Mendoza aprueba el proyecto minero Hierro Indio
09:00 | 
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En medio de protestas, el Senado aprobó el proyecto minero Hierro Indio
Fecha de Publicación: 20/11/2014
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Por 19 votos a favor y 18 en contra el emprendimiento obtuvo media sanción. Hubo manifestaciones en la Legislatura.
El Senado provincial dio luz verde al proyecto minero Hierro Indio por 19 votos a favor contra 18 negativos. De esta forma la iniciativa tuvo media sanción y pasa a la cámara baja en busca de su sanción definitiva.
Las voluntades a favor fueron todas del Partido Justicialista -menos Wanda Paredes que votó en contra- más la del legislador Gustavo Cairo del PRO. En contra, se sumaron los votos de la Unión Cívica Radical, el Frente de Izquierda y el de la oficialista Wanda Paredes. La única abstención fue la del senador Gustavo Valls del Frente Renovador.
Protestas en la Legislatura
En tanto, desde las 11 de la mañana organizaciones antimineras se manifestaron en distintos puntos de la provincia contra la aprobación del emprendimiento minero Hierro Indio, ubicado en Malargüe, que se debatió hoy en el Senado. Incluso una gran cantidad de entidades a favor y en contra del proyecto se concentraron dentro y fuera de la Legislatura provincial.
Quienes se oponen a la iniciativa programaron cortes totales y parciales en rutas nacionales y provinciales en Alevar y San Rafael. Entre quienes resisten la exploración en busca de hierro en el departamento malargüino se encuentran las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, formadas por un grupo de 15 organizaciones de toda la provincia.
Las organizaciones esgrimen que no se ha realizado análisis paleontológico y arqueológico; no se han solicitado los dictámenes sectoriales correspondientes y no se ha convocado a Audiencia Pública. Pero fundamentalmente consideran que la Declaración de Impacto Ambiental no está realizada de manera correcta y que los informes de los organismos técnicos (Ianigla e Irrigación) no son claros sobre el uso del agua.
“Estamos en contra de este tipo de modelo minero a cielo abierto. No hay puntos claros, sobre todo lo relacionado con el uso de agua, algo que no se puede negociar con la crisis hídrica por la que atraviesa Mendoza”, señaló Daniel Funes, uno de los respresentantes de la Asamblea Mendocinas por el Agua Pura de San Carlos.
Del otro lado están quienes apoyan este emprendimiento porque sostienen que es una “buena oportunidad para generar empleo en Mendoza”. “Pero además rescatamos que el proyecto no incumple normas vigentes y necesitamos que la población entienda que los procesos mineros usan agua, pero de ninguna manera la mal gastan”, indicó Víctor Adaro, del Instituto Superior Tecnológico de Minería.
Hierro Indio es una mina abandonada que estuvo activa hasta principios de los ‘70. Lo que está a consideración de la Legislatura es la exploración para determinar cuánto hierro queda en la veta para explotar. La estimación es que hay más de 10 millones de toneladas de hierro.
La veta se encuentra al oeste de Malargüe, cerca de donde nace el río Atuel, pero fuera del área de periglaciares y a más de dos kilómetros del cauce.
Irrigación argumentó durante el debate previo que tuvo este proyecto que no hay acuíferos que pudieran afectarse.
En esta oportunidad el permiso que busca la empresa en la Legislatura es sólo para explorar la zona en busca de hierro.
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Fecha de Publicación: 20/11/2014
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Por 19 votos a favor y 18 en contra el emprendimiento obtuvo media sanción. Hubo manifestaciones en la Legislatura.
El Senado provincial dio luz verde al proyecto minero Hierro Indio por 19 votos a favor contra 18 negativos. De esta forma la iniciativa tuvo media sanción y pasa a la cámara baja en busca de su sanción definitiva.
Las voluntades a favor fueron todas del Partido Justicialista -menos Wanda Paredes que votó en contra- más la del legislador Gustavo Cairo del PRO. En contra, se sumaron los votos de la Unión Cívica Radical, el Frente de Izquierda y el de la oficialista Wanda Paredes. La única abstención fue la del senador Gustavo Valls del Frente Renovador.
Protestas en la Legislatura
En tanto, desde las 11 de la mañana organizaciones antimineras se manifestaron en distintos puntos de la provincia contra la aprobación del emprendimiento minero Hierro Indio, ubicado en Malargüe, que se debatió hoy en el Senado. Incluso una gran cantidad de entidades a favor y en contra del proyecto se concentraron dentro y fuera de la Legislatura provincial.
Quienes se oponen a la iniciativa programaron cortes totales y parciales en rutas nacionales y provinciales en Alevar y San Rafael. Entre quienes resisten la exploración en busca de hierro en el departamento malargüino se encuentran las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, formadas por un grupo de 15 organizaciones de toda la provincia.
Las organizaciones esgrimen que no se ha realizado análisis paleontológico y arqueológico; no se han solicitado los dictámenes sectoriales correspondientes y no se ha convocado a Audiencia Pública. Pero fundamentalmente consideran que la Declaración de Impacto Ambiental no está realizada de manera correcta y que los informes de los organismos técnicos (Ianigla e Irrigación) no son claros sobre el uso del agua.
“Estamos en contra de este tipo de modelo minero a cielo abierto. No hay puntos claros, sobre todo lo relacionado con el uso de agua, algo que no se puede negociar con la crisis hídrica por la que atraviesa Mendoza”, señaló Daniel Funes, uno de los respresentantes de la Asamblea Mendocinas por el Agua Pura de San Carlos.
Del otro lado están quienes apoyan este emprendimiento porque sostienen que es una “buena oportunidad para generar empleo en Mendoza”. “Pero además rescatamos que el proyecto no incumple normas vigentes y necesitamos que la población entienda que los procesos mineros usan agua, pero de ninguna manera la mal gastan”, indicó Víctor Adaro, del Instituto Superior Tecnológico de Minería.
Hierro Indio es una mina abandonada que estuvo activa hasta principios de los ‘70. Lo que está a consideración de la Legislatura es la exploración para determinar cuánto hierro queda en la veta para explotar. La estimación es que hay más de 10 millones de toneladas de hierro.
La veta se encuentra al oeste de Malargüe, cerca de donde nace el río Atuel, pero fuera del área de periglaciares y a más de dos kilómetros del cauce.
Irrigación argumentó durante el debate previo que tuvo este proyecto que no hay acuíferos que pudieran afectarse.
En esta oportunidad el permiso que busca la empresa en la Legislatura es sólo para explorar la zona en busca de hierro.
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Tapires amenazados por la cacería furtiva
Cacería furtiva: una amenaza para los tapires en Misiones
Fecha de Publicación: 20/11/2014
Fuente: Portal masproduccion.com
Provincia/Región: Misiones
En un artículo recientemente publicado en la revista Mammalian Biology, un grupo de científicos revela que la cacería furtiva afecta negativamente la abundancia y restringe el uso de hábitat de los tapires en Misiones.
En el último número de la prestigiosa revista Mammalian Biology se publicó un artículo de un equipo de científicos argentinos en el que exhiben resultados de sus investigaciones en torno a los factores que afectan el uso del hábitat y los horarios de actividad de los tapires en la Selva Paranaense de Misiones (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1616504714000585).
Este estudio fue realizado por los biólogos Paula Cruz, Agustín Paviolo y Mario Di Bitetti, del Instituto de Biología Subtropical (IBS/CONICET-UNaM), pertenecientes también a la Asociación Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA), Roberto Bo del Grupo de Investigaciones en Ecología de Humedales – Laboratorio de Ecología Regional de la UBA, y Jeffrey Thompson de la Asociación Guyra Paraguay.
Los científicos estudiaron el efecto que tienen la cacería, aspectos del ambiente como la distancia a los ríos y arroyos, la abundancia de tacuarembó y otras cañas en el sotobosque y las fases de la luna, sobre el uso del hábitat y los patrones de actividad de los tapires. Para esto, dispusieron más de cien cámaras trampas, que son cámaras fotográficas activadas por sensores infrarrojos, en áreas de selva con distinto nivel de protección contra la cacería, a lo largo del Corredor Verde de Misiones.
“Sabíamos que la cacería furtiva puede afectar a las poblaciones de grandes mamíferos, pero no esperábamos encontrar un efecto tan notorio como el que arrojó nuestro estudio” comentó Paula Cruz. “De todas las variables estudiadas la cacería fue la que más afectó el uso del hábitat de los tapires. Mucho más que la distancia a los ríos y arroyos, variable considerada de gran importancia según otros trabajos publicados para la especie”, comentó la investigadora.
En Argentina, el tapir se encuentra en peligro de extinción y en Misiones fue declarado Monumento Natural Provincial, lo que le otorga una categoría de protección especial. Sin embargo, el tapir actualmente es muy perseguido por cazadores furtivos principalmente por su carne, su cuero y como trofeo de caza.
Cabe destacar que los tapires ayudan a mantener la biodiversidad de los boques que habitan porque son importantes consumidores de plantas y dispersores de semillas. “Nuestros resultados sugieren que debido a la alta presión de caza, muchas áreas de selva de Misiones están sufriendo la ausencia de este importante animal. Esto es muy grave ya que una selva sin tapires va sufriendo desbalances en la composición de sus especies”, declaró el Investigador Agustín Paviolo.
“El Corredor Verde de Misiones, por su extensión y continuidad de selva en relativamente buen estado de conservación, constituye una de las pocas áreas del noreste argentino con posibilidades de conservar al tapir en el largo plazo”, dijo Mario Di Bitetti. El grupo de científicos indicó entre sus conclusiones, que para conservar al tapir y el normal funcionamiento de la selva es necesario reducir los niveles de cacería. Para ello es necesario disponer de más personal y medios en las áreas protegidas y desarrollar acciones de educación sobre esta problemática en zonas críticas de la provincia.
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Fecha de Publicación: 20/11/2014
Fuente: Portal masproduccion.com
Provincia/Región: Misiones
En un artículo recientemente publicado en la revista Mammalian Biology, un grupo de científicos revela que la cacería furtiva afecta negativamente la abundancia y restringe el uso de hábitat de los tapires en Misiones.
En el último número de la prestigiosa revista Mammalian Biology se publicó un artículo de un equipo de científicos argentinos en el que exhiben resultados de sus investigaciones en torno a los factores que afectan el uso del hábitat y los horarios de actividad de los tapires en la Selva Paranaense de Misiones (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1616504714000585).
Este estudio fue realizado por los biólogos Paula Cruz, Agustín Paviolo y Mario Di Bitetti, del Instituto de Biología Subtropical (IBS/CONICET-UNaM), pertenecientes también a la Asociación Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA), Roberto Bo del Grupo de Investigaciones en Ecología de Humedales – Laboratorio de Ecología Regional de la UBA, y Jeffrey Thompson de la Asociación Guyra Paraguay.
Los científicos estudiaron el efecto que tienen la cacería, aspectos del ambiente como la distancia a los ríos y arroyos, la abundancia de tacuarembó y otras cañas en el sotobosque y las fases de la luna, sobre el uso del hábitat y los patrones de actividad de los tapires. Para esto, dispusieron más de cien cámaras trampas, que son cámaras fotográficas activadas por sensores infrarrojos, en áreas de selva con distinto nivel de protección contra la cacería, a lo largo del Corredor Verde de Misiones.
“Sabíamos que la cacería furtiva puede afectar a las poblaciones de grandes mamíferos, pero no esperábamos encontrar un efecto tan notorio como el que arrojó nuestro estudio” comentó Paula Cruz. “De todas las variables estudiadas la cacería fue la que más afectó el uso del hábitat de los tapires. Mucho más que la distancia a los ríos y arroyos, variable considerada de gran importancia según otros trabajos publicados para la especie”, comentó la investigadora.
En Argentina, el tapir se encuentra en peligro de extinción y en Misiones fue declarado Monumento Natural Provincial, lo que le otorga una categoría de protección especial. Sin embargo, el tapir actualmente es muy perseguido por cazadores furtivos principalmente por su carne, su cuero y como trofeo de caza.
Cabe destacar que los tapires ayudan a mantener la biodiversidad de los boques que habitan porque son importantes consumidores de plantas y dispersores de semillas. “Nuestros resultados sugieren que debido a la alta presión de caza, muchas áreas de selva de Misiones están sufriendo la ausencia de este importante animal. Esto es muy grave ya que una selva sin tapires va sufriendo desbalances en la composición de sus especies”, declaró el Investigador Agustín Paviolo.
“El Corredor Verde de Misiones, por su extensión y continuidad de selva en relativamente buen estado de conservación, constituye una de las pocas áreas del noreste argentino con posibilidades de conservar al tapir en el largo plazo”, dijo Mario Di Bitetti. El grupo de científicos indicó entre sus conclusiones, que para conservar al tapir y el normal funcionamiento de la selva es necesario reducir los niveles de cacería. Para ello es necesario disponer de más personal y medios en las áreas protegidas y desarrollar acciones de educación sobre esta problemática en zonas críticas de la provincia.
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Gestionan una reserva provincial en Tierra del Fuego
Buscan declarar reserva provincial a los turbales altos de Ushuaia
Fecha de Publicación: 20/11/2014
Fuente: El Sureño
Provincia/Región: Tierra del Fuego
La legisladora por el Partido Patagónico Popular, (PPP) Laura Rojo, impulsa una nueva presentación en la Legislatura provincial con el fin de declarar reserva provincial a los turbales altos de la ciudad de Ushuaia. El objetivo principal es el de proteger esta importante fuente de agua potable y biodiversidad.
Según argumentó Rojo, esta iniciativa está enmarcada dentro del informe N° 259/14 elaborado por la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, Dirección General de Recursos Hídricos, y que fue realizado en conjunto con la OnG Ingenieros Sin Fronteras a través de la Ing. Alejandra Portatadino, quien pertenece a esa organización.
El estudio advierte sobre el retroceso de los glaciares aunque asegura que es un fenómeno mundial irreversible. Por otra parte este mismo informe cita el estudio realizado por el Ing. Rodolfo Iturraspe en el que se asegura que "el Glaciar Martial experimentó una gran pérdida de superficie en la segunda mitad del siglo XX. Entre 1984 y 2003 sufrió una disminución de espesor promedio de 50 cm por año y, ante esta situación, es que los turbales de las zonas altas hay que prestarle cuidadosa atención y preservarlos como fuentes y recursos de agua potable".
Entre sus fundamentos, y basado en el informe N° 259/14 Laura Rojo hace hincapié en la importancia de capacidad de retención de agua de este turbal por lo que sugiere incorporarlo también dentro del Sitio Ramsar.
Por otra parte indica que en la zona se encuentran las pistas de sky de fondo pero, según el informe, "este deporte no alteraría la zona del humedal siempre que se maneje de una manera sustentable y no se realicen nuevas construcciones. También advierte que se deben respetar los senderos marcados, obligue a no transitar sobre la zona de turbales y se impida la entrada de cuatriciclos, motos de cross y /o de nieve y cualquier vehículo motorizado, ya que dañarían de manera irreparable las formaciones de sphagnum principal almacenador de agua".
Cabe destacar que a partir de 2010, se llevó adelante el Subprograma de Monitoreo de Control de Calidad de Agua de las fuentes de agua potable de la ciudad de Ushuaia integrado por los arroyos Buena Esperanza, Grande, Chorrillo Este, río Pipo y río Olivia aprobado por medio de la Resolución S.D.S.yA. N° 824/10.
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Fecha de Publicación: 20/11/2014
Fuente: El Sureño
Provincia/Región: Tierra del Fuego
La legisladora por el Partido Patagónico Popular, (PPP) Laura Rojo, impulsa una nueva presentación en la Legislatura provincial con el fin de declarar reserva provincial a los turbales altos de la ciudad de Ushuaia. El objetivo principal es el de proteger esta importante fuente de agua potable y biodiversidad.
Según argumentó Rojo, esta iniciativa está enmarcada dentro del informe N° 259/14 elaborado por la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, Dirección General de Recursos Hídricos, y que fue realizado en conjunto con la OnG Ingenieros Sin Fronteras a través de la Ing. Alejandra Portatadino, quien pertenece a esa organización.
El estudio advierte sobre el retroceso de los glaciares aunque asegura que es un fenómeno mundial irreversible. Por otra parte este mismo informe cita el estudio realizado por el Ing. Rodolfo Iturraspe en el que se asegura que "el Glaciar Martial experimentó una gran pérdida de superficie en la segunda mitad del siglo XX. Entre 1984 y 2003 sufrió una disminución de espesor promedio de 50 cm por año y, ante esta situación, es que los turbales de las zonas altas hay que prestarle cuidadosa atención y preservarlos como fuentes y recursos de agua potable".
Entre sus fundamentos, y basado en el informe N° 259/14 Laura Rojo hace hincapié en la importancia de capacidad de retención de agua de este turbal por lo que sugiere incorporarlo también dentro del Sitio Ramsar.
Por otra parte indica que en la zona se encuentran las pistas de sky de fondo pero, según el informe, "este deporte no alteraría la zona del humedal siempre que se maneje de una manera sustentable y no se realicen nuevas construcciones. También advierte que se deben respetar los senderos marcados, obligue a no transitar sobre la zona de turbales y se impida la entrada de cuatriciclos, motos de cross y /o de nieve y cualquier vehículo motorizado, ya que dañarían de manera irreparable las formaciones de sphagnum principal almacenador de agua".
Cabe destacar que a partir de 2010, se llevó adelante el Subprograma de Monitoreo de Control de Calidad de Agua de las fuentes de agua potable de la ciudad de Ushuaia integrado por los arroyos Buena Esperanza, Grande, Chorrillo Este, río Pipo y río Olivia aprobado por medio de la Resolución S.D.S.yA. N° 824/10.
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Los barrios náuticos y las inundaciones
El auge de barrios náuticos agrava inundaciones en Argentina
Fecha de Publicación: 19/11/2014
Fuente: Tierra América
Provincia/Región: Buenos Aires
El fenómeno meteorológico de la sudestada dejó la primera semana de noviembre bajo las aguas a 19 municipios en la llanura bonaerense de Argentina, en unas inundaciones con efectos dramáticos por el avance inmobiliario desenfrenado.
En los años 90 comenzó un auge residencial que privatiza barrios sobre ecosistemas vitales, construyendo muros socio-económicos en la Región Metropolitana de Buenos Aires, y ahora también ambientales.
La sudestada es un fenómeno propio de la cuenca del río de La Plata, de rápida rotación de fuertes vientos, seguida por remolinos de aire y lluvias. Esta vez los vientos superaron los 70 kilómetros por hora y hubo más precipitaciones en dos días que las previstas para dos meses, lo que desbordó ríos, anegó amplias superficies y dejó más de 5.000 evacuados.
Jorge Capitanich, jefe de Gabinete del gobierno de Cristina Fernández, achacó las inundaciones a “una combinación de sudestada, lluvias copiosas y saturación de cuencas hídricas”.
Pero Patricia Pintos, del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad de la Plata, puntualizó que esa confluencia de factores se agravó por la “difusión de un fenómeno urbanizador”, con la proliferación de barrios “náuticos” o “urbanizaciones cerradas acuáticas”.
Esa oferta inmobiliaria de ciudades amuralladas “busca generar paisajes próximos o ligados a cuerpos de agua artificiales o naturales”, explicó a Tierramérica esta geógrafa, coautora del libro “La privatopía sacrílega. Efectos del urbanismo privado en la cuenca baja del río Luján”.
Muchos de estos barrios privados de lujo ocuparon planicies de inundación de ríos y de vastas superficies de humedales, considerados vitales en el curso hídrico natural, para el escurrimiento del agua cuando el agua crece.
“Lo que ocurrió con este fenómeno urbanizador, es que avanzaron sobre el lugar que cumplía el papel de amortización de las crecientes”, explicó.
Los humedales “se taponan con urbanizaciones que, paradójicamente, promocionan un estilo de vida asociado al disfrute del agua y la naturaleza”, acotó a Tierramérica la urbanista Laila Robledo, de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
En la cuenca baja del río Luján, esos barrios para sectores acomodados de la población crecieron en cuatro de los municipios más afectados: Pilar, Campana, Escobar y Tigre, que ocupan más de 7.000 hectáreas.
"La sucesión de 65 urbanizaciones como esas, modificó la topografía del relieve en la zona de desembocadura del río, y frenó el drenaje en eventos como los vividos este mes”, advirtió Pintos.
Esos barrios, que la especialista llama “urbanizaciones cerradas polderizadas (con terraplenes perimetrales)”, “implican una profunda alteración de las características morfológicas naturales, no solo para alcanzar las cotas de nivel de piso habitable en las parcelas de uso residencial (relleno), sino para generar nuevos cuerpos de agua (dragado y refulado)”
Eso implica, por ejemplo, excavar para crear lagunas artificiales y utilizar esa tierra para rellenar áreas bajas.
Además como estos barrios están en áreas anegables, se construyen terraplenes perimetrales de entre seis a 10 metros de altura, para protegerlos del ingreso del agua exterior.
“Sirven de protección pero a la vez ofician de diques y generan situaciones de anegamiento en barrios vecinos”. “Lo que los protege a ellos perjudica a los que están fuera”, sintetizó la geógrafa.
En Tigre, 10 por ciento de sus 350.000 habitantes viven en barrios de ese tipo, que ocupan la mitad del territorio, según ilustró a Tierramérica el secretario general del municipio, Martín Gianella.
“Es lo que llamamos un modelo de segregación socio-territorial. Se divide a través de muros territorios y sociedad”, sostuvo.
Gianella, aclaró que Tigre, en el norte del llamado Gran Buenos Aires, históricamente se ha inundado por sudestadas.
“Lo novedoso que vivimos los últimos cinco años, son inundaciones por lluvias, que no es casual que principalmente ocurran en barrios colindantes con barrios cerrados desarrollados la última década”, sostuvo.
El funcionario exhortó al municipio a controlar y regular esas construcciones y “a exigir un impuesto especial a esos mega desarrolladores, para invertirlo en las obras hidráulicas necesarias”.
Robledo destacó que los cambios de los regímenes hidráulicos no afectan solo a las áreas aledañas a barrios cerrados, porque Buenos Aires es una llanura atravesada por cuencas hidrográficas.
“La ciudad es parte de un metabolismo urbano, lo que se produce en un lugar afecta en el resto”, explicó. Por ello, las soluciones deben ser “interjurisdiccionales”, dijo.
Según la urbanista, la construcción de esos barrios cerrados “favorece la privatización de la ciudad y la especulación inmobiliaria, en detrimento del resto de la población”.
Con base en una “lógica de rentabilidad” sobre el valor del suelo, “las empresas compran áreas inundables e históricamente baratas, las rellenan para hacerlas habitables y generan ganancias extraordinarias”, resumió.
“Es resultado del crecimiento de un modelo de desarrollo de ciudad adoptado por municipios muy propensos a favorecer el desembarco de grandes corrientes de inversión”, añadió Pintos.
Ambas coincidieron en que las normas y los mapas de riesgo socio-ambientales para regular esas construcciones existen, pero que no se aplican.
Los grandes emprendedores inmobiliarios de la provincia de Buenos Aires, como Gonzalo Monarca, presidente del Grupo Monarca, negaron ser responsables del problema que atribuyen al cambio climático.
“Es una argumentación falaz”, reaccionó Robledo. “El cambio climático se evidencia a nivel mundial pero las consecuencias son menores o mayores de acuerdo a como la población se asiente sobre las ciudades.
“Si ocupamos un valle de inundación que sirve para que lo ocupe el agua cuando crece el río, es obvio que el agua va a escurrir hacia otras áreas”, reafirmó.
Robledo consideró que de no regular y prohibir este tipo de emprendimientos, las ciudades permanecerán inundadas cada vez más tiempo y con mayor frecuencia, hasta con lluvias menos copiosas.
Pintos va más lejos con soluciones que son “poco simpáticas (políticamente)” y “muy onerosas”, pero que no deben descartarse ante el agravamiento del problema.
Recordó experiencias de relocalización de poblaciones de la ribera del río Missisipi, sobre la que avanzó históricamente la ciudad estadounidense de Nueva Orleans, con las consecuencias dramáticas del huracán Katrina en 2005.
Otra soluciones intermedias serían prohibir nuevos barrios privados en ecosistemas frágiles, y que se revean las autorizaciones otorgadas para seguir construyendo dentro de ellos.
Recomendó también que las empresas “afronten los costos de remediación”, aunque esas obras serían “un paliativo frente a una situación crítica”, que “podrían haberse evitado si hubiera prevalecido la racionalidad”.
Leandro Silva, jefe de ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, recordó a Tierramérica que en 2010 ese organismo advirtió a los municipios de Zárate, Campana, Escobar, Tigre y San Fernando sobre los riesgos de la expansión de barrios cerrados en el ecosistema del delta del río Paraná, y los exhortó a respetar estudios de impacto ambiental y a ejercer controles estrictos.
“La recurrencia de las inundaciones y los impactos sobre los ciudadanos más vulnerables hace necesario profundizar estos mecanismos, y ejercer la prevención de un modo activo, desplegando en las cuencas hídricas todos los instrumentos de gestión ambiental que exige la legislación: evaluaciones de impacto ambiental, participación ciudadana, ordenamiento ambiental del territorio y acceso a la información pública”, subrayó.
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Fecha de Publicación: 19/11/2014
Fuente: Tierra América
Provincia/Región: Buenos Aires
El fenómeno meteorológico de la sudestada dejó la primera semana de noviembre bajo las aguas a 19 municipios en la llanura bonaerense de Argentina, en unas inundaciones con efectos dramáticos por el avance inmobiliario desenfrenado.
En los años 90 comenzó un auge residencial que privatiza barrios sobre ecosistemas vitales, construyendo muros socio-económicos en la Región Metropolitana de Buenos Aires, y ahora también ambientales.
La sudestada es un fenómeno propio de la cuenca del río de La Plata, de rápida rotación de fuertes vientos, seguida por remolinos de aire y lluvias. Esta vez los vientos superaron los 70 kilómetros por hora y hubo más precipitaciones en dos días que las previstas para dos meses, lo que desbordó ríos, anegó amplias superficies y dejó más de 5.000 evacuados.
Jorge Capitanich, jefe de Gabinete del gobierno de Cristina Fernández, achacó las inundaciones a “una combinación de sudestada, lluvias copiosas y saturación de cuencas hídricas”.
Pero Patricia Pintos, del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad de la Plata, puntualizó que esa confluencia de factores se agravó por la “difusión de un fenómeno urbanizador”, con la proliferación de barrios “náuticos” o “urbanizaciones cerradas acuáticas”.
Esa oferta inmobiliaria de ciudades amuralladas “busca generar paisajes próximos o ligados a cuerpos de agua artificiales o naturales”, explicó a Tierramérica esta geógrafa, coautora del libro “La privatopía sacrílega. Efectos del urbanismo privado en la cuenca baja del río Luján”.
Muchos de estos barrios privados de lujo ocuparon planicies de inundación de ríos y de vastas superficies de humedales, considerados vitales en el curso hídrico natural, para el escurrimiento del agua cuando el agua crece.
“Lo que ocurrió con este fenómeno urbanizador, es que avanzaron sobre el lugar que cumplía el papel de amortización de las crecientes”, explicó.
Los humedales “se taponan con urbanizaciones que, paradójicamente, promocionan un estilo de vida asociado al disfrute del agua y la naturaleza”, acotó a Tierramérica la urbanista Laila Robledo, de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
En la cuenca baja del río Luján, esos barrios para sectores acomodados de la población crecieron en cuatro de los municipios más afectados: Pilar, Campana, Escobar y Tigre, que ocupan más de 7.000 hectáreas.
"La sucesión de 65 urbanizaciones como esas, modificó la topografía del relieve en la zona de desembocadura del río, y frenó el drenaje en eventos como los vividos este mes”, advirtió Pintos.
Esos barrios, que la especialista llama “urbanizaciones cerradas polderizadas (con terraplenes perimetrales)”, “implican una profunda alteración de las características morfológicas naturales, no solo para alcanzar las cotas de nivel de piso habitable en las parcelas de uso residencial (relleno), sino para generar nuevos cuerpos de agua (dragado y refulado)”
Eso implica, por ejemplo, excavar para crear lagunas artificiales y utilizar esa tierra para rellenar áreas bajas.
Además como estos barrios están en áreas anegables, se construyen terraplenes perimetrales de entre seis a 10 metros de altura, para protegerlos del ingreso del agua exterior.
“Sirven de protección pero a la vez ofician de diques y generan situaciones de anegamiento en barrios vecinos”. “Lo que los protege a ellos perjudica a los que están fuera”, sintetizó la geógrafa.
En Tigre, 10 por ciento de sus 350.000 habitantes viven en barrios de ese tipo, que ocupan la mitad del territorio, según ilustró a Tierramérica el secretario general del municipio, Martín Gianella.
“Es lo que llamamos un modelo de segregación socio-territorial. Se divide a través de muros territorios y sociedad”, sostuvo.
Gianella, aclaró que Tigre, en el norte del llamado Gran Buenos Aires, históricamente se ha inundado por sudestadas.
“Lo novedoso que vivimos los últimos cinco años, son inundaciones por lluvias, que no es casual que principalmente ocurran en barrios colindantes con barrios cerrados desarrollados la última década”, sostuvo.
El funcionario exhortó al municipio a controlar y regular esas construcciones y “a exigir un impuesto especial a esos mega desarrolladores, para invertirlo en las obras hidráulicas necesarias”.
Robledo destacó que los cambios de los regímenes hidráulicos no afectan solo a las áreas aledañas a barrios cerrados, porque Buenos Aires es una llanura atravesada por cuencas hidrográficas.
“La ciudad es parte de un metabolismo urbano, lo que se produce en un lugar afecta en el resto”, explicó. Por ello, las soluciones deben ser “interjurisdiccionales”, dijo.
Según la urbanista, la construcción de esos barrios cerrados “favorece la privatización de la ciudad y la especulación inmobiliaria, en detrimento del resto de la población”.
Con base en una “lógica de rentabilidad” sobre el valor del suelo, “las empresas compran áreas inundables e históricamente baratas, las rellenan para hacerlas habitables y generan ganancias extraordinarias”, resumió.
“Es resultado del crecimiento de un modelo de desarrollo de ciudad adoptado por municipios muy propensos a favorecer el desembarco de grandes corrientes de inversión”, añadió Pintos.
Ambas coincidieron en que las normas y los mapas de riesgo socio-ambientales para regular esas construcciones existen, pero que no se aplican.
Los grandes emprendedores inmobiliarios de la provincia de Buenos Aires, como Gonzalo Monarca, presidente del Grupo Monarca, negaron ser responsables del problema que atribuyen al cambio climático.
“Es una argumentación falaz”, reaccionó Robledo. “El cambio climático se evidencia a nivel mundial pero las consecuencias son menores o mayores de acuerdo a como la población se asiente sobre las ciudades.
“Si ocupamos un valle de inundación que sirve para que lo ocupe el agua cuando crece el río, es obvio que el agua va a escurrir hacia otras áreas”, reafirmó.
Robledo consideró que de no regular y prohibir este tipo de emprendimientos, las ciudades permanecerán inundadas cada vez más tiempo y con mayor frecuencia, hasta con lluvias menos copiosas.
Pintos va más lejos con soluciones que son “poco simpáticas (políticamente)” y “muy onerosas”, pero que no deben descartarse ante el agravamiento del problema.
Recordó experiencias de relocalización de poblaciones de la ribera del río Missisipi, sobre la que avanzó históricamente la ciudad estadounidense de Nueva Orleans, con las consecuencias dramáticas del huracán Katrina en 2005.
Otra soluciones intermedias serían prohibir nuevos barrios privados en ecosistemas frágiles, y que se revean las autorizaciones otorgadas para seguir construyendo dentro de ellos.
Recomendó también que las empresas “afronten los costos de remediación”, aunque esas obras serían “un paliativo frente a una situación crítica”, que “podrían haberse evitado si hubiera prevalecido la racionalidad”.
Leandro Silva, jefe de ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, recordó a Tierramérica que en 2010 ese organismo advirtió a los municipios de Zárate, Campana, Escobar, Tigre y San Fernando sobre los riesgos de la expansión de barrios cerrados en el ecosistema del delta del río Paraná, y los exhortó a respetar estudios de impacto ambiental y a ejercer controles estrictos.
“La recurrencia de las inundaciones y los impactos sobre los ciudadanos más vulnerables hace necesario profundizar estos mecanismos, y ejercer la prevención de un modo activo, desplegando en las cuencas hídricas todos los instrumentos de gestión ambiental que exige la legislación: evaluaciones de impacto ambiental, participación ciudadana, ordenamiento ambiental del territorio y acceso a la información pública”, subrayó.
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Producción Más Limpia como instrumento ambiental
La Producción Más Limpia como instrumento de la política ambiental nacional
Fecha de Publicación: 19/11/2014
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La “Segunda Jornada Nacional del Programa Federal de Producción Más Limpia”, que se desarrolló en el Hotel NH City & Tower, contó en la apertura con la disertación del Dr. Ricardo Quiroga, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); del Dr. Daniel Tomasini, Coordinador del Área Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Dra. Beatriz Domingorena, Subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación, dependiente de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) y Directora del Programa Federal de Producción Más Limpia.
Una vez más la Nación, las provincias y las empresas debatieron sobre la importancia de contar con un sistema productivo “sustentable y sostenido”. Con el objetivo de impulsar una ejecución sistemática de una estrategia preventiva e integrada a los procesos, productos y servicios, con el fin de alcanzar los mayores niveles de eficiencia, productividad, competitividad y rentabilidad de las empresas y, a la vez, reducir los riesgos para el ser humano y el ambiente.
Durante la apertura, el Dr. Daniel Tomasini, Coordinador del Área Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señaló que “el programa es de por sí complejo y ambiciosos en el cual participan muchos actores. Pero más allá de las complejidades, fueron años de trabajo y aprendizaje intensivo y, gracias a eso, hoy contamos con un esquema sólido y sostenible”.
En ese sentido indicó que “la primera complejidad fue coordinar un sistema de gestión con Nación, provincias, municipios y dos agencias internacionales. Ya eso habla de la magnitud y la complejidad del programa. Y luego interesar a los empresarios”.
“Pero el logro más importante del Programa –aseveró Tomasini- es que llegó a insertarse en la comunidad empresarial y ha servido como un motor en la toma de decisiones y esperamos que el Programa llegue a todos los sectores de la producción”.
Por su parte, el Dr. Ricardo Quiroga, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señaló que “hemos visto con gran satisfacción un aumento de la demanda de los empresarios para participar y cumplir con las metas ambientales y recibimos de muchos de ellos la gratitud por los logros alcanzados”.
En ese contexto indicó que “nuestra gran ambición es incentivar el compromiso ambiental de las empresas. Éste es el objetivo principal del Programa, y hemos observado que su implementación contribuyó a mejorar la calidad ambiental, al desarrollo de la producción y, a la vez, generó mayor rentabilidad para los empresarios”.
Por último, la Dra. Domingorena aseveró que “este Programa no hubiera sido posible sin la colaboración de los organismos internacionales, sin el apoyo del Gobierno Nacional y las provincias pero sin duda tenemos que destacar la confianza depositada de las más de 1000 empresas que apostaron a este modelo de gestión”.
En el segundo panel disertó el Coordinador del Programa Federal de Producción Más Limpia, Ing. Alfredo Galliano, quien brindó un detallado y pormenorizado estado de situación y avances del Programa Federal de Producción más Limpia. Y luego el Dr. Julio Canusso, gerente de Desarrollo de Mercado y Protección al Inversor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) expuso sobre los alcances de la nueva ley de mercado de capitales y las alternativas de financiamiento para las pymes y Economías Regionales.
Cabe destacar que durante toda la jornada empresarios pymes de todas las provincias disertaron sobre sus experiencias a partir de participar del Programa Federal de Producción Más limpias. También se realizó la entrega de Aportes no Reembolsables a empresas adheridas al Programa Federal de Producción más Limpia. También entregaron certificación de la Diplomatura en Producción Más Limpia que se dictó durante el 2014 en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).
La jornada contó con la presencia de pequeños y medianos empresarios que apostaron a las nuevas estrategias de Producción Más limpia. En este contexto, dirigentes de pymes, empresarios e industriales de Santa Fe, Buenos Aires, Jujuy y Entre Ríos expusieron sus experiencias exitosas y como a partir del Programa Producción Más Limpia estas empresas ahorran una importante cantidad de dinero ya que optimizan los recursos energéticos y de materias primas.
Estos casos exitosos están vinculados a la industria vitivinícola, vitivinifruticula, lácteos, avícola, industria química, curtiembres, plásticos, empresas de servicios, metalúrgica y metalmecánica. No obstante existen otros casos como la industria porcina, ovina, forestoindustria, construcción y turismo que están en constante desarrollo.
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Fecha de Publicación: 19/11/2014
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La “Segunda Jornada Nacional del Programa Federal de Producción Más Limpia”, que se desarrolló en el Hotel NH City & Tower, contó en la apertura con la disertación del Dr. Ricardo Quiroga, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); del Dr. Daniel Tomasini, Coordinador del Área Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Dra. Beatriz Domingorena, Subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación, dependiente de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) y Directora del Programa Federal de Producción Más Limpia.
Una vez más la Nación, las provincias y las empresas debatieron sobre la importancia de contar con un sistema productivo “sustentable y sostenido”. Con el objetivo de impulsar una ejecución sistemática de una estrategia preventiva e integrada a los procesos, productos y servicios, con el fin de alcanzar los mayores niveles de eficiencia, productividad, competitividad y rentabilidad de las empresas y, a la vez, reducir los riesgos para el ser humano y el ambiente.
Durante la apertura, el Dr. Daniel Tomasini, Coordinador del Área Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señaló que “el programa es de por sí complejo y ambiciosos en el cual participan muchos actores. Pero más allá de las complejidades, fueron años de trabajo y aprendizaje intensivo y, gracias a eso, hoy contamos con un esquema sólido y sostenible”.
En ese sentido indicó que “la primera complejidad fue coordinar un sistema de gestión con Nación, provincias, municipios y dos agencias internacionales. Ya eso habla de la magnitud y la complejidad del programa. Y luego interesar a los empresarios”.
“Pero el logro más importante del Programa –aseveró Tomasini- es que llegó a insertarse en la comunidad empresarial y ha servido como un motor en la toma de decisiones y esperamos que el Programa llegue a todos los sectores de la producción”.
Por su parte, el Dr. Ricardo Quiroga, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señaló que “hemos visto con gran satisfacción un aumento de la demanda de los empresarios para participar y cumplir con las metas ambientales y recibimos de muchos de ellos la gratitud por los logros alcanzados”.
En ese contexto indicó que “nuestra gran ambición es incentivar el compromiso ambiental de las empresas. Éste es el objetivo principal del Programa, y hemos observado que su implementación contribuyó a mejorar la calidad ambiental, al desarrollo de la producción y, a la vez, generó mayor rentabilidad para los empresarios”.
Por último, la Dra. Domingorena aseveró que “este Programa no hubiera sido posible sin la colaboración de los organismos internacionales, sin el apoyo del Gobierno Nacional y las provincias pero sin duda tenemos que destacar la confianza depositada de las más de 1000 empresas que apostaron a este modelo de gestión”.
En el segundo panel disertó el Coordinador del Programa Federal de Producción Más Limpia, Ing. Alfredo Galliano, quien brindó un detallado y pormenorizado estado de situación y avances del Programa Federal de Producción más Limpia. Y luego el Dr. Julio Canusso, gerente de Desarrollo de Mercado y Protección al Inversor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) expuso sobre los alcances de la nueva ley de mercado de capitales y las alternativas de financiamiento para las pymes y Economías Regionales.
Cabe destacar que durante toda la jornada empresarios pymes de todas las provincias disertaron sobre sus experiencias a partir de participar del Programa Federal de Producción Más limpias. También se realizó la entrega de Aportes no Reembolsables a empresas adheridas al Programa Federal de Producción más Limpia. También entregaron certificación de la Diplomatura en Producción Más Limpia que se dictó durante el 2014 en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).
La jornada contó con la presencia de pequeños y medianos empresarios que apostaron a las nuevas estrategias de Producción Más limpia. En este contexto, dirigentes de pymes, empresarios e industriales de Santa Fe, Buenos Aires, Jujuy y Entre Ríos expusieron sus experiencias exitosas y como a partir del Programa Producción Más Limpia estas empresas ahorran una importante cantidad de dinero ya que optimizan los recursos energéticos y de materias primas.
Estos casos exitosos están vinculados a la industria vitivinícola, vitivinifruticula, lácteos, avícola, industria química, curtiembres, plásticos, empresas de servicios, metalúrgica y metalmecánica. No obstante existen otros casos como la industria porcina, ovina, forestoindustria, construcción y turismo que están en constante desarrollo.
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Totoras: productores fumigaron huerta escolar orgánica
Tensión en Totoras por aspersión de agroquímicos en un centro educativo
Fecha de Publicación: 19/11/2014
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Fernando Duranti, un ingeniero agrónomo especializado en agroecología denunció pulverizaciones irregulares y sospecha que, como represalia, fumigaron su huerta orgánica.
Integrantes del Centro de Educación Agroecológico (CEA) Nº 4 de Totoras denunciaron a productores agropecuarios por no respetar la ordenanza que regula el uso de agroquímicos y aseguraron que fueron víctimas de un atentado en el que le asperjaron plaguicidas sobre la huerta orgánica que cultivan. El tenso conflicto, que comenzó en septiembre último, ocupa durante estos días a las autoridades municipales que intentan mediar entre los intereses económicos de los productores agropecuarios y el reclamo de los vecinos que demandan medidas preventivas para evitar enfermedades derivadas de la aspersión de agroquímicos y el cuidado del ambiente. También interesa a la Justicia que deberá echar luz sobre una situación que se replica día tras día en la mayoría de las poblaciones rurales de las provincias sojeras argentinas.
Lo particular del caso es que el conflicto emerge por el encuentro de dos modelos agrarios que contraponen sus intereses, con el agravante de un Estado ausente a la hora de discernir sobre el asunto o identificado con criterios productivistas y exclusivamente económicos que inclinan la balanza hacia uno de los sectores en puja. Por un lado se ubican los productores que en los años 90 adoptaron el modelo de agricultura industrial, y por el otro quienes están convencidos de que los métodos que garantizan un equilibrio y mantienen los procesos ecológicos de la naturaleza son los que perdurarán en el tiempo y garantizarán una buena calidad de vida para las generaciones futuras.
Todo empezó cuando integrantes del CEA denunciaron aspersiones irregulares en cercanías de la escuela rural y de la vivienda que habita uno de los docentes. "Una mañana llegó al campo vecino una máquina de las llamadas . Mi compañera entrevistó al operador y le preguntó qué producto aplicarían y le pidió que suspenda la actividad porque había mucho viento. El hombre le respondió que sólo utilizaría fertilizante y luego se retiró del lugar", contó a este diario Fernando Duranti, un ingeniero agrónomo especializado en agroecología y docente que habita en el lugar.
"Luego hablamos con la jueza de Faltas y le comunicamos lo ocurrido. Por la tarde vino el dueño del campo y le dijo a mi señora que se meta adentro de la casa porque iba a fumigar igual", relató y agregó que "a partir de ahí hicimos la denuncia ante la jueza y más tarde en la comisaría. Queríamos resolver la situación y que respeten al menos la ordenanza en vigencia que delimita una zona de resguardo de 100 metros".
El docente, junto a profesionales en salud, derecho y ambiente y vecinos preocupados, propuso entonces al Concejo iniciar una serie de debates con especialistas para profundizar los alcances de esa ordenanza. Su máxima inquietud se fundamenta en los resultados del campamento sanitario realizado en 2012 por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. Según ese estudio el 85 por ciento de la población cree que la principal causa de muchas enfermedades en la ciudad es el generalizado uso de agroquímicos.
Los legisladores propiciaron el debate y durante la exposición en una de las sesiones irrumpió un grupo de productores "con el objetivo de desvirtuar el aporte general sobre la problemática y centrarla en el episodio de la escuela", explicó Duranti.
Comisión. El Concejo propuso entonces conformar una comisión para discutir el tema y desde el municipio se convocó a una reunión. "El planteo de la jueza y los productores fue reducir la cantidad de metros que establece la ordenanza y desde dónde se medía esa distancia: no estaba claro si se aplicaba desde el límite del terreno o desde la vivienda", sostuvo.
"La jueza envió una propuesta de modificación de la ordenanza para que se contemplen 20 metros desde la vivienda y, a partir de allí, se midan los cien metros que rigen actualmente", aclaró el profesional.
El Concejo no aprobó la modificación y propició un encuentro con los involucrados, especialistas del Inta Oliveros y el intendente. Estos últimos no asistieron. Los afectados propusieron en cambio retomar los datos que arrojó el campamento sanitario y profundizarlos con un estudio epidemiológico de la ciudad. "Queremos saber si con esta prohibición de cien metros la gente se sigue enfermando y no centrar la discusión sobre lo que ocurre en la escuela", añadió el docente.
Como propuesta Duranti también sugirió convocar a los expertos del Inta, de la Facultad de Agronomía y a las instituciones que trabajan alternativas productivas más amigables con el ambiente. Añadió que sería necesario financiar viajes para que los agricultores conozcan experiencias para transformar sus producciones hacia la agroecología "porque además de ventajas ambientales y mejores condiciones sanitarias se gana en mayores índices de rentabilidad. La idea es resolver un problema de una forma participativa y consensuada en la que se involucre a los vecinos y a todos los interesados", indicó.
También aportó la idea de convocar a especialistas para que ilustren a los ediles sobre la situación. El jueves último disertó en el recinto el ingeniero químico Marcos Tomasoni, un investigador sobre el comportamiento y efecto de las derivas en la aplicación de agroquímicos. En ese contexto se convocó a técnicos del Inta para que el próximo martes diserten sobre el tema ante los concejales.
Investigación por un supuesto atentado
Hace dos semanas Duranti y su compañera notaron que los cultivos de la huerta orgánica comenzaron a debilitarse. Luego se secaron y sospecharon que habían aplicado químicos sobre las plantas. “Llamé a dos ingenieros agrónomos y ambos constataron que se aplicó una mezcla de agroquímicos con mochila”, relató Fernando y abundó “considero esto como un atentado porque mientras no advertimos lo sucedido consumíamos de la quinta”.
Sin compromiso. “Mi apreciación es que no hay compromiso. Hablé con los concejales y me expresaron que los productores los fueron a “visitar” —para no decir que los apretaron—, para modificar la ordenanza”, dijo.
“A una reunión llevé cinco proyectos de ordenanza en los que se trata el tema con profunda fundamentación. Como contraparte la jueza llevó una de Arequito que habla de cero metros como zona de resguardo. Hay una parcialidad manifiesta desde los poderes políticos locales o una presión tan fuerte que no les permite hacer un análisis constructivo”, afirmó.
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Fecha de Publicación: 19/11/2014
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Fernando Duranti, un ingeniero agrónomo especializado en agroecología denunció pulverizaciones irregulares y sospecha que, como represalia, fumigaron su huerta orgánica.
Integrantes del Centro de Educación Agroecológico (CEA) Nº 4 de Totoras denunciaron a productores agropecuarios por no respetar la ordenanza que regula el uso de agroquímicos y aseguraron que fueron víctimas de un atentado en el que le asperjaron plaguicidas sobre la huerta orgánica que cultivan. El tenso conflicto, que comenzó en septiembre último, ocupa durante estos días a las autoridades municipales que intentan mediar entre los intereses económicos de los productores agropecuarios y el reclamo de los vecinos que demandan medidas preventivas para evitar enfermedades derivadas de la aspersión de agroquímicos y el cuidado del ambiente. También interesa a la Justicia que deberá echar luz sobre una situación que se replica día tras día en la mayoría de las poblaciones rurales de las provincias sojeras argentinas.
Lo particular del caso es que el conflicto emerge por el encuentro de dos modelos agrarios que contraponen sus intereses, con el agravante de un Estado ausente a la hora de discernir sobre el asunto o identificado con criterios productivistas y exclusivamente económicos que inclinan la balanza hacia uno de los sectores en puja. Por un lado se ubican los productores que en los años 90 adoptaron el modelo de agricultura industrial, y por el otro quienes están convencidos de que los métodos que garantizan un equilibrio y mantienen los procesos ecológicos de la naturaleza son los que perdurarán en el tiempo y garantizarán una buena calidad de vida para las generaciones futuras.
Todo empezó cuando integrantes del CEA denunciaron aspersiones irregulares en cercanías de la escuela rural y de la vivienda que habita uno de los docentes. "Una mañana llegó al campo vecino una máquina de las llamadas . Mi compañera entrevistó al operador y le preguntó qué producto aplicarían y le pidió que suspenda la actividad porque había mucho viento. El hombre le respondió que sólo utilizaría fertilizante y luego se retiró del lugar", contó a este diario Fernando Duranti, un ingeniero agrónomo especializado en agroecología y docente que habita en el lugar.
"Luego hablamos con la jueza de Faltas y le comunicamos lo ocurrido. Por la tarde vino el dueño del campo y le dijo a mi señora que se meta adentro de la casa porque iba a fumigar igual", relató y agregó que "a partir de ahí hicimos la denuncia ante la jueza y más tarde en la comisaría. Queríamos resolver la situación y que respeten al menos la ordenanza en vigencia que delimita una zona de resguardo de 100 metros".
El docente, junto a profesionales en salud, derecho y ambiente y vecinos preocupados, propuso entonces al Concejo iniciar una serie de debates con especialistas para profundizar los alcances de esa ordenanza. Su máxima inquietud se fundamenta en los resultados del campamento sanitario realizado en 2012 por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. Según ese estudio el 85 por ciento de la población cree que la principal causa de muchas enfermedades en la ciudad es el generalizado uso de agroquímicos.
Los legisladores propiciaron el debate y durante la exposición en una de las sesiones irrumpió un grupo de productores "con el objetivo de desvirtuar el aporte general sobre la problemática y centrarla en el episodio de la escuela", explicó Duranti.
Comisión. El Concejo propuso entonces conformar una comisión para discutir el tema y desde el municipio se convocó a una reunión. "El planteo de la jueza y los productores fue reducir la cantidad de metros que establece la ordenanza y desde dónde se medía esa distancia: no estaba claro si se aplicaba desde el límite del terreno o desde la vivienda", sostuvo.
"La jueza envió una propuesta de modificación de la ordenanza para que se contemplen 20 metros desde la vivienda y, a partir de allí, se midan los cien metros que rigen actualmente", aclaró el profesional.
El Concejo no aprobó la modificación y propició un encuentro con los involucrados, especialistas del Inta Oliveros y el intendente. Estos últimos no asistieron. Los afectados propusieron en cambio retomar los datos que arrojó el campamento sanitario y profundizarlos con un estudio epidemiológico de la ciudad. "Queremos saber si con esta prohibición de cien metros la gente se sigue enfermando y no centrar la discusión sobre lo que ocurre en la escuela", añadió el docente.
Como propuesta Duranti también sugirió convocar a los expertos del Inta, de la Facultad de Agronomía y a las instituciones que trabajan alternativas productivas más amigables con el ambiente. Añadió que sería necesario financiar viajes para que los agricultores conozcan experiencias para transformar sus producciones hacia la agroecología "porque además de ventajas ambientales y mejores condiciones sanitarias se gana en mayores índices de rentabilidad. La idea es resolver un problema de una forma participativa y consensuada en la que se involucre a los vecinos y a todos los interesados", indicó.
También aportó la idea de convocar a especialistas para que ilustren a los ediles sobre la situación. El jueves último disertó en el recinto el ingeniero químico Marcos Tomasoni, un investigador sobre el comportamiento y efecto de las derivas en la aplicación de agroquímicos. En ese contexto se convocó a técnicos del Inta para que el próximo martes diserten sobre el tema ante los concejales.
Investigación por un supuesto atentado
Hace dos semanas Duranti y su compañera notaron que los cultivos de la huerta orgánica comenzaron a debilitarse. Luego se secaron y sospecharon que habían aplicado químicos sobre las plantas. “Llamé a dos ingenieros agrónomos y ambos constataron que se aplicó una mezcla de agroquímicos con mochila”, relató Fernando y abundó “considero esto como un atentado porque mientras no advertimos lo sucedido consumíamos de la quinta”.
Sin compromiso. “Mi apreciación es que no hay compromiso. Hablé con los concejales y me expresaron que los productores los fueron a “visitar” —para no decir que los apretaron—, para modificar la ordenanza”, dijo.
“A una reunión llevé cinco proyectos de ordenanza en los que se trata el tema con profunda fundamentación. Como contraparte la jueza llevó una de Arequito que habla de cero metros como zona de resguardo. Hay una parcialidad manifiesta desde los poderes políticos locales o una presión tan fuerte que no les permite hacer un análisis constructivo”, afirmó.
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PN rechaza explotar petróleo en Calilegua
Argentina rechaza una explotación petrolífera en un Parque Nacional
Fecha de Publicación: 18/11/2014
Fuente: EFE
Provincia/Región: Jujuy
Parques Nacionales de Argentina ha rechazado la propuesta presentada por la empresa petrolera de origen chino JHP International para la explotación del yacimiento Caimancito, situado en la provincia argentina de Jujuy (noroeste).
El organismo que agrupa los parques naturales de Argentina considera la propuesta de “inapropiada” e indica que la oferta de JHP “contradice los lineamientos establecidos por el marco legal vigente, concretamente la Ley 22.351 de Parques Nacionales, la Ley General del Ambiente y la Ley de Explotación de Hidrocarburos”.
Además recuerda que es parte querellante en la causa que investiga la existencia de impacto ambiental provocado por las aguas surgentes del pozo petrolero “E-3, en la zona del Arroyo Yuto, fuera de la jurisdicción del Parque Nacional Calilegua, al que pertenece Caimancito, pero que lo afectan directamente.
El yacimiento petrolero Caimancito, que ocupa unas 5.700 hectáreas del área protegida, se comenzó a explotar en 1969. Diez años después, la empresa agroindustrial Ledesma donó más de 76.000 hectáreas para la creación del Parque Nacional Calilegua, incluyendo dicho yacimiento en esa donación.
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Fecha de Publicación: 18/11/2014
Fuente: EFE
Provincia/Región: Jujuy
Parques Nacionales de Argentina ha rechazado la propuesta presentada por la empresa petrolera de origen chino JHP International para la explotación del yacimiento Caimancito, situado en la provincia argentina de Jujuy (noroeste).
El organismo que agrupa los parques naturales de Argentina considera la propuesta de “inapropiada” e indica que la oferta de JHP “contradice los lineamientos establecidos por el marco legal vigente, concretamente la Ley 22.351 de Parques Nacionales, la Ley General del Ambiente y la Ley de Explotación de Hidrocarburos”.
Además recuerda que es parte querellante en la causa que investiga la existencia de impacto ambiental provocado por las aguas surgentes del pozo petrolero “E-3, en la zona del Arroyo Yuto, fuera de la jurisdicción del Parque Nacional Calilegua, al que pertenece Caimancito, pero que lo afectan directamente.
El yacimiento petrolero Caimancito, que ocupa unas 5.700 hectáreas del área protegida, se comenzó a explotar en 1969. Diez años después, la empresa agroindustrial Ledesma donó más de 76.000 hectáreas para la creación del Parque Nacional Calilegua, incluyendo dicho yacimiento en esa donación.
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El impacto ambiental de las represas en Santa Cruz
Energía que duele: impacto ambiental de las represas sobre el Santa Cruz
Fecha de Publicación: 18/11/2014
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Cruz
Ambientalistas, investigadores y pobladores se oponen a la construcción de dos grandes obras hidroeléctricas sobre el único río de origen glaciar que llega al océano Atlántico
Pocas veces un río patagónico ha sido eje de tan agrias disputas como el Santa Cruz, envuelto en una ríspida controversia ambiental que promete dirimirse en la Corte Suprema. Ese sinuoso curso hídrico de 385 km, que nace en el Lago Argentino, alimenta su cauce por el deshielo de los ventisqueros del Parque Nacional Los Glaciares y serpentea por la meseta hasta volcar sus aguas turquesas en el Atlántico, pronto desaparecerá del mapa.
En lo que promete ser la mayor obra hidroeléctrica después de Yacyretá, el gobierno nacional dispuso la construcción de dos grandes represas que, en seis años, cuando se terminen, producirán el 10 por ciento de la energía que hoy consume el país.
Su emplazamiento, según objetan distintos grupos opositores al proyecto, no sólo podría afectar el desenvolvimiento natural de tres glaciares patagónicos, entre ellos el Perito Moreno, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. También modificará una geografía virgen, testimonio de las últimas glaciaciones, impregnada de yacimientos arqueológicos y convertida en acervo histórico a partir de las exploraciones que allí emprendieron Charles Darwin, Robert Fitz Roy y el perito Francisco P. Moreno.
En el siglo XIX, los naturalistas remontaron el río Santa Cruz a la sirga para descifrar sus meandros misteriosos, indagar en sus orígenes glaciares y describir su fauna: tropillas de guanacos, ñandúes, zorros, pumas, cóndores y más de 130 especies de aves, que Darwin y el perito Moreno documentaron.
A un costo de US$ 4700 millones, financiados por China,las represas Néstor Kirchner (RNK), en la estancia Cóndor Cliff, y Jorge Cepernic (RJC), en La Barrancosa, comenzarán a construirse en enero, cuando el gigante asiático gire al país el primer tramo crediticio. Antes, el Estado nacional deberá desembolsar un seguro de US$ 230 millones a la firma Sinosure para que Represas Patagónicas, la UTE conformada por las constructoras Electroingeniería, Hidrocuyo y la china Gezhouba Group, adjudicatarias de la licitación, inicien las obras preliminares: preparación de obradores, caminos y puentes, según precisaron a LA NACION voceros de Electroingeniería.
El complejo hidroeléctrico, un proyecto de los años 50, estudiado en su factibilidad durante la dictadura y modificado por el kirchnerismo, inundará mediante un sistema de pared-tapones en las partes altas del terreno medio centenar de estancias (47.000 hectáreas), propiedad en gran parte del empresario Lázaro Báez. Tendrán 11 turbinas que generarán 5000 GWh anuales, con una potencia de 1740 MW. Se emplearán 5000 personas, entre ellas personal calificado chino, responsable de la ingeniería y las turbinas.
Su concreción supone un endeudamiento equiparable al 25% del producto bruto de Santa Cruz; a razón de US$ 15.000 por habitante de esa provincia. Será la mayor herencia en infraestructura que deje el gobierno kirchnerista.
Al margen de sus costos y de su polémica licitación, es su imprevisible impacto ambiental sobre los procesos naturales de los glaciares Perito Moreno, Spegazzini y Upsala, junto a la desaparición de gran parte de ese río mediante sendos embalses, lo que ha movilizado a un heterogéneo frente opositor a esa megaobra.
Por un lado, tras estudiar el proyecto, el ingeniero civil Gerardo Bartolomé denunció que la cota máxima para la RNK, de 179,80 msnm, está fijada a una altura inadecuada, al mismo nivel promedio del Lago Argentino, lo que provocará -afirmó- un incremento del nivel del lago para que la represa pueda operar a máxima altura con ese caudal.
Esto generará un efecto de mareas en un paso estrecho como es el Canal de los Témpanos -dijo- que erosionarán el frente del glaciar Perito Moreno, impidiendo su avance y, con ello, sus fabulosos megarrompimientos, cada cuatro u ocho años.
"Así como está proyectada su cota máxima, la RNK se alimentará del lago, que subirá y bajará su nivel en función de los requerimientos y consumo energéticos, sobre todo en verano, provenientes de Buenos Aires. Esto es lo que se quiere ocultar. El glaciar no sólo no será inmune a un aumento de 1,40 m del nivel del lago, por acción del agua encajonada; tampoco lo será a los efectos erosivos de la velocidad de variación que esos niveles cambiantes provoquen en su frente. Si se bajara la cota de la represa tres metros, ésta operaría sin afectar el Lago Argentino -advirtió-. Para que se entienda: proyectar las presas y embalses allí es como emplazar otras cerca de las cataratas de Iguazú."
El glaciólogo del Conicet Juan Pablo Milana, que días atrás realizó estudios de campo en el área, juzgó aún más amplios sus posibles efectos, al incluir impactos que podrían ser irreversibles también sobre los glaciares Spegazzini y Upsala.
"Es un tema que se debería estudiar muy seriamente antes de emprender la obra. Aumentar el nivel de Lago Argentino generará un efecto de flotación natural de los tres glaciares. Una presión hídrica menor en la base de estos cuerpos no sólo provocará el despegue del hielo, que en el caso del Perito Moreno tiende a ser más fino; su proceso de ruptura también se alterará por los efectos de flotación, erosión y ausencia del gradiente hidráulico natural."
Milana comparó el proyecto de las hidroeléctricas con el de Futaleufú, del 78. "Esa represa, que se hizo para alimentar Aluar, inundó cuatro lagos de un parque nacional, sepultó bajo el agua la especie arbórea más antigua que se conoce, alerces de 4000 años, y borró del mapa los rápidos de Futaleufú, que eran la maravilla hídrica de Chubut. Por eso los mapuches la llaman Amutui Quimei (belleza perdida)", se quejó el geólogo.
Consultados por LA NACION, voceros de Ministerio de Planificación y de Electroingeniería negaron en forma categórica que las represas eleven los niveles del Lago Argentino. "Una vez concluidas las obras, todo el sistema natural funcionará como si no existieran las hidroeléctricas", señalaron voceros ministeriales.
En Electroingeniería agregaron: "El vertedero principal de la RNK se fijó a más de seis metros por debajo del nivel máximo, de 178,90 m de la cota, por lo cual se asegura que el embalse siempre podrá operar para no afectar los niveles naturales y fluctuantes del Lago Argentino exigidos en el pliego. Por lo tanto, no se afectarán los glaciares".
Al margen de tecnicismos, las presas suman otros graves cuestionamientos: la ausencia de un estudio de impacto ambiental (EIA) previo, que comenzará a hacerse conjuntamente con las obras, y la ausencia de una discusión ciudadana mediante consulta popular, como lo establecen la Constitución en su artículo 4 y las leyes general del ambiente (25.675) y de protección de glaciares (26.639).
"Se están anteponiendo los negocios por encima del medio ambiente. El proyecto es una violación flagrante de la normativa y es inconstitucional", cuestionó Mariano Aguilar, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia. El letrado, profesor de posgrado en Derecho Ambiental en la UBA, adelantó que elevará a la Corte "una medida precautoria para suspender las obras hasta tanto no cuenten con el EIA que garantice la preservación del ecosistema".
Por su incidencia interjurisdiccional, ya que afecta a un parque nacional y una provincia, el amparo se presentará en el más alto tribunal, precisó.
Está previsto en el pliego de licitación que el EIA sea realizado por la misma UTE adjudicataria de las obras. "Es como darle a cuidar el gallinero al lobo", se opone Bartolomé.
Además de la ONG Calafate Natural, otras voces, como Río Santa Cruz sin Represas (Rscsr) y Banco de Bosques (BB), a quienes LA NACION acompañó en la navegación y exploración del curso superior del río Santa Cruz desde el punto Charles Furh, donde se cierra el embalse Néstor Kirchner, hasta su inicio, en Cóndor Cliff, y, por tierra, hasta La Barrancosa, también se oponen con diferentes argumentaciones.
"Aspiramos a que se hagan bien las cosas, con la seriedad que un ecosistema tan frágil requiere y conforme a las leyes", señaló el presidente de BB, Pedro Friedrich, gran conocedor de la región de glaciares. Nicolás Abramzon y Sofía Nemenmann, impulsores del movimiento Rscsr, se alinean con el ejemplo en la Patagonia chilena, que las rechazó en la región de Aysén.
Los jóvenes aportaron otros argumentos: "Todo el valle del río Santa Cruz es un santuario de vida silvestre, de fósiles, de restos arqueológicos de los tehuelches, que se perderán. En la región del viento, todavía no se han discutido alternativas eólicas ni de energía solar", sentenciaron.
"Se sabe, además, que el nuevo sistema de interconectado podrá transportar sólo un 45% de la energía que produzcan las represas. Carece de sentido semejante obra para la capacidad limitada del sistema", sostuvo Abramzon.
Y agregó: "Estas represas figuraban bien abajo entre las prioridades energéticas de la provincia. De golpe, hoy son una necesidad perentoria y un hecho consumado. Hay otra cuestión: además de borrar un río emblemático de la Argentina, el único de origen glaciar que llega al Atlántico, debería estudiarse cómo impactarán esas megarrepresas en las proximidades de otro Parque Nacional: Monte León", sostuvo Abramzon.
Eduardo Shule, el guía de la expedición y residente de El Calafate, que remó varias veces el curso del Santa Cruz con un kayak, opinó: "No soy activista ambiental. Simplemente defiendo la existencia de este río tal como está".
¿Qué observó LA NACION en esa expedición con acampe en sus misteriosos y casi inaccesibles márgenes? Barrancos de greda y piedra de más de 200 metros altura que hilvanan un paisaje estremecedor, coronado por el vuelo de cóndores y águilas mora, bandurrias, cauquenes y aves de coloridos deslumbrantes, como los carpinteros patagónicos y los chingolos. Costas pedregosas y asimétricas en ambas márgenes de un cauce de aguas prístinas (de 3 a 15 m de profundidad y de hasta 300 m de ancho) para beber.
Es un torrente caprichosamente indómito, pero también sereno, de un turquesa lechoso por los sedimentos pulverizados que deja el glaciar. Lo surcan cisnes de cuello negro, flamencos y patos. En la estepa, tropillas de guanacos y choiques en abundancia, solitarios zorrinos, zorros rojos y grises, quienes azorados frente a la presencia humana huyen en la inmensidad de esa "meseta misteriosa", como la bautizó el perito Moreno. Es un ámbito inhóspito, interrumpido por algún viejo casco de estancia, y envuelto por la magia del silencio.
En la región alta de Cóndor Cliff, que simula ser una geografía serrana por sus morenas y pliegues, aunque en realidad es una meseta ahuecada por el paso de un glaciar, "imaginar allí un embalse supone malograr, con la mano del hombre, una porción de naturaleza agreste y deslumbrante como pocas veces se vio jamás", apuntaban los ocasionales compañeros de viaje.
La Barrancosa se hunde en una mayor monotonía, pero sus hondonadas, perdidas en el horizonte, grafican lo que es la vastedad.
Lo dijo el perito Moreno al recorrer este valle: "La conformidad, hija de la necesidad, presagia negros colores en el futuro horizonte". El debate está abierto.
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Fecha de Publicación: 18/11/2014
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Cruz
Ambientalistas, investigadores y pobladores se oponen a la construcción de dos grandes obras hidroeléctricas sobre el único río de origen glaciar que llega al océano Atlántico
Pocas veces un río patagónico ha sido eje de tan agrias disputas como el Santa Cruz, envuelto en una ríspida controversia ambiental que promete dirimirse en la Corte Suprema. Ese sinuoso curso hídrico de 385 km, que nace en el Lago Argentino, alimenta su cauce por el deshielo de los ventisqueros del Parque Nacional Los Glaciares y serpentea por la meseta hasta volcar sus aguas turquesas en el Atlántico, pronto desaparecerá del mapa.
En lo que promete ser la mayor obra hidroeléctrica después de Yacyretá, el gobierno nacional dispuso la construcción de dos grandes represas que, en seis años, cuando se terminen, producirán el 10 por ciento de la energía que hoy consume el país.
Su emplazamiento, según objetan distintos grupos opositores al proyecto, no sólo podría afectar el desenvolvimiento natural de tres glaciares patagónicos, entre ellos el Perito Moreno, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. También modificará una geografía virgen, testimonio de las últimas glaciaciones, impregnada de yacimientos arqueológicos y convertida en acervo histórico a partir de las exploraciones que allí emprendieron Charles Darwin, Robert Fitz Roy y el perito Francisco P. Moreno.
En el siglo XIX, los naturalistas remontaron el río Santa Cruz a la sirga para descifrar sus meandros misteriosos, indagar en sus orígenes glaciares y describir su fauna: tropillas de guanacos, ñandúes, zorros, pumas, cóndores y más de 130 especies de aves, que Darwin y el perito Moreno documentaron.
A un costo de US$ 4700 millones, financiados por China,las represas Néstor Kirchner (RNK), en la estancia Cóndor Cliff, y Jorge Cepernic (RJC), en La Barrancosa, comenzarán a construirse en enero, cuando el gigante asiático gire al país el primer tramo crediticio. Antes, el Estado nacional deberá desembolsar un seguro de US$ 230 millones a la firma Sinosure para que Represas Patagónicas, la UTE conformada por las constructoras Electroingeniería, Hidrocuyo y la china Gezhouba Group, adjudicatarias de la licitación, inicien las obras preliminares: preparación de obradores, caminos y puentes, según precisaron a LA NACION voceros de Electroingeniería.
El complejo hidroeléctrico, un proyecto de los años 50, estudiado en su factibilidad durante la dictadura y modificado por el kirchnerismo, inundará mediante un sistema de pared-tapones en las partes altas del terreno medio centenar de estancias (47.000 hectáreas), propiedad en gran parte del empresario Lázaro Báez. Tendrán 11 turbinas que generarán 5000 GWh anuales, con una potencia de 1740 MW. Se emplearán 5000 personas, entre ellas personal calificado chino, responsable de la ingeniería y las turbinas.
Su concreción supone un endeudamiento equiparable al 25% del producto bruto de Santa Cruz; a razón de US$ 15.000 por habitante de esa provincia. Será la mayor herencia en infraestructura que deje el gobierno kirchnerista.
Al margen de sus costos y de su polémica licitación, es su imprevisible impacto ambiental sobre los procesos naturales de los glaciares Perito Moreno, Spegazzini y Upsala, junto a la desaparición de gran parte de ese río mediante sendos embalses, lo que ha movilizado a un heterogéneo frente opositor a esa megaobra.
Por un lado, tras estudiar el proyecto, el ingeniero civil Gerardo Bartolomé denunció que la cota máxima para la RNK, de 179,80 msnm, está fijada a una altura inadecuada, al mismo nivel promedio del Lago Argentino, lo que provocará -afirmó- un incremento del nivel del lago para que la represa pueda operar a máxima altura con ese caudal.
Esto generará un efecto de mareas en un paso estrecho como es el Canal de los Témpanos -dijo- que erosionarán el frente del glaciar Perito Moreno, impidiendo su avance y, con ello, sus fabulosos megarrompimientos, cada cuatro u ocho años.
"Así como está proyectada su cota máxima, la RNK se alimentará del lago, que subirá y bajará su nivel en función de los requerimientos y consumo energéticos, sobre todo en verano, provenientes de Buenos Aires. Esto es lo que se quiere ocultar. El glaciar no sólo no será inmune a un aumento de 1,40 m del nivel del lago, por acción del agua encajonada; tampoco lo será a los efectos erosivos de la velocidad de variación que esos niveles cambiantes provoquen en su frente. Si se bajara la cota de la represa tres metros, ésta operaría sin afectar el Lago Argentino -advirtió-. Para que se entienda: proyectar las presas y embalses allí es como emplazar otras cerca de las cataratas de Iguazú."
El glaciólogo del Conicet Juan Pablo Milana, que días atrás realizó estudios de campo en el área, juzgó aún más amplios sus posibles efectos, al incluir impactos que podrían ser irreversibles también sobre los glaciares Spegazzini y Upsala.
"Es un tema que se debería estudiar muy seriamente antes de emprender la obra. Aumentar el nivel de Lago Argentino generará un efecto de flotación natural de los tres glaciares. Una presión hídrica menor en la base de estos cuerpos no sólo provocará el despegue del hielo, que en el caso del Perito Moreno tiende a ser más fino; su proceso de ruptura también se alterará por los efectos de flotación, erosión y ausencia del gradiente hidráulico natural."
Milana comparó el proyecto de las hidroeléctricas con el de Futaleufú, del 78. "Esa represa, que se hizo para alimentar Aluar, inundó cuatro lagos de un parque nacional, sepultó bajo el agua la especie arbórea más antigua que se conoce, alerces de 4000 años, y borró del mapa los rápidos de Futaleufú, que eran la maravilla hídrica de Chubut. Por eso los mapuches la llaman Amutui Quimei (belleza perdida)", se quejó el geólogo.
Consultados por LA NACION, voceros de Ministerio de Planificación y de Electroingeniería negaron en forma categórica que las represas eleven los niveles del Lago Argentino. "Una vez concluidas las obras, todo el sistema natural funcionará como si no existieran las hidroeléctricas", señalaron voceros ministeriales.
En Electroingeniería agregaron: "El vertedero principal de la RNK se fijó a más de seis metros por debajo del nivel máximo, de 178,90 m de la cota, por lo cual se asegura que el embalse siempre podrá operar para no afectar los niveles naturales y fluctuantes del Lago Argentino exigidos en el pliego. Por lo tanto, no se afectarán los glaciares".
Al margen de tecnicismos, las presas suman otros graves cuestionamientos: la ausencia de un estudio de impacto ambiental (EIA) previo, que comenzará a hacerse conjuntamente con las obras, y la ausencia de una discusión ciudadana mediante consulta popular, como lo establecen la Constitución en su artículo 4 y las leyes general del ambiente (25.675) y de protección de glaciares (26.639).
"Se están anteponiendo los negocios por encima del medio ambiente. El proyecto es una violación flagrante de la normativa y es inconstitucional", cuestionó Mariano Aguilar, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia. El letrado, profesor de posgrado en Derecho Ambiental en la UBA, adelantó que elevará a la Corte "una medida precautoria para suspender las obras hasta tanto no cuenten con el EIA que garantice la preservación del ecosistema".
Por su incidencia interjurisdiccional, ya que afecta a un parque nacional y una provincia, el amparo se presentará en el más alto tribunal, precisó.
Está previsto en el pliego de licitación que el EIA sea realizado por la misma UTE adjudicataria de las obras. "Es como darle a cuidar el gallinero al lobo", se opone Bartolomé.
Además de la ONG Calafate Natural, otras voces, como Río Santa Cruz sin Represas (Rscsr) y Banco de Bosques (BB), a quienes LA NACION acompañó en la navegación y exploración del curso superior del río Santa Cruz desde el punto Charles Furh, donde se cierra el embalse Néstor Kirchner, hasta su inicio, en Cóndor Cliff, y, por tierra, hasta La Barrancosa, también se oponen con diferentes argumentaciones.
"Aspiramos a que se hagan bien las cosas, con la seriedad que un ecosistema tan frágil requiere y conforme a las leyes", señaló el presidente de BB, Pedro Friedrich, gran conocedor de la región de glaciares. Nicolás Abramzon y Sofía Nemenmann, impulsores del movimiento Rscsr, se alinean con el ejemplo en la Patagonia chilena, que las rechazó en la región de Aysén.
Los jóvenes aportaron otros argumentos: "Todo el valle del río Santa Cruz es un santuario de vida silvestre, de fósiles, de restos arqueológicos de los tehuelches, que se perderán. En la región del viento, todavía no se han discutido alternativas eólicas ni de energía solar", sentenciaron.
"Se sabe, además, que el nuevo sistema de interconectado podrá transportar sólo un 45% de la energía que produzcan las represas. Carece de sentido semejante obra para la capacidad limitada del sistema", sostuvo Abramzon.
Y agregó: "Estas represas figuraban bien abajo entre las prioridades energéticas de la provincia. De golpe, hoy son una necesidad perentoria y un hecho consumado. Hay otra cuestión: además de borrar un río emblemático de la Argentina, el único de origen glaciar que llega al Atlántico, debería estudiarse cómo impactarán esas megarrepresas en las proximidades de otro Parque Nacional: Monte León", sostuvo Abramzon.
Eduardo Shule, el guía de la expedición y residente de El Calafate, que remó varias veces el curso del Santa Cruz con un kayak, opinó: "No soy activista ambiental. Simplemente defiendo la existencia de este río tal como está".
¿Qué observó LA NACION en esa expedición con acampe en sus misteriosos y casi inaccesibles márgenes? Barrancos de greda y piedra de más de 200 metros altura que hilvanan un paisaje estremecedor, coronado por el vuelo de cóndores y águilas mora, bandurrias, cauquenes y aves de coloridos deslumbrantes, como los carpinteros patagónicos y los chingolos. Costas pedregosas y asimétricas en ambas márgenes de un cauce de aguas prístinas (de 3 a 15 m de profundidad y de hasta 300 m de ancho) para beber.
Es un torrente caprichosamente indómito, pero también sereno, de un turquesa lechoso por los sedimentos pulverizados que deja el glaciar. Lo surcan cisnes de cuello negro, flamencos y patos. En la estepa, tropillas de guanacos y choiques en abundancia, solitarios zorrinos, zorros rojos y grises, quienes azorados frente a la presencia humana huyen en la inmensidad de esa "meseta misteriosa", como la bautizó el perito Moreno. Es un ámbito inhóspito, interrumpido por algún viejo casco de estancia, y envuelto por la magia del silencio.
En la región alta de Cóndor Cliff, que simula ser una geografía serrana por sus morenas y pliegues, aunque en realidad es una meseta ahuecada por el paso de un glaciar, "imaginar allí un embalse supone malograr, con la mano del hombre, una porción de naturaleza agreste y deslumbrante como pocas veces se vio jamás", apuntaban los ocasionales compañeros de viaje.
La Barrancosa se hunde en una mayor monotonía, pero sus hondonadas, perdidas en el horizonte, grafican lo que es la vastedad.
Lo dijo el perito Moreno al recorrer este valle: "La conformidad, hija de la necesidad, presagia negros colores en el futuro horizonte". El debate está abierto.
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Andresito conservará las cuencas hídricas
Vida Silvestre celebra la iniciativa del municipio de Andresito para conservar y recuperar sus cuencas hídricas
Fecha de Publicación: 18/11/2014
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
La Fundación Vida Silvestre Argentina celebra la aprobación de la ordenanza de creación de un Plan Municipal para la gestión, conservación y restauración de las cuencas hídricas del municipio de Comandante Andresito. Para Vida Silvestre, que junto a otras organizaciones trabaja en el municipio en proyectos ligados a la conservación y recuperación forestal de cuencas, la ordenanza representa un paso fundamental en el trabajo por mejorar la disponibilidad de agua en calidad y cantidad en las áreas rurales y urbanas de Andresito.
“Es una herramienta que evidencia el compromiso con el ambiente y los recursos que son vitales para la comunidad”, señaló Manuel Jaramillo, coordinador del Programa Selva Paranaense de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Además agregó “aplaudimos a las autoridades de Andresito por esta iniciativa y animamos a otros municipios a asumir el compromiso de monitorear, conservar y recuperar la protección de sus cuencas hídricas.”
Vida Silvestre lleva plantados más de 61.000 árboles nativos en una superficie de poco más de 105 hectáreas de bordes de arroyos en el marco del proyecto “Apoyando la recuperación forestal y mejorando la calidad del agua en Andresito” implementado a partir de junio de 2008. El proyecto cuenta con el respaldo de la comunidad local, junto a quienes se inició el proceso de recuperación de entre 10 y 30 metros de los bordes de arroyos deforestados en sus propiedades. “Desde Vida Silvestre seguiremos colaborando para que el municipio fortalezca sus capacidades para la implementación de esta innovadora ordenanza” afirmó Jaramillo.
La ordenanza, presentada por el ejecutivo y aprobada el 2 de octubre por una unanimidad del cuerpo deliberativo de Andresito, tiene como objetivos “promover y estimular la conservación de las nacientes y recursos de agua y los bosques protectores mediante la participación ciudadana, la educación ambiental, la compensación económica y la promoción del desarrollo agrícola sostenible”. Además, prevé la implementación de un mecanismo de monitoreo y control de la cobertura boscosa de las cuencas hidrográficas del municipio.
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Fecha de Publicación: 18/11/2014
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
La Fundación Vida Silvestre Argentina celebra la aprobación de la ordenanza de creación de un Plan Municipal para la gestión, conservación y restauración de las cuencas hídricas del municipio de Comandante Andresito. Para Vida Silvestre, que junto a otras organizaciones trabaja en el municipio en proyectos ligados a la conservación y recuperación forestal de cuencas, la ordenanza representa un paso fundamental en el trabajo por mejorar la disponibilidad de agua en calidad y cantidad en las áreas rurales y urbanas de Andresito.
“Es una herramienta que evidencia el compromiso con el ambiente y los recursos que son vitales para la comunidad”, señaló Manuel Jaramillo, coordinador del Programa Selva Paranaense de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Además agregó “aplaudimos a las autoridades de Andresito por esta iniciativa y animamos a otros municipios a asumir el compromiso de monitorear, conservar y recuperar la protección de sus cuencas hídricas.”
Vida Silvestre lleva plantados más de 61.000 árboles nativos en una superficie de poco más de 105 hectáreas de bordes de arroyos en el marco del proyecto “Apoyando la recuperación forestal y mejorando la calidad del agua en Andresito” implementado a partir de junio de 2008. El proyecto cuenta con el respaldo de la comunidad local, junto a quienes se inició el proceso de recuperación de entre 10 y 30 metros de los bordes de arroyos deforestados en sus propiedades. “Desde Vida Silvestre seguiremos colaborando para que el municipio fortalezca sus capacidades para la implementación de esta innovadora ordenanza” afirmó Jaramillo.
La ordenanza, presentada por el ejecutivo y aprobada el 2 de octubre por una unanimidad del cuerpo deliberativo de Andresito, tiene como objetivos “promover y estimular la conservación de las nacientes y recursos de agua y los bosques protectores mediante la participación ciudadana, la educación ambiental, la compensación económica y la promoción del desarrollo agrícola sostenible”. Además, prevé la implementación de un mecanismo de monitoreo y control de la cobertura boscosa de las cuencas hidrográficas del municipio.
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El cáncer asociado al agro
El mapa del cáncer en Córdoba y Santa Fe
Fecha de Publicación: 17/11/2014
Fuente: La Voz del Interior (Córdoba)
Provincia/Región: Córdoba - Santa Fe
Tanto en la pampa húmeda santafesina, como en Córdoba, la tasa de mortalidad por cáncer es significativamente más elevada que en otros departamentos. Mapa interactivo.
Según los datos de 2005-2008, ocho departamentos santafesinos del sur y el oeste tienen una tasa de mortalidad por esta enfermedad que oscila entre 238,3 y 193,4 muertes cada 100 mil habitantes por año, mientras el promedio provincial es 174,7.
La misma situación se produce, en espejo, del lado cordobés, con cuatro departamentos del este provincial con las más altas tasas. Marcos Juárez, Presidente Roque Sáenz Peña, Unión y San Justo, todos limítrofes con Santa Fe, tienen una tasa de mortalidad que oscila entre 216 y 229 muertes anuales por cada 100 mil habitantes. El promedio provincial es una tasa de 60,8 muertes por cáncer cada 100 mil habitantes.
Cáncer en la Pampa Húmeda de Santa Fe
La mayor mortalidad se da en los departamentos que limitan con Córdoba. Hay entre 238,3 y 193,4 muertes cada 100 mil habitantes.
En la Pampa Húmeda santafesina, al igual que ocurre en Córdoba, la tasa de mortalidad por cáncer es significativamente más elevada que en otros departamentos de esa provincia, con indicadores que superan con creces el promedio provincial.
La situación se registra en jurisdicciones del sur y el oeste de Santa Fe, con claras diferencias en relación con las que se localizan en el norte y el este.
Los datos surgen del Registro Provincial de Cáncer de Santa Fe, elaborado en 2011 por el Ministerio de Salud de esa provincia, que muestra que en el cuatrienio 2005-2008, ocho departamentos santafesinos del sur y el oeste tienen una tasa de mortalidad por esta enfermedad que oscila entre 238,3 y 193,4 muertes cada 100 mil habitantes por año, mientras el promedio provincial es 174,7.
Los indicadores más bajos se hallan, de acuerdo con los datos oficiales de Santa Fe, en los departamentos ubicados en el extremo este, seguidos por los del norte de esa provincia. Así, en Garay mueren por cáncer 117,7 personas cada 100 mil habitantes y en San Javier (en la misma región) la tasa es de 119,5.
El mapa de mortalidad por cáncer de Santa Fe llama la atención porque pareciera reflejar, en espejo, la situación que se registra al respecto en la provincia de Córdoba, de acuerdo con el Informe sobre Cáncer en la Provincia de Córdoba 2004-2011, dado a conocer este año por el Ministerio de Salud de Córdoba en base a los datos recogidos por el Registro Provincial de Tumores, que por primera vez incluye al interior.
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Fecha de Publicación: 17/11/2014
Fuente: La Voz del Interior (Córdoba)
Provincia/Región: Córdoba - Santa Fe
Tanto en la pampa húmeda santafesina, como en Córdoba, la tasa de mortalidad por cáncer es significativamente más elevada que en otros departamentos. Mapa interactivo.
Según los datos de 2005-2008, ocho departamentos santafesinos del sur y el oeste tienen una tasa de mortalidad por esta enfermedad que oscila entre 238,3 y 193,4 muertes cada 100 mil habitantes por año, mientras el promedio provincial es 174,7.
La misma situación se produce, en espejo, del lado cordobés, con cuatro departamentos del este provincial con las más altas tasas. Marcos Juárez, Presidente Roque Sáenz Peña, Unión y San Justo, todos limítrofes con Santa Fe, tienen una tasa de mortalidad que oscila entre 216 y 229 muertes anuales por cada 100 mil habitantes. El promedio provincial es una tasa de 60,8 muertes por cáncer cada 100 mil habitantes.
Cáncer en la Pampa Húmeda de Santa Fe
La mayor mortalidad se da en los departamentos que limitan con Córdoba. Hay entre 238,3 y 193,4 muertes cada 100 mil habitantes.
En la Pampa Húmeda santafesina, al igual que ocurre en Córdoba, la tasa de mortalidad por cáncer es significativamente más elevada que en otros departamentos de esa provincia, con indicadores que superan con creces el promedio provincial.
La situación se registra en jurisdicciones del sur y el oeste de Santa Fe, con claras diferencias en relación con las que se localizan en el norte y el este.
Los datos surgen del Registro Provincial de Cáncer de Santa Fe, elaborado en 2011 por el Ministerio de Salud de esa provincia, que muestra que en el cuatrienio 2005-2008, ocho departamentos santafesinos del sur y el oeste tienen una tasa de mortalidad por esta enfermedad que oscila entre 238,3 y 193,4 muertes cada 100 mil habitantes por año, mientras el promedio provincial es 174,7.
Los indicadores más bajos se hallan, de acuerdo con los datos oficiales de Santa Fe, en los departamentos ubicados en el extremo este, seguidos por los del norte de esa provincia. Así, en Garay mueren por cáncer 117,7 personas cada 100 mil habitantes y en San Javier (en la misma región) la tasa es de 119,5.
El mapa de mortalidad por cáncer de Santa Fe llama la atención porque pareciera reflejar, en espejo, la situación que se registra al respecto en la provincia de Córdoba, de acuerdo con el Informe sobre Cáncer en la Provincia de Córdoba 2004-2011, dado a conocer este año por el Ministerio de Salud de Córdoba en base a los datos recogidos por el Registro Provincial de Tumores, que por primera vez incluye al interior.
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Bosques Salta: dicen que trabajan en el reordenamiento
Nuevos cruces entre Greenpeace y el gobierno por la Ley de Bosques
Fecha de Publicación: 17/11/2014
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
La organización ambientalista pidió a la Nación que intervenga para que Salta cumpla norma. Desde Ambiente dijeron que están trabajando en la revisión del reordenamiento.
La organización ambientalista Greenpeace solicitó ayer que el gobierno de la Nación intervenga para que Salta respete la Ley Nacional de Bosques. En un comunicado firmado por distintas organizaciones sociales (universitarias, políticas, de investigación y profesionales), solicitó que el gobierno provincial “derogue los decretos que permiten realizar recategorizaciones prediales”.
En la solicitada, la organización denuncia que en Salta ya se deforestaron 400.000 hectáreas desde la sanción de la ley nacional. Además le reclaman al gobierno local la recategorización de más de 150.000 hectáreas de bosques nativos.
Respuesta oficial
Ante el reclamo de la organización ambientalista, el ministro de Ambiente y Producción Sustentable, Baltasar Saravia, destacó que Salta fue la primer provincia que tuvo su ordenamiento territorial y que actualmente está en un proceso de revisión. Para ello, “se ha convocado a una mesa de trabajo con todos los sectores involucrados, tanto ambientalistas, como productores, universidades y organismos técnicos como el Copaipa”.
El funcionario además enfatizó que desde el gobierno se está trabajando con “cuestiones prácticas y efectivas como los corredores ecológicos” y realizando un trabajo fuerte para combatir el desmonte ilegal.
“Como política de Estado, la cuestión ambiental es primordial”, señaló Saravia e indicó que la gestión actual “redujo sustancialmente las habilitaciones de tierra”. Además aclaró que la política de su cartera es mantener y crear mecanismos que sean cada vez sean más rigurosos con aquellos que estén fuera de la ley y mecanismos más ágiles para aquellos que estén dentro de la misma.
Saravia expresó además que desde el gobierno son conscientes de que manejan la provincia con mayor cantidad de bosque nativo en el país: “por eso está en el foco de muchas organizaciones y entidades públicas”.
El secretario de Ambiente de la provincia, Gustavo Paul, también se refirió al comunicado de Greenpeace y señaló que la organización, al pedir la intervención de la Nación, está solicitando que la provincia no respete sus derechos adquiridos.
El funcionario también señaló que desde la gestión se está trabajando en la nueva revisión del reordenamiento territorial, “con las recategorizaciones suspendidas y conversando con las comunidades aborígenes”.
Sobre informe de Auditoría General de la Nación que cita Greenpeace en su comunicado, Paul manifestó que aún no tuvieron la posibilidad de conversar con el Gobierno nacional y agregó que “ellos basan la información en datos que les brindó la subsecretaria de Política Ambiental y otras organizaciones”. A partir de ello, la Auditoría “hace una impresión sobre informes recabados pero no por haber realizado un informe en Salta”, concluyó el funcionario.
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Fecha de Publicación: 17/11/2014
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
La organización ambientalista pidió a la Nación que intervenga para que Salta cumpla norma. Desde Ambiente dijeron que están trabajando en la revisión del reordenamiento.
La organización ambientalista Greenpeace solicitó ayer que el gobierno de la Nación intervenga para que Salta respete la Ley Nacional de Bosques. En un comunicado firmado por distintas organizaciones sociales (universitarias, políticas, de investigación y profesionales), solicitó que el gobierno provincial “derogue los decretos que permiten realizar recategorizaciones prediales”.
En la solicitada, la organización denuncia que en Salta ya se deforestaron 400.000 hectáreas desde la sanción de la ley nacional. Además le reclaman al gobierno local la recategorización de más de 150.000 hectáreas de bosques nativos.
Respuesta oficial
Ante el reclamo de la organización ambientalista, el ministro de Ambiente y Producción Sustentable, Baltasar Saravia, destacó que Salta fue la primer provincia que tuvo su ordenamiento territorial y que actualmente está en un proceso de revisión. Para ello, “se ha convocado a una mesa de trabajo con todos los sectores involucrados, tanto ambientalistas, como productores, universidades y organismos técnicos como el Copaipa”.
El funcionario además enfatizó que desde el gobierno se está trabajando con “cuestiones prácticas y efectivas como los corredores ecológicos” y realizando un trabajo fuerte para combatir el desmonte ilegal.
“Como política de Estado, la cuestión ambiental es primordial”, señaló Saravia e indicó que la gestión actual “redujo sustancialmente las habilitaciones de tierra”. Además aclaró que la política de su cartera es mantener y crear mecanismos que sean cada vez sean más rigurosos con aquellos que estén fuera de la ley y mecanismos más ágiles para aquellos que estén dentro de la misma.
Saravia expresó además que desde el gobierno son conscientes de que manejan la provincia con mayor cantidad de bosque nativo en el país: “por eso está en el foco de muchas organizaciones y entidades públicas”.
El secretario de Ambiente de la provincia, Gustavo Paul, también se refirió al comunicado de Greenpeace y señaló que la organización, al pedir la intervención de la Nación, está solicitando que la provincia no respete sus derechos adquiridos.
El funcionario también señaló que desde la gestión se está trabajando en la nueva revisión del reordenamiento territorial, “con las recategorizaciones suspendidas y conversando con las comunidades aborígenes”.
Sobre informe de Auditoría General de la Nación que cita Greenpeace en su comunicado, Paul manifestó que aún no tuvieron la posibilidad de conversar con el Gobierno nacional y agregó que “ellos basan la información en datos que les brindó la subsecretaria de Política Ambiental y otras organizaciones”. A partir de ello, la Auditoría “hace una impresión sobre informes recabados pero no por haber realizado un informe en Salta”, concluyó el funcionario.
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Ordenan audiencia pública por enriquecimiento de uranio
Justicia ordenó realizar audiencia pública por enriquecimiento de uranio en Pilcaniyeu
Fecha de Publicación: 17/11/2014
Fuente: ADN
Provincia/Región: Río Negro
Después de 19 meses que fuera denunciado por ADN un pacto para lograr enriquecer rápidamente uranio en RN, la Justicia provincial, producto de un amparo presentado por el legislador radical Alejandro Betelú, ordenó a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Río Negro a realizar una Audiencia Pública, como establece la ley.
El juez de amparo, Enrique Mansilla, resolvió “hacer lugar parcialmente al amparo interpuesto ordenando a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Río Negro que convoque a audiencia pública dentro de los treinta días hábiles administrativos de notificada la presente, de conformidad con la normativa legal pertinente y las consideraciones precedentes”.
Además se ordenó que el pronunciamiento administrativo que convoca a la audiencia pública sea puesto en conocimiento de este Tribunal dentro de los cinco días hábiles de emitido.
También se dispuso que la autoridad de aplicación deberá dicte una nueva Resolución Ambiental (art. 7º inc. e), ley M 3266) sobre la actividad motivo de estos autos, con posterioridad a la celebración de la audiencia pública y dentro de los plazos estatuidos normativamente
El 9 de enero de este año, por resolución Nro. 010/2014 SayDS/2014, detectada y difundida por ADN seis meses después, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para reactivar el módulo experimental de enriquecimiento de uranio del Complejo Tecnológico Pilcaniyeu presentado por la CNEA, pero sin contar con el fiel cumplimiento de la Ley M Nº 3.266 que regula el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ya que se omitió realizar la Audiencia Pública, que establece la norma.
Hay que recordar que la Fiscalía de Estado, en ese entonces a cargo de Pablo Bergonzi, opinó en el expediente que la regulación y fiscalización de la actividad nuclear se encuentra sujeta a la jurisdicción nacional (art. 10 de la Ley 24.804), y que por tanto debiera rechazarse el planteo del amparista.
En el mismo sentido la Procuradora General de la Provincia, Silvia Baquero Lazcano, sostuvo que el planteo efectuado se trata de competencia federal, ya que la actividad cuestionada se encuentra regulada en Ley Nacional 24.804 y que la Autoridad Regulatoria Nuclear es la que posee entre sus funciones facultades y obligaciones la de evaluar el impacto ambiental de toda actividad que licencia, entendiéndose por tal a aquellas actividades de monitoreo, estudio y seguimiento de la incidencia, evolución o posibilidad de daño ambiental que pueda provenir de la actividad nuclear. Ninguno de los dos planteos, tanto del fiscal Del Estado como de la Procuración fueron compartidos por el juez que dictaminó en contrario.
Mansilla resolvió el amparo ambiental en un extenso fallo, en el día de ayer, jueves 13 noviembre quien entendió fundado el planteo del amparista en el marco del expediente administrativo caratulado ”Reactivación del Módulo Experimental de Enriquecimiento de uranio del Complejo Tecnológico Pilcaniyeu. Comisión Nacional de Energía Atómica renglón 5414”.
Refiere en la sentencia que la Provincia conserva su competencia en materia ambiental, la que con exclusión de la regulación y fiscalización de la actividad nuclear conforme ley Nº 24804 resulta insoslayable que debe tener en cuenta que los eventuales impactos que la actividad pudiera tener, repercuten en el territorio de la provincia, ya que el lugar de instalación de la planta, los cuerpos receptores de efluentes y otros residuos generados por la actividad, son de jurisdicción provincial por lo que la competencia ambiental y la aplicación de legislación provincial no tiene parámetro de discusión.
Asimismo reconoce que la Secretaria de Media Ambiente como autoridad de aplicación de la ley M 3266 , ha decidido omitir la audiencia pública prevista específicamente en dicha norma sin dar razones plausibles para ello.
Mansilla resolvió hacer lugar parcialmente al amparo ambiental interpuesto por el Legislador Betelú, el 29 julio de este año, ordenando a la Secretaria de Medio Ambiente convoque a audiencia pública dentro de los treinta días hábiles administrativos de notificada la presente, de conformidad con el articulo 7 inciso c) ley M Nº 3266.
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Fecha de Publicación: 17/11/2014
Fuente: ADN
Provincia/Región: Río Negro
Después de 19 meses que fuera denunciado por ADN un pacto para lograr enriquecer rápidamente uranio en RN, la Justicia provincial, producto de un amparo presentado por el legislador radical Alejandro Betelú, ordenó a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Río Negro a realizar una Audiencia Pública, como establece la ley.
El juez de amparo, Enrique Mansilla, resolvió “hacer lugar parcialmente al amparo interpuesto ordenando a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Río Negro que convoque a audiencia pública dentro de los treinta días hábiles administrativos de notificada la presente, de conformidad con la normativa legal pertinente y las consideraciones precedentes”.
Además se ordenó que el pronunciamiento administrativo que convoca a la audiencia pública sea puesto en conocimiento de este Tribunal dentro de los cinco días hábiles de emitido.
También se dispuso que la autoridad de aplicación deberá dicte una nueva Resolución Ambiental (art. 7º inc. e), ley M 3266) sobre la actividad motivo de estos autos, con posterioridad a la celebración de la audiencia pública y dentro de los plazos estatuidos normativamente
El 9 de enero de este año, por resolución Nro. 010/2014 SayDS/2014, detectada y difundida por ADN seis meses después, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para reactivar el módulo experimental de enriquecimiento de uranio del Complejo Tecnológico Pilcaniyeu presentado por la CNEA, pero sin contar con el fiel cumplimiento de la Ley M Nº 3.266 que regula el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ya que se omitió realizar la Audiencia Pública, que establece la norma.
Hay que recordar que la Fiscalía de Estado, en ese entonces a cargo de Pablo Bergonzi, opinó en el expediente que la regulación y fiscalización de la actividad nuclear se encuentra sujeta a la jurisdicción nacional (art. 10 de la Ley 24.804), y que por tanto debiera rechazarse el planteo del amparista.
En el mismo sentido la Procuradora General de la Provincia, Silvia Baquero Lazcano, sostuvo que el planteo efectuado se trata de competencia federal, ya que la actividad cuestionada se encuentra regulada en Ley Nacional 24.804 y que la Autoridad Regulatoria Nuclear es la que posee entre sus funciones facultades y obligaciones la de evaluar el impacto ambiental de toda actividad que licencia, entendiéndose por tal a aquellas actividades de monitoreo, estudio y seguimiento de la incidencia, evolución o posibilidad de daño ambiental que pueda provenir de la actividad nuclear. Ninguno de los dos planteos, tanto del fiscal Del Estado como de la Procuración fueron compartidos por el juez que dictaminó en contrario.
Mansilla resolvió el amparo ambiental en un extenso fallo, en el día de ayer, jueves 13 noviembre quien entendió fundado el planteo del amparista en el marco del expediente administrativo caratulado ”Reactivación del Módulo Experimental de Enriquecimiento de uranio del Complejo Tecnológico Pilcaniyeu. Comisión Nacional de Energía Atómica renglón 5414”.
Refiere en la sentencia que la Provincia conserva su competencia en materia ambiental, la que con exclusión de la regulación y fiscalización de la actividad nuclear conforme ley Nº 24804 resulta insoslayable que debe tener en cuenta que los eventuales impactos que la actividad pudiera tener, repercuten en el territorio de la provincia, ya que el lugar de instalación de la planta, los cuerpos receptores de efluentes y otros residuos generados por la actividad, son de jurisdicción provincial por lo que la competencia ambiental y la aplicación de legislación provincial no tiene parámetro de discusión.
Asimismo reconoce que la Secretaria de Media Ambiente como autoridad de aplicación de la ley M 3266 , ha decidido omitir la audiencia pública prevista específicamente en dicha norma sin dar razones plausibles para ello.
Mansilla resolvió hacer lugar parcialmente al amparo ambiental interpuesto por el Legislador Betelú, el 29 julio de este año, ordenando a la Secretaria de Medio Ambiente convoque a audiencia pública dentro de los treinta días hábiles administrativos de notificada la presente, de conformidad con el articulo 7 inciso c) ley M Nº 3266.
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Reclamos a Nación por los desmontes en Salta
Organizaciones y expertos reclaman a Nación que intervenga por los desmontes en Salta
Fecha de Publicación: 16/11/2014
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Salta - Nacional
Organizaciones y científicos especializados en la materia enviaron a las autoridades ambientales un documento con el pedido urgente para que se realicen “las acciones pertinentes para que el Poder Ejecutivo de Salta cumpla en forma estricta las restricciones establecidas en su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y derogue los decretos que permiten realizar recategorizaciones prediales”.
"En Salta ya se deforestaron más de 400.000 hectáreas desde la sanción de la Ley, de las cuales 120.000 hectáreas se trataban de zonas protegidas. Los desmontes, además de generar importantes impactos ambientales, afectan seriamente a comunidades campesinas e indígenas", advierte el informe.
Los firmantes señalaron a las autoridades nacionales que "resulta sumamente grave que, mediante los decretos 2211/10 y 3136/11, el Poder Ejecutivo provincial realice en forma sistemática recategorizaciones prediales que modifican, a simple solicitud del titular de la finca, la zonificación establecida en el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos".
"La provincia de Salta ya ha recategorizado más de 150.000 hectáreas de bosques nativos inicialmente zonificados en las Categorías I – rojo y II - amarillo. Debido a esta extensa superficie, nos enfrentamos ya con un cambio claro del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos original sin haber cumplido los requerimientos establecidos por la Ley Nacional de Bosques y su decreto reglamentario, ni con la resolución del Consejo Federal de Medio Ambiente", alertaron los ambientalistas.
Por último, recordaron que la violación de la Ley de Bosques por parte del gobierno de Salta fue también señalada por la Auditoría General de la Nación y por la Defensoría del Pueblo de la Nación.
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Fecha de Publicación: 16/11/2014
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Salta - Nacional
Organizaciones y científicos especializados en la materia enviaron a las autoridades ambientales un documento con el pedido urgente para que se realicen “las acciones pertinentes para que el Poder Ejecutivo de Salta cumpla en forma estricta las restricciones establecidas en su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y derogue los decretos que permiten realizar recategorizaciones prediales”.
"En Salta ya se deforestaron más de 400.000 hectáreas desde la sanción de la Ley, de las cuales 120.000 hectáreas se trataban de zonas protegidas. Los desmontes, además de generar importantes impactos ambientales, afectan seriamente a comunidades campesinas e indígenas", advierte el informe.
Los firmantes señalaron a las autoridades nacionales que "resulta sumamente grave que, mediante los decretos 2211/10 y 3136/11, el Poder Ejecutivo provincial realice en forma sistemática recategorizaciones prediales que modifican, a simple solicitud del titular de la finca, la zonificación establecida en el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos".
"La provincia de Salta ya ha recategorizado más de 150.000 hectáreas de bosques nativos inicialmente zonificados en las Categorías I – rojo y II - amarillo. Debido a esta extensa superficie, nos enfrentamos ya con un cambio claro del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos original sin haber cumplido los requerimientos establecidos por la Ley Nacional de Bosques y su decreto reglamentario, ni con la resolución del Consejo Federal de Medio Ambiente", alertaron los ambientalistas.
Por último, recordaron que la violación de la Ley de Bosques por parte del gobierno de Salta fue también señalada por la Auditoría General de la Nación y por la Defensoría del Pueblo de la Nación.
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3.000 ejemplares plantadas en el Cerro Otto
Finalizó la primera etapa de reforestación del Cerro Otto
Fecha de Publicación: 16/11/2014
Fuente: Portal bariloche2000.com
Provincia/Región: Río Negro
La intendenta, María Eugenia Martini, recorrió hoy con la subsecretaria de Medio Ambiente, Susana Moyano, y técnicos del área, la ladera norte del cerro Otto donde finalizó la primera etapa de la reforestación de unas 20 hectáreas con 3.000 ejemplares de especies nativas.
Hasta el momento, se plantaron más de 1.500 ñires, cipreses, lengas, maitenes y especies arbustivas, y en otoño se retomará con la mitad faltante. Moyano destacó que “este es un proyecto con financiamiento nacional por 105 mil pesos, gestionado a través de Provincia”.
Asimismo, explicó que en este cerro hay varios sectores complejos, que fueron afectados por incendios y que están por encima de barrios muy poblados, por lo que se necesita la reforestación para fijar el suelo.
Los técnicos de Medio Ambiente, hace 6 meses están trabajando en la logística y desde hace 15 días trasplantan en territorio las especies nativas. Destacaron el acompañamiento de alumnos y docentes de la Universidad Nacional del Comahue para la elección de plantas y sitios de reforestación, como así también de la Dirección de Bosques en la logística y traslado de los plantines.
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Fecha de Publicación: 16/11/2014
Fuente: Portal bariloche2000.com
Provincia/Región: Río Negro
La intendenta, María Eugenia Martini, recorrió hoy con la subsecretaria de Medio Ambiente, Susana Moyano, y técnicos del área, la ladera norte del cerro Otto donde finalizó la primera etapa de la reforestación de unas 20 hectáreas con 3.000 ejemplares de especies nativas.
Hasta el momento, se plantaron más de 1.500 ñires, cipreses, lengas, maitenes y especies arbustivas, y en otoño se retomará con la mitad faltante. Moyano destacó que “este es un proyecto con financiamiento nacional por 105 mil pesos, gestionado a través de Provincia”.
Asimismo, explicó que en este cerro hay varios sectores complejos, que fueron afectados por incendios y que están por encima de barrios muy poblados, por lo que se necesita la reforestación para fijar el suelo.
Los técnicos de Medio Ambiente, hace 6 meses están trabajando en la logística y desde hace 15 días trasplantan en territorio las especies nativas. Destacaron el acompañamiento de alumnos y docentes de la Universidad Nacional del Comahue para la elección de plantas y sitios de reforestación, como así también de la Dirección de Bosques en la logística y traslado de los plantines.
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Tiempo record para aprobar a Dioxitek
Otorgan licencia ambiental para instalación de DIOXITEK
Fecha de Publicación: 15/11/2014
Fuente: Portal informeformosa.com.ar
Provincia/Región: Formosa
El subsecretario de Recursos, Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, Hugo Eduardo Bay, confirmo que se acaba de conceder la licencia ambiental para la instalación de la Nueva Planta Procesadora de Dióxido de Uranio –NPU-. Aunque de inmediato aclaro que “lo que se aprobó fue lo concerniente a la construcción de la planta, dado que antes de iniciar sus operaciones deberá cumplir con otros requisitos que surgen del estudio de impacto ambiental y de las normas exigidas por la asociación regulatoria de la actividad nuclear”.
La autorización otorgada fue suscripta por el ministro de la Producción y Ambiente, Raúl Quintana, que surge luego de una audiencia pública ampliamente participativa y un posterior y exhaustivo análisis no solo por parte del órgano estatal correspondiente, sino también por una comisión evaluadora más amplia constituida por científicos expertos en la materia.
La licencia dada se encuentra contenida en la Resolución 1374. “El proyecto ya cuenta con la licencia ambiental en términos constructivos, establece que lo que se aprueba es la licencia referidas a la Nueva Planta Procesadora de Uranio -NPU- y antes de que comience a operar, la empresa deberá demostrar todo lo que se le solicita en términos de protección ambiental, y de la misma manera tendrá que cumplimentar ciertas disposiciones, por ejemplo la línea de base, que es una forma de medir periódicamente las condiciones del ambiente”, explico el subsecretario Bay.
La más moderna de Sudamérica
Se insistió en subrayar que se trata de un proyecto que demandará una significativa inversión, que generará más de un millar de puestos de trabajo, que es estratégico. Asimismo, se afirmo que se tratara de la planta más moderna de Sudamérica, única con sus características de la Argentina ya que solamente Brasil encara emprendimientos de este tipo.
Para desalentar las referencias no veraces de la información difundida sobre los riesgos que implica la eventual radicación de Dioxitek , se explicó que la planta a radicarse aquí , en un predio ubicado a 16 kilómetros de esta ciudad, califica para la Organización Internacional de Energía Atómica (OEIA) como una instalación de conversión de uranio que involucra procesos que no revisten riesgo nuclear alguno y que la actividad a desarrollar por la firma será propia de la industria puramente química.
“Lo que se proyecta para Formosa nada tiene que ver con una obsoleta planta de Córdoba a la que se alude en las referencias críticas”, expusieron para precisar que los datos disponibles indican que se utilizará un predio de 1.000.000 metros cuadrados aproximadamente y que la planta cubierta será de 17.000 metros cuadrados y la parte descubierta de 3.000 metros cuadrados, a lo que se suman un sector arbolado y parquizado de 110.000 metros cuadrados y un espacio libre de 775.000 metros cuadrados.
Ocupación de mano de obra
Uno de los aspectos que se resalta tiene que ver con la mano de obra que será ocupada por Dioxitek en su eventual instalación en Formosa conformada por los recursos humanos totalmente formoseños que se forman en Ciencias Exactas; Tecnología, Energía y Ambiente; Electromecánica; Electrónica y Construcciones en la Escuela Provincial de Educación Técnica Número 1 de esta ciudad , más conocida como la ex Escuela Industrial.
“Para la etapa de construcción se utilizarán 750 operarios, 400 como mano de obra directa y 350 indirecta y 200 para la etapa ya en operación en forma directa y 250 en forma indirecta, es decir 1.200 personas en total”, se hace referencia.
Otra de las particularidades del proyecto tiene que ver con la posibilidad cierta de transferir tecnología al Paraguay para la formación y especialización de profesionales del vecino país en la Argentina.
Se dejo en claro a través de prestigiosos científicos y organizaciones nacionales e internacionales especialistas en la materia, i que la planta de Dioxitek SA a radicarse en Formosa califica como una instalación de conversión de uranio que involucra procesos que no revisten ningún riesgo nuclear.
“Esta planta que prevé desarrollar Dioxitek SA en Formosa , a 16 kilómetros de esta ciudad, será propia de la industria puramente química”, recalcaron.
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Fecha de Publicación: 15/11/2014
Fuente: Portal informeformosa.com.ar
Provincia/Región: Formosa
El subsecretario de Recursos, Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, Hugo Eduardo Bay, confirmo que se acaba de conceder la licencia ambiental para la instalación de la Nueva Planta Procesadora de Dióxido de Uranio –NPU-. Aunque de inmediato aclaro que “lo que se aprobó fue lo concerniente a la construcción de la planta, dado que antes de iniciar sus operaciones deberá cumplir con otros requisitos que surgen del estudio de impacto ambiental y de las normas exigidas por la asociación regulatoria de la actividad nuclear”.
La autorización otorgada fue suscripta por el ministro de la Producción y Ambiente, Raúl Quintana, que surge luego de una audiencia pública ampliamente participativa y un posterior y exhaustivo análisis no solo por parte del órgano estatal correspondiente, sino también por una comisión evaluadora más amplia constituida por científicos expertos en la materia.
La licencia dada se encuentra contenida en la Resolución 1374. “El proyecto ya cuenta con la licencia ambiental en términos constructivos, establece que lo que se aprueba es la licencia referidas a la Nueva Planta Procesadora de Uranio -NPU- y antes de que comience a operar, la empresa deberá demostrar todo lo que se le solicita en términos de protección ambiental, y de la misma manera tendrá que cumplimentar ciertas disposiciones, por ejemplo la línea de base, que es una forma de medir periódicamente las condiciones del ambiente”, explico el subsecretario Bay.
La más moderna de Sudamérica
Se insistió en subrayar que se trata de un proyecto que demandará una significativa inversión, que generará más de un millar de puestos de trabajo, que es estratégico. Asimismo, se afirmo que se tratara de la planta más moderna de Sudamérica, única con sus características de la Argentina ya que solamente Brasil encara emprendimientos de este tipo.
Para desalentar las referencias no veraces de la información difundida sobre los riesgos que implica la eventual radicación de Dioxitek , se explicó que la planta a radicarse aquí , en un predio ubicado a 16 kilómetros de esta ciudad, califica para la Organización Internacional de Energía Atómica (OEIA) como una instalación de conversión de uranio que involucra procesos que no revisten riesgo nuclear alguno y que la actividad a desarrollar por la firma será propia de la industria puramente química.
“Lo que se proyecta para Formosa nada tiene que ver con una obsoleta planta de Córdoba a la que se alude en las referencias críticas”, expusieron para precisar que los datos disponibles indican que se utilizará un predio de 1.000.000 metros cuadrados aproximadamente y que la planta cubierta será de 17.000 metros cuadrados y la parte descubierta de 3.000 metros cuadrados, a lo que se suman un sector arbolado y parquizado de 110.000 metros cuadrados y un espacio libre de 775.000 metros cuadrados.
Ocupación de mano de obra
Uno de los aspectos que se resalta tiene que ver con la mano de obra que será ocupada por Dioxitek en su eventual instalación en Formosa conformada por los recursos humanos totalmente formoseños que se forman en Ciencias Exactas; Tecnología, Energía y Ambiente; Electromecánica; Electrónica y Construcciones en la Escuela Provincial de Educación Técnica Número 1 de esta ciudad , más conocida como la ex Escuela Industrial.
“Para la etapa de construcción se utilizarán 750 operarios, 400 como mano de obra directa y 350 indirecta y 200 para la etapa ya en operación en forma directa y 250 en forma indirecta, es decir 1.200 personas en total”, se hace referencia.
Otra de las particularidades del proyecto tiene que ver con la posibilidad cierta de transferir tecnología al Paraguay para la formación y especialización de profesionales del vecino país en la Argentina.
Se dejo en claro a través de prestigiosos científicos y organizaciones nacionales e internacionales especialistas en la materia, i que la planta de Dioxitek SA a radicarse en Formosa califica como una instalación de conversión de uranio que involucra procesos que no revisten ningún riesgo nuclear.
“Esta planta que prevé desarrollar Dioxitek SA en Formosa , a 16 kilómetros de esta ciudad, será propia de la industria puramente química”, recalcaron.
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