaran las obras públicas necesarias para adaptarse a los lineamientos requeridos por la nueva gestión y beneficiar a los vecinos del distrito. Esos emprendimientos adaptados, y otros dos prexistentes, conforman los 7 barrios que se construyeron en zonas de humedales en los últimos años en una extensión de más de 2.000 hectáreas. A partir de ahora directamente no se aprobarán barrios privados en humedales, y también queda prohibida la caza comercial o deportiva, la realización de lagos o lagunas artificiales y el alumbrado de aguas salobres o saladas (que se produce al alcanzar la napa).
“El primer paso fue solucionar el grave problema de las urbanizaciones que no respetaban las ordenanzas municipales y las leyes provinciales. Y ahora avanzamos en la protección medio ambiental de casi una cuarta parte del territorio de Escobar”, sostuvo Sujarchuk.
Las únicas instalaciones que sí quedaron habilitadas por la ordenanza son los clásicos “recreos” con parrilla y bajadas para lanchas que permiten acampar a la orilla del río, así como actividades comerciales de probada tradición en zona de islas del Delta (apicultura, frutales y horticultura, por ejemplo), la crianza de animales, entre otras.
Por lo pronto, organizaciones ambientalistas y sociales de Tigre estuvieron en el Congreso de la Nación para manifestar su interés por la aprobación de la Ley Nacional de Humedales y se entrevistaron con la senadora nacional Teresita Luna. Junto a laa organizaciones estuvo presente el concejal Federico Ugo quien viene impulsando propuestas para la preservación de los humedales. "Podemos lograr el crecimiento de Tigre en armonía con la naturaleza y la comunidad, respetando el ambiente y la calidad de vida, sin que ningún sector quede afuera de ese crecimiento", manifestó Ugo.
El 6 de julio la Justicia federal frenó la construcción de barrios privados en los dieciséis municipios de Buenos Aires que abarcan la cuenca del río Luján y el Delta del Paraná. La causa se había impulsado por la exigencia de los vecinos de frenar los emprendimientos Venice Ciudad Navegable y Remeros Beach en Tigre y fue iniciada por organizaciones sociales que denunciaron la directa vinculación entre los countries construidos sobre los humedales y las cada vez más trágicas inundaciones en la región, que en 2014 se cobraron dos vidas en la zona.
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Gendarmería también controlará la caza en Jujuy
Gendarmería controlará de cerca a los cazadores furtivos en la Puna
Fecha de Publicación: 15/11/2016
Fuente: Jujuy al Momento
Provincia/Región: Jujuy
Es a raíz de los hechos ocurridos recientemente en Vilama y Susques, donde cazadores furtivos de vicuñas dejaron un tendal de animales muertos. Se busca implementar un sistema de control efectivo ya que la caza de animales está prohibida en la provincia de Jujuy.
Días pasados, la ministra de Ambiente, María Inés Zigarán se reunió con autoridades de Gendarmería Nacional a propósito de episodios registrados en la zona de la Laguna de Vilama y en la localidad de Susques, ambos en la región Puna, que fueron difundidos por medios locales a través de imágenes en las que se advierte la caza furtiva de vicuñas, que tienen la fibra natural más cotizada de la industria textil.
Respecto de esta situación, la Directora de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia, Mercedes Zamorano, manifestó a Radio 2 que “si bien yo soy de la Dirección de Áreas Protegidas, que en la provincia tenemos muchas áreas protegidas, no solo con rango provincial sino también nacional e internacional, y también de estas especies como es la vicuña, que es una especie protegida a nivel nacional. Lamentablemente la semana pasada hemos tenido esta noticia que sucedió en Susques, que no es la primera vez que ocurre, es un problema de hace muchos años, de larga data”.
“Los cazadores furtivos que ingresan por pasos no habilitados en nuestra Puna. La extensión de la Puna hace también que sea muy complejo llevar un control, esto fue en la zona de Olaroz Cauchari, que es una zona protegida, también en la zona de Vilama se han reportado algunas denuncias, no se ha encontrado ningún ejemplar pero son las zonas de ingreso de estos cazadores furtivos, que en su mayoría provienen de los países limítrofes vecinos: Bolivia y Chile”.
“La propia geografía de la Puna hace complicados los controles, por eso es que se está trabajando, se están realizando gestiones desde el ministerio y desde el Gobierno de la provincia con Gendarmería Nacional para poder incrementar esos controles, para mayor presencia de Gendarmería, que colabore con nuestros técnicos en los controles porque la presencia de las fuerzas de seguridad van a bajar un poco la presencia de estos cazadores furtivos”, señaló.
Caza prohibida
Por otro lado, Zamorano se refirió también a la prohibición de todo tipo de caza que rige en la provincia de Jujuy, destacando que “la caza está prohibida en toda la provincia, no solamente con respecto a la vicuña u otras especies protegidas como la taruca y el yaguareté, que son monumento nacional, la caza en general está prohibida. Y la vicuña, al ser una especie protegida nacional, tiene una normativa específica, por eso tiene una protección especial y en esto se está trabajando con las fuerzas de seguridad para que cuando ocurran estos hechos, las multas o detenciones en los casos más graves no solo sean por la portación de armas, sino por la protección específica que tiene la especie”.
“Esto se logra con capacitación a todos aquellos que están encargados de los controles para que conozcan un poco la especie. Actualmente se está trabajando para que Gendarmería pueda hacer recorridos porque también los técnicos y guardaparques hacen recorridos pero muchas veces se encuentran en una situación de desprotección de cazadores furtivos que están armados”, dijo.
En tanto, la Directora de Áreas protegidas dio cuenta también de que “en junio de este año se dio la situación de que Gendarmería detuvo a dos personas en la zona de Yavi, pero los detuvieron por la tenencia ilegal de armas, no por la vicuña. Entonces, se está trabajando para que la protección sea integral. Cuando matan al animal, dejan la carne y se llevan el cuero y la lana, que es lo que tiene valor económico, tiene un precio internacional muy alto, por eso es que dejan tirados los cuerpos”.
“Hemos tenido reuniones con la gente de la Dirección de Fauna del Ministerio de Ambiente de la Nación, donde también nos manifestaron su preocupación, ellos también están realizando gestiones a nivel nacional para que Gendarmería pueda implementar estos controles y lo que se busca es que se pueda implementar un puesto fronterizo en Ciénaga de Paicone, donde eso va a mostrar una presencia constante de las fuerzas en la Puna”.
“En la provincia no hay específicamente una Policía Ambiental, se está trabajando en varios proyectos sobre eso, pero hasta que tengamos algo parecido se está trabajando en la capacitación de las otras fuerzas provinciales, para que también colaboren en otro tipo de procedimientos, no solo de cazadores furtivos, sino también en el tráfico de especies, el tráfico ilegal de animales, tráfico ilegal de especies arbóreas, es un trabajo integral y es fudamental también la colaboración que necesitamos”.
Parque Potrero de Yala
Asimismo, Zamorano habló también del caso de desforestación en el Parque Potrero de Yala, descubierto hace poco tiempo, remarcando que “se está trabajando en la remediación, se ha logrado todo el alambrado perimetral, se va a hacer una remediación con plantación de especies nativas como es el aliso del cerro, el pino del cerro. Calculamos que en los próximos días vamos a poder terminar con la plantación de las especies, en eso está trabajando no solamente nuestra área sino también la Dirección de Bosques que depende de la Secretaría de Desarrollo Sustentable”.
“En cuanto a las denuncias, eso ya está encaminado en manos de la Justicia, todos los sumarios administrativos están continuando su curso dentro del mismo ministerio. Se iniciaron los sumarios correspondientes y sigue su curso legal”, puntualizó.
Y añadió que “la madera está decomisada y una vez que se resuelvan los sumarios se decidirá su destino, porque eso tiene un valor, por lo que será una decisión ministerial cuál será el destino de esa madera”.
“Si la gente se entera de hechos delictivos como el de la vicuña, tráfico de animales y todo tipo de especies, que hagan las denuncias ante el Ministerio de Ambiente para que nosotros podamos actuar con la celeridad que se necesita. También lo pueden hacer en una seccional de Policía cercana para que ellos se comuniquen con nosotros y nosotros podamos actuar y mandar nuestros técnicos”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 15/11/2016
Fuente: Jujuy al Momento
Provincia/Región: Jujuy
Es a raíz de los hechos ocurridos recientemente en Vilama y Susques, donde cazadores furtivos de vicuñas dejaron un tendal de animales muertos. Se busca implementar un sistema de control efectivo ya que la caza de animales está prohibida en la provincia de Jujuy.
Días pasados, la ministra de Ambiente, María Inés Zigarán se reunió con autoridades de Gendarmería Nacional a propósito de episodios registrados en la zona de la Laguna de Vilama y en la localidad de Susques, ambos en la región Puna, que fueron difundidos por medios locales a través de imágenes en las que se advierte la caza furtiva de vicuñas, que tienen la fibra natural más cotizada de la industria textil.
Respecto de esta situación, la Directora de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia, Mercedes Zamorano, manifestó a Radio 2 que “si bien yo soy de la Dirección de Áreas Protegidas, que en la provincia tenemos muchas áreas protegidas, no solo con rango provincial sino también nacional e internacional, y también de estas especies como es la vicuña, que es una especie protegida a nivel nacional. Lamentablemente la semana pasada hemos tenido esta noticia que sucedió en Susques, que no es la primera vez que ocurre, es un problema de hace muchos años, de larga data”.
“Los cazadores furtivos que ingresan por pasos no habilitados en nuestra Puna. La extensión de la Puna hace también que sea muy complejo llevar un control, esto fue en la zona de Olaroz Cauchari, que es una zona protegida, también en la zona de Vilama se han reportado algunas denuncias, no se ha encontrado ningún ejemplar pero son las zonas de ingreso de estos cazadores furtivos, que en su mayoría provienen de los países limítrofes vecinos: Bolivia y Chile”.
“La propia geografía de la Puna hace complicados los controles, por eso es que se está trabajando, se están realizando gestiones desde el ministerio y desde el Gobierno de la provincia con Gendarmería Nacional para poder incrementar esos controles, para mayor presencia de Gendarmería, que colabore con nuestros técnicos en los controles porque la presencia de las fuerzas de seguridad van a bajar un poco la presencia de estos cazadores furtivos”, señaló.
Caza prohibida
Por otro lado, Zamorano se refirió también a la prohibición de todo tipo de caza que rige en la provincia de Jujuy, destacando que “la caza está prohibida en toda la provincia, no solamente con respecto a la vicuña u otras especies protegidas como la taruca y el yaguareté, que son monumento nacional, la caza en general está prohibida. Y la vicuña, al ser una especie protegida nacional, tiene una normativa específica, por eso tiene una protección especial y en esto se está trabajando con las fuerzas de seguridad para que cuando ocurran estos hechos, las multas o detenciones en los casos más graves no solo sean por la portación de armas, sino por la protección específica que tiene la especie”.
“Esto se logra con capacitación a todos aquellos que están encargados de los controles para que conozcan un poco la especie. Actualmente se está trabajando para que Gendarmería pueda hacer recorridos porque también los técnicos y guardaparques hacen recorridos pero muchas veces se encuentran en una situación de desprotección de cazadores furtivos que están armados”, dijo.
En tanto, la Directora de Áreas protegidas dio cuenta también de que “en junio de este año se dio la situación de que Gendarmería detuvo a dos personas en la zona de Yavi, pero los detuvieron por la tenencia ilegal de armas, no por la vicuña. Entonces, se está trabajando para que la protección sea integral. Cuando matan al animal, dejan la carne y se llevan el cuero y la lana, que es lo que tiene valor económico, tiene un precio internacional muy alto, por eso es que dejan tirados los cuerpos”.
“Hemos tenido reuniones con la gente de la Dirección de Fauna del Ministerio de Ambiente de la Nación, donde también nos manifestaron su preocupación, ellos también están realizando gestiones a nivel nacional para que Gendarmería pueda implementar estos controles y lo que se busca es que se pueda implementar un puesto fronterizo en Ciénaga de Paicone, donde eso va a mostrar una presencia constante de las fuerzas en la Puna”.
“En la provincia no hay específicamente una Policía Ambiental, se está trabajando en varios proyectos sobre eso, pero hasta que tengamos algo parecido se está trabajando en la capacitación de las otras fuerzas provinciales, para que también colaboren en otro tipo de procedimientos, no solo de cazadores furtivos, sino también en el tráfico de especies, el tráfico ilegal de animales, tráfico ilegal de especies arbóreas, es un trabajo integral y es fudamental también la colaboración que necesitamos”.
Parque Potrero de Yala
Asimismo, Zamorano habló también del caso de desforestación en el Parque Potrero de Yala, descubierto hace poco tiempo, remarcando que “se está trabajando en la remediación, se ha logrado todo el alambrado perimetral, se va a hacer una remediación con plantación de especies nativas como es el aliso del cerro, el pino del cerro. Calculamos que en los próximos días vamos a poder terminar con la plantación de las especies, en eso está trabajando no solamente nuestra área sino también la Dirección de Bosques que depende de la Secretaría de Desarrollo Sustentable”.
“En cuanto a las denuncias, eso ya está encaminado en manos de la Justicia, todos los sumarios administrativos están continuando su curso dentro del mismo ministerio. Se iniciaron los sumarios correspondientes y sigue su curso legal”, puntualizó.
Y añadió que “la madera está decomisada y una vez que se resuelvan los sumarios se decidirá su destino, porque eso tiene un valor, por lo que será una decisión ministerial cuál será el destino de esa madera”.
“Si la gente se entera de hechos delictivos como el de la vicuña, tráfico de animales y todo tipo de especies, que hagan las denuncias ante el Ministerio de Ambiente para que nosotros podamos actuar con la celeridad que se necesita. También lo pueden hacer en una seccional de Policía cercana para que ellos se comuniquen con nosotros y nosotros podamos actuar y mandar nuestros técnicos”, concluyó.
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Ambiente comienza a trabjar la degradación de las tierras
Encuentro para combatir la degradación de las tierras
Fecha de Publicación: 14/11/2016
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación convocó a diferentes organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil a participar en un encuentro que buscó definir políticas y metodologías con el fin de combatir la desertificación. La apertura del encuentro estuvo a cargo del secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno.
“La degradación de los suelos es un tema que Argentina viene arrastrando hace mucho tiempo y que tiene consecuencias no sólo ambientales, sino también sociales y productivas”, explicó Moreno durante el evento realizado ayer. También dijo que “estamos buscando la forma de articular iniciativas que muchas veces funcionaron en forma aislada con otras conversaciones que también ocurren en otros ámbitos. La degradación de suelos tiene muchas implicancias”.
Además, Moreno expresó su voluntad para que “las propuestas que surjan de esta mesa, en torno a cómo abordar la lucha contra la desertificación y lograr una neutralidad de la degradación de las tierras al 2030, se empiecen a combinar con todas las discusiones que se están dando en el Gabinete Nacional de Cambio Climático”.
El encuentro se dividió en dos partes. La primera buscó definir los lineamientos políticos y metodológicos del Programa Nacional de Neutralidad de la Degradación de las Tierras, una iniciativa presentada por el Ministerio de Ambiente en julio de este año. Para ello, se conformaron dos mesas de trabajo en las que se discutieron los indicadores, las líneas de base y los instrumentos políticos y de financiamiento para lograr que la tasa de recuperación de las tierras sea igual o superior a la tasas de degradación.
Durante la segunda parte de la jornada se dialogó sobre la alineación del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación (PAN) con la nueva estrategia presentada por la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (UNCCD). Anteriormente, la UNCCD había presentado una estrategia decenal que abarcaba el período 2008-2018, pero fue recientemente reformulada para enmarcarse en la agenda 2030 de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), cuya meta 15.3 propone “luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación natural del suelo”.
De la jornada participaron representantes del Ministerio de Agroindustria, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Defensoría del Pueblo, el Senado Nacional, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Ministerio de Ambiente de Jujuy, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), la Fundación Agreste, The Nature Conservacy (TNC), la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), la Fundación RIE, el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, OVIS 21, la Fundación Patagonia Natural, la Fundación Vida Silvestre, el Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos (COPAER), la Fundación Proyungas, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Syngenta, la Universidad Maimónides, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA). También estuvo presente el director de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación, Octavio Pérez Pardo.
Degradación de las tierras y desertificación
Cabe señalar que el 70 % del territorio argentino está ocupado por tierras secas (zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas), que se caracterizan por ser más vulnerables a los procesos de degradación ocasionados por un manejo no sustentable del suelo durante las actividades agropecuarias. Al poseer menor cantidad de materia orgánica, su capacidad productiva es menor y no resisten la presión del uso intensivo. El proceso de degradación de las tierras secas recibe el nombre de desertificación.
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Fecha de Publicación: 14/11/2016
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación convocó a diferentes organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil a participar en un encuentro que buscó definir políticas y metodologías con el fin de combatir la desertificación. La apertura del encuentro estuvo a cargo del secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno.
“La degradación de los suelos es un tema que Argentina viene arrastrando hace mucho tiempo y que tiene consecuencias no sólo ambientales, sino también sociales y productivas”, explicó Moreno durante el evento realizado ayer. También dijo que “estamos buscando la forma de articular iniciativas que muchas veces funcionaron en forma aislada con otras conversaciones que también ocurren en otros ámbitos. La degradación de suelos tiene muchas implicancias”.
Además, Moreno expresó su voluntad para que “las propuestas que surjan de esta mesa, en torno a cómo abordar la lucha contra la desertificación y lograr una neutralidad de la degradación de las tierras al 2030, se empiecen a combinar con todas las discusiones que se están dando en el Gabinete Nacional de Cambio Climático”.
El encuentro se dividió en dos partes. La primera buscó definir los lineamientos políticos y metodológicos del Programa Nacional de Neutralidad de la Degradación de las Tierras, una iniciativa presentada por el Ministerio de Ambiente en julio de este año. Para ello, se conformaron dos mesas de trabajo en las que se discutieron los indicadores, las líneas de base y los instrumentos políticos y de financiamiento para lograr que la tasa de recuperación de las tierras sea igual o superior a la tasas de degradación.
Durante la segunda parte de la jornada se dialogó sobre la alineación del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación (PAN) con la nueva estrategia presentada por la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (UNCCD). Anteriormente, la UNCCD había presentado una estrategia decenal que abarcaba el período 2008-2018, pero fue recientemente reformulada para enmarcarse en la agenda 2030 de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), cuya meta 15.3 propone “luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación natural del suelo”.
De la jornada participaron representantes del Ministerio de Agroindustria, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Defensoría del Pueblo, el Senado Nacional, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Ministerio de Ambiente de Jujuy, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), la Fundación Agreste, The Nature Conservacy (TNC), la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), la Fundación RIE, el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, OVIS 21, la Fundación Patagonia Natural, la Fundación Vida Silvestre, el Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos (COPAER), la Fundación Proyungas, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Syngenta, la Universidad Maimónides, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA). También estuvo presente el director de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación, Octavio Pérez Pardo.
Degradación de las tierras y desertificación
Cabe señalar que el 70 % del territorio argentino está ocupado por tierras secas (zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas), que se caracterizan por ser más vulnerables a los procesos de degradación ocasionados por un manejo no sustentable del suelo durante las actividades agropecuarias. Al poseer menor cantidad de materia orgánica, su capacidad productiva es menor y no resisten la presión del uso intensivo. El proceso de degradación de las tierras secas recibe el nombre de desertificación.
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Denuncian el apoyo de Macri a la Barrick Gold
Greenpeace usa calaveras de oro para denunciar el apoyo de Macri a Barrick Gold
Fecha de Publicación: 14/11/2016
Fuente: Yahoo Noticias
Provincia/Región: Nacional - San Juan
Greenpeace colocó hoy carros mineros llenos de calaveras color oro frente a la Casa Rosada para denunciar la supuesta connivencia del presidente argentino, Mauricio Macri, con la minera canadiense Barrick Gold, cuya actividad en el país, critica, es un atentado contra el medioambiente y los glaciares.
Vestidos de ejecutivos, con cascos de obra sobre la cabeza, 15 activistas de la ONG ambientalista se plantaron hoy en la porteña Plaza de Mayo con el mensaje "Macri, los glaciares no se tocan", y pidieron al mandatario que cumpla la ley que prohíbe cualquier actividad minera cerca de áreas de glaciares.
Además, exigieron al dirigente que clausure la mina de Veladero, que explota Barrick Gold en la provincia de San Juan (oeste), donde en septiembre se produjo un derrame de cianuro, justo un año después de otro polémico escape de unos 1.072 metros cúbicos en la misma planta que todavía es investigado por la Justicia argentina.
"Veladero no solo viola la ley de glaciares, sino que fue la responsable de haber vertido más de un millón de litros de solución de cianuro en septiembre del año pasado en la tragedia más grande a nivel de minería que tuvo nuestro país", dijo a Efe Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de Glaciares de la ONG en Argentina.
Mientras la legislación, sancionada por el Parlamento en 2010, prohíbe cualquier actividad industrial en áreas glaciares o periglaciares de la cordillera, el Ministerio de Ambiente publicó recientemente un documento en el que informa de que existen hasta 44 emprendimientos mineros en este tipo de espacios protegidos.
"El Gobierno parece promover la actividad minera en detrimento del medioambiente", denunció Strano a Efe, a la vez que criticó que Macri aprobara poco después de asumir como presidente la eliminación de las retenciones al sector minero "como un premio a la actividad que tanto daño hace a nuestros recursos hídricos".
"Es importante que Macri se ponga la camiseta de los glaciares y cierre la mina de Veladero", zanjó.
No obstante, para el portavoz de Greenpeace, la inacción de este Gobierno ante lo que consideran una ataque a la naturaleza trasciende el signo ideológico, ya que, dijo, "todos los Gobiernos desde Carlos Ménem han apoyado al sector minero sin preocuparse por el medio ambiente".
"La anterior presidenta, Cristina Fernández, se juntó cuatro veces con el CEO de la Barrick Gold, Peter Munk, y nunca con un asambleísta minero", recordó al término de la protesta, que duró escasos minutos, ya que los activistas fueron rápidamente desalojados por los efectivos policiales que custodian la zona.
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Fecha de Publicación: 14/11/2016
Fuente: Yahoo Noticias
Provincia/Región: Nacional - San Juan
Greenpeace colocó hoy carros mineros llenos de calaveras color oro frente a la Casa Rosada para denunciar la supuesta connivencia del presidente argentino, Mauricio Macri, con la minera canadiense Barrick Gold, cuya actividad en el país, critica, es un atentado contra el medioambiente y los glaciares.
Vestidos de ejecutivos, con cascos de obra sobre la cabeza, 15 activistas de la ONG ambientalista se plantaron hoy en la porteña Plaza de Mayo con el mensaje "Macri, los glaciares no se tocan", y pidieron al mandatario que cumpla la ley que prohíbe cualquier actividad minera cerca de áreas de glaciares.
Además, exigieron al dirigente que clausure la mina de Veladero, que explota Barrick Gold en la provincia de San Juan (oeste), donde en septiembre se produjo un derrame de cianuro, justo un año después de otro polémico escape de unos 1.072 metros cúbicos en la misma planta que todavía es investigado por la Justicia argentina.
"Veladero no solo viola la ley de glaciares, sino que fue la responsable de haber vertido más de un millón de litros de solución de cianuro en septiembre del año pasado en la tragedia más grande a nivel de minería que tuvo nuestro país", dijo a Efe Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de Glaciares de la ONG en Argentina.
Mientras la legislación, sancionada por el Parlamento en 2010, prohíbe cualquier actividad industrial en áreas glaciares o periglaciares de la cordillera, el Ministerio de Ambiente publicó recientemente un documento en el que informa de que existen hasta 44 emprendimientos mineros en este tipo de espacios protegidos.
"El Gobierno parece promover la actividad minera en detrimento del medioambiente", denunció Strano a Efe, a la vez que criticó que Macri aprobara poco después de asumir como presidente la eliminación de las retenciones al sector minero "como un premio a la actividad que tanto daño hace a nuestros recursos hídricos".
"Es importante que Macri se ponga la camiseta de los glaciares y cierre la mina de Veladero", zanjó.
No obstante, para el portavoz de Greenpeace, la inacción de este Gobierno ante lo que consideran una ataque a la naturaleza trasciende el signo ideológico, ya que, dijo, "todos los Gobiernos desde Carlos Ménem han apoyado al sector minero sin preocuparse por el medio ambiente".
"La anterior presidenta, Cristina Fernández, se juntó cuatro veces con el CEO de la Barrick Gold, Peter Munk, y nunca con un asambleísta minero", recordó al término de la protesta, que duró escasos minutos, ya que los activistas fueron rápidamente desalojados por los efectivos policiales que custodian la zona.
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El polémico zoo de Mendoza cerró para siempre
Los guanacos fueron los últimos en irse del zoo de Mendoza, que cerró para siempre
Fecha de Publicación: 14/11/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Mendoza
El traslado de los animales marcó el cierre definitivo del Zoológico de San Rafael, como habían acordado sus autoridades y organizaciones ambientalistas y defensoras de los animales.
Los guanacos fueron trasladados a una reserva sanrafaelina en la zona de las Salinas del Diamante en El Nihuil, con lo que el predio que ocupaba el zoo en el parque Mariano Moreno quedó vacío, informó la comuna.
“Acompañé cada uno de los traslados y me aseguré in situ que todos fueran felices en sus nuevos hogares”, dijo hoy Josefina Mazzini, miembro de Cultura Animal que trabajó dos años arduamente con reservas naturales y santuarios para reubicar los animales en el mejor lugar posible.
A partir de ahora, el predio donde estuvo el zoológico, a pocos kilómetros San Rafael, se convertirá en un parque-camping gestionado por las agrupaciones gauchas locales.
La mona capuchina "Panchi" inició la aventura liberadora el 15 de diciembre de 2014 cuando la llevaron a una reserva llena de árboles en la localidad cordobesa de La Cumbre, donde trabajan profesionales y voluntarios de todo el mundo y convive con otros 170 ejemplares de primates.
Hastiados de las jaulas y las piletas artificiales la siguieron el ciervo y la tortuga de agua, que ahora viven en el parque ecológico urbano de Río Cuarto (Córdoba); los burros; un par de jabalíes; decenas de aves de rapiña que pueden volar a sus anchas y a la altura que les plazca en un predio de conservación de carnívoros silvestres en San Carlos (Mendoza) y una curiosa lechuza.
Entidades protectoras de animales, veterinarios y el municipio coincidieron en este logro de darle un nuevo y feliz destino a los animales y cerrar para siempre el predio, que funcionaba desde 1958.
“No queremos más zoológicos en San Rafael. Tenemos reportes de los lugares donde los recibieron que nos dicen que están muy bien y que no tuvieron ningún problema de adaptación”, afirmó hoy el intendente, Emir Félix, y reconoció que “los animales están más felices ahora".
La decisión del municipio de cerrar el zoo, al que nadie podía ingresar desde hace dos años, “hizo que desde muchos lugares de la Argentina nos llamaran para imitar la iniciativa”, comentó Félix.
El zoológico llevaba el nombre de Mario Bonandi, quien lo fundó hace más de medio siglo como un emprendimiento particular hasta que por razones de espacio el municipio le cedió predio de siete hectáreas, del que sólo se ocupaban dos.
En 2011 los concejales aprobaron un proyecto de reestructuración que proponía convertirlo en granja educativa y sumar una huerta orgánica que formara parte del paseo para los niños, pero jamás se puso en vigencia.
Antes de derivar los animales el zoo tenía 1 pavo real, 8 patos Pekín, 1 iguana tropical, 1 loro barranquero, 2 gallinetas, 4 lechuzas, 10 cobayos, 1 oveja somalí, 3 gallinas polacas, 1 mono aullador o carayá, 1 mono caí, 3 vizcachas, 10 tortugas, 1 coatí, 2 caranchos, 2 águilas coronadas, 2 pumas, 2 hurones, 4 aguiluchos, 2 cóndores, 3 jabalíes, 3 guanacos, 1 ciervo colorado, 7 ciervos Dama y 2 burros.
También en la ciudad de Mendoza está cerrado el zoológico, que había entrado en una espiral de decadencia de la que no pudo salir: 70 muertes en los primeros meses del año y otros hechos incalificables, como la supuesta herida de bala del hipopótamo y las sospechas de tráfico de fauna, lo pusieron en el ojo de la opinión pública.
En medio de la polémica realizaron tareas de mantenimiento en los corrales que se vieron afectadas por distintas variables, como la superpoblación de animales y un temporal, y hubo reclamos para que no rematen a los animales cuando se propuso cerrarlo.
La ya difícil situación sumó tristeza el 3 de julio a la tarde cuando murió el oso polar Arturo, cuya salud se deterioraba y los medios periodísticos seguían su estado a través de partes diarios de los veterinarios.
Arturo venía de un proceso de descompensación y un marcado deterioro irreversible, con un cuadro clínico terminal debido a su avanzada edad pues estaba a punto de cumplir 31 años, diez más que el promedio de vida para su especie.
Las discusiones en torno al zoo mendocino aceleraron procesos similares en otros puntos del país.
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Fecha de Publicación: 14/11/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Mendoza
El traslado de los animales marcó el cierre definitivo del Zoológico de San Rafael, como habían acordado sus autoridades y organizaciones ambientalistas y defensoras de los animales.
Los guanacos fueron trasladados a una reserva sanrafaelina en la zona de las Salinas del Diamante en El Nihuil, con lo que el predio que ocupaba el zoo en el parque Mariano Moreno quedó vacío, informó la comuna.
“Acompañé cada uno de los traslados y me aseguré in situ que todos fueran felices en sus nuevos hogares”, dijo hoy Josefina Mazzini, miembro de Cultura Animal que trabajó dos años arduamente con reservas naturales y santuarios para reubicar los animales en el mejor lugar posible.
A partir de ahora, el predio donde estuvo el zoológico, a pocos kilómetros San Rafael, se convertirá en un parque-camping gestionado por las agrupaciones gauchas locales.
La mona capuchina "Panchi" inició la aventura liberadora el 15 de diciembre de 2014 cuando la llevaron a una reserva llena de árboles en la localidad cordobesa de La Cumbre, donde trabajan profesionales y voluntarios de todo el mundo y convive con otros 170 ejemplares de primates.
Hastiados de las jaulas y las piletas artificiales la siguieron el ciervo y la tortuga de agua, que ahora viven en el parque ecológico urbano de Río Cuarto (Córdoba); los burros; un par de jabalíes; decenas de aves de rapiña que pueden volar a sus anchas y a la altura que les plazca en un predio de conservación de carnívoros silvestres en San Carlos (Mendoza) y una curiosa lechuza.
Entidades protectoras de animales, veterinarios y el municipio coincidieron en este logro de darle un nuevo y feliz destino a los animales y cerrar para siempre el predio, que funcionaba desde 1958.
“No queremos más zoológicos en San Rafael. Tenemos reportes de los lugares donde los recibieron que nos dicen que están muy bien y que no tuvieron ningún problema de adaptación”, afirmó hoy el intendente, Emir Félix, y reconoció que “los animales están más felices ahora".
La decisión del municipio de cerrar el zoo, al que nadie podía ingresar desde hace dos años, “hizo que desde muchos lugares de la Argentina nos llamaran para imitar la iniciativa”, comentó Félix.
El zoológico llevaba el nombre de Mario Bonandi, quien lo fundó hace más de medio siglo como un emprendimiento particular hasta que por razones de espacio el municipio le cedió predio de siete hectáreas, del que sólo se ocupaban dos.
En 2011 los concejales aprobaron un proyecto de reestructuración que proponía convertirlo en granja educativa y sumar una huerta orgánica que formara parte del paseo para los niños, pero jamás se puso en vigencia.
Antes de derivar los animales el zoo tenía 1 pavo real, 8 patos Pekín, 1 iguana tropical, 1 loro barranquero, 2 gallinetas, 4 lechuzas, 10 cobayos, 1 oveja somalí, 3 gallinas polacas, 1 mono aullador o carayá, 1 mono caí, 3 vizcachas, 10 tortugas, 1 coatí, 2 caranchos, 2 águilas coronadas, 2 pumas, 2 hurones, 4 aguiluchos, 2 cóndores, 3 jabalíes, 3 guanacos, 1 ciervo colorado, 7 ciervos Dama y 2 burros.
También en la ciudad de Mendoza está cerrado el zoológico, que había entrado en una espiral de decadencia de la que no pudo salir: 70 muertes en los primeros meses del año y otros hechos incalificables, como la supuesta herida de bala del hipopótamo y las sospechas de tráfico de fauna, lo pusieron en el ojo de la opinión pública.
En medio de la polémica realizaron tareas de mantenimiento en los corrales que se vieron afectadas por distintas variables, como la superpoblación de animales y un temporal, y hubo reclamos para que no rematen a los animales cuando se propuso cerrarlo.
La ya difícil situación sumó tristeza el 3 de julio a la tarde cuando murió el oso polar Arturo, cuya salud se deterioraba y los medios periodísticos seguían su estado a través de partes diarios de los veterinarios.
Arturo venía de un proceso de descompensación y un marcado deterioro irreversible, con un cuadro clínico terminal debido a su avanzada edad pues estaba a punto de cumplir 31 años, diez más que el promedio de vida para su especie.
Las discusiones en torno al zoo mendocino aceleraron procesos similares en otros puntos del país.
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Denuncia internacional por Veladero
Denuncian al Estado argentino por violación a los derechos humanos y ambientales en la mina Veladero
Fecha de Publicación: 13/11/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La presentación la realizó un grupo de abogados cordobeses en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; en Washington decidirán si es admisible
Un grupo de abogados de esta ciudad denunció al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, por "violación a los derechos humanos y derechos ambientales" en perjuicio de los vecinos de Jáchal, en San Juan. El estudio jurídico Iuris & Iuris actuó en representación de la asamblea autoconvocada que reclama el cierre de la mina Veladero que explota la empresa Barrick Gold y que en el último año registró dos incidentes ambientales.
Los abogados Fabián Manrique, Laura Garrido Peralta y Pablo Luque hicieron la presentación y ahora esperan que la Comisión declare la admisibilidad de la denuncia para avanzar con el proceso. "No buscamos un perjuicio al Estado, sino llegar a un acuerdo entre las partes que beneficie a todos", explicó a LA NACION Garrido Peralta.
La mina opera con normalidad desde el 4 de octubre, cuando el juez de paz de Iglesia, en reemplazo del magistrado natural de la causa, Pablo Oritja, y de la jueza de paz de Jáchal, de licencia, levantó la clausura impuesta por el gobierno sanjuanino después del segundo incidente, ocurrido un año después del derrame de más de un millón de litros de agua cianurada.
Para la justicia, las bolsas de plástico rellenas con tierra con que se levantó 1,20 metros la altura de los 7,5 kilómetros de las bermas (paredes de contención) del valle de lixiviación son suficientes como prevención ante nuevos derrames. El trabajo fue parte de las exigencias del gobierno provincial.
Garrido Peralta sostiene que es el Estado nacional el responsable de "garantizar y resguardar" la salud de la población y de establecer las normas para la actividad de la empresa. "Debería haber tomado parte en el asunto para evitar que se produjeran los incidentes que hubo", dijo. Según la denuncia, se violaron los derechos humanos garantizados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales.
"Estamos convencidos de que hubo un atropello de los derechos humanos y a los principios y normas de protección y cuidado del medio ambiente reconocidos tanto en la Constitución Nacional como en los tratados internacionales ratificados por la Argentina", agrega la abogada.
En la presentación se solicita a la Comisión que "intervenga de inmediato, disponga una investigación seria y objetiva de lo sucedido". Los abogados entienden que se deben tomar medidas para que "cesen de manera definitiva e inmediata los daños ambientales y los ya provocados en la salud".
Cuestionamientos
Después del segundo incidente el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, cuestionó que la compañía "se venía manejando con niveles de descontrol, inmunidad e impunidad inaceptables" y advirtió que había que prepararse para un "escenario de cierre" de la mina.
Sin embargo, su accionar se limitó a hacer una denuncia ante la Justicia sanjuanina. En ese sentido, recordó que "las actividades mineras y el uso de los recursos naturales son autonomías soberanas de las provincias".
Desde la empresa ratificaron que hay reservas hasta 2024 y que continuarán trabajando. Sostienen que cumplen con todas las normas y que no hay daños al ambiente glaciar y periglaciar. Desde la asamblea, en cambio, insisten en que hay contaminación de aguas y reclaman el cese de la actividad.
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Fecha de Publicación: 13/11/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La presentación la realizó un grupo de abogados cordobeses en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; en Washington decidirán si es admisible
Un grupo de abogados de esta ciudad denunció al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, por "violación a los derechos humanos y derechos ambientales" en perjuicio de los vecinos de Jáchal, en San Juan. El estudio jurídico Iuris & Iuris actuó en representación de la asamblea autoconvocada que reclama el cierre de la mina Veladero que explota la empresa Barrick Gold y que en el último año registró dos incidentes ambientales.
Los abogados Fabián Manrique, Laura Garrido Peralta y Pablo Luque hicieron la presentación y ahora esperan que la Comisión declare la admisibilidad de la denuncia para avanzar con el proceso. "No buscamos un perjuicio al Estado, sino llegar a un acuerdo entre las partes que beneficie a todos", explicó a LA NACION Garrido Peralta.
La mina opera con normalidad desde el 4 de octubre, cuando el juez de paz de Iglesia, en reemplazo del magistrado natural de la causa, Pablo Oritja, y de la jueza de paz de Jáchal, de licencia, levantó la clausura impuesta por el gobierno sanjuanino después del segundo incidente, ocurrido un año después del derrame de más de un millón de litros de agua cianurada.
Para la justicia, las bolsas de plástico rellenas con tierra con que se levantó 1,20 metros la altura de los 7,5 kilómetros de las bermas (paredes de contención) del valle de lixiviación son suficientes como prevención ante nuevos derrames. El trabajo fue parte de las exigencias del gobierno provincial.
Garrido Peralta sostiene que es el Estado nacional el responsable de "garantizar y resguardar" la salud de la población y de establecer las normas para la actividad de la empresa. "Debería haber tomado parte en el asunto para evitar que se produjeran los incidentes que hubo", dijo. Según la denuncia, se violaron los derechos humanos garantizados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales.
"Estamos convencidos de que hubo un atropello de los derechos humanos y a los principios y normas de protección y cuidado del medio ambiente reconocidos tanto en la Constitución Nacional como en los tratados internacionales ratificados por la Argentina", agrega la abogada.
En la presentación se solicita a la Comisión que "intervenga de inmediato, disponga una investigación seria y objetiva de lo sucedido". Los abogados entienden que se deben tomar medidas para que "cesen de manera definitiva e inmediata los daños ambientales y los ya provocados en la salud".
Cuestionamientos
Después del segundo incidente el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, cuestionó que la compañía "se venía manejando con niveles de descontrol, inmunidad e impunidad inaceptables" y advirtió que había que prepararse para un "escenario de cierre" de la mina.
Sin embargo, su accionar se limitó a hacer una denuncia ante la Justicia sanjuanina. En ese sentido, recordó que "las actividades mineras y el uso de los recursos naturales son autonomías soberanas de las provincias".
Desde la empresa ratificaron que hay reservas hasta 2024 y que continuarán trabajando. Sostienen que cumplen con todas las normas y que no hay daños al ambiente glaciar y periglaciar. Desde la asamblea, en cambio, insisten en que hay contaminación de aguas y reclaman el cese de la actividad.
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Barrick Gold,
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Nacional,
San Juan
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Mocase se une a la Uader para llevar adelante programas
El Mocase estrechó sus vínculos con la Universidad
Fecha de Publicación: 13/11/2016
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Santiago del Estero - Entre Ríos
Miembros del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) visitaron Entre Ríos hace unos días con el objetivo de profundizar los vínculos que mantienen con la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). La histórica organización santiagueña, que se ha extendido a otras provincias, ofreció a la casa de estudios entrerriana sus conocimientos ancestrales sobre ecología, trabajo de la tierra y hasta de salud, contaron a UNO Ángel Strapazzon, Pedro Lunello y Margarita Gómez, quienes visitaron la Redacción acompañados del docente Manuel Ramat.
Como director de carrera del Profesorado de Educación Tecnológica de la Uader, de la Facultad de Ciencia y Tecnología, Ramat impulsó un convenio entre la Universidad Campesina (Unicam) del Mocase y la Uader, que se firmó en setiembre. Para profundizar esta vinculación, representantes del Movimiento llegaron a Entre Ríos para contactarse con las otras facultades con la idea de darle contenido a ese acuerdo y avanzar en nuevos convenios. Desde 2010 se realizan visitas e intercambios de alumnos y docentes de las escuelas Alberdi y Almafuerte con la Escuela de Agroecología de Quimilí y la Unicam.
Soberanía alimentaria, modelo productivo, la lucha por la tierra de campesinos y pueblos originarios y la propuesta de educación popular son ejes que se incorporan a través de esos intercambios.
Ángel Strapazzon destacó la descentralización de las carreras de la Uader y su propuesta académica de producción de conocimiento y tecnología. En ese sentido, dijo que buscan estrechar vínculos con las cátedras y afirmar los existentes con las escuelas agrotécnicas. Les interesa acercar la cuestión agraria a lo urbano, a la juventud y a las mujeres. Otro tema que interesa es la ecología: "Avanzar tecnológicamente, pero causando el menor impacto ambiental. Por eso también nos interesa la investigación, en función de un planeta que produzca todo lo que tiene para producir, pero con mayor cuidado".
"A los estudiantes de Entre Ríos les podemos aportar el amor a la tierra. En China, en Estados Unidos y Europa se está pensando que las grandes ciudades no son lo más sano y lo más conveniente. Se está pensando en comunas. Nosotros deberíamos decir en Ayllus, como lo organizó el mundo inca. Antes las maestras rurales les decían a los jóvenes: 'estudien porque si no se van a quedar toda la vida en el campo', como si quedarse en el campo fuera ser ignorante, atrasado o menos realizado. Hoy la tecnología está en las zonas rurales y nos permite estar comunicados, viajar por el mundo con nuestros aparatitos (por los celulares)", reflexionó Ángel.
Otra contribución posible pasa por la salud. "Podemos aportar que los jóvenes sanen", dijo. "Tenemos experiencia de recibir muchos chicos y chicas de Rosario que la Justicia envía en casos muy límites de drogadicción. Los jóvenes se sanan con esta metodología que inventamos: una psicología pedagógica social que no mira hacia el pasado sino al futuro y no utiliza tanto la palabra sino la acción: producir, trabajar, industrializar, no tanto individualmente, sino en forma comunitaria".
Strapazzon está en el Mocase desde que tenía 19 años. La organización retomó la experiencia de las Ligas Agrarias, en los años de la dictadura y hoy ha crecido no solo en Santiago del Estero sino también en otras provincias como Misiones. Pedro Lunello agregó: "Nosotros pensamos que es fundamental dar esta batalla en la universidad, existe una manera de mirar y de creer y de desarrollar la vida y que pasa por el campo y no es la que se intenta imponer del agronegocio. Siempre se habló del campesinado y de los pueblos originarios como excluidos, pero la alimentación del mundo dependió siempre y aún depende de estos grupos. Tenemos que desarmar toda esta mentira".
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Fecha de Publicación: 13/11/2016
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Santiago del Estero - Entre Ríos
Miembros del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) visitaron Entre Ríos hace unos días con el objetivo de profundizar los vínculos que mantienen con la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). La histórica organización santiagueña, que se ha extendido a otras provincias, ofreció a la casa de estudios entrerriana sus conocimientos ancestrales sobre ecología, trabajo de la tierra y hasta de salud, contaron a UNO Ángel Strapazzon, Pedro Lunello y Margarita Gómez, quienes visitaron la Redacción acompañados del docente Manuel Ramat.
Como director de carrera del Profesorado de Educación Tecnológica de la Uader, de la Facultad de Ciencia y Tecnología, Ramat impulsó un convenio entre la Universidad Campesina (Unicam) del Mocase y la Uader, que se firmó en setiembre. Para profundizar esta vinculación, representantes del Movimiento llegaron a Entre Ríos para contactarse con las otras facultades con la idea de darle contenido a ese acuerdo y avanzar en nuevos convenios. Desde 2010 se realizan visitas e intercambios de alumnos y docentes de las escuelas Alberdi y Almafuerte con la Escuela de Agroecología de Quimilí y la Unicam.
Soberanía alimentaria, modelo productivo, la lucha por la tierra de campesinos y pueblos originarios y la propuesta de educación popular son ejes que se incorporan a través de esos intercambios.
Ángel Strapazzon destacó la descentralización de las carreras de la Uader y su propuesta académica de producción de conocimiento y tecnología. En ese sentido, dijo que buscan estrechar vínculos con las cátedras y afirmar los existentes con las escuelas agrotécnicas. Les interesa acercar la cuestión agraria a lo urbano, a la juventud y a las mujeres. Otro tema que interesa es la ecología: "Avanzar tecnológicamente, pero causando el menor impacto ambiental. Por eso también nos interesa la investigación, en función de un planeta que produzca todo lo que tiene para producir, pero con mayor cuidado".
"A los estudiantes de Entre Ríos les podemos aportar el amor a la tierra. En China, en Estados Unidos y Europa se está pensando que las grandes ciudades no son lo más sano y lo más conveniente. Se está pensando en comunas. Nosotros deberíamos decir en Ayllus, como lo organizó el mundo inca. Antes las maestras rurales les decían a los jóvenes: 'estudien porque si no se van a quedar toda la vida en el campo', como si quedarse en el campo fuera ser ignorante, atrasado o menos realizado. Hoy la tecnología está en las zonas rurales y nos permite estar comunicados, viajar por el mundo con nuestros aparatitos (por los celulares)", reflexionó Ángel.
Otra contribución posible pasa por la salud. "Podemos aportar que los jóvenes sanen", dijo. "Tenemos experiencia de recibir muchos chicos y chicas de Rosario que la Justicia envía en casos muy límites de drogadicción. Los jóvenes se sanan con esta metodología que inventamos: una psicología pedagógica social que no mira hacia el pasado sino al futuro y no utiliza tanto la palabra sino la acción: producir, trabajar, industrializar, no tanto individualmente, sino en forma comunitaria".
Strapazzon está en el Mocase desde que tenía 19 años. La organización retomó la experiencia de las Ligas Agrarias, en los años de la dictadura y hoy ha crecido no solo en Santiago del Estero sino también en otras provincias como Misiones. Pedro Lunello agregó: "Nosotros pensamos que es fundamental dar esta batalla en la universidad, existe una manera de mirar y de creer y de desarrollar la vida y que pasa por el campo y no es la que se intenta imponer del agronegocio. Siempre se habló del campesinado y de los pueblos originarios como excluidos, pero la alimentación del mundo dependió siempre y aún depende de estos grupos. Tenemos que desarmar toda esta mentira".
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Procurador de la CS pone freno a desmontes en Jujuy
Freno a los desmontes
Fecha de Publicación: 13/11/2016
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
El procurador fiscal ante la Corte Suprema, Víctor Abramovich, dictaminó que se debe dejar sin efecto una sentencia que autorizó el desmonte de 1479 hectáreas en Jujuy. “La decisión se apartó del principio precautorio que rige a la materia bajo análisis y que debe prevalecer cuando se trata de la protección de bosques nativos”, indicó el dictamen.
En el caso, el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy dejó sin efecto la sentencia de grado que había declarado la nulidad de las resoluciones de la Dirección provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales, mediante las cuales se autorizó el desmonte de 1479 hectáreas en la localidad de Palma Sola en el marco de los autos “M., A. P. y otros c/ Estado Provincial – D. Prov. de Políticas Ambientales y Recursos Naturales y la Empresa Cram SA”.
En este contexto, el procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, Víctor Abramovich, dictaminó en favor de la procedencia de un recurso de queja interpuesto por los habitantes de la población. En este sentido, calificó como “arbitraria” la decisión, ya que se “apartó del principio precautorio que rige a la materia bajo análisis y que debe prevalecer cuando se trata de la protección de bosques nativos”.
Asimismo, recordó que la Sala II del tribunal en lo Contencioso Administrativo había indicado la “relevancia de la zona boscosa en conflicto, al ser un nexo entre las yungas y el chaco salteño, y había señalado la ausencia de planificación y determinación de corredores ecológicos en el diagrama del desmonte con el objeto de preservar la biodiversidad existente”.
El Procurador consideró que “para hacer lugar a la demanda, no se requería un pronunciamiento sobre la acreditación de daño”, y explicó: “En función del deber genérico de prevención y del principio precautorio, bastaba con acreditar la posibilidad o el peligro de que el daño o el impacto ambiental negativo se produjera como resultado del desmonte”.
Para Abramovich, el tribunal “debió entender que la autoridad administrativa tenía el deber de analizarlas para decidir si correspondía autorizar las respectivas solicitudes de desmonte, en tanto resultaban fundamentales para la prevención del daño ambiental”.
Asimismo, consignó que la resolución “no ponderó que la autorización de desmonte comprendía una superficie mayor a la detallada en el Estudio de Impacto Ambiental ni el alcance parcial de las inspecciones ejecutadas por el personal técnico”.
Finalmente, destacó que “no se analizó de manera adecuada las observaciones específicas efectuadas a partir de las inspección”, y concluyó: “Todo ello torna descalificable el pronunciamiento apelado como acto jurisdiccional sobre la base de la doctrina de arbitrariedad de sentencia”.
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Fecha de Publicación: 13/11/2016
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
El procurador fiscal ante la Corte Suprema, Víctor Abramovich, dictaminó que se debe dejar sin efecto una sentencia que autorizó el desmonte de 1479 hectáreas en Jujuy. “La decisión se apartó del principio precautorio que rige a la materia bajo análisis y que debe prevalecer cuando se trata de la protección de bosques nativos”, indicó el dictamen.
En el caso, el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy dejó sin efecto la sentencia de grado que había declarado la nulidad de las resoluciones de la Dirección provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales, mediante las cuales se autorizó el desmonte de 1479 hectáreas en la localidad de Palma Sola en el marco de los autos “M., A. P. y otros c/ Estado Provincial – D. Prov. de Políticas Ambientales y Recursos Naturales y la Empresa Cram SA”.
En este contexto, el procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, Víctor Abramovich, dictaminó en favor de la procedencia de un recurso de queja interpuesto por los habitantes de la población. En este sentido, calificó como “arbitraria” la decisión, ya que se “apartó del principio precautorio que rige a la materia bajo análisis y que debe prevalecer cuando se trata de la protección de bosques nativos”.
Asimismo, recordó que la Sala II del tribunal en lo Contencioso Administrativo había indicado la “relevancia de la zona boscosa en conflicto, al ser un nexo entre las yungas y el chaco salteño, y había señalado la ausencia de planificación y determinación de corredores ecológicos en el diagrama del desmonte con el objeto de preservar la biodiversidad existente”.
El Procurador consideró que “para hacer lugar a la demanda, no se requería un pronunciamiento sobre la acreditación de daño”, y explicó: “En función del deber genérico de prevención y del principio precautorio, bastaba con acreditar la posibilidad o el peligro de que el daño o el impacto ambiental negativo se produjera como resultado del desmonte”.
Para Abramovich, el tribunal “debió entender que la autoridad administrativa tenía el deber de analizarlas para decidir si correspondía autorizar las respectivas solicitudes de desmonte, en tanto resultaban fundamentales para la prevención del daño ambiental”.
Asimismo, consignó que la resolución “no ponderó que la autorización de desmonte comprendía una superficie mayor a la detallada en el Estudio de Impacto Ambiental ni el alcance parcial de las inspecciones ejecutadas por el personal técnico”.
Finalmente, destacó que “no se analizó de manera adecuada las observaciones específicas efectuadas a partir de las inspección”, y concluyó: “Todo ello torna descalificable el pronunciamiento apelado como acto jurisdiccional sobre la base de la doctrina de arbitrariedad de sentencia”.
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Damián Verzeñassi ganó otra batalla
Damián Verzeñassi ganó otra batalla
Fecha de Publicación: 12/11/2016
Fuente: Concordia 7
Provincia/Región: Santa Fe
La noticia más esperada, finalmente ocurrió. El médico paranense Damián Verzeñassi logró recuperar el voluminoso archivo colectado a través del trabajo de los campamentos sanitarios hechos en Santa Fe y Entre Ríos y que contiene información valiosísima sobre el impacto del uso de pesticidas en la salud de la población.
“Gracias a los apoyos recibidos! Hemos logrado recuperar la custodia de la documental de los #CampamentosSanitarios”, escribió Verzeñassi en su cuenta de Twitter, luego de la campaña nacional e internacional de apoyo que se desató no bien la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario empezó a aplicar recortes de profesionales y amenazó con eliminar el programa que dirige el médico paranaense.
La responsabilidad por ese recorte recayó en el decano de Ciencias Médicas, Ricardo Nidd, que públicamente se despegó del entredicho. “Lejos de esa inculpación, nuestra Facultad ha dado sobradas muestras del compromiso social por las causas populares. Desde su modelo de ingreso irrestricto y de currículas innovadas basadas en la estrategia de Atención Primaria de la Salud, hasta mi manifestación pública en defensa de la Salud como Derecho y el posicionamiento en favor de la Salud Colectiva, en la cual, la lucha por la Salud Socioambiental es una temática innegociable. Este decanato favoreció y gestionó personalmente la asignación de los recursos necesarios para los campamentos sanitarios que se realizan al cierre de la Práctica Final y de los cuales se obtiene toda la información, que obra en poder de sus organizadores: el Dr. Verzeñassi y el Dr. Palacios al frente de ellos”, manifestó.
Y dijo que las denuncias públicas de Vezeñassi, “que es docente de la Casa y responsable académico de la Práctica Final, pero que no es Investigador Acreditado de la Facultad, no forma parte de ningún organismo vinculado a la Investigación Científica y que tampoco es Epidemiólogo titulado aparecen posteriormente a un conflicto suscitado a mediados de agosto, cuando él presentó un proyecto de Práctica Final que a consideración del grupo de gestión y mía, perjudicaba a todos los estudiantes y era resistido por las agrupaciones estudiantiles, por lo que lo desactivé en el marco del Consejo Directivo”.
Lo que había ocurrido es que la Facultad clausuró el lugar que ocupaban Verzeñassi y su equipo, y separó profesionales. Además, corría serio riesgo de pérdida la información colectada en los campamentos sanitarios.
Ahora, los integrantes del equipo de trabajo del Instituto y la materia Salud Socioambiental y de los Campamentos Sanitarios y Práctica Final de la Carrera de Medicina de la UNR queremos hacer público nuestro profundo agradecimiento a quienes desde los más diversos rincones del planeta nos han hecho llegar su apoyo y solidaridad ante los difíciles momentos que se han vivido en nuestra Facultad en las últimas semanas”.
“Nos urge poner en conocimiento de la sociedad en su conjunto, que en el día de la fecha, con la presencia del asesor jurídico de la Facultad de Ciencias Médicas, fue posible ingresar en la oficina donde se encontraba el material documental referido a los Campamentos Sanitarios realizados hasta la fecha y trasladar el mismo, previo inventario, a la sede del Instituto de Salud Socioambiental (ubicada dentro de la Institución) para, de esta manera, reiniciar el proceso de trabajo de análisis de los datos y construcción de los informes finales”, señalaron.
Y agregaron: “Sin dudas las innumerables muestras de solidaridad recibidas de movimientos sociales, vecinos y vecinas, intelectuales, académicos, artistas, periodistas, trabajadores de la educación y de la salud públicas, investigadores, entidades gremiales, legisladores, referentes sociales, así como las acciones de muchos actores que desde sus lugares garantizaron la posibilidad de recuperación de algunos diálogos, permitió que en el día de la fecha el Decano de la Facultad se comprometa además de permitirnos acceder y recuperar la documental reclamada, a garantizar la continuidad de los Campamentos Sanitarios, así como del funcionamiento del Instituto y la materia Salud Socioambiental, y la libertad de trabajo de todos sus miembros”.
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Fecha de Publicación: 12/11/2016
Fuente: Concordia 7
Provincia/Región: Santa Fe
La noticia más esperada, finalmente ocurrió. El médico paranense Damián Verzeñassi logró recuperar el voluminoso archivo colectado a través del trabajo de los campamentos sanitarios hechos en Santa Fe y Entre Ríos y que contiene información valiosísima sobre el impacto del uso de pesticidas en la salud de la población.
“Gracias a los apoyos recibidos! Hemos logrado recuperar la custodia de la documental de los #CampamentosSanitarios”, escribió Verzeñassi en su cuenta de Twitter, luego de la campaña nacional e internacional de apoyo que se desató no bien la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario empezó a aplicar recortes de profesionales y amenazó con eliminar el programa que dirige el médico paranaense.
La responsabilidad por ese recorte recayó en el decano de Ciencias Médicas, Ricardo Nidd, que públicamente se despegó del entredicho. “Lejos de esa inculpación, nuestra Facultad ha dado sobradas muestras del compromiso social por las causas populares. Desde su modelo de ingreso irrestricto y de currículas innovadas basadas en la estrategia de Atención Primaria de la Salud, hasta mi manifestación pública en defensa de la Salud como Derecho y el posicionamiento en favor de la Salud Colectiva, en la cual, la lucha por la Salud Socioambiental es una temática innegociable. Este decanato favoreció y gestionó personalmente la asignación de los recursos necesarios para los campamentos sanitarios que se realizan al cierre de la Práctica Final y de los cuales se obtiene toda la información, que obra en poder de sus organizadores: el Dr. Verzeñassi y el Dr. Palacios al frente de ellos”, manifestó.
Y dijo que las denuncias públicas de Vezeñassi, “que es docente de la Casa y responsable académico de la Práctica Final, pero que no es Investigador Acreditado de la Facultad, no forma parte de ningún organismo vinculado a la Investigación Científica y que tampoco es Epidemiólogo titulado aparecen posteriormente a un conflicto suscitado a mediados de agosto, cuando él presentó un proyecto de Práctica Final que a consideración del grupo de gestión y mía, perjudicaba a todos los estudiantes y era resistido por las agrupaciones estudiantiles, por lo que lo desactivé en el marco del Consejo Directivo”.
Lo que había ocurrido es que la Facultad clausuró el lugar que ocupaban Verzeñassi y su equipo, y separó profesionales. Además, corría serio riesgo de pérdida la información colectada en los campamentos sanitarios.
Ahora, los integrantes del equipo de trabajo del Instituto y la materia Salud Socioambiental y de los Campamentos Sanitarios y Práctica Final de la Carrera de Medicina de la UNR queremos hacer público nuestro profundo agradecimiento a quienes desde los más diversos rincones del planeta nos han hecho llegar su apoyo y solidaridad ante los difíciles momentos que se han vivido en nuestra Facultad en las últimas semanas”.
“Nos urge poner en conocimiento de la sociedad en su conjunto, que en el día de la fecha, con la presencia del asesor jurídico de la Facultad de Ciencias Médicas, fue posible ingresar en la oficina donde se encontraba el material documental referido a los Campamentos Sanitarios realizados hasta la fecha y trasladar el mismo, previo inventario, a la sede del Instituto de Salud Socioambiental (ubicada dentro de la Institución) para, de esta manera, reiniciar el proceso de trabajo de análisis de los datos y construcción de los informes finales”, señalaron.
Y agregaron: “Sin dudas las innumerables muestras de solidaridad recibidas de movimientos sociales, vecinos y vecinas, intelectuales, académicos, artistas, periodistas, trabajadores de la educación y de la salud públicas, investigadores, entidades gremiales, legisladores, referentes sociales, así como las acciones de muchos actores que desde sus lugares garantizaron la posibilidad de recuperación de algunos diálogos, permitió que en el día de la fecha el Decano de la Facultad se comprometa además de permitirnos acceder y recuperar la documental reclamada, a garantizar la continuidad de los Campamentos Sanitarios, así como del funcionamiento del Instituto y la materia Salud Socioambiental, y la libertad de trabajo de todos sus miembros”.
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La CSJ llamó a audiencia pública por el Riachuelo
Riachuelo: la Corte Suprema convocó a una audiencia pública
Fecha de Publicación: 12/11/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia pública para conocer el grado de avance en el plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
La audiencia tendrá lugar el próximo miércoles 30 de noviembre a las 10. Deberán asistir representantes de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), y los estados nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, serán oídas por el Tribunal la Auditoría General de la Nación y las organizaciones sociales que intervienen en la causa, según detalló NA.
Hace cinco años, mediante un histórico fallo, la Corte Suprema de Justicia intimó al Estado nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad a recomponer el daño ambiental existente en la Cuenca Matanza-Riachuelo, aunque todavía quedan muchas cuentas pendientes.
En aquella disposición se estableció un programa de políticas públicas de cumplimiento obligatorio, determinando a los responsables de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento, además del plazo en que deberán ser concretadas.
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Fecha de Publicación: 12/11/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia pública para conocer el grado de avance en el plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
La audiencia tendrá lugar el próximo miércoles 30 de noviembre a las 10. Deberán asistir representantes de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), y los estados nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, serán oídas por el Tribunal la Auditoría General de la Nación y las organizaciones sociales que intervienen en la causa, según detalló NA.
Hace cinco años, mediante un histórico fallo, la Corte Suprema de Justicia intimó al Estado nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad a recomponer el daño ambiental existente en la Cuenca Matanza-Riachuelo, aunque todavía quedan muchas cuentas pendientes.
En aquella disposición se estableció un programa de políticas públicas de cumplimiento obligatorio, determinando a los responsables de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento, además del plazo en que deberán ser concretadas.
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Empresario empujando el Acuerdo Federal Minero
“El lobby empresarial buscará interceder en la discusión del Acuerdo Federal Minero”
Fecha de Publicación: 12/11/2016
Fuente: Nuevo Día
Provincia/Región: Nacional
El senador 'Freddy' Martínez e integrante de la Comisión de Minería y Energía, descartó que el Acuerdo Federal Minero sea acordado entre las 23 provincias y nación antes que finalice este año, de acuerdo a la voluntad manifiesta del presidente de la nación, Mauricio Macri.
Asimismo, sostuvo que es necesario revisar el esquema impositivo por el cual el estado nacional se queda con el "75%” de los ingresos, mientras que a las provincias propietarias de los recursos retorna el 25% aproximadamente. "No tengo miedo a dar este debate a pesar del creciente y poderoso lobby de las empresas”, dijo el ex intendente de Río Gallegos, al tiempo que advirtió la necesidad de encontrar "un nuevo equilibrio” a favor de las Provincias.
A modo de buscar mayor beneficio para los estados provinciales, Martínez recordó que hace más de "ocho años que pedimos generar el marco legal para que las mineras sean socias de Santa Cruz”, por lo que apuntó a FOMICRUZ como la responsable de ése rol.
Manantial Espejo
En primer lugar, el Senador santacruceño hizo mención al cierre definitivo que anunció Tritón Argentina de su proyecto Manantial Espejo, ubicado en cercanías de Gobernador Gregores, información dada a conocer por esta agencia de noticias mineras (ANM).
"El Plan de Cierre Programado (PCP) de Manantial Espejo se ha mezclado con las declaraciones del Secretario de Minería de Santa Cruz, Guillermo Bilardo, quien expresó que estaba la posibilidad de estirar este proceso de cierre, en realidad es un deseo y ojalá se pueda cumplir”, criticó y no dejó de lado que "hasta AOMA manifestó su deseo de que se estire la vida útil de este proyecto, pero en realidad es sólo una expresión ya que no hay ningún papel firmado al respecto”.
Seguidamente, destaco lo dado a conocer por aquella entidad sindical (AOMA), la cual expreso que "existía la posibilidad de que la gente que quedaba afuera de manantial espejo serían reubicados en otros emprendimientos que inician, pero lo cierto es que este trabajo viene lento y no podemos dejar de lado que en Gobernador Gregores impactará muy fuerte ése cierre”.
En otro orden, recomendó a las autoridades provinciales "avanzar en la creación de un seguro de remediación, la obligación de las mineras es dejar el medio ambiente limpio, salvo el lugar donde realizó la explotación ya que estará modificado”, al tiempo que pidió a Tritón que "no deje deuda con los proveedores locales”.
Asimismo, pidió a la Municipalidad de Gobernador Gregores poner claridad sobre los aportes que efectuó Tritón a la comuna. "Desde Tritón Argentina habían firmado con el intendente Juan Vázquez un acuerdo para aportar un valor aproximado al 1,5% del valor boca y sería destinado a obras de infraestructura, pero hubo concejales como Pablo Lombroni (Partido Obrero) y Carina
Bozo (UCR) que plantearon que nunca se había visto un documento sobre ese aporte”; recordó Martínez y aclaró que "la compañía oportunamente manifestó que realizó los aportes y la aclaración desde ésa comuna nunca llegó”.
En este contexto, es que el histórico radical santacruceño demandó una decisión política respecto a la minería. "No debemos quedarnos solamente con que pagan las regalías, pretendemos que las mineras sean socias de mi provincia. Tenemos una empresa como FOMICRUZ que puede cumplir ese rol asociativo, lo hizo en pequeña escala con Cerro Vanguardia” y reprochó que en el resto de los proyectos "su participación es nula, esto lo venimos planteando hace más de 8 años”.
Legislación
Semanas atrás, desde AOMA advirtieron sobre la falta de legislación específica que rija la actividad minera, un claro ejemplo es el vacío legal respecto al cierre definitivo de los emprendimientos.
"En Argentina tenemos el derrame de Barrick Gold en Valedero el año pasado y este se repite. Eso marca a las claras el poco poder de policía que tienen las provincias y prácticamente no pueden actuar contra estos emprendimientos mineros”, analizó el Senador y advirtió que cuando se inicia el camino para modificar el Código Minero "aparece el lobby empresarial que cada día es más fuerte”.
Para respaldar sus dichos, Martínez expuso que "todavía se mantiene el pago del 3% de regalías del valor boca mina de pago hacia las provincias, es una legislación que cuesta mucho modificar precisamente por la fuerza que ejercen las empresas”.
Acuerdo Federal Minero
Consultado sobre la pretensión presidencial de poner el vigencia el pacto federal antes que finalice el año, Martínez sostuvo que se trata de "un proceso que llevará su tiempo, no creo que la definición sea rápida. Tenemos que trabajar intensamente para generar reglas de juego claras y atraer las inversiones”.
Al ser indagado sobre la pretensión de las provincias mineras de obtener mayores beneficios económicos, Martínez repitió que "Yo no le tengo temor al lobby de las empresas, ellos buscarán los mejores resultados para engrandecer su rentabilidad, pero ahí radica el desafío que tenemos por delante: buscar un equilibrio para que los empresarios ganen lo justo y necesario y que las provincias sean socias de estos emprendimientos, esos son los ejes en lo que debemos movernos, además de exigir el cuidado del medio ambiente”, aseguró.
En cuanto al régimen impositivo sostuvo que debe ser revisado y explicó que en Argentina "hubo una degradación de la participación de la provincias en la renta minera desde 1983 hasta la actualidad”, precisó que "ni bien restablecida la democracia, del total ingresado la mitad iba para el Estado Nacional y la otra mitad para las provincias”, en tanto que hoy el "75% es retenido por nación y el 25% destinado a las provincias que además deben atender la demanda de salud y educación”, indicó "Fredy” Martínez.
Para finalizar, expreso que este esquema debe ser revisado y advirtió que "ningún ejecutivo quiere dar debate cuando lo que se debate significa retiro de fondos, hoy vemos que hay un fuerte apoyo a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires, pero debemos lograr una estrategia distributiva para todas las provincias por igual”.
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Fecha de Publicación: 12/11/2016
Fuente: Nuevo Día
Provincia/Región: Nacional
El senador 'Freddy' Martínez e integrante de la Comisión de Minería y Energía, descartó que el Acuerdo Federal Minero sea acordado entre las 23 provincias y nación antes que finalice este año, de acuerdo a la voluntad manifiesta del presidente de la nación, Mauricio Macri.
Asimismo, sostuvo que es necesario revisar el esquema impositivo por el cual el estado nacional se queda con el "75%” de los ingresos, mientras que a las provincias propietarias de los recursos retorna el 25% aproximadamente. "No tengo miedo a dar este debate a pesar del creciente y poderoso lobby de las empresas”, dijo el ex intendente de Río Gallegos, al tiempo que advirtió la necesidad de encontrar "un nuevo equilibrio” a favor de las Provincias.
A modo de buscar mayor beneficio para los estados provinciales, Martínez recordó que hace más de "ocho años que pedimos generar el marco legal para que las mineras sean socias de Santa Cruz”, por lo que apuntó a FOMICRUZ como la responsable de ése rol.
Manantial Espejo
En primer lugar, el Senador santacruceño hizo mención al cierre definitivo que anunció Tritón Argentina de su proyecto Manantial Espejo, ubicado en cercanías de Gobernador Gregores, información dada a conocer por esta agencia de noticias mineras (ANM).
"El Plan de Cierre Programado (PCP) de Manantial Espejo se ha mezclado con las declaraciones del Secretario de Minería de Santa Cruz, Guillermo Bilardo, quien expresó que estaba la posibilidad de estirar este proceso de cierre, en realidad es un deseo y ojalá se pueda cumplir”, criticó y no dejó de lado que "hasta AOMA manifestó su deseo de que se estire la vida útil de este proyecto, pero en realidad es sólo una expresión ya que no hay ningún papel firmado al respecto”.
Seguidamente, destaco lo dado a conocer por aquella entidad sindical (AOMA), la cual expreso que "existía la posibilidad de que la gente que quedaba afuera de manantial espejo serían reubicados en otros emprendimientos que inician, pero lo cierto es que este trabajo viene lento y no podemos dejar de lado que en Gobernador Gregores impactará muy fuerte ése cierre”.
En otro orden, recomendó a las autoridades provinciales "avanzar en la creación de un seguro de remediación, la obligación de las mineras es dejar el medio ambiente limpio, salvo el lugar donde realizó la explotación ya que estará modificado”, al tiempo que pidió a Tritón que "no deje deuda con los proveedores locales”.
Asimismo, pidió a la Municipalidad de Gobernador Gregores poner claridad sobre los aportes que efectuó Tritón a la comuna. "Desde Tritón Argentina habían firmado con el intendente Juan Vázquez un acuerdo para aportar un valor aproximado al 1,5% del valor boca y sería destinado a obras de infraestructura, pero hubo concejales como Pablo Lombroni (Partido Obrero) y Carina
Bozo (UCR) que plantearon que nunca se había visto un documento sobre ese aporte”; recordó Martínez y aclaró que "la compañía oportunamente manifestó que realizó los aportes y la aclaración desde ésa comuna nunca llegó”.
En este contexto, es que el histórico radical santacruceño demandó una decisión política respecto a la minería. "No debemos quedarnos solamente con que pagan las regalías, pretendemos que las mineras sean socias de mi provincia. Tenemos una empresa como FOMICRUZ que puede cumplir ese rol asociativo, lo hizo en pequeña escala con Cerro Vanguardia” y reprochó que en el resto de los proyectos "su participación es nula, esto lo venimos planteando hace más de 8 años”.
Legislación
Semanas atrás, desde AOMA advirtieron sobre la falta de legislación específica que rija la actividad minera, un claro ejemplo es el vacío legal respecto al cierre definitivo de los emprendimientos.
"En Argentina tenemos el derrame de Barrick Gold en Valedero el año pasado y este se repite. Eso marca a las claras el poco poder de policía que tienen las provincias y prácticamente no pueden actuar contra estos emprendimientos mineros”, analizó el Senador y advirtió que cuando se inicia el camino para modificar el Código Minero "aparece el lobby empresarial que cada día es más fuerte”.
Para respaldar sus dichos, Martínez expuso que "todavía se mantiene el pago del 3% de regalías del valor boca mina de pago hacia las provincias, es una legislación que cuesta mucho modificar precisamente por la fuerza que ejercen las empresas”.
Acuerdo Federal Minero
Consultado sobre la pretensión presidencial de poner el vigencia el pacto federal antes que finalice el año, Martínez sostuvo que se trata de "un proceso que llevará su tiempo, no creo que la definición sea rápida. Tenemos que trabajar intensamente para generar reglas de juego claras y atraer las inversiones”.
Al ser indagado sobre la pretensión de las provincias mineras de obtener mayores beneficios económicos, Martínez repitió que "Yo no le tengo temor al lobby de las empresas, ellos buscarán los mejores resultados para engrandecer su rentabilidad, pero ahí radica el desafío que tenemos por delante: buscar un equilibrio para que los empresarios ganen lo justo y necesario y que las provincias sean socias de estos emprendimientos, esos son los ejes en lo que debemos movernos, además de exigir el cuidado del medio ambiente”, aseguró.
En cuanto al régimen impositivo sostuvo que debe ser revisado y explicó que en Argentina "hubo una degradación de la participación de la provincias en la renta minera desde 1983 hasta la actualidad”, precisó que "ni bien restablecida la democracia, del total ingresado la mitad iba para el Estado Nacional y la otra mitad para las provincias”, en tanto que hoy el "75% es retenido por nación y el 25% destinado a las provincias que además deben atender la demanda de salud y educación”, indicó "Fredy” Martínez.
Para finalizar, expreso que este esquema debe ser revisado y advirtió que "ningún ejecutivo quiere dar debate cuando lo que se debate significa retiro de fondos, hoy vemos que hay un fuerte apoyo a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires, pero debemos lograr una estrategia distributiva para todas las provincias por igual”.
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Jujuy quiere trabajar con Gendarmería para cuidar fauna
Mayor control en áreas fronterizas y protegidas
Fecha de Publicación: 12/11/2016
Fuente: Gazeta Jujuy
Provincia/Región: Nacional
Para abordar la problemática de la caza furtiva de especies animales, funcionarios del Ministerio de Ambiente visitaron la Agrupación IX Jujuy de Gendarmería Nacional para requerir se refuercen las acciones de control en puestos fronterizos y áreas protegidas de la provincia.
A propósito de algunos episodios registrados en la zona de la Laguna de Vilama y en Susques, los funcionarios de Ambiente decidieron abordar junto a los referentes de Gendarmería Nacional una agenda conjunta para intensificar las tareas de control, en vistas a prevenir la caza furtiva y el tráfico ilegal de vicuñas y a la vez poner en conocimiento la preocupación de resguardar dos monumentos naturales nacionales: la taruca, y el yaguareté.
La ministra María Inés Zigarán fue recibida por el comandante principal Antonio Insaurralde, segundo Jefe de la Agrupación IX Jujuy de Gendarmería Nacional. Acompañaron el secretario de Desarrollo Sustentable, Antonio Alejo, y los directores de Recursos Genéticos y Protección de Biodiversidad y de Areas Protegidas, Álvaro Núñez y Mercedes Zamorano, respectivamente.
En este marco, plantearon la creciente preocupación por los hechos de público conocimiento que tienen que ver con algunos episodios de caza indiscriminada de la vicuña en el norte de nuestra provincia. Al mismo tiempo, se informó a la fuerza de seguridad que estos episodios se repiten en algunas poblaciones de burros y también de tarucas, que es un animal declarado Monumento Natural Nacional.
Zigarán, luego de evaluar los trabajos que se vienen haciendo desde el ministerio y condenar terminantemente la caza furtiva, reflexionó en torno a la necesidad de desarrollar operativos de control, sistemáticos y permanentes, en las zonas de posible tráfico ilegal de cueros y lanas.
“Es nuestra competencia alertar sobre posibles hechos de tráfico de fauna y flora local, y accionar en forma coordinada con las fuerzas de seguridad, en este caso Gendarmería Nacional, para reforzar los controles en puestos fronterizos y áreas protegidas”, sostuvo.
En el mismo sentido se expresó el Director de Recursos Genéticos, quien explicó que “necesitamos que desde Gendarmería se nos informe cada vez que haya algún operativo, para nosotros poder armar un registro y ejercer otro tipo de control sobre la cantidad de pieles o lanas que se secuestran y así poder proceder de acuerdo a nuestras competencias”.
Por otra parte, la Directora de Áreas Protegidas manifestó la verdadera preocupación institucional de que los hechos ocurran en zonas que están resguardadas por leyes locales y federales. Precisó de igual modo que “las vicuñas habitan nuestros parque provinciales y nacionales protegidos, y en otros casos significan para muchas comunidades la oportunidad de desarrollo productivo, ya que aprovechan las lanas extraídas en los chakus de manera controlada”.
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Fecha de Publicación: 12/11/2016
Fuente: Gazeta Jujuy
Provincia/Región: Nacional
Para abordar la problemática de la caza furtiva de especies animales, funcionarios del Ministerio de Ambiente visitaron la Agrupación IX Jujuy de Gendarmería Nacional para requerir se refuercen las acciones de control en puestos fronterizos y áreas protegidas de la provincia.
A propósito de algunos episodios registrados en la zona de la Laguna de Vilama y en Susques, los funcionarios de Ambiente decidieron abordar junto a los referentes de Gendarmería Nacional una agenda conjunta para intensificar las tareas de control, en vistas a prevenir la caza furtiva y el tráfico ilegal de vicuñas y a la vez poner en conocimiento la preocupación de resguardar dos monumentos naturales nacionales: la taruca, y el yaguareté.
La ministra María Inés Zigarán fue recibida por el comandante principal Antonio Insaurralde, segundo Jefe de la Agrupación IX Jujuy de Gendarmería Nacional. Acompañaron el secretario de Desarrollo Sustentable, Antonio Alejo, y los directores de Recursos Genéticos y Protección de Biodiversidad y de Areas Protegidas, Álvaro Núñez y Mercedes Zamorano, respectivamente.
En este marco, plantearon la creciente preocupación por los hechos de público conocimiento que tienen que ver con algunos episodios de caza indiscriminada de la vicuña en el norte de nuestra provincia. Al mismo tiempo, se informó a la fuerza de seguridad que estos episodios se repiten en algunas poblaciones de burros y también de tarucas, que es un animal declarado Monumento Natural Nacional.
Zigarán, luego de evaluar los trabajos que se vienen haciendo desde el ministerio y condenar terminantemente la caza furtiva, reflexionó en torno a la necesidad de desarrollar operativos de control, sistemáticos y permanentes, en las zonas de posible tráfico ilegal de cueros y lanas.
“Es nuestra competencia alertar sobre posibles hechos de tráfico de fauna y flora local, y accionar en forma coordinada con las fuerzas de seguridad, en este caso Gendarmería Nacional, para reforzar los controles en puestos fronterizos y áreas protegidas”, sostuvo.
En el mismo sentido se expresó el Director de Recursos Genéticos, quien explicó que “necesitamos que desde Gendarmería se nos informe cada vez que haya algún operativo, para nosotros poder armar un registro y ejercer otro tipo de control sobre la cantidad de pieles o lanas que se secuestran y así poder proceder de acuerdo a nuestras competencias”.
Por otra parte, la Directora de Áreas Protegidas manifestó la verdadera preocupación institucional de que los hechos ocurran en zonas que están resguardadas por leyes locales y federales. Precisó de igual modo que “las vicuñas habitan nuestros parque provinciales y nacionales protegidos, y en otros casos significan para muchas comunidades la oportunidad de desarrollo productivo, ya que aprovechan las lanas extraídas en los chakus de manera controlada”.
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Firman “Acuerdo Federal sobre Cambio Climático”
El Gobierno prepara un 'Indec ambiental'
Fecha de Publicación: 11/11/2016
Fuente: Revista Claves 21
Provincia/Región: Nacional
En el marco de la firma de un “Acuerdo Federal sobre Cambio Climático” entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y las autoridades ambientales de cada una de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, el ministro Sergio Bergman expresó que prevé la conformación de un “Indec ambiental”. De qué se trata.
Esta tarde se llevó a cabo en Casa Rosada una asamblea extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente, COFEMA, en la que se firmó un acuerdo de cara a las negociaciones de la delegación argentina en la Conferencia sobre Cambio Climático –COP22– que arrancó ayer en Marrakech, Marruecos.
El acuerdo consiste en el compromiso de las autoridades nacionales de representar “la agenda federal de cambio climático”, incorporando propuestas hechas por las provincias al plan nacional de medidas contra el cambio climático presentado ante Naciones Unidas. Además, el gobierno de Macri se compromete a facilitar el financiamiento internacional a las provincias en acciones de mitigación y/o adaptación del cambio climático.
En su intervención, el subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile, explicó el trabajo de revisión de la contribución argentina presentada en la ONU y aseguró que durante 2017 el Ministerio de Ambiente seguirá trabajando para “mejorar y hacer más ambiciosa” esa contribución, al tiempo que mencionó que están trabajando en la creación de “un Indec ambiental en coordinación con las provincias”.
Claves21 consultó al ministro Sergio Bergman sobre la idea de este “Indec ambiental“. Al respecto, el funcionario expresó que si bien “el Indec ya tiene algunos indicadores ambientales, la Argentina no tiene un sistema independiente de monitoreo de los índices que tienen impacto en los indicadores (de cambio climático)”.
Según Bergman, este “Indec ambiental” atenderá las demandas de la financiación internacional “que pide líneas de base y referencias claras”, así como también, aportará al informe anual del Presidente ante el Congreso de la Nación.
“Así como se dibujó en su momento al Indec en lo económico, nunca se establecieron parámetros medioambientales y tenemos que ser serios y consistentes en términos de tener indicadores“, concluyó Bergman.
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Fecha de Publicación: 11/11/2016
Fuente: Revista Claves 21
Provincia/Región: Nacional
En el marco de la firma de un “Acuerdo Federal sobre Cambio Climático” entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y las autoridades ambientales de cada una de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, el ministro Sergio Bergman expresó que prevé la conformación de un “Indec ambiental”. De qué se trata.
Esta tarde se llevó a cabo en Casa Rosada una asamblea extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente, COFEMA, en la que se firmó un acuerdo de cara a las negociaciones de la delegación argentina en la Conferencia sobre Cambio Climático –COP22– que arrancó ayer en Marrakech, Marruecos.
El acuerdo consiste en el compromiso de las autoridades nacionales de representar “la agenda federal de cambio climático”, incorporando propuestas hechas por las provincias al plan nacional de medidas contra el cambio climático presentado ante Naciones Unidas. Además, el gobierno de Macri se compromete a facilitar el financiamiento internacional a las provincias en acciones de mitigación y/o adaptación del cambio climático.
En su intervención, el subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile, explicó el trabajo de revisión de la contribución argentina presentada en la ONU y aseguró que durante 2017 el Ministerio de Ambiente seguirá trabajando para “mejorar y hacer más ambiciosa” esa contribución, al tiempo que mencionó que están trabajando en la creación de “un Indec ambiental en coordinación con las provincias”.
Claves21 consultó al ministro Sergio Bergman sobre la idea de este “Indec ambiental“. Al respecto, el funcionario expresó que si bien “el Indec ya tiene algunos indicadores ambientales, la Argentina no tiene un sistema independiente de monitoreo de los índices que tienen impacto en los indicadores (de cambio climático)”.
Según Bergman, este “Indec ambiental” atenderá las demandas de la financiación internacional “que pide líneas de base y referencias claras”, así como también, aportará al informe anual del Presidente ante el Congreso de la Nación.
“Así como se dibujó en su momento al Indec en lo económico, nunca se establecieron parámetros medioambientales y tenemos que ser serios y consistentes en términos de tener indicadores“, concluyó Bergman.
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Más trámites judiciales en Allen por contaminación
Nuevos trámites judiciales en la causa sobre contaminación en Allen
Fecha de Publicación: 11/11/2016
Fuente: APP Noticias
Provincia/Región: Río Negro
La Jueza Federal de General Roca, Carolina Pandolfi, dispuso tomar declaración testimonial a oficiales de la prefectura Naval Argentina con jurisdicción en el Alto Valle, en el marco de la causa por contaminación ambiental por vertidos de la planta de tratamientos de líquidos cloacales de Allen.
Ambos integrantes del área Científica de la Fuerza de Seguridad deberán informar acerca de los resultados de las análisis de las muestras tomadas en diversos sectores del río Negro a la altura de la ciudad y en la planta potabilizadora local, pericias que fueron dispuestas en el marco de la querella iniciada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia, por contaminación ambiental.
Las declaraciones testimoniales de los oficiales se concretarán el próximo miércoles 16, oportunidad en que se les requerirán mayores datos y aclaraciones sobres las pericias realizadas en el área afectada.
La Defensora del Pueblo, Nadina Díaz, recordó que el año pasado se efectuó una denuncia penal y a la vez se presentó como querellante por contaminación del río a la altura de la Isla 19, atravesando el barrio Costa Blanco de Allen por contaminación bacteriológica y presuntamente industrial con volcado de aguas residuales.
Esta acción judicial se suma a la querella y amparo iniciados por la Defensoría por el derrame de hidrocarburos en el pozo EFO 280 de la firma YSUR, también en el área de Allen, sobre los que el Juzgado Federal de General, en el marco de la investigación, dispuso recientemente nuevas medidas.
También Nadina Díaz destacó que en las acciones del organismo a su cargo, hay actuaciones judiciales vinculadas a la contaminación del río a la altura de la Isla Jordán y sobre otras áreas y cursos de aguas del territorio provincial, donde por distintos motivos existen la afectación o vulnerabilidad del medio ambiente por la acción humana.
Destacó que la Defensoría del Pueblo trabaja permanentemente en la problemática por entender que la preservación del medio ambiente es fundamental para el desarrollo humano de la actual y futuras generaciones y de su cuidado depende gran parte del futuro de la humanidad.
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Fecha de Publicación: 11/11/2016
Fuente: APP Noticias
Provincia/Región: Río Negro
La Jueza Federal de General Roca, Carolina Pandolfi, dispuso tomar declaración testimonial a oficiales de la prefectura Naval Argentina con jurisdicción en el Alto Valle, en el marco de la causa por contaminación ambiental por vertidos de la planta de tratamientos de líquidos cloacales de Allen.
Ambos integrantes del área Científica de la Fuerza de Seguridad deberán informar acerca de los resultados de las análisis de las muestras tomadas en diversos sectores del río Negro a la altura de la ciudad y en la planta potabilizadora local, pericias que fueron dispuestas en el marco de la querella iniciada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia, por contaminación ambiental.
Las declaraciones testimoniales de los oficiales se concretarán el próximo miércoles 16, oportunidad en que se les requerirán mayores datos y aclaraciones sobres las pericias realizadas en el área afectada.
La Defensora del Pueblo, Nadina Díaz, recordó que el año pasado se efectuó una denuncia penal y a la vez se presentó como querellante por contaminación del río a la altura de la Isla 19, atravesando el barrio Costa Blanco de Allen por contaminación bacteriológica y presuntamente industrial con volcado de aguas residuales.
Esta acción judicial se suma a la querella y amparo iniciados por la Defensoría por el derrame de hidrocarburos en el pozo EFO 280 de la firma YSUR, también en el área de Allen, sobre los que el Juzgado Federal de General, en el marco de la investigación, dispuso recientemente nuevas medidas.
También Nadina Díaz destacó que en las acciones del organismo a su cargo, hay actuaciones judiciales vinculadas a la contaminación del río a la altura de la Isla Jordán y sobre otras áreas y cursos de aguas del territorio provincial, donde por distintos motivos existen la afectación o vulnerabilidad del medio ambiente por la acción humana.
Destacó que la Defensoría del Pueblo trabaja permanentemente en la problemática por entender que la preservación del medio ambiente es fundamental para el desarrollo humano de la actual y futuras generaciones y de su cuidado depende gran parte del futuro de la humanidad.
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