Caso Vitamina: piden al BID frenar crédito



Piden al BID revisar el préstamo a una empresa que desmontará

Fecha de Publicación
: 03/04/2014
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Salta


Con una nota dirigida al titular del Banco Interamericano de Desarrollo, Hugo Flores Timorán, desde la asociación ambientalista Greenpeace, se advirtió sobre el desmonte que realizarían integrantes del directorio de la empresa Molinos Cañuelas en Salta, pese a las disposiciones en la normativa nacional. Esta fue flexibilizada por regulaciones establecidas desde la provincia de Salta.
Los miembros de la asociación lo hicieron en el marco del préstamo de 85 millones de dólares que solicitó el grupo Navilli a fin de expandir las operaciones de sus empresas Molinos Cañuelas y la Compañía Argentina de Granos.
Indicaron que el Banco Interamericano de Desarrollo, afirma que tiene como objetivo apoyar "los esfuerzos de América Latina y el Caribe para reducir la pobreza y la desigualdad. Nuestro objetivo es lograr el desarrollo de manera sostenible y respetuosa con el clima". Pero ante la posibilidad de que Molinos Cañuelas desmonte en una zona que estaba en amarillo y fue pasada al verde por la Secretaría de Ambiente, sostuvieron que se entiende  que "dichos objetivos resultan incompatibles con el financiamiento a empresas responsables de la deforestación de nuestros últimos bosques nativos, más aún cuando abiertamente violan la normativa nacional que los protege".
Los ambientalistas vienen realizando las campañas contra la empresa que es productora de los Bizcochos 9 de Oro, y de la marca de ropa Vitamina, en tanto, desde la empresa Santa Cecilia del Oeste S.A., que forma parte del grupo, se solicitó al gobierno salteño recategorizar una zona que estaba en amarillo según el Ordenamiento Territorial, a fin de desmontar unas 3.328 hectáreas sobre un total de 6.457 hectáreas de finca El Carmen, en el departamento San Martín.
Por este cambio de reglas pese a la existencia de una Ley nacional que dispone la conservación de los bosques, la entidad ambientalista generó diversas acciones de campaña para evitar el desmonte que, sostuvo, la empresa dijo que igual llevará adelante.
En la nota al BID se indicó que más de 150.000 personas exigieron a la empresa “la inmediata cancelación de los permisos otorgados ilegalmente por el gobierno de Salta y el respeto por la zonificación originalmente asignada en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia. Sin embargo, desde la empresa comunicaron que van deforestar la finca”.
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