Las claves del debate por los glaciares
19:37 | 
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Minería y denuncias de corrupción, las claves del debate por los glaciares
Fecha de Publicación: 13/07/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Tras el veto presidencial de 2008, Diputados tratará mañana dos proyectos de preservación de los grandes hielos; la oposición denuncia que la iniciativa kirchnerista beneficiará a la explotación minera.
Casi dos años después del veto de Cristina Kirchner a la ley de glaciares, oficialismo y oposición volverán a tratar mañana en la Cámara de Diputados un nuevo proyecto que busca la preservación de los grandes hielos, uno de los más importantes recursos naturales del país.
En la sesión, la oposición insistirá en aprobar el texto que fuera rechazado por la Presidenta en 2008 y que había sido sancionado por unanimidad en el Congreso. El kirchnerismo, en cambio, defenderá un dictamen de minoría basado en el proyecto que fue aprobado por el Senado en octubre de 2009.
La discusión se centra en las implicancias que tendrá la nueva norma en la minería, después de que la oposición denunciara al Gobierno por supuestos beneficios a la empresa canadiense Barrick Gold.
La oposición argumenta que la nueva iniciativa le permitiría a las mineras utilizar agua de los grandes hielos en sus operaciones. También señalan que la explotación podría contaminar esos recursos naturales.
En el kirchnerismo descalifican esta posición, aseguran que el proyecto impulsado por el Ejecutivo es aún más estricto que aquel que fue vetado, y acusan a la oposición de querer sacar rédito político de la situación.
"El proyecto del oficialismo permite que los glaciares puedan ser usados para actividades industriales. Esto es peligrosísimo. Las mineras se frotan las manos porque les facilita el agua que necesitan para hacer negocios", afirmó a lanacion.com el diputado Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), que había atribuido el veto a la presión de gobernadores de provincias cordilleranas. Y resaltó que la iniciativa impulsada por el Gobierno "es peligrosísima porque no protege todo él área periglaciar, sino que se limita a defender aquellas partes que están escondidas".
Conceptos. La definición del área alrededor de los glaciares es otro de los puntos conflictivos.
Convencido de que este nuevo proyecto es más preciso y estricto, el senador oficialista Daniel Filmus (Frente para la Victoria) contrapuso su visión: "La ley que fue vetada no determinaba qué era la zona periglaciar", señaló el ex ministro de Educación, que intentó llevar la discusión a un plano extra político. "No hay un proyecto Filmus -se quejó-, ya que lo que impulsamos fue apoyado por distintas fuerzas políticas y aprobado en el Senado".
Además, aclaró que en la propuesta se establece la "prohibición" de cualquier actividad que pueda resultar nociva para los glaciares, como la minería, "e incluso añade la explotación de hidrocarburos". Por eso, "de existir alguna actividad de alguna empresa, ya sea Barrick, otra o el Estado mismo, en zona glaciar o periglaciar será prohibida por la norma", destacó.
En la misma línea, el senador oficialista César Gioja, ex presidente de la Comisión de Minería de la Cámara alta, atacó a la oposición por utilizar "una amplia vaguedad de concepto" para definir qué son los glaciares.
Desde el kirchnerismo indicaron que las definiciones agregadas de glaciares y zonas circundantes ?cuya ausencia era uno de los fundamentos del veto-, corresponden al aporte científico del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), entidad dependiente del Conicet que se encarga la confección de un inventario de esos hielos.
"La iniciativa aprobada por el Senado es técnica. En cambio, el otro proyecto es netamente político, porque buscan sancionar la misma norma que ya fue vetada por la Presidenta para aprovechar el desmérito político que esta decisión conlleva", añadió Gioja ante la consulta de lanacion.com .
Bonasso contraatacó: "Nuestro texto es deliberadamente genérico porque sino fuera así, los sinvergüenzas como Gioja y Barrick lo podrían utilizar para quedarse con los recursos naturales". Y fue tajante cuando se refirió a las consecuencias que implicaría la sanción de su iniciativa. "Con nuestro proyecto, si se comprueba que hay daño ambiental, la mina se cierra. El proyecto de Filmus, en cambio, no permite el cese de actividades mineras y deja en poder de las provincias esa decisión. Nosotros también le damos participación a la autoridad nacional", argumentó.
"La aprobación de este proyecto no implicaría el cierre de ninguna mina en San Juan, porque las minas ya han aprobado un Informe de Impacto Ambiental (IIA) que determinó que su actividad no afecta al medioambiente", aclaró Gioja.
Apuro en las provincias. Desde la oposición acusan al Gobierno de tener vínculos con la minera canadiense Barrick Gold y señalan esta relación como el principal motivo del veto presidencial (ver aparte). La empresa señaló que sus operaciones "se desarrollan en el más estricto apego a la legislación vigente", y que la gestión ambiental "está certificada bajo estándares internacionales".
A fines de junio, la Presidenta se reunió en Canadá con el CEO de Barrick, Peter Munk, para promover inversiones de esa industria en el país. Durante el almuerzo de negocios, acompañaron a Cristina Kirchner gobernadores de las provincias interesadas en el fomento de la actividad.
El pulso político se aceleró en esas provincias durante los últimos días para defender la actividad. La semana pasada, la Legislatura riojana aprobó una ley de protección de glaciares impulsada por el kirchnerismo que deja en manos del gobierno local el poder de policía sobre los recursos naturales.
Después de su aprobación, diputados nacionales de la UCR denunciaron irregularidades en la sanción de la norma y acusaron al gobernador kirchnerista Luis Beder Herrera de sancionar la ley para favorecer a Barrick. Si bien las leyes provinciales no podrían ser más permisivas que una nacional, podrían servir de amparo para sacar provecho de los recursos naturales, que pertenecen a las provincias según la reforma constitucional de 1994.
"La sanción de este tipo de leyes es una maniobra perversa que la Presidenta avala", afirmó Bonasso. Y acusó: "Es mentira que son federales. Están defendiendo negocios particulares, como en el caso de Gioja y de Jorge Mayoral (secretario de Minería), que tienen vínculos con Barrick". El diputado acusó a Filmus de ser "empleado" de la minera. "En mi vida vi a nadie de Barrick Gold", se defendió el senador. Y devolvió la acusación: "El que hace el juego a Barrick es Bonasso, porque si traba la ley ayuda a esas explotaciones".
El clima de tensión volverá a instalarse mañana en Diputados. Pero, al parecer, la ley de glaciares no se resolverá en el corto plazo: si la oposición se impone en la votación, el proyecto volverá al Senado, donde enfrentará un escenario más complejo. Aún así, si superara ese escollo, Cristina Kirchner deberá decidir si aplica o no un nuevo veto.
"Tráfico de influencias"
El miércoles pasado, los diputados Elisa Carrió, Fernanda Reyes (CC) y Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), denunciaron el "tráfico de influencias" de la Presidenta para favorecer inversiones de la minera canadiense Barrick Gold. Ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, los diputados opositores señalaron la vinculación entre el Gobierno, que vetó la ley de glaciares, y aportaron pruebas para la investigación. En la última cumbre del G-20, realizada hace semanas en Toronto, Cristina Kirchner se encontró con el CEO de la empresa, Peter Munk, quien agradeció el mantenimiento de las "reglas del juego" en el país.
En la denuncia se precisa que, además del veto, el Gobierno otorgó beneficios tributarios por más de $ 150 millones y otras ventajas a la empresa que desarrolla el emprendimiento binacional Pascua-Lama en la frontera entre San Juan y el territorio chileno. También se involucra al gobernador de San Juan, José Luis Gioja, a Cesar Rioja, hermano del primero y senador, y al secretario de Minería, Jorge Mayoral.
Las provincias que rompen el hielo
Fecha de Publicación: 13/07/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En tiempo record, Jujuy y La Rioja aprobaron normas sobre glaciares y esta semana harían lo mismo San Juan y Salta. Las asambleas ambientalistas denuncian que es una maniobra para eludir la legislación que vote el Congreso nacional.
Ante la posibilidad de que el Congreso nacional apruebe una ley para proteger a los glaciares y limitar la megaminería, gobiernos provinciales impulsan –y las legislaturas aprueban a contrarreloj– leyes que regulan el mismo tema. Sin debate y en tiempo record, Jujuy y La Rioja hicieron punta en la estrategia de los gobernadores: el jueves pasado sancionaron normas de “protección de glaciares”, aunque desde las asambleas ambientales afirman que son leyes “para permitir el avance minero”. Salta y San Juan ya prepararon sus leyes y esperan sancionarlas esta semana. El cambio de escenario fue impulsado luego de que gobernadores se reunieran con la empresa Barrick Gold en Canadá. La Cámara de Diputados de la Nación debatirá el próximo miércoles entre dos proyectos de protección de glaciares.
El miércoles 7 de julio las asambleas ambientales riojanas lanzaron un comunicado donde alertaban que el gobierno provincial había pactado con empresarios mineros de Canadá y China, llamaron a un plenario y movilizaciones. “Alertamos al pueblo sobre uno de los mayores negociados de la historia riojana de entrega del patrimonio minero (...) mientras se destruyen las fuentes de agua que dan vida a los pueblos y a los ecosistemas regionales”, afirmaron los asambleístas.
Al día siguiente, sin debate en comisiones parlamentarias, sin consultar a especialistas científicos y sin atender los reclamos de organizaciones de la sociedad civil, la Legislatura riojana aprobó la ley de “protección de glaciares”, donde el poder de control será ejercido de forma exclusiva por autoridades provinciales. El proyecto de ley había sido presentado el día anterior por el Ejecutivo y sólo el oficialismo sabía de su existencia. “El poder de policía lo tienen la Secretaría de Ambiente y la Cámara de Diputados. El lobo cuidando el gallinero. Son leyes a pedido de la Barrick”, denunció Jenny Luján, activista de la provincia.
También en tiempo record, presentado el 6 de julio y aprobado el 8, el gobierno de Jujuy sancionó su ley de glaciares. Al igual que en La Rioja, el control a las empresas queda en manos del gobierno provincial. También determina que realizará un inventario de glaciares, pero destaca que la opinión de los organismos técnicos especializados no será vinculante.
Alicia Chalabe es abogada patrocinante de vecinos de Tilcara que rechazan la explotación minera. “Por la Constitución Nacional reformada, los recursos naturales pertenecen a las provincias. Entonces la sanción de una ley provincial de glaciares fue una jugada muy bien pensada por los que impulsan la minería. La futura ley nacional podría ser tratada de inconstitucional”, explicó.
El 26 de junio, en el marco de la reunión del Grupo de los 20 (G-20) en Canadá, el fundador y directivo de Barrick Gold, Peter Munk, recibió a la Presidenta y a los gobernadores Walter Barrionuevo (Jujuy), Luis Beder Herrera (La Rioja), Juan Manuel Urtubey (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y José Luis Gioja (San Juan). La comitiva oficial les aseguró a los empresarios que las leyes mineras “no serán modificadas”.
El 6 de julio, en la Casa de Salta en Buenos Aires, se reunieron los gobernadores recién llegados de Canadá. Se sumaron funcionarios de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Catamarca. También estuvo el secretario de Minería, Jorge Mayoral. Allí se hizo pública la estrategia acordada en Canadá. “Declaración de las provincias cordilleranas” es el título del documento en el que se resalta “la necesidad impostergable de proteger los glaciares”. Allí mismo se presentó un modelo de ley provincial, que cada gobernador se comprometió a presentar en sus provincias y aprobar lo más rápido posible. Las recientes leyes de La Rioja y Jujuy son las primeras de una larga lista.
La Cámara de Empresarios Mineros (CAEM) festejó: “La Cámara respalda plenamente la Declaración de los Gobernadores que reafirmaron sus competencias en materia de cuidado ambiental, comprometiéndose a garantizar el desarrollo minero con criterios sustentables”.
Mirta Antonelli es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, y coeditora del libro Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. Explica que, a nivel mundial, las corporaciones de la megaminería se caracterizan por “fabricar los referentes jurídicos que viabilicen el extractivismo, haciendo leyes a la medida de sus intereses”, y da como ejemplo las reformas que la Argentina realizó en los ’90. “El caso de las leyes provinciales para disponer de los glaciares, obviando que en el Congreso nacional se debate esta semana el destino del patrimonio de aguas –señaló–, lejos está de ser ‘federalismo’ y ‘autonomía’ provinciales. Es poner en manos y bajo el poder de los gobernadores pro-mineros los territorios y las aguas para que luego decidan las empresas mineras.”
Fecha de Publicación: 13/07/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Tras el veto presidencial de 2008, Diputados tratará mañana dos proyectos de preservación de los grandes hielos; la oposición denuncia que la iniciativa kirchnerista beneficiará a la explotación minera.
Casi dos años después del veto de Cristina Kirchner a la ley de glaciares, oficialismo y oposición volverán a tratar mañana en la Cámara de Diputados un nuevo proyecto que busca la preservación de los grandes hielos, uno de los más importantes recursos naturales del país.
En la sesión, la oposición insistirá en aprobar el texto que fuera rechazado por la Presidenta en 2008 y que había sido sancionado por unanimidad en el Congreso. El kirchnerismo, en cambio, defenderá un dictamen de minoría basado en el proyecto que fue aprobado por el Senado en octubre de 2009.
La discusión se centra en las implicancias que tendrá la nueva norma en la minería, después de que la oposición denunciara al Gobierno por supuestos beneficios a la empresa canadiense Barrick Gold.
La oposición argumenta que la nueva iniciativa le permitiría a las mineras utilizar agua de los grandes hielos en sus operaciones. También señalan que la explotación podría contaminar esos recursos naturales.
En el kirchnerismo descalifican esta posición, aseguran que el proyecto impulsado por el Ejecutivo es aún más estricto que aquel que fue vetado, y acusan a la oposición de querer sacar rédito político de la situación.
"El proyecto del oficialismo permite que los glaciares puedan ser usados para actividades industriales. Esto es peligrosísimo. Las mineras se frotan las manos porque les facilita el agua que necesitan para hacer negocios", afirmó a lanacion.com el diputado Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), que había atribuido el veto a la presión de gobernadores de provincias cordilleranas. Y resaltó que la iniciativa impulsada por el Gobierno "es peligrosísima porque no protege todo él área periglaciar, sino que se limita a defender aquellas partes que están escondidas".
Conceptos. La definición del área alrededor de los glaciares es otro de los puntos conflictivos.
Convencido de que este nuevo proyecto es más preciso y estricto, el senador oficialista Daniel Filmus (Frente para la Victoria) contrapuso su visión: "La ley que fue vetada no determinaba qué era la zona periglaciar", señaló el ex ministro de Educación, que intentó llevar la discusión a un plano extra político. "No hay un proyecto Filmus -se quejó-, ya que lo que impulsamos fue apoyado por distintas fuerzas políticas y aprobado en el Senado".
Además, aclaró que en la propuesta se establece la "prohibición" de cualquier actividad que pueda resultar nociva para los glaciares, como la minería, "e incluso añade la explotación de hidrocarburos". Por eso, "de existir alguna actividad de alguna empresa, ya sea Barrick, otra o el Estado mismo, en zona glaciar o periglaciar será prohibida por la norma", destacó.
En la misma línea, el senador oficialista César Gioja, ex presidente de la Comisión de Minería de la Cámara alta, atacó a la oposición por utilizar "una amplia vaguedad de concepto" para definir qué son los glaciares.
Desde el kirchnerismo indicaron que las definiciones agregadas de glaciares y zonas circundantes ?cuya ausencia era uno de los fundamentos del veto-, corresponden al aporte científico del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), entidad dependiente del Conicet que se encarga la confección de un inventario de esos hielos.
"La iniciativa aprobada por el Senado es técnica. En cambio, el otro proyecto es netamente político, porque buscan sancionar la misma norma que ya fue vetada por la Presidenta para aprovechar el desmérito político que esta decisión conlleva", añadió Gioja ante la consulta de lanacion.com .
Bonasso contraatacó: "Nuestro texto es deliberadamente genérico porque sino fuera así, los sinvergüenzas como Gioja y Barrick lo podrían utilizar para quedarse con los recursos naturales". Y fue tajante cuando se refirió a las consecuencias que implicaría la sanción de su iniciativa. "Con nuestro proyecto, si se comprueba que hay daño ambiental, la mina se cierra. El proyecto de Filmus, en cambio, no permite el cese de actividades mineras y deja en poder de las provincias esa decisión. Nosotros también le damos participación a la autoridad nacional", argumentó.
"La aprobación de este proyecto no implicaría el cierre de ninguna mina en San Juan, porque las minas ya han aprobado un Informe de Impacto Ambiental (IIA) que determinó que su actividad no afecta al medioambiente", aclaró Gioja.
Apuro en las provincias. Desde la oposición acusan al Gobierno de tener vínculos con la minera canadiense Barrick Gold y señalan esta relación como el principal motivo del veto presidencial (ver aparte). La empresa señaló que sus operaciones "se desarrollan en el más estricto apego a la legislación vigente", y que la gestión ambiental "está certificada bajo estándares internacionales".
A fines de junio, la Presidenta se reunió en Canadá con el CEO de Barrick, Peter Munk, para promover inversiones de esa industria en el país. Durante el almuerzo de negocios, acompañaron a Cristina Kirchner gobernadores de las provincias interesadas en el fomento de la actividad.
El pulso político se aceleró en esas provincias durante los últimos días para defender la actividad. La semana pasada, la Legislatura riojana aprobó una ley de protección de glaciares impulsada por el kirchnerismo que deja en manos del gobierno local el poder de policía sobre los recursos naturales.
Después de su aprobación, diputados nacionales de la UCR denunciaron irregularidades en la sanción de la norma y acusaron al gobernador kirchnerista Luis Beder Herrera de sancionar la ley para favorecer a Barrick. Si bien las leyes provinciales no podrían ser más permisivas que una nacional, podrían servir de amparo para sacar provecho de los recursos naturales, que pertenecen a las provincias según la reforma constitucional de 1994.
"La sanción de este tipo de leyes es una maniobra perversa que la Presidenta avala", afirmó Bonasso. Y acusó: "Es mentira que son federales. Están defendiendo negocios particulares, como en el caso de Gioja y de Jorge Mayoral (secretario de Minería), que tienen vínculos con Barrick". El diputado acusó a Filmus de ser "empleado" de la minera. "En mi vida vi a nadie de Barrick Gold", se defendió el senador. Y devolvió la acusación: "El que hace el juego a Barrick es Bonasso, porque si traba la ley ayuda a esas explotaciones".
El clima de tensión volverá a instalarse mañana en Diputados. Pero, al parecer, la ley de glaciares no se resolverá en el corto plazo: si la oposición se impone en la votación, el proyecto volverá al Senado, donde enfrentará un escenario más complejo. Aún así, si superara ese escollo, Cristina Kirchner deberá decidir si aplica o no un nuevo veto.
"Tráfico de influencias"
El miércoles pasado, los diputados Elisa Carrió, Fernanda Reyes (CC) y Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), denunciaron el "tráfico de influencias" de la Presidenta para favorecer inversiones de la minera canadiense Barrick Gold. Ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, los diputados opositores señalaron la vinculación entre el Gobierno, que vetó la ley de glaciares, y aportaron pruebas para la investigación. En la última cumbre del G-20, realizada hace semanas en Toronto, Cristina Kirchner se encontró con el CEO de la empresa, Peter Munk, quien agradeció el mantenimiento de las "reglas del juego" en el país.
En la denuncia se precisa que, además del veto, el Gobierno otorgó beneficios tributarios por más de $ 150 millones y otras ventajas a la empresa que desarrolla el emprendimiento binacional Pascua-Lama en la frontera entre San Juan y el territorio chileno. También se involucra al gobernador de San Juan, José Luis Gioja, a Cesar Rioja, hermano del primero y senador, y al secretario de Minería, Jorge Mayoral.
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Las provincias que rompen el hielo
Fecha de Publicación: 13/07/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En tiempo record, Jujuy y La Rioja aprobaron normas sobre glaciares y esta semana harían lo mismo San Juan y Salta. Las asambleas ambientalistas denuncian que es una maniobra para eludir la legislación que vote el Congreso nacional.
Ante la posibilidad de que el Congreso nacional apruebe una ley para proteger a los glaciares y limitar la megaminería, gobiernos provinciales impulsan –y las legislaturas aprueban a contrarreloj– leyes que regulan el mismo tema. Sin debate y en tiempo record, Jujuy y La Rioja hicieron punta en la estrategia de los gobernadores: el jueves pasado sancionaron normas de “protección de glaciares”, aunque desde las asambleas ambientales afirman que son leyes “para permitir el avance minero”. Salta y San Juan ya prepararon sus leyes y esperan sancionarlas esta semana. El cambio de escenario fue impulsado luego de que gobernadores se reunieran con la empresa Barrick Gold en Canadá. La Cámara de Diputados de la Nación debatirá el próximo miércoles entre dos proyectos de protección de glaciares.
El miércoles 7 de julio las asambleas ambientales riojanas lanzaron un comunicado donde alertaban que el gobierno provincial había pactado con empresarios mineros de Canadá y China, llamaron a un plenario y movilizaciones. “Alertamos al pueblo sobre uno de los mayores negociados de la historia riojana de entrega del patrimonio minero (...) mientras se destruyen las fuentes de agua que dan vida a los pueblos y a los ecosistemas regionales”, afirmaron los asambleístas.
Al día siguiente, sin debate en comisiones parlamentarias, sin consultar a especialistas científicos y sin atender los reclamos de organizaciones de la sociedad civil, la Legislatura riojana aprobó la ley de “protección de glaciares”, donde el poder de control será ejercido de forma exclusiva por autoridades provinciales. El proyecto de ley había sido presentado el día anterior por el Ejecutivo y sólo el oficialismo sabía de su existencia. “El poder de policía lo tienen la Secretaría de Ambiente y la Cámara de Diputados. El lobo cuidando el gallinero. Son leyes a pedido de la Barrick”, denunció Jenny Luján, activista de la provincia.
También en tiempo record, presentado el 6 de julio y aprobado el 8, el gobierno de Jujuy sancionó su ley de glaciares. Al igual que en La Rioja, el control a las empresas queda en manos del gobierno provincial. También determina que realizará un inventario de glaciares, pero destaca que la opinión de los organismos técnicos especializados no será vinculante.
Alicia Chalabe es abogada patrocinante de vecinos de Tilcara que rechazan la explotación minera. “Por la Constitución Nacional reformada, los recursos naturales pertenecen a las provincias. Entonces la sanción de una ley provincial de glaciares fue una jugada muy bien pensada por los que impulsan la minería. La futura ley nacional podría ser tratada de inconstitucional”, explicó.
El 26 de junio, en el marco de la reunión del Grupo de los 20 (G-20) en Canadá, el fundador y directivo de Barrick Gold, Peter Munk, recibió a la Presidenta y a los gobernadores Walter Barrionuevo (Jujuy), Luis Beder Herrera (La Rioja), Juan Manuel Urtubey (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y José Luis Gioja (San Juan). La comitiva oficial les aseguró a los empresarios que las leyes mineras “no serán modificadas”.
El 6 de julio, en la Casa de Salta en Buenos Aires, se reunieron los gobernadores recién llegados de Canadá. Se sumaron funcionarios de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Catamarca. También estuvo el secretario de Minería, Jorge Mayoral. Allí se hizo pública la estrategia acordada en Canadá. “Declaración de las provincias cordilleranas” es el título del documento en el que se resalta “la necesidad impostergable de proteger los glaciares”. Allí mismo se presentó un modelo de ley provincial, que cada gobernador se comprometió a presentar en sus provincias y aprobar lo más rápido posible. Las recientes leyes de La Rioja y Jujuy son las primeras de una larga lista.
La Cámara de Empresarios Mineros (CAEM) festejó: “La Cámara respalda plenamente la Declaración de los Gobernadores que reafirmaron sus competencias en materia de cuidado ambiental, comprometiéndose a garantizar el desarrollo minero con criterios sustentables”.
Mirta Antonelli es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, y coeditora del libro Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. Explica que, a nivel mundial, las corporaciones de la megaminería se caracterizan por “fabricar los referentes jurídicos que viabilicen el extractivismo, haciendo leyes a la medida de sus intereses”, y da como ejemplo las reformas que la Argentina realizó en los ’90. “El caso de las leyes provinciales para disponer de los glaciares, obviando que en el Congreso nacional se debate esta semana el destino del patrimonio de aguas –señaló–, lejos está de ser ‘federalismo’ y ‘autonomía’ provinciales. Es poner en manos y bajo el poder de los gobernadores pro-mineros los territorios y las aguas para que luego decidan las empresas mineras.”
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Tucumán: Cambia el paradigma de los bosques
Cambia el paradigma de los bosques nativos
Fecha de Publicación: 12/07/2010
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Por primera vez en la historia, el Estado pagará al ciudadano que recupere, cuide, conserve y enriquezca el bosque autóctono. La Ley 8.304 obliga a conservar a perpetuidad 526.638 hectáreas de masa boscosa. El legislador Roque Alvarez pide reglamentar la norma con "pies de plomo"
Un cambio de paradigma puede ser el comienzo de una revolución, pero una sociedad difícilmente acceda a lo segundo sin pasar antes por lo primero. Y a veces ese trámite imprescindible resulta tan complejo y arduo que termina en frustración. Felizmente no es ese el caso del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Tucumán (Otbnt), que tras 18 meses de mora y 15 de elaboración, fue finalmente convertido en ley (con el número 8.304) y publicado en el Boletín Oficial del 30 de junio, justo en la primera mitad del Año Internacional de la Biodiversidad.
Este nuevo modelo trata a la producción y a la conservación como actividades coligadas y complementarias. Por ello, el Otbnt es más que una norma de índole ecológica: al hacer suyos -y adaptar a la realidad geográfica y productiva provincial- los parámetros de conservación previstos en la Ley Nacional 26.331 (de Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos), el texto reconoce el valor económico del bosque a renglón seguido de consagrar la obligación de conservarlo en tres niveles de intensidad: máxima, media y baja. "Es inédito que el Estado pague a quienes tienen bosques por los servicios ambientales que estos brindan", observa Jorge González Morenghi, presidente de la ONG Fundefma, que gestionó el proceso de elaboración del Otbnt.
Pero como repite incansablemente Daniel Manso, titular de la Dirección de Fauna, Flora Silvestre y Suelo, la primera innovación de la Ley 26.331 consiste en entender el bosque como un ecosistema. Ese concepto amplio, que trasciende la mera superficie arbolada e incluye el suelo, subsuelo, atmósfera, clima y recursos hídricos, ha permitido que el Estado provincial determine los distintos niveles de protección a partir del criterio de la conservación de las cuencas.
La Ley 8.304 asigna 526.638 hectáreas a la categoría roja (máximo nivel de protección correspondiente a los bosques nativos perpetuos), 219.413 hectáreas a la amarilla (protección media) y 164.461 hectáreas a la verde (protección baja), y crea una categoría propia (de color marrón) no prevista en la Ley 26.331, que comprende 1.305.878 hectáreas caracterizadas como sectores adyacentes -como pastizales y altas cumbres- a los bosques, que actúan o deben actuar como áreas de amortiguación.
En concreto, esos colores establecen restricciones al derecho de dominio al prohibir ciertas actividades (por ejemplo, la transformación del suelo en los predios de las áreas roja y amarilla) y al requerir que las permitidas (como el aprovechamiento sostenible en la zona amarilla) sean aprobadas por el Poder Ejecutivo previa presentación de planes de conservación, de manejo, y de aprovechamiento, según corresponda. Elaborado a escala catastral, el Otbnt prevé que el color o los colores de los fundos -pueden atravesar varias categorías- sean incorporados a los títulos de propiedad en las inscripciones de derechos reales en el Registro Inmobiliario de la Provincia y en los instrumentos notariales.
Complejidad operativa
Como durante 2008 no hizo ningún avance en la trabajosa formulación del ordenamiento territorial -debía surgir de un proceso participativo, según la previsión de la Ley 26.331-, el Gobierno tuvo que apurarse para concluir el proyecto en el plazo límite (establecido por el Poder Ejecutivo Nacional) para participar del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, que en este ejercicio consta de 300 millones de pesos. El apremio exigió celebrar la audiencia pública de presentación del proyecto del OTBNT el 14 de junio y, dos días después, someterlo a votación en el recinto.
"No recuerdo cuándo fue la última vez que la Legislatura sancionó un proyecto por unanimidad", comenta exultante a LA GACETA el parlamentario justicialista Roque Tobías Alvarez, que promovió la iniciativa en su condición de presidente del bloque alperovichista -no integra la Comisión de Medio Ambiente-. Pero el legislador advierte que la efectividad de la norma avalada por el oficialismo y la oposición depende de que el Poder Ejecutivo la reglamente "con pies de plomo".
La reglamentación debe considerar, en efecto, una infinidad de hipótesis decisivas para el funcionamiento del sistema de protección de los bosques nativos, como la situación de los derechos adquiridos con anterioridad a la sanción de la Ley 8.304 (hubo planteos de este tipo en la audiencia pública); el procedimiento para aspirar a las compensaciones económicas establecidas en la Ley 26.331 (por medio de la presentación de planes de conservación, de manejo, y de aprovechamiento) y el trámite administrativo pertinente en el caso de los estudios de impacto ambiental exigidos para el desmonte.
Superado el paso de la reglamentación -las autoridades calculan que el instrumento estará listo a finales de agosto-, el Poder Ejecutivo tiene por delante el reto de transformarse a sí mismo. "Y asumir el asunto como una política de Estado. Pero no todo es responsabilidad del Gobierno: los ciudadanos deben tomar definitivamente conciencia ambiental", postula González Morenghi.
El desafío incluye desde desarrollar actividades de monitoreo que exigen una inversión enorme en recursos humanos y tecnología hasta consolidar una autoridad de aplicación capaz de atender en tiempo y forma las consultas e inquietudes de los ciudadanos. La Ley 26.331, que advirtió esa complejidad operativa, dispone que el 30% de los recursos que la provincia reciba por su participación en el Fondo de Enriquecimiento sean destinados al fortalecimiento institucional. Es decir, las acciones de conservación rendirán frutos económicos al particular que las impulse y al Estado que las tutele, y, en términos ambientales, al conjunto de la población. Si esos incentivos legales se verifican en la práctica, el cambio de paradigma de los bosques nativos puede devenir en revolución.
Fecha de Publicación: 12/07/2010
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Por primera vez en la historia, el Estado pagará al ciudadano que recupere, cuide, conserve y enriquezca el bosque autóctono. La Ley 8.304 obliga a conservar a perpetuidad 526.638 hectáreas de masa boscosa. El legislador Roque Alvarez pide reglamentar la norma con "pies de plomo"
Un cambio de paradigma puede ser el comienzo de una revolución, pero una sociedad difícilmente acceda a lo segundo sin pasar antes por lo primero. Y a veces ese trámite imprescindible resulta tan complejo y arduo que termina en frustración. Felizmente no es ese el caso del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Tucumán (Otbnt), que tras 18 meses de mora y 15 de elaboración, fue finalmente convertido en ley (con el número 8.304) y publicado en el Boletín Oficial del 30 de junio, justo en la primera mitad del Año Internacional de la Biodiversidad.
Este nuevo modelo trata a la producción y a la conservación como actividades coligadas y complementarias. Por ello, el Otbnt es más que una norma de índole ecológica: al hacer suyos -y adaptar a la realidad geográfica y productiva provincial- los parámetros de conservación previstos en la Ley Nacional 26.331 (de Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos), el texto reconoce el valor económico del bosque a renglón seguido de consagrar la obligación de conservarlo en tres niveles de intensidad: máxima, media y baja. "Es inédito que el Estado pague a quienes tienen bosques por los servicios ambientales que estos brindan", observa Jorge González Morenghi, presidente de la ONG Fundefma, que gestionó el proceso de elaboración del Otbnt.
Pero como repite incansablemente Daniel Manso, titular de la Dirección de Fauna, Flora Silvestre y Suelo, la primera innovación de la Ley 26.331 consiste en entender el bosque como un ecosistema. Ese concepto amplio, que trasciende la mera superficie arbolada e incluye el suelo, subsuelo, atmósfera, clima y recursos hídricos, ha permitido que el Estado provincial determine los distintos niveles de protección a partir del criterio de la conservación de las cuencas.
La Ley 8.304 asigna 526.638 hectáreas a la categoría roja (máximo nivel de protección correspondiente a los bosques nativos perpetuos), 219.413 hectáreas a la amarilla (protección media) y 164.461 hectáreas a la verde (protección baja), y crea una categoría propia (de color marrón) no prevista en la Ley 26.331, que comprende 1.305.878 hectáreas caracterizadas como sectores adyacentes -como pastizales y altas cumbres- a los bosques, que actúan o deben actuar como áreas de amortiguación.
En concreto, esos colores establecen restricciones al derecho de dominio al prohibir ciertas actividades (por ejemplo, la transformación del suelo en los predios de las áreas roja y amarilla) y al requerir que las permitidas (como el aprovechamiento sostenible en la zona amarilla) sean aprobadas por el Poder Ejecutivo previa presentación de planes de conservación, de manejo, y de aprovechamiento, según corresponda. Elaborado a escala catastral, el Otbnt prevé que el color o los colores de los fundos -pueden atravesar varias categorías- sean incorporados a los títulos de propiedad en las inscripciones de derechos reales en el Registro Inmobiliario de la Provincia y en los instrumentos notariales.
Complejidad operativa
Como durante 2008 no hizo ningún avance en la trabajosa formulación del ordenamiento territorial -debía surgir de un proceso participativo, según la previsión de la Ley 26.331-, el Gobierno tuvo que apurarse para concluir el proyecto en el plazo límite (establecido por el Poder Ejecutivo Nacional) para participar del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, que en este ejercicio consta de 300 millones de pesos. El apremio exigió celebrar la audiencia pública de presentación del proyecto del OTBNT el 14 de junio y, dos días después, someterlo a votación en el recinto.
"No recuerdo cuándo fue la última vez que la Legislatura sancionó un proyecto por unanimidad", comenta exultante a LA GACETA el parlamentario justicialista Roque Tobías Alvarez, que promovió la iniciativa en su condición de presidente del bloque alperovichista -no integra la Comisión de Medio Ambiente-. Pero el legislador advierte que la efectividad de la norma avalada por el oficialismo y la oposición depende de que el Poder Ejecutivo la reglamente "con pies de plomo".
La reglamentación debe considerar, en efecto, una infinidad de hipótesis decisivas para el funcionamiento del sistema de protección de los bosques nativos, como la situación de los derechos adquiridos con anterioridad a la sanción de la Ley 8.304 (hubo planteos de este tipo en la audiencia pública); el procedimiento para aspirar a las compensaciones económicas establecidas en la Ley 26.331 (por medio de la presentación de planes de conservación, de manejo, y de aprovechamiento) y el trámite administrativo pertinente en el caso de los estudios de impacto ambiental exigidos para el desmonte.
Superado el paso de la reglamentación -las autoridades calculan que el instrumento estará listo a finales de agosto-, el Poder Ejecutivo tiene por delante el reto de transformarse a sí mismo. "Y asumir el asunto como una política de Estado. Pero no todo es responsabilidad del Gobierno: los ciudadanos deben tomar definitivamente conciencia ambiental", postula González Morenghi.
El desafío incluye desde desarrollar actividades de monitoreo que exigen una inversión enorme en recursos humanos y tecnología hasta consolidar una autoridad de aplicación capaz de atender en tiempo y forma las consultas e inquietudes de los ciudadanos. La Ley 26.331, que advirtió esa complejidad operativa, dispone que el 30% de los recursos que la provincia reciba por su participación en el Fondo de Enriquecimiento sean destinados al fortalecimiento institucional. Es decir, las acciones de conservación rendirán frutos económicos al particular que las impulse y al Estado que las tutele, y, en términos ambientales, al conjunto de la población. Si esos incentivos legales se verifican en la práctica, el cambio de paradigma de los bosques nativos puede devenir en revolución.
Mayoral e intereses comerciales con la Barrick
Denuncian que Mayoral tiene intereses comerciales con la Barrick Gold
Fecha de Publicación: 12/07/2010
Fuente: OPI Santa Cruz
Provincia/Región: Nacional
Es casi una constante: cuando un funcionario político defiende tanto a una empresa o corporación, se descubre algún vínculo personal con ese sector. Mayoral, Secretario de Minería de la Nación, que fue parte del anuncio de inversiones de la Barrick en pascua Lama por 11 millones de dólares, tiene participación accionaria en dos mineras subsidiarias de la Barrick. ¿Será excomulgado del gobierno, destituido de su cargo e irá preso por corrupción?. No, estamos en Argentina.
Fernanda Reyes (CC) Elisa Carrió y Miguel Bonasso (DpBA) denunciaron a Jorge Mayoral, Secretario de Minería de la Nación por sus vínculos con dos empresas que tienen vinculación con la Barrick Gold. Ellas son la minera Millstone cuyo domicilio en Buenos Aires es el mismo que la Canadiense Barrick y además señalaron que Mayoral tiene participación accionaria en Minvail SA, también en la misma dirección comercial en Marcelo T De Alvear 624, lo confirmó Perfil.
Mayoral, un ingeniero de 48 años, llegó a la secretaría durante la presidencia de Eduardo Duhalde y por expresa recomendación de José Luis Gioja, el gobernador de San Juan que también enfrentó denuncias por su relación con la Barrick. El año pasado se dijo que su hermano –el senador César Gioja– era proveedor de la minera. Aunque negaron las acusaciones, el legislador dejó su cargo como presidente de la Comisión de Minería.
En el caso de Mayoral, la denuncia dice que posee el 15% de las acciones de Millstone SA yse detalla que Hernán Atanasio Celorrio fue socio en la compañía del funcionario y que además “ha sido el presidente de Barrick Exploraciones Argentina SA”.
Las coincidencias continúan en el caso de Minvail SA, donde el funcionario tiene el 25% del paquete accionario. Esa sociedad, en la que también aparece Celorrio, declaró su domicilio fiscal en el mismo piso donde figura Millstone SA. Allí funcionó el estudio jurídico Brons y Salas, que trabaja para la Barrick.
Fecha de Publicación: 12/07/2010
Fuente: OPI Santa Cruz
Provincia/Región: Nacional
Es casi una constante: cuando un funcionario político defiende tanto a una empresa o corporación, se descubre algún vínculo personal con ese sector. Mayoral, Secretario de Minería de la Nación, que fue parte del anuncio de inversiones de la Barrick en pascua Lama por 11 millones de dólares, tiene participación accionaria en dos mineras subsidiarias de la Barrick. ¿Será excomulgado del gobierno, destituido de su cargo e irá preso por corrupción?. No, estamos en Argentina.
Fernanda Reyes (CC) Elisa Carrió y Miguel Bonasso (DpBA) denunciaron a Jorge Mayoral, Secretario de Minería de la Nación por sus vínculos con dos empresas que tienen vinculación con la Barrick Gold. Ellas son la minera Millstone cuyo domicilio en Buenos Aires es el mismo que la Canadiense Barrick y además señalaron que Mayoral tiene participación accionaria en Minvail SA, también en la misma dirección comercial en Marcelo T De Alvear 624, lo confirmó Perfil.
Mayoral, un ingeniero de 48 años, llegó a la secretaría durante la presidencia de Eduardo Duhalde y por expresa recomendación de José Luis Gioja, el gobernador de San Juan que también enfrentó denuncias por su relación con la Barrick. El año pasado se dijo que su hermano –el senador César Gioja– era proveedor de la minera. Aunque negaron las acusaciones, el legislador dejó su cargo como presidente de la Comisión de Minería.
En el caso de Mayoral, la denuncia dice que posee el 15% de las acciones de Millstone SA yse detalla que Hernán Atanasio Celorrio fue socio en la compañía del funcionario y que además “ha sido el presidente de Barrick Exploraciones Argentina SA”.
Las coincidencias continúan en el caso de Minvail SA, donde el funcionario tiene el 25% del paquete accionario. Esa sociedad, en la que también aparece Celorrio, declaró su domicilio fiscal en el mismo piso donde figura Millstone SA. Allí funcionó el estudio jurídico Brons y Salas, que trabaja para la Barrick.
"Malos Aires" en la capital argentina
La basura amenaza con convertir la capital argentina en "Malos Aires"
Fecha de Publicación: 11/07/2010
Fuente: EFE
Provincia/Región: Capital
Buenos Aires no sabe qué hacer con su basura, al menos eso se desprende de la polémica desatada sobre el destino de los residuos que genera la capital argentina, cuyos vertederos podrían colapsarse en dos años por el continuo aumento en la generación de deshechos.
La producción de residuos de la ciudad creció significativamente en los últimos cinco años, según cifras del ente oficial que gestiona el almacenamiento de la basura de la capital argentina (Ceamse).
Buenos Aires generó 1,4 millones de toneladas en 2005, una cifra que ascendió hasta los 1,8 millones en 2009 (unas 5.000 toneladas al día), lo que significa un aumento del 28,5 por ciento.
Este incremento, junto a la "falta de voluntad política", podría colapsar en "dos o tres años" el vertedero al que llegan la totalidad de los residuos de la urbe, el relleno sanitario Norte III, advirtió a Efe María Eugenia Testa, la directora política de Greenpeace Argentina.
"Es real que con su capacidad actual el vertedero Norte III va a colmar su capacidad en dos o tres años", coincidió Alfredo Vega, portavoz del Ceamse.
El 80 por ciento de los residuos que produce el área metropolitana bonaerense -de unos 400 kilómetros cuadrados con alrededor de 11 millones de habitantes- se almacenan en Norte III, mientras que el 20 por ciento restante se destina a los vertedores de González Catan y Ensenada, que afrontan una orden judicial de cierre.
Los gobiernos de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires acordaron en 2008 la creación de dos nuevos vertederos que sustituirían a los rellenos sanitarios actuales pero este proyecto aún no ha sido concretado.
Según los responsables de Greenpeace, la oposición vecinal frenó significativamente el desarrollo de este plan, en especial tras las denuncias por contaminación del agua en las casas situadas junto a varios de estos estercoleros.
El Ayuntamiento bonaerense promulgó en enero de 2006 una ambiciosa legislación, conocida como "Ley de Basura Cero", que establecía metas de reducción de residuos, como enterrar en 2010 un 30 por ciento menos que en 2004.
"No se está haciendo nada de lo que estipula la ley. Es una meta inalcanzable", denunció Testa, quien recordó que la capital argentina produjo en 2009 unas 1,8 millones de toneladas de basura, 800.000 toneladas más de lo que establece la "Ley de Basura Cero".
En cambio, el departamento de Medio Ambiente de la ciudad considera que se están cumpliendo los propósitos legislativos y que además se está elaborando una nueva licitación para lograr una "gestión integral" de los servicios de recolección de residuos.
Para la responsable de Greenpeace, Buenos Aires se encuentra en una situación "precaria", ya que los residuos, especialmente los domiciliarios, crecieron en los últimos años y los vertederos se encuentran al borde del colapso.
"Hay una clara falta de voluntad política pero también de concienciación ciudadana", lamentó.
Testa puso como ejemplo los bajos índices de reciclaje de residuos que registra la capital argentina, motivados por el "escaso fomento público" pero también por problemas burocráticos, como demuestra el polémico caso de las cerca de diez toneladas de pilas que el ayuntamiento no sabe dónde enterrar.
El escaso reciclaje de los argentinos es compensado por la labor de las numerosas cooperativas de "cartoneros" que recopilan, reciclan y venden los residuos sólidos inorgánicos (plástico, vidrio y papel) que separan y les entregan centenares de hogares de Buenos Aires.
Este colectivo representa una "avanzada de un cambio cultural necesario para superar el enterramiento dañoso de los residuos", según Marcelo Arbit, representante de la organización Central de Movimientos Populares, entidad que agrupa a sesenta cooperativas de recuperación de residuos.
Fecha de Publicación: 11/07/2010
Fuente: EFE
Provincia/Región: Capital
Buenos Aires no sabe qué hacer con su basura, al menos eso se desprende de la polémica desatada sobre el destino de los residuos que genera la capital argentina, cuyos vertederos podrían colapsarse en dos años por el continuo aumento en la generación de deshechos.
La producción de residuos de la ciudad creció significativamente en los últimos cinco años, según cifras del ente oficial que gestiona el almacenamiento de la basura de la capital argentina (Ceamse).
Buenos Aires generó 1,4 millones de toneladas en 2005, una cifra que ascendió hasta los 1,8 millones en 2009 (unas 5.000 toneladas al día), lo que significa un aumento del 28,5 por ciento.
Este incremento, junto a la "falta de voluntad política", podría colapsar en "dos o tres años" el vertedero al que llegan la totalidad de los residuos de la urbe, el relleno sanitario Norte III, advirtió a Efe María Eugenia Testa, la directora política de Greenpeace Argentina.
"Es real que con su capacidad actual el vertedero Norte III va a colmar su capacidad en dos o tres años", coincidió Alfredo Vega, portavoz del Ceamse.
El 80 por ciento de los residuos que produce el área metropolitana bonaerense -de unos 400 kilómetros cuadrados con alrededor de 11 millones de habitantes- se almacenan en Norte III, mientras que el 20 por ciento restante se destina a los vertedores de González Catan y Ensenada, que afrontan una orden judicial de cierre.
Los gobiernos de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires acordaron en 2008 la creación de dos nuevos vertederos que sustituirían a los rellenos sanitarios actuales pero este proyecto aún no ha sido concretado.
Según los responsables de Greenpeace, la oposición vecinal frenó significativamente el desarrollo de este plan, en especial tras las denuncias por contaminación del agua en las casas situadas junto a varios de estos estercoleros.
El Ayuntamiento bonaerense promulgó en enero de 2006 una ambiciosa legislación, conocida como "Ley de Basura Cero", que establecía metas de reducción de residuos, como enterrar en 2010 un 30 por ciento menos que en 2004.
"No se está haciendo nada de lo que estipula la ley. Es una meta inalcanzable", denunció Testa, quien recordó que la capital argentina produjo en 2009 unas 1,8 millones de toneladas de basura, 800.000 toneladas más de lo que establece la "Ley de Basura Cero".
En cambio, el departamento de Medio Ambiente de la ciudad considera que se están cumpliendo los propósitos legislativos y que además se está elaborando una nueva licitación para lograr una "gestión integral" de los servicios de recolección de residuos.
Para la responsable de Greenpeace, Buenos Aires se encuentra en una situación "precaria", ya que los residuos, especialmente los domiciliarios, crecieron en los últimos años y los vertederos se encuentran al borde del colapso.
"Hay una clara falta de voluntad política pero también de concienciación ciudadana", lamentó.
Testa puso como ejemplo los bajos índices de reciclaje de residuos que registra la capital argentina, motivados por el "escaso fomento público" pero también por problemas burocráticos, como demuestra el polémico caso de las cerca de diez toneladas de pilas que el ayuntamiento no sabe dónde enterrar.
El escaso reciclaje de los argentinos es compensado por la labor de las numerosas cooperativas de "cartoneros" que recopilan, reciclan y venden los residuos sólidos inorgánicos (plástico, vidrio y papel) que separan y les entregan centenares de hogares de Buenos Aires.
Este colectivo representa una "avanzada de un cambio cultural necesario para superar el enterramiento dañoso de los residuos", según Marcelo Arbit, representante de la organización Central de Movimientos Populares, entidad que agrupa a sesenta cooperativas de recuperación de residuos.
Glaciares, Diputados define otra ley polémica
Glaciares, Diputados define otra ley polémica
Fecha de Publicación: 11/07/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La Cámara Baja discutirá el miércoles una norma para proteger los glaciares. La Presidenta la había vetado en 2008.
Mientras que el Senado definirá esta semana el destino del matrimonio homosexual, la Cámara de Diputados debatirá el miércoles otra polémica iniciativa: la ley de glaciares.
En octubre de 2008 el Poder Legislativo aprobó casi por unanimidad en sus dos cámaras la ley 26.148 para proteger los glaciares y periglaciares, la principal reserva de agua dulce de Argentina.
Sin embargo, tres semanas después, la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, la vetó, una medida polémica que opositores vinculan con la presión de los hermanos Gioja (al mando de la provincia de San Juan) y sus presuntas vinculaciones con multinacionales mineras.
El miércoles los diputados debatirán sobre dos proyectos. El primero, copia fiel del vetado, está impulsado por el legislador Miguel Bonasso y tiene el despacho por la mayoría. El segundo, que ya cuenta con la media sanción de Senadores, es promovido por el oficialista Daniel Filmus y tiene un despacho de minoría.
Bonasso anticipó ayer que la sesión será "muy peleada". "Está en juego la defensa de la Patria de manera cabal. Este Gobierno que hace fiestitas, que mueve vestiditos del ?Bicentenarito?, está parcelando y entregando la patria a una empresa corsaria", en alusión a la minera canadiense Barrick Gold, dueña de las explotaciones Veladero y Pascua Lama.
La diferencia crucial entre ambas normas es la definición de periglaciar, la zona que circunda a los glaciares y que regula los recursos hídricos.
Fecha de Publicación: 11/07/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La Cámara Baja discutirá el miércoles una norma para proteger los glaciares. La Presidenta la había vetado en 2008.
Mientras que el Senado definirá esta semana el destino del matrimonio homosexual, la Cámara de Diputados debatirá el miércoles otra polémica iniciativa: la ley de glaciares.
En octubre de 2008 el Poder Legislativo aprobó casi por unanimidad en sus dos cámaras la ley 26.148 para proteger los glaciares y periglaciares, la principal reserva de agua dulce de Argentina.
Sin embargo, tres semanas después, la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, la vetó, una medida polémica que opositores vinculan con la presión de los hermanos Gioja (al mando de la provincia de San Juan) y sus presuntas vinculaciones con multinacionales mineras.
El miércoles los diputados debatirán sobre dos proyectos. El primero, copia fiel del vetado, está impulsado por el legislador Miguel Bonasso y tiene el despacho por la mayoría. El segundo, que ya cuenta con la media sanción de Senadores, es promovido por el oficialista Daniel Filmus y tiene un despacho de minoría.
Bonasso anticipó ayer que la sesión será "muy peleada". "Está en juego la defensa de la Patria de manera cabal. Este Gobierno que hace fiestitas, que mueve vestiditos del ?Bicentenarito?, está parcelando y entregando la patria a una empresa corsaria", en alusión a la minera canadiense Barrick Gold, dueña de las explotaciones Veladero y Pascua Lama.
La diferencia crucial entre ambas normas es la definición de periglaciar, la zona que circunda a los glaciares y que regula los recursos hídricos.
Rechazo en UE a minería con cianuro, y acá?
Rechazo en Europa a la minería con cianuro
Fecha de Publicación: 10/07/2010
Fuente: Página / 12
Provincia/Región: Nacional
Por amplia mayoría, los eurodiputados dictaron una resolución que cuestiona duramente la extracción de minerales con cianuro. Advirtieron sobre los riesgos para la salud y el ambiente. Y pidieron la “prohibición total” en los 27 Estados miembro.
“La posibilidad de que ocurra un accidente (en minería a gran escala con uso de cianuro) en sólo cuestión de tiempo.” La advertencia proviene del Parlamento Europeo, que por amplia mayoría solicitó a todos los países de la Comunidad Económica Europea la prohibición total del uso de cianuro en minería. La resolución legislativa de los eurodiputados también apuntó de lleno a las recurrentes promesas de las empresas y los gobiernos: aseguró que la minería no crea empleo real ni duradero, afirmó que es una industria insegura (recuerda que hubo accidentes y advierte que los seguirá habiendo), señaló que tanto la salud humana como el ambiente corren peligro y remarcó que la minería en base a cianuro pone en riesgo las fuentes de agua y la biodiversidad. La resolución fue aprobada con 488 votos a favor, 57 abstenciones y 48 votos en contra, y coincide con los reclamos que desde hace una década realizan asambleas vecinales de pueblos cordilleranos de Argentina. El cianuro es utilizado por la mayoría de los proyectos mineros por ser el método más rentable de obtener los minerales diseminados en las montañas.
El Parlamento Europeo es la única institución de la Unión Europea elegida por sufragio directo. Los 736 diputados representan a 500 millones de ciudadanos. La resolución 2010-0145 del Parlamento insta a la Comisión Europea (órgano que representa el Poder Ejecutivo dentro de la UE y que también interviene en la legislación) que impulse la “prohibición completa” del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en toda la Unión Europea antes de fines de 2011. “Es la única forma segura de proteger nuestros recursos hídricos y ecosistemas de la contaminación por cianuro procedente de las actividades mineras”, afirman los eurodiputados y desmiente el latiguillo más usado por los impulsores de la actividad: “El uso de cianuro en minería crea poco empleo y sólo por un período de entre ocho y dieciséis años, pero puede provocar enormes daños ecológicos transfronterizos que, por lo general, no son reparados por las empresas explotadoras, que suelen desaparecer o declararse en quiebra”.
En la resolución también se remarca la necesidad de que los 27 Estados miembro no presten apoyo “de forma directa o indirecta” a ningún proyecto minero que emplea cianuro, tanto dentro como fuera de Europa. Solicita que los gobiernos promuevan la reconversión industrial de las zonas mineras facilitando apoyo financiero para la implementación de industrias alternativas, ecológicas, energías renovables y el turismo. “Conseguir un buen estado químico de las aguas, proteger los recursos hídricos y la diversidad biológica sólo puede lograrse mediante una prohibición general del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro”, se advierte.
El cianuro en minería es un recurso económico y efectivo para la separación de los metales (oro y plata, entre otros) de la roca. El método técnico se llama “lixiviación” (tratar una sustancia sólida con disolventes para separar sus partes) y las empresas eluden sincerar las cantidades de cianuro utilizadas. Como referencia, la explotación que se intentó en 2003 en Esquel (que la población rechazó por plebiscito) planificaba emplear seis toneladas de cianuro por día. Además de las consecuencias ambientales, es un químico altamente tóxico. Su efecto crónico (producido por exposición a bajas dosis que se prolonga en el tiempo) provoca problemas cardiovasculares, respiratorios, neurológicos, gastrointestinales, endocrinológicos y reproductivos. La dosis letal es de 0,3 gramos. El método de lixiviación, el más usado en la minería metalífera a gran escala, también emplea enormes cantidades de agua, que es contaminada e irrecuperable.
El Parlamento Europeo destacó la validez del principio precautorio, es decir que ante la posibilidad de perjuicio ambiental se hace necesario tomar medidas protectoras. El mismo principio fue determinante para que en febrero pasado el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy fallara a favor de una asamblea de vecinos que rechaza la minería en la provincia. La figura legal comienza a ser exhibida como un derecho a hacer cumplir en las demandas socioambientales, ya sea en minería, petróleo o avance de la frontera agropecuaria.
La resolución se encuentra actualmente en la Comisión Europea, institución que representa los intereses de la Unión en su conjunto. “La resolución es una clara posición política de esta institución. Ahora depende de la Comisión decidir si sigue la recomendación de los eurodiputados. En el debate parlamentario, el representante de la Comisión se pronunció a favor de la prohibición del cianuro, por lo cual es de esperar que se avance en ese sentido”, explicó a Página/12 la delegada de Prensa del Parlamento Europeo, Natalia Dasilva.
Los eurodiputados tuvieron en cuenta los antecedentes de República Checa, Hungría y Alemania, que ya habían prohibido el uso de las tecnologías mineras. “El cianuro es una sustancia química altamente tóxica utilizada en la minería del oro y, en la directiva marco sobre política de aguas, está clasificado como uno de los principales contaminantes. Puede tener un impacto catastrófico e irreversible en la salud humana y el medio ambiente”, afirma la resolución europea.
Entre los considerandos, se recuerda que en los últimos 25 años se registraron más de treinta accidentes importantes relacionados con el uso de cianuro y reconoce que –a pesar de los controles, leyes y promesas empresarias– “no existe ninguna garantía real de que no se vuelva a producir un accidente semejante”.
Alerta de que en países del continente se siguen planeando nuevos proyectos mineros. Los denomina, sin eufemismo, “nuevas amenazas potenciales para la salud humana y el medio ambiente”. Denuncia que las empresas mineras “no cuentan con seguros a largo plazo que cubran los costos en caso de accidente o funcionamiento defectuoso en el futuro” y recuerda que es necesario extraer toneladas de tierra para producir dos gramos de oro, “lo que genera una enorme cantidad de residuos mineros en las zonas de extracción”.
Fecha de Publicación: 10/07/2010
Fuente: Página / 12
Provincia/Región: Nacional
Por amplia mayoría, los eurodiputados dictaron una resolución que cuestiona duramente la extracción de minerales con cianuro. Advirtieron sobre los riesgos para la salud y el ambiente. Y pidieron la “prohibición total” en los 27 Estados miembro.
“La posibilidad de que ocurra un accidente (en minería a gran escala con uso de cianuro) en sólo cuestión de tiempo.” La advertencia proviene del Parlamento Europeo, que por amplia mayoría solicitó a todos los países de la Comunidad Económica Europea la prohibición total del uso de cianuro en minería. La resolución legislativa de los eurodiputados también apuntó de lleno a las recurrentes promesas de las empresas y los gobiernos: aseguró que la minería no crea empleo real ni duradero, afirmó que es una industria insegura (recuerda que hubo accidentes y advierte que los seguirá habiendo), señaló que tanto la salud humana como el ambiente corren peligro y remarcó que la minería en base a cianuro pone en riesgo las fuentes de agua y la biodiversidad. La resolución fue aprobada con 488 votos a favor, 57 abstenciones y 48 votos en contra, y coincide con los reclamos que desde hace una década realizan asambleas vecinales de pueblos cordilleranos de Argentina. El cianuro es utilizado por la mayoría de los proyectos mineros por ser el método más rentable de obtener los minerales diseminados en las montañas.
El Parlamento Europeo es la única institución de la Unión Europea elegida por sufragio directo. Los 736 diputados representan a 500 millones de ciudadanos. La resolución 2010-0145 del Parlamento insta a la Comisión Europea (órgano que representa el Poder Ejecutivo dentro de la UE y que también interviene en la legislación) que impulse la “prohibición completa” del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en toda la Unión Europea antes de fines de 2011. “Es la única forma segura de proteger nuestros recursos hídricos y ecosistemas de la contaminación por cianuro procedente de las actividades mineras”, afirman los eurodiputados y desmiente el latiguillo más usado por los impulsores de la actividad: “El uso de cianuro en minería crea poco empleo y sólo por un período de entre ocho y dieciséis años, pero puede provocar enormes daños ecológicos transfronterizos que, por lo general, no son reparados por las empresas explotadoras, que suelen desaparecer o declararse en quiebra”.
En la resolución también se remarca la necesidad de que los 27 Estados miembro no presten apoyo “de forma directa o indirecta” a ningún proyecto minero que emplea cianuro, tanto dentro como fuera de Europa. Solicita que los gobiernos promuevan la reconversión industrial de las zonas mineras facilitando apoyo financiero para la implementación de industrias alternativas, ecológicas, energías renovables y el turismo. “Conseguir un buen estado químico de las aguas, proteger los recursos hídricos y la diversidad biológica sólo puede lograrse mediante una prohibición general del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro”, se advierte.
El cianuro en minería es un recurso económico y efectivo para la separación de los metales (oro y plata, entre otros) de la roca. El método técnico se llama “lixiviación” (tratar una sustancia sólida con disolventes para separar sus partes) y las empresas eluden sincerar las cantidades de cianuro utilizadas. Como referencia, la explotación que se intentó en 2003 en Esquel (que la población rechazó por plebiscito) planificaba emplear seis toneladas de cianuro por día. Además de las consecuencias ambientales, es un químico altamente tóxico. Su efecto crónico (producido por exposición a bajas dosis que se prolonga en el tiempo) provoca problemas cardiovasculares, respiratorios, neurológicos, gastrointestinales, endocrinológicos y reproductivos. La dosis letal es de 0,3 gramos. El método de lixiviación, el más usado en la minería metalífera a gran escala, también emplea enormes cantidades de agua, que es contaminada e irrecuperable.
El Parlamento Europeo destacó la validez del principio precautorio, es decir que ante la posibilidad de perjuicio ambiental se hace necesario tomar medidas protectoras. El mismo principio fue determinante para que en febrero pasado el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy fallara a favor de una asamblea de vecinos que rechaza la minería en la provincia. La figura legal comienza a ser exhibida como un derecho a hacer cumplir en las demandas socioambientales, ya sea en minería, petróleo o avance de la frontera agropecuaria.
La resolución se encuentra actualmente en la Comisión Europea, institución que representa los intereses de la Unión en su conjunto. “La resolución es una clara posición política de esta institución. Ahora depende de la Comisión decidir si sigue la recomendación de los eurodiputados. En el debate parlamentario, el representante de la Comisión se pronunció a favor de la prohibición del cianuro, por lo cual es de esperar que se avance en ese sentido”, explicó a Página/12 la delegada de Prensa del Parlamento Europeo, Natalia Dasilva.
Los eurodiputados tuvieron en cuenta los antecedentes de República Checa, Hungría y Alemania, que ya habían prohibido el uso de las tecnologías mineras. “El cianuro es una sustancia química altamente tóxica utilizada en la minería del oro y, en la directiva marco sobre política de aguas, está clasificado como uno de los principales contaminantes. Puede tener un impacto catastrófico e irreversible en la salud humana y el medio ambiente”, afirma la resolución europea.
Entre los considerandos, se recuerda que en los últimos 25 años se registraron más de treinta accidentes importantes relacionados con el uso de cianuro y reconoce que –a pesar de los controles, leyes y promesas empresarias– “no existe ninguna garantía real de que no se vuelva a producir un accidente semejante”.
Alerta de que en países del continente se siguen planeando nuevos proyectos mineros. Los denomina, sin eufemismo, “nuevas amenazas potenciales para la salud humana y el medio ambiente”. Denuncia que las empresas mineras “no cuentan con seguros a largo plazo que cubran los costos en caso de accidente o funcionamiento defectuoso en el futuro” y recuerda que es necesario extraer toneladas de tierra para producir dos gramos de oro, “lo que genera una enorme cantidad de residuos mineros en las zonas de extracción”.
Poco avance del saneamiento del Riachuelo
Críticas al poco avance del saneamiento del Riachuelo
Fecha de Publicación: 09/07/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Las ONG cuestionan a Nación, Provincia y Ciudad. Dicen que sólo mejoran el paisaje. El organismo de ejecución se defiende y el juez que monitorea la causa afirma que se va menos rápido de lo deseable. Hace dos años la Corte ordenó la limpieza de la cuenca
El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema condenó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad a sanear el Riachuelo. Ayer se cumplieron dos años de este fallo histórico, pero según las ONG del cuerpo colegiado que supervisa su cumplimiento, los trabajos de recuperación de la cuenca avanzaron poco . Otra visión tiene el juez federal de Quilmes Luis Armella, designado por la Corte para ejecutar la sentencia, que afirmó que, si bien no se va tan rápido como se desea, el balance es positivo porque por la presión judicial empezaron a hacerse algunas tareas. Mientras, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) presentó un informe destacando que se removieron el 50% de los barcos hundidos y 800 mil metros cúbicos de basura flotante.
La causa que llegó a la Corte fue impulsada por varios vecinos del Riachuelo, encabezados por Beatriz Mendoza, que demandaron al Estado por daños y perjuicios derivados de la contaminación del curso de agua. El máximo tribunal ordenó el saneamiento de la cuenca, que se extiende a lo largo de 70 kilómetros, cubre una superficie de 2.248 kilómetros cuadrados y tiene 7 millones de habitantes.
“El fallo en su mayoría está incumplido –afirma Andrés Nápoli, el director del Area Riachuelo de la Fundación Ambientes y Recursos Naturales (FARN), una de las ONG que integran el cuerpo colegiado–. Hasta ahora sólo inspeccionaron el 29% de las industrias de la cuenca y ni una sola inició su proceso de reconversión. Este es un tema central, porque la contaminación industrial es la que más impacta en la salud de la población. Además, no han adoptado medidas para asistir sanitariamente a los habitantes de la cuenca”.
En Greenpeace, otra de las ONG del cuerpo, coinciden en que poco se hizo para controlar a las industrias. “El plan de saneamiento está enfocado en solucionar aspectos relacionados con lo paisajístico –acusa Consuelo Bilbao, de la Unidad Política de la organización–. La normativa permite seguir tirando tóxicos como mercurio, cadmio o cromo al agua, aunque más diluidos. Además, hay sólo 20 inspectores para controlar más de 15.000 industrias. Y tampoco hicieron un diagnóstico para saber cuántas hay realmente: ACUMAR tiene registradas apenas 4.100”.
Las ONG también critican la gestión de ACUMAR con respecto a los basurales a cielo abierto. En la FARN recordaron que en su momento, la ex secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti había dicho que había 105. Más adelante, ACUMAR señaló que eran 170. “El último informe habla de 230 –revela Nápoli–. Algunos por ahí no estaban registrados. Lo cierto es que sólo iniciaron el saneamiento del 15% de esos basurales. Y no se ha concretado un Plan Integral de Residuos Sólidos para solucionar el problema”. Geenpeace sostiene que ahora hay el doble de basurales que hace dos años. “No están tomando acciones de prevención para que no instalen más, por eso se duplicaron”, asegura Bilbao.
En la FARN dicen que tampoco fue iniciada la reestructuración y relocalización del Polo Petroquímico de Dock Sud. Y aunque afirman que ACUMAR es un buen instrumento institucional, opinan que el organismo todavía es débil. “Fue creado en 2007 y desde entonces cambió de autoridades cinco veces”, recuerda Nápoli.
El juez federal de Quilmes, Luis Armella, es más optimista. “El balance de estos dos años es positivo gracias al esfuerzo del órgano judicial –evalúa–. Se está avanzando con la red de obras sanitarias, que son obras a diez años para hacer cloacas máximas, plantas de tratamiento, colectoras y emisarios al Río de la Plata”. Para estas obras y otras de reconversión industrial, el Banco Mundial ya aprobó un crédito por $ 840 millones. Hacia fin de año se llamaría a la licitación.
Armella reconoce que el control de las industrias, la otra gran fuente de contaminación además de la falta de cloacas, es lo que más está costando. “Pero está empezando a funcionar. ACUMAR ya tiene inspectores propios. Primero se trabajó en la normativa y ahora empezaron las inspecciones”, dice.
El miércoles, ACUMAR presentó un informe detallando que ya fueron removidos 50 barcos hundidos y 800 mil metros cúbicos de basura flotante y que limpiaron 33 basurales. El presidente ejecutivo del organismo, Gustavo Villa Uría, detalló que están avanzando en el monitoreo de las industrias, el ordenamiento territorial y la urbanización de las villas. Y contó que para limpiar las márgenes trabajan con cooperativas, que se ocupan de levantar la basura flotante, desratizar y desmalezar. También proyectan activar un sistema de vigilancia epidemiológica.
Aunque las ONG afirman que al ACUMAR le faltan fondos, el organismo informó que este año cuenta con su primer presupuesto propio, de $ 43,8 millones, la mitad aportados por el Gobierno nacional. Y para 2011, según Villa Uría, la Nación aportará $ 319 millones, la Provincia $ 80 millones y la Ciudad, $ 25 millones.
Las ONG destacan el rol de la Corte y el del juez Armella. “Las cosas que se logran son gracias a su insistencia”, dice Bilbao. El magistrado sostiene: “En general, falta mucho trabajo para sanear al Riachuelo y uno quisiera más ritmo. Pero lo importante es que se está haciendo algo ”.
Fecha de Publicación: 09/07/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Las ONG cuestionan a Nación, Provincia y Ciudad. Dicen que sólo mejoran el paisaje. El organismo de ejecución se defiende y el juez que monitorea la causa afirma que se va menos rápido de lo deseable. Hace dos años la Corte ordenó la limpieza de la cuenca
El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema condenó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad a sanear el Riachuelo. Ayer se cumplieron dos años de este fallo histórico, pero según las ONG del cuerpo colegiado que supervisa su cumplimiento, los trabajos de recuperación de la cuenca avanzaron poco . Otra visión tiene el juez federal de Quilmes Luis Armella, designado por la Corte para ejecutar la sentencia, que afirmó que, si bien no se va tan rápido como se desea, el balance es positivo porque por la presión judicial empezaron a hacerse algunas tareas. Mientras, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) presentó un informe destacando que se removieron el 50% de los barcos hundidos y 800 mil metros cúbicos de basura flotante.
La causa que llegó a la Corte fue impulsada por varios vecinos del Riachuelo, encabezados por Beatriz Mendoza, que demandaron al Estado por daños y perjuicios derivados de la contaminación del curso de agua. El máximo tribunal ordenó el saneamiento de la cuenca, que se extiende a lo largo de 70 kilómetros, cubre una superficie de 2.248 kilómetros cuadrados y tiene 7 millones de habitantes.
“El fallo en su mayoría está incumplido –afirma Andrés Nápoli, el director del Area Riachuelo de la Fundación Ambientes y Recursos Naturales (FARN), una de las ONG que integran el cuerpo colegiado–. Hasta ahora sólo inspeccionaron el 29% de las industrias de la cuenca y ni una sola inició su proceso de reconversión. Este es un tema central, porque la contaminación industrial es la que más impacta en la salud de la población. Además, no han adoptado medidas para asistir sanitariamente a los habitantes de la cuenca”.
En Greenpeace, otra de las ONG del cuerpo, coinciden en que poco se hizo para controlar a las industrias. “El plan de saneamiento está enfocado en solucionar aspectos relacionados con lo paisajístico –acusa Consuelo Bilbao, de la Unidad Política de la organización–. La normativa permite seguir tirando tóxicos como mercurio, cadmio o cromo al agua, aunque más diluidos. Además, hay sólo 20 inspectores para controlar más de 15.000 industrias. Y tampoco hicieron un diagnóstico para saber cuántas hay realmente: ACUMAR tiene registradas apenas 4.100”.
Las ONG también critican la gestión de ACUMAR con respecto a los basurales a cielo abierto. En la FARN recordaron que en su momento, la ex secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti había dicho que había 105. Más adelante, ACUMAR señaló que eran 170. “El último informe habla de 230 –revela Nápoli–. Algunos por ahí no estaban registrados. Lo cierto es que sólo iniciaron el saneamiento del 15% de esos basurales. Y no se ha concretado un Plan Integral de Residuos Sólidos para solucionar el problema”. Geenpeace sostiene que ahora hay el doble de basurales que hace dos años. “No están tomando acciones de prevención para que no instalen más, por eso se duplicaron”, asegura Bilbao.
En la FARN dicen que tampoco fue iniciada la reestructuración y relocalización del Polo Petroquímico de Dock Sud. Y aunque afirman que ACUMAR es un buen instrumento institucional, opinan que el organismo todavía es débil. “Fue creado en 2007 y desde entonces cambió de autoridades cinco veces”, recuerda Nápoli.
El juez federal de Quilmes, Luis Armella, es más optimista. “El balance de estos dos años es positivo gracias al esfuerzo del órgano judicial –evalúa–. Se está avanzando con la red de obras sanitarias, que son obras a diez años para hacer cloacas máximas, plantas de tratamiento, colectoras y emisarios al Río de la Plata”. Para estas obras y otras de reconversión industrial, el Banco Mundial ya aprobó un crédito por $ 840 millones. Hacia fin de año se llamaría a la licitación.
Armella reconoce que el control de las industrias, la otra gran fuente de contaminación además de la falta de cloacas, es lo que más está costando. “Pero está empezando a funcionar. ACUMAR ya tiene inspectores propios. Primero se trabajó en la normativa y ahora empezaron las inspecciones”, dice.
El miércoles, ACUMAR presentó un informe detallando que ya fueron removidos 50 barcos hundidos y 800 mil metros cúbicos de basura flotante y que limpiaron 33 basurales. El presidente ejecutivo del organismo, Gustavo Villa Uría, detalló que están avanzando en el monitoreo de las industrias, el ordenamiento territorial y la urbanización de las villas. Y contó que para limpiar las márgenes trabajan con cooperativas, que se ocupan de levantar la basura flotante, desratizar y desmalezar. También proyectan activar un sistema de vigilancia epidemiológica.
Aunque las ONG afirman que al ACUMAR le faltan fondos, el organismo informó que este año cuenta con su primer presupuesto propio, de $ 43,8 millones, la mitad aportados por el Gobierno nacional. Y para 2011, según Villa Uría, la Nación aportará $ 319 millones, la Provincia $ 80 millones y la Ciudad, $ 25 millones.
Las ONG destacan el rol de la Corte y el del juez Armella. “Las cosas que se logran son gracias a su insistencia”, dice Bilbao. El magistrado sostiene: “En general, falta mucho trabajo para sanear al Riachuelo y uno quisiera más ritmo. Pero lo importante es que se está haciendo algo ”.
Santa Fe: avanza ley que limita herbicidas
Avanza en Santa Fe una ley que limita el uso de herbicidas
Fecha de Publicación: 08/07/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Fe
Afirma que su aplicación es riesgosa para la salud; total rechazo de la industria agroquímica
La Cámara de Diputados de esta provincia aprobó y giró al Senado el proyecto que modifica la ley de fitosanitarios al establecer límites para la fumigación con dichos productos. También prohíbe la fumigación con fosfuro de aluminio en camiones y vagones que transporten cualquier tipo de granos, semillas o subproductos de estos dos.
Según el texto, se prohíbe la fumigación aérea con glifosato, el herbicida más cuestionado por las organizaciones ambientalistas, y de otros agroquímicos dentro de los 1000 metros del límite de los centros urbanos y la fumigación terrestre dentro de los 500 metros, así como la pulverización en lagunas, ríos, arroyos, etcétera.
El proyecto, perteneciente a los diputados justicialistas Federico Reutemann, Adrián Simil y Silvia de Césaris, vuelve a encender la polémica. En efecto, la industria agroquímica minimiza, por ejemplo, los riesgos que puede provocar el glifosato. De todas formas, la definición en el Senado habrá que esperarla para después del receso invernal de las próximas dos semanas en esta provincia.
"Es prioritario tutelar la salud pública y esta ley significa un avance importantísimo porque busca saldar una deuda histórica", sostuvo el diputado del Pares (integrante del oficialista Frente Progresista Cívico y Social), Antonio Riestra.
En tanto, los bloques de la oposición (PJ) decidieron no acompañar el proyecto por considerar que el gobierno aún debe realizar un informe sobre el impacto del glifosato en la fumigación de campos, de acuerdo con lo ordenado por un fallo judicial que favoreció a la ciudad de San Jorge, 150 kilómetros al sudoeste de esta capital.
Por su parte, para el justicialista Enrique Marín, "lo importante es resolver en forma urgente un nuevo modelo de desarrollo rural".
Defensa del glifosato
Respecto de la opinión de los productores, el presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, Hugo Iturraspe, se mostró inclinado a solicitar que surja una "urgente regulación para poder seguir trabajando". De todas maneras, el ruralista señaló que "de acuerdo con los estudios que nosotros tenemos, el glifosato es de baja toxicidad" y opinó que "los que seguramente perjudican más son otros que tienen otros componentes".
En tanto, en la Cámara Argentina de Agroquímicos y Fertilizantes (Casafe) se insistió en que "hay evidencias y estudios que demuestran la baja peligrosidad que tiene el glifosato".
En diálogo con LA NACION, su director ejecutivo, Guillermo Cal, una restricción en el uso de herbicidas provocaría un fuerte impacto económico negativo en las comunidades del interior y, por ende, en la industria agroquímica. El mercado local del glifosato, dijo, es un negocio de unos 550 millones de dólares por campaña.
Cal argumentó que según la clasificación establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), el glifosato está dentro de los productos conocidos como "banda verde", esto es, que normalmente "no ofrece peligro" para la salud humana.
Respecto de la prohibición de la fumigación en transportes, la aprobación del proyecto surgió horas después de que el Juzgado Federal Nº 1 de Rosario aceptó un recurso de amparo e intimó al gobierno santafecino a controlar y fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto.
Los transportistas de granos resaltaron la importancia de la prohibición del uso de fosfuro de aluminio para combatir insectos en el transporte de granos.
En el último año, esa mala práctica les costó la vida a cinco camioneros. Vicente Bouvier, titular de la Federación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Fatac), valoró la iniciativa y recordó que para desarrollar una tarea de similares características se solicita que sea a tres kilómetros de presencia humana y demanda más de 96 horas de ventilación para los lugares afectados.
La medida también prohíbe la venta libre de fosfuro de aluminio, fosfuro de magnesio, fosfina, bromuro de metilo o cualquier otro producto que lo contenga.
El propio Guillermo Cal puntualizó que el fosfuro de aluminio es un producto de extrema peligrosidad. Agregó que este compuesto se aplica para el combate de plagas, roedores, insectos, "pero en galpones, silos u otros ambientes herméticamente cerrados en donde su efecto concluye según el plazo que especifica la etiqueta en el envase del producto; nunca deben usarse, como ocurrió, en lugares abiertos, como camiones o vagones del ferrocarril, por su efecto letal".
Fecha de Publicación: 08/07/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Fe
Afirma que su aplicación es riesgosa para la salud; total rechazo de la industria agroquímica
La Cámara de Diputados de esta provincia aprobó y giró al Senado el proyecto que modifica la ley de fitosanitarios al establecer límites para la fumigación con dichos productos. También prohíbe la fumigación con fosfuro de aluminio en camiones y vagones que transporten cualquier tipo de granos, semillas o subproductos de estos dos.
Según el texto, se prohíbe la fumigación aérea con glifosato, el herbicida más cuestionado por las organizaciones ambientalistas, y de otros agroquímicos dentro de los 1000 metros del límite de los centros urbanos y la fumigación terrestre dentro de los 500 metros, así como la pulverización en lagunas, ríos, arroyos, etcétera.
El proyecto, perteneciente a los diputados justicialistas Federico Reutemann, Adrián Simil y Silvia de Césaris, vuelve a encender la polémica. En efecto, la industria agroquímica minimiza, por ejemplo, los riesgos que puede provocar el glifosato. De todas formas, la definición en el Senado habrá que esperarla para después del receso invernal de las próximas dos semanas en esta provincia.
"Es prioritario tutelar la salud pública y esta ley significa un avance importantísimo porque busca saldar una deuda histórica", sostuvo el diputado del Pares (integrante del oficialista Frente Progresista Cívico y Social), Antonio Riestra.
En tanto, los bloques de la oposición (PJ) decidieron no acompañar el proyecto por considerar que el gobierno aún debe realizar un informe sobre el impacto del glifosato en la fumigación de campos, de acuerdo con lo ordenado por un fallo judicial que favoreció a la ciudad de San Jorge, 150 kilómetros al sudoeste de esta capital.
Por su parte, para el justicialista Enrique Marín, "lo importante es resolver en forma urgente un nuevo modelo de desarrollo rural".
Defensa del glifosato
Respecto de la opinión de los productores, el presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, Hugo Iturraspe, se mostró inclinado a solicitar que surja una "urgente regulación para poder seguir trabajando". De todas maneras, el ruralista señaló que "de acuerdo con los estudios que nosotros tenemos, el glifosato es de baja toxicidad" y opinó que "los que seguramente perjudican más son otros que tienen otros componentes".
En tanto, en la Cámara Argentina de Agroquímicos y Fertilizantes (Casafe) se insistió en que "hay evidencias y estudios que demuestran la baja peligrosidad que tiene el glifosato".
En diálogo con LA NACION, su director ejecutivo, Guillermo Cal, una restricción en el uso de herbicidas provocaría un fuerte impacto económico negativo en las comunidades del interior y, por ende, en la industria agroquímica. El mercado local del glifosato, dijo, es un negocio de unos 550 millones de dólares por campaña.
Cal argumentó que según la clasificación establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), el glifosato está dentro de los productos conocidos como "banda verde", esto es, que normalmente "no ofrece peligro" para la salud humana.
Respecto de la prohibición de la fumigación en transportes, la aprobación del proyecto surgió horas después de que el Juzgado Federal Nº 1 de Rosario aceptó un recurso de amparo e intimó al gobierno santafecino a controlar y fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto.
Los transportistas de granos resaltaron la importancia de la prohibición del uso de fosfuro de aluminio para combatir insectos en el transporte de granos.
En el último año, esa mala práctica les costó la vida a cinco camioneros. Vicente Bouvier, titular de la Federación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Fatac), valoró la iniciativa y recordó que para desarrollar una tarea de similares características se solicita que sea a tres kilómetros de presencia humana y demanda más de 96 horas de ventilación para los lugares afectados.
La medida también prohíbe la venta libre de fosfuro de aluminio, fosfuro de magnesio, fosfina, bromuro de metilo o cualquier otro producto que lo contenga.
El propio Guillermo Cal puntualizó que el fosfuro de aluminio es un producto de extrema peligrosidad. Agregó que este compuesto se aplica para el combate de plagas, roedores, insectos, "pero en galpones, silos u otros ambientes herméticamente cerrados en donde su efecto concluye según el plazo que especifica la etiqueta en el envase del producto; nunca deben usarse, como ocurrió, en lugares abiertos, como camiones o vagones del ferrocarril, por su efecto letal".
A dos años no hay mejoras en el Riachuelo
Greenpeace: A dos años del fallo no hay mejoras en el Riachuelo
Fecha de Publicación: 07/07/2010
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
A 2 años del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual se condenó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sanear el Riachuelo, Greenpeace denuncia que las obligaciones y plazos previstos en la sentencia, en su mayoría no han sido cumplidos.
Las críticas de la organización recaen sobre ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) órgano conformado por las tres jurisdicciones demandadas y responsable del Plan de Saneamiento Ambiental, que no ha logrado ejercer su rol como organismo interjurisdiccional, y no ha podido implementar políticas con metas y plazos concretos a nivel de toda la cuenca. Además, de acuerdo a los ambientalistas, la debilidad institucional evidenciada a partir del constante recambio de autoridades y funcionarios del organismo, repercute en la falta de continuidad en las tareas emprendidas.
Entre los incumplimientos, Greenpeace destacó lo sucedido con el componente de Control Industrial. La sentencia ordenó inspeccionar en 30 días todas las industrias de la Cuenca, y dos años después solo se han inspeccionado unas 3000 industrias de las más de 12.000 que estarían establecidas. “Lo que nos resulta preocupante es que no solo no se hayan inspeccionado todas las industrias, sino que todavía no sepamos el número real de establecimientos, ACUMAR tiene registradas unas 4.000 cuando de acuerdo a otros datos oficiales se estiman entre 12.000 y 15.000; recién en estos últimos 2 meses comenzaron con el reempadronamiento de industrias” manifestó Consuelo Bilbao de la Unidad Política de Greenpeace.
Los ambientalistas señalan como otra evidencia de los incumplimientos, la falta de avance en el saneamiento de basurales, que contabilizaban 105 cuando la Corte Ordenó sanearlos en el plazo de un año y que a la fecha superan los 200. Por otra parte, declararon que resulta dificultoso medir objetivamente los avances en la gestión ya que el Plan de Saneamiento Ambiental no cuenta con un sistema de indicadores como lo ordenó la sentencia, otra manda que se suma a la numerosa lista de incumplimientos.
Además resulta preocupante la debilidad de la normativa adoptada para la recuperación y protección ambiental ya que no cumplirían con el objetivo de recomposición ambiental dispuesto por la Corte. “Los parámetros establecidos por ACUMAR para la calidad de agua, que definen las condiciones futuras del Riachuelo, no contemplan restricciones a sustancias peligrosas, por lo cual si se mantienen estos parámetros no será posible una recomposición ambiental ni siquiera a largo plazo.” manifestó Martín Prieto, Director Ejecutivo de Greenpeace Argentina, quien concluyó que ”ya es tiempo de aplicar multas”.
Fecha de Publicación: 07/07/2010
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
A 2 años del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual se condenó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sanear el Riachuelo, Greenpeace denuncia que las obligaciones y plazos previstos en la sentencia, en su mayoría no han sido cumplidos.
Las críticas de la organización recaen sobre ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) órgano conformado por las tres jurisdicciones demandadas y responsable del Plan de Saneamiento Ambiental, que no ha logrado ejercer su rol como organismo interjurisdiccional, y no ha podido implementar políticas con metas y plazos concretos a nivel de toda la cuenca. Además, de acuerdo a los ambientalistas, la debilidad institucional evidenciada a partir del constante recambio de autoridades y funcionarios del organismo, repercute en la falta de continuidad en las tareas emprendidas.
Entre los incumplimientos, Greenpeace destacó lo sucedido con el componente de Control Industrial. La sentencia ordenó inspeccionar en 30 días todas las industrias de la Cuenca, y dos años después solo se han inspeccionado unas 3000 industrias de las más de 12.000 que estarían establecidas. “Lo que nos resulta preocupante es que no solo no se hayan inspeccionado todas las industrias, sino que todavía no sepamos el número real de establecimientos, ACUMAR tiene registradas unas 4.000 cuando de acuerdo a otros datos oficiales se estiman entre 12.000 y 15.000; recién en estos últimos 2 meses comenzaron con el reempadronamiento de industrias” manifestó Consuelo Bilbao de la Unidad Política de Greenpeace.
Los ambientalistas señalan como otra evidencia de los incumplimientos, la falta de avance en el saneamiento de basurales, que contabilizaban 105 cuando la Corte Ordenó sanearlos en el plazo de un año y que a la fecha superan los 200. Por otra parte, declararon que resulta dificultoso medir objetivamente los avances en la gestión ya que el Plan de Saneamiento Ambiental no cuenta con un sistema de indicadores como lo ordenó la sentencia, otra manda que se suma a la numerosa lista de incumplimientos.
Además resulta preocupante la debilidad de la normativa adoptada para la recuperación y protección ambiental ya que no cumplirían con el objetivo de recomposición ambiental dispuesto por la Corte. “Los parámetros establecidos por ACUMAR para la calidad de agua, que definen las condiciones futuras del Riachuelo, no contemplan restricciones a sustancias peligrosas, por lo cual si se mantienen estos parámetros no será posible una recomposición ambiental ni siquiera a largo plazo.” manifestó Martín Prieto, Director Ejecutivo de Greenpeace Argentina, quien concluyó que ”ya es tiempo de aplicar multas”.
Informan a asambleístas sobre la propuesta
Informan a asambleístas sobre la propuesta argentina de monitoreo del Río Uruguay
Fecha de Publicación: 06/07/2010
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos
En el Palacio San Martín, el flamante canciller, Héctor Timerman, recibió a miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, quienes formaron parte de una reunión junto al Secretario de Ambiente Homero M. Bibiloni; el Gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri; la embajadora Susana Ruiz Cerruti; el Embajador Alberto Pedro D´Alotto y el presidente de la CARU, Hernán Orduna, con el objetivo de brindar información sobre la propuesta de monitoreo conjunto del río Uruguay que fuera presentada por Argentina ante el presidente uruguayo José Mujica y el canciller de ese país, Luis Almagro.
Luego de este encuentro, del que participaron diez asambleístas, Timerman se reunirá mañana con su par Almagro a fin de continuar con las negociaciones relativas al control y seguimiento de las actividades de la pastera Botnia UPM.
Al respecto, el canciller argentino expresó que espera "incorporar todas las ideas para resolver esto lo más rápido posible". Por su parte, los miembros de la asamblea consideraron "muy positiva" la reunión en la sede de la Cancillería.
Fecha de Publicación: 06/07/2010
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos
En el Palacio San Martín, el flamante canciller, Héctor Timerman, recibió a miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, quienes formaron parte de una reunión junto al Secretario de Ambiente Homero M. Bibiloni; el Gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri; la embajadora Susana Ruiz Cerruti; el Embajador Alberto Pedro D´Alotto y el presidente de la CARU, Hernán Orduna, con el objetivo de brindar información sobre la propuesta de monitoreo conjunto del río Uruguay que fuera presentada por Argentina ante el presidente uruguayo José Mujica y el canciller de ese país, Luis Almagro.
Luego de este encuentro, del que participaron diez asambleístas, Timerman se reunirá mañana con su par Almagro a fin de continuar con las negociaciones relativas al control y seguimiento de las actividades de la pastera Botnia UPM.
Al respecto, el canciller argentino expresó que espera "incorporar todas las ideas para resolver esto lo más rápido posible". Por su parte, los miembros de la asamblea consideraron "muy positiva" la reunión en la sede de la Cancillería.
Proyecto de ley de agroquímicos en Entre Ríos
Presentarán otro proyecto de ley de agroquímicos
Fecha de Publicación: 05/07/2010
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
Próximamente, otro proyecto de ley que apunta a regular el uso de agroquímicos será presentado en la Cámara de Diputados provincial, informó a AIM el legislador y autor de la iniciativa, Héctor de la Fuente, quien añadió que esta propuesta es diferente a la que se encuentra en el Senado, “ya que aborda a Entre Ríos como una provincia sojera y todas las problemáticas que eso conlleva”.
En diálogo con esta Agencia, de la Fuente indicó que se encuentra trabajando en el proyecto de ley para la regulación de agroquímicos. Al respecto, el legislador aclaró que “no es la misma propuesta que se encuentra en el Senado”.
“Es un problema muy complejo y considero que la iniciativa que ya cuenta con media sanción de Diputados y espera tratamiento en Senadores es muy acotada, porque es en función a las zonas de exclusión en la fumigación”, explicó y añadió: “yo quiero ir más allá, ya que no sólo recibo las demandas de la gente sino que observo que la problemática crece día a día”.
Esta propuesta es diferente, “ya que aborda a Entre Ríos como una provincia sojera y todas los problemas que eso conlleva”, señaló.
Por eso, “se trabaja en relación a legislaciones de otras provincias y se intenta saber hasta dónde se avanzo en el tema”, dijo y agregó: “hay muchas controversias y estamos analizando la información sobre las posibles afectaciones del uso de agroquímicos”.
Es un tema “que implica una investigación compleja. Hay sectores de la producción que se verán afectados”, remarcó. Además, “hay que pensar en todas las consecuencias que trae una legislación”. El proyecto se encuentra en estado de investigación; “aún no la presentamos”, informó a AIM el legislador y manifestó: “estoy trabajando al respecto con mis colaboradores”
El otro proyecto
La comisión de Producción de la Cámara de Senadores de Entre Ríos se reuniría “próximamente” con productores de la provincia para analizar el proyecto de ley de Agroquímicos, que ya cuenta con media sanción de Diputados, informó a AIM el legislador Oscar Arlettaz (PJ, Colón), quién añadió: “seguramente tomará estado parlamentario en la segunda sesión de agosto”.
El senador indicó que “se espera tener diagramado el borrador del proyecto de ley que regula el uso de los agroquímicos para concretar una pronta reunión con productores de la provincia”. Además, agregó que “tomará estado legislativo e ingresará en el orden del día de la segunda sesión de agosto”.
Fecha de Publicación: 05/07/2010
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
Próximamente, otro proyecto de ley que apunta a regular el uso de agroquímicos será presentado en la Cámara de Diputados provincial, informó a AIM el legislador y autor de la iniciativa, Héctor de la Fuente, quien añadió que esta propuesta es diferente a la que se encuentra en el Senado, “ya que aborda a Entre Ríos como una provincia sojera y todas las problemáticas que eso conlleva”.
En diálogo con esta Agencia, de la Fuente indicó que se encuentra trabajando en el proyecto de ley para la regulación de agroquímicos. Al respecto, el legislador aclaró que “no es la misma propuesta que se encuentra en el Senado”.
“Es un problema muy complejo y considero que la iniciativa que ya cuenta con media sanción de Diputados y espera tratamiento en Senadores es muy acotada, porque es en función a las zonas de exclusión en la fumigación”, explicó y añadió: “yo quiero ir más allá, ya que no sólo recibo las demandas de la gente sino que observo que la problemática crece día a día”.
Esta propuesta es diferente, “ya que aborda a Entre Ríos como una provincia sojera y todas los problemas que eso conlleva”, señaló.
Por eso, “se trabaja en relación a legislaciones de otras provincias y se intenta saber hasta dónde se avanzo en el tema”, dijo y agregó: “hay muchas controversias y estamos analizando la información sobre las posibles afectaciones del uso de agroquímicos”.
Es un tema “que implica una investigación compleja. Hay sectores de la producción que se verán afectados”, remarcó. Además, “hay que pensar en todas las consecuencias que trae una legislación”. El proyecto se encuentra en estado de investigación; “aún no la presentamos”, informó a AIM el legislador y manifestó: “estoy trabajando al respecto con mis colaboradores”
El otro proyecto
La comisión de Producción de la Cámara de Senadores de Entre Ríos se reuniría “próximamente” con productores de la provincia para analizar el proyecto de ley de Agroquímicos, que ya cuenta con media sanción de Diputados, informó a AIM el legislador Oscar Arlettaz (PJ, Colón), quién añadió: “seguramente tomará estado parlamentario en la segunda sesión de agosto”.
El senador indicó que “se espera tener diagramado el borrador del proyecto de ley que regula el uso de los agroquímicos para concretar una pronta reunión con productores de la provincia”. Además, agregó que “tomará estado legislativo e ingresará en el orden del día de la segunda sesión de agosto”.
Prohíben fumigar camiones con un agroquímico
La Justicia prohíbe fumigar camiones con un agroquímico
Fecha de Publicación: 03/07/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Se decidió tras la muerte de tres choferes, uno de ellos de Córdoba. No se podrán rociar los vehículos con fosfuro de aluminio, utilizado para los cereales.
Rosario. La Justicia Federal de Rosario prohibió la fumigación de camiones en tránsito con fosfuro de aluminio tras la muerte de tres choferes, e intimó al gobierno santafesino a efectuar un control y fiscalización para el cumplimiento de la medida.
La medida cautelar fue dictada el 29 de junio por el juez federal Héctor Succhi y ayer se notificó a la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra), entidad que realizó la denuncia.
Uno de los casos fatales fue la muerte hace pocas semanas de un transportista de la localidad de Arias, en el este cordobés. El hombre había llegado a descargar a Rosario, y luego sufrió una descompostura que lo llevó a la muerte.
La apoderada legal de Fetra, Valeria Pardo, dijo que "lo determinado por la Justicia es que no se puede fumigar la mercadería sobre los camiones con pastillas de fotosin, que es el nombre comercial, o se lo puede conocer como fosfamina, fosfina, etcétera".
"Lo establecido por el magistrado no es que se prohíba la fumigación, sino que se la haga en la forma correcta y en lugares herméticos. La legislación en la provincia no era muy clara en este sentido", agregó.
Asimismo, dijo que "este es un eslabón más, si bien es una medida cautelar, la cuestión de fondo se sigue tramitando. El magistrado hizo lugar a nuestra petición que tenía como objetivo la prohibición de fumigar con fosfina sobre los camiones".
Fecha de Publicación: 03/07/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Se decidió tras la muerte de tres choferes, uno de ellos de Córdoba. No se podrán rociar los vehículos con fosfuro de aluminio, utilizado para los cereales.
Rosario. La Justicia Federal de Rosario prohibió la fumigación de camiones en tránsito con fosfuro de aluminio tras la muerte de tres choferes, e intimó al gobierno santafesino a efectuar un control y fiscalización para el cumplimiento de la medida.
La medida cautelar fue dictada el 29 de junio por el juez federal Héctor Succhi y ayer se notificó a la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra), entidad que realizó la denuncia.
Uno de los casos fatales fue la muerte hace pocas semanas de un transportista de la localidad de Arias, en el este cordobés. El hombre había llegado a descargar a Rosario, y luego sufrió una descompostura que lo llevó a la muerte.
La apoderada legal de Fetra, Valeria Pardo, dijo que "lo determinado por la Justicia es que no se puede fumigar la mercadería sobre los camiones con pastillas de fotosin, que es el nombre comercial, o se lo puede conocer como fosfamina, fosfina, etcétera".
"Lo establecido por el magistrado no es que se prohíba la fumigación, sino que se la haga en la forma correcta y en lugares herméticos. La legislación en la provincia no era muy clara en este sentido", agregó.
Asimismo, dijo que "este es un eslabón más, si bien es una medida cautelar, la cuestión de fondo se sigue tramitando. El magistrado hizo lugar a nuestra petición que tenía como objetivo la prohibición de fumigar con fosfina sobre los camiones".
Riachuelo y un fallo ambiental de 1887
Un fallo ambiental de 1887
Fecha de Publicación: 02/07/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
En el año en que celebramos el Bicentenario me llegó por mail un dato por demás interesante: ya hubo un fallo que obligó a liberar las riberas del Riachuelo y que intimó a las empresas por contaminación en tiempos de la denominada generación del 80.
Durante esta semana se celebraron las V Jornadas de Capacitación Ambientales Metropolitanas en las que tuvo lugar el caso Riachuelo. Y la verdad es que no sabía si reirme o llorar. Uno de los expositores sobre el tema era Gustavo Villa Uría, presidente del Consejo Ejecutivo de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar). Aunque, obviamente, no pretendo escuchar que todo ha cambiado 180° esperé un poco más de su exposición.
No sólo se puso en manos de “la Buenaventuranza” (sí, leyeron bien), sino que además culpó la contaminación a la rectificación del río que se realizó a principios del siglo XX. “Aquí donde antes había humedales ahora hay gente, entonces eso ahora se inunda porque el agua quiere volver a su curso natural”, explicó.
Lo que no tuvo explicación es la razón por la cual esa agua llega hoy con plomo, cadmio, cromo e hidrocarburos. ¿Será que lo perdieron las máquinas que hicieron esa rectificación y hoy la padecemos? O tal vez olvidó mencionar las 20.000 industrias que dijo que hay instaladas en la cuenca y que sólo se inspeccionó el 30 por ciento.
Como para que tengan una idea, cuando llegó la hora de informar sobre las clausuras el número tope del power point mostraba el número 25. Y no había niguna línea que lo tocara. Es decir, ni siquiera se han realizado esa cantidad de clausuras. ¿Será que las empresas no contaminan?
Mejor, vuelvo a fines del siglo XIX, cuando Buenos Aires se hallaba en un grave problema de contaminación causada por los saladeros que arrojaban sus efluentes al Riachuelo. Cuando la ciudad sufrió la epidemia de fiebre amarilla, se empezó a tomar conciencia del problema, y se decidió tomar medidas. Asi, los saladeros fueron conminados a retirarse a una legua de la orilla.
Los saladeristas, en la causa “Santiago, Jose y Jeronimo Podetá y Otros c. Provincia de Buenos Aires” demandan a la provincia de Buenos Aires por la indemnización de los daños y perjuicios que les ha causado la suspensión de las faenas de los saladeros situados en el Riachuelo de Barracas, ordenada por su Legislatura Provincial por ley de 6 de setiembre de 1871.
Pero la Justicia les responde:
3°) Que los saladeristas de Barracas no pueden por consiguiente invocar ese permiso para alegar derechos adquiridos, no sólo porque él se les concedió bajo la condición implícita de no ser nocivos a los intereses generales de la comunidad, sino porque ninguno puede tener un derecho adquirido de comprometer la salud pública, y esparcir en la vecindad la muerte y el duelo con el uso que haga de su propiedad, y especialmente con el ejercicio de una profesión o de una industria.
No hace falta agregar más.
Fecha de Publicación: 02/07/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
En el año en que celebramos el Bicentenario me llegó por mail un dato por demás interesante: ya hubo un fallo que obligó a liberar las riberas del Riachuelo y que intimó a las empresas por contaminación en tiempos de la denominada generación del 80.
Durante esta semana se celebraron las V Jornadas de Capacitación Ambientales Metropolitanas en las que tuvo lugar el caso Riachuelo. Y la verdad es que no sabía si reirme o llorar. Uno de los expositores sobre el tema era Gustavo Villa Uría, presidente del Consejo Ejecutivo de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar). Aunque, obviamente, no pretendo escuchar que todo ha cambiado 180° esperé un poco más de su exposición.
No sólo se puso en manos de “la Buenaventuranza” (sí, leyeron bien), sino que además culpó la contaminación a la rectificación del río que se realizó a principios del siglo XX. “Aquí donde antes había humedales ahora hay gente, entonces eso ahora se inunda porque el agua quiere volver a su curso natural”, explicó.
Lo que no tuvo explicación es la razón por la cual esa agua llega hoy con plomo, cadmio, cromo e hidrocarburos. ¿Será que lo perdieron las máquinas que hicieron esa rectificación y hoy la padecemos? O tal vez olvidó mencionar las 20.000 industrias que dijo que hay instaladas en la cuenca y que sólo se inspeccionó el 30 por ciento.
Como para que tengan una idea, cuando llegó la hora de informar sobre las clausuras el número tope del power point mostraba el número 25. Y no había niguna línea que lo tocara. Es decir, ni siquiera se han realizado esa cantidad de clausuras. ¿Será que las empresas no contaminan?
Mejor, vuelvo a fines del siglo XIX, cuando Buenos Aires se hallaba en un grave problema de contaminación causada por los saladeros que arrojaban sus efluentes al Riachuelo. Cuando la ciudad sufrió la epidemia de fiebre amarilla, se empezó a tomar conciencia del problema, y se decidió tomar medidas. Asi, los saladeros fueron conminados a retirarse a una legua de la orilla.
Los saladeristas, en la causa “Santiago, Jose y Jeronimo Podetá y Otros c. Provincia de Buenos Aires” demandan a la provincia de Buenos Aires por la indemnización de los daños y perjuicios que les ha causado la suspensión de las faenas de los saladeros situados en el Riachuelo de Barracas, ordenada por su Legislatura Provincial por ley de 6 de setiembre de 1871.
Pero la Justicia les responde:
3°) Que los saladeristas de Barracas no pueden por consiguiente invocar ese permiso para alegar derechos adquiridos, no sólo porque él se les concedió bajo la condición implícita de no ser nocivos a los intereses generales de la comunidad, sino porque ninguno puede tener un derecho adquirido de comprometer la salud pública, y esparcir en la vecindad la muerte y el duelo con el uso que haga de su propiedad, y especialmente con el ejercicio de una profesión o de una industria.
No hace falta agregar más.
Más críticas por acuerdo minero
Más críticas por acuerdo minero
Fecha de Publicación: 01/07/2010
Fuente: Río Negro on Line
Provincia/Región: Nacional
La titular de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, volvió a apuntar a la presidenta Cristina Fernández por presunto tráfico de influencias a favor de Barrick Gold y ratificó que existe un "acuerdo de impuestos Argentina-Chile que no se da a conocer" en beneficio de esa empresa minera y que "para algunos funcionarios sería totalmente contrario a los intereses nacionales".
Carrió renovó sus denuncias un día después de acompañar a los diputados Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires) y Fernanda Reyes (CC) ante la justicia federal para pedirle que investigue si la Barrick fue beneficiada en sus emprendimientos en la Cordillera tras el veto a la Ley de Glaciares que dispuso la jefa de Estado.
Por su parte, el diputado nacional Fernando Solanas (Proyecto Sur) renovó ayer sus críticas contra la minería y los gobernadores que impulsan el desarrollo del sector, al sostener que se trata del "negocio de las nuevas oligarquías de poder provinciales".
Fecha de Publicación: 01/07/2010
Fuente: Río Negro on Line
Provincia/Región: Nacional
La titular de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, volvió a apuntar a la presidenta Cristina Fernández por presunto tráfico de influencias a favor de Barrick Gold y ratificó que existe un "acuerdo de impuestos Argentina-Chile que no se da a conocer" en beneficio de esa empresa minera y que "para algunos funcionarios sería totalmente contrario a los intereses nacionales".
Carrió renovó sus denuncias un día después de acompañar a los diputados Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires) y Fernanda Reyes (CC) ante la justicia federal para pedirle que investigue si la Barrick fue beneficiada en sus emprendimientos en la Cordillera tras el veto a la Ley de Glaciares que dispuso la jefa de Estado.
Por su parte, el diputado nacional Fernando Solanas (Proyecto Sur) renovó ayer sus críticas contra la minería y los gobernadores que impulsan el desarrollo del sector, al sostener que se trata del "negocio de las nuevas oligarquías de poder provinciales".
Asamblea lleva a Nación plan propio
Asamblea lleva a Nación plan propio de control a Botnia
Fecha de Publicación: 01/07/2010
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Entre Ríos
Los ambientalistas de Gualeguaychú delinean una propuesta de seguimiento ambiental continuado sobre la pastera Botnia, instalada en Uruguay, para presentarla formalmente al Gobierno nacional el próximo martes, en el marco del encuentro que mantendrán con el flamante canciller, Héctor Timerman.
Estos preparativos se dieron ayer mientras la mirada de los asambleístas estaba puesta en el juez federal subrogante de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, en relación con el vencimiento de un plazo en la causa que activó la Casa Rosada contra un ramillete de vecinos por el bloqueo del Puente Internacional General San Martín, que conecta a Gualeguaychú con la localidad uruguaya de Fray Bentos y que hoy permanece liberado sobre la base de una frágil tregua de 60 días.
La expectativa de los ambientalistas es que el Gobierno nacional desista de esa querella, como ya se lo plantearon al gobernador entrerriano Sergio Urribarri. A juzgar por las señales emanadas en las últimas horas desde Balcarce 50, no está en el ánimo de la Casa Rosada fogonear esa causa, al menos durante estos dos meses de delicadas negociaciones con el Gobierno de José Mujica.
Explicación
En lo que respecta a la oferta que le llevará la Asamblea a Timerman, se trata de «una propuesta de la ciudadanía, humilde, pero con un grandísimo respaldo técnico», aseguró el ambientalista Oscar Bargas, además de enfatizar que «desde la Asamblea se le va a explicar al canciller cómo hacer el seguimiento continuado ambiental».
«Tenemos asesores técnicos en celulosa y asesores internacionales en medioambiente que nos han hecho un bosquejo de lo que piensan que se debería controlar en Botnia», destacó, por su parte, Carlos Goldaracena, integrante del equipo técnico de la Asamblea Ambiental. «Si logramos incorporar eso, pensamos que Botnia en algún momento no va a resistir ese control», agregó, además de afirmar que la pretensión es que los controles avancen «con más parámetros y más gente».
No obstante, un nutrido número de vecinos no deja de insistir en el reclamo de fondo en cuanto a que «la única salida es desmantelar Botnia».
En paralelo, los diez ambientalistas seleccionados para entrevistarse con Timerman -junto con Urribarri y el intendente Juan José Bahillo- pedirán al sucesor de Jorge Taiana que «se hagan públicas las pruebas de contaminación que presentó la Argentina ante la Corte Internacional de La Haya».
Vargas también reveló que, en el encuentro que mantuvieron el pasado martes con Urribarri, el mandatario K les adelantó que la propuesta que Timerman llevó ese mismo día al Gobierno uruguayo contempla «lo que viene pidiendo la Asamblea desde antes de La Haya: medir la chimenea, medir los efluentes antes de llegar al difusor, controlar los insumos y las distintas empresitas que tiene Botnia dentro de la planta».
Fecha de Publicación: 01/07/2010
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Entre Ríos
Los ambientalistas de Gualeguaychú delinean una propuesta de seguimiento ambiental continuado sobre la pastera Botnia, instalada en Uruguay, para presentarla formalmente al Gobierno nacional el próximo martes, en el marco del encuentro que mantendrán con el flamante canciller, Héctor Timerman.
Estos preparativos se dieron ayer mientras la mirada de los asambleístas estaba puesta en el juez federal subrogante de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, en relación con el vencimiento de un plazo en la causa que activó la Casa Rosada contra un ramillete de vecinos por el bloqueo del Puente Internacional General San Martín, que conecta a Gualeguaychú con la localidad uruguaya de Fray Bentos y que hoy permanece liberado sobre la base de una frágil tregua de 60 días.
La expectativa de los ambientalistas es que el Gobierno nacional desista de esa querella, como ya se lo plantearon al gobernador entrerriano Sergio Urribarri. A juzgar por las señales emanadas en las últimas horas desde Balcarce 50, no está en el ánimo de la Casa Rosada fogonear esa causa, al menos durante estos dos meses de delicadas negociaciones con el Gobierno de José Mujica.
Explicación
En lo que respecta a la oferta que le llevará la Asamblea a Timerman, se trata de «una propuesta de la ciudadanía, humilde, pero con un grandísimo respaldo técnico», aseguró el ambientalista Oscar Bargas, además de enfatizar que «desde la Asamblea se le va a explicar al canciller cómo hacer el seguimiento continuado ambiental».
«Tenemos asesores técnicos en celulosa y asesores internacionales en medioambiente que nos han hecho un bosquejo de lo que piensan que se debería controlar en Botnia», destacó, por su parte, Carlos Goldaracena, integrante del equipo técnico de la Asamblea Ambiental. «Si logramos incorporar eso, pensamos que Botnia en algún momento no va a resistir ese control», agregó, además de afirmar que la pretensión es que los controles avancen «con más parámetros y más gente».
No obstante, un nutrido número de vecinos no deja de insistir en el reclamo de fondo en cuanto a que «la única salida es desmantelar Botnia».
En paralelo, los diez ambientalistas seleccionados para entrevistarse con Timerman -junto con Urribarri y el intendente Juan José Bahillo- pedirán al sucesor de Jorge Taiana que «se hagan públicas las pruebas de contaminación que presentó la Argentina ante la Corte Internacional de La Haya».
Vargas también reveló que, en el encuentro que mantuvieron el pasado martes con Urribarri, el mandatario K les adelantó que la propuesta que Timerman llevó ese mismo día al Gobierno uruguayo contempla «lo que viene pidiendo la Asamblea desde antes de La Haya: medir la chimenea, medir los efluentes antes de llegar al difusor, controlar los insumos y las distintas empresitas que tiene Botnia dentro de la planta».
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