Problema crónico: ¿dónde ponemos la basura?
19:17 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Un problema crónico y un dilema sin respuesta: ¿dónde ponemos la basura?
Fecha de Publicación: 20/10/2010
Fuente: El Día
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
El paro que cumplieron los trabajadores de la Ceamse registra, sin duda, contaminaciones políticas, que incluyen la gravitación directa de Hugo Moyano en las decisiones del gremio de ese personal; y tiene que ver también con intereses corporativos que apuntan a que el actual sistema de disposición final de los residuos (desarrollado por un ente estatal del que participan los gobiernos bonaerense, porteño y de los municipios del Conurbano y de nuestra región, a través de representantes políticos) no sea reemplazado por sistemas operados por el sector privado (ver pág. 10). Pero el conflicto se desarrolla sobre una problemática crónica, compleja y que, a juzgar por lo que viene ocurriendo desde hace años, parece atorada en un callejón sin salida.
El sistema de enterramiento de la basura ideado hace 30 años para una región que hoy tiene unos 15 millones de habitantes registró su primer colapso hace seis años, cuando hubo que cerrar el relleno de Villa Domínico, en Avellaneda, porque la contaminación se había tornado insostenible.
El área produce actualmente 15 mil toneladas diarias de residuos, un volumen que, lejos de ir descendiendo mediante prometidos mecanismos de separación y reciclado, viene en constante aumento. Todo ese caudal de basura se vuelca en tres predios de la Ceamse: uno en José L. Suárez, que recibe 12.400 toneladas de la capital federal (5.000 tn) y el norte-oeste del Conurbano; otro en González Catán (La Matanza), para el sur del Conurbano (1.400 toneladas); y el de Punta Lara, para nuestra región (700 toneladas).
Pero los rellenos de Catán y Punta Lara ya colapsaron hace más de dos años; tanto que sobre el de nuestra región pesa una orden de cierre de la Suprema Corte y el de La Matanza también está bajo intimación judicial de clausura. Y los especialistas dicen que falta muy poco para que el de zona norte también se sature.
El tema es que, aunque hace más de una década que se conocía esta problemática, desde los gobiernos nada se ha hecho para superarla. Y la gente también juega un rol clave. Hace cinco años se dictó una ley provincial que apunta a mantener el sistema de enterramiento y a abrir nuevos rellenos para ir cerrando los actuales. Pero los pocos intentos que hubo de definir localizaciones de esos predios -como una zona de Brandsen- se encontraron con durísimas protestas de rechazo de los vecinos.
Así, la cantidad de basura producida crece cada día; no parece haber lugar alguno donde la gente no vaya a rechazar un relleno; y el gobierno se muestra totalmente paralizado, sin atinar a definir nuevos sistemas -la decisión de las comunas de nuestra región de crear un sistema sin enterramiento es una saludable excepción- y sin saber dónde poner la basura.
Fecha de Publicación: 20/10/2010
Fuente: El Día
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
El paro que cumplieron los trabajadores de la Ceamse registra, sin duda, contaminaciones políticas, que incluyen la gravitación directa de Hugo Moyano en las decisiones del gremio de ese personal; y tiene que ver también con intereses corporativos que apuntan a que el actual sistema de disposición final de los residuos (desarrollado por un ente estatal del que participan los gobiernos bonaerense, porteño y de los municipios del Conurbano y de nuestra región, a través de representantes políticos) no sea reemplazado por sistemas operados por el sector privado (ver pág. 10). Pero el conflicto se desarrolla sobre una problemática crónica, compleja y que, a juzgar por lo que viene ocurriendo desde hace años, parece atorada en un callejón sin salida.
El sistema de enterramiento de la basura ideado hace 30 años para una región que hoy tiene unos 15 millones de habitantes registró su primer colapso hace seis años, cuando hubo que cerrar el relleno de Villa Domínico, en Avellaneda, porque la contaminación se había tornado insostenible.
El área produce actualmente 15 mil toneladas diarias de residuos, un volumen que, lejos de ir descendiendo mediante prometidos mecanismos de separación y reciclado, viene en constante aumento. Todo ese caudal de basura se vuelca en tres predios de la Ceamse: uno en José L. Suárez, que recibe 12.400 toneladas de la capital federal (5.000 tn) y el norte-oeste del Conurbano; otro en González Catán (La Matanza), para el sur del Conurbano (1.400 toneladas); y el de Punta Lara, para nuestra región (700 toneladas).
Pero los rellenos de Catán y Punta Lara ya colapsaron hace más de dos años; tanto que sobre el de nuestra región pesa una orden de cierre de la Suprema Corte y el de La Matanza también está bajo intimación judicial de clausura. Y los especialistas dicen que falta muy poco para que el de zona norte también se sature.
El tema es que, aunque hace más de una década que se conocía esta problemática, desde los gobiernos nada se ha hecho para superarla. Y la gente también juega un rol clave. Hace cinco años se dictó una ley provincial que apunta a mantener el sistema de enterramiento y a abrir nuevos rellenos para ir cerrando los actuales. Pero los pocos intentos que hubo de definir localizaciones de esos predios -como una zona de Brandsen- se encontraron con durísimas protestas de rechazo de los vecinos.
Así, la cantidad de basura producida crece cada día; no parece haber lugar alguno donde la gente no vaya a rechazar un relleno; y el gobierno se muestra totalmente paralizado, sin atinar a definir nuevos sistemas -la decisión de las comunas de nuestra región de crear un sistema sin enterramiento es una saludable excepción- y sin saber dónde poner la basura.
Suprema Corte instó a Scioli a cerrar un relleno
La Suprema Corte instó a Scioli a cerrar un relleno
Fecha de Publicación: 19/10/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires volvió a intimar al gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y a la Ceamse para que, nuevamente, expliquen por qué no se cumplió con el convenio judicial de cierre del relleno sanitario de Punta Lara, en el distrito de Ensenada, informó a LA NACION un vocero de ese supremo tribunal.
Si bien hace poco menos de un mes el Poder Ejecutivo bonaerense presentó su descargo, que en un principio había sido rechazado porque no llevaba la firma del gobernador Scioli, ahora la Corte exige que la administración bonaerense brinde más precisiones sobre el tema, como por ejemplo si se ha determinado alguna ubicación, dentro del territorio de los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada, para la construcción y funcionamiento de una nueva estación de transferencia de residuos. Anoche, voceros oficiales dijeron que la ampliación del documento presentado al máximo tribunal de la provincia se realizará en los próximos días y será entregada en los tiempos que define la Corte.
El principal conflicto entre los vecinos de la región (que piden el cierre definitivo del relleno sanitario de Punta Lara) y la Ceamse estalló durante la gestión del ex gobernador Felipe Solá (2004-2007). Fue entonces cuando se encargaron estudios a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para determinar el estado de ese basurero. Los profesionales de la casa de altos estudios concluyeron que el sistema Ceamse está agotado por degradar el ambiente y sugirieron que se debe realizar una política integral en el manejo de los residuos.
Fue así que, poco antes de terminar su mandato y por pedido de la Justicia, Solá se comprometió a cerrar el predio de Punta Lara. Pero el tiempo pasó, llegó Scioli y el relleno sanitario continúa abierto. Por eso, durante el mes último, agrupaciones ecologistas y vecinos de la región volvieron reclamar el inmediato cierre del establecimiento. También la Corte se hizo eco de esos reclamos y pidió informes para saber por qué no se había cumplido con el compromiso, que volvió a ser puesto bajo la lupa a partir del paro de trabajadores de la Ceamse que pusieron en rojo el sistema de recolección en la Capital y el conurbano.
La Ceamse fue creada en 1977, durante la dictadura militar, a partir de un decreto ley que asoció, por partes iguales, a la provincia de Buenos Aries y a la Capital, y tiene un amplio historial de disputas con organismos ecologistas y vecinos del área metropolitana.
Uno de los conflictos con mayor exposición mediática fue el generado en torno al relleno sanitario más grande del país, situado en Villa Dominico, en Avellaneda. Durante muchos meses agrupaciones ecologistas denunciaron el agotamiento de ese predio y exigieron su clausura, que se concretó en 2003.
Fecha de Publicación: 19/10/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires volvió a intimar al gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y a la Ceamse para que, nuevamente, expliquen por qué no se cumplió con el convenio judicial de cierre del relleno sanitario de Punta Lara, en el distrito de Ensenada, informó a LA NACION un vocero de ese supremo tribunal.
Si bien hace poco menos de un mes el Poder Ejecutivo bonaerense presentó su descargo, que en un principio había sido rechazado porque no llevaba la firma del gobernador Scioli, ahora la Corte exige que la administración bonaerense brinde más precisiones sobre el tema, como por ejemplo si se ha determinado alguna ubicación, dentro del territorio de los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada, para la construcción y funcionamiento de una nueva estación de transferencia de residuos. Anoche, voceros oficiales dijeron que la ampliación del documento presentado al máximo tribunal de la provincia se realizará en los próximos días y será entregada en los tiempos que define la Corte.
El principal conflicto entre los vecinos de la región (que piden el cierre definitivo del relleno sanitario de Punta Lara) y la Ceamse estalló durante la gestión del ex gobernador Felipe Solá (2004-2007). Fue entonces cuando se encargaron estudios a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para determinar el estado de ese basurero. Los profesionales de la casa de altos estudios concluyeron que el sistema Ceamse está agotado por degradar el ambiente y sugirieron que se debe realizar una política integral en el manejo de los residuos.
Fue así que, poco antes de terminar su mandato y por pedido de la Justicia, Solá se comprometió a cerrar el predio de Punta Lara. Pero el tiempo pasó, llegó Scioli y el relleno sanitario continúa abierto. Por eso, durante el mes último, agrupaciones ecologistas y vecinos de la región volvieron reclamar el inmediato cierre del establecimiento. También la Corte se hizo eco de esos reclamos y pidió informes para saber por qué no se había cumplido con el compromiso, que volvió a ser puesto bajo la lupa a partir del paro de trabajadores de la Ceamse que pusieron en rojo el sistema de recolección en la Capital y el conurbano.
La Ceamse fue creada en 1977, durante la dictadura militar, a partir de un decreto ley que asoció, por partes iguales, a la provincia de Buenos Aries y a la Capital, y tiene un amplio historial de disputas con organismos ecologistas y vecinos del área metropolitana.
Uno de los conflictos con mayor exposición mediática fue el generado en torno al relleno sanitario más grande del país, situado en Villa Dominico, en Avellaneda. Durante muchos meses agrupaciones ecologistas denunciaron el agotamiento de ese predio y exigieron su clausura, que se concretó en 2003.
Proponen emergencia en Jujuy por los RSU
Residuos: Baca propone declarar la emergencia
Fecha de Publicación: 18/10/2010
Fuente: El Libertario
Provincia/Región: Jujuy
El Bloque de la Unión Cívica Radical, a través de una iniciativa del diputado Pablo Baca, propuso que se declare la emergencia provincial en materia de recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos por el término de seis meses, atendiendo la problemática existente en todo el territorio provincial. El proyecto tomó estado parlamentario en la sesión del jueves último.
Las acciones a cumplirse dentro de la emergencia propuesta “estarán orientadas al manejo sustentable y ambientalmente sano de los residuos sólidos urbanos, que garanticen la protección de la salud de la población y del ambiente” precisó el legislador quien preside la Comisión de Ecología de la Legislatura.
La declaración de emergencia faculta al Poder Ejecutivo a “adoptar las medidas necesarias de asesoramiento, apoyo y colaboración con las autoridades municipales para el desarrollo de un plan provincial de tratamiento de residuos que contemple sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de residuos que reúnan las necesarias condiciones de calidad y eficacia”.
Además el Poder Ejecutivo deberá “realizar lo necesario para la puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento y disposición final en la localidad de Chanchilllos y diseñar y construir otros centros de disposición final de residuos accesibles en todas las regiones de la provincia”, así como “llevar a cabo la erradicación de los basurales a cielo abierto, basurales clandestinos y microbasurales”.
También el proyecto prevé la realización de “controles a efectos de establecer en qué condiciones se presta el servicio en las distintas municipalidades y comisiones municipales, efectuando un diagnóstico de la situación actual del servicio en los distintos lugares de la provincia”. Prevé asimismo “efectuar un relevamiento para establecer si se hace clasificación de los mismos o si tienen algún otro tipo de tratamiento y el modo en que se lleva a cabo la disposición final de los residuos”.
La emergencia propuesta además incluye el impulso a “la formación de consorcios entre municipalidades para que se asocien en la prestación de ese servicio y optimicen los recursos con que cuentan” y la colaboración con las autoridades municipales para hacer más eficiente los procedimientos de recaudación de la tasa que corresponde por el servicio.
“Realizar convenios de colaboración con municipalidades y comisiones municipales, a través de los cuales puedan dotarse de equipos, herramientas, recursos económicos, etc.; efectuar un relevamiento ambiental de la provincia a fin de establecer los daños que se hubieran causado al ambiente por causa de la indebida disposición de residuos y llevar a cabo las necesarias tareas de remediación; garantizar el adecuado tratamiento y disposición final de los residuos patogénicos” son otras de las facultades que se le asigna al Poder Ejecutivo en el marco de la emergencia.
Finalmente, el proyecto habilita la posibilidad de “modificar partidas presupuestarias y reasignarlas a fin de efectuar contrataciones para la adquisición de herramientas, equipo, realizar estudios, planificar programas y toda otra medida que resulte necesaria” para abordar la problemática planteada.
Los fundamentos del proyecto
Explicó el diputado Pablo Baca que “en la mayoría de los municipios y comisiones municipales, el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos se presta en condiciones deficitarias y directamente incompatibles con la protección de la salud de los vecinos y del ambiente”.
“Las deficiencias se hacen cada vez más notorias y dan lugar a conflictos sociales frente a una comunidad sensibilizada en los temas relacionados con el medio ambiente y el cuidado de la salud. La preocupación tiene que ser compartida por los poderes públicos, dados los problemas que traen consigo la contaminación y degradación del suelo, del aire, y de las aguas superficiales y subterráneas” agregó.
La problemática referida impacta además sobre el turismo que es una actividad económica de relevancia en la región, agregó el legislador radical y observó que urge “enfrentar integralmente los problemas ambientales y sanitarios derivados del crecimiento de la producción y del manejo inadecuado de los residuos y en este sentido la provincia, frente a la gravedad y urgencia de la situación, tiene responsabilidades insoslayables que asumir”.
Entre los problemas existentes –detalló Baca- “tenemos la proliferación de basurales a cielo abierto, basurales clandestinos y microbasurales en distintas áreas urbanas y periurbanas, así como la quema de residuos. En esos basurales es frecuente la presencia de vectores transmisores de enfermedades, la degradación del paisaje y el daño al ambiente. Dado que no se emplean técnicas de confinamiento se trata de zonas en permanente expansión”.
Pero además, añadió Pablo Baca, “si analizamos la prestación del servicio que cumplen la mayoría de las municipalidades y comisiones municipales, es notoria la falta de equipos, herramientas de trabajo e indumentaria, o bien se cuenta con elementos deteriorados y que han dejado de ser aptos para el servicio”.
Por otra parte, señaló el diputado de la UCR que “existen problemas para brindar el servicio de recolección de residuos en todas las zonas donde es requerido y hay también un déficit en las frecuencias de la recolección. Esto lleva en muchos casos a que los particulares dispongan de la basura en cualquier lugar”.
Acotó Baca que actualmente “no se realiza la separación de partes orgánicas para su posterior aprovechamiento. No se presta cuidado con los residuos con bordes cortantes. Los residuos peligrosos son retirados junto con los residuos domiciliarios comunes. Los residuos expuestos a la descomposición biológica se encuentran mezclados en algunos casos con aguas, lo que forman líquido de percolado que posee un potencial elevado de contaminación del agua superficial o subterránea”.
Un párrafo aparte dedicó finalmente Pablo Baca al Municipio de San Salvador de Jujuy que “dispone de un predio para los residuos en la Finca El Pongo que se encuentra ya al límite de sus posibilidades. La ubicación de un lugar alternativo en Chanchillos en este momento se encuentra pendiente de concreción. Como se trata del municipio que mayor cantidad de residuos debe tratar, el problema presenta una especial urgencia”.
Fecha de Publicación: 18/10/2010
Fuente: El Libertario
Provincia/Región: Jujuy
El Bloque de la Unión Cívica Radical, a través de una iniciativa del diputado Pablo Baca, propuso que se declare la emergencia provincial en materia de recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos por el término de seis meses, atendiendo la problemática existente en todo el territorio provincial. El proyecto tomó estado parlamentario en la sesión del jueves último.
Las acciones a cumplirse dentro de la emergencia propuesta “estarán orientadas al manejo sustentable y ambientalmente sano de los residuos sólidos urbanos, que garanticen la protección de la salud de la población y del ambiente” precisó el legislador quien preside la Comisión de Ecología de la Legislatura.
La declaración de emergencia faculta al Poder Ejecutivo a “adoptar las medidas necesarias de asesoramiento, apoyo y colaboración con las autoridades municipales para el desarrollo de un plan provincial de tratamiento de residuos que contemple sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de residuos que reúnan las necesarias condiciones de calidad y eficacia”.
Además el Poder Ejecutivo deberá “realizar lo necesario para la puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento y disposición final en la localidad de Chanchilllos y diseñar y construir otros centros de disposición final de residuos accesibles en todas las regiones de la provincia”, así como “llevar a cabo la erradicación de los basurales a cielo abierto, basurales clandestinos y microbasurales”.
También el proyecto prevé la realización de “controles a efectos de establecer en qué condiciones se presta el servicio en las distintas municipalidades y comisiones municipales, efectuando un diagnóstico de la situación actual del servicio en los distintos lugares de la provincia”. Prevé asimismo “efectuar un relevamiento para establecer si se hace clasificación de los mismos o si tienen algún otro tipo de tratamiento y el modo en que se lleva a cabo la disposición final de los residuos”.
La emergencia propuesta además incluye el impulso a “la formación de consorcios entre municipalidades para que se asocien en la prestación de ese servicio y optimicen los recursos con que cuentan” y la colaboración con las autoridades municipales para hacer más eficiente los procedimientos de recaudación de la tasa que corresponde por el servicio.
“Realizar convenios de colaboración con municipalidades y comisiones municipales, a través de los cuales puedan dotarse de equipos, herramientas, recursos económicos, etc.; efectuar un relevamiento ambiental de la provincia a fin de establecer los daños que se hubieran causado al ambiente por causa de la indebida disposición de residuos y llevar a cabo las necesarias tareas de remediación; garantizar el adecuado tratamiento y disposición final de los residuos patogénicos” son otras de las facultades que se le asigna al Poder Ejecutivo en el marco de la emergencia.
Finalmente, el proyecto habilita la posibilidad de “modificar partidas presupuestarias y reasignarlas a fin de efectuar contrataciones para la adquisición de herramientas, equipo, realizar estudios, planificar programas y toda otra medida que resulte necesaria” para abordar la problemática planteada.
Los fundamentos del proyecto
Explicó el diputado Pablo Baca que “en la mayoría de los municipios y comisiones municipales, el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos se presta en condiciones deficitarias y directamente incompatibles con la protección de la salud de los vecinos y del ambiente”.
“Las deficiencias se hacen cada vez más notorias y dan lugar a conflictos sociales frente a una comunidad sensibilizada en los temas relacionados con el medio ambiente y el cuidado de la salud. La preocupación tiene que ser compartida por los poderes públicos, dados los problemas que traen consigo la contaminación y degradación del suelo, del aire, y de las aguas superficiales y subterráneas” agregó.
La problemática referida impacta además sobre el turismo que es una actividad económica de relevancia en la región, agregó el legislador radical y observó que urge “enfrentar integralmente los problemas ambientales y sanitarios derivados del crecimiento de la producción y del manejo inadecuado de los residuos y en este sentido la provincia, frente a la gravedad y urgencia de la situación, tiene responsabilidades insoslayables que asumir”.
Entre los problemas existentes –detalló Baca- “tenemos la proliferación de basurales a cielo abierto, basurales clandestinos y microbasurales en distintas áreas urbanas y periurbanas, así como la quema de residuos. En esos basurales es frecuente la presencia de vectores transmisores de enfermedades, la degradación del paisaje y el daño al ambiente. Dado que no se emplean técnicas de confinamiento se trata de zonas en permanente expansión”.
Pero además, añadió Pablo Baca, “si analizamos la prestación del servicio que cumplen la mayoría de las municipalidades y comisiones municipales, es notoria la falta de equipos, herramientas de trabajo e indumentaria, o bien se cuenta con elementos deteriorados y que han dejado de ser aptos para el servicio”.
Por otra parte, señaló el diputado de la UCR que “existen problemas para brindar el servicio de recolección de residuos en todas las zonas donde es requerido y hay también un déficit en las frecuencias de la recolección. Esto lleva en muchos casos a que los particulares dispongan de la basura en cualquier lugar”.
Acotó Baca que actualmente “no se realiza la separación de partes orgánicas para su posterior aprovechamiento. No se presta cuidado con los residuos con bordes cortantes. Los residuos peligrosos son retirados junto con los residuos domiciliarios comunes. Los residuos expuestos a la descomposición biológica se encuentran mezclados en algunos casos con aguas, lo que forman líquido de percolado que posee un potencial elevado de contaminación del agua superficial o subterránea”.
Un párrafo aparte dedicó finalmente Pablo Baca al Municipio de San Salvador de Jujuy que “dispone de un predio para los residuos en la Finca El Pongo que se encuentra ya al límite de sus posibilidades. La ubicación de un lugar alternativo en Chanchillos en este momento se encuentra pendiente de concreción. Como se trata del municipio que mayor cantidad de residuos debe tratar, el problema presenta una especial urgencia”.
Impuesto en Córdoba para las "fábricas de agua"
Proponen crear un tributo para proteger las "fábricas de agua"
Fecha de Publicación: 17/10/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Científicos y ONG plantean formar un fondo para compensar a los dueños de las tierras donde se forman los arroyos.
El agua no sobra en esta provincia. La mayor parte de la que consumimos los cordobeses nace en las sierras. Pero somos cada vez más y el agua que “fabrican” nuestras sierras es cada vez menos.
Varios estudios muestran que en los últimos años, en los meses de estación seca, las vertientes serranas aportan menos agua, por efecto de la menor cubierta vegetal (pastizales y bosques nativos). Donde esa vegetación se conserva, la generación de agua sería mayor.
Córdoba ha hecho –y está haciendo– poco y nada por preservar esa fábrica de agua. Sobrepastoreo, incendios y desmontes están entre las causas. Y las zonas declaradas como reservas hídricas por leyes provinciales no se preservan como tales.
En ese marco, y ante la inacción estatal, desde diversos sectores empiezan a plantear ideas para la discusión. ¿Cómo generar recursos para reforestar las sierras altas? ¿Cómo compensar a los dueños serranos que hagan prácticas de preservación para que “vendan” el agua que sus suelos producen y Córdoba necesita?
Desde algunos ámbitos científicos y entidades no gubernamentales empiezan a analizar ideas para generar un fondo provincial que asegure recursos específicos, continuos y controlables con este fin.
Con ese dinero se podría incentivar a dueños de tierras serranas altas a preservar sus suelos. En lugar de vender ganado, por ejemplo, proporcionarían más agua, al cuidar los suelos y sumar más vegetación. O que hagan ambas cosas pero con más equilibrio que hoy.
Otra idea paralela sería que ese fondo le permita al Estado reforestar las decenas de miles de hectáreas en altura ganadas por la erosión.
Desde esta perspectiva, se cita el antecedente del “impuesto al fuego”. El tributo creado años atrás, que pagan todos los cordobeses con la factura de energía, financia el Plan Provincial de Manejo del Fuego y recauda por año unos 45 millones de pesos.
Algunos sugieren algo similar, pero sobre la tarifa de agua. Otros creen que se podría usar parte de ese tributo ya existente, para no despertar antipatías con una nueva tasa.
Cuatro sugerencias
Sandra Díaz. La investigadora especialista en servicios ambientales de la Universidad Nacional de Córdoba y del Conicet advirtió en 2008 que entre otras medidas para garantizar el agua del futuro en Córdoba “es fundamental la protección de la vegetación de las sierras”.
Entonces, la integrante del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 2007, ya sugería la creación de “incentivos, por ejemplo, mediante un mínimo porcentaje de la tarifa de agua potable para destinar a planes de conservación y desarrollo sustentable en las sierras”.
“Destinar una pequeña parte de lo que se paga por agua a ese fin sería posible, mientras se haga muy transparente, creíble y controlable”, agrega. La experta entiende que ese aporte nunca “debería ser para pagar costos de las empresas distribuidoras” y propone fijar un “criterio de trazabilidad”, que permita a la sociedad hacer un seguimiento de cuánto se recauda y en qué se gasta.
Germán Jaacks. La autoridad del Parque Nacional Quebrada del Condorito sostiene que “es hora de asumir el concepto de pagar por los servicios ambientales que se prestan a toda la comunidad”.
“Se podría acordar con dueños en zonas de cuencas para que en vez de una vaca cada dos hectáreas tengan una cada seis, ayudando así a cuidar suelos y vegetación, pero compensándolo por la diferencia. Otras sociedades han llegado a acuerdos de este tipo”, señala.
Jaacks considera que si se creó un fondo para los incendios, por qué no hacer algo similar con el agua, gravando sobre todo a los consumos excesivos. Aunque señala que “la gente podría reclamar por tener un nuevo costo impositivo, compara: “Pagar un costosísimo acueducto desde el Paraná, como sugiere el Gobierno, será mucho más caro e irracional para los contribuyentes que preservar las sierras que ya tenemos fabricando agua”.
Daniel Renison. El biólogo de la UNC y el Conicet viene realizando estudios sobre la relación entre agua y bosques en las sierras. “Es una buena idea generar incentivos, para reconocer a los de la sierra alta como productores de agua”, opina. Tras admitir que puede “sonar utópico” considera que es el camino en el que están avanzando en otros países.
Federico Kopta. El coordinador del Foro Ambiental Córdoba cree que hacen falta recursos para conservar las cuencas degradadas y dar la discusión para asegurarlos.
El biólogo y docente universitario apunta que el Estado hoy no destina fondos a este fin y que la falta de políticas activas ya muestra las consecuencias. Pero a la vez, admite que crear una contribución a cargo de los usuarios “parece complejo porque corre con la desventaja de lo odioso que resulta todo nuevo tributo, aunque sea mínimo”.
Kopta se pregunta si, dado que ya existe el “impuesto al fuego”, no podría destinarse una parte a este nuevo fin. “Ahora se deriva el 30 por ciento de ese tributo a erradicar basurales”, apunta
Kopta se lamenta que el problema se agudice con la nueva ley de bosques nativos, sancionada por la Legislatura cordobesa. “Conspira contra los criterios de conservación de las cuencas hídricas”, asegura.
Fecha de Publicación: 17/10/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Científicos y ONG plantean formar un fondo para compensar a los dueños de las tierras donde se forman los arroyos.
El agua no sobra en esta provincia. La mayor parte de la que consumimos los cordobeses nace en las sierras. Pero somos cada vez más y el agua que “fabrican” nuestras sierras es cada vez menos.
Varios estudios muestran que en los últimos años, en los meses de estación seca, las vertientes serranas aportan menos agua, por efecto de la menor cubierta vegetal (pastizales y bosques nativos). Donde esa vegetación se conserva, la generación de agua sería mayor.
Córdoba ha hecho –y está haciendo– poco y nada por preservar esa fábrica de agua. Sobrepastoreo, incendios y desmontes están entre las causas. Y las zonas declaradas como reservas hídricas por leyes provinciales no se preservan como tales.
En ese marco, y ante la inacción estatal, desde diversos sectores empiezan a plantear ideas para la discusión. ¿Cómo generar recursos para reforestar las sierras altas? ¿Cómo compensar a los dueños serranos que hagan prácticas de preservación para que “vendan” el agua que sus suelos producen y Córdoba necesita?
Desde algunos ámbitos científicos y entidades no gubernamentales empiezan a analizar ideas para generar un fondo provincial que asegure recursos específicos, continuos y controlables con este fin.
Con ese dinero se podría incentivar a dueños de tierras serranas altas a preservar sus suelos. En lugar de vender ganado, por ejemplo, proporcionarían más agua, al cuidar los suelos y sumar más vegetación. O que hagan ambas cosas pero con más equilibrio que hoy.
Otra idea paralela sería que ese fondo le permita al Estado reforestar las decenas de miles de hectáreas en altura ganadas por la erosión.
Desde esta perspectiva, se cita el antecedente del “impuesto al fuego”. El tributo creado años atrás, que pagan todos los cordobeses con la factura de energía, financia el Plan Provincial de Manejo del Fuego y recauda por año unos 45 millones de pesos.
Algunos sugieren algo similar, pero sobre la tarifa de agua. Otros creen que se podría usar parte de ese tributo ya existente, para no despertar antipatías con una nueva tasa.
Cuatro sugerencias
Sandra Díaz. La investigadora especialista en servicios ambientales de la Universidad Nacional de Córdoba y del Conicet advirtió en 2008 que entre otras medidas para garantizar el agua del futuro en Córdoba “es fundamental la protección de la vegetación de las sierras”.
Entonces, la integrante del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 2007, ya sugería la creación de “incentivos, por ejemplo, mediante un mínimo porcentaje de la tarifa de agua potable para destinar a planes de conservación y desarrollo sustentable en las sierras”.
“Destinar una pequeña parte de lo que se paga por agua a ese fin sería posible, mientras se haga muy transparente, creíble y controlable”, agrega. La experta entiende que ese aporte nunca “debería ser para pagar costos de las empresas distribuidoras” y propone fijar un “criterio de trazabilidad”, que permita a la sociedad hacer un seguimiento de cuánto se recauda y en qué se gasta.
Germán Jaacks. La autoridad del Parque Nacional Quebrada del Condorito sostiene que “es hora de asumir el concepto de pagar por los servicios ambientales que se prestan a toda la comunidad”.
“Se podría acordar con dueños en zonas de cuencas para que en vez de una vaca cada dos hectáreas tengan una cada seis, ayudando así a cuidar suelos y vegetación, pero compensándolo por la diferencia. Otras sociedades han llegado a acuerdos de este tipo”, señala.
Jaacks considera que si se creó un fondo para los incendios, por qué no hacer algo similar con el agua, gravando sobre todo a los consumos excesivos. Aunque señala que “la gente podría reclamar por tener un nuevo costo impositivo, compara: “Pagar un costosísimo acueducto desde el Paraná, como sugiere el Gobierno, será mucho más caro e irracional para los contribuyentes que preservar las sierras que ya tenemos fabricando agua”.
Daniel Renison. El biólogo de la UNC y el Conicet viene realizando estudios sobre la relación entre agua y bosques en las sierras. “Es una buena idea generar incentivos, para reconocer a los de la sierra alta como productores de agua”, opina. Tras admitir que puede “sonar utópico” considera que es el camino en el que están avanzando en otros países.
Federico Kopta. El coordinador del Foro Ambiental Córdoba cree que hacen falta recursos para conservar las cuencas degradadas y dar la discusión para asegurarlos.
El biólogo y docente universitario apunta que el Estado hoy no destina fondos a este fin y que la falta de políticas activas ya muestra las consecuencias. Pero a la vez, admite que crear una contribución a cargo de los usuarios “parece complejo porque corre con la desventaja de lo odioso que resulta todo nuevo tributo, aunque sea mínimo”.
Kopta se pregunta si, dado que ya existe el “impuesto al fuego”, no podría destinarse una parte a este nuevo fin. “Ahora se deriva el 30 por ciento de ese tributo a erradicar basurales”, apunta
Kopta se lamenta que el problema se agudice con la nueva ley de bosques nativos, sancionada por la Legislatura cordobesa. “Conspira contra los criterios de conservación de las cuencas hídricas”, asegura.
"En Pascua-Lama se filtrarán desechos"
"Por supuesto que en Pascua-Lama se filtrarán desechos"
Fecha de Publicación: 16/10/2010
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Anoche cerró el Foro Minería y Sociedad, organizado por la UNSJ en dos jornadas que contaron con expositores nacionales e internacionales.
"Tengo que aclarar que conozco muy poco sobre Veladero y a medida que me hago más viejo intento predecir menos el futuro. Los estudios de impacto ambiental siempre predicen el futuro y son optimistas y los consultores no lo hacemos, pero si generalizo sobre mis experiencias, por supuesto que en Pascua-Lama habrá filtraciones de desechos y durante la vida útil de la mina la compañía podrá recuperar las filtraciones a través de pozos. El problema es qué pasará cuando se vaya ¿quién va a pagar para mantener el sitio apropiadamente en un área sísmica? Pascua-Lama tendrá 20 o quizá 35 años de vida útil, pero los desechos permanecerán para siempre". La sentencia es del doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de Texas, Robert Moran, quien expuso ayer al mediodía en el Foro Minería y Sociedad sobre el impacto frecuente de la minería metalífera.
Moran explicó que trabaja hace más de 20 años como asesor en geoquímica y la calidad hídrica para inversores privados, reparticiones gubernamentales y organizaciones ciudadanas y resumió desde su experiencia que "para mí sigue siendo importante que como humanos no sabemos pensar a largo plazo".
El especialista dijo que no está a favor ni en contra de la minería y que sólo traía información de lo que él ha visto para que se saquen conclusiones en el Foro. Trajo al salón del Rectorado varias fotos que mostraban el impacto de la minería en distintos lugares del planeta. Expuso, entre otros, casos como el de una antigua mina de Rumania, una en Nevada (Estados Unidos), una en Bolivia, Guatemala, Honduras, Mongolia, Ganha (Africa) y hasta Siberia. Habló en particular de la rumana, señalando en las imágenes montañas cubiertas con desperdicios de rocas que están llegando a la margen del río, junto con otros comentarios en esos lugares, relacionados con sequía y contaminación.
"¿Hay en verdad un desarrollo sustentable? Jamás he visto una mina sustentable, no digo que no deben aceptar la minería sino que debemos analizar cuáles son los costos que se deben aceptar a cambio", aseguró Moran.
Agregó en su análisis que "el cianuro es un químico extremadamente peligroso si un ser humano es expuesto a eso. Para la minería se usa una solución diluida mezclada con cal. Es mucho menos tóxica, pero si el PH baja demasiado se puede formar a un gas y matar a sus propios trabajadores. El mayor problema que surge en la contaminación del agua es por los metales y metaloides, pero no es verdad decir que el cianuro no es un problema".
Y consultado sobre el caso local en particular dijo que "acá en San Juan no sé los detalles, pero la industria no quiere hacerse responsable de su propia contaminación, entonces debo suponer que el gobierno puede forzarlas a que lo hagan".
Sobre el pago a cambio de la explotación de los minerales, opinó que "no soy experto en regalías e impuestos pero si yo acordara que una mina se estableciera, pediría una ganancia mejor para mí. No sé qué porcentaje sería realista, pero debería ser mucho más alto. Por ejemplo, yo nací en San Francisco, California, donde hay viñedos en todo el Estado y no sería posible políticamente pedir permiso para poner un proyecto minero en la zona".
Fecha de Publicación: 16/10/2010
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Anoche cerró el Foro Minería y Sociedad, organizado por la UNSJ en dos jornadas que contaron con expositores nacionales e internacionales.
"Tengo que aclarar que conozco muy poco sobre Veladero y a medida que me hago más viejo intento predecir menos el futuro. Los estudios de impacto ambiental siempre predicen el futuro y son optimistas y los consultores no lo hacemos, pero si generalizo sobre mis experiencias, por supuesto que en Pascua-Lama habrá filtraciones de desechos y durante la vida útil de la mina la compañía podrá recuperar las filtraciones a través de pozos. El problema es qué pasará cuando se vaya ¿quién va a pagar para mantener el sitio apropiadamente en un área sísmica? Pascua-Lama tendrá 20 o quizá 35 años de vida útil, pero los desechos permanecerán para siempre". La sentencia es del doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de Texas, Robert Moran, quien expuso ayer al mediodía en el Foro Minería y Sociedad sobre el impacto frecuente de la minería metalífera.
Moran explicó que trabaja hace más de 20 años como asesor en geoquímica y la calidad hídrica para inversores privados, reparticiones gubernamentales y organizaciones ciudadanas y resumió desde su experiencia que "para mí sigue siendo importante que como humanos no sabemos pensar a largo plazo".
El especialista dijo que no está a favor ni en contra de la minería y que sólo traía información de lo que él ha visto para que se saquen conclusiones en el Foro. Trajo al salón del Rectorado varias fotos que mostraban el impacto de la minería en distintos lugares del planeta. Expuso, entre otros, casos como el de una antigua mina de Rumania, una en Nevada (Estados Unidos), una en Bolivia, Guatemala, Honduras, Mongolia, Ganha (Africa) y hasta Siberia. Habló en particular de la rumana, señalando en las imágenes montañas cubiertas con desperdicios de rocas que están llegando a la margen del río, junto con otros comentarios en esos lugares, relacionados con sequía y contaminación.
"¿Hay en verdad un desarrollo sustentable? Jamás he visto una mina sustentable, no digo que no deben aceptar la minería sino que debemos analizar cuáles son los costos que se deben aceptar a cambio", aseguró Moran.
Agregó en su análisis que "el cianuro es un químico extremadamente peligroso si un ser humano es expuesto a eso. Para la minería se usa una solución diluida mezclada con cal. Es mucho menos tóxica, pero si el PH baja demasiado se puede formar a un gas y matar a sus propios trabajadores. El mayor problema que surge en la contaminación del agua es por los metales y metaloides, pero no es verdad decir que el cianuro no es un problema".
Y consultado sobre el caso local en particular dijo que "acá en San Juan no sé los detalles, pero la industria no quiere hacerse responsable de su propia contaminación, entonces debo suponer que el gobierno puede forzarlas a que lo hagan".
Sobre el pago a cambio de la explotación de los minerales, opinó que "no soy experto en regalías e impuestos pero si yo acordara que una mina se estableciera, pediría una ganancia mejor para mí. No sé qué porcentaje sería realista, pero debería ser mucho más alto. Por ejemplo, yo nací en San Francisco, California, donde hay viñedos en todo el Estado y no sería posible políticamente pedir permiso para poner un proyecto minero en la zona".
Riachuelo: Inaugurarán el segundo laboratorio
Riachuelo: Inaugurarán el segundo laboratorio toxicológico
Fecha de Publicación: 15/10/2010
Fuente: Prensa Argentina
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
La Acumar, autoridad encargada de revertir la contaminación en la Cuenca Matanza-Riachuelo, presentará hoy un laboratorio que realizará estudios de alta complejidad. Participarán del encuentro miembros del gobierno nacional, provincial y municipios comprometidos con el proyecto.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) inaugurará hoy el segundo laboratorio de la Red de Laboratorios Toxicológicos para realizar estudios de alta complejidad, en la Cátedra de Toxicología y Química Legal (Cenatoxa) de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.
El acto de apertura está pactado para las 10:00 en la sede de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y contará con la presencia del rector de la Universidad de Buenos Aires, Rubén Hallú y del secretario de Medio Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, quien también es presidente de la Acumar.
Según se informó, ya se invirtieron unos $7,8 millones en los cuatro laboratorios, con el objetivo de realizar un análisis exhaustivo y sistemático del impacto que causa en la salud de la población de la Cuenca Matanza-Riachuelo determinados contaminantes ambientales.
La Red de Laboratorios Toxicológicos permitirá realizar estudios de alta complejidad con tecnología innovadora en el ámbito de la Salud Pública del país, permitiendo determinar la presencia de metales pesados, hidrocarburos y otros tóxicos. Dichos estudios hasta el momento sólo se podían realizar en laboratorios privados con costos muy elevados.
La puesta en marcha de estos laboratorios, demandó a la Acumar equipar los laboratorios, capacitar al personal y adecuar ediliciamente el lugar, con el fin de cubrir con mayor eficacia la demanda de determinaciones toxicológicas ambientales.
El primer laboratorio se inauguró en el Hospital Garrahan durante el mes de agosto; y el tercero y cuarto, serán instalados en el Hospital Sor María Ludovica de La Plata y en el Hospital Alejandro Posadas de Haedo, respectivamente.
Fecha de Publicación: 15/10/2010
Fuente: Prensa Argentina
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
La Acumar, autoridad encargada de revertir la contaminación en la Cuenca Matanza-Riachuelo, presentará hoy un laboratorio que realizará estudios de alta complejidad. Participarán del encuentro miembros del gobierno nacional, provincial y municipios comprometidos con el proyecto.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) inaugurará hoy el segundo laboratorio de la Red de Laboratorios Toxicológicos para realizar estudios de alta complejidad, en la Cátedra de Toxicología y Química Legal (Cenatoxa) de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.
El acto de apertura está pactado para las 10:00 en la sede de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y contará con la presencia del rector de la Universidad de Buenos Aires, Rubén Hallú y del secretario de Medio Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, quien también es presidente de la Acumar.
Según se informó, ya se invirtieron unos $7,8 millones en los cuatro laboratorios, con el objetivo de realizar un análisis exhaustivo y sistemático del impacto que causa en la salud de la población de la Cuenca Matanza-Riachuelo determinados contaminantes ambientales.
La Red de Laboratorios Toxicológicos permitirá realizar estudios de alta complejidad con tecnología innovadora en el ámbito de la Salud Pública del país, permitiendo determinar la presencia de metales pesados, hidrocarburos y otros tóxicos. Dichos estudios hasta el momento sólo se podían realizar en laboratorios privados con costos muy elevados.
La puesta en marcha de estos laboratorios, demandó a la Acumar equipar los laboratorios, capacitar al personal y adecuar ediliciamente el lugar, con el fin de cubrir con mayor eficacia la demanda de determinaciones toxicológicas ambientales.
El primer laboratorio se inauguró en el Hospital Garrahan durante el mes de agosto; y el tercero y cuarto, serán instalados en el Hospital Sor María Ludovica de La Plata y en el Hospital Alejandro Posadas de Haedo, respectivamente.
Etiquetas:
Buenos Aires,
Capital Federal,
contaminación,
recursos hídricos,
Riachuelo
|
0
comentarios
Argentina, país rico en recursos naturales
Argentina, entre los 10 países más ricos en recursos naturales
Fecha de Publicación: 14/10/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Es porque posee una gran diversidad de sus especies, ecosistemas y reservas de agua.
En un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), que registra los cambios en la diversidad biológica, los ecosistemas y el consumo de los recursos naturales, se divulgaron datos con precisiones sobre el estado en que se encuentra el medio ambiente. En este diagnóstico a nivel global, divulgado ayer, la Argentina fue elegida entre los 10 países con mayor diversidad de recursos naturales.
El documento, conocido como Planeta Vivo 2010, sitúa a nuestro país entre las 10 naciones que totalizan más del 60% de la capacidad de la Tierra para proveer servicios ambientales de importancia global, como la producción de alimentos y la captación de dióxido de carbono (CO2). Entre los valores locales, según apunta Diego Moreno, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, aparecen “la región boscosa chaqueña, como la zona de El Impenetrable, que concentra buena parte de los bosques y el carbono. La región de Formosa, Chaco y Corrientes se destaca por un rico sector de esteros, lagunas y bañados, como los Esteros del Iberá, que son una importante reserva de agua a nivel planetario. En áreas marinas , el golfo de San Jorge, en la región Patagónica, es uma región donde se crían especies comerciales con una mayor responsabilidad de pesca”.
El rol de la Argentina es aún más relevante si se considera que la población mundial utilizó en 2007 recursos que el planeta alcanzaría a reponer sólo en 1,5 año. De continuar a este ritmo y considerando el incremento de la población mundial, se calcula que la humanidad necesitaría del equivalente a 2 planetas para 2030. En este contexto, la Argentina cumple un rol primordial: está 9º, detrás de Brasil, China, EE.UU., Rusia, India, Canadá, Australia, Indonesia y, por delante de Francia.
El Informe Planeta Vivo 2010 de WWF es un reporte bienal producido en colaboración con la Sociedad Zoológica de Londres y la Red Global de la Huella Ecológica, que hace uso del Indice Planeta Vivo: un reflejo de los cambios en la salud de los ecosistemas, a través del análisis de tendencias de aproximadamente 8.000 poblaciones de más de 2.500 especies.
A su vez, el informe muestra la situación crítica de la pesca.
El 70% de todos los stocks pesqueros marinos comerciales está amenazado . En nuestro país, en los últimos 20 años, se perdió el 80% de la población de merluza adulta, principal recurso pesquero de nuestro país. Sobre esta situación de alerta, Moreno señala que “los servicios ambientales que brinda la Argentina exceden nuestras necesidades de consumo interno. A partir de las exportaciones de commodities (como puede ser la pesca o la agricultura), se destinan mayormente a alimentar regiones distantes como la Unión Europea o China. En un contexto futuro de recursos limitados, nuestro país tendría un rol estratégico ”.
Otro punto preocupante son los bosques y los recursos pesqueros globales. El informe indica que se perdieron 13 millones de hectáreas de bosques cada año entre 2000 y 2010 a nivel mundial (FAO), lo que equivale a 4 veces la superficie total de bosques en la Argentina, en un lapso de 10 años.
Fecha de Publicación: 14/10/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Es porque posee una gran diversidad de sus especies, ecosistemas y reservas de agua.
En un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), que registra los cambios en la diversidad biológica, los ecosistemas y el consumo de los recursos naturales, se divulgaron datos con precisiones sobre el estado en que se encuentra el medio ambiente. En este diagnóstico a nivel global, divulgado ayer, la Argentina fue elegida entre los 10 países con mayor diversidad de recursos naturales.
El documento, conocido como Planeta Vivo 2010, sitúa a nuestro país entre las 10 naciones que totalizan más del 60% de la capacidad de la Tierra para proveer servicios ambientales de importancia global, como la producción de alimentos y la captación de dióxido de carbono (CO2). Entre los valores locales, según apunta Diego Moreno, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, aparecen “la región boscosa chaqueña, como la zona de El Impenetrable, que concentra buena parte de los bosques y el carbono. La región de Formosa, Chaco y Corrientes se destaca por un rico sector de esteros, lagunas y bañados, como los Esteros del Iberá, que son una importante reserva de agua a nivel planetario. En áreas marinas , el golfo de San Jorge, en la región Patagónica, es uma región donde se crían especies comerciales con una mayor responsabilidad de pesca”.
El rol de la Argentina es aún más relevante si se considera que la población mundial utilizó en 2007 recursos que el planeta alcanzaría a reponer sólo en 1,5 año. De continuar a este ritmo y considerando el incremento de la población mundial, se calcula que la humanidad necesitaría del equivalente a 2 planetas para 2030. En este contexto, la Argentina cumple un rol primordial: está 9º, detrás de Brasil, China, EE.UU., Rusia, India, Canadá, Australia, Indonesia y, por delante de Francia.
El Informe Planeta Vivo 2010 de WWF es un reporte bienal producido en colaboración con la Sociedad Zoológica de Londres y la Red Global de la Huella Ecológica, que hace uso del Indice Planeta Vivo: un reflejo de los cambios en la salud de los ecosistemas, a través del análisis de tendencias de aproximadamente 8.000 poblaciones de más de 2.500 especies.
A su vez, el informe muestra la situación crítica de la pesca.
El 70% de todos los stocks pesqueros marinos comerciales está amenazado . En nuestro país, en los últimos 20 años, se perdió el 80% de la población de merluza adulta, principal recurso pesquero de nuestro país. Sobre esta situación de alerta, Moreno señala que “los servicios ambientales que brinda la Argentina exceden nuestras necesidades de consumo interno. A partir de las exportaciones de commodities (como puede ser la pesca o la agricultura), se destinan mayormente a alimentar regiones distantes como la Unión Europea o China. En un contexto futuro de recursos limitados, nuestro país tendría un rol estratégico ”.
Otro punto preocupante son los bosques y los recursos pesqueros globales. El informe indica que se perdieron 13 millones de hectáreas de bosques cada año entre 2000 y 2010 a nivel mundial (FAO), lo que equivale a 4 veces la superficie total de bosques en la Argentina, en un lapso de 10 años.
Crearon un nuevo parque nacional en Santa Fe
Crearon un nuevo parque nacional
Fecha de Publicación: 14/10/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Fe
En un grupo de islas en el alto delta del Paraná
La Argentina tiene desde ayer un nuevo parque nacional: Islas de Santa Fe. Ayer la Cámara de Diputados convirtió en ley la creación de una nueva área protegida en esa provincia que representa más de 2600 ha bajo la protección de la Administración Nacional de Parques Nacionales (APN).
El nuevo parque está ubicado frente a la localidad de Puerto Gaboto, sobre tres islas: Campo Rico -la de mayor superficie-, La Gallina y El Conscripto.
El proyecto es el puntapié inicial para luego ampliar la protección al humedal entrerriano situado frente a Rosario.
"Hace tiempo que trabajamos en este proyecto. Pensamos que es un sitio interesante ubicado en el alto delta del Paraná que, hasta ahora, tiene poca representación en las áreas protegidas. Fue un proyecto que, además, fue apoyado por todos los sectores políticos y seguido por varias administraciones", dijo Raúl Chiesa, del directorio de la APN.
La reserva natural El Rico, base del nuevo parque, y las islas cuentan con amplias superficies cubiertas de bancos de arena y albardones -terraplenes- en los que conviven numerosas especies de aves, como patos, caraús, chajás, cigüeñas, garzas y martín pescadores.
En la zona son comunes también el espinero rojizo -que construye grandes nidos colgantes que penden sobre el agua- y mamíferos de hábitos acuáticos, como el carpincho, la nutria y el lobito de río.
La vegetación de la reserva está compuesta por densos pajonales isleños, camalotes e irupés, con sus enormes hojas circulares flotantes.
Contar con esta catalogación de área protegida también servirá para poder tener mayor control sobre los incendios que muchas veces se generan en el delta santafecino.
El proyecto fue aprobado por el Senado el año pasado. Una vez que sea promulgada la ley sancionada ayer, Islas de Santa Fe pasará a ser el área protegida número 38 que tiene el país.
Fecha de Publicación: 14/10/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Fe
En un grupo de islas en el alto delta del Paraná
La Argentina tiene desde ayer un nuevo parque nacional: Islas de Santa Fe. Ayer la Cámara de Diputados convirtió en ley la creación de una nueva área protegida en esa provincia que representa más de 2600 ha bajo la protección de la Administración Nacional de Parques Nacionales (APN).
El nuevo parque está ubicado frente a la localidad de Puerto Gaboto, sobre tres islas: Campo Rico -la de mayor superficie-, La Gallina y El Conscripto.
El proyecto es el puntapié inicial para luego ampliar la protección al humedal entrerriano situado frente a Rosario.
"Hace tiempo que trabajamos en este proyecto. Pensamos que es un sitio interesante ubicado en el alto delta del Paraná que, hasta ahora, tiene poca representación en las áreas protegidas. Fue un proyecto que, además, fue apoyado por todos los sectores políticos y seguido por varias administraciones", dijo Raúl Chiesa, del directorio de la APN.
La reserva natural El Rico, base del nuevo parque, y las islas cuentan con amplias superficies cubiertas de bancos de arena y albardones -terraplenes- en los que conviven numerosas especies de aves, como patos, caraús, chajás, cigüeñas, garzas y martín pescadores.
En la zona son comunes también el espinero rojizo -que construye grandes nidos colgantes que penden sobre el agua- y mamíferos de hábitos acuáticos, como el carpincho, la nutria y el lobito de río.
La vegetación de la reserva está compuesta por densos pajonales isleños, camalotes e irupés, con sus enormes hojas circulares flotantes.
Contar con esta catalogación de área protegida también servirá para poder tener mayor control sobre los incendios que muchas veces se generan en el delta santafecino.
El proyecto fue aprobado por el Senado el año pasado. Una vez que sea promulgada la ley sancionada ayer, Islas de Santa Fe pasará a ser el área protegida número 38 que tiene el país.
PN Sierra de las Quijadas en conflicto
La Corte le impidió a San Luis expropiar un parque nacional
Fecha de Publicación: 13/10/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional - San Luis
El gobernador Alberto Rodríguez Saá había previsto una fecha simbólica como el 12 de octubre, para desalojar el Parque Nacional Sierra de las Quijadas –el único de San Luis– y entregárselo a integrantes del pueblo huarpe que viven en la capital puntana. Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación respondió a tiempo y le ordenó no innovar.
Situado en el noroeste de la provincia, el parque fue creado en 1991, para conservar ambientes representativos del Chaco árido y del monte, y para preservar sus yacimientos arqueológicos y paleontológicos. Fue Adolfo Rodríguez Saá, entonces gobernador y hermano del actual, quien firmó la cesión de las 73.534 hectáreas, compradas a los particulares íntegramente con fondos de la Administración de Parques Nacionales (APN), tras la sanción de una ley nacional.
Pero el 28 de julio pasado, la Cámara de Diputados de San Luis votó la expropiación del parque , manteniéndolo como área protegida, para restituirlo “a sus ancestrales y originarios pobladores, el Pueblo Nación Huarpe de San Luis”. Según la ley V-0721, el Estado nacional debía considerarse compensado con las deudas que mantendría con la provincia.
El 8 de agosto, APN solicitó una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación . Y el 7 de octubre pidió la revocación del desalojo ante la Justicia Federal de San Luis.
APN mantiene una política de creciente integración con las comunidades indígenas que viven dentro o en la periferia de los parques nacionales. En el Lanín se estableció un comanejo con las comunidades mapuche, que administran varios servicios. Emprendimientos menores se comparten con los avá guaraní en Calilegua, y con los mbyá guaraní en Iguazú. Más aún: en Sierra de las Quijadas vive una comunidad huarpe, en Guanacache, aunque sin relación con el gobierno provincial.
Ayer, la Corte resolvió que la ley V-0721 no podrá ejecutarse. Además pidió al Juzgado Federal de San Luis remitirle las actuaciones, ya que la causa es de competencia originaria del Supremo Tribunal.
Fecha de Publicación: 13/10/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional - San Luis
El gobernador Alberto Rodríguez Saá había previsto una fecha simbólica como el 12 de octubre, para desalojar el Parque Nacional Sierra de las Quijadas –el único de San Luis– y entregárselo a integrantes del pueblo huarpe que viven en la capital puntana. Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación respondió a tiempo y le ordenó no innovar.
Situado en el noroeste de la provincia, el parque fue creado en 1991, para conservar ambientes representativos del Chaco árido y del monte, y para preservar sus yacimientos arqueológicos y paleontológicos. Fue Adolfo Rodríguez Saá, entonces gobernador y hermano del actual, quien firmó la cesión de las 73.534 hectáreas, compradas a los particulares íntegramente con fondos de la Administración de Parques Nacionales (APN), tras la sanción de una ley nacional.
Pero el 28 de julio pasado, la Cámara de Diputados de San Luis votó la expropiación del parque , manteniéndolo como área protegida, para restituirlo “a sus ancestrales y originarios pobladores, el Pueblo Nación Huarpe de San Luis”. Según la ley V-0721, el Estado nacional debía considerarse compensado con las deudas que mantendría con la provincia.
El 8 de agosto, APN solicitó una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación . Y el 7 de octubre pidió la revocación del desalojo ante la Justicia Federal de San Luis.
APN mantiene una política de creciente integración con las comunidades indígenas que viven dentro o en la periferia de los parques nacionales. En el Lanín se estableció un comanejo con las comunidades mapuche, que administran varios servicios. Emprendimientos menores se comparten con los avá guaraní en Calilegua, y con los mbyá guaraní en Iguazú. Más aún: en Sierra de las Quijadas vive una comunidad huarpe, en Guanacache, aunque sin relación con el gobierno provincial.
Ayer, la Corte resolvió que la ley V-0721 no podrá ejecutarse. Además pidió al Juzgado Federal de San Luis remitirle las actuaciones, ya que la causa es de competencia originaria del Supremo Tribunal.
Otra Campaña del Desierto, ahora por la soja
Otra Campaña del Desierto, ahora por la soja
Fecha de Publicación: 12/10/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En seis provincias del Chaco argentino hay ocho millones de hectáreas en conflictos de tierras y ambientales, en gran parte por el avance de frontera agropecuaria. Están afectadas 950 mil personas, la mayoría son indígenas y campesinos.
La Campaña del Desierto fue la avanzada militar sobre los pueblos originarios del sur del país y tuvo como símbolo a Julio Argentino Roca. Menos difundida, aunque igual de cruenta, el Estado también ejecutó una campaña militar contra los pueblos indígenas del norte, llamada de dos maneras: “Conquista del Chaco” y “Campaña del Desierto Verde”. Se ejecutó entre 1884 y 1917 e implicó asesinatos masivos, trabajo esclavo, torturas y la expulsión de los pueblos indígenas de sus territorios, lo que les ocasionó perder su forma ancestral de vida y tener que vender a bajo precio su fuerza de trabajo. Un relevamiento de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) da cuenta de una nueva avanzada sobre los pueblos originarios, esta vez protagonizada por el modelo agropecuario: contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas (el equivalente a toda la superficie de Entre Ríos o 390 veces la ciudad de Buenos Aires), y 950 mil personas, principalmente indígenas y campesinos, de seis provincias del norte argentino. El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo de agropecuario, con la soja transgénica como emblema. La Redaf explica: “La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”.
“Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco argentino”, es el nombre del informe de la Redaf, integrado por un colectivo de organizaciones, académicos y técnicos de distintas disciplinas del norte del país. Identificó 259 conflictos, de los cuales procesó los datos de 164, de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, este de Salta y norte de Santa Fe y Córdoba, el grueso de las provincias que conforman la región denominada Chaco argentino. Los datos precisos: 7,8 millones de hectáreas en conflicto y 948 mil personas afectadas, mayormente pueblos originarios y campesinos. El 93 por ciento de los conflictos (153) se producen por alguna acción que vulnera los derechos de los campesinos y comunidades ancestrales con relación a la tenencia de la tierra. “Es sólo una muestra de la magnitud del problema en la región”, advierte el informe.
El grueso de los conflictos (89 por ciento) se inició a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”, recuerda el informe. En el mercado de agronegocios mundial, Argentina es visto como un alumno modelo. En 1997 se cosecharon en Argentina once millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron seis millones de hectáreas. Diez años después, en 2007, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas, abarcando 16,6 millones de hectáreas. En la actualidad, la soja abarca 19 millones de hectáreas, la mitad de la superficie cultivable del país. Los pueblos originarios perjudicados por ese avance, sólo en las provincias relevadas, son el qom, pilagá, mocoví, wichí, chorotes, chulupies, tapietes, guaycurúes, lules, vilelas y tonocoté.
A pesar de leyes que protegen la posesión de tierras de familias ancestrales (Constitución nacional, Convenio 169 OIT, Ley 26.160, Posesión Veinteañal vigente en el Código Civil) en el 99 por ciento de los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer. En el 56 por ciento de los casos las familias han sufrido intentos de desalojo y en el 31 por ciento padecieron alambrados u ocupación de sus lotes.
Sólo en los casos de tierras se contabilizaron 97.995 personas que padecen conflictos. El 60 por ciento son indígenas (59.506), 39 por ciento criollos (37.789) y 700 personas criollas-indígenas (uno por ciento). Hay un piso, sólo en casos de tierras, de 1,7 millón de hectáreas en disputa. Con casos emblemáticos: en Salta sobresale el caso de los lotes 55 y 14, en el noreste provincial, también conocido como el caso Lhaka Honhat (“Nuestra Tierra” en idioma wichí), por el nombre de la organización indígena conformada por 45 comunidades y 6000 personas.
Desde 1984, las comunidades aborígenes del Chaco salteño luchan para que el gobierno provincial les otorgue el título de propiedad de las tierras que habitan. Las comunidades quieren que sea un título comunitario, que les permita seguir viviendo como pueblos cazadores y recolectores. “El gobierno de Salta ha prometido mucho, pero ha hecho muy poco. Con aprobación del gobierno nacional, pero sin consultar a las familias, autorizó construcción de un puente internacional sobre el río Pilcomayo. También de rutas para facilitar el comercio entre los distintos países del Mercosur. Estas obras cruzan el territorio que habitan las comunidades, sin embargo ellas nunca fueron informadas sobre las consecuencias de estos proyectos”, detalla del informe.
El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en noviembre de 2006 intimó al Estado argentino para que demarque y entregue las tierras a las comunidades. En 2007, el gobierno de Salta firmó un acuerdo por el cual se comprometió a la redistribución de 643 mil hectáreas, 400 mil para aborígenes y 243 mil para los criollos. La Redaf advierte que la entrega de títulos se encuentra muy retrasada.
La Redaf también destaca el caso del Bañado la Estrella, en Formosa, donde el gobierno provincial decidió la reconstrucción de una ruta y erigió terraplenes que inundaron tierras campesinas. El informe recuerda que las familias debieron abandonar su zona de vida ancestral y perdieron animales (parte esencial de subsistencia).
El relevamiento demuestra que las víctimas del modelo agropecuario son pequeños productores. El 56 por ciento de los casos corresponde a familias con menos de 100 hectáreas. Y el 43 por ciento posee menos de 400 hectáreas. Además de la escasa cantidad de tierras, los ingenieros agrónomos de la Redaf recuerdan que 100 hectáreas en el Chaco argentino nunca tienen la misma productividad que en la Pampa húmeda. “La cantidad de tierras de que disponen las familias es escasa para desarrollar una vida digna y permitir que los jóvenes se puedan quedar a trabajar y vivir en el campo”, afirma.
Como contrapartes del conflicto, el 79 por ciento está constituida por empresas y personas físicas. Y el 16 por ciento identifica al Estado como el enemigo que disputa el territorio. El rol del Estado es uno de los puntos centrales que los indígenas y campesinos identifican como responsables, por acción u omisión, para la resolución de los conflictos.
El relevamiento destaca también el rol del Poder Judicial. Afirma que hay un retraso manifiesto de los jueces y fiscales para aplicar las leyes que protegen a campesinos e indígenas, y –cuando actúan– hay un retraso notable.
La Red Agroforestal realiza un informe permanente y dinámico de conflictos. En febrero pasado este diario informó que existían en la misma región cinco millones de hectáreas en disputa, casi 600 mil personas afectadas. Se trataba del conteo de 52 de casos de 120 relevados. En el transcurso del año se registraron y procesaron nuevos conflictos (164 procesados de 259 registrados), que serán difundidos en detalles y entregados el próximo 20 de octubre en Córdoba, en el marco del “Cuarto Seminario sobre tierra, agua y bosque de la región chaqueña”. La organización remarca que existen “muchos más casos” que los relevados.
Cuando se les preguntó a las familias afectadas qué querían, las respuestas fueron simples: poder trabajar y vivir en la tierra donde siempre vivieron. En la lista de exigencias figuran que se les reconozca el derecho a ser dueños de las tierras y que les devuelvan las tierras que les quitaron de manera fraudulenta.
Entre las conclusiones se destaca que los conflictos no son sólo por la tierra, sino que se trata de una disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Afirma que para los empresarios dedicados al agro y para el Estado “está en juego el aumento de ganancias y retenciones en el corto plazo, para ellos la tierra representa un bien económico necesario para producir ganancias, sin importar los costos ambientales, culturales y sociales que impliquen”.
En contraposición, destaca que para los pueblos indígenas y campesinos implica mucho más que negocios. “Se trata de una lucha por conservar una identidad, por mantener un modo de vida, de producir, de vivir y permanecer. La tierra es un bien social y no un bien económico, parte constitutiva de su cosmovisión y religiosidad”, asegura el informe: “Llama la atención el escaso apoyo del Estado a los campesinos e indígenas, y su intervención protagónica como la otra parte del conflicto, ya sea en forma directa o indirecta. Indica claramente que, aunque en el discurso lo cuestione, en la práctica sigue apoyando el modelo de producción extractivista y atentando contra la vida indígena y campesina”.
Fecha de Publicación: 12/10/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En seis provincias del Chaco argentino hay ocho millones de hectáreas en conflictos de tierras y ambientales, en gran parte por el avance de frontera agropecuaria. Están afectadas 950 mil personas, la mayoría son indígenas y campesinos.
La Campaña del Desierto fue la avanzada militar sobre los pueblos originarios del sur del país y tuvo como símbolo a Julio Argentino Roca. Menos difundida, aunque igual de cruenta, el Estado también ejecutó una campaña militar contra los pueblos indígenas del norte, llamada de dos maneras: “Conquista del Chaco” y “Campaña del Desierto Verde”. Se ejecutó entre 1884 y 1917 e implicó asesinatos masivos, trabajo esclavo, torturas y la expulsión de los pueblos indígenas de sus territorios, lo que les ocasionó perder su forma ancestral de vida y tener que vender a bajo precio su fuerza de trabajo. Un relevamiento de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) da cuenta de una nueva avanzada sobre los pueblos originarios, esta vez protagonizada por el modelo agropecuario: contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas (el equivalente a toda la superficie de Entre Ríos o 390 veces la ciudad de Buenos Aires), y 950 mil personas, principalmente indígenas y campesinos, de seis provincias del norte argentino. El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo de agropecuario, con la soja transgénica como emblema. La Redaf explica: “La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”.
“Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco argentino”, es el nombre del informe de la Redaf, integrado por un colectivo de organizaciones, académicos y técnicos de distintas disciplinas del norte del país. Identificó 259 conflictos, de los cuales procesó los datos de 164, de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, este de Salta y norte de Santa Fe y Córdoba, el grueso de las provincias que conforman la región denominada Chaco argentino. Los datos precisos: 7,8 millones de hectáreas en conflicto y 948 mil personas afectadas, mayormente pueblos originarios y campesinos. El 93 por ciento de los conflictos (153) se producen por alguna acción que vulnera los derechos de los campesinos y comunidades ancestrales con relación a la tenencia de la tierra. “Es sólo una muestra de la magnitud del problema en la región”, advierte el informe.
El grueso de los conflictos (89 por ciento) se inició a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”, recuerda el informe. En el mercado de agronegocios mundial, Argentina es visto como un alumno modelo. En 1997 se cosecharon en Argentina once millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron seis millones de hectáreas. Diez años después, en 2007, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas, abarcando 16,6 millones de hectáreas. En la actualidad, la soja abarca 19 millones de hectáreas, la mitad de la superficie cultivable del país. Los pueblos originarios perjudicados por ese avance, sólo en las provincias relevadas, son el qom, pilagá, mocoví, wichí, chorotes, chulupies, tapietes, guaycurúes, lules, vilelas y tonocoté.
A pesar de leyes que protegen la posesión de tierras de familias ancestrales (Constitución nacional, Convenio 169 OIT, Ley 26.160, Posesión Veinteañal vigente en el Código Civil) en el 99 por ciento de los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer. En el 56 por ciento de los casos las familias han sufrido intentos de desalojo y en el 31 por ciento padecieron alambrados u ocupación de sus lotes.
Sólo en los casos de tierras se contabilizaron 97.995 personas que padecen conflictos. El 60 por ciento son indígenas (59.506), 39 por ciento criollos (37.789) y 700 personas criollas-indígenas (uno por ciento). Hay un piso, sólo en casos de tierras, de 1,7 millón de hectáreas en disputa. Con casos emblemáticos: en Salta sobresale el caso de los lotes 55 y 14, en el noreste provincial, también conocido como el caso Lhaka Honhat (“Nuestra Tierra” en idioma wichí), por el nombre de la organización indígena conformada por 45 comunidades y 6000 personas.
Desde 1984, las comunidades aborígenes del Chaco salteño luchan para que el gobierno provincial les otorgue el título de propiedad de las tierras que habitan. Las comunidades quieren que sea un título comunitario, que les permita seguir viviendo como pueblos cazadores y recolectores. “El gobierno de Salta ha prometido mucho, pero ha hecho muy poco. Con aprobación del gobierno nacional, pero sin consultar a las familias, autorizó construcción de un puente internacional sobre el río Pilcomayo. También de rutas para facilitar el comercio entre los distintos países del Mercosur. Estas obras cruzan el territorio que habitan las comunidades, sin embargo ellas nunca fueron informadas sobre las consecuencias de estos proyectos”, detalla del informe.
El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en noviembre de 2006 intimó al Estado argentino para que demarque y entregue las tierras a las comunidades. En 2007, el gobierno de Salta firmó un acuerdo por el cual se comprometió a la redistribución de 643 mil hectáreas, 400 mil para aborígenes y 243 mil para los criollos. La Redaf advierte que la entrega de títulos se encuentra muy retrasada.
La Redaf también destaca el caso del Bañado la Estrella, en Formosa, donde el gobierno provincial decidió la reconstrucción de una ruta y erigió terraplenes que inundaron tierras campesinas. El informe recuerda que las familias debieron abandonar su zona de vida ancestral y perdieron animales (parte esencial de subsistencia).
El relevamiento demuestra que las víctimas del modelo agropecuario son pequeños productores. El 56 por ciento de los casos corresponde a familias con menos de 100 hectáreas. Y el 43 por ciento posee menos de 400 hectáreas. Además de la escasa cantidad de tierras, los ingenieros agrónomos de la Redaf recuerdan que 100 hectáreas en el Chaco argentino nunca tienen la misma productividad que en la Pampa húmeda. “La cantidad de tierras de que disponen las familias es escasa para desarrollar una vida digna y permitir que los jóvenes se puedan quedar a trabajar y vivir en el campo”, afirma.
Como contrapartes del conflicto, el 79 por ciento está constituida por empresas y personas físicas. Y el 16 por ciento identifica al Estado como el enemigo que disputa el territorio. El rol del Estado es uno de los puntos centrales que los indígenas y campesinos identifican como responsables, por acción u omisión, para la resolución de los conflictos.
El relevamiento destaca también el rol del Poder Judicial. Afirma que hay un retraso manifiesto de los jueces y fiscales para aplicar las leyes que protegen a campesinos e indígenas, y –cuando actúan– hay un retraso notable.
La Red Agroforestal realiza un informe permanente y dinámico de conflictos. En febrero pasado este diario informó que existían en la misma región cinco millones de hectáreas en disputa, casi 600 mil personas afectadas. Se trataba del conteo de 52 de casos de 120 relevados. En el transcurso del año se registraron y procesaron nuevos conflictos (164 procesados de 259 registrados), que serán difundidos en detalles y entregados el próximo 20 de octubre en Córdoba, en el marco del “Cuarto Seminario sobre tierra, agua y bosque de la región chaqueña”. La organización remarca que existen “muchos más casos” que los relevados.
Cuando se les preguntó a las familias afectadas qué querían, las respuestas fueron simples: poder trabajar y vivir en la tierra donde siempre vivieron. En la lista de exigencias figuran que se les reconozca el derecho a ser dueños de las tierras y que les devuelvan las tierras que les quitaron de manera fraudulenta.
Entre las conclusiones se destaca que los conflictos no son sólo por la tierra, sino que se trata de una disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Afirma que para los empresarios dedicados al agro y para el Estado “está en juego el aumento de ganancias y retenciones en el corto plazo, para ellos la tierra representa un bien económico necesario para producir ganancias, sin importar los costos ambientales, culturales y sociales que impliquen”.
En contraposición, destaca que para los pueblos indígenas y campesinos implica mucho más que negocios. “Se trata de una lucha por conservar una identidad, por mantener un modo de vida, de producir, de vivir y permanecer. La tierra es un bien social y no un bien económico, parte constitutiva de su cosmovisión y religiosidad”, asegura el informe: “Llama la atención el escaso apoyo del Estado a los campesinos e indígenas, y su intervención protagónica como la otra parte del conflicto, ya sea en forma directa o indirecta. Indica claramente que, aunque en el discurso lo cuestione, en la práctica sigue apoyando el modelo de producción extractivista y atentando contra la vida indígena y campesina”.
Temen que La Plata reciba la basura porteña
Temen que La Plata reciba la basura porteña
Fecha de Publicación: 12/10/2010
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
La planta de tratamiento de residuos, que se planea construir en La Plata, podría recibir parte de las 5.800 toneladas diarias de basura que se generan en Capital Federal
La planta de tratamiento de residuos, que se planea construir en La Plata, podr?a recibir parte de las 5.800 toneladas diarias de basura que se generan en Capital Federal
¿Qué hacer con las cientos de toneladas de basura que, a diario, se producen en la región? La situación genera cada vez más interrogantes a partir del colapso del relleno sanitario de Punta Lara, donde se deposita la basura que se genera en el Gran La Plata y que debe ser cerrado por orden de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Las autoridades provinciales y municipales esperan que, en un plazo de alrededor de diez meses, comience a funcionar una planta que servirá para el tratamiento de residuos sólidos y urbanos. También se prevé la generación de energía eléctrica, por lo que aseguran que solamente se enterrará el 30 % de los residuos que se generen en la región y que actualmente son enterrados en el predio de Ensenada.
La semana pasada se realizó la presentación de las propuestas para la construcción de la mencionada planta. Y llamó mucho la atención la presencia del titular de Medio Ambiente porteño, Diego Santilli, un hombre del riñón de Mauricio Macri. Santilli compartió la ceremonia con el intendente platense Pablo Bruera y el gobernador Daniel Scioli.
En los últimos días, distintos trascendidos empezaron a dar cuenta de la posibilidad de que el nuevo relleno y la planta de tratamiento reciba residuos provenientes de Capital Federal, los que, como es sabido, actualmente se entierran en territorio bonaerense.
Por el momento, el Municipio platense mantiene un marcado hermetismo respecto al lugar donde se construirá la planta. La Comuna encargó los estudios a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que habría determinado distintos lugares posibles, pero hasta el momento la decisión final no se dio a conocer. En un primer momento, trascendió que el lugar elegido sería la localidad de Poblet, lo que despertó una fuerte reacción de vecinos y productores rurales de esa localidad, que afirman que la disposición final de residuos podría poner en serio riesgo al acuífero Puelche. Por eso, en los últimos días, también comenzó a mencionarse con fuerza la posibilidad de que finalmente la planta se levante en cercanías de la ruta 2, más precisamente en el Parque Industrial II.
Fuentes consultadas por Hoy confirmaron que se está analizando la posibilidad de que el emprendimiento en cuestión procese la basura porteña. Incluso el gobierno bonaerense ya anunció que destinará $ 100 millones (el 50% del canon que paga el gobierno porteño a la Provincia en concepto de disposición final de los residuos) para financiar la construcción del predio.
Eso no es todo. En el pliego de licitación, al que tuvo acceso Hoy, hay un dato por demás llamativo. Concretamente, se habla de que la capacidad mínima inicial de la planta tendría que ser de 700 toneladas, número que está muy por encima de la generación diaria de residuos en el Gran La Plata, donde, por día, se producen 600 toneladas.
“El Municipio y la Provincia están garantizando que la planta no procese menos de 700 toneladas. Si se tiene que enterrar sólo el 30% de la basura generada, se va a estar muy por debajo del piso mínimo establecido. Por eso, la presencia de Santilli en el acto apunta a que Capital Federal seguramente enviará parte de sus residuos a La Plata. Nuestra ciudad puede llegar a convertirse en uno de los principales basureros del país”, le dijo a Hoy el diputado provincial Oscar Negrelli (Coalición Cívica).
Incertidumbre en Poblet
Tras la apertura de los sobres de licitación, que evaluarán las propuestas técnicas de las empresas, los vecinos de la localidad de Poblet siguen sin conocer el lugar donde se instalará el establecimiento de tratamientos de residuos urbanos. “Este miércoles (por mañana) podremos acceder a los pliegos de la licitación, pero ha circulado la versión de que no sabremos del lugar hasta la adjudicación final”, afirmó Bernardo Mendi, miembro de la Asociación Civil Protectora del Agua en La Plata, Poblet y Oliden. En principio se estipula que el Municipio esperaría que las empresas propongan el sitio para la instalación de la planta, y, de no existir planteo por parte de las mismas, el Ejecutivo municipal con la Provincia serán los que definirán el lugar donde se construirá dicho establecimiento.
Disposición final
Actualmente, la disposición final de residuos la realiza la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), que posee tres rellenos sanitarios en funcionamiento que se encuentran ubicados en Punta Lara, González Catán (La Matanza) y San Miguel. Los dos últimos reciben basura que proviene de Capital Federal y, al igual de lo que sucede con el relleno de Punta Lara, van camino al colapso. De ahí la necesidad que tienen los porteños de encontrar lugares alternativos para la disposición final de los residuos.
Pese a las iniciativas de “Basura Cero” que se sancionaron en la Capital Federal, para la separación en origen, la realidad muestra que la cantidad de basura que se genera en la capital del país va en constante aumento: de las 1.443.046 toneladas que se enterraban en 2002, se pasó a 1.847.748,4 en 2009. Y no existen indicios de que la situación vaya a mejorar en el corto plazo.
Fecha de Publicación: 12/10/2010
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
La planta de tratamiento de residuos, que se planea construir en La Plata, podría recibir parte de las 5.800 toneladas diarias de basura que se generan en Capital Federal
La planta de tratamiento de residuos, que se planea construir en La Plata, podr?a recibir parte de las 5.800 toneladas diarias de basura que se generan en Capital Federal
¿Qué hacer con las cientos de toneladas de basura que, a diario, se producen en la región? La situación genera cada vez más interrogantes a partir del colapso del relleno sanitario de Punta Lara, donde se deposita la basura que se genera en el Gran La Plata y que debe ser cerrado por orden de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Las autoridades provinciales y municipales esperan que, en un plazo de alrededor de diez meses, comience a funcionar una planta que servirá para el tratamiento de residuos sólidos y urbanos. También se prevé la generación de energía eléctrica, por lo que aseguran que solamente se enterrará el 30 % de los residuos que se generen en la región y que actualmente son enterrados en el predio de Ensenada.
La semana pasada se realizó la presentación de las propuestas para la construcción de la mencionada planta. Y llamó mucho la atención la presencia del titular de Medio Ambiente porteño, Diego Santilli, un hombre del riñón de Mauricio Macri. Santilli compartió la ceremonia con el intendente platense Pablo Bruera y el gobernador Daniel Scioli.
En los últimos días, distintos trascendidos empezaron a dar cuenta de la posibilidad de que el nuevo relleno y la planta de tratamiento reciba residuos provenientes de Capital Federal, los que, como es sabido, actualmente se entierran en territorio bonaerense.
Por el momento, el Municipio platense mantiene un marcado hermetismo respecto al lugar donde se construirá la planta. La Comuna encargó los estudios a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que habría determinado distintos lugares posibles, pero hasta el momento la decisión final no se dio a conocer. En un primer momento, trascendió que el lugar elegido sería la localidad de Poblet, lo que despertó una fuerte reacción de vecinos y productores rurales de esa localidad, que afirman que la disposición final de residuos podría poner en serio riesgo al acuífero Puelche. Por eso, en los últimos días, también comenzó a mencionarse con fuerza la posibilidad de que finalmente la planta se levante en cercanías de la ruta 2, más precisamente en el Parque Industrial II.
Fuentes consultadas por Hoy confirmaron que se está analizando la posibilidad de que el emprendimiento en cuestión procese la basura porteña. Incluso el gobierno bonaerense ya anunció que destinará $ 100 millones (el 50% del canon que paga el gobierno porteño a la Provincia en concepto de disposición final de los residuos) para financiar la construcción del predio.
Eso no es todo. En el pliego de licitación, al que tuvo acceso Hoy, hay un dato por demás llamativo. Concretamente, se habla de que la capacidad mínima inicial de la planta tendría que ser de 700 toneladas, número que está muy por encima de la generación diaria de residuos en el Gran La Plata, donde, por día, se producen 600 toneladas.
“El Municipio y la Provincia están garantizando que la planta no procese menos de 700 toneladas. Si se tiene que enterrar sólo el 30% de la basura generada, se va a estar muy por debajo del piso mínimo establecido. Por eso, la presencia de Santilli en el acto apunta a que Capital Federal seguramente enviará parte de sus residuos a La Plata. Nuestra ciudad puede llegar a convertirse en uno de los principales basureros del país”, le dijo a Hoy el diputado provincial Oscar Negrelli (Coalición Cívica).
Incertidumbre en Poblet
Tras la apertura de los sobres de licitación, que evaluarán las propuestas técnicas de las empresas, los vecinos de la localidad de Poblet siguen sin conocer el lugar donde se instalará el establecimiento de tratamientos de residuos urbanos. “Este miércoles (por mañana) podremos acceder a los pliegos de la licitación, pero ha circulado la versión de que no sabremos del lugar hasta la adjudicación final”, afirmó Bernardo Mendi, miembro de la Asociación Civil Protectora del Agua en La Plata, Poblet y Oliden. En principio se estipula que el Municipio esperaría que las empresas propongan el sitio para la instalación de la planta, y, de no existir planteo por parte de las mismas, el Ejecutivo municipal con la Provincia serán los que definirán el lugar donde se construirá dicho establecimiento.
Disposición final
Actualmente, la disposición final de residuos la realiza la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), que posee tres rellenos sanitarios en funcionamiento que se encuentran ubicados en Punta Lara, González Catán (La Matanza) y San Miguel. Los dos últimos reciben basura que proviene de Capital Federal y, al igual de lo que sucede con el relleno de Punta Lara, van camino al colapso. De ahí la necesidad que tienen los porteños de encontrar lugares alternativos para la disposición final de los residuos.
Pese a las iniciativas de “Basura Cero” que se sancionaron en la Capital Federal, para la separación en origen, la realidad muestra que la cantidad de basura que se genera en la capital del país va en constante aumento: de las 1.443.046 toneladas que se enterraban en 2002, se pasó a 1.847.748,4 en 2009. Y no existen indicios de que la situación vaya a mejorar en el corto plazo.
Informe asegura que Botnia contamina
Informe del gobierno nacional asegura que Botnia contamina
Fecha de Publicación: 11/10/2010
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Entre Ríos
Se trata de un estudio que presentó la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación acerca del impacto de la planta de celulosa en Uruguay. Alerta sobre "numerosos eventos de contaminación atmosférica" que avanzan hasta 40 kilómetros sobre el territorio argentino
Un informe del gobierno nacional asegura que la planta de celulosa de UPM (ex Botnia), que opera en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, contamina las costas del Río Uruguay.
Se trata de un estudio técnico que elaboró y presentó a fines de septiembre la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación (ver link relacionado) y se conoce en el inicio de los controles ambientales que acordaron desarrollar las autoridades de la Argentina y de Uruguay para poner fin al diferendo por la instalación de la planta.
En sus resultados, el informe indica que "El Plan de Vigilancia" que se llevó a cabo permitió detectar "numerosos eventos de contaminación atmosférica con materia en suspensión, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre".
Advierte, además, que los elementos químicos que fueron localizados irrumpieron en el territorio argentino: "El sulfuro de hidrógeno, que era indetectable en el período preoperaciones, entró 10-40 kilómetros en el territorio argentino"
También hace referencia a la formación de espuma "sin precedentes" que se produjo sobre las aguas del Río Uruguay, entre las ciudades de Fray Bentos y Gualeguaychú, el 4 de febrero de 2009.
"La formación de espuma cianobacterias fue de tal magnitud que no tiene precedentes", indica al tiempo que asegura que existen "varias señales claras que apuntan a la planta de Botnia, incluyendo la presencia de fibras de madera de eucalipto, concentraciones de sodio y halógenos orgánicos absorbibles".
Fecha de Publicación: 11/10/2010
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Entre Ríos
Se trata de un estudio que presentó la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación acerca del impacto de la planta de celulosa en Uruguay. Alerta sobre "numerosos eventos de contaminación atmosférica" que avanzan hasta 40 kilómetros sobre el territorio argentino
Un informe del gobierno nacional asegura que la planta de celulosa de UPM (ex Botnia), que opera en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, contamina las costas del Río Uruguay.
Se trata de un estudio técnico que elaboró y presentó a fines de septiembre la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación (ver link relacionado) y se conoce en el inicio de los controles ambientales que acordaron desarrollar las autoridades de la Argentina y de Uruguay para poner fin al diferendo por la instalación de la planta.
En sus resultados, el informe indica que "El Plan de Vigilancia" que se llevó a cabo permitió detectar "numerosos eventos de contaminación atmosférica con materia en suspensión, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre".
Advierte, además, que los elementos químicos que fueron localizados irrumpieron en el territorio argentino: "El sulfuro de hidrógeno, que era indetectable en el período preoperaciones, entró 10-40 kilómetros en el territorio argentino"
También hace referencia a la formación de espuma "sin precedentes" que se produjo sobre las aguas del Río Uruguay, entre las ciudades de Fray Bentos y Gualeguaychú, el 4 de febrero de 2009.
"La formación de espuma cianobacterias fue de tal magnitud que no tiene precedentes", indica al tiempo que asegura que existen "varias señales claras que apuntan a la planta de Botnia, incluyendo la presencia de fibras de madera de eucalipto, concentraciones de sodio y halógenos orgánicos absorbibles".
Se apura la Ley de Bosques en Tucumán
El PE apura la reglamentación de la ley de Bosques Nativos caminando la ciudad
Fecha de Publicación: 11/10/2010
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Tenía razón el legislador Roque Tobías Alvarez (PJ) cuando a mediados de este año advirtió que el Poder Ejecutivo debía reglamentar "con pies de plomo" la Ley 8.304, de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Tucumán (Otbnt). La expresión, que alude a la cautela debida en la definición de situaciones que acarrean consecuencias graves, explica por qué el Ministerio de Desarrollo Productivo, por medio de la Dirección de Fauna, Flora Silvestre y Suelo, ha decidido plantear un proyecto de reglamento progresivo, cuyo primer objetivo es crear el marco administrativo para la formulación de los planes de conservación, manejo y aprovechamiento de los bosques nativos previstos en la Ley 8.304.
"Tucumán parte de cero en esta materia", reconoce el arquitecto Daniel Manso, director de Fauna, Flora Silvestre y Suelo, y encargado de coordinar el proceso participativo de elaboración del Otbnt. Esa inexperiencia ha obligado a definir una aplicación gradual de la norma que propone equilibrar la política medioambiental con la política productiva -y viceversa-, y que, en términos prácticos, obliga al Estado a pagar al ciudadano que recupere, cuide y enriquezca el bosque autóctono en función de un esquema de ordenamiento del territorio en tres niveles de protección: máxima (zona roja, 526.638 hectáreas), media (zona amarilla, 219.413 hectáreas) y mínima (zona verde, 164.461 hectáreas).
El borrador de la reglamentación se ajusta a una coyuntura financiera: el pago de los servicios ambientales que presta la superficie boscosa no procede aún del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (Fnecbn), como prescribe la Ley 26.331, sino de una partida de la Jefatura de Gabinete nacional. Manso, que mantiene en reserva el proyecto "para evitar tergiversaciones", explica que el Fnecbn está a su vez pendiente de reglamentación y que esto depende de que el resto de las provincias sancionen sus ordenamientos (sólo 10 lo hicieron).
Si bien aún parecen lejanos los $40 millones que Tucumán aspira a recibir del fondo de la Ley 26.331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el Gobierno de José Alperovich no quiere perder los $6 millones que este año le corresponden a la provincia en concepto del Otbnt y cuyo plazo de asignación vence el 31 de octubre. Por ello, Fauna, Flora Silvestre y Suelo ha resuelto convocar las primeras "ideas-proyecto" de conservación y aprovechamiento de bosques nativos mientras cierra el texto reglamentario (el objetivo es que el gobernador lo decrete este mes, 60 días más tarde de lo establecido en la Ley 8.304).
"En los próximos dos años vamos a pagar la formulación de los planes, la ejecución de un año del plan aprobado y trabajos de investigación aplicada que ayuden a la conservación de los bosques", precisa Manso, que calcula que a esta convocatoria sólo podrá acceder el Estado (respecto de los planes para las áreas protegidas) y los ciudadanos que "estén en el tema". "Sin capacitación, la aplicación del Otbnt es inviable", añade. Además, anuncia la apertura de dos cursos con matrícula gratuita dirigidos a 60 profesionales del sector público y privado cuyo trabajo final consistirá en el planteo de planes reales.
Pero la "idea-proyecto" convocada hasta el 31 de octubre es una instancia previa a la formulación del más complejo plan de conservación, manejo y aprovechamiento. Manso anticipa que esta etapa consiste en un formulario con requisitos básicos, como la acreditación del título de posesión de la tierra, y de la participación de un técnico registrado en la Dirección. Si la "idea-proyecto" es aprobada, su titular recibirá fondos para financiar la formulación del plan.
"Haremos un gran esfuerzo para acompañar y asesorar a los ciudadanos. En dos años actualizaremos la reglamentación, que, por la naturaleza de la materia, debe ser muy dinámica", promete Manso, que admite que el nuevo paradigma incluido en el Otbnt supera la estructura burocrática disponible. "Ni siquiera hay indicadores que ayuden a cuantificar el servicio ambiental", agrega el funcionario. Todo debe ser creado sobre la marcha con cuidado de armonizar el derecho colectivo a un ambiente sano con el derecho de dominio de los particulares. En un terreno tan delicado y nuevo, sólo los pies de plomo que recomienda el legislador Alvarez pueden evitar un catastrófico paso en falso.
Fecha de Publicación: 11/10/2010
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Tenía razón el legislador Roque Tobías Alvarez (PJ) cuando a mediados de este año advirtió que el Poder Ejecutivo debía reglamentar "con pies de plomo" la Ley 8.304, de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Tucumán (Otbnt). La expresión, que alude a la cautela debida en la definición de situaciones que acarrean consecuencias graves, explica por qué el Ministerio de Desarrollo Productivo, por medio de la Dirección de Fauna, Flora Silvestre y Suelo, ha decidido plantear un proyecto de reglamento progresivo, cuyo primer objetivo es crear el marco administrativo para la formulación de los planes de conservación, manejo y aprovechamiento de los bosques nativos previstos en la Ley 8.304.
"Tucumán parte de cero en esta materia", reconoce el arquitecto Daniel Manso, director de Fauna, Flora Silvestre y Suelo, y encargado de coordinar el proceso participativo de elaboración del Otbnt. Esa inexperiencia ha obligado a definir una aplicación gradual de la norma que propone equilibrar la política medioambiental con la política productiva -y viceversa-, y que, en términos prácticos, obliga al Estado a pagar al ciudadano que recupere, cuide y enriquezca el bosque autóctono en función de un esquema de ordenamiento del territorio en tres niveles de protección: máxima (zona roja, 526.638 hectáreas), media (zona amarilla, 219.413 hectáreas) y mínima (zona verde, 164.461 hectáreas).
El borrador de la reglamentación se ajusta a una coyuntura financiera: el pago de los servicios ambientales que presta la superficie boscosa no procede aún del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (Fnecbn), como prescribe la Ley 26.331, sino de una partida de la Jefatura de Gabinete nacional. Manso, que mantiene en reserva el proyecto "para evitar tergiversaciones", explica que el Fnecbn está a su vez pendiente de reglamentación y que esto depende de que el resto de las provincias sancionen sus ordenamientos (sólo 10 lo hicieron).
Si bien aún parecen lejanos los $40 millones que Tucumán aspira a recibir del fondo de la Ley 26.331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el Gobierno de José Alperovich no quiere perder los $6 millones que este año le corresponden a la provincia en concepto del Otbnt y cuyo plazo de asignación vence el 31 de octubre. Por ello, Fauna, Flora Silvestre y Suelo ha resuelto convocar las primeras "ideas-proyecto" de conservación y aprovechamiento de bosques nativos mientras cierra el texto reglamentario (el objetivo es que el gobernador lo decrete este mes, 60 días más tarde de lo establecido en la Ley 8.304).
"En los próximos dos años vamos a pagar la formulación de los planes, la ejecución de un año del plan aprobado y trabajos de investigación aplicada que ayuden a la conservación de los bosques", precisa Manso, que calcula que a esta convocatoria sólo podrá acceder el Estado (respecto de los planes para las áreas protegidas) y los ciudadanos que "estén en el tema". "Sin capacitación, la aplicación del Otbnt es inviable", añade. Además, anuncia la apertura de dos cursos con matrícula gratuita dirigidos a 60 profesionales del sector público y privado cuyo trabajo final consistirá en el planteo de planes reales.
Pero la "idea-proyecto" convocada hasta el 31 de octubre es una instancia previa a la formulación del más complejo plan de conservación, manejo y aprovechamiento. Manso anticipa que esta etapa consiste en un formulario con requisitos básicos, como la acreditación del título de posesión de la tierra, y de la participación de un técnico registrado en la Dirección. Si la "idea-proyecto" es aprobada, su titular recibirá fondos para financiar la formulación del plan.
"Haremos un gran esfuerzo para acompañar y asesorar a los ciudadanos. En dos años actualizaremos la reglamentación, que, por la naturaleza de la materia, debe ser muy dinámica", promete Manso, que admite que el nuevo paradigma incluido en el Otbnt supera la estructura burocrática disponible. "Ni siquiera hay indicadores que ayuden a cuantificar el servicio ambiental", agrega el funcionario. Todo debe ser creado sobre la marcha con cuidado de armonizar el derecho colectivo a un ambiente sano con el derecho de dominio de los particulares. En un terreno tan delicado y nuevo, sólo los pies de plomo que recomienda el legislador Alvarez pueden evitar un catastrófico paso en falso.
Etiquetas:
bosques nativos,
Desmontes,
ecosistemas,
legislación y derecho ambiental,
Tucumán
|
0
comentarios
Intiman por el fondo de bosques
Intiman por el fondo de bosques
Fecha de Publicación: 10/10/2010
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
La Asociación de Productores Foresto Industriales y Comerciales de Salta (Aproficsa) intimó la última semana al Gobierno de la Provincia a que constituya el fideicomiso previsto en las leyes provincial 7.543 y nacional 26.331. La presentación se hizo mediante instrumento público en el Ministerio de Ambiente, según informó el presiente de la entidad maderera, Daniel Briones.
El dirigente explicó que “hasta hoy los recursos previstos para los ejercicios 2008, 2009 y 2010 destinados al manejo y conservación de los bosques nativos, ascienden a alrededor de mil millones de pesos sólo para Salta, sin que hasta la fecha se hayan integrado y puesto a disposición de los titulares tales recursos”.
Más adelante Briones cargó contra la “omisión inexcusable del Gobierno provincial, que hace suponer desinterés del Ministerio de Hacienda de reclamar aquello que les corresponde a los salteños. Es una actitud aparentemente habitual de dicha cartera”, agregó, en clara referencia a la resignación de recursos y desistimiento de derechos firmados por Salta con la Nación hace poco.
El presidente de Aproficsa recordó, por otra parte, que “ya para el ejercicio 2010 la Provincia omitió incluir los fondos y ahora parece que la Nación dispuso suprimirlos. Está claro entonces que la despreocupación en el cuidado de nuestros bosques nativos se manifiesta con la postergación del reparto de fondos por tercer año consecutivo, dado que la ley nacional es de 2007”.
“Las instrucciones impartidas a los representantes legales de nuestra entidad están orientadas a hacer cumplir la ley tal como está, de modo que su acatamiento será una muestra indiscutible del compromiso asumido con el ambiente”, dijo.
Cabe señalar que Aproficsa, integrada originalmente sólo por industriales madereros del departamento San Martín, fue ganando asociados también del departamento Orán en los últimos tiempos.
Esto hace que la entidad se fortalezca con el paso del tiempo y pueda gestionar los beneficios previstos por las leyes en vigencia para un gran números de productores, que están siendo perjudicados tanto por la medida cautelar de la Justicia como por la inacción oficial respecto del reclamo y reparto de los fondos.
Fecha de Publicación: 10/10/2010
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
La Asociación de Productores Foresto Industriales y Comerciales de Salta (Aproficsa) intimó la última semana al Gobierno de la Provincia a que constituya el fideicomiso previsto en las leyes provincial 7.543 y nacional 26.331. La presentación se hizo mediante instrumento público en el Ministerio de Ambiente, según informó el presiente de la entidad maderera, Daniel Briones.
El dirigente explicó que “hasta hoy los recursos previstos para los ejercicios 2008, 2009 y 2010 destinados al manejo y conservación de los bosques nativos, ascienden a alrededor de mil millones de pesos sólo para Salta, sin que hasta la fecha se hayan integrado y puesto a disposición de los titulares tales recursos”.
Más adelante Briones cargó contra la “omisión inexcusable del Gobierno provincial, que hace suponer desinterés del Ministerio de Hacienda de reclamar aquello que les corresponde a los salteños. Es una actitud aparentemente habitual de dicha cartera”, agregó, en clara referencia a la resignación de recursos y desistimiento de derechos firmados por Salta con la Nación hace poco.
El presidente de Aproficsa recordó, por otra parte, que “ya para el ejercicio 2010 la Provincia omitió incluir los fondos y ahora parece que la Nación dispuso suprimirlos. Está claro entonces que la despreocupación en el cuidado de nuestros bosques nativos se manifiesta con la postergación del reparto de fondos por tercer año consecutivo, dado que la ley nacional es de 2007”.
“Las instrucciones impartidas a los representantes legales de nuestra entidad están orientadas a hacer cumplir la ley tal como está, de modo que su acatamiento será una muestra indiscutible del compromiso asumido con el ambiente”, dijo.
Cabe señalar que Aproficsa, integrada originalmente sólo por industriales madereros del departamento San Martín, fue ganando asociados también del departamento Orán en los últimos tiempos.
Esto hace que la entidad se fortalezca con el paso del tiempo y pueda gestionar los beneficios previstos por las leyes en vigencia para un gran números de productores, que están siendo perjudicados tanto por la medida cautelar de la Justicia como por la inacción oficial respecto del reclamo y reparto de los fondos.
Etiquetas:
bosques nativos,
Desmontes,
ecosistemas,
legislación y derecho ambiental,
Salta
|
0
comentarios
Pidieron cerrar el vertedero de Tucumán
Pidieron a la Justicia que cierre el predio
Fecha de Publicación: 09/10/2010
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
El vicepresidente de la UCR, Raúl Moreno, y el referente del PJ disidente Oscar López presentaron en los tribunales federales un recurso de amparo para que cese la actividad en la planta de tratamiento de residuos de Overa Pozo. Fundaron su pedido en el presunto incumplimiento de la Ley Nº 25.675 (Política Ambiental). Según dijeron, las actuaciones para instalar un emprendimiento que pueda afectar el medioambiente deben realizarse con la participación de la población que pueda resultar afectada por esa actividad.
"Así lo prevé el procedimiento de prevención ambiental. La parte demandada (el Consorcio Metropolitano para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos; los municipios de capital, Banda del Río Salí, Alderetes, Yerba Buena, Tafí Viejo y Las Talitas; la Provincia y la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL) no dio información ni permitió la participación de los vecinos en el proceso. Planteamos una cautelar innovativa para que el juez ordene la suspensión de las actividades", dijo López.
"Es un reclamo que los vecinos vienen haciendo desde hace dos años; se han cercenado sus derechos. Acá hay una nulidad manifiesta de lo que dispusieron el Ejecutivo y los municipios, porque no se cumplió con los pasos procesales que establece la ley. Lo único claro acá es que es un gran negociado de quienes vienen lucrando, de alguna manera, ilegalmente con este tema", agregó Moreno.
Los letrados estuvieron acompañados por la diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Fernanda Reyes (Coalición Cívica), que visitó la provincia.
Fecha de Publicación: 09/10/2010
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
El vicepresidente de la UCR, Raúl Moreno, y el referente del PJ disidente Oscar López presentaron en los tribunales federales un recurso de amparo para que cese la actividad en la planta de tratamiento de residuos de Overa Pozo. Fundaron su pedido en el presunto incumplimiento de la Ley Nº 25.675 (Política Ambiental). Según dijeron, las actuaciones para instalar un emprendimiento que pueda afectar el medioambiente deben realizarse con la participación de la población que pueda resultar afectada por esa actividad.
"Así lo prevé el procedimiento de prevención ambiental. La parte demandada (el Consorcio Metropolitano para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos; los municipios de capital, Banda del Río Salí, Alderetes, Yerba Buena, Tafí Viejo y Las Talitas; la Provincia y la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL) no dio información ni permitió la participación de los vecinos en el proceso. Planteamos una cautelar innovativa para que el juez ordene la suspensión de las actividades", dijo López.
"Es un reclamo que los vecinos vienen haciendo desde hace dos años; se han cercenado sus derechos. Acá hay una nulidad manifiesta de lo que dispusieron el Ejecutivo y los municipios, porque no se cumplió con los pasos procesales que establece la ley. Lo único claro acá es que es un gran negociado de quienes vienen lucrando, de alguna manera, ilegalmente con este tema", agregó Moreno.
Los letrados estuvieron acompañados por la diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Fernanda Reyes (Coalición Cívica), que visitó la provincia.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios