5300 hectáreas de bosques deforestadas en el Chaco
08:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Greenpeace denunció la tala ilegal de 5300 hectáreas de bosques en el Chaco
Fecha de Publicación: 10/09/2016
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
La organización ambientalista Greenpeace denunció que en lo que va del año, se desmontaron en el Chaco casi 14 mil hectáreas, de las cuales 5300 son de bosques protegidos, es decir que fueron talas ilegales. Pidió al Congreso que se sancione una ley de Delitos Forestales.
“Deforestación en el norte de Argentina (enero-agosto 2016)” es el título del informe que difundió hace días la ONG internacional. En el mismo sostiene que la superficie desmontada entre enero y agosto de 2016 en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco fue de 60.188 hectáreas.
El 35% de la deforestación fue ilegal (en bosques nativos clasificados en las Categorías I – Rojo y II – Amarillo), alcanzando las 20.523 hectáreas (una superficie similar a la de la ciudad de Buenos Aires).
En Santiago del Estero se desmontaron 10.583 hectáreas de bosques protegidos (el doble que en las zonas permitidas); en el Chaco se deforestaron 5.307 hectáreas; en Salta se desmontaron 4.212 hectáreas y en Formosa se deforestaron 421 hectáreas de bosques protegidos.
Para Greenpeace, “los bosques nativos que fueron clasificados por las provincias en las Categorías I – Rojo y II – Amarillo de sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos deben continuar en pie”.
“Su destrucción tendría un impacto ambiental significativo y afectaría seriamente a muchas comunidades. Permitir el desmonte en esas zonas vulnera en forma flagrante la ley nacional vigente e ignora las demandas de la sociedad”, señala la ONG.
“Resulta evidente que las multas no son suficientes para desalentar la deforestación en zonas protegidas y que, salvo unas pocas excepciones, no se reforestaron los bosques desmontados ilegalmente. Por otra parte, en muchos casos es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa”, afirma.
Deforestación
Cabe señalar que el 80% de la deforestación se concentra en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. Las principales causas de la pérdida de bosques son el avance de la frontera agropecuaria (soja transgénica y ganadería intensiva) y los incendios.
"La sanción, a fines de 2007, de la Ley de Bosques (26.331) fue un logro sin precedentes en materia ambiental y un ejemplo de la importancia de la participación de la sociedad civil, que presionó al Congreso Nacional mediante un millón y medio de firmas. No obstante, a más de ocho años de su aprobación, su efectiva implementación enfrenta dificultades que deben ser resueltas de manera urgente", sostiene la ONG.
Frente a esta situación, Greenpeace reclamó al Congreso de la Nación la urgente sanción de una Ley de Delitos Forestales que establezca como delito penal al desmonte ilegal y al incendio intencional (cambio de uso de suelo); constituya como delito penal al otorgamiento de permisos de desmonte en zonas protegidas; permita que las organizaciones de la sociedad civil se constituyan como querellantes y obligue a los responsables a la restauración de los bosques nativos ilegalmente desmontados o incendiados.
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Fecha de Publicación: 10/09/2016
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
La organización ambientalista Greenpeace denunció que en lo que va del año, se desmontaron en el Chaco casi 14 mil hectáreas, de las cuales 5300 son de bosques protegidos, es decir que fueron talas ilegales. Pidió al Congreso que se sancione una ley de Delitos Forestales.
“Deforestación en el norte de Argentina (enero-agosto 2016)” es el título del informe que difundió hace días la ONG internacional. En el mismo sostiene que la superficie desmontada entre enero y agosto de 2016 en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco fue de 60.188 hectáreas.
El 35% de la deforestación fue ilegal (en bosques nativos clasificados en las Categorías I – Rojo y II – Amarillo), alcanzando las 20.523 hectáreas (una superficie similar a la de la ciudad de Buenos Aires).
En Santiago del Estero se desmontaron 10.583 hectáreas de bosques protegidos (el doble que en las zonas permitidas); en el Chaco se deforestaron 5.307 hectáreas; en Salta se desmontaron 4.212 hectáreas y en Formosa se deforestaron 421 hectáreas de bosques protegidos.
Para Greenpeace, “los bosques nativos que fueron clasificados por las provincias en las Categorías I – Rojo y II – Amarillo de sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos deben continuar en pie”.
“Su destrucción tendría un impacto ambiental significativo y afectaría seriamente a muchas comunidades. Permitir el desmonte en esas zonas vulnera en forma flagrante la ley nacional vigente e ignora las demandas de la sociedad”, señala la ONG.
“Resulta evidente que las multas no son suficientes para desalentar la deforestación en zonas protegidas y que, salvo unas pocas excepciones, no se reforestaron los bosques desmontados ilegalmente. Por otra parte, en muchos casos es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa”, afirma.
Deforestación
Cabe señalar que el 80% de la deforestación se concentra en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. Las principales causas de la pérdida de bosques son el avance de la frontera agropecuaria (soja transgénica y ganadería intensiva) y los incendios.
"La sanción, a fines de 2007, de la Ley de Bosques (26.331) fue un logro sin precedentes en materia ambiental y un ejemplo de la importancia de la participación de la sociedad civil, que presionó al Congreso Nacional mediante un millón y medio de firmas. No obstante, a más de ocho años de su aprobación, su efectiva implementación enfrenta dificultades que deben ser resueltas de manera urgente", sostiene la ONG.
Frente a esta situación, Greenpeace reclamó al Congreso de la Nación la urgente sanción de una Ley de Delitos Forestales que establezca como delito penal al desmonte ilegal y al incendio intencional (cambio de uso de suelo); constituya como delito penal al otorgamiento de permisos de desmonte en zonas protegidas; permita que las organizaciones de la sociedad civil se constituyan como querellantes y obligue a los responsables a la restauración de los bosques nativos ilegalmente desmontados o incendiados.
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