Muere niño de 6 años de cáncer por agrotóxicos
07:50 | 
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Murió el niño de seis años que contrajo cáncer en trabajo esclavo
Fecha de Publicación: 19/11/2010
Fuente: Misiones On Line - Publicado el 17/11/2010
Provincia/Región: Misiones
Ezquiel Ferreyra fue llevado desde Misiones junto a su familia a finales de 2007, e inició trabajos en una granja de Campana, provincia de Buenos Aires.
Ezequiel Ferreyra, el niño de seis años que desde los cuatro era esclavizado por la empresa Avícola, Nuestra Huella, falleció el martes a la 1.35 de la madrugada, producto del cáncer que contrajo por la manipulación de venenos. El lunes de la semana pasada lo habían vuelto a operar, pero el tumor ya le había ocupado todo el cerebro.
Ezequiel fue llevado desde Misiones con su familia a fines de 2007 con la promesa de un trabajo en Buenos Aires, aunque al llegar a la localidad bonaerense de Campana, donde está la granja, se encontró con otra realidad.
En el lugar los padres fueron puestos al frente de un galpón con gallinas, y las exigencias laborales diarias que debían cumplir eran imposibles de llevarse a cabo entre dos personas, por lo que desde la empresa incentivaban a que los hijos también se involucraran en las labores.
La denuncia fue realizada por la Asociación Civil La Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), por explotación infantil, reducción a servidumbre y trata de personas contra los directivos de Nuestra Huella. Manifestaron que “Ezequiel fue explotado en la empresa rural Nuestra Huella S.A. desde los cinco años de edad, y allí contrajo cáncer, producto de la manipulación de agroquímicos”.
Según informó la asociación La Alameda “el propio Ezequiel reconoció en un video, de agosto de 2008, que trabajaba removiendo el guano de las gallinas y manipulando el veneno proveído por la empresa que distribuye huevos a grandes cadenas de supermercado”.
La enfermedad
Las maestras de la escuela de Ezequiel ya habían advertido que el niño se dormía cuando iba a clase, hasta que a finales de setiembre se desmayó y fue llevado de urgencia a una clínica de Pilar. Durante semanas nadie tuvo noticias de él.
“La empresa prohibió terminantemente a los padres hablar del tema con sus compañeros de trabajo. Y lo logró de modo muy simple: convenciendo a los padres que si algo le pasaba a Ezequiel ellos serían penalmente responsables y que incluso les quitarían la tenencia de sus otros hijos. Además, les ofrecieron a cambio de su silencio, la atención médica del niño y eventualmente una suma de dinero en caso que hubiera un desenlace fatal”, denuncia la asociación La Alameda.
Ezequiel fue trasladado de la Clínica de Pilar a la Clínica del Centro de La Plata, donde se le detectó un tumor cancerígeno en el cerebro y de allí fue derivado a otra Clínica en Laferrere, donde fue intervenido quirúrgicamente y se pudo reducir parcialmente el avance del tumor. Sin embargo, su situación seguía siendo muy grave, por lo que la empresa dispuso su traslado al Centro Gallego donde fue internado en terapia intensiva.
A los pocos días el tumor volvió a reproducirse y se lo intervino quirúrgicamente el lunes de la semana pasada, pero su situación siguió agravándose hasta que este martes a la madrugada falleció.
Ayer, el presidente de la Fundación Alameda, Gustavo Vera, y el abogado Pablo Sernani, se presentaron ante la Fiscalía Federal de Campana. Allí dejaron un escrito en el que se solicita realizar una autopsia al cuerpo de Ezequiel para corroborar las causales de su fallecimiento y que esta tarea sea realizada por organismos competentes. Además, seuestraron la historia clínica del nene.
A las 10 fueron inhumados los restos de Ezequiel en el cementerio de Campana. A las 11:30 llegaron efectivos policiales con la orden de exumar el cuerpo.
Fecha de Publicación: 19/11/2010
Fuente: Misiones On Line - Publicado el 17/11/2010
Provincia/Región: Misiones
Ezquiel Ferreyra fue llevado desde Misiones junto a su familia a finales de 2007, e inició trabajos en una granja de Campana, provincia de Buenos Aires.
Ezequiel Ferreyra, el niño de seis años que desde los cuatro era esclavizado por la empresa Avícola, Nuestra Huella, falleció el martes a la 1.35 de la madrugada, producto del cáncer que contrajo por la manipulación de venenos. El lunes de la semana pasada lo habían vuelto a operar, pero el tumor ya le había ocupado todo el cerebro.
Ezequiel fue llevado desde Misiones con su familia a fines de 2007 con la promesa de un trabajo en Buenos Aires, aunque al llegar a la localidad bonaerense de Campana, donde está la granja, se encontró con otra realidad.
En el lugar los padres fueron puestos al frente de un galpón con gallinas, y las exigencias laborales diarias que debían cumplir eran imposibles de llevarse a cabo entre dos personas, por lo que desde la empresa incentivaban a que los hijos también se involucraran en las labores.
La denuncia fue realizada por la Asociación Civil La Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), por explotación infantil, reducción a servidumbre y trata de personas contra los directivos de Nuestra Huella. Manifestaron que “Ezequiel fue explotado en la empresa rural Nuestra Huella S.A. desde los cinco años de edad, y allí contrajo cáncer, producto de la manipulación de agroquímicos”.
Según informó la asociación La Alameda “el propio Ezequiel reconoció en un video, de agosto de 2008, que trabajaba removiendo el guano de las gallinas y manipulando el veneno proveído por la empresa que distribuye huevos a grandes cadenas de supermercado”.
La enfermedad
Las maestras de la escuela de Ezequiel ya habían advertido que el niño se dormía cuando iba a clase, hasta que a finales de setiembre se desmayó y fue llevado de urgencia a una clínica de Pilar. Durante semanas nadie tuvo noticias de él.
“La empresa prohibió terminantemente a los padres hablar del tema con sus compañeros de trabajo. Y lo logró de modo muy simple: convenciendo a los padres que si algo le pasaba a Ezequiel ellos serían penalmente responsables y que incluso les quitarían la tenencia de sus otros hijos. Además, les ofrecieron a cambio de su silencio, la atención médica del niño y eventualmente una suma de dinero en caso que hubiera un desenlace fatal”, denuncia la asociación La Alameda.
Ezequiel fue trasladado de la Clínica de Pilar a la Clínica del Centro de La Plata, donde se le detectó un tumor cancerígeno en el cerebro y de allí fue derivado a otra Clínica en Laferrere, donde fue intervenido quirúrgicamente y se pudo reducir parcialmente el avance del tumor. Sin embargo, su situación seguía siendo muy grave, por lo que la empresa dispuso su traslado al Centro Gallego donde fue internado en terapia intensiva.
A los pocos días el tumor volvió a reproducirse y se lo intervino quirúrgicamente el lunes de la semana pasada, pero su situación siguió agravándose hasta que este martes a la madrugada falleció.
Ayer, el presidente de la Fundación Alameda, Gustavo Vera, y el abogado Pablo Sernani, se presentaron ante la Fiscalía Federal de Campana. Allí dejaron un escrito en el que se solicita realizar una autopsia al cuerpo de Ezequiel para corroborar las causales de su fallecimiento y que esta tarea sea realizada por organismos competentes. Además, seuestraron la historia clínica del nene.
A las 10 fueron inhumados los restos de Ezequiel en el cementerio de Campana. A las 11:30 llegaron efectivos policiales con la orden de exumar el cuerpo.
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Ordenan clausurar relleno de Tucumán
La Justicia ordenó que en ocho meses no quede un solo residuo en la planta de Pacará Pintado
Fecha de Publicación: 18/11/2010
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La Cámara en lo Civil y Comercial Común hizo lugar a un recurso de amparo colectivo e intimó al Gobierno a clausurar el predio. Los vocales Ibáñez y Avila consideraron probado que el centro de tratamiento de los desechos contaminó el suelo, el aire y el agua.
Veinticuatro horas después de haber sido procesado en la Justicia Federal por la presunta contaminación del río Salí, el empresario Mario Delfor Criado recibió otro mazazo desde los tribunales. La Cámara Civil y Comercial Común de la Provincia ordenó el cierre inmediato de la planta de Pacará Pintado, al concluir que las actividades de disposición final de la basura en ese predio sí afectaron el medio ambiente.
Según consta en la sentencia Nº 309/10 firmada ayer, los vocales Carlos Miguel Ibáñez y Augusto Avila revocaron el fallo de primera instancia rubricado el 10 de julio de 2008 por el extinto juez en lo Civil y Comercial de la III Nominación, Juan José Aráoz. Este había rechazado una acción de amparo colectivo interpuesta en diciembre de 2007 por la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán. Incluso, había calificado en su fallo a Pacará Pintado como una "planta modelo".
Con el patrocinio del abogado Javier Navarro Muruaga, los ambientalistas dedujeron un recurso de apelación ante la Cámara. En ese marco, los vocales dispusieron la realización de pericias técnicas en el ex centro de disposición final de la basura del Gran San Miguel de Tucumán. Las muestras de agua, de suelo y de aire fueron tomadas el 27 de octubre del año pasado y arrojaron resultados contundentes: el predio contamina el ambiente.
Con el sustento de esos análisis, los camaristas resolvieron finalmente hacer lugar a la acción de amparo y, en consecuencia, ordenar el cierre inmediato "del vertedero de residuos de la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL, correspondiendo que la autoridad de aplicación proceda a su clausura". A su vez, los magistrados ordenaron a la concesionaria que elimine los residuos depositados en la planta en un plazo de ocho meses desde el momento en que la sentencia quede firme. Finalmente, prohibieron que sigan realizándose vertidos de basura en el lugar.
"Contra la lógica"
En el fallo, los magistrados fueron particularmente críticos respecto de la actuación del Estado en cuanto a la habilitación y al control de Pacará Pintado como planta de disposición final.
Recordaron que en un informe de noviembre de 2004, el Instituto de Geociencias y Medio Ambiente de la UNT (Ingema) ya había advertido que el terreno en el que se asienta la planta no era apto para el resguardo de la basura, porque tenía una capacidad de infiltración rápida. Esto acrecentaba el riesgo de que los lixiviados (líquidos que se desprenden de los residuos en descomposición) pasen a los acuíferos subterráneos. También, advirtieron que la existencia de una autorización administrativa y de un certificado de apitud ambiental no representan un permiso "para dañar el medio ambiente".
Aclararon que la autorización a la concesionaria fue condicionada al cumplimiento de una serie de recaudos, los que no se habrían cumplido. Y concluyeron que la resolución 140 de la Dirección de Medio Ambiente (de diciembre de 2005) es contradictoria, porque brinda una opinión "fuertemente desaprobatoria" de la planta pero la habilita. "Con tales antecedentes, lo lógico hubiera sido denegar la autorización para funcionar. Pero, en lugar de seleccionar otro sitio para el tratamiento de los residuos, se procede no sólo a aprobar la evaluación del impacto ambiental, sino que se autoriza la ampliación de la capacidad de 60 toneladas a 600 toneladas por día", aseveraron los jueces.
Entre los requisitos que no cumplió la empresa, según los camaristas, sobresale el de disponer de auditorías externas cada cuatro meses (se habría hecho sólo una). "La autorización administrativa violó el principio de distancia y de prevención (...) Al parecer se trata de una cuestión de idiosincrasia: mientras en Tucumán la autoridad de aplicación autoriza la instalación de vertederos de residuos al margen del río Salí (Los Vázquez y Pacará Pintado), en otros lugares, como en Termas del Río Hondo, en la ribera del río se hizo una costanera con avistaje de aves", compararon.
Fecha de Publicación: 18/11/2010
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La Cámara en lo Civil y Comercial Común hizo lugar a un recurso de amparo colectivo e intimó al Gobierno a clausurar el predio. Los vocales Ibáñez y Avila consideraron probado que el centro de tratamiento de los desechos contaminó el suelo, el aire y el agua.
Veinticuatro horas después de haber sido procesado en la Justicia Federal por la presunta contaminación del río Salí, el empresario Mario Delfor Criado recibió otro mazazo desde los tribunales. La Cámara Civil y Comercial Común de la Provincia ordenó el cierre inmediato de la planta de Pacará Pintado, al concluir que las actividades de disposición final de la basura en ese predio sí afectaron el medio ambiente.
Según consta en la sentencia Nº 309/10 firmada ayer, los vocales Carlos Miguel Ibáñez y Augusto Avila revocaron el fallo de primera instancia rubricado el 10 de julio de 2008 por el extinto juez en lo Civil y Comercial de la III Nominación, Juan José Aráoz. Este había rechazado una acción de amparo colectivo interpuesta en diciembre de 2007 por la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán. Incluso, había calificado en su fallo a Pacará Pintado como una "planta modelo".
Con el patrocinio del abogado Javier Navarro Muruaga, los ambientalistas dedujeron un recurso de apelación ante la Cámara. En ese marco, los vocales dispusieron la realización de pericias técnicas en el ex centro de disposición final de la basura del Gran San Miguel de Tucumán. Las muestras de agua, de suelo y de aire fueron tomadas el 27 de octubre del año pasado y arrojaron resultados contundentes: el predio contamina el ambiente.
Con el sustento de esos análisis, los camaristas resolvieron finalmente hacer lugar a la acción de amparo y, en consecuencia, ordenar el cierre inmediato "del vertedero de residuos de la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL, correspondiendo que la autoridad de aplicación proceda a su clausura". A su vez, los magistrados ordenaron a la concesionaria que elimine los residuos depositados en la planta en un plazo de ocho meses desde el momento en que la sentencia quede firme. Finalmente, prohibieron que sigan realizándose vertidos de basura en el lugar.
"Contra la lógica"
En el fallo, los magistrados fueron particularmente críticos respecto de la actuación del Estado en cuanto a la habilitación y al control de Pacará Pintado como planta de disposición final.
Recordaron que en un informe de noviembre de 2004, el Instituto de Geociencias y Medio Ambiente de la UNT (Ingema) ya había advertido que el terreno en el que se asienta la planta no era apto para el resguardo de la basura, porque tenía una capacidad de infiltración rápida. Esto acrecentaba el riesgo de que los lixiviados (líquidos que se desprenden de los residuos en descomposición) pasen a los acuíferos subterráneos. También, advirtieron que la existencia de una autorización administrativa y de un certificado de apitud ambiental no representan un permiso "para dañar el medio ambiente".
Aclararon que la autorización a la concesionaria fue condicionada al cumplimiento de una serie de recaudos, los que no se habrían cumplido. Y concluyeron que la resolución 140 de la Dirección de Medio Ambiente (de diciembre de 2005) es contradictoria, porque brinda una opinión "fuertemente desaprobatoria" de la planta pero la habilita. "Con tales antecedentes, lo lógico hubiera sido denegar la autorización para funcionar. Pero, en lugar de seleccionar otro sitio para el tratamiento de los residuos, se procede no sólo a aprobar la evaluación del impacto ambiental, sino que se autoriza la ampliación de la capacidad de 60 toneladas a 600 toneladas por día", aseveraron los jueces.
Entre los requisitos que no cumplió la empresa, según los camaristas, sobresale el de disponer de auditorías externas cada cuatro meses (se habría hecho sólo una). "La autorización administrativa violó el principio de distancia y de prevención (...) Al parecer se trata de una cuestión de idiosincrasia: mientras en Tucumán la autoridad de aplicación autoriza la instalación de vertederos de residuos al margen del río Salí (Los Vázquez y Pacará Pintado), en otros lugares, como en Termas del Río Hondo, en la ribera del río se hizo una costanera con avistaje de aves", compararon.
Suspenden actividades de la minera Catgold
Jorge Eremchuk: “El juez de minas suspendió las actividades de la empresa Catgold”
Fecha de Publicación: 18/11/2010
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Según lo manifestó el secretario de Minería durante la jornada de ayer, el juez de Minas, Guillermo Cerda, suspendió las actividades de la empresa hasta que se apruebe el informe de impacto ambiental.
"A nosotros nos llegó la resolución ayer. Esto se debe a que Catgold comenzó las actividades antes de que se apruebe su informe", señaló el funcionario.
Además, comentó que en caso de ser aprobado el informe, la Secretaría le comunica al juez y este levanta la medida tomada. "Hasta el momento el informe esta aprobado en un 80 por ciento, pero faltan algunas cosas", explicó el secretario.
Por otra parte, destacó que al tomar conocimiento de que la empresa estaba trabajando sin tener su informe aprobado, desde su área a cargo se inició un sumario de oficio.
Fecha de Publicación: 18/11/2010
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Según lo manifestó el secretario de Minería durante la jornada de ayer, el juez de Minas, Guillermo Cerda, suspendió las actividades de la empresa hasta que se apruebe el informe de impacto ambiental.
"A nosotros nos llegó la resolución ayer. Esto se debe a que Catgold comenzó las actividades antes de que se apruebe su informe", señaló el funcionario.
Además, comentó que en caso de ser aprobado el informe, la Secretaría le comunica al juez y este levanta la medida tomada. "Hasta el momento el informe esta aprobado en un 80 por ciento, pero faltan algunas cosas", explicó el secretario.
Por otra parte, destacó que al tomar conocimiento de que la empresa estaba trabajando sin tener su informe aprobado, desde su área a cargo se inició un sumario de oficio.
Un zoo rematará sus animales para recaudar
Un zoo de Mendoza rematará sus animales para recaudar fondos
Fecha de Publicación: 17/11/2010
Fuente: Minuto Uno
Provincia/Región: Mendoza
Quieren recaudar dinero para poder invertir en la infraestructura del parque que desde hace treinta años no recibe una inyección monetaria. Un pony es la estrella del remate.
El zoológico de la provincia de Mendoza pondrá a la venta 500 especies en cautiverio para recaudar fondos e invertir en la infraestructura del parque que desde hace treinta años no recibe una inyección monetaria.
Para poder participar de la subasta, los interesados deberán estar inscriptos en la Dirección de Recursos Naturales para de este modo garantizar el cuidado de los animales que, pese a la falta de inversión, se encuentran en perfecto estado de salud.
La lista incluye un pony, una cabra de cuatro cuernos, un búfalo de la India y un ciervo rojo entre otros. Ahora bien, los interesados deberán considerar antes de subastar que cada animal consume, en promedio, $ 2.400 anuales en alimento.
El zoológico accedió a la extrema medida para poder ahorrar $ 1,2 millón en comida e invertir ese dinero en mejorar las jaulas y corrales. Según publica el diario El Cronista, la cúpula directiva del lugar tuvo que aguardar a que la comisión asesora de recursos naturales y la Fiscalía mendocina le diera el visto bueno.
Fecha de Publicación: 17/11/2010
Fuente: Minuto Uno
Provincia/Región: Mendoza
Quieren recaudar dinero para poder invertir en la infraestructura del parque que desde hace treinta años no recibe una inyección monetaria. Un pony es la estrella del remate.
El zoológico de la provincia de Mendoza pondrá a la venta 500 especies en cautiverio para recaudar fondos e invertir en la infraestructura del parque que desde hace treinta años no recibe una inyección monetaria.
Para poder participar de la subasta, los interesados deberán estar inscriptos en la Dirección de Recursos Naturales para de este modo garantizar el cuidado de los animales que, pese a la falta de inversión, se encuentran en perfecto estado de salud.
La lista incluye un pony, una cabra de cuatro cuernos, un búfalo de la India y un ciervo rojo entre otros. Ahora bien, los interesados deberán considerar antes de subastar que cada animal consume, en promedio, $ 2.400 anuales en alimento.
El zoológico accedió a la extrema medida para poder ahorrar $ 1,2 millón en comida e invertir ese dinero en mejorar las jaulas y corrales. Según publica el diario El Cronista, la cúpula directiva del lugar tuvo que aguardar a que la comisión asesora de recursos naturales y la Fiscalía mendocina le diera el visto bueno.
Tinogasta se niega a exploración de Cat Gold
Todo Tinogasta se niega a exploración minera de Cat Gold
Fecha de Publicación: 17/11/2010
Fuente: El Diario de Catamarca - No a la Mina
Provincia/Región: Catamarca
Fue el pasado viernes 12, en la plazoleta cívica de la Plaza Fray Mamerto Esquiú de Fiambalá, donde concurrieron delegaciones de vecinos de las localidades de Las Papas, Palo Blanco, Medanitos, Fiambalá y ciudad de Tinogasta, donde unos quince oradores fustigaron la intromisión foránea en territorio Fiambalense por parte de la empresa multinacional minera de capitales canadienses.
La asamblea se llevó a cabo, debido a los trabajos de exploración que lleva adelante Cat Gold en el norte del departamento Tinogasta, lo que generó la movilización de ciento de vecinos de distintas localidades en la plaza Fray Mamerto Esquiú de Fiambalá, donde hicieron uso de la palabra productores, comerciantes, docentes, médicos, bioquímicos y hasta ancianos de la zona donde se radica el emprendimiento. La mayoría coincidió en relatar el atropello al que son sometidos diariamente por parte del Delegado Municipal de Las Papas señor Jaime Caro, de quién dijeron "viene aprovechando los recursos que no son suyos, como campos con madera y ganado equino, siendo protegido por las autoridades policiales y municipales de la zona, que no receptan las denuncias de los atropellos sufridos por los habitantes de la zona"adujeron, según lo publicado, también, por el portal fiambaláhoy.
La asamblea, concluyó con el cruce de números telefónicos entre los presentes y la promesa de reunirse muy pronto en defensa de los recursos naturales por la posible como "contaminación de las napas freáticas ya que Fiambalá se abastece de agua potable del Subsuelo y los ríos subterráneos tendrían su nacimiento en la Cuenca del Abaucán que procede de la cordillera de San Buenaventura, donde se encuentra el emprendimiento", dijeron.
Fecha de Publicación: 17/11/2010
Fuente: El Diario de Catamarca - No a la Mina
Provincia/Región: Catamarca
Fue el pasado viernes 12, en la plazoleta cívica de la Plaza Fray Mamerto Esquiú de Fiambalá, donde concurrieron delegaciones de vecinos de las localidades de Las Papas, Palo Blanco, Medanitos, Fiambalá y ciudad de Tinogasta, donde unos quince oradores fustigaron la intromisión foránea en territorio Fiambalense por parte de la empresa multinacional minera de capitales canadienses.
La asamblea se llevó a cabo, debido a los trabajos de exploración que lleva adelante Cat Gold en el norte del departamento Tinogasta, lo que generó la movilización de ciento de vecinos de distintas localidades en la plaza Fray Mamerto Esquiú de Fiambalá, donde hicieron uso de la palabra productores, comerciantes, docentes, médicos, bioquímicos y hasta ancianos de la zona donde se radica el emprendimiento. La mayoría coincidió en relatar el atropello al que son sometidos diariamente por parte del Delegado Municipal de Las Papas señor Jaime Caro, de quién dijeron "viene aprovechando los recursos que no son suyos, como campos con madera y ganado equino, siendo protegido por las autoridades policiales y municipales de la zona, que no receptan las denuncias de los atropellos sufridos por los habitantes de la zona"adujeron, según lo publicado, también, por el portal fiambaláhoy.
La asamblea, concluyó con el cruce de números telefónicos entre los presentes y la promesa de reunirse muy pronto en defensa de los recursos naturales por la posible como "contaminación de las napas freáticas ya que Fiambalá se abastece de agua potable del Subsuelo y los ríos subterráneos tendrían su nacimiento en la Cuenca del Abaucán que procede de la cordillera de San Buenaventura, donde se encuentra el emprendimiento", dijeron.
En enero comenzará el monitoreo de la ex Botnia
Recién el año que viene se hará el primer control a Botnia
Fecha de Publicación: 16/11/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
En el Gobierno estiman que en unos 60 días, aproximadamente, la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) empezará a instrumentar el plan de monitoreo conjunto sobre la pastera UPM (ex Botnia) acordado finalmente el domingo último por Buenos Aires y Montevideo, tras días de debate en torno discrepancias sobre cómo hacer las mediciones. Y creen que en 2011 se conocerán los primeros resultados sobre el nivel de contaminación de la planta industrial levantada a la vera del río compartido, sobre la oriental ciudad de Fray Bentos.
Este jueves, la CARU mantendrá en Paysandú, su sede permanente, su reunión mensual, y en ella debería quedar aprobado, como en un trámite final, el plan de monitoreo que el domingo a la noche firmaron los cancilleres Héctor Timerman (Argentina) y Luis Almagro (Uruguay). Ayer, en diálogo con diarios nacionales, entre ellos Clarín , el representante argentino ante la CARU, y desde que asumió Timerman también secretario de Coordinación y Cooperación Internacional de la Cancillería, Hernán Orduna, informó que lo que se aprobó el domingo fueron dos de los cuatro planes de monitoreo pendientes en los acuerdos firmados por Cristina Kirchner y José Mujica, a mediados de año.
Este jueves también deberían conocerse los resultados de un informe, no hecho público, de los científicos argentinos, que el pasado 6 de octubre entraron por primera vez a la planta de UPM.
El control que ya podrá empezar a instrumentarse después de este jueves, pero sobre todo cuando esté disponible en la zona toda la tecnología que se debe desplegar es el monitoreo interno de la pastera UPM, que harán el Comité Científico integrado por cuatro expertos de los dos países, y el control medioambiental del río Gualeguaychú, que desemboca al Río Uruguay. Queda por aprobarse en cambio el seguimiento de los niveles de contaminación a lo largo de los 500 kilómetros de que comparten Argentina y Uruguay, y el de todos los establecimientos industriales, que dan a este curso de agua, que también baña territorio de Brasil, pero que decidió estar por fuera de este acuerdo entre Montevideo y Buenos Aires.
Orduna ayer no quiso dar detalles sobre cuáles fueron las diferencias que abortaron la reunión que los científicos mantuvieron el 2 de noviembre pasado, la fecha inicial para cerrar el plan conjunto de inspección sobre UPM. Por ello, Montevideo pidió una prórroga que vencía este viernes, pero las negociaciones las debieron seguir en la capital uruguaya Almagro y Timerman.
“Más allá de que no hubo acuerdo (el 2 de noviembre) este es un proceso (el acuerdo del domingo) por aproximaciones sucesivas ”, dijo Orduna, quien informó sí, que los controles serán, diarios, mensuales, trimestrales y cuatrimestrales. Además, se analizarán los niveles de contaminación dentro de la planta, el agua, y de las emisiones gaseosas. Para todo ello, hay instrumental y equipos de medición -como los sensores- que la CARU, o los respectivos gobiernos deberán comprar. Las muestras que se tomen, ya se informó, se enviarán a un laboratorio canadiense . “Todas las industrias contaminan”. Negarlo, sería un acto irracional”, remató Orduna, para que no quedaran dudas de su postura. Ayer, el presidente Mujica, que en los últimos días tuvo críticas de todo tipo para con las Argentina, sostuvo sentirse “muy contento” por el acuerdo.
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En enero comenzará el monitoreo de la ex Botnia
Fecha de Publicación: 16/11/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Las primeras conclusiones podrían conocerse a mediados de 2011
En un clima de elocuente hermetismo, la Argentina y Uruguay pondrán en marcha dentro de unos 60 días el plan de monitoreo conjunto del río Uruguay, acordado luego de una ardua negociación que implicó marchas y contramarchas en ambas orillas rioplatenses, para evitar un desaire al entendimiento alcanzado por los presidentes Cristina Kirchner y José Mujica.
Así lo informó el jefe de la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Hernán Orduna, en un encuentro organizado ayer por la Cancillería con un grupo de diarios, entre ellos La Nacion.
"Dentro de 60 días se podrá comenzar a instrumentar el plan de monitoreo con muestreos", dijo Orduna, escueto y lacónico, en su despacho del moderno edificio de la calle Esmeralda.
Fuentes oficiales confiaron, además, que las primeras conclusiones de los estudios no se conocerán al menos hasta mediados de 2011, como consecuencia de la complejidad que tendrá el proceso de ahora en más.
Las palabras de Orduna constituyen una de las pocas precisiones que se dieron a conocer un día después del entendimiento alcanzado tras un accidentado diálogo bilateral, que incluyó un encuentro entre los cancilleres Héctor Timerman y Luis Almagro, anteayer, en Montevideo. Ambos funcionarios lograron destrabar, después de más de diez horas de reunión, una negociación que había llegado a punto muerto como consecuencia de las disidencias entre los cuatro científicos (dos argentinos y dos uruguayos) que integran el comité científico binacional que tiene a su cargo la elaboración y la ejecución del plan de monitoreo conjunto ordenado por el fallo de La Haya.
Orduna no quiso explicar ayer los motivos de las diferencias entre las partes que casi hacen fracasar el entendimiento político. "No había acuerdo en varios puntos. Lo que hay que ver es que éste es un proceso y que se va avanzando. Las diferencias quedaron atrás", dijo.
El canciller Timerman también minimizó los entredichos. "Los científicos discutieron un manual de química y ninguno de los dos cancilleres podía intervenir mucho en eso", afirmó.
De acuerdo con trascendidos diplomáticos reproducidos por la prensa uruguaya, las disidencias referían a la cantidad de controles por realizar en la pastera UPM (ex Botnia), los parámetros por medir en los controles y la frecuencia y asiduidad que tendrían.
El plan de vigilancia
Las precisiones aún son pocas. La CARU sesionará pasado mañana y aprobará, como cuerpo habilitado, el entendimiento político suscripto por la diplomacia bilateral. Recién entonces las partes podrían dar a conocer los detalles del plan de monitoreo ambiental que se instrumentará sobre el curso de agua compartido y sus áreas de influencia.
Orduna brindó algunas pistas sobre el sentido que tendrá el plan de vigilancia. Sostuvo, por ejemplo, que se medirán parámetros que no están aún incluidos en el digesto de la CARU (que establece los estándares y valores de la calidad medioambiental del curso de agua) y que, de considerarse pertinentes, estos indicadores serán incluidos en el mencionado registro normativo.
Dijo, además, que la medición del río será continua y explicitó que por "continua" se interpreta la definición de la Real Academia Española ("aquello que no es interrumpido", precisó el diplomático).
De acuerdo con los parámetros que se consideren, habrá controles periódicos, mensuales y cuatrimestrales, anticipó Orduna. De todos modos, en Botnia se podrá ingresar hasta 12 veces en el año, tal como lo requirió Uruguay, y el muestreo se hará de acuerdo con la normativa establecida por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) uruguaya, para luego contrastar con los valores de la CARU.
Las partes también acordaron la compra e instalación de instrumental para medir las emisiones gaseosas que "precipiten" sobre el río Uruguay.
Se instalarán, por caso, sensores en el interior de Botnia proporcionados por el comité científico binacional. Además, habrá boyas integradoras, caudalímetros y organismos vivos que servirán como patrón de registro de la calidad ambiental del río.
Un nuevo estudio para los agrotóxicos
Un nuevo estudio para los agrotóxicos
Fecha de Publicación: 15/11/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En su dictamen, la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Agricultura que profundice los estudios sobre agroquímicos y pidió que la recategorización de su toxicidad se base en resultados independientes y no en los presentados por las empresas.
Las empresas de agroquímicas defienden la baja toxicidad de sus productos con una metodología polémica: hacen hincapié en los efectos agudos, la exposición a corto plazo y con efectos inmediatos. No profundizan los estudios científicos en los efectos crónicos, que implica exposición a bajas dosis durante un tiempo prolongado (como sucede en la práctica con las fumigaciones de campos de soja o arroz). Desde hace décadas, en todo el mundo, organizaciones ambientales y campesinas piden modificar esa metodología. La Defensoría del Pueblo de la Nación acaba de dar un paso en ese camino: solicitó al Ministerio de Agricultura que modifique la forma de clasificación de los agroquímicos, instó a que los estudios de toxicidad estén a cargo de instituciones independientes (no de empresas ni de científicos ligados a las compañías) y, hasta que no se implemente la nueva metodología, reclamó que los agroquímicos sean reubicados en la más alta categoría de toxicidad, lo que implicará alejar las fumigaciones de escuelas rurales, viviendas campesinas y barrios periurbanos.
La Resolución 147/10 de la Defensoría del Pueblo fue emitida el viernes a última hora. Consta de cinco páginas de fundamentación y una carilla resolutiva. “(Se) recomienda a la Secretaría de Agricultura de la Nación que impulse las medidas necesarias para modificar la metodología utilizada en la clasificación de toxicidad de los productos agroquímicos”, precisa el primer artículo y solicita se estudien “todos los daños a la salud que el producto pueda ocasionar, efecto letal y subletal, agudo y crónico”.
Para ubicar a los agroquímicos en los diferentes rangos de peligrosidad las empresas –y los organismos estatales– miden la toxicidad mediante la “Dosis Letal 50” (DL50). Este parámetro se define mediante la cantidad de agroquímico que mata al 50 por ciento de una población de animales de laboratorio durante un tiempo corto. La DL50 está relacionada exclusivamente con la toxicidad aguda de los plaguicidas, no mide la toxicidad crónica, aquella que surge de pequeñas exposiciones diarias a través de un largo período.
“Todo agroquímico que causa daños crónicos pero mata a poco menos de la mitad de las ratas de laboratorio, en forma aguda con altas dosis, es clasificado como producto Clase IV, identificado con la leyenda ‘normalmente no ofrece peligro’ y señalizado con la banda verde”, denuncia la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), colectivo de organizaciones que participó, en mayo pasado, de una presentación ante la Defensoría del Pueblo para que se solicitara la recategorización de los agroquímicos.
En la presentación ante la Defensoría se remarcó la inconsistencia en la clasificación de toxicidad. “La metodología basada en la DL50 no tiene en cuenta, por ejemplo, si el agroquímico analizado mata años después de una aplicación, porque no es toxicidad aguda; o si mata después de exposiciones repetidas a lo largo de varios años; o si produce o induce malformaciones congénitas, abortos espontáneos, cáncer, afecciones cardíacas, afecciones neurológicas, alergias, daños oculares; y tantos otros daños a la salud que afirman los estudios realizados por investigadores que no dependen de las empresas que patentan, producen y comercializan estos productos”, explica la Renace.
El estudio del investigador de la Facultad de Medicina de la UBA y el Conicet Andrés Carrasco, que confirmó malformaciones en embriones anfibios, sí aborda los efectos subletales. Y no se trata del único trabajo. En agosto pasado, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba organizó el primer Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados. Durante dos días se presentaron una decena de investigaciones realizadas por académicos de universidades nacionales. Todos ellos tuvieron en cuenta los efectos crónicos y las consecuencias en el mediano y largo plazo de los herbicidas y plaguicidas. “Existe evidencia científica que es suficientemente fuerte y consistente para reconocer que la exposición a plaguicidas aumenta el riesgo de afectar la salud humana”, afirmó el médico, docente universitario y coordinador del encuentro, Medardo Avila Vázquez. Durante el congreso, investigadores y académicos vincularon los agroquímicos con distintos tipos de cáncer, abortos espontáneos, malformaciones y trastornos de la fertilidad. Recordaron que en la Argentina se utilizan 300 millones de litros de agroquímicos por año y son afectados 12 millones de habitantes.
Hasta que no se realice la revisión de la clasificación toxicológica, el Defensor del Pueblo, Anselmo Sella, instó al Ministerio de Agricultura a elevar al máximo (“sumamente peligroso-muy tóxico”) todos los agroquímicos que no hayan sido evaluados en dosis subletales y crónicas. El Ministerio de Agricultura no cuenta con un listado público de productos que fueron aprobados sin estudios crónicos y subletales, pero desde Renace estimaron que “son la mayoría de los productos que hoy se utilizan en el país y entre ellos se encuentra el glifosato (herbicida pilar del cultivo de soja)”.
La medida de la Defensoría impacta directamente en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), organismos dependiente de Agricultura. El último punto de la Resolución de la Defensoría hace hincapié en cómo deben aprobarse los productos: “Los estudios sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos deben ser realizados por entidades de acreditada y reconocida independencia de criterio”.
La soja transgénica y el uso de herbicidas que sustentan la siembra directa fue aprobada en Argentina durante 1996 sobre la base de trabajos de la propia empresa Monsanto.
Fecha de Publicación: 15/11/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En su dictamen, la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Agricultura que profundice los estudios sobre agroquímicos y pidió que la recategorización de su toxicidad se base en resultados independientes y no en los presentados por las empresas.
Las empresas de agroquímicas defienden la baja toxicidad de sus productos con una metodología polémica: hacen hincapié en los efectos agudos, la exposición a corto plazo y con efectos inmediatos. No profundizan los estudios científicos en los efectos crónicos, que implica exposición a bajas dosis durante un tiempo prolongado (como sucede en la práctica con las fumigaciones de campos de soja o arroz). Desde hace décadas, en todo el mundo, organizaciones ambientales y campesinas piden modificar esa metodología. La Defensoría del Pueblo de la Nación acaba de dar un paso en ese camino: solicitó al Ministerio de Agricultura que modifique la forma de clasificación de los agroquímicos, instó a que los estudios de toxicidad estén a cargo de instituciones independientes (no de empresas ni de científicos ligados a las compañías) y, hasta que no se implemente la nueva metodología, reclamó que los agroquímicos sean reubicados en la más alta categoría de toxicidad, lo que implicará alejar las fumigaciones de escuelas rurales, viviendas campesinas y barrios periurbanos.
La Resolución 147/10 de la Defensoría del Pueblo fue emitida el viernes a última hora. Consta de cinco páginas de fundamentación y una carilla resolutiva. “(Se) recomienda a la Secretaría de Agricultura de la Nación que impulse las medidas necesarias para modificar la metodología utilizada en la clasificación de toxicidad de los productos agroquímicos”, precisa el primer artículo y solicita se estudien “todos los daños a la salud que el producto pueda ocasionar, efecto letal y subletal, agudo y crónico”.
Para ubicar a los agroquímicos en los diferentes rangos de peligrosidad las empresas –y los organismos estatales– miden la toxicidad mediante la “Dosis Letal 50” (DL50). Este parámetro se define mediante la cantidad de agroquímico que mata al 50 por ciento de una población de animales de laboratorio durante un tiempo corto. La DL50 está relacionada exclusivamente con la toxicidad aguda de los plaguicidas, no mide la toxicidad crónica, aquella que surge de pequeñas exposiciones diarias a través de un largo período.
“Todo agroquímico que causa daños crónicos pero mata a poco menos de la mitad de las ratas de laboratorio, en forma aguda con altas dosis, es clasificado como producto Clase IV, identificado con la leyenda ‘normalmente no ofrece peligro’ y señalizado con la banda verde”, denuncia la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), colectivo de organizaciones que participó, en mayo pasado, de una presentación ante la Defensoría del Pueblo para que se solicitara la recategorización de los agroquímicos.
En la presentación ante la Defensoría se remarcó la inconsistencia en la clasificación de toxicidad. “La metodología basada en la DL50 no tiene en cuenta, por ejemplo, si el agroquímico analizado mata años después de una aplicación, porque no es toxicidad aguda; o si mata después de exposiciones repetidas a lo largo de varios años; o si produce o induce malformaciones congénitas, abortos espontáneos, cáncer, afecciones cardíacas, afecciones neurológicas, alergias, daños oculares; y tantos otros daños a la salud que afirman los estudios realizados por investigadores que no dependen de las empresas que patentan, producen y comercializan estos productos”, explica la Renace.
El estudio del investigador de la Facultad de Medicina de la UBA y el Conicet Andrés Carrasco, que confirmó malformaciones en embriones anfibios, sí aborda los efectos subletales. Y no se trata del único trabajo. En agosto pasado, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba organizó el primer Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados. Durante dos días se presentaron una decena de investigaciones realizadas por académicos de universidades nacionales. Todos ellos tuvieron en cuenta los efectos crónicos y las consecuencias en el mediano y largo plazo de los herbicidas y plaguicidas. “Existe evidencia científica que es suficientemente fuerte y consistente para reconocer que la exposición a plaguicidas aumenta el riesgo de afectar la salud humana”, afirmó el médico, docente universitario y coordinador del encuentro, Medardo Avila Vázquez. Durante el congreso, investigadores y académicos vincularon los agroquímicos con distintos tipos de cáncer, abortos espontáneos, malformaciones y trastornos de la fertilidad. Recordaron que en la Argentina se utilizan 300 millones de litros de agroquímicos por año y son afectados 12 millones de habitantes.
Hasta que no se realice la revisión de la clasificación toxicológica, el Defensor del Pueblo, Anselmo Sella, instó al Ministerio de Agricultura a elevar al máximo (“sumamente peligroso-muy tóxico”) todos los agroquímicos que no hayan sido evaluados en dosis subletales y crónicas. El Ministerio de Agricultura no cuenta con un listado público de productos que fueron aprobados sin estudios crónicos y subletales, pero desde Renace estimaron que “son la mayoría de los productos que hoy se utilizan en el país y entre ellos se encuentra el glifosato (herbicida pilar del cultivo de soja)”.
La medida de la Defensoría impacta directamente en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), organismos dependiente de Agricultura. El último punto de la Resolución de la Defensoría hace hincapié en cómo deben aprobarse los productos: “Los estudios sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos deben ser realizados por entidades de acreditada y reconocida independencia de criterio”.
La soja transgénica y el uso de herbicidas que sustentan la siembra directa fue aprobada en Argentina durante 1996 sobre la base de trabajos de la propia empresa Monsanto.
Pastera: llegaron a un acuerdo por el monitoreo
Pastera: llegaron a un acuerdo por el monitoreo conjunto
Fecha de Publicación: 15/11/2010
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional
El canciller Héctor Timerman aseguró que los científicos nombrados por Argentina y Uruguay para monitorear el río donde se encuentra la empresa UPM, ex Botnia, alcanzaron un "acuerdo" sobre los términos del control. "Logramos un plan de monitoreo del río Uruguay que es muy positivo para ambas partes", dijo el canciller del país vecino, Luis Almagro, en una conferencia de prensa conjunta
Timerman se reunió con su par uruguayo para intentar destrabar los desacuerdos surgidos entre los cuatro científicos que deberán controlar la contaminación en el río Uruguay.
La Cancillería no había emitido ningún parte oficial respecto del encuentro, pero el titular de la cartera utilizó su cuenta de Twitter para manifestar que "el comité científico llegó a un acuerdo que prioriza el medioambiente" y que "ambos gobiernos" están "muy satisfechos" por ese resultado.
El plan aprobado incluye la realización de "mediciones continuas" mediante sensores instalados en la planta y "trabajos específicos" como la medición de temperatura, turbiedad del agua y presencia de residuos. Además se colocaran doce boyas con almejas en el río Uruguay en la zona de influencia de la pastera.
Los cancilleres también acordaron que Botnia sea visitada doce veces al año por le Comité Científico binacional y que las muestras sean analizadas por un laboratorio canadiense, para garantizar su independencia.
Ahora, el Acuerdo será elevado a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), que se encargará de su implementación.
Días atrás, Argentina entregó el plan científico de monitoreo ante la CARU , al tiempo que la delegación uruguaya elevó una nota a Timerman para solicitar una prórroga de 10 días que fue aceptada y cuyo plazo ya venció.
Tanto en Montevideo como en Buenos Aires, también los integrantes del comité científico y los vicecancilleres D'Alloto y Conde mantuvieron días pasados extensas reuniones pero sin lograr un plan de monitoreo en conjunto.
Argentina y Uruguay acordaron en julio pasado establecer planes para el control ambiental de uno de los ríos que marca la frontera común, tras la controversia por la instalación de una planta papelera de la finlandesa en las costas de la localidad uruguaya de Fray Bentos.
Este entendimiento estuvo en sintonía con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, emitido el 20 de abril pasado y que estableció que no había motivos como para ordenar la relocalización de la plata de la empresa finlandesa.
El acuerdo marco firmado por los presidentes Cristina Fernández y José Mujica estableció, entre otros aspectos, el ingreso "hasta 12 veces por año" a la planta de UPM y el control de los demás establecimientos ubicados en las márgenes del río común.
Desde Gualeguaychú, los asambleístas se quejaron porque a tres años de la instalación de la pastera Botnia-UPM "el conflicto no está resuelto".
Bajo el título "3 años de impunidad para BOTNIA-UPM", señalaron en una solicitada que la planta se puso en marcha en noviembre de 2007 en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, y que "hoy el conflicto no está resuelto" y que la pastera "no tendrá jamás licencia social".
Fecha de Publicación: 15/11/2010
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional
El canciller Héctor Timerman aseguró que los científicos nombrados por Argentina y Uruguay para monitorear el río donde se encuentra la empresa UPM, ex Botnia, alcanzaron un "acuerdo" sobre los términos del control. "Logramos un plan de monitoreo del río Uruguay que es muy positivo para ambas partes", dijo el canciller del país vecino, Luis Almagro, en una conferencia de prensa conjunta
Timerman se reunió con su par uruguayo para intentar destrabar los desacuerdos surgidos entre los cuatro científicos que deberán controlar la contaminación en el río Uruguay.
La Cancillería no había emitido ningún parte oficial respecto del encuentro, pero el titular de la cartera utilizó su cuenta de Twitter para manifestar que "el comité científico llegó a un acuerdo que prioriza el medioambiente" y que "ambos gobiernos" están "muy satisfechos" por ese resultado.
El plan aprobado incluye la realización de "mediciones continuas" mediante sensores instalados en la planta y "trabajos específicos" como la medición de temperatura, turbiedad del agua y presencia de residuos. Además se colocaran doce boyas con almejas en el río Uruguay en la zona de influencia de la pastera.
Los cancilleres también acordaron que Botnia sea visitada doce veces al año por le Comité Científico binacional y que las muestras sean analizadas por un laboratorio canadiense, para garantizar su independencia.
Ahora, el Acuerdo será elevado a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), que se encargará de su implementación.
Días atrás, Argentina entregó el plan científico de monitoreo ante la CARU , al tiempo que la delegación uruguaya elevó una nota a Timerman para solicitar una prórroga de 10 días que fue aceptada y cuyo plazo ya venció.
Tanto en Montevideo como en Buenos Aires, también los integrantes del comité científico y los vicecancilleres D'Alloto y Conde mantuvieron días pasados extensas reuniones pero sin lograr un plan de monitoreo en conjunto.
Argentina y Uruguay acordaron en julio pasado establecer planes para el control ambiental de uno de los ríos que marca la frontera común, tras la controversia por la instalación de una planta papelera de la finlandesa en las costas de la localidad uruguaya de Fray Bentos.
Este entendimiento estuvo en sintonía con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, emitido el 20 de abril pasado y que estableció que no había motivos como para ordenar la relocalización de la plata de la empresa finlandesa.
El acuerdo marco firmado por los presidentes Cristina Fernández y José Mujica estableció, entre otros aspectos, el ingreso "hasta 12 veces por año" a la planta de UPM y el control de los demás establecimientos ubicados en las márgenes del río común.
Desde Gualeguaychú, los asambleístas se quejaron porque a tres años de la instalación de la pastera Botnia-UPM "el conflicto no está resuelto".
Bajo el título "3 años de impunidad para BOTNIA-UPM", señalaron en una solicitada que la planta se puso en marcha en noviembre de 2007 en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, y que "hoy el conflicto no está resuelto" y que la pastera "no tendrá jamás licencia social".
La UAC cara a cara con la minería
La UAC cara a cara con la minería
Fecha de Publicación: 14/11/2010
Fuente: Diario C
Provincia/Región: Nacional
La primera jornada del 14º encuentro de las asambleas ciudadanas y organizaciones socio-ambientales comenzó con mucha fuerza y participación de las provincias. En la mañana, con una conferencia de prensa, al mediodía con provocaciones por parte de la patota minera y a la tarde con un taller de reflexión, finalizando con un plenario en el Algarrobo.
Al mismo tiempo una fuerte concentración en el pueblo de Fiambalá se pronunciaba en contra de la minera Cat Gold (Minerals Metals) que venía haciendo exploraciones sin la debida autorización del Informe de Impacto Ambiental. Participaron los pueblos de Tinogasta, Medanitos y Palo Blanco.
Fecha de Publicación: 14/11/2010
Fuente: Diario C
Provincia/Región: Nacional
La primera jornada del 14º encuentro de las asambleas ciudadanas y organizaciones socio-ambientales comenzó con mucha fuerza y participación de las provincias. En la mañana, con una conferencia de prensa, al mediodía con provocaciones por parte de la patota minera y a la tarde con un taller de reflexión, finalizando con un plenario en el Algarrobo.
Al mismo tiempo una fuerte concentración en el pueblo de Fiambalá se pronunciaba en contra de la minera Cat Gold (Minerals Metals) que venía haciendo exploraciones sin la debida autorización del Informe de Impacto Ambiental. Participaron los pueblos de Tinogasta, Medanitos y Palo Blanco.
Avanza el proyecto energético de geotermia
Avanza el proyecto energético de geotermia en Copahue
Fecha de Publicación: 14/11/2010
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
Las autoridades de la Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén (Adi-Nqn) dieron detalles y avances Proyecto Geotérmico Copahue, adjudicado en agosto pasado a la empresa canadiense Geothermal One. Los directivos, encabezados por el presidente, Pedro Salvatori, se reunieron con los vecinos en el Centro de Convenciones de Caviahue y respondieron a diversas consultas sobre la marcha de a la iniciativa y el impacto económico y social que tendrá en la zona.
"Lo que queremos es tener consenso para impulsar el proyecto", dijo Salvatori y recalcó que por eso convocarán a reuniones de consulta periódicas. Dijo además que al margen de este proceso de diálogo se cumplirá con el requisito de realizar una audiencia pública, donde se pedirá la opinión sobre el proyecto a los 653 habitantes de Caviahue-Copahue.
Ante consultas los técnicos destacaron que "no hay incompatibilidad de fondo" entre el desarrollo turístico y el proyecto.
Junto con Salvatori participaron de la reunión el vicepresidente de la Adi-Nqn, Luis Galardi; el intendente de Caviahue, Rigoberto Ramírez; el geólogo Mario Gingins; y los abogados de la agencia neuquina Rubén Yeri y Juan Menestrina.
El eje de proyecto geotérmico es la generación de energía eléctrica a partir del aprovechamiento de los vapores endógenos que se extraigan del yacimiento Las Mellizas de Copahue, mediante un ciclo de condensación con torre de enfriamiento.
Geothermal One invertirá 100.000.000 de dólares para el aprovechamiento eléctrico del yacimiento, que seguirá siendo propiedad de la Adi-Nqn.
Fecha de Publicación: 14/11/2010
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
Las autoridades de la Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén (Adi-Nqn) dieron detalles y avances Proyecto Geotérmico Copahue, adjudicado en agosto pasado a la empresa canadiense Geothermal One. Los directivos, encabezados por el presidente, Pedro Salvatori, se reunieron con los vecinos en el Centro de Convenciones de Caviahue y respondieron a diversas consultas sobre la marcha de a la iniciativa y el impacto económico y social que tendrá en la zona.
"Lo que queremos es tener consenso para impulsar el proyecto", dijo Salvatori y recalcó que por eso convocarán a reuniones de consulta periódicas. Dijo además que al margen de este proceso de diálogo se cumplirá con el requisito de realizar una audiencia pública, donde se pedirá la opinión sobre el proyecto a los 653 habitantes de Caviahue-Copahue.
Ante consultas los técnicos destacaron que "no hay incompatibilidad de fondo" entre el desarrollo turístico y el proyecto.
Junto con Salvatori participaron de la reunión el vicepresidente de la Adi-Nqn, Luis Galardi; el intendente de Caviahue, Rigoberto Ramírez; el geólogo Mario Gingins; y los abogados de la agencia neuquina Rubén Yeri y Juan Menestrina.
El eje de proyecto geotérmico es la generación de energía eléctrica a partir del aprovechamiento de los vapores endógenos que se extraigan del yacimiento Las Mellizas de Copahue, mediante un ciclo de condensación con torre de enfriamiento.
Geothermal One invertirá 100.000.000 de dólares para el aprovechamiento eléctrico del yacimiento, que seguirá siendo propiedad de la Adi-Nqn.
Más denuncias por mal manejo de agrotóxicos
Denuncian que agroquímicos afectan a personas y al ambiente
Fecha de Publicación: 13/11/2010
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Un grupo de pobladores informaron a la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura que los agrotóxicos que se pulverizan en la estancia “Don Panos”, de Eduardo Eurnekian, afectan desde hace 10 años a la salud y al ambiente.
Vecinos y productores indígenas de Campo Medina y de lotes aledaños a Pampa del Indio denunciaron que la pulverización de agroquímicos que se realiza periódicamente en la estancia sojera “Don Panos” propiedad del empresario, Eduardo Eurnekián, está afectando no sólo las plantaciones que allí se realizan sino también a las personas y a los animales de la zona.
La denuncia fue radicada ante la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura provincial y está firmada por los pobladores Mariano Peñaloza, Simón González, Enrique Napoleón Tomas, Santos López y Juan Bautista Capra. En la nota, los pobladores denuncian los “severos daños sobre personas, animales, plantaciones y cursos de agua, debido a la fumigación por parte de la empresa ‘Don Pano’ con agrotóxicos desde hace aproximadamente 10 años, variando los mismos de acuerdo a la rotación de cultivo que hace la mencionada empresa”.
En la presentación los pobladores identificaron a los lugares afectados como lote 4 de Campo Nuevo, lotes 100, 101, 73 y 45 de Campo Medina. Los vecinos además indicaron que cada vez que se realizan pulverizaciones en los campos de Eurnekian “se perciben olores insoportables, se registran mortandad de animales y chicos con manchas en la piel”.
Los vecinos solicitaron a los diputados que integran la Comisión que intercedan “de manera urgente a fin de que dichas fumigaciones, en virtud de que los daños son irreparables sobre bienes y personas”. El diputado de Proyecto Sur, Carlos Martínez, al término del encuentro informó que la comisión correrá traslado de esa denuncia al órgano de aplicación de esa de la Ley de biocida que es el ministerio de la Producción y Ambiente.
Esta no es la primera vez que se denuncia la actividad de Eurnekian en tierras chaqueñas. En 2006, la organización ambientalista Greenpeace escrachó al dueño de Aeropuertos Argentina 2000 en su propia estancia de Pampa del Indio cuestionándolo por el desmonte que se estaba realizando en la zona.
“Eurnekián: Matar al bosque no es negocio”, decía la bandera de 60 por 25 metros que se desplegó en esa oportunidad. El empresario había sido denunciado por la organización ecologista en un informe titulado “Desmontes S.A.”, en el que se lo acusó de ser el responsable de desmontes ilegales en 4 mil hectáreas.
Fecha de Publicación: 13/11/2010
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Un grupo de pobladores informaron a la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura que los agrotóxicos que se pulverizan en la estancia “Don Panos”, de Eduardo Eurnekian, afectan desde hace 10 años a la salud y al ambiente.
Vecinos y productores indígenas de Campo Medina y de lotes aledaños a Pampa del Indio denunciaron que la pulverización de agroquímicos que se realiza periódicamente en la estancia sojera “Don Panos” propiedad del empresario, Eduardo Eurnekián, está afectando no sólo las plantaciones que allí se realizan sino también a las personas y a los animales de la zona.
La denuncia fue radicada ante la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura provincial y está firmada por los pobladores Mariano Peñaloza, Simón González, Enrique Napoleón Tomas, Santos López y Juan Bautista Capra. En la nota, los pobladores denuncian los “severos daños sobre personas, animales, plantaciones y cursos de agua, debido a la fumigación por parte de la empresa ‘Don Pano’ con agrotóxicos desde hace aproximadamente 10 años, variando los mismos de acuerdo a la rotación de cultivo que hace la mencionada empresa”.
En la presentación los pobladores identificaron a los lugares afectados como lote 4 de Campo Nuevo, lotes 100, 101, 73 y 45 de Campo Medina. Los vecinos además indicaron que cada vez que se realizan pulverizaciones en los campos de Eurnekian “se perciben olores insoportables, se registran mortandad de animales y chicos con manchas en la piel”.
Los vecinos solicitaron a los diputados que integran la Comisión que intercedan “de manera urgente a fin de que dichas fumigaciones, en virtud de que los daños son irreparables sobre bienes y personas”. El diputado de Proyecto Sur, Carlos Martínez, al término del encuentro informó que la comisión correrá traslado de esa denuncia al órgano de aplicación de esa de la Ley de biocida que es el ministerio de la Producción y Ambiente.
Esta no es la primera vez que se denuncia la actividad de Eurnekian en tierras chaqueñas. En 2006, la organización ambientalista Greenpeace escrachó al dueño de Aeropuertos Argentina 2000 en su propia estancia de Pampa del Indio cuestionándolo por el desmonte que se estaba realizando en la zona.
“Eurnekián: Matar al bosque no es negocio”, decía la bandera de 60 por 25 metros que se desplegó en esa oportunidad. El empresario había sido denunciado por la organización ecologista en un informe titulado “Desmontes S.A.”, en el que se lo acusó de ser el responsable de desmontes ilegales en 4 mil hectáreas.
EE.UU. vienen investigar uso de agroquímicos
Estadounidenses investigan el uso de agroquímicos y las malformaciones
Fecha de Publicación: 12/11/2010
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Misiones
Un grupo de profesionales, integrado por médicos y abogados de Estados Unidos y abogados de Buenos Aires, llegaron a esta localidad para avanzar en la investigación sobre el uso de agroquímicos y su relación con la malformación genética de niños.
Eligieron San Vicente, porque según una investigación particular, en esta localidad y zonas aledañas hay cientos de casos de chicos con malformaciones genéticas, relacionadas con el uso de agroquímicos.
Ayer por la mañana, en el hotel donde se hospedaron, los profesionales vieron a chicos de la zona y por la tarde recorrieron algunas colonias.
El grupo está integrado por el médico Bryan Hall y los abogados Steven Phillips, Dave Strouss, Diane Paolicelli, Peter Kraus y Zach Haupt del estudio Bifferato Llc, además de los letrados Esteban Mustapich y Alejandro Capilla.
Algunos de ellos ya habían venido a Misiones en abril de este año, y para otros es la primera vez que pisan la tierra colorada. Hoy a la noche prevén entrevistarse con el médico e investigador sobre este tema, Hugo Demaio, en la capital provincial.
Investigación particular
Raúl Godoy dijo a El Territorio que nació en San Vicente y cuando tenía ocho años se fue a vivir a Buenos Aires, pero con frecuencia volvía a visitar a su madre. En esas visitas le llamó la atención la cantidad de chicos que veía con malformaciones genéticas, situación que lo empezó a inquietar y no dudó en comenzar a investigar en forma particular en 2001. Luego se contactó con los médicos Hugo Demaio y Andrés Carrasco, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet), quienes ya habían avanzado sobre ese tema.
Según sus apreciaciones, entre los agroquímicos más tóxicos que se utilizaban con frecuencia en Misiones están el Furadán, el Roundup y el bromuro de metilo. Tras relevar varios datos, hace dos años, llevó los casos a los abogados Esteban Mustapich y Alejandro Capilla, quienes, a su vez, se contactaron con un estudio de abogados de Estados Unidos. Godoy precisó que es un tema complejo. “Vinieron cuatro estudios (de abogados) de Estados Unidos pero no quisieron investigar, porque se necesita mucha plata para venir a investigar y hacer el juicio. Ahora sí vino este estudio, que es muy bueno”, indicó.
“En la zona de San Vicente, San Pedro y Colonia Paraíso hay 118 casos registrados”, señaló Godoy, y agradeció la colaboración de Kike Nacimento, a la vez consideró que en Misiones serían unos 3.000 los casos de chicos con malformaciones, nacidos en su mayoría en la década de los 90. No obstante señaló que hay más casos en Leandro N. Alem y 25 de Mayo.
Según manifestó Godoy, luego de las investigaciones realizarán una demanda judicial a las empresas que operan con agroquímicos: Dupont, Monsanto y Bayer, de Norteamérica y Alemania.
La intensidad y la cantidad
El abogado Alejandro Capilla manifestó que es algo insólito la cantidad de casos.
“Ver la cantidad de chicos con problemas es enorme, a causa de los venenos que se usan en las plantaciones”, dijo y sostuvo que “lo que se investiga es la toxicidad y la capacidad de causar malformaciones por exposiciones prolongadas en un determinado tiempo”. En este sentido, el abogado Steven Phillips, explicó a El Territorio que en Estados Unidos se usa glifosato pero la intensidad es menos del 2%, mientras que en Sudamérica es del 43%.
Además, “allá se usa en grandes extensiones donde la gente no vive, acá los campos son pequeños y la gente vive ahí. También allá las madres no trabajan con el producto, acá trabajan incluso estando embarazadas”. Incluso sostuvo que “la cantidad de gente que posee problemas en Misiones es mayor que en cualquier otro lado de Argentina. Estos números se dan en las chacras tabacaleras y no en otro lugar”.
Según el abogado norteamericano, las madres pueden ser afectadas por los venenos de tres formas: en contacto con la piel, inhalación e ingestión. Las malformaciones pueden ser genéticas, cuando está afectado el esperma del padre o el ovario de la madre.
Otra forma es cuando la madre está embarazada y el producto atraviesa la placenta y llega al bebé, por lo que afecta el desarrollo y la formación de órganos. En algunos casos genera nacimientos prematuros y otras complicaciones. La otra forma es por contacto con la piel, cuando se fumiga o se prepara el producto, con exposición de la piel. Otra vía es la inhalación, cuando se pulveriza y va a los pulmones y a la sangre. Y por último por ingerir.
Consultados por las licencias autorizadas que tienen los productos agroquímicos y las empresas que las fabrican y comercializan, Steven Phillips puntualizó que en algunos casos “las empresas no son honestas, ni acá, ni en Estados Unidos. Hay cientos de productos que obtuvieron licencias y tienen problemas, y no fueron estudiados. Además sobre muchos de estos productos las compañías no le dan la información correcta al usuario sobre el uso”.
Steven aseguró que “tenemos documentos internos de compañías que dicen que no tiene sentido darles explicaciones a los colonos porque no entenderían o no seguirían las instrucciones”.
Fecha de Publicación: 12/11/2010
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Misiones
Un grupo de profesionales, integrado por médicos y abogados de Estados Unidos y abogados de Buenos Aires, llegaron a esta localidad para avanzar en la investigación sobre el uso de agroquímicos y su relación con la malformación genética de niños.
Eligieron San Vicente, porque según una investigación particular, en esta localidad y zonas aledañas hay cientos de casos de chicos con malformaciones genéticas, relacionadas con el uso de agroquímicos.
Ayer por la mañana, en el hotel donde se hospedaron, los profesionales vieron a chicos de la zona y por la tarde recorrieron algunas colonias.
El grupo está integrado por el médico Bryan Hall y los abogados Steven Phillips, Dave Strouss, Diane Paolicelli, Peter Kraus y Zach Haupt del estudio Bifferato Llc, además de los letrados Esteban Mustapich y Alejandro Capilla.
Algunos de ellos ya habían venido a Misiones en abril de este año, y para otros es la primera vez que pisan la tierra colorada. Hoy a la noche prevén entrevistarse con el médico e investigador sobre este tema, Hugo Demaio, en la capital provincial.
Investigación particular
Raúl Godoy dijo a El Territorio que nació en San Vicente y cuando tenía ocho años se fue a vivir a Buenos Aires, pero con frecuencia volvía a visitar a su madre. En esas visitas le llamó la atención la cantidad de chicos que veía con malformaciones genéticas, situación que lo empezó a inquietar y no dudó en comenzar a investigar en forma particular en 2001. Luego se contactó con los médicos Hugo Demaio y Andrés Carrasco, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet), quienes ya habían avanzado sobre ese tema.
Según sus apreciaciones, entre los agroquímicos más tóxicos que se utilizaban con frecuencia en Misiones están el Furadán, el Roundup y el bromuro de metilo. Tras relevar varios datos, hace dos años, llevó los casos a los abogados Esteban Mustapich y Alejandro Capilla, quienes, a su vez, se contactaron con un estudio de abogados de Estados Unidos. Godoy precisó que es un tema complejo. “Vinieron cuatro estudios (de abogados) de Estados Unidos pero no quisieron investigar, porque se necesita mucha plata para venir a investigar y hacer el juicio. Ahora sí vino este estudio, que es muy bueno”, indicó.
“En la zona de San Vicente, San Pedro y Colonia Paraíso hay 118 casos registrados”, señaló Godoy, y agradeció la colaboración de Kike Nacimento, a la vez consideró que en Misiones serían unos 3.000 los casos de chicos con malformaciones, nacidos en su mayoría en la década de los 90. No obstante señaló que hay más casos en Leandro N. Alem y 25 de Mayo.
Según manifestó Godoy, luego de las investigaciones realizarán una demanda judicial a las empresas que operan con agroquímicos: Dupont, Monsanto y Bayer, de Norteamérica y Alemania.
La intensidad y la cantidad
El abogado Alejandro Capilla manifestó que es algo insólito la cantidad de casos.
“Ver la cantidad de chicos con problemas es enorme, a causa de los venenos que se usan en las plantaciones”, dijo y sostuvo que “lo que se investiga es la toxicidad y la capacidad de causar malformaciones por exposiciones prolongadas en un determinado tiempo”. En este sentido, el abogado Steven Phillips, explicó a El Territorio que en Estados Unidos se usa glifosato pero la intensidad es menos del 2%, mientras que en Sudamérica es del 43%.
Además, “allá se usa en grandes extensiones donde la gente no vive, acá los campos son pequeños y la gente vive ahí. También allá las madres no trabajan con el producto, acá trabajan incluso estando embarazadas”. Incluso sostuvo que “la cantidad de gente que posee problemas en Misiones es mayor que en cualquier otro lado de Argentina. Estos números se dan en las chacras tabacaleras y no en otro lugar”.
Según el abogado norteamericano, las madres pueden ser afectadas por los venenos de tres formas: en contacto con la piel, inhalación e ingestión. Las malformaciones pueden ser genéticas, cuando está afectado el esperma del padre o el ovario de la madre.
Otra forma es cuando la madre está embarazada y el producto atraviesa la placenta y llega al bebé, por lo que afecta el desarrollo y la formación de órganos. En algunos casos genera nacimientos prematuros y otras complicaciones. La otra forma es por contacto con la piel, cuando se fumiga o se prepara el producto, con exposición de la piel. Otra vía es la inhalación, cuando se pulveriza y va a los pulmones y a la sangre. Y por último por ingerir.
Consultados por las licencias autorizadas que tienen los productos agroquímicos y las empresas que las fabrican y comercializan, Steven Phillips puntualizó que en algunos casos “las empresas no son honestas, ni acá, ni en Estados Unidos. Hay cientos de productos que obtuvieron licencias y tienen problemas, y no fueron estudiados. Además sobre muchos de estos productos las compañías no le dan la información correcta al usuario sobre el uso”.
Steven aseguró que “tenemos documentos internos de compañías que dicen que no tiene sentido darles explicaciones a los colonos porque no entenderían o no seguirían las instrucciones”.
La minería se coló en la agenda oficial
La minería se coló en la agenda oficial
Fecha de Publicación: 12/11/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
La presidenta mantuvo su única reunión bilateral en el G20 durante la tarde del jueves en Corea del Sur (doce horas menos en la Argentina): fue con el primer ministro de Canadá , Stephen Harper. Fuentes oficiales habían dicho que Harper quería tratar, entre otros temas, las cuestiones relativas a la minería , ya que la principal minera del país, Barrick Gold , es de origen canadiense. El Gobierno esperaba que ese tema, urticante para la administración K debido a su zigzagueante postura frente a la explotación minera , no se tratara y que menos trascendiera a los medios. El canciller, Héctor Timerman, estuvo presente en el encuentro con Harper, igual que el ministro de Economía, Amado Boudou. La reunión giró sobre dos temas centrales: el G-20 y un reclamo judicial por un resarcimiento por 60 millones de dólares que el ScotiaBank le reclama a nuestro país desde que dejó de operar en la Argentina, en el 2002.
Los funcionarios explicaron que el Gobierno aceptaría pagarle al ScotiaBank una cifra que deberá salir de una auditoría, mientras que esa entidad desistiría de los juicios que le había iniciado al país.
Fecha de Publicación: 12/11/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
La presidenta mantuvo su única reunión bilateral en el G20 durante la tarde del jueves en Corea del Sur (doce horas menos en la Argentina): fue con el primer ministro de Canadá , Stephen Harper. Fuentes oficiales habían dicho que Harper quería tratar, entre otros temas, las cuestiones relativas a la minería , ya que la principal minera del país, Barrick Gold , es de origen canadiense. El Gobierno esperaba que ese tema, urticante para la administración K debido a su zigzagueante postura frente a la explotación minera , no se tratara y que menos trascendiera a los medios. El canciller, Héctor Timerman, estuvo presente en el encuentro con Harper, igual que el ministro de Economía, Amado Boudou. La reunión giró sobre dos temas centrales: el G-20 y un reclamo judicial por un resarcimiento por 60 millones de dólares que el ScotiaBank le reclama a nuestro país desde que dejó de operar en la Argentina, en el 2002.
Los funcionarios explicaron que el Gobierno aceptaría pagarle al ScotiaBank una cifra que deberá salir de una auditoría, mientras que esa entidad desistiría de los juicios que le había iniciado al país.
Botnia: Una reunión con mal olor
Una reunión con mal olor
Fecha de Publicación: 11/11/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
“Desecharon el setenta por ciento de nuestro esquema”, explicaron en la delegación argentina sobre las dificultades para llegar a un acuerdo con Uruguay sobre las condiciones del monitoreo del río y de la pastera de origen finlandés.
Los científicos argentinos y uruguayos encargados de diseñar el plan de monitoreo conjunto para UPM-Botnia se volverán a reunir hoy, en Montevideo. Aunque lo pautado era que este viernes presentaran el programa sobre cómo controlar a la pastera, la realidad es que tras sesenta días de discusiones a puertas cerradas no tuvieron acuerdo sobre prácticamente nada. La propuesta de monitoreo presentada por la Argentina fue contestada ayer por los uruguayos con una contrapropuesta que rechaza sus puntos claves. “Desecharon el 70 por ciento de nuestro esquema”, resumió una fuente calificada a PáginaII2 . Así las cosas, la reunión de hoy es poco prometedora. El compromiso que firmaron los presidentes Cristina Kirchner y José Mujica para que los dos países vigilen que el río no se contamine parece cada vez más lejos de hacerse realidad.
Como se recordará, los mandatarios firmaron en julio, después de siete años de conflicto por la pastera, un acuerdo para hacer el monitoreo binacional. Para hacerlo posible, el gobierno argentino concedió que los controles no se limitaran a UPM-Botnia, sino que abarcaran a todas las industrias instaladas sobre el río Uruguay, incluidas las del lado argentino. El modo de hacerlo, acordaron también, sería que un comité de cuatro científicos, dos argentinos y dos uruguayos diseñaran el plan de monitoreo y lo pusieran en práctica.
El comité se constituyó el 2 de septiembre y desde entonces los científicos tuvieron reuniones periódicas en las dos cancillerías y en la sede de la Comisión Administradora de Río Uruguay (CARU), pero sus encuentros de trabajo resultaron muy complicados. Los representantes uruguayos pusieron objeciones a la mayoría de las propuestas; por ejemplo, no se mostraron dispuestos a aceptar la instalación de sensores en el interior de la planta que registraran de manera continua el estado de los efluentes y emanaciones, pusieron reparos para entregar a sus pares argentinos información técnica y empantanaron la negociación con discusiones sobre cómo se debía interpretar el acuerdo firmado por los presidentes y el marco de trabajo que les dieron los cancilleres (indicaciones que quedaron por escrito en las llamadas Notas Reversales).
En este clima, los cuatro científicos hicieron una visita a UPM-Botnia para tener un conocimiento directo de la planta. Los dos representantes argentinos son reconocidos por su formación académica, pero tienen además experiencia en hacer inspecciones a industrias. Guillermo Lyons, especialista en procesos industriales, es el director nacional de Control Ambiental (en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable), y su par Juan Carlos Colombo, especialista en química y ecología, fue quien coordinó el trabajo de los científicos que reunieron las pruebas presentadas ante la Corte Internacional de La Haya.
La recorrida por el interior de la pastera estaba pautada en los acuerdos entre los dos países. Los científicos pudieron entrar por primera vez a la planta, aunque no los dejaron llevar cámara de fotos ni filmadora, como tampoco tomar ninguna muestra; la empresa sólo aceptó sacar ella misma las fotografías que le fueran pidiendo. En esa visita el dúo argentino encontró un panorama preocupante, ya que observaron que los efluentes líquidos no están siendo tratados de acuerdo con lo que establecen las normas ambientales básicas (la legislación uruguaya, al igual que la argentina, fijan una serie de medidas para todas las industrias en lo relativo a cómo deben tratar sus desechos). Tal como reveló PáginaII2 la semana pasada, Colombo y Lyons redactaron un informe en el que advirtieron de la situación a la Cancillería.
Con el correr de los días las cosas no mejoraron. Los científicos argentinos presentaron a los uruguayos una propuesta de monitoreo, que los uruguayos se demoraron en contestar. El dos de noviembre, cuando vencía el plazo para presentar el plan de vigilancia consensuado, el canciller Luis Almagro pidió diez días de prórroga. Su par argentino, Héctor Timerman, aceptó la postergación, pero sin ocultar su molestia con la situación. “Le envié al presidente Mujica el proyecto de monitoreo para que lo evalúe. Uruguay no presentó nada en 60 días, por eso pidió 10 días más”, blanqueó por Twitter.
La contrapropuesta uruguaya llegó finalmente ayer. Aunque su contenido no fue dado a conocer, este diario pudo saber que no conformó a los científicos argentinos y que la posibilidad de un acuerdo es evaluada como improbable. Como la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), de la que depende el comité científico, funciona por consenso, de no haberlo el tema pasará de nuevo a manos de los cancilleres.
Fecha de Publicación: 11/11/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
“Desecharon el setenta por ciento de nuestro esquema”, explicaron en la delegación argentina sobre las dificultades para llegar a un acuerdo con Uruguay sobre las condiciones del monitoreo del río y de la pastera de origen finlandés.
Los científicos argentinos y uruguayos encargados de diseñar el plan de monitoreo conjunto para UPM-Botnia se volverán a reunir hoy, en Montevideo. Aunque lo pautado era que este viernes presentaran el programa sobre cómo controlar a la pastera, la realidad es que tras sesenta días de discusiones a puertas cerradas no tuvieron acuerdo sobre prácticamente nada. La propuesta de monitoreo presentada por la Argentina fue contestada ayer por los uruguayos con una contrapropuesta que rechaza sus puntos claves. “Desecharon el 70 por ciento de nuestro esquema”, resumió una fuente calificada a PáginaII2 . Así las cosas, la reunión de hoy es poco prometedora. El compromiso que firmaron los presidentes Cristina Kirchner y José Mujica para que los dos países vigilen que el río no se contamine parece cada vez más lejos de hacerse realidad.
Como se recordará, los mandatarios firmaron en julio, después de siete años de conflicto por la pastera, un acuerdo para hacer el monitoreo binacional. Para hacerlo posible, el gobierno argentino concedió que los controles no se limitaran a UPM-Botnia, sino que abarcaran a todas las industrias instaladas sobre el río Uruguay, incluidas las del lado argentino. El modo de hacerlo, acordaron también, sería que un comité de cuatro científicos, dos argentinos y dos uruguayos diseñaran el plan de monitoreo y lo pusieran en práctica.
El comité se constituyó el 2 de septiembre y desde entonces los científicos tuvieron reuniones periódicas en las dos cancillerías y en la sede de la Comisión Administradora de Río Uruguay (CARU), pero sus encuentros de trabajo resultaron muy complicados. Los representantes uruguayos pusieron objeciones a la mayoría de las propuestas; por ejemplo, no se mostraron dispuestos a aceptar la instalación de sensores en el interior de la planta que registraran de manera continua el estado de los efluentes y emanaciones, pusieron reparos para entregar a sus pares argentinos información técnica y empantanaron la negociación con discusiones sobre cómo se debía interpretar el acuerdo firmado por los presidentes y el marco de trabajo que les dieron los cancilleres (indicaciones que quedaron por escrito en las llamadas Notas Reversales).
En este clima, los cuatro científicos hicieron una visita a UPM-Botnia para tener un conocimiento directo de la planta. Los dos representantes argentinos son reconocidos por su formación académica, pero tienen además experiencia en hacer inspecciones a industrias. Guillermo Lyons, especialista en procesos industriales, es el director nacional de Control Ambiental (en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable), y su par Juan Carlos Colombo, especialista en química y ecología, fue quien coordinó el trabajo de los científicos que reunieron las pruebas presentadas ante la Corte Internacional de La Haya.
La recorrida por el interior de la pastera estaba pautada en los acuerdos entre los dos países. Los científicos pudieron entrar por primera vez a la planta, aunque no los dejaron llevar cámara de fotos ni filmadora, como tampoco tomar ninguna muestra; la empresa sólo aceptó sacar ella misma las fotografías que le fueran pidiendo. En esa visita el dúo argentino encontró un panorama preocupante, ya que observaron que los efluentes líquidos no están siendo tratados de acuerdo con lo que establecen las normas ambientales básicas (la legislación uruguaya, al igual que la argentina, fijan una serie de medidas para todas las industrias en lo relativo a cómo deben tratar sus desechos). Tal como reveló PáginaII2 la semana pasada, Colombo y Lyons redactaron un informe en el que advirtieron de la situación a la Cancillería.
Con el correr de los días las cosas no mejoraron. Los científicos argentinos presentaron a los uruguayos una propuesta de monitoreo, que los uruguayos se demoraron en contestar. El dos de noviembre, cuando vencía el plazo para presentar el plan de vigilancia consensuado, el canciller Luis Almagro pidió diez días de prórroga. Su par argentino, Héctor Timerman, aceptó la postergación, pero sin ocultar su molestia con la situación. “Le envié al presidente Mujica el proyecto de monitoreo para que lo evalúe. Uruguay no presentó nada en 60 días, por eso pidió 10 días más”, blanqueó por Twitter.
La contrapropuesta uruguaya llegó finalmente ayer. Aunque su contenido no fue dado a conocer, este diario pudo saber que no conformó a los científicos argentinos y que la posibilidad de un acuerdo es evaluada como improbable. Como la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), de la que depende el comité científico, funciona por consenso, de no haberlo el tema pasará de nuevo a manos de los cancilleres.
Contaminación del Salí-Dulce sin avances
Afirman que “no se avanzó lo suficiente” en la contaminación del Salí-Dulce
Fecha de Publicación: 10/11/2010
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Salta - Tucumán - Córdoba - Santiago del Estero
El titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, expuso ante la Comisión bicameral del Congreso el informe de lo actuado por el organismo durante 2009 y detalló algunas de las acciones realizadas durante 2010.
La contaminación de la cuenca del río “Salí Dulce” por parte de empresas frigoríficas, azucareras y citrícolas, fue uno de los puntos importantes sobre los que expuso y detalló que demandó en 2009 la atención de los defensores provinciales de Salta, Tucumán, Córdoba y Santiago del Estero quienes actualmente continúan trabajando para que se presione a las empresas para que controlen sus desechos.
Sobre este punto, Sella reconoció que “aun no se ha avanzado lo suficiente” y aseguró que esta cuestión “será un tema prioritario a tratar en 2011 para lograr una rápida y definitiva solución al conflicto”.
Fecha de Publicación: 10/11/2010
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Salta - Tucumán - Córdoba - Santiago del Estero
El titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, expuso ante la Comisión bicameral del Congreso el informe de lo actuado por el organismo durante 2009 y detalló algunas de las acciones realizadas durante 2010.
La contaminación de la cuenca del río “Salí Dulce” por parte de empresas frigoríficas, azucareras y citrícolas, fue uno de los puntos importantes sobre los que expuso y detalló que demandó en 2009 la atención de los defensores provinciales de Salta, Tucumán, Córdoba y Santiago del Estero quienes actualmente continúan trabajando para que se presione a las empresas para que controlen sus desechos.
Sobre este punto, Sella reconoció que “aun no se ha avanzado lo suficiente” y aseguró que esta cuestión “será un tema prioritario a tratar en 2011 para lograr una rápida y definitiva solución al conflicto”.
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