Desmontes en Salta y una ley incumplida
09:00 | 
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Eco Sitio |
Desmontes y guerra por los árboles: la historia de una ley incumplida
Fecha de Publicación: 17/12/2014
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Salta
La llaman la Guerra de los Árboles y probablemente sea la lucha ambiental más silenciada de la Argentina. Un Famatina mil veces más grande y con mucha menos prensa, que tiene lugar a toda hora en el norte del país y epicentro dramático en la provincia de Salta. Allí la ley de bosques -una de las conquistas ecológicas más importantes de la Democracia- se viola sistemáticamente y con desprecio por la vida de las comunidades autóctonas. Lo confirman estadísticas recientes de la Secretaría de Medio Ambiente y el testimonio de cientos de habitantes que hablan de “veneno que sale del campo”, de “animales que mueren alcanzados por cadenas”, de “lluvias que no llegan más” y de naturaleza que se extingue sin que nadie lo frene. Las topadoras arrasan los bosques nativos para luego alfombrar con soja, en un negocio que sostuvo a la economía nacional de los últimos años y que es alentado por grandes latifundistas que son, finalmente, los dueños tradicionales de la tierra. Frente a esto, activistas de diferentes organizaciones suelen invadir las redes sociales denunciando la desgracia, pero también ejecutan en el terreno acciones de choque que muchas veces terminan con represiones y detenidos, y casi nunca se ven. Es una cara de la Argentina que Gobierno y empresarios ocultan con eficacia porque -además del sufrimiento humano- delata el falso interés que existió por la protección de recursos naturales en la última década. Muy a pesar del clima, cada vez más mutante, y sobre todo de las víctimas que reclaman terminar con el “ecocidio” ya. Quizás usted haya tardado dos minutos en leer hasta aquí. En ese mismo tiempo, según datos oficiales, una hectárea de bosque nativo desapareció para siempre.
Comunidad “La Mina”, finca “El Yuto”, Salta profunda. Sentado bajo el toldo de paja que cubre de sombra la galería de su rancho, Agustín Burgos, nacido y criado en el lugar, 49 años, reflexiona lo justo y suelta: “Yo estaba confiado de que acá no se podía desmontar nunca. Pero hace cosa de un tiempo, en Campo Cuchuy aparecieron los tractores y voltearon 14.000 hectáreas en dos meses. Eso afecta a la gente. Hace seis años atrás no, pero ahora llueve menos, hay menos vegetación y está todo seco”.
El mismo hombre, otro momento, la misma calma: “Te dicen que van a desmontar acá y te dan trabajo. Contratan a 4 de una familia de 10, arrasan con todo y a los tres meses te largan y te quedaste sin trabajo y sin el bosque”.
Ignacio Burgos, 57 años, todos vividos en el mismo punto del mapa, donde Salta se mezcla con Chaco y los árboles se deshacen en colores. “Vienen prepotentes y te dicen o te corrés o te sacamos y así sacaron a muchos a la ruta. Pero yo tengo mi casa de material ahí y de acá no me desaloja nadie”.
Rosa Palacios ya no vive donde antes sí: debió dejar su casa y pedir refugio a sus vecinos los Burgos. Usa el verbo “cadenear” para explicar cómo derriban todo. Pero a su madre le fue peor: una tarde, intentando detener a una topadora le dio un pico de presión y quedó ciega de un ojo. “Los animales morían y ella se paraba adelante para pedir que dejaran de cadenear. De lo que renegó mi madre se quedó sin ver. Hemos sufrido mucho por todo esto y hemos tenido que desalojar”, dice la mujer de 40 años, que vive de prestado.
En 2007, el Congreso sancionó la Ley de Protección de Bosques Nativos. Fue un logro cívico celebrado como el matrimonio igualitario. Se creó así un marco legal para detener la tala que avanzaba junto a la soja en todas las direcciones. La ley obligó a cada provincia a dividir sus suelos en zonas aptas para desmonte (verdes), otras para hacerlo en forma limitada (amarillas) y otras de naturaleza intocable (rojas). Se reglamentó en 2009 y al poco tiempo se denunciaron demoras en los ordenamientos territoriales. Las pruebas de que la ley no se aplicaba llegaron más tarde, a través de organizaciones de campesinos de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Formosa y Chaco. Decían lo mismo que hoy: que los desalojos no paran, que aparecen hombres autorizados a desforestar, que les ofrecen trabajo como desmalezadores, que son amenazados, que muchos se van a vivir a periferias urbanas, que algunos murieron intentando defender el monte.
Pedro Segundo, cacique Wichí de la comunidad San José, está sentado en medio de un claro del bosque que rodea su historia. Es el corazón del caserío donde vive, sobre tierras cuyos dueños de Buenos Aires jamás vio. Camisa azul, gorra de River. Muestra una foto reciente. Son sobrinos, hijos, nietos, cuñados, hermanos, él mismo, parados delante de una topadora, la tarde que consiguieron frenarla, con apoyo de activistas de Greenpeace. “Estamos rodeados de desmonte y no podemos salir –dice-, tampoco tomar el agua porque la contaminaron. Yo necesito que el Gobierno entienda nuestro sufrimiento”. No hay matices entre un testimonio y otro. Todos los que hablan pueden ser la misma persona. Es la misma desolación. Todos los lugares pueden ser el mismo lugar. Todo lo que sucedió ayer puede repetirse ahora. Hugo Díaz, de la Comunidad El Chaguaral, otra voz, otra víctima: “Sale veneno del campo –dice–. Se murió un chiquito y la médica dice que fue por el agua envenenada. Nos quieren sacar, pero nosotros somos del bosque y lo necesitamos”.
En mayo, la Auditoría General de la Nación confirmó que la Ley de Bosques casi no se aplica. Pero la catástrofe quedó descubierta con el Monitoreo de Situación de los Bosques Nativos que hace la Secretaría de Medio Ambiente y que se publicó hace 10 días. Señala que entre 2007 y 2013 se desforestaron 1.893.128 hectáreas. Paradójicamente, se desmontó más en bosques protegidos (553.332 hectáreas) que en los que sí está permitido hacerlo (503.948 hectáreas). El 80% de la tala se concentra en Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. Pero Salta, según denuncian más de cien organizaciones (desde CTA hasta Avina, Los Verdes, el Centro Mandela y Fundapaz, entre otros), es la provincia con mayor voluntad violatoria. Allí se talaron 400 mil ha.; 130 mil en zonas donde no se podía tocar un yuyo. Denuncian que el gobierno provincial estaría permitiendo, a través de atajos legales, que los empresarios avancen sobre áreas protegidas. También que no existen arbitrios de la Secretaría de Medio Ambiente para detenerlos. Es tan matemático: si se controla, el problema se acaba.
Según Greenpeace, peligran 150 mil ha. por las recategorizaciones autorizadas por el Gobernador Urtubey, que violarían la ley. Y 25 fincas alcanzadas por decretos provinciales pueden ser desmontadas ya. “Exigimos que Urtubey derogue los decretos con los que los terratenientes consiguen desmontar “, dice Hernán Giardini, titular de la Campaña de Bosques de Greenpeace. La ONG pasó 2014 confrontando con el poder salteño, en una guerra sin tregua. Sus activistas se encadenaron a los árboles y a las topadoras, colgaron banderas, terminaron presos. A pesar de eso, el tema fue noticia cada tanto y rápido volvió a secarse como campo yermo.
Esta crónica se escribe mientras se realiza en Lima la Conferencia Mundial de Cambio Climático, donde se celebrarán preacuerdos para la Cumbre de París 2015. Allí las naciones industrializadas deberían comprometerse a reducir sus emisiones de dióxido de carbono para mitigar efectos del calentamiento global: aumento de la temperatura, sequías, inundaciones, hambre. En estos días, tecnócratas ambientales congelan dramas humanos en resúmenes de Power Point. Dan discursos muy correctos a pares conmovidos como ellos y reciben el apoyo de activistas y políticos igual de conmovidos: sociedad global en plena forma. Ninguna de las personas que habló en esta nota sabrá jamás lo que sucede en Perú. Los apremia otra cuestión. Es el ruido de una máquina que los merodea, amenaza sus árboles y pocas veces se apaga.
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Fecha de Publicación: 17/12/2014
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Salta
La llaman la Guerra de los Árboles y probablemente sea la lucha ambiental más silenciada de la Argentina. Un Famatina mil veces más grande y con mucha menos prensa, que tiene lugar a toda hora en el norte del país y epicentro dramático en la provincia de Salta. Allí la ley de bosques -una de las conquistas ecológicas más importantes de la Democracia- se viola sistemáticamente y con desprecio por la vida de las comunidades autóctonas. Lo confirman estadísticas recientes de la Secretaría de Medio Ambiente y el testimonio de cientos de habitantes que hablan de “veneno que sale del campo”, de “animales que mueren alcanzados por cadenas”, de “lluvias que no llegan más” y de naturaleza que se extingue sin que nadie lo frene. Las topadoras arrasan los bosques nativos para luego alfombrar con soja, en un negocio que sostuvo a la economía nacional de los últimos años y que es alentado por grandes latifundistas que son, finalmente, los dueños tradicionales de la tierra. Frente a esto, activistas de diferentes organizaciones suelen invadir las redes sociales denunciando la desgracia, pero también ejecutan en el terreno acciones de choque que muchas veces terminan con represiones y detenidos, y casi nunca se ven. Es una cara de la Argentina que Gobierno y empresarios ocultan con eficacia porque -además del sufrimiento humano- delata el falso interés que existió por la protección de recursos naturales en la última década. Muy a pesar del clima, cada vez más mutante, y sobre todo de las víctimas que reclaman terminar con el “ecocidio” ya. Quizás usted haya tardado dos minutos en leer hasta aquí. En ese mismo tiempo, según datos oficiales, una hectárea de bosque nativo desapareció para siempre.
Comunidad “La Mina”, finca “El Yuto”, Salta profunda. Sentado bajo el toldo de paja que cubre de sombra la galería de su rancho, Agustín Burgos, nacido y criado en el lugar, 49 años, reflexiona lo justo y suelta: “Yo estaba confiado de que acá no se podía desmontar nunca. Pero hace cosa de un tiempo, en Campo Cuchuy aparecieron los tractores y voltearon 14.000 hectáreas en dos meses. Eso afecta a la gente. Hace seis años atrás no, pero ahora llueve menos, hay menos vegetación y está todo seco”.
El mismo hombre, otro momento, la misma calma: “Te dicen que van a desmontar acá y te dan trabajo. Contratan a 4 de una familia de 10, arrasan con todo y a los tres meses te largan y te quedaste sin trabajo y sin el bosque”.
Ignacio Burgos, 57 años, todos vividos en el mismo punto del mapa, donde Salta se mezcla con Chaco y los árboles se deshacen en colores. “Vienen prepotentes y te dicen o te corrés o te sacamos y así sacaron a muchos a la ruta. Pero yo tengo mi casa de material ahí y de acá no me desaloja nadie”.
Rosa Palacios ya no vive donde antes sí: debió dejar su casa y pedir refugio a sus vecinos los Burgos. Usa el verbo “cadenear” para explicar cómo derriban todo. Pero a su madre le fue peor: una tarde, intentando detener a una topadora le dio un pico de presión y quedó ciega de un ojo. “Los animales morían y ella se paraba adelante para pedir que dejaran de cadenear. De lo que renegó mi madre se quedó sin ver. Hemos sufrido mucho por todo esto y hemos tenido que desalojar”, dice la mujer de 40 años, que vive de prestado.
En 2007, el Congreso sancionó la Ley de Protección de Bosques Nativos. Fue un logro cívico celebrado como el matrimonio igualitario. Se creó así un marco legal para detener la tala que avanzaba junto a la soja en todas las direcciones. La ley obligó a cada provincia a dividir sus suelos en zonas aptas para desmonte (verdes), otras para hacerlo en forma limitada (amarillas) y otras de naturaleza intocable (rojas). Se reglamentó en 2009 y al poco tiempo se denunciaron demoras en los ordenamientos territoriales. Las pruebas de que la ley no se aplicaba llegaron más tarde, a través de organizaciones de campesinos de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Formosa y Chaco. Decían lo mismo que hoy: que los desalojos no paran, que aparecen hombres autorizados a desforestar, que les ofrecen trabajo como desmalezadores, que son amenazados, que muchos se van a vivir a periferias urbanas, que algunos murieron intentando defender el monte.
Pedro Segundo, cacique Wichí de la comunidad San José, está sentado en medio de un claro del bosque que rodea su historia. Es el corazón del caserío donde vive, sobre tierras cuyos dueños de Buenos Aires jamás vio. Camisa azul, gorra de River. Muestra una foto reciente. Son sobrinos, hijos, nietos, cuñados, hermanos, él mismo, parados delante de una topadora, la tarde que consiguieron frenarla, con apoyo de activistas de Greenpeace. “Estamos rodeados de desmonte y no podemos salir –dice-, tampoco tomar el agua porque la contaminaron. Yo necesito que el Gobierno entienda nuestro sufrimiento”. No hay matices entre un testimonio y otro. Todos los que hablan pueden ser la misma persona. Es la misma desolación. Todos los lugares pueden ser el mismo lugar. Todo lo que sucedió ayer puede repetirse ahora. Hugo Díaz, de la Comunidad El Chaguaral, otra voz, otra víctima: “Sale veneno del campo –dice–. Se murió un chiquito y la médica dice que fue por el agua envenenada. Nos quieren sacar, pero nosotros somos del bosque y lo necesitamos”.
En mayo, la Auditoría General de la Nación confirmó que la Ley de Bosques casi no se aplica. Pero la catástrofe quedó descubierta con el Monitoreo de Situación de los Bosques Nativos que hace la Secretaría de Medio Ambiente y que se publicó hace 10 días. Señala que entre 2007 y 2013 se desforestaron 1.893.128 hectáreas. Paradójicamente, se desmontó más en bosques protegidos (553.332 hectáreas) que en los que sí está permitido hacerlo (503.948 hectáreas). El 80% de la tala se concentra en Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. Pero Salta, según denuncian más de cien organizaciones (desde CTA hasta Avina, Los Verdes, el Centro Mandela y Fundapaz, entre otros), es la provincia con mayor voluntad violatoria. Allí se talaron 400 mil ha.; 130 mil en zonas donde no se podía tocar un yuyo. Denuncian que el gobierno provincial estaría permitiendo, a través de atajos legales, que los empresarios avancen sobre áreas protegidas. También que no existen arbitrios de la Secretaría de Medio Ambiente para detenerlos. Es tan matemático: si se controla, el problema se acaba.
Según Greenpeace, peligran 150 mil ha. por las recategorizaciones autorizadas por el Gobernador Urtubey, que violarían la ley. Y 25 fincas alcanzadas por decretos provinciales pueden ser desmontadas ya. “Exigimos que Urtubey derogue los decretos con los que los terratenientes consiguen desmontar “, dice Hernán Giardini, titular de la Campaña de Bosques de Greenpeace. La ONG pasó 2014 confrontando con el poder salteño, en una guerra sin tregua. Sus activistas se encadenaron a los árboles y a las topadoras, colgaron banderas, terminaron presos. A pesar de eso, el tema fue noticia cada tanto y rápido volvió a secarse como campo yermo.
Esta crónica se escribe mientras se realiza en Lima la Conferencia Mundial de Cambio Climático, donde se celebrarán preacuerdos para la Cumbre de París 2015. Allí las naciones industrializadas deberían comprometerse a reducir sus emisiones de dióxido de carbono para mitigar efectos del calentamiento global: aumento de la temperatura, sequías, inundaciones, hambre. En estos días, tecnócratas ambientales congelan dramas humanos en resúmenes de Power Point. Dan discursos muy correctos a pares conmovidos como ellos y reciben el apoyo de activistas y políticos igual de conmovidos: sociedad global en plena forma. Ninguna de las personas que habló en esta nota sabrá jamás lo que sucede en Perú. Los apremia otra cuestión. Es el ruido de una máquina que los merodea, amenaza sus árboles y pocas veces se apaga.
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