COP1 de Escazú: ¿Argentina cumple con el derecho al acceso a la información ambiental?

Fecha de Publicación: 21/04/2022
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


Este miércoles comenzó la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, el primero de derechos ambientales en la región. El panorama para el acceso a la información en Argentina continúa con los problemas de siempre.
 COP1 de Escazú: ¿Argentina cumple con el derecho al acceso a la información ambiental? Hace un año, el 22 de abril de 2021, entró en vigencia el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú.
El convenio, que fue ratificado por doce países -incluyendo Argentina-, refiere a estos tres derechos principales que buscan ampliar la democracia ambiental. A su vez, suma una cláusula especial sobre la protección de personas defensoras de derechos humanos en pos de la naturaleza. Esta es importante considerando que América Latina es la región más violenta para los ambientalistas, según Global Witness.
A 365 días de la entrada en vigencia, este miércoles comenzó la primera Conferencia de las Partes (COP1), donde los estados debatirán las reglas básicas para su funcionamiento, control y la participación de la sociedad civil.
¿En qué condiciones llega Argentina a la COP1 de Escazú? La Voz entrevistó a tres organizaciones ambientales para conocer su perspectiva sobre cuál es la situación del acceso a la información pública ambiental, paso fundamental para que la sociedad pueda ejercer el resto de los derechos que forman parte del tratado.

Escazú y el acceso a la información en Argentina
En el país rige desde 2016 la ley 27.275 del Derecho a la Información Pública que regula la transparencia pasiva, es decir, que el Estado responda a las solicitudes de información pública que realiza la ciudadanía. Además, se instalan los presupuestos básicos para la transparencia activa, o que los gobiernos comuniquen de primera mano los datos que poseen.
Escazú, que Argentina ratificó en septiembre de 2020, refiere a los mismos principios de transparencia, pero específicamente sobre la información ambiental. Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y representante del público de Escazú, lo describió desde la perspectiva de derechos humanos: “Está basado en las personas, para que puedan ejercer derechos y que, a partir de allí, puedan proteger el ambiente”.
“Escazú es un acuerdo ambiental que no está planteado para generar una solución ambiental específica, sino en clave de derechos. Yo lo veo como una gran caja de herramientas para que la sociedad utilice”, agregó el abogado.
Con palabras similares, Leonel Mingo, economista y líder de proyectos en Greenpeace, expresó que el tratado es una herramienta más para el reclamo: “Ahora que tenemos el Acuerdo de Escazú, nos permite a las organizaciones esgrimir el argumento de que esta ley nos protege y limitaría que se hagan atrocidades”.
Mingo resaltó el rol de Escazú y la importancia de la información pública ambiental para el activismo social. “Desde nuestra experiencia, cuando la gente sabe lo que está pasando, se agarra la cabeza y dice ‘no puede ser’ y hace algo al respecto. Que la información sea pública es el primer enorme paso para la acción”, dijo.
“La sociedad se enteró de algo que está pasando hace años, y se indignó de tal manera que está generando ruido político, y está llevando a que la Justicia frene las acciones”, afirmó Mingo. frase destacada
Justamente, uno de los primeros fallos en citar el tratado fue el del juez Santiago Martín, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata, quien dio lugar a la suspensión de la exploración sísmica por “el cumplimiento defectuoso de los estándares sobre información y participación que se desprenden del Acuerdo de Escazú”.
Máximo Mazzoco, integrante de Eco House, sostuvo que para tener una sociedad más educada, abierta y transparente, el acceso a la información debería ser mucho más amable y constante: “Debería ser prioridad de los gobiernos informar a la población qué está haciendo. Para participar, necesitamos información”.

Un derecho fuera del alcance de todos
Alejandra Bauer, experta en Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la fundación Poder Ciudadano, opinó que la implementación de los pedidos de acceso a la información, que la 27.275 reglamenta, es “bastante exitosa” a nivel nacional. Pero que, aun así, el proceso no es fácil para todos.
“La ley fue un gran logro democrático (...) Pero en lo que respecta a la información mínima prevista en ella para la transparencia activa nunca está, sino que hay mucho de prensa. Además, a nivel diseño la web del Estado nacional no es amigable, es muy difícil buscar información: Argentina.gob.ar es una nube donde te perdés”, expresó Bauer.
“Es difícil para un ciudadano promedio solicitar o encontrar información pública que está publicada si no sos especialista en buscar esa información”, afirmó Bauer.
En un sentido similar se expresó Nápoli, quien investigó la calidad de la información ambiental que obtiene del gobierno al hacer pedidos de acceso. Lo que descubrieron fue que reciben respuestas diferentes ellos por ser una fundación, de la que obtienen otros ciudadanos.
“Desde nuestra organización somos muy usuarios de los pedidos de acceso a la información, hacemos 200-300 pedidos por año, y vemos respuestas muy diversas con un déficit de calidad. El desafío es que el Estado no solo responda el pedido de información de una organización que se especializa en ello, sino que lo haga a cualquier ciudadano. Eso lo tenemos medido y no es igual, a nosotros nos dan una información y a ellos otra”, explicó Nápoli.
Mazzocco planteó en sentido similar que Eco House realizó en el último año “varios pedidos de acceso a la información”, pero que no les fue bien:
“Nunca se respondió en tiempo y forma. Siempre tenemos que hacer de detectives o tener contactos. Eso no es aceptable. Así, queda en manos que uno tenga mayor o menor capacidad de influencia masiva o poder económico para que te abran la puerta. Eso no es acceso a la información pública. Queda relegado a unos pocos o pocas privilegiados/as”, expresó.
Leonel Mingo postuló otro problema para la transparencia pasiva: muchas veces, la respuesta no es información, sino parte de un proceso burocrático. “Lo que sucede cuando se cumplen esos diez días hábiles es la contestación, lo que no significa que te entreguen la información que vos pedís. Te hacen una berenjena de que te faltó una coma o lo que sea durante dos años”, sostuvo el especialista de Greenpeace y subrayó:
“La información no tiene que ser un privilegio de aquellos que puedan acceder por contactos, por conocimientos técnicos o por tener un abogado que te siga un juicio durante años”.

Escazú y el ambientalismo
Sobre si mejoró el acceso a la información pública ambiental desde Escazú, Mingo señaló que es muy reciente su aplicación para hacer un diagnóstico, pero que siempre “se está mejor con Escazú”.
“Previo a Escazú era malísimo el acceso a la información pública ambiental. Post Escazú, creo que todavía se está adaptando, por lo que cuentan otras organizaciones que sí hacen este tipo de pedidos. Pero claramente se está mejor con Escazú que sin Escazú”, afirmó.
Aun así, señaló que la existencia de una ley, no es garantía de nada: “Tristemente vemos en Argentina que exista una ley no alcanza para resolver un problema. Lo vemos todo el tiempo en las leyes ambientales que se violan sistemáticamente, como la de bosques o de glaciares. ¿Te da tranquilidad absoluta que esté Escazú? No, pero sí tenemos una herramienta extra”.
“El acceso a la información pública es un derecho primordial en la República Argentina, que no se está cumpliendo, en términos generales. Claro que podemos analizar a nivel nacional, provincia por provincia o por municipios. En general no es algo a lo que la política le ha dado prioridad”, cerró Mazzocco, quien aclaró que existen mejoras por una mayor participación ciudadana. “Todos los días hay pequeños avances porque somos más ojos viendo, reclamando, pidiendo y comunicando”, afirmó.

Cómo mejorar el acceso a la información
Planteados los problemas que se enfrenta Escazú para lograr la aplicación de sus derechos, Bauer señaló una serie de puntos para mejorar el acceso a la información pública.
“Primero hay que cambiar el acceso desigual en las provincias. Algo pasa con el federalismo que no lo estamos implementando. Además hay faltantes en la transparencia pasiva, como que se imponen requisitos que pueden ser barreras”, explicó la especialista en transparencia, quien agregó.
“Por ejemplo, con la forma de identificarse, que la ley sólo pide nombre y mail de contacto; pero en la reglamentación se solicita DNI para personas humanas, y para las jurídicas, deben inscribir un representante primero. Estos trámites son obstaculizantes”.
A su vez, Bauer señaló que aunque haya voluntad de respuesta, suele suceder que no se fundamentan las decisiones que se toman, como por ejemplo si se alargan los plazos o se restringe la información. “Las restricciones deben interpretarse restrictivamente, primando el derecho al acceso a la información pública”, expuso.
A su vez, la experta de Poder Ciudadano resaltó la falta de estadísticas que hay de cada organismo obligado a dar información, que son necesarias para ajustar la ley y mejorar la aplicación.
La Agencia de Acceso a la Información Pública dio a conocer en una plataforma virtual la cantidad de solicitudes que recibe, la demora y la tasa de respuesta; desglosando los datos por ministerio. En específico de Ambiente y Desarrollo Sostenible, recibieron 35 pedidos en 2022, a los que respondieron en 21 días en promedio.
Pero estos datos no especifican qué respuesta obtuvo, si fue satisfactoria o si el solicitante debió volver a pedir la información porque hubo algún problema.
“Habría que mejorar los mecanismos. Todos los ministerios deberían contar con equipos específicos que deberían estar permanentemente, con canales y plataformas, para que la información sobre los temas más relevantes, coyunturales, sea siempre pública. Y que esté bajada a los distintos niveles de comprensión: tiene que ser apta para todo público, tanto para menores, adolescentes, adultos. Así debería funcionar para que todos estemos informados, eso no es una utopía”, expresó Mazzocco sobre el funcionamiento.
.