Una quema al lado de los pingüinos
09:54 | 
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Una quema al lado de los pingüinos
Fecha de Publicación: 26/02/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Antártida
La denuncia la formularon dos maestros de la escuela de la Base Esperanza, que tomaron fotos como prueba. La contaminación ambiental está severamente prohibida por el Tratado Antártico. Según dice el Ejército, el jefe de la base ya fue sancionado.
La denuncia de un matrimonio de maestros de escuela de la base antártica Esperanza, a cargo del Ejército Argentino, permitió limitar un acto de contaminación ambiental –quema de residuos a cielo abierto– reñido con las normas del Tratado Antártico, y abrió el camino para investigar una serie de raras situaciones. Una de ellas sería que, por demora en la construcción de la nueva escuela –inaugurada formalmente el año pasado por la presidenta de la Nación–, su techo, a medio hacer, fue destruido por una tormenta, y sus restos habrían pasado a formar parte de los residuos ilegalmente quemados. Además, las familias residentes en esa base estarían siendo alimentadas con productos vencidos. Otro caso notable tuvo como protagonistas a más de mil pollos congelados: por una falla en la cámara frigorífica, se descompusieron; los pollos podridos habrían sido enterrados en la proximidad de la base del Uruguay, que estaba temporariamente desocupada. En cuanto a la quema de residuos, la Dirección Nacional del Antártico transmitió la denuncia de los maestros al Ejército, que sancionó al responsable de la base.
En noviembre del año pasado, Mariela Barrios y Alejandro Veuthey –matrimonio de maestros fueguinos a cargo de la Escuela Nº 38 de la provincia de Tierra del Fuego, situada en la base antártica Esperanza– denunció ante la Dirección Nacional del Antártico “la quema de residuos a cielo abierto, en contradicción con el Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente anexo al Tratado Antártico”. La denuncia fue respaldada por fotografías realizadas por ellos: “Se quemaban al aire libre distintos materiales, incluso poliuretano, plásticos, cables y aerosoles en desuso”, precisó a este diario Alejandro Veuthey. Según el Protocolo, los residuos deben ser retirados de la Antártida en tambores sellados; sólo ciertos residuos orgánicos pueden ser incinerados, pero no al aire libre sino en incineradores especiales.
“Para colmo, el lugar donde se los quemaba estaba a menos de 50 metros de una de las pingüineras más grandes de la zona, donde van a tener sus crías varios miles de pingüinos Adelia”, agregó Veuthey, y comentó que “todos veían que se quemaba basura pero nadie hacía nada. Es que nosotros éramos los únicos civiles de la base. Los demás eran todos militares y sus esposas, ellos se manejan por órdenes. Llegó un momento en que quemaban la basura cuando nosotros dábamos clase ‘para que no se enteren los maestros’, pero nos enterábamos igual”. La base cuenta con un incinerador que supuestamente cumple las normas del Protocolo. “Tal vez no lo usaban para ahorrar combustible”, hipotetiza el maestro.
Según su colega y esposa Mariela Barrios, entre los residuos quemados al aire libre se hallaban “la mayor parte del plástico y la espuma de poliuretano del techo del nuevo local de la escuela”, que se inauguró el 2 de marzo de 2009 en presencia de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández. “Los materiales fueron dispuestos por la provincia de Tierra del Fuego y la construcción debía ser efectuada por el Ejército: pero, después de la inauguración oficial, se demoraron en terminar la obra y a mediados de año, con vientos de 250 kilómetros por hora, la mitad del techo se vino abajo. La escuela todavía tiene un techo provisorio, de chapa”, contó la maestra.
Luego de la denuncia ante la Dirección Nacional del Antártico (ver recuadro), las quemas al aire libre cesaron. “Volvieron a usar el incinerador y limpiaron el sector donde hacían las quemas: claro que en el suelo quedó un gran manchón que sigue demostrando lo que hacían”, señaló Veuthey.
Pero habría más: “En el invierno pasado se quemó el motor de una cámara frigorífica con más de 1000 pollos congelados: quizás se podrían haber conservado haciendo un pozo en el hielo antártico, pero cuando se dieron cuenta ya era tarde. Entonces los juntaron y los enterraron en las cercanías de la base antártica uruguaya, que en esa época del año está cerrada”, según Barrios.
Otro destino indebido para la basura antártica habría sido el estómago de los residentes: “El año pasado, nosotros y todos los que vivíamos en la base consumimos alimentos vencidos –denuncia la maestra–: leche en polvo, galletitas, alfajores, café, yerba elaborados en 2007. Eran productos remanentes de años anteriores, que debían haberse devuelto para su destrucción”.
Barrios y Veuthey fueron seleccionados de entre siete matrimonios de maestros fueguinos para ejercer durante 2009 en la base Esperanza, a cargo del Comando Antártico del Ejército Argentino, mediante un procedimiento que incluye una experiencia previa de varios días de convivencia con los alumnos y sus familias.
Fecha de Publicación: 26/02/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Antártida
La denuncia la formularon dos maestros de la escuela de la Base Esperanza, que tomaron fotos como prueba. La contaminación ambiental está severamente prohibida por el Tratado Antártico. Según dice el Ejército, el jefe de la base ya fue sancionado.
La denuncia de un matrimonio de maestros de escuela de la base antártica Esperanza, a cargo del Ejército Argentino, permitió limitar un acto de contaminación ambiental –quema de residuos a cielo abierto– reñido con las normas del Tratado Antártico, y abrió el camino para investigar una serie de raras situaciones. Una de ellas sería que, por demora en la construcción de la nueva escuela –inaugurada formalmente el año pasado por la presidenta de la Nación–, su techo, a medio hacer, fue destruido por una tormenta, y sus restos habrían pasado a formar parte de los residuos ilegalmente quemados. Además, las familias residentes en esa base estarían siendo alimentadas con productos vencidos. Otro caso notable tuvo como protagonistas a más de mil pollos congelados: por una falla en la cámara frigorífica, se descompusieron; los pollos podridos habrían sido enterrados en la proximidad de la base del Uruguay, que estaba temporariamente desocupada. En cuanto a la quema de residuos, la Dirección Nacional del Antártico transmitió la denuncia de los maestros al Ejército, que sancionó al responsable de la base.
En noviembre del año pasado, Mariela Barrios y Alejandro Veuthey –matrimonio de maestros fueguinos a cargo de la Escuela Nº 38 de la provincia de Tierra del Fuego, situada en la base antártica Esperanza– denunció ante la Dirección Nacional del Antártico “la quema de residuos a cielo abierto, en contradicción con el Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente anexo al Tratado Antártico”. La denuncia fue respaldada por fotografías realizadas por ellos: “Se quemaban al aire libre distintos materiales, incluso poliuretano, plásticos, cables y aerosoles en desuso”, precisó a este diario Alejandro Veuthey. Según el Protocolo, los residuos deben ser retirados de la Antártida en tambores sellados; sólo ciertos residuos orgánicos pueden ser incinerados, pero no al aire libre sino en incineradores especiales.
“Para colmo, el lugar donde se los quemaba estaba a menos de 50 metros de una de las pingüineras más grandes de la zona, donde van a tener sus crías varios miles de pingüinos Adelia”, agregó Veuthey, y comentó que “todos veían que se quemaba basura pero nadie hacía nada. Es que nosotros éramos los únicos civiles de la base. Los demás eran todos militares y sus esposas, ellos se manejan por órdenes. Llegó un momento en que quemaban la basura cuando nosotros dábamos clase ‘para que no se enteren los maestros’, pero nos enterábamos igual”. La base cuenta con un incinerador que supuestamente cumple las normas del Protocolo. “Tal vez no lo usaban para ahorrar combustible”, hipotetiza el maestro.
Según su colega y esposa Mariela Barrios, entre los residuos quemados al aire libre se hallaban “la mayor parte del plástico y la espuma de poliuretano del techo del nuevo local de la escuela”, que se inauguró el 2 de marzo de 2009 en presencia de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández. “Los materiales fueron dispuestos por la provincia de Tierra del Fuego y la construcción debía ser efectuada por el Ejército: pero, después de la inauguración oficial, se demoraron en terminar la obra y a mediados de año, con vientos de 250 kilómetros por hora, la mitad del techo se vino abajo. La escuela todavía tiene un techo provisorio, de chapa”, contó la maestra.
Luego de la denuncia ante la Dirección Nacional del Antártico (ver recuadro), las quemas al aire libre cesaron. “Volvieron a usar el incinerador y limpiaron el sector donde hacían las quemas: claro que en el suelo quedó un gran manchón que sigue demostrando lo que hacían”, señaló Veuthey.
Pero habría más: “En el invierno pasado se quemó el motor de una cámara frigorífica con más de 1000 pollos congelados: quizás se podrían haber conservado haciendo un pozo en el hielo antártico, pero cuando se dieron cuenta ya era tarde. Entonces los juntaron y los enterraron en las cercanías de la base antártica uruguaya, que en esa época del año está cerrada”, según Barrios.
Otro destino indebido para la basura antártica habría sido el estómago de los residentes: “El año pasado, nosotros y todos los que vivíamos en la base consumimos alimentos vencidos –denuncia la maestra–: leche en polvo, galletitas, alfajores, café, yerba elaborados en 2007. Eran productos remanentes de años anteriores, que debían haberse devuelto para su destrucción”.
Barrios y Veuthey fueron seleccionados de entre siete matrimonios de maestros fueguinos para ejercer durante 2009 en la base Esperanza, a cargo del Comando Antártico del Ejército Argentino, mediante un procedimiento que incluye una experiencia previa de varios días de convivencia con los alumnos y sus familias.
Chaco: sanciones por incumplir la Ley de Biocidas
Ahora habrá sanciones por incumplir la Ley de Biocidas
Fecha de Publicación: 26/02/2010
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El Ministerio de Producción y Ambiente reforzará los controles e inspecciones en toda la provincia a fin de comprobar en terreno el buen manejo de los agroquímicos, con la intensión de garantizar el cuidado del medio ambiente.
El Ministerio de Producción y Ambiente reforzará los controles e inspecciones en toda la geografía provincial a fin de comprobar en terreno el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley de Biocidas, para garantizar el cuidado del medio ambiente. En caso de comprobarse infracciones se aplicarán las sanciones establecidas en la misma.
El ministro de la cartera productiva, Enrique Orban, señaló que desde la su ministerio se ha conformado un equipo de técnicos y especialistas que se encargará de recoger todos los envases de pesticidas, que es lo que dice la ley de Biocidas. “En el interior de la provincia y en muchos sectores del país, adolecemos de controles estrictos de estos elementos”, sostuvo.
Asimismo, indicó que se adquirirán dos máquinas para la reducción de los envases de agroquímicos. De esta manera, se pondrá en práctica un sistema para que el productor que entregue los envases de los productos utilizados, reciba un resarcimiento, que le permita cubrir los gastos de traslado para realizar este operativo. “Los envases deben ser destruidos en zonas donde la Dirección de Agrotóxicos de la Nación indique, porque además es necesario saber que los mismos no pueden ser utilizados para otras tareas”, agregó.
El funcionario explicó que si un productor tiene que hacer una aplicación de agroquímicos en sus campos, está obligado a realizar una declaración y un pedido de permiso 48 horas antes de llevar a cabo el trabajo, a fin de garantizar el buen uso de los productos.
La Ley de Biocidas que tiene la Provincia, otorga al Estado la facultad de manejar la venta, distribución y aplicación de todos los productos agroquímicos como los fertilizantes, herbicidas y pesticidas, que se aplican ante la aparición de plagas. La aplicación puede ser en forma terrestre o aérea, para lo cual todas requieren los permisos necesarios.
Al referirse a los controles de los agroquímicos que se utilizan en los campos y que en breve se comenzará en distintos puntos de la geografía provincial, el ministro de Producción y Ambiente, Enrique Orban, anticipó que se trabajará en el cordón frutihortícola de zonas como el Gran Resistencia o Castelli sobre determinaciones de pesticidas. “Para ello se suscribirá un convenio con la Facultad de Agroindustria de Sáenz Peña y la carrera de Bioquímica, para que colaboren en la certificación de lo que consumimos”, manifestó.
“Este tipo de controles es un rol indelegable del Estado. Nosotros sabemos que productos de otros lugares donde no se hacen los controles sobre los residuos de pesticidas y que no dan los valores de tolerancia, vienen a venderse en zonas como la nuestra, por eso debemos tener especial cuidado”, advirtió.
Por último indicó que dichas acciones tienen que estar articuladas con Salud Pública, tanto de provincia como de Nación, “a través de programas que tiendan a minimizar el impacto que tiene la aplicación de cualquier producto en el ambiente, preservando los niveles de inocuidad y calidad que tiene que tener un alimento”, finalizó.
Fecha de Publicación: 26/02/2010
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El Ministerio de Producción y Ambiente reforzará los controles e inspecciones en toda la provincia a fin de comprobar en terreno el buen manejo de los agroquímicos, con la intensión de garantizar el cuidado del medio ambiente.
El Ministerio de Producción y Ambiente reforzará los controles e inspecciones en toda la geografía provincial a fin de comprobar en terreno el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley de Biocidas, para garantizar el cuidado del medio ambiente. En caso de comprobarse infracciones se aplicarán las sanciones establecidas en la misma.
El ministro de la cartera productiva, Enrique Orban, señaló que desde la su ministerio se ha conformado un equipo de técnicos y especialistas que se encargará de recoger todos los envases de pesticidas, que es lo que dice la ley de Biocidas. “En el interior de la provincia y en muchos sectores del país, adolecemos de controles estrictos de estos elementos”, sostuvo.
Asimismo, indicó que se adquirirán dos máquinas para la reducción de los envases de agroquímicos. De esta manera, se pondrá en práctica un sistema para que el productor que entregue los envases de los productos utilizados, reciba un resarcimiento, que le permita cubrir los gastos de traslado para realizar este operativo. “Los envases deben ser destruidos en zonas donde la Dirección de Agrotóxicos de la Nación indique, porque además es necesario saber que los mismos no pueden ser utilizados para otras tareas”, agregó.
El funcionario explicó que si un productor tiene que hacer una aplicación de agroquímicos en sus campos, está obligado a realizar una declaración y un pedido de permiso 48 horas antes de llevar a cabo el trabajo, a fin de garantizar el buen uso de los productos.
La Ley de Biocidas que tiene la Provincia, otorga al Estado la facultad de manejar la venta, distribución y aplicación de todos los productos agroquímicos como los fertilizantes, herbicidas y pesticidas, que se aplican ante la aparición de plagas. La aplicación puede ser en forma terrestre o aérea, para lo cual todas requieren los permisos necesarios.
Al referirse a los controles de los agroquímicos que se utilizan en los campos y que en breve se comenzará en distintos puntos de la geografía provincial, el ministro de Producción y Ambiente, Enrique Orban, anticipó que se trabajará en el cordón frutihortícola de zonas como el Gran Resistencia o Castelli sobre determinaciones de pesticidas. “Para ello se suscribirá un convenio con la Facultad de Agroindustria de Sáenz Peña y la carrera de Bioquímica, para que colaboren en la certificación de lo que consumimos”, manifestó.
“Este tipo de controles es un rol indelegable del Estado. Nosotros sabemos que productos de otros lugares donde no se hacen los controles sobre los residuos de pesticidas y que no dan los valores de tolerancia, vienen a venderse en zonas como la nuestra, por eso debemos tener especial cuidado”, advirtió.
Por último indicó que dichas acciones tienen que estar articuladas con Salud Pública, tanto de provincia como de Nación, “a través de programas que tiendan a minimizar el impacto que tiene la aplicación de cualquier producto en el ambiente, preservando los niveles de inocuidad y calidad que tiene que tener un alimento”, finalizó.
Arroceras: exigen que la causa avance
Arroceras: vecinos y organizaciones sociales exigen que la causa avance en la Justicia Federal
Fecha de Publicación: 25/02/2010
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Vecinos y organizaciones sociales pidieron ayer la continuidad en la Justicia Federal de la causa por contaminación iniciada contra las arroceras instaladas en La Leonesa y Las Palmas. Así, respaldaron todas las actuaciones efectuadas por el fiscal federal Gustavo Corregido y criticaron la decisión del juez subrogante Eduardo Valiente de declararse incompetente por falta de pruebas.También pidieron la urgente intervención del Ministerio de Gobierno del Chaco para garantizar la seguridad de los habitantes ante las persistentes amenazas que aseguran recibir. Además, la delegada sanitaria Ana Lía Otaño acusó a los ministerios de la Producción y de Salud por no intervenir en la medida de sus obligaciones.
Durante una rueda de prensa que tuvo lugar ayer en la seccional San Fernando del sindicato Utre, integrantes de diversas organizaciones sociales, vecinos, concejales y la delegada sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación, Ana Lía Otaño, expresaron su acompañamiento a las actuaciones realizadas por el fiscal Corregido en las causas que denuncian a las arroceras San Carlos SRL y Cancha Larga SA por contaminación en las localidades de La Leonesa y Las Palmas, y cuyo efecto podría extenderse hacia otras jurisdicciones. “Sostenemos que las pruebas recogidas de acuerdo a lo que determina la ley son suficientes para que involucre a la Justicia Federal en su investigación”, enfatizaron.
“Lo que hace el juez es un apartamiento sin causa ni razón”, remarcó Valeria Romero, del Espacio Carta Abierta Chaco. Así, dijo que los argumentos esgrimidos por el magistrado “no alcanzan” ya que el fiscal Corregido probó a través de los elementos reunidos la relación existente entre la pulverización de agrotóxicos y el drenaje de agua hacia causes interjurisdiccionales.
“Está probado que la arrocera que actualmente se llama Cancha Larga arroja residuos hacia el río Paraguay, por distintos canales, y que al fumigar los agroquímicos pueden llegar a causar daños a otras jurisdicciones”, señaló Romero, justificando así el reclamo de competencia en el tema de la Justicia Federal.
Asimismo, subrayó que el Humedal Chaco afectado por las arroceras- es un sitio RAMSAR (una convención que otorga a los humedales importancia internacional). En consecuencia y por la vigencia de tratados internacionales, el Estado Nacional es garante de los artículos 41 y 75 de la Constitución Nacional y la causa debe enmarcarse en la Justicia Federal.
Otro integrante de Carta Abierta, Hugo Deschutter, aseguró que las fumigaciones siguen desarrollándose sin modificaciones. Al respecto, Juan Álvarez, habitante de las localidades perjudicadas, sostuvo que las pulverizaciones “arrecian cada vez más” porque está próxima a iniciarse la cosecha; y luego se paralizarán hasta octubre. “Pedimos que el gobierno se ponga al frente de todo esto, aunque hay muchos intereses económicos y políticos sobre todo en nuestra zona, y tratan de acallarnos a quienes actuamos en forma independiente”, remarcó.
Elio Servín, otro vecino de las localidades que denuncian la contaminación ambiental, aseguró que las mejores pruebas de los efectos de agrotóxicos son las malformaciones y los innumerables problemas de salud de la población. “Nos asombra cómo día a día se manifiestan múltiples enfermedades, muchas de ellas cancerígenas”, enfatizó. Al respecto, contó que fueron detectados casos de malformaciones no solamente en humanos, sino también en animales.
En la rueda de prensa estuvieron presentes referentes del Espacio Carta Abierta Chaco, la Red de Salud Popular “Ramón Carillo”, vecinos de La Leonesa y Las Palmas, el Frente Grande, el Movimiento Comandante Andresito, ATE, CTA y la concejal de La Leonesa Patricia García.
Fecha de Publicación: 25/02/2010
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Vecinos y organizaciones sociales pidieron ayer la continuidad en la Justicia Federal de la causa por contaminación iniciada contra las arroceras instaladas en La Leonesa y Las Palmas. Así, respaldaron todas las actuaciones efectuadas por el fiscal federal Gustavo Corregido y criticaron la decisión del juez subrogante Eduardo Valiente de declararse incompetente por falta de pruebas.También pidieron la urgente intervención del Ministerio de Gobierno del Chaco para garantizar la seguridad de los habitantes ante las persistentes amenazas que aseguran recibir. Además, la delegada sanitaria Ana Lía Otaño acusó a los ministerios de la Producción y de Salud por no intervenir en la medida de sus obligaciones.
Durante una rueda de prensa que tuvo lugar ayer en la seccional San Fernando del sindicato Utre, integrantes de diversas organizaciones sociales, vecinos, concejales y la delegada sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación, Ana Lía Otaño, expresaron su acompañamiento a las actuaciones realizadas por el fiscal Corregido en las causas que denuncian a las arroceras San Carlos SRL y Cancha Larga SA por contaminación en las localidades de La Leonesa y Las Palmas, y cuyo efecto podría extenderse hacia otras jurisdicciones. “Sostenemos que las pruebas recogidas de acuerdo a lo que determina la ley son suficientes para que involucre a la Justicia Federal en su investigación”, enfatizaron.
“Lo que hace el juez es un apartamiento sin causa ni razón”, remarcó Valeria Romero, del Espacio Carta Abierta Chaco. Así, dijo que los argumentos esgrimidos por el magistrado “no alcanzan” ya que el fiscal Corregido probó a través de los elementos reunidos la relación existente entre la pulverización de agrotóxicos y el drenaje de agua hacia causes interjurisdiccionales.
“Está probado que la arrocera que actualmente se llama Cancha Larga arroja residuos hacia el río Paraguay, por distintos canales, y que al fumigar los agroquímicos pueden llegar a causar daños a otras jurisdicciones”, señaló Romero, justificando así el reclamo de competencia en el tema de la Justicia Federal.
Asimismo, subrayó que el Humedal Chaco afectado por las arroceras- es un sitio RAMSAR (una convención que otorga a los humedales importancia internacional). En consecuencia y por la vigencia de tratados internacionales, el Estado Nacional es garante de los artículos 41 y 75 de la Constitución Nacional y la causa debe enmarcarse en la Justicia Federal.
Otro integrante de Carta Abierta, Hugo Deschutter, aseguró que las fumigaciones siguen desarrollándose sin modificaciones. Al respecto, Juan Álvarez, habitante de las localidades perjudicadas, sostuvo que las pulverizaciones “arrecian cada vez más” porque está próxima a iniciarse la cosecha; y luego se paralizarán hasta octubre. “Pedimos que el gobierno se ponga al frente de todo esto, aunque hay muchos intereses económicos y políticos sobre todo en nuestra zona, y tratan de acallarnos a quienes actuamos en forma independiente”, remarcó.
Elio Servín, otro vecino de las localidades que denuncian la contaminación ambiental, aseguró que las mejores pruebas de los efectos de agrotóxicos son las malformaciones y los innumerables problemas de salud de la población. “Nos asombra cómo día a día se manifiestan múltiples enfermedades, muchas de ellas cancerígenas”, enfatizó. Al respecto, contó que fueron detectados casos de malformaciones no solamente en humanos, sino también en animales.
En la rueda de prensa estuvieron presentes referentes del Espacio Carta Abierta Chaco, la Red de Salud Popular “Ramón Carillo”, vecinos de La Leonesa y Las Palmas, el Frente Grande, el Movimiento Comandante Andresito, ATE, CTA y la concejal de La Leonesa Patricia García.
Gualeguaychú construirá un laboratorio ambiental
Gualeguaychú: construirán un laboratorio ambiental
Fecha de Publicación: 25/02/2010
Fuente: Telam
Provincia/Región: Entre Ríos
El intendente de esa locaclidad, Juan José Bahillo, informó que la Nación se comprometió a financiar la construcción de un laboratorio ambiental en Gualeguaychú, "como continuidad de otras políticas que se vienen llevando adelante para acompañar la estrategia jurídica ante el Tribunal Internacional de La Haya" por la instalación de Botnia.
El jefe comunal de esa ciudad entrerriana señaló que el compromiso lo dio a conocer el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, durante un encuentro desarrollado anoche en la Capital Federal, y del que también participó el gobernador Sergio Irribarri.
"Fue una reunión muy positiva donde dialogamos sobre cuestiones que tienen que ver con tareas de los gobiernos nacional, provincial y municipal y el tema central fue el fortalecimiento de políticas ambientales llevadas a cabo en los tres niveles de gobierno", explicó Bahillo en declaraciones a la prensa.
Reveló que en el encuentro se analizó la "la construcción de un laboratorio ambiental en Gualeguaychú como continuidad de otras políticas que vienen llevando adelante la Nación y la Provincia en el marco de acompañar la estrategia jurídica ante el Tribunal Internacional de La Haya” en el diferendo por la pastera Botnia.
"Para darle continuidad a esta política ambiental, en nuestra ciudad se va a construir un laboratorio que nos permitirá tener la capacidad instalada, equipamiento y recursos humanos para seguir desarrollando los controles que debemos llevar adelante para preservar el medio ambiente tanto en la calidad del aire como de agua en la región”, agregó el intendente de Gualeguaychú.
Reconoció que la obra "es una articulación entre provincia, municipio y Nación" y adelantó que "el financiamiento será del Gobierno nacional a través de la Jefatura de Gabinete”.
Fecha de Publicación: 25/02/2010
Fuente: Telam
Provincia/Región: Entre Ríos
El intendente de esa locaclidad, Juan José Bahillo, informó que la Nación se comprometió a financiar la construcción de un laboratorio ambiental en Gualeguaychú, "como continuidad de otras políticas que se vienen llevando adelante para acompañar la estrategia jurídica ante el Tribunal Internacional de La Haya" por la instalación de Botnia.
El jefe comunal de esa ciudad entrerriana señaló que el compromiso lo dio a conocer el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, durante un encuentro desarrollado anoche en la Capital Federal, y del que también participó el gobernador Sergio Irribarri.
"Fue una reunión muy positiva donde dialogamos sobre cuestiones que tienen que ver con tareas de los gobiernos nacional, provincial y municipal y el tema central fue el fortalecimiento de políticas ambientales llevadas a cabo en los tres niveles de gobierno", explicó Bahillo en declaraciones a la prensa.
Reveló que en el encuentro se analizó la "la construcción de un laboratorio ambiental en Gualeguaychú como continuidad de otras políticas que vienen llevando adelante la Nación y la Provincia en el marco de acompañar la estrategia jurídica ante el Tribunal Internacional de La Haya” en el diferendo por la pastera Botnia.
"Para darle continuidad a esta política ambiental, en nuestra ciudad se va a construir un laboratorio que nos permitirá tener la capacidad instalada, equipamiento y recursos humanos para seguir desarrollando los controles que debemos llevar adelante para preservar el medio ambiente tanto en la calidad del aire como de agua en la región”, agregó el intendente de Gualeguaychú.
Reconoció que la obra "es una articulación entre provincia, municipio y Nación" y adelantó que "el financiamiento será del Gobierno nacional a través de la Jefatura de Gabinete”.
Embestida contra el ambiente
Embestida contra el ambiente
Fecha de Publicación: 25/02/2010
Fuente: Clarín - Por Mariano Aguilar - Abogados Ambientalistas
Provincia/Región: Nacional
El artículo 41 de la Constitución Nacional reza "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano" ( ...) "Las autoridades proveerán a la protección de este derecho". Advertimos hoy una nueva embestida contra los derechos ambientales, garantizados por la Constitución Nacional, que trae como corolario el retiro de fondos de más de 144,2 millones de pesos, que debían girarse de acuerdo al Presupuesto a las provincias, con destino al cuidado del medio ambiente, y que fueron extraídos para sostener el fútbol "para todos".
Se puede afirmar, sin riesgo a equivocarse, que de esta manera el Gobierno ha violentado el derecho ambiental constitucional de todos los argentinos, y en particular el derecho de las provincias a percibir fondos para su cuidado.
Existen muchas conductas criticables llevadas adelante por las autoridades nacionales con referencia al ambiente, como el veto de la Presidenta a la Ley de presupuestos mínimos de los Glaciares (ley conquistada en forma unánime por ambas Cámaras). Y se verifica también desinterés general ante los innumerables problemas ambientales existentes en todo el país, tanto en las desmesuradas explotaciones mineras cuyos efectos son tremendamente contaminantes, como en la indiferencia general en la aplicación de los agrotóxicos, la pasividad ante la contaminación de las Cuencas Matanza-Riachuelo, Luján-Reconquista y Salí-Dulce entre otras, y la ignorancia en la promoción y creación de energías limpias como la eólica.
Todos estos hechos demuestran desapego al cuidado del ambiente y de los recursos naturales. O sea, finalmente, del hombre. De allí que observar hoy el retiro de fondos destinados al cuidado del ambiente para proveer "mejor fútbol para todos" es realmente tener una prueba más de la despreocupación absoluta por el ambiente, la inexistencia de política alguna en materia ambiental y el desinterés por las provincias y su entorno. De todo ello nos agraviamos tanto nosotros como en la representación que ejercemos de las generaciones futuras.
Fecha de Publicación: 25/02/2010
Fuente: Clarín - Por Mariano Aguilar - Abogados Ambientalistas
Provincia/Región: Nacional
El artículo 41 de la Constitución Nacional reza "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano" ( ...) "Las autoridades proveerán a la protección de este derecho". Advertimos hoy una nueva embestida contra los derechos ambientales, garantizados por la Constitución Nacional, que trae como corolario el retiro de fondos de más de 144,2 millones de pesos, que debían girarse de acuerdo al Presupuesto a las provincias, con destino al cuidado del medio ambiente, y que fueron extraídos para sostener el fútbol "para todos".
Se puede afirmar, sin riesgo a equivocarse, que de esta manera el Gobierno ha violentado el derecho ambiental constitucional de todos los argentinos, y en particular el derecho de las provincias a percibir fondos para su cuidado.
Existen muchas conductas criticables llevadas adelante por las autoridades nacionales con referencia al ambiente, como el veto de la Presidenta a la Ley de presupuestos mínimos de los Glaciares (ley conquistada en forma unánime por ambas Cámaras). Y se verifica también desinterés general ante los innumerables problemas ambientales existentes en todo el país, tanto en las desmesuradas explotaciones mineras cuyos efectos son tremendamente contaminantes, como en la indiferencia general en la aplicación de los agrotóxicos, la pasividad ante la contaminación de las Cuencas Matanza-Riachuelo, Luján-Reconquista y Salí-Dulce entre otras, y la ignorancia en la promoción y creación de energías limpias como la eólica.
Todos estos hechos demuestran desapego al cuidado del ambiente y de los recursos naturales. O sea, finalmente, del hombre. De allí que observar hoy el retiro de fondos destinados al cuidado del ambiente para proveer "mejor fútbol para todos" es realmente tener una prueba más de la despreocupación absoluta por el ambiente, la inexistencia de política alguna en materia ambiental y el desinterés por las provincias y su entorno. De todo ello nos agraviamos tanto nosotros como en la representación que ejercemos de las generaciones futuras.
Soja: siembra récord y contaminación también...
Soja: siembra récord y producción de 52,5 M de toneladas en el país
Fecha de Publicación: 24/02/2010
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
Se implantaron 18,7 millones de hectáreas en el país, 11% más que la campaña anterior. Se estiman 52,5 millones de toneladas. Córdoba, líder en el cultivo.
La campaña de soja 2009/2010 será récord tanto en siembra como en producción. La superficie dedicada al cultivo asciende a 18,7 millones de hectáreas, lo que representa un récord histórico, y un incremento del 11 por ciento respecto del 2008/09, según el informe de la Bolsa de Cereales de Rosario (BCR).
En cuanto al rendimiento, se estima que la soja de primera en el área núcleo llegará a 28,5 quintales por hectárea el rinde medio nacional, un quintal por encima de la proyección de unas semanas anteriores.
“Con las estimaciones de superficie sembrada área perdida, que se encuentra ligeramente por encima del promedio histórico, y rendimiento, se sostiene una cifra de producción nacional de soja de 52,5 millones de toneladas para este ciclo 2009/10”, aseguraron desde la entidad. Cabe recordar que la cifra también había sido calculada por el Usda (Departamento de Agricultura de Estados Unidos), el cual pasó de 51 millones a 52,5 millones.
Febrero es un mes clave para la definición de rindes y, por lo tanto, las variables climáticas que jugaron durante su desarrollo son fundamentales. Muchas regiones han definido los rindes de soja de primera y el desarrollo y el estado de humedad de las reservas de suelo en las sojas tardías y de segunda ocupación, permiten estimar que de las 18,7 millones de hectáreas se obtendrán 52,5 millones de toneladas.
Córdoba encabeza la lista tanto en cantidad de hectáreas destinadas como en producción, aunque el rinde es inferior al proyectado para Buenos Aires y Santa Fe (ver cuadro). Los datos de la Bolsa son levemente superiores a los del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia, que informó 5.140.000 de hectáreas frente a las 4.951.900 de la campaña 2008/2009. Las últimas lluvias posibilitaron que se recupere a tiempo la oleaginosa en el norte de la provincia.
Preocupan enfermedades
Pese a las buenas proyecciones, los técnicos advierten sobre las enfermedades de fin de ciclo, en especial la llamada “Mancha de ojo de rana”. En este ciclo se está manifestando con gran fuerza y se extendió a varias zonas, abarcando Córdoba, Santa Fe y norte de Buenos Aires en forma generalizada, aunque con distinta densidad.
Esa enfermedad requiere mayor temperatura y humedad, condiciones que se dieron en las últimas tres semanas, con temperaturas nocturnas superiores a 20°C, lluvias abundantes y formación de rocío. Esto explica en la actual campaña su gran difusión, y las repetidas infecciones que han sobrepasado repetidos controles con fungicidas. “Las reinfecciones en algunas regiones -como en los departamentos Marcos Juárez y Unión- han sido muy severas y puede afectar los rendimientos, según cómo se termine de manifestar. Las pérdidas que produce varían dependiendo del cultivar y del momento de infección. Para la región núcleo, en variedades susceptibles y sin tratamientos con fungicidas, se estima que pueden llegar a ser mayores al 40 por ciento debido a la reducción de la capacidad fotosintética que afecta a la planta y a la defoliación prematura. Si bien se ha hecho un cuidadoso monitoreo y control, aún es prematuro cuantificar la incidencia que tendrá finalmente en la producción unitaria del área afectada”, aseguraron los técnicos de la BCR.
Fecha de Publicación: 24/02/2010
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
Se implantaron 18,7 millones de hectáreas en el país, 11% más que la campaña anterior. Se estiman 52,5 millones de toneladas. Córdoba, líder en el cultivo.
La campaña de soja 2009/2010 será récord tanto en siembra como en producción. La superficie dedicada al cultivo asciende a 18,7 millones de hectáreas, lo que representa un récord histórico, y un incremento del 11 por ciento respecto del 2008/09, según el informe de la Bolsa de Cereales de Rosario (BCR).
En cuanto al rendimiento, se estima que la soja de primera en el área núcleo llegará a 28,5 quintales por hectárea el rinde medio nacional, un quintal por encima de la proyección de unas semanas anteriores.
“Con las estimaciones de superficie sembrada área perdida, que se encuentra ligeramente por encima del promedio histórico, y rendimiento, se sostiene una cifra de producción nacional de soja de 52,5 millones de toneladas para este ciclo 2009/10”, aseguraron desde la entidad. Cabe recordar que la cifra también había sido calculada por el Usda (Departamento de Agricultura de Estados Unidos), el cual pasó de 51 millones a 52,5 millones.
Febrero es un mes clave para la definición de rindes y, por lo tanto, las variables climáticas que jugaron durante su desarrollo son fundamentales. Muchas regiones han definido los rindes de soja de primera y el desarrollo y el estado de humedad de las reservas de suelo en las sojas tardías y de segunda ocupación, permiten estimar que de las 18,7 millones de hectáreas se obtendrán 52,5 millones de toneladas.
Córdoba encabeza la lista tanto en cantidad de hectáreas destinadas como en producción, aunque el rinde es inferior al proyectado para Buenos Aires y Santa Fe (ver cuadro). Los datos de la Bolsa son levemente superiores a los del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia, que informó 5.140.000 de hectáreas frente a las 4.951.900 de la campaña 2008/2009. Las últimas lluvias posibilitaron que se recupere a tiempo la oleaginosa en el norte de la provincia.
Preocupan enfermedades
Pese a las buenas proyecciones, los técnicos advierten sobre las enfermedades de fin de ciclo, en especial la llamada “Mancha de ojo de rana”. En este ciclo se está manifestando con gran fuerza y se extendió a varias zonas, abarcando Córdoba, Santa Fe y norte de Buenos Aires en forma generalizada, aunque con distinta densidad.
Esa enfermedad requiere mayor temperatura y humedad, condiciones que se dieron en las últimas tres semanas, con temperaturas nocturnas superiores a 20°C, lluvias abundantes y formación de rocío. Esto explica en la actual campaña su gran difusión, y las repetidas infecciones que han sobrepasado repetidos controles con fungicidas. “Las reinfecciones en algunas regiones -como en los departamentos Marcos Juárez y Unión- han sido muy severas y puede afectar los rendimientos, según cómo se termine de manifestar. Las pérdidas que produce varían dependiendo del cultivar y del momento de infección. Para la región núcleo, en variedades susceptibles y sin tratamientos con fungicidas, se estima que pueden llegar a ser mayores al 40 por ciento debido a la reducción de la capacidad fotosintética que afecta a la planta y a la defoliación prematura. Si bien se ha hecho un cuidadoso monitoreo y control, aún es prematuro cuantificar la incidencia que tendrá finalmente en la producción unitaria del área afectada”, aseguraron los técnicos de la BCR.
Terceros en el ranking de consumo eléctrico
Argentinos, terceros en el ranking de consumo eléctrico
Fecha de Publicación: 23/02/2010
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
Los argentinos, con 2,979 Kwh/habitante, son terceros en el ranking de consumo per cápita de energía eléctrica en Latinoamérica. Los venezolanos están primeros con 4.126 Kwh/habitante y segundo, a cierta distancia, Chile con 3.505. Después de Argentina, Uruguay 2.585, Brasil 2.447, Ecuador 1.222 y Colombia con 1207.
En general, en todos los países de la región –en mayor o menor grado- los gobiernos están impulsando programas de consumo responsable o, directamente, de racionamiento para los servicios. En Venezuela es el propio presidente Hugo Chávez quien en varias oportunidades planteó la necesidad de reducir el uso de energía y de agua, con su ya famoso ejemplo de la ducha en segundos. El presidente de la Electricidad de Caracas, Javier Alvarado, insiste en la urgencia de achicar los consumos ante la sequía que genera el fenómeno de El Niño y que ha generado el descenso del embalse de Guri, proveedor de casi 70% de la electricidad que consumen.
En Paraguay, el titular de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Germán Fatecha, anunció un plan de incentivos para el racionamiento de electricidad debido a la crítica situación del sistema energético, al borde del colapso tras el aumento del consumo en las últimas semanas. Aunque todavía no hay detalles, serán favorecidos los usuarios “por el esfuerzo y la colaboración” y se tomará en cuenta el promedio de consumo de 2009 para una rebaja de hasta el 50%. La energía “va a ser más barata para algunas tarifas, pero también va haber castigo para el que se excede, abuse, para el que derrocha”, explicó.
El esquema será similar al que instrumentó Argentina, el Pure, en 2006. Ese fue el peor momento de la crisis energética, alentada por un invierno de bajas temperaturas que obligó al corte de la provisión de gas a empresas. Entre 2005 y comienzos de 2009 –de cuando datan las cifras del ranking- el consumo eléctrico por habitante en el país se disparó el 30%. La explicación, en buena medida, es la mejora de la actividad económica.
Esa tendencia se modifica en 2009 cuando la demanda eléctrica cayó 1,3% en lo que fue su primer descenso anual desde la crisis de 2002. Los datos de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico indican que, con el retroceso registrado en diciembre, el consumo eléctrico descendió durante ocho de los últimos 10 meses. Sin embargo en enero, por las altas temperaturas, la demanda eléctrica del MEM registró una suba interanual del 7,2% marcando récord de consumo.
Con las tarifas en mano el consumo argentino está por debajo del de Chile aunque las tarifas son seis veces más altas en la capital del país vecino. Por caso, un usuario que consumo 150 MW paga 130 pesos en Chile, mientras que quienes viven en Capital Federal, Gran Buenos Aires, La Plata y Gran La Plata gastan 23,95 pesos.
Ayuda a Venezuela
Aunque Argentina está lejos de resolver sus problemas energéticos, el ministro Julio De Vido ofreció colaboración a los venezolanos para superar sus problemas: “Venimos a ponernos a disposición y a decir qué necesita Venezuela, qué trayecto y pedazo de la experiencia que desarrolló Argentina en la superación de esta crisis potencial de 2004 puede servir a los venezolanos para poder evolucionar en esta crisis”, dijo y planteó que la administración chavista invirtió más de 10 veces “de lo que se había invertido en gobiernos anteriores, según lo que hemos leído en las estadísticas en materia de generación térmica”.
Fecha de Publicación: 23/02/2010
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
Los argentinos, con 2,979 Kwh/habitante, son terceros en el ranking de consumo per cápita de energía eléctrica en Latinoamérica. Los venezolanos están primeros con 4.126 Kwh/habitante y segundo, a cierta distancia, Chile con 3.505. Después de Argentina, Uruguay 2.585, Brasil 2.447, Ecuador 1.222 y Colombia con 1207.
En general, en todos los países de la región –en mayor o menor grado- los gobiernos están impulsando programas de consumo responsable o, directamente, de racionamiento para los servicios. En Venezuela es el propio presidente Hugo Chávez quien en varias oportunidades planteó la necesidad de reducir el uso de energía y de agua, con su ya famoso ejemplo de la ducha en segundos. El presidente de la Electricidad de Caracas, Javier Alvarado, insiste en la urgencia de achicar los consumos ante la sequía que genera el fenómeno de El Niño y que ha generado el descenso del embalse de Guri, proveedor de casi 70% de la electricidad que consumen.
En Paraguay, el titular de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Germán Fatecha, anunció un plan de incentivos para el racionamiento de electricidad debido a la crítica situación del sistema energético, al borde del colapso tras el aumento del consumo en las últimas semanas. Aunque todavía no hay detalles, serán favorecidos los usuarios “por el esfuerzo y la colaboración” y se tomará en cuenta el promedio de consumo de 2009 para una rebaja de hasta el 50%. La energía “va a ser más barata para algunas tarifas, pero también va haber castigo para el que se excede, abuse, para el que derrocha”, explicó.
El esquema será similar al que instrumentó Argentina, el Pure, en 2006. Ese fue el peor momento de la crisis energética, alentada por un invierno de bajas temperaturas que obligó al corte de la provisión de gas a empresas. Entre 2005 y comienzos de 2009 –de cuando datan las cifras del ranking- el consumo eléctrico por habitante en el país se disparó el 30%. La explicación, en buena medida, es la mejora de la actividad económica.
Esa tendencia se modifica en 2009 cuando la demanda eléctrica cayó 1,3% en lo que fue su primer descenso anual desde la crisis de 2002. Los datos de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico indican que, con el retroceso registrado en diciembre, el consumo eléctrico descendió durante ocho de los últimos 10 meses. Sin embargo en enero, por las altas temperaturas, la demanda eléctrica del MEM registró una suba interanual del 7,2% marcando récord de consumo.
Con las tarifas en mano el consumo argentino está por debajo del de Chile aunque las tarifas son seis veces más altas en la capital del país vecino. Por caso, un usuario que consumo 150 MW paga 130 pesos en Chile, mientras que quienes viven en Capital Federal, Gran Buenos Aires, La Plata y Gran La Plata gastan 23,95 pesos.
Ayuda a Venezuela
Aunque Argentina está lejos de resolver sus problemas energéticos, el ministro Julio De Vido ofreció colaboración a los venezolanos para superar sus problemas: “Venimos a ponernos a disposición y a decir qué necesita Venezuela, qué trayecto y pedazo de la experiencia que desarrolló Argentina en la superación de esta crisis potencial de 2004 puede servir a los venezolanos para poder evolucionar en esta crisis”, dijo y planteó que la administración chavista invirtió más de 10 veces “de lo que se había invertido en gobiernos anteriores, según lo que hemos leído en las estadísticas en materia de generación térmica”.
Biocombustibles de algas
Inauguran laboratorio para extraer biocombustibles de algas
Fecha de Publicación: 23/02/2010
Fuente: Cuyo Noticias
Provincia/Región: Mendoza
Se habilitará el miércoles 24 a las 11 en el Espacio de la Ciencia y la Tecnología. Es un proyecto que implica una inversión de 100 mil dólares para fabricar biodiesel a partir de algas unicelulares. El desarrollo está a cargo de un equipo de especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo.
Se trata de uno de los ejemplos claros de cómo la universidad pública contribuye a mejorar la calidad de vida a través de la producción de conocimiento científico. El equipo conducido por el doctor Jorge Barón llevará adelante este proyecto de investigación aplicada con financiamiento externo.
El proyecto a-oil estrenará su flamante laboratorio el miércoles 24 de febrero a las 11 en el Espacio de la Ciencia y la Tecnología que se ubica en la calle Padre Contreras sin número del Parque General San Martín. El rector Arturo Somoza, el vicerrector Gustavo Kent, el director de la investigación, Jorge Barón, otras autoridades universitarias e investigadores participarán de la inauguración de las instalaciones.
En qué consiste el proyecto
Esta investigación tiene como objetivo estudiar desde el punto de vista técnico-económico la producción de algas para extracción de aceite y obtención de biocombustibles. En particular, en este laboratorio se llevarán a cabo investigaciones relativas al cultivo, aislación y caracterización de especies, parametrización de procesos, cosecha, secado y extracción de aceite. En todos los casos se utilizan condiciones ambientales controladas e iluminación artificial controlada.
Los inóculos de algas unicelulares caracterizados en este laboratorio, serán luego trasladados a piletas abiertas en un segundo laboratorio, en construcción, en la Facultad de Ingeniería de la UNCuyo. En este laboratorio se realizarán cultivos a mayor escala utilizando luz solar natural.
El proyecto a-oil nació de un convenio que se concretó en agosto del año pasado entre la Universidad Nacional de Cuyo, la Facultad de Ingeniería, la empresa Dorial Management LLC de Estados Unidos, que financia el emprendimiento con 100 mil dólares y la Fundación de la UNCuyo, que administra los fondos.
Los investigadores esperan producir algas y extraer de ellas un aceite apto para fabricar biodiesel. Además de conocer y dimensionar el proceso productivo de selección, cría y engorde de las algas, evaluarán el potencial comercial de la aplicación del proyecto y de su explotación a gran escala en
el futuro, y a través de la actuación de la Unidad Técnico Acacadémica de Propiedad Intelectual de la Universidad, se protegerán los posibles desarrollos susceptibles de patentamiento. También, como es costumbre en este tipo de emprendimientos, se formarán recursos humanos.
Cuidado del ambiente
Las ventajas de este estudio radican en que se utilizará la energía solar como fuente primaria y se reciclará el bióxido de carbono de chimenea para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero.
En la investigación se contempla la utilización de algas autóctonas y se estudiarán diversos sistemas productivos de biomasa para biocombustibles u otros fines, utilizando aguas residuales urbanas e industriales ya que es en ese ámbito donde crecen las algas que se producirán. Se generará así un
proyecto ambientalmente cuidadoso. Además se contempla realizar mejoras ambientales a través de captura de dióxido de carbono y de producción de combustibles a partir de energía solar, mediante procesos fotosintéticos. Es importante destacar que el cultivo de algas no requiere tierra fértil y por
lo tanto no compite con la producción de alimentos.
Como actividad complementaria de esta investigación aplicada, se formarán estudiantes avanzados de grado y posgrado con conciencia de uso de alternativas tecnológicas para producir energía limpia.
Fecha de Publicación: 23/02/2010
Fuente: Cuyo Noticias
Provincia/Región: Mendoza
Se habilitará el miércoles 24 a las 11 en el Espacio de la Ciencia y la Tecnología. Es un proyecto que implica una inversión de 100 mil dólares para fabricar biodiesel a partir de algas unicelulares. El desarrollo está a cargo de un equipo de especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo.
Se trata de uno de los ejemplos claros de cómo la universidad pública contribuye a mejorar la calidad de vida a través de la producción de conocimiento científico. El equipo conducido por el doctor Jorge Barón llevará adelante este proyecto de investigación aplicada con financiamiento externo.
El proyecto a-oil estrenará su flamante laboratorio el miércoles 24 de febrero a las 11 en el Espacio de la Ciencia y la Tecnología que se ubica en la calle Padre Contreras sin número del Parque General San Martín. El rector Arturo Somoza, el vicerrector Gustavo Kent, el director de la investigación, Jorge Barón, otras autoridades universitarias e investigadores participarán de la inauguración de las instalaciones.
En qué consiste el proyecto
Esta investigación tiene como objetivo estudiar desde el punto de vista técnico-económico la producción de algas para extracción de aceite y obtención de biocombustibles. En particular, en este laboratorio se llevarán a cabo investigaciones relativas al cultivo, aislación y caracterización de especies, parametrización de procesos, cosecha, secado y extracción de aceite. En todos los casos se utilizan condiciones ambientales controladas e iluminación artificial controlada.
Los inóculos de algas unicelulares caracterizados en este laboratorio, serán luego trasladados a piletas abiertas en un segundo laboratorio, en construcción, en la Facultad de Ingeniería de la UNCuyo. En este laboratorio se realizarán cultivos a mayor escala utilizando luz solar natural.
El proyecto a-oil nació de un convenio que se concretó en agosto del año pasado entre la Universidad Nacional de Cuyo, la Facultad de Ingeniería, la empresa Dorial Management LLC de Estados Unidos, que financia el emprendimiento con 100 mil dólares y la Fundación de la UNCuyo, que administra los fondos.
Los investigadores esperan producir algas y extraer de ellas un aceite apto para fabricar biodiesel. Además de conocer y dimensionar el proceso productivo de selección, cría y engorde de las algas, evaluarán el potencial comercial de la aplicación del proyecto y de su explotación a gran escala en
el futuro, y a través de la actuación de la Unidad Técnico Acacadémica de Propiedad Intelectual de la Universidad, se protegerán los posibles desarrollos susceptibles de patentamiento. También, como es costumbre en este tipo de emprendimientos, se formarán recursos humanos.
Cuidado del ambiente
Las ventajas de este estudio radican en que se utilizará la energía solar como fuente primaria y se reciclará el bióxido de carbono de chimenea para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero.
En la investigación se contempla la utilización de algas autóctonas y se estudiarán diversos sistemas productivos de biomasa para biocombustibles u otros fines, utilizando aguas residuales urbanas e industriales ya que es en ese ámbito donde crecen las algas que se producirán. Se generará así un
proyecto ambientalmente cuidadoso. Además se contempla realizar mejoras ambientales a través de captura de dióxido de carbono y de producción de combustibles a partir de energía solar, mediante procesos fotosintéticos. Es importante destacar que el cultivo de algas no requiere tierra fértil y por
lo tanto no compite con la producción de alimentos.
Como actividad complementaria de esta investigación aplicada, se formarán estudiantes avanzados de grado y posgrado con conciencia de uso de alternativas tecnológicas para producir energía limpia.
Los desplazados por la soja y la minería
Los desplazados por la soja y la minería
Fecha de Publicación: 22/02/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El modelo agropecuario y la minería que comenzó a instalarse en el país a fines de la década pasada afectaron a campesinos pobres y pueblos originarios, un sector silenciado y ubicado en las antípodas de la Mesa de Enlace.
A medida que avanzan en el país las distintas industrias extractivas (petróleo, minería, monocultivos industriales) se incrementan como respuesta la organización de las comunidades rurales y pequeños pueblos, que resisten el avance empresarial. Un relevamiento de conflictos territoriales y ambientales sobre seis provincias del noreste argentino confirma esta situación, cuantifica la magnitud del fenómeno y aporta datos inéditos: cinco millones de hectáreas en disputa, casi 600 mil personas afectadas y confirma que el sector privado y estatal son los principales opositores a los campesinos e indígenas, un espectro rural silenciado y ubicado en las antípodas de la Mesa de Enlace. El trabajo, que coincide con otro realizado por la Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) (ver aparte) reveló que la mayor conflictividad comenzó en la década del ’90, de la mano del avance de la soja sobre el norte del país.
“Conflictos sobre tenencia de la tierra y medioambiente en la región del Chaco argentino” es el título del relevamiento de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), integrada por un colectivo de organizaciones, académicos y técnicos de distintas disciplinas. Identificaron 120 conflictos, de los cuales ya fueron procesados hasta el momento 52 casos (el 43 por ciento). Los datos son contundentes: 600 mil personas, mayoritariamente campesinos e indígenas, de las provincias de Salta, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Córdoba y norte de Santa Fe están afectadas por conflictos territoriales y ambientales.
“Una superficie y población que prácticamente equivalen a la provincia de Jujuy son las que actualmente se encuentran afectadas por conflictos de tierra o medioambiente en la región chaqueña argentina”, compara el informe y destaca que más de la mitad de los conflictos (63 por ciento) comenzaron a partir de 2000, época en que se inició la expansión de la frontera agropecuaria en el noreste argentino. También subraya que en el 95 por ciento de los conflictos tienen protagonismo organizaciones de base y la articulación de comunidades.
La región del Chaco Americano (incluye norte argentino y zonas de Paraguay y Bolivia) es, luego del Amazonas, el área más rica en biodiversidad. También es la zona con los índices de pobreza más altos del país. Las familias campesinas e indígenas enfrentan en sus conflictos al Estado (52 por ciento), empresas y personas físicas (44 por ciento), Estado junto a empresas juntas, ONG e iglesias (cuatro por ciento).
La gran mayoría (70 por ciento) de las familias y comunidades afectadas responsabilizan al Estado por su situación de conflicto, sobre todo por la falta de títulos de propiedad, donde los afectados sienten falta de voluntad política o negligencia y demoras de parte de la dirigencia para resolver la situación. También cargan contra el Poder Judicial, que en la opinión de los afectados realiza una interpretación sesgada del Código Civil, que suele favorecer a quien tiene los dudosos títulos de propiedad y no a quienes tienen la posesión de las tierras.
“En los últimos años amplias zonas del NEA y NOA se sumaron a la producción de oleaginosas, especialmente soja, y fueron incorporadas de este modo al esquema modernizante de agricultura pampeana. Para lo cual se arrasaron decenas de miles de hectáreas de monte, se eliminaron cultivos tradicionales, se cambió el destino de terrenos dedicados a la ganadería y se modificó la estructura de tenencia de la tierra”, afirma el relevamiento y destaca que “la modernización agrícola agravó el deterioro de los ecosistemas, empeoró las condiciones de vida y aceleró las migraciones de pequeños productores”.
Se identificaron 14 casos de conflictos ambientales, de los cuales el 72 por ciento se iniciaron a partir de 2000. El 36 por ciento se debe a deforestación (para realizar obras de infraestructura o habilitar campos para siembra), el 29 por ciento por contaminación (uso de agrotóxicos, desechos industriales y canales que provocan deterioro del medioambiente), el 14 por ciento a obras de infraestructura y el otro 14 por ciento son preventivos (por amenazas de contaminación y deforestación).
Las contrapartes en las disputas ambientales son el Estado (79 por ciento) y empresas (21 por ciento). A diferencia de los conflictos de tierra, los conflictos ambientales afectan a la población en general, no sólo a criollos y aborígenes.
El informe resalta los casos de conflictos medioambientales causados por obras públicas. Aunque no son la causa mayoritaria, afectan a ecosistemas importantes de la región: Bañado la Estrella, en Formosa, y los Bajos Submeridionales, en Santa Fe, que involucran extensas superficies y gran cantidad de población. “Las obras provocan cambios en su dinámica natural, inundaciones, sequías, desertificación, deforestación y pérdida de biodiversidad”, explica.
El relevamiento de la Redaf señala la existencia de dos factores que imposibilitan las políticas de desarrollo de las comunidades campesinas e indígenas: la precariedad en la tenencia de la tierra y los daños ambientales provocados por la acelerada expansión de la frontera agrícola. El trabajo recuerda que en Argentina el 80 por ciento de la población vive en ciudades de más de 100.000 habitantes y asegura que “no hay voluntad política o no se visualizan políticas públicas” que consideren la permanencia de la población rural en sus tierras.
Misión a seis provincias
Para la investigación fueron visitadas seis provincias (Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Catamarca, Mendoza y Córdoba), se realizaron 55 entrevistas y llevó dos años de trabajo de un equipo multidisciplinario de profesionales. Con 187 páginas repletas de datos, testimonios, investigaciones de otras instituciones y entrecruzamiento de datos, contó con el apoyo local del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina), de miembros de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) y fue presentado en Ginebra (Suiza) durante el 12º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
La Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) comenzó en 1996 luego de una acuerdo entre Unesco y la UPC. En la última década se transformó en una referencia en lo que respecta a derechos humanos, ambiente y economía. También participaron de la elaboración de la investigación las organizaciones Educación para la Acción Crítica, el Grupo de Cooperación del Campus de Terrassa y el Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad. Colaboró la Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras y apoyó el Departamento del Interior de Cataluña.
Fecha de Publicación: 22/02/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El modelo agropecuario y la minería que comenzó a instalarse en el país a fines de la década pasada afectaron a campesinos pobres y pueblos originarios, un sector silenciado y ubicado en las antípodas de la Mesa de Enlace.
A medida que avanzan en el país las distintas industrias extractivas (petróleo, minería, monocultivos industriales) se incrementan como respuesta la organización de las comunidades rurales y pequeños pueblos, que resisten el avance empresarial. Un relevamiento de conflictos territoriales y ambientales sobre seis provincias del noreste argentino confirma esta situación, cuantifica la magnitud del fenómeno y aporta datos inéditos: cinco millones de hectáreas en disputa, casi 600 mil personas afectadas y confirma que el sector privado y estatal son los principales opositores a los campesinos e indígenas, un espectro rural silenciado y ubicado en las antípodas de la Mesa de Enlace. El trabajo, que coincide con otro realizado por la Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) (ver aparte) reveló que la mayor conflictividad comenzó en la década del ’90, de la mano del avance de la soja sobre el norte del país.
“Conflictos sobre tenencia de la tierra y medioambiente en la región del Chaco argentino” es el título del relevamiento de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), integrada por un colectivo de organizaciones, académicos y técnicos de distintas disciplinas. Identificaron 120 conflictos, de los cuales ya fueron procesados hasta el momento 52 casos (el 43 por ciento). Los datos son contundentes: 600 mil personas, mayoritariamente campesinos e indígenas, de las provincias de Salta, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Córdoba y norte de Santa Fe están afectadas por conflictos territoriales y ambientales.
“Una superficie y población que prácticamente equivalen a la provincia de Jujuy son las que actualmente se encuentran afectadas por conflictos de tierra o medioambiente en la región chaqueña argentina”, compara el informe y destaca que más de la mitad de los conflictos (63 por ciento) comenzaron a partir de 2000, época en que se inició la expansión de la frontera agropecuaria en el noreste argentino. También subraya que en el 95 por ciento de los conflictos tienen protagonismo organizaciones de base y la articulación de comunidades.
La región del Chaco Americano (incluye norte argentino y zonas de Paraguay y Bolivia) es, luego del Amazonas, el área más rica en biodiversidad. También es la zona con los índices de pobreza más altos del país. Las familias campesinas e indígenas enfrentan en sus conflictos al Estado (52 por ciento), empresas y personas físicas (44 por ciento), Estado junto a empresas juntas, ONG e iglesias (cuatro por ciento).
La gran mayoría (70 por ciento) de las familias y comunidades afectadas responsabilizan al Estado por su situación de conflicto, sobre todo por la falta de títulos de propiedad, donde los afectados sienten falta de voluntad política o negligencia y demoras de parte de la dirigencia para resolver la situación. También cargan contra el Poder Judicial, que en la opinión de los afectados realiza una interpretación sesgada del Código Civil, que suele favorecer a quien tiene los dudosos títulos de propiedad y no a quienes tienen la posesión de las tierras.
“En los últimos años amplias zonas del NEA y NOA se sumaron a la producción de oleaginosas, especialmente soja, y fueron incorporadas de este modo al esquema modernizante de agricultura pampeana. Para lo cual se arrasaron decenas de miles de hectáreas de monte, se eliminaron cultivos tradicionales, se cambió el destino de terrenos dedicados a la ganadería y se modificó la estructura de tenencia de la tierra”, afirma el relevamiento y destaca que “la modernización agrícola agravó el deterioro de los ecosistemas, empeoró las condiciones de vida y aceleró las migraciones de pequeños productores”.
Se identificaron 14 casos de conflictos ambientales, de los cuales el 72 por ciento se iniciaron a partir de 2000. El 36 por ciento se debe a deforestación (para realizar obras de infraestructura o habilitar campos para siembra), el 29 por ciento por contaminación (uso de agrotóxicos, desechos industriales y canales que provocan deterioro del medioambiente), el 14 por ciento a obras de infraestructura y el otro 14 por ciento son preventivos (por amenazas de contaminación y deforestación).
Las contrapartes en las disputas ambientales son el Estado (79 por ciento) y empresas (21 por ciento). A diferencia de los conflictos de tierra, los conflictos ambientales afectan a la población en general, no sólo a criollos y aborígenes.
El informe resalta los casos de conflictos medioambientales causados por obras públicas. Aunque no son la causa mayoritaria, afectan a ecosistemas importantes de la región: Bañado la Estrella, en Formosa, y los Bajos Submeridionales, en Santa Fe, que involucran extensas superficies y gran cantidad de población. “Las obras provocan cambios en su dinámica natural, inundaciones, sequías, desertificación, deforestación y pérdida de biodiversidad”, explica.
El relevamiento de la Redaf señala la existencia de dos factores que imposibilitan las políticas de desarrollo de las comunidades campesinas e indígenas: la precariedad en la tenencia de la tierra y los daños ambientales provocados por la acelerada expansión de la frontera agrícola. El trabajo recuerda que en Argentina el 80 por ciento de la población vive en ciudades de más de 100.000 habitantes y asegura que “no hay voluntad política o no se visualizan políticas públicas” que consideren la permanencia de la población rural en sus tierras.
Misión a seis provincias
Para la investigación fueron visitadas seis provincias (Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Catamarca, Mendoza y Córdoba), se realizaron 55 entrevistas y llevó dos años de trabajo de un equipo multidisciplinario de profesionales. Con 187 páginas repletas de datos, testimonios, investigaciones de otras instituciones y entrecruzamiento de datos, contó con el apoyo local del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina), de miembros de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) y fue presentado en Ginebra (Suiza) durante el 12º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
La Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) comenzó en 1996 luego de una acuerdo entre Unesco y la UPC. En la última década se transformó en una referencia en lo que respecta a derechos humanos, ambiente y economía. También participaron de la elaboración de la investigación las organizaciones Educación para la Acción Crítica, el Grupo de Cooperación del Campus de Terrassa y el Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad. Colaboró la Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras y apoyó el Departamento del Interior de Cataluña.
Botnia negó haber contaminado el río Uruguay
Botnia negó haber contaminado el río Uruguay
Fecha de Publicación: 22/02/2010
Fuente: La Prensa
Provincia/Región: Entre Ríos
Desde la pastera aclararon que "no hubo ninguna irregularidad" que pudiera generar consecuencias para la salud. Ayer, cerró un balneario en Gualeguaychú porque 90 bañistas sufrieron irritaciones en la piel y las autoridades analizan las aguas
El cierre del balneario argentino Ñandubaysal de Gualeguaychú, tras registrar 90 casos de personas con sarpullidos en la piel, todavía genera repercusiones.
Pese a que los asambleístas acusaron a Botnia por la reacción alérgica en la playa del río Uruguay, frente a su planta industrial, desde la compañía negaron que existiera alguna irregularidad que haya generado el brote.
La portavoz de Botnia, Florencia Herrera, dijo que "no hubo ninguna irregularidad" en los últimos días ni "ningún accidente" que haga pensar que esa situación fue consecuencia de las operaciones de la planta.
En tanto, el intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, aseguró esta mañana estar "muy preocupado". "El balneario tiene más de 30 años y nunca había habido un episodio de estas características", lanzó.
Sin embargo, el funcionario declinó implicar "directamente" a la planta de celulosa, aunque aclaró que "es innegable que Botnia altera y perjudica el medio ambiente".
En tanto, las autoridades argentinas aseguraron que aguardaran los análisis que son analizados por las universidades de Buenos Aires y de La Plata. Funcionarios uruguayos también analizan la pureza de las aguas del río Uruguay, ante el cierre del balneario.
Desde la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú calificaron de "canallesca" la actitud de la pastera y lanzaron fuertes críticas. "Nos hace pensar que es indudablemente una sustancia irritante y tóxica para la piel que estaba en el agua", señaló Martín Alazard, asambleista y médico.
Tras los incidentes, la asamblea le pidió una audiencia al intendente Bahillo para interiorizarse sobre el funcionamiento del Plan de Vigilancia Ambiental instrumentado para controlar los efectos de Botnia en la región.
En este marco, senadores y diputados provinciales visitarán el jueves la zona ubicada frente a Botnia, entre la isla Inés y el arroyo Pereyra, para constatar el supuesto perjuicio que la pastera habría ocasionado en ese lugar.
El senador por Gualeguaychú Osvaldo Chessini, anticipó que no se descarta que los legisladores impulsen alguna acción contra el daño ambiental de la pastera, en caso de que confirmen que los cambios en el paisaje fueron producidos por las emisiones de Botnia.
Fecha de Publicación: 22/02/2010
Fuente: La Prensa
Provincia/Región: Entre Ríos
Desde la pastera aclararon que "no hubo ninguna irregularidad" que pudiera generar consecuencias para la salud. Ayer, cerró un balneario en Gualeguaychú porque 90 bañistas sufrieron irritaciones en la piel y las autoridades analizan las aguas
El cierre del balneario argentino Ñandubaysal de Gualeguaychú, tras registrar 90 casos de personas con sarpullidos en la piel, todavía genera repercusiones.
Pese a que los asambleístas acusaron a Botnia por la reacción alérgica en la playa del río Uruguay, frente a su planta industrial, desde la compañía negaron que existiera alguna irregularidad que haya generado el brote.
La portavoz de Botnia, Florencia Herrera, dijo que "no hubo ninguna irregularidad" en los últimos días ni "ningún accidente" que haga pensar que esa situación fue consecuencia de las operaciones de la planta.
En tanto, el intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, aseguró esta mañana estar "muy preocupado". "El balneario tiene más de 30 años y nunca había habido un episodio de estas características", lanzó.
Sin embargo, el funcionario declinó implicar "directamente" a la planta de celulosa, aunque aclaró que "es innegable que Botnia altera y perjudica el medio ambiente".
En tanto, las autoridades argentinas aseguraron que aguardaran los análisis que son analizados por las universidades de Buenos Aires y de La Plata. Funcionarios uruguayos también analizan la pureza de las aguas del río Uruguay, ante el cierre del balneario.
Desde la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú calificaron de "canallesca" la actitud de la pastera y lanzaron fuertes críticas. "Nos hace pensar que es indudablemente una sustancia irritante y tóxica para la piel que estaba en el agua", señaló Martín Alazard, asambleista y médico.
Tras los incidentes, la asamblea le pidió una audiencia al intendente Bahillo para interiorizarse sobre el funcionamiento del Plan de Vigilancia Ambiental instrumentado para controlar los efectos de Botnia en la región.
En este marco, senadores y diputados provinciales visitarán el jueves la zona ubicada frente a Botnia, entre la isla Inés y el arroyo Pereyra, para constatar el supuesto perjuicio que la pastera habría ocasionado en ese lugar.
El senador por Gualeguaychú Osvaldo Chessini, anticipó que no se descarta que los legisladores impulsen alguna acción contra el daño ambiental de la pastera, en caso de que confirmen que los cambios en el paisaje fueron producidos por las emisiones de Botnia.
Salta, capital del desmonte
Salta, capital del desmonte
Fecha de Publicación: 21/02/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
Dos imágenes satelitales tomadas una en enero y otra en octubre del año pasado muestran que en Salta continúa la tala de bosques a pesar del fallo de la Corte Suprema de la Nación que la prohíbe. Al menos nueve mil hectáreas se perdieron en 2009.
Salta encabeza las estadísticas de desmonte nacional. Según la Secretaría de Ambiente de Nación, en sólo cuatro años, entre 2002 y 2006, el sector privado arrasó 414.934 hectáreas, más del doble del registrado entre 1998-2002. En 2007, superó todas las expectativas: autorizó talar 435.399 hectáreas. La misma secretaría remarca que la deforestación se produce para destinar esas superficies a la agricultura, principalmente al cultivo de soja, y en segundo lugar para la industria forestal. Ante una presentación de comunidades indígenas y organizaciones campesinas, la Corte Suprema de Justicia ordenó en diciembre de 2008 el cese de desmontes en cuatro departamentos. A pesar de la prohibición del máximo tribunal del país, Página/12 tuvo acceso a imágenes satelitales que evidencian el desmonte ilegal de al menos 9000 hectáreas de la región más deforestada del país.
Desde el gobierno de Salta, la coordinadora del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Elisabeth Prudencio, reconoció que hubo violaciones a la medida de la Corte Suprema, aclaró que no fueron autorizadas por el gobierno salteño, aceptó que éste tiene la función de controlar la situación y aseguró que habrá una “pronta intimación” a las empresas.
La ley 26.331 (también llamada Ley de Bosques) fue sancionada el 28 de noviembre de 2007. Establecía que las provincias no podían emitir nuevos permisos de desmontes hasta tanto no realicen un ordenamiento territorial en sus zonas boscosas por categorías de conservación. “Al momento de la sanción, se daba en Salta un aumento exponencial de solicitudes de desmonte, relacionado con la inminente entrada en vigencia de la ley. Durante noviembre de 2007 se convocó a audiencias de desmonte por 130 mil hectáreas”, denunció la ONG Asociana (Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino) en un completo análisis de los desmontes realizados entre 2004 y 2007, y señaló que los departamentos más afectados son los de mayor presencia indígena.
La ONG detalló, sobre la base de datos oficiales, que en 2006 se convocó a audiencias públicas para desmontar 77.612 hectáreas. En 2007 lo hizo por cinco veces más: 435.399 hectáreas, superior al promedio de deforestación anual de todo el país (280.000 hectáreas).
En diciembre de 2008, la Corte Suprema de Justicia ordenó detener los desmontes y la tala en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, autorizados –presuntamente de manera irregular– por el gobierno provincial días antes que se sancionara la Ley de Bosques.
En mayo último, el dirigente wichí Oscar Lorenzo, de la comunidad Kilómetro 6 de Tartagal, alertó que el desmonte no se había detenido y detalló que los tractores retiraban troncos durante todas las noches. Dos semanas después, Greenpeace confirmó mediante fotografías la destrucción de bosque nativo en la ciudad de Embarcación, también en el norte salteño.
Página/12 tuvo acceso a imágenes satelitales de enero y octubre de 2009. Es notoria la eliminación de áreas verdes en las fincas El Chilcar y La Maravilla. Según técnicos de Asociana y el INTA Salta se trata de al menos 9000 hectáreas desmontadas mientras regía la suspensión del máximo tribunal del país. Ambas fincas habían sido autorizadas a desmontar justamente en el último trimestre de 2007, período sospechado por la Justicia. El caso de la empresa El Chilcar es aún más grosero: fue habilitada a desmontar el 26 de noviembre de 2007, sólo dos días antes de la sanción de Ley de Bosques, que prohibía nuevos permisos.
“Denunciamos la violación de la medida cautelar dictada (suspensión de desmontes) y le solicitamos que continúe la protección de nuestras tierras y recursos naturales”, comienza la carta que los impulsores de la demanda, comunidades indígenas y campesinos, acaban de enviar a la Corte Suprema, para alertar sobre la violación de lo dictado por el máximo tribunal. “El daño causado por los desmontes ilegales durante la vigencia de la cautelar no puede ser dimensionado en su totalidad. Nosotros sólo hemos detectado la situación ilegal en dos fincas, pero nos da la clara pauta de que hechos similares pueden haber sucedido en los departamentos en los que estaba vigente la cautelar”, destaca la carta. Los denunciantes consideran muy probable que existan otros casos similares y solicita a la Corte que se releven la totalidad de los daños en los cuatro departamentos.
En su fallo de marzo de 2009, la Corte Suprema había afirmado que los desmontes “configuran una situación clara de peligro, de daño grave, porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras. Este perjuicio, de producirse, sería además irreversible”.
Fecha de Publicación: 21/02/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
Dos imágenes satelitales tomadas una en enero y otra en octubre del año pasado muestran que en Salta continúa la tala de bosques a pesar del fallo de la Corte Suprema de la Nación que la prohíbe. Al menos nueve mil hectáreas se perdieron en 2009.
Salta encabeza las estadísticas de desmonte nacional. Según la Secretaría de Ambiente de Nación, en sólo cuatro años, entre 2002 y 2006, el sector privado arrasó 414.934 hectáreas, más del doble del registrado entre 1998-2002. En 2007, superó todas las expectativas: autorizó talar 435.399 hectáreas. La misma secretaría remarca que la deforestación se produce para destinar esas superficies a la agricultura, principalmente al cultivo de soja, y en segundo lugar para la industria forestal. Ante una presentación de comunidades indígenas y organizaciones campesinas, la Corte Suprema de Justicia ordenó en diciembre de 2008 el cese de desmontes en cuatro departamentos. A pesar de la prohibición del máximo tribunal del país, Página/12 tuvo acceso a imágenes satelitales que evidencian el desmonte ilegal de al menos 9000 hectáreas de la región más deforestada del país.
Desde el gobierno de Salta, la coordinadora del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Elisabeth Prudencio, reconoció que hubo violaciones a la medida de la Corte Suprema, aclaró que no fueron autorizadas por el gobierno salteño, aceptó que éste tiene la función de controlar la situación y aseguró que habrá una “pronta intimación” a las empresas.
La ley 26.331 (también llamada Ley de Bosques) fue sancionada el 28 de noviembre de 2007. Establecía que las provincias no podían emitir nuevos permisos de desmontes hasta tanto no realicen un ordenamiento territorial en sus zonas boscosas por categorías de conservación. “Al momento de la sanción, se daba en Salta un aumento exponencial de solicitudes de desmonte, relacionado con la inminente entrada en vigencia de la ley. Durante noviembre de 2007 se convocó a audiencias de desmonte por 130 mil hectáreas”, denunció la ONG Asociana (Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino) en un completo análisis de los desmontes realizados entre 2004 y 2007, y señaló que los departamentos más afectados son los de mayor presencia indígena.
La ONG detalló, sobre la base de datos oficiales, que en 2006 se convocó a audiencias públicas para desmontar 77.612 hectáreas. En 2007 lo hizo por cinco veces más: 435.399 hectáreas, superior al promedio de deforestación anual de todo el país (280.000 hectáreas).
En diciembre de 2008, la Corte Suprema de Justicia ordenó detener los desmontes y la tala en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, autorizados –presuntamente de manera irregular– por el gobierno provincial días antes que se sancionara la Ley de Bosques.
En mayo último, el dirigente wichí Oscar Lorenzo, de la comunidad Kilómetro 6 de Tartagal, alertó que el desmonte no se había detenido y detalló que los tractores retiraban troncos durante todas las noches. Dos semanas después, Greenpeace confirmó mediante fotografías la destrucción de bosque nativo en la ciudad de Embarcación, también en el norte salteño.
Página/12 tuvo acceso a imágenes satelitales de enero y octubre de 2009. Es notoria la eliminación de áreas verdes en las fincas El Chilcar y La Maravilla. Según técnicos de Asociana y el INTA Salta se trata de al menos 9000 hectáreas desmontadas mientras regía la suspensión del máximo tribunal del país. Ambas fincas habían sido autorizadas a desmontar justamente en el último trimestre de 2007, período sospechado por la Justicia. El caso de la empresa El Chilcar es aún más grosero: fue habilitada a desmontar el 26 de noviembre de 2007, sólo dos días antes de la sanción de Ley de Bosques, que prohibía nuevos permisos.
“Denunciamos la violación de la medida cautelar dictada (suspensión de desmontes) y le solicitamos que continúe la protección de nuestras tierras y recursos naturales”, comienza la carta que los impulsores de la demanda, comunidades indígenas y campesinos, acaban de enviar a la Corte Suprema, para alertar sobre la violación de lo dictado por el máximo tribunal. “El daño causado por los desmontes ilegales durante la vigencia de la cautelar no puede ser dimensionado en su totalidad. Nosotros sólo hemos detectado la situación ilegal en dos fincas, pero nos da la clara pauta de que hechos similares pueden haber sucedido en los departamentos en los que estaba vigente la cautelar”, destaca la carta. Los denunciantes consideran muy probable que existan otros casos similares y solicita a la Corte que se releven la totalidad de los daños en los cuatro departamentos.
En su fallo de marzo de 2009, la Corte Suprema había afirmado que los desmontes “configuran una situación clara de peligro, de daño grave, porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras. Este perjuicio, de producirse, sería además irreversible”.
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Si contaminan, seguro no tienen seguro
Si contaminan, seguro no tienen seguro
Fecha de Publicación: 20/02/2010
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Nacional
Según datos oficiales, hay 35 mil empresas obligadas a disponer de la cobertura –el Seguro Ambiental Obligatorio (SAO)–, que rige por ley desde 2008. Muchas no lo hacen porque no se la darían: ya tienen fallas que perjudican el entorno.
Nueve de cada diez industrias que están obligadas a asegurar su actividad ante eventuales episodios de contaminación ambiental no cumplen con la ley.
En agosto de 2008 entró en vigor el Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) pero la mayoría de las empresas no contrataron la cobertura porque en muchos casos tienen pasivos ambientales que complican el aseguramiento.
“Lo que está asegurando el empresario no son sus intereses ni sus bienes, sino el bienestar de la comunidad; sólo con la auditoría previa a cada póliza el riesgo ambiental general bajaría sensiblemente”, explicó a Crítica de la Argentina Jorge Furlan, experto en seguros y presidente de la cámara que nuclea a las empresas aseguradoras del sector (CAARA).
En enero pasado se produjo un incendio en un establecimiento industrial de Lanús que tuvo consecuencias contaminantes para los vecinos, además de que hubo que evacuar las viviendas. “Éste es uno de los establecimientos que no contaba con póliza de SAO en los términos de la Ley General de Ambiente 25.675, dado que no figura en los registros de ninguna de las empresas que operan en ese riesgo”, sostuvo la cámara en un documento.
En la actualidad hay unas 35 mil empresas obligadas a contratar el SAO en el territorio nacional, según la estimación que hizo la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Si bien la ley rige desde 2002, la oferta de seguros ambientales en los términos requeridos por la norma recién comenzó en agosto de 2008.
“Existe una generalizada renuencia de los obligados, rayana en una rebeldía judicial, que actúa en perjuicio de la sociedad toda con un temperamento temerario”, añadió Furlan.
La normativa que regula el SAO establece que las personas físicas o jurídicas que acometen actividades riesgosas para el ambiente deben hacerse cargo, y garantizarlo, de remediar los daños al suelo y al agua que esas actividades provoquen. “El bien protegido es el de uso colectivo.
La póliza no hace más que garantizar, a favor del Estado, en representación de la comunidad, el inmediato cumplimiento de la remediación, ejecutándola la aseguradora en caso de defección del contratante sin necesidad de deslindarse responsabilidades en el siniestro, ni de determinarse si fue súbito o resultado de una acción que se fue sucediendo en el tiempo”, dijo Furlan.
Argentina mantiene en vigor el principio 16 del derecho ambiental que integra la Declaración de Eco Río 92 (“quien contamina, paga”), que dispone que debe fomentarse la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos.
En la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo)” en junio de 2006 la Corte Suprema de Justicia de la Nación produjo un fallo histórico relacionado con la protección del medio ambiente y, a fin de garantizar la inmediatez de las decisiones y el efectivo control jurisdiccional de su cumplimiento, delegó en el juzgado federal de primera instancia de Quilmes, a cargo de Luis Armella, el proceso de ejecución de la sentencia y retuvo para si el relativo a la reparación del daño.
Entre lo encomendado por la Corte al juez Armella se incluyó “requerir a las empresas demandadas información sobre (…) si tienen seguros contratados en los términos del art. 22 de la ley 25.675”. Se refería al Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) instituido por esa ley.
“Los obligados no podían cumplir por cuanto no existían en el mercado pólizas de seguro ambiental en los términos impuestos por la ley, recién el 26 de agosto de 2008 fue aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación y la SAyDS la primera póliza, con lo cual desde entonces es posible, y desde ya obligatorio para las empresas encuadradas, cumplir con la prescripción legal, que no cumplen la enorme mayoría de las industrias”, finaliza el informe.
Fecha de Publicación: 20/02/2010
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Nacional
Nueve de cada diez industrias que están obligadas a asegurar su actividad ante eventuales episodios de contaminación ambiental no cumplen con la ley.
En agosto de 2008 entró en vigor el Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) pero la mayoría de las empresas no contrataron la cobertura porque en muchos casos tienen pasivos ambientales que complican el aseguramiento.
“Lo que está asegurando el empresario no son sus intereses ni sus bienes, sino el bienestar de la comunidad; sólo con la auditoría previa a cada póliza el riesgo ambiental general bajaría sensiblemente”, explicó a Crítica de la Argentina Jorge Furlan, experto en seguros y presidente de la cámara que nuclea a las empresas aseguradoras del sector (CAARA).
En enero pasado se produjo un incendio en un establecimiento industrial de Lanús que tuvo consecuencias contaminantes para los vecinos, además de que hubo que evacuar las viviendas. “Éste es uno de los establecimientos que no contaba con póliza de SAO en los términos de la Ley General de Ambiente 25.675, dado que no figura en los registros de ninguna de las empresas que operan en ese riesgo”, sostuvo la cámara en un documento.
En la actualidad hay unas 35 mil empresas obligadas a contratar el SAO en el territorio nacional, según la estimación que hizo la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Si bien la ley rige desde 2002, la oferta de seguros ambientales en los términos requeridos por la norma recién comenzó en agosto de 2008.
“Existe una generalizada renuencia de los obligados, rayana en una rebeldía judicial, que actúa en perjuicio de la sociedad toda con un temperamento temerario”, añadió Furlan.
La normativa que regula el SAO establece que las personas físicas o jurídicas que acometen actividades riesgosas para el ambiente deben hacerse cargo, y garantizarlo, de remediar los daños al suelo y al agua que esas actividades provoquen. “El bien protegido es el de uso colectivo.
La póliza no hace más que garantizar, a favor del Estado, en representación de la comunidad, el inmediato cumplimiento de la remediación, ejecutándola la aseguradora en caso de defección del contratante sin necesidad de deslindarse responsabilidades en el siniestro, ni de determinarse si fue súbito o resultado de una acción que se fue sucediendo en el tiempo”, dijo Furlan.
Argentina mantiene en vigor el principio 16 del derecho ambiental que integra la Declaración de Eco Río 92 (“quien contamina, paga”), que dispone que debe fomentarse la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos.
En la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo)” en junio de 2006 la Corte Suprema de Justicia de la Nación produjo un fallo histórico relacionado con la protección del medio ambiente y, a fin de garantizar la inmediatez de las decisiones y el efectivo control jurisdiccional de su cumplimiento, delegó en el juzgado federal de primera instancia de Quilmes, a cargo de Luis Armella, el proceso de ejecución de la sentencia y retuvo para si el relativo a la reparación del daño.
Entre lo encomendado por la Corte al juez Armella se incluyó “requerir a las empresas demandadas información sobre (…) si tienen seguros contratados en los términos del art. 22 de la ley 25.675”. Se refería al Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) instituido por esa ley.
“Los obligados no podían cumplir por cuanto no existían en el mercado pólizas de seguro ambiental en los términos impuestos por la ley, recién el 26 de agosto de 2008 fue aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación y la SAyDS la primera póliza, con lo cual desde entonces es posible, y desde ya obligatorio para las empresas encuadradas, cumplir con la prescripción legal, que no cumplen la enorme mayoría de las industrias”, finaliza el informe.
Neuquén apuesta a la energía geotérmica
Apuesta provincial a la energía geotérmica
Fecha de Publicación: 19/02/2010
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Se abrieron los sobres para la construcción de la primera Central de este tipo en la Argentina.
Tendrá una potencia de 30 megavatios. El emprendimiento puede representar un ingreso de hasta 2.300.000 euros por año.
El gobierno de la provincia realizó ayer la apertura del primer sobre con los antecedentes y garantías técnicas de empresas interesadas en el desarrollo geotérmico y la instalación de una central de 30 megavatios de potencia en la zona de Caviahue-Copahue.
Tanto la oferta técnica como la económica, que presentaron el grupo minero Aconcagua S.A. y Andean Geothermal Power Corporation, se conocerán en unas semanas.
La iniciativa contempla el impulso del área geotérmica “La Mellizas de Copahue” y la construcción de la primera Central Geotérmica de la Argentina. Incluye además, la construcción de una línea de transmisión en 132 kilovatios, desde Copahue hasta el paraje Ñorquín, como antecedente para posteriormente cerrar el Anillo Norte de interconexión al sistema eléctrico provincial.
Se estima que la construcción del complejo rondará los 80 millones de dólares de inversión y que llevará cuatro años para su construcción y puesta en marcha. Para su concreción, el siguiente paso será -una vez que la comisión evaluativa analice los antecedentes técnicos- la apertura del sobre Nº 2 con la oferta económica.
Propuesta
La oferta técnico-económica presentada se compone de un plan de desarrollo minero que abarcará los primeros dos años del contrato, durante el cual el concesionario estará obligado a realizar las perforaciones necesarias para reunir la cantidad de vapor que requerirá la planta de 30 megavatios de potencia instalada, la construcción y explotación de la central geotérmica por el término de 30 años, y la construcción de la línea de transporte de la energia con el sistema eléctrico provincial.
De acuerdo a lo exigido en las bases de la convocatoria, los oferentes seleccionados, juntamente con su propuesta técnico-económica, deberán ofertar el pago de un canon de entrada al área, cuyo monto no podrá ser inferior a los 8 millones de dólares y estando, además, obligados a abonar una regalía del 5 por ciento sobre el valor de la energía a generar. Con anterioridad a este proceso, la ADI-NQN dió los pasos necesarios para registrar y obtener de la Junta Ejecutiva del llamado Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto, la acreditación de los bonos de carbono o bonos verdes que generará este proyecto por su condición de amigable y no contaminante del medio ambiente. Para el módulo previsto de 30 MW estos bonos pueden representar un ingreso de hasta 2.300.000 euros por año a lo largo de los siguientes 21, a partir de la habilitación de la planta.
Del acto, que se desarrolló en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, fue encabezado por el titular de la Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén Sociedad del Estado Provincial (ADI-NQN S.E.P.), Pedro Salvatori, y el gobernador Jorge Sapag.
Fecha de Publicación: 19/02/2010
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Se abrieron los sobres para la construcción de la primera Central de este tipo en la Argentina.
Tendrá una potencia de 30 megavatios. El emprendimiento puede representar un ingreso de hasta 2.300.000 euros por año.
El gobierno de la provincia realizó ayer la apertura del primer sobre con los antecedentes y garantías técnicas de empresas interesadas en el desarrollo geotérmico y la instalación de una central de 30 megavatios de potencia en la zona de Caviahue-Copahue.
Tanto la oferta técnica como la económica, que presentaron el grupo minero Aconcagua S.A. y Andean Geothermal Power Corporation, se conocerán en unas semanas.
La iniciativa contempla el impulso del área geotérmica “La Mellizas de Copahue” y la construcción de la primera Central Geotérmica de la Argentina. Incluye además, la construcción de una línea de transmisión en 132 kilovatios, desde Copahue hasta el paraje Ñorquín, como antecedente para posteriormente cerrar el Anillo Norte de interconexión al sistema eléctrico provincial.
Se estima que la construcción del complejo rondará los 80 millones de dólares de inversión y que llevará cuatro años para su construcción y puesta en marcha. Para su concreción, el siguiente paso será -una vez que la comisión evaluativa analice los antecedentes técnicos- la apertura del sobre Nº 2 con la oferta económica.
Propuesta
La oferta técnico-económica presentada se compone de un plan de desarrollo minero que abarcará los primeros dos años del contrato, durante el cual el concesionario estará obligado a realizar las perforaciones necesarias para reunir la cantidad de vapor que requerirá la planta de 30 megavatios de potencia instalada, la construcción y explotación de la central geotérmica por el término de 30 años, y la construcción de la línea de transporte de la energia con el sistema eléctrico provincial.
De acuerdo a lo exigido en las bases de la convocatoria, los oferentes seleccionados, juntamente con su propuesta técnico-económica, deberán ofertar el pago de un canon de entrada al área, cuyo monto no podrá ser inferior a los 8 millones de dólares y estando, además, obligados a abonar una regalía del 5 por ciento sobre el valor de la energía a generar. Con anterioridad a este proceso, la ADI-NQN dió los pasos necesarios para registrar y obtener de la Junta Ejecutiva del llamado Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto, la acreditación de los bonos de carbono o bonos verdes que generará este proyecto por su condición de amigable y no contaminante del medio ambiente. Para el módulo previsto de 30 MW estos bonos pueden representar un ingreso de hasta 2.300.000 euros por año a lo largo de los siguientes 21, a partir de la habilitación de la planta.
Del acto, que se desarrolló en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, fue encabezado por el titular de la Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén Sociedad del Estado Provincial (ADI-NQN S.E.P.), Pedro Salvatori, y el gobernador Jorge Sapag.
Aguas subterráneas: deuda y recurso
Aguas subterráneas: una deuda y una enorme fuente de divisas
Fecha de Publicación: 19/02/2010
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Nacional
La Argentina cuenta con abundantes reservorios de aguas subterráneas que demandan imperiosamente de una exploración rigurosa que precise sus límites, capacidad de entrega y de carga, que ayuden a mitigar las frecuentes sequías derivadas de las alteraciones climáticas de los últimos años, que causan pérdidas cuantiosas y procesos migratorios por agotamiento de los sistemas productivos.
Además, su comercialización puede ser también una extraordinaria fuente de divisas para el país: una botella de medio litro de agua obtenida del acuífero Guaraní y exportada por Brasil a Irán se paga 6 dólares.
Aunque está siempre presente el caso del Acuífero Gigante del Mercosur, no serían diferentes las conclusiones al analizar el desaprovechamiento del Acuífero Yrendá-Toba-Tarijeño o el Cóndor, el sistema Litoral Cretácico, el Patagoniano, Los Puneños, Salto-Salto Chico o el Sistema Pampeano-Puelche.
Las valiosas aguas confinadas integran el ciclo hidrológico, porque una parte de las infiltraciones superficiales que se acumulan en estas formaciones son geológicas milenarias.
El 70% del planeta y del hombre es de agua, es decir, sin ella la vida y los ecosistemas se desmoronan. De cada 1.000 gotas, 975 son saladas situadas en mares y océanos. Sólo 25 son dulces dispuesta en lagos, glaciares y formaciones.
A causa de que los ríos se han manejados como sumideros de efluentes cloacales, residuos sólidos, desechos industriales han degenerado en graves procesos de contaminación que los han inutilizado tanto para usos recreativo como para consumo.
En la Argentina pueden citarse -entre muchos otros casos- la Cuenca Matanza-Riachuelo, el Reconquista o el Río de la Plata, que sigue siendo la principal fuente proveedora para el Area Metropolitana, a pesar de su falta de saneamiento que redunda en costos de potabilización cada día más elevados.
Si bien el acceso al agua segura es un derecho básico esencial, 2.600 millones de personas de los países pobres no poseen de instalaciones de agua y tratamiento de excretas. Si éstas fueran las apropiadas, salvarían la vida de 1,6 millones de personas.
El anuncio del Credit Lyonnais es lapidario: en 2025 la demanda superará a la oferta en 56%, como resultado de la crecida de la población y su concentración en ciudades, el agotamiento de fuentes por sobrexplotación o la toma de decisiones erróneas en materia de gestión de recursos hídricos.
Así se triplicó el consumo y se acentuaron las inequidades en su distribución, tal como ocurre con el ingreso mundial: 85% lo concentra 12% de la población. Según la Unesco, el mundo dispone de 273 acuíferos: hay 90 en Europa occidental, 68 en América, 35 de ellos en Sudamérica, 14 en América del Norte, 13 en América Central y 3 en el Caribe.
El acuífero guaraní posee una superficie de 1.200.000 kilómetros cuadrados enclavado en las cuencas del Paraná, Paraguay y Uruguay. Es un recurso transfronterizo que compartimos con Brasil (839.000 kilómetros cuadrados), la Argentina (226.000 km2), Paraguay (71.700 km2) y Uruguay (59.000 km2).
Similar a un río de subsuelo corre a 35 metros por Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa, y es capaz de dar 100 litros por habitante por día durante 200 años a la población mundial con un ritmo de reposición de 5.000 metros cúbicos por segundo.
Según el informe con el que concluyó la primera etapa del Programa Acuífero Guaraní financiado por el Banco Mundial, se advierte que Brasil es el que más lo utiliza, ya que provee de agua a entre 300 a 500 ciudades, como es el caso del populoso San Pablo o 275 municipios de Paraná que ya gozan de su pureza.
Brasil exportará 300 mil litros embotellados a Medio Oriente, obtenidos del excedente del municipio de Santana do Livramento, en el estado de Río Grande do Sul y frontera con el Uruguay, donde sus 95.000 habitantes extraen 30 millones de litros al día y sólo consumen 40%. De allí, la exportación de agua brasileña a los iraníes. Hoy este mercado mundial tiene 300 millones de clientes (250 millones más que en los años 90) y factura 800 mil millones de dólares, por encima de la industria farmacéutica.
Por su parte, Paraguay explota 200 pozos en la región oriental del país y negocia fraccionamientos hacia la Unión Europea, obtenida de las perforaciones de San Juan del Paraná, en Itapúa.
En tanto, Uruguay, con 135 pozos destinado a hogares y complejos termales, conversa con Arabia Saudita acuerdos de agua del Guaraní, aunque su cancillería lo haya desmentido.
Por último, la Argentina utiliza solamente una veintena de pozos en Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.
Fecha de Publicación: 19/02/2010
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Nacional
La Argentina cuenta con abundantes reservorios de aguas subterráneas que demandan imperiosamente de una exploración rigurosa que precise sus límites, capacidad de entrega y de carga, que ayuden a mitigar las frecuentes sequías derivadas de las alteraciones climáticas de los últimos años, que causan pérdidas cuantiosas y procesos migratorios por agotamiento de los sistemas productivos.
Además, su comercialización puede ser también una extraordinaria fuente de divisas para el país: una botella de medio litro de agua obtenida del acuífero Guaraní y exportada por Brasil a Irán se paga 6 dólares.
Aunque está siempre presente el caso del Acuífero Gigante del Mercosur, no serían diferentes las conclusiones al analizar el desaprovechamiento del Acuífero Yrendá-Toba-Tarijeño o el Cóndor, el sistema Litoral Cretácico, el Patagoniano, Los Puneños, Salto-Salto Chico o el Sistema Pampeano-Puelche.
Las valiosas aguas confinadas integran el ciclo hidrológico, porque una parte de las infiltraciones superficiales que se acumulan en estas formaciones son geológicas milenarias.
El 70% del planeta y del hombre es de agua, es decir, sin ella la vida y los ecosistemas se desmoronan. De cada 1.000 gotas, 975 son saladas situadas en mares y océanos. Sólo 25 son dulces dispuesta en lagos, glaciares y formaciones.
A causa de que los ríos se han manejados como sumideros de efluentes cloacales, residuos sólidos, desechos industriales han degenerado en graves procesos de contaminación que los han inutilizado tanto para usos recreativo como para consumo.
En la Argentina pueden citarse -entre muchos otros casos- la Cuenca Matanza-Riachuelo, el Reconquista o el Río de la Plata, que sigue siendo la principal fuente proveedora para el Area Metropolitana, a pesar de su falta de saneamiento que redunda en costos de potabilización cada día más elevados.
Si bien el acceso al agua segura es un derecho básico esencial, 2.600 millones de personas de los países pobres no poseen de instalaciones de agua y tratamiento de excretas. Si éstas fueran las apropiadas, salvarían la vida de 1,6 millones de personas.
El anuncio del Credit Lyonnais es lapidario: en 2025 la demanda superará a la oferta en 56%, como resultado de la crecida de la población y su concentración en ciudades, el agotamiento de fuentes por sobrexplotación o la toma de decisiones erróneas en materia de gestión de recursos hídricos.
Así se triplicó el consumo y se acentuaron las inequidades en su distribución, tal como ocurre con el ingreso mundial: 85% lo concentra 12% de la población. Según la Unesco, el mundo dispone de 273 acuíferos: hay 90 en Europa occidental, 68 en América, 35 de ellos en Sudamérica, 14 en América del Norte, 13 en América Central y 3 en el Caribe.
El acuífero guaraní posee una superficie de 1.200.000 kilómetros cuadrados enclavado en las cuencas del Paraná, Paraguay y Uruguay. Es un recurso transfronterizo que compartimos con Brasil (839.000 kilómetros cuadrados), la Argentina (226.000 km2), Paraguay (71.700 km2) y Uruguay (59.000 km2).
Similar a un río de subsuelo corre a 35 metros por Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa, y es capaz de dar 100 litros por habitante por día durante 200 años a la población mundial con un ritmo de reposición de 5.000 metros cúbicos por segundo.
Según el informe con el que concluyó la primera etapa del Programa Acuífero Guaraní financiado por el Banco Mundial, se advierte que Brasil es el que más lo utiliza, ya que provee de agua a entre 300 a 500 ciudades, como es el caso del populoso San Pablo o 275 municipios de Paraná que ya gozan de su pureza.
Brasil exportará 300 mil litros embotellados a Medio Oriente, obtenidos del excedente del municipio de Santana do Livramento, en el estado de Río Grande do Sul y frontera con el Uruguay, donde sus 95.000 habitantes extraen 30 millones de litros al día y sólo consumen 40%. De allí, la exportación de agua brasileña a los iraníes. Hoy este mercado mundial tiene 300 millones de clientes (250 millones más que en los años 90) y factura 800 mil millones de dólares, por encima de la industria farmacéutica.
Por su parte, Paraguay explota 200 pozos en la región oriental del país y negocia fraccionamientos hacia la Unión Europea, obtenida de las perforaciones de San Juan del Paraná, en Itapúa.
En tanto, Uruguay, con 135 pozos destinado a hogares y complejos termales, conversa con Arabia Saudita acuerdos de agua del Guaraní, aunque su cancillería lo haya desmentido.
Por último, la Argentina utiliza solamente una veintena de pozos en Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.
Catamarca: quieren prohibir la minería
Reclamaron por una ley que prohíba la minería a cielo abierto
Fecha de Publicación: 18/02/2010
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Los grupos autoconvocados marcharon para celebrar por el cese temporal de la actividad minera. Ahora quieren que sea definitivo.
Tras la resolución del juez de Minas Raúl Guillermo Cerda que ordenó la suspensión de la actividad de la empresa minera Agua Rica, los ambientalistas se reunieron el martes por la noche en la Plaza 9 de Julio, frente a la Iglesia San Francisco de Asís, para celebrar lo que fue considerado como un triunfo de la lucha antiminera. Agradecieron al pueblo por el apoyo recibido y recordaron los momentos cruciales por la represión sufrida. Ahora insisten con una ley que prohiba la minería a cielo abierto y sostienen que el plebiscito ya es extemporáneo.
Los ánimos, evidentemente más calmos, luego de participar de una misa, se limitaron a alocuciones con cuidadas palabras que recibieron calurosos aplausos cuando expresaron "Vamos por más". Con respecto a las medidas adoptadas por el juez Guillermo Cerda, expresaron: "No queremos que Agua Rica suspenda sus trabajos, queremos solamente que se vaya". Las acciones no se detendrán hasta que se "obtenga una ley que prohiba la minería a cielo abierto en toda la provincia", sostuvieron.
Pacíficamente, se realizó la multitudinaria marcha alrededor de la plaza, en dos oportunidades y sin redoblantes. De esta manera, lentamente, se disipaban los temores de acciones concretas para exigir la dimisión del Intendente.
Tras lamentar la violencia que se desató de ambas partes -manifestantes y la Policía- los antimineros rescataron el carácter popular de la manifestación que entre ayer y el martes ganó las calles de la ciudad. "El triunfo es que el pueblo salió a la calle, harto del saqueo que viene sufriendo de parte de la provincia y del municipio", evaluó el ex concejal Cecenarro.
Por su parte, Aldo Flores, referente de la asamblea El Algarrobo, aclaró: "Nunca hicimos apología de la violencia, siempre pregonamos la paz, pero esto se desbandó. Fue tanto tiempo de ocultamiento, de mentira, de frustraciones, de saqueo que la gente se hartó y dijo basta", aseguró Flores tras desmentir las acusaciones sobre la presencia de infiltrados violentos entre los manifestantes.
Fecha de Publicación: 18/02/2010
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Los grupos autoconvocados marcharon para celebrar por el cese temporal de la actividad minera. Ahora quieren que sea definitivo.
Tras la resolución del juez de Minas Raúl Guillermo Cerda que ordenó la suspensión de la actividad de la empresa minera Agua Rica, los ambientalistas se reunieron el martes por la noche en la Plaza 9 de Julio, frente a la Iglesia San Francisco de Asís, para celebrar lo que fue considerado como un triunfo de la lucha antiminera. Agradecieron al pueblo por el apoyo recibido y recordaron los momentos cruciales por la represión sufrida. Ahora insisten con una ley que prohiba la minería a cielo abierto y sostienen que el plebiscito ya es extemporáneo.
Los ánimos, evidentemente más calmos, luego de participar de una misa, se limitaron a alocuciones con cuidadas palabras que recibieron calurosos aplausos cuando expresaron "Vamos por más". Con respecto a las medidas adoptadas por el juez Guillermo Cerda, expresaron: "No queremos que Agua Rica suspenda sus trabajos, queremos solamente que se vaya". Las acciones no se detendrán hasta que se "obtenga una ley que prohiba la minería a cielo abierto en toda la provincia", sostuvieron.
Pacíficamente, se realizó la multitudinaria marcha alrededor de la plaza, en dos oportunidades y sin redoblantes. De esta manera, lentamente, se disipaban los temores de acciones concretas para exigir la dimisión del Intendente.
Tras lamentar la violencia que se desató de ambas partes -manifestantes y la Policía- los antimineros rescataron el carácter popular de la manifestación que entre ayer y el martes ganó las calles de la ciudad. "El triunfo es que el pueblo salió a la calle, harto del saqueo que viene sufriendo de parte de la provincia y del municipio", evaluó el ex concejal Cecenarro.
Por su parte, Aldo Flores, referente de la asamblea El Algarrobo, aclaró: "Nunca hicimos apología de la violencia, siempre pregonamos la paz, pero esto se desbandó. Fue tanto tiempo de ocultamiento, de mentira, de frustraciones, de saqueo que la gente se hartó y dijo basta", aseguró Flores tras desmentir las acusaciones sobre la presencia de infiltrados violentos entre los manifestantes.
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