Riachuelo: dicen que estará saneado en el 2016
22:22 | 
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Desde el Gobierno Nacional aseguran que el Riachuelo estará saneado para el 2016
Fecha de Publicación: 19/04/2011
Fuente: ImpulsoBaires
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Capital Federal - El secretario de Medioambiente, Juan José Mussi, dijo que los plazos, para ejecutar la obra, tienen mucho que ver con las licitaciones internacionales.
El secretario de Medioambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, reconoció que las obras necesarias para sanear el Riachuelo no se pueden hacer en un mes, sin embargo prometió que para el año 2016 se podrá concretar el cometido.
En ese sentido, sostuvo que “los plazos tienen que ver mucho con las licitaciones internacionales para hacer grandes obras”. Además, explicó que no se puede trasladar a 2 mil 500 familias en un mes, ni hacer una obra de 800 millones de dólares en un mes o dos.
Sostuvo que “todo esto lo comprenden los estamentos judiciales y quizá para el otro bicentenario tengamos el Riachuelo Saneado”.
Fecha de Publicación: 19/04/2011
Fuente: ImpulsoBaires
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Capital Federal - El secretario de Medioambiente, Juan José Mussi, dijo que los plazos, para ejecutar la obra, tienen mucho que ver con las licitaciones internacionales.
El secretario de Medioambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, reconoció que las obras necesarias para sanear el Riachuelo no se pueden hacer en un mes, sin embargo prometió que para el año 2016 se podrá concretar el cometido.
En ese sentido, sostuvo que “los plazos tienen que ver mucho con las licitaciones internacionales para hacer grandes obras”. Además, explicó que no se puede trasladar a 2 mil 500 familias en un mes, ni hacer una obra de 800 millones de dólares en un mes o dos.
Sostuvo que “todo esto lo comprenden los estamentos judiciales y quizá para el otro bicentenario tengamos el Riachuelo Saneado”.
Para frenar los desalojos en el campo
Para frenar los desalojos en el campo
Fecha de Publicación: 18/04/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones rurales hicieron público un proyecto de ley a fin de evitar los desalojos de los campesinos. Mañana lo llevarán al Congreso Nacional.
Disparos en la nuca, cabeza y tórax. Un total de 19 fusilados y 69 heridos. Sucedió el 17 de abril de 1996, hace quince años, en el norte de Brasil, cuando la Policía Militar asesinó a campesinos del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Por esa masacre se conmemora cada 17 de abril el Día Internacional de la Lucha Campesina, que ayer en Argentina tomó forma de movilizaciones, peñas y, principalmente, un proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos. La propuesta, que llegará mañana al Congreso Nacional, fue consensuada por una multiplicidad de organizaciones de la base rural de Argentina que, por primera vez, se unieron para frenar el avance del actual modelo agropecuario.
“El modelo agrario dominante genera sistemáticamente atropellos a los derechos humanos. Proponemos otro modelo, con soberanía alimentaria, con reforma agraria integral y reconocimiento a los campesinos e indígenas como los verdaderos productores de los alimentos diversificados y sanos”, explicó el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina), que ayer conmemoró los hechos sucedidos en Brasil mediante marchas, radios abiertas e, incluso, la inauguración de una escuela campesina en Jocolí (Mendoza).
Desde hace un año, el MNCI junto al Movimiento Campesino Liberación, el Foro de la Agricultura Familiar, el Frente Nacional Campesino y la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares debaten (y consensuaron) el proyecto de “Ley de freno a los desalojos”, que será presentado mañana en el Congreso. Se solicita detener los desalojos durante cinco años e insta a, en los tres primeros años, realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Agricultura, pero con la “participación indispensable” de las organizaciones campesinas.
La fundamentación del proyecto cuestiona el actual modelo extractivo, denuncia el avance minero y los agronegocios. Los sindica como contrarios a la vida campesina y violatorios de los derechos humanos. Se innova al proponer la tierra como un bien social y no como una mercancía. Propone una mirada integral de la problemática de tierra, que instale una política agraria con los campesinos como actores centrales, con acceso al agua, tierra, créditos y mensuras.
Ya han comprometido su apoyo los legisladores de Nuevo Encuentro y “referentes de distintos bloques”. Todas las organizaciones impulsoras tienen afinidad y apoyan, aunque con distinto nivel de adhesión, al gobierno nacional. Por lo cual confían que será bien recibida por sectores del oficialismo. Como guiño al Gobierno, las organizaciones centran sus críticas sólo en la Mesa de Enlace y las “transnacionales del agro”.
Durante el debate del proyecto de ley, en la sede de la Federación Gráfica Bonaerense, se reconoció que la extranjerización de la tierra (caballito de batalla de Federación Agraria) no es el principal problema de campesinos y pueblos originarios, ya que los desalojos y el avance sojero son protagonizados por compatriotas con aval de la clase política y el Poder Judicial. “No rechazamos debatir la extranjerización, pero la cuestión de fondo es la tierra para qué. Nosotros decimos para quien la trabaja, campesinos e indígenas, y con función social y títulos comunitarios”, explicó Horacio Britos, del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC).
La investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), “La tierra en Argentina”, revela que el dos por ciento de las explotaciones agropecuarias controlan la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras, en su mayoría de campesinos, cuenta sólo con el tres por ciento de la tierra.
No hay cifras oficiales sobre desalojos. El MNCI afirma que en la última década fueron expulsadas del campo al menos 200 mil familias. La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo multidisciplinario integrado por organizaciones sociales, ONG ambientalistas, académicos y técnicos del norte del país. En octubre de 2010 presentó el relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, contabilizó 164 conflictos, casi ocho millones de hectáreas en disputa. El 89 por ciento de los conflictos se inició a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, que trajo la expansión de la frontera agropecuaria en la región chaqueña”, afirma.
La soja representa 50 millones de toneladas y abarca 19 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultivada. El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) 2010-2016 planifica aumentar la producción de soja en 20 millones de toneladas, lo que implicará avanzar sobre nuevas tierras, hoy en manos de campesinos e indígenas.
Fecha de Publicación: 18/04/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones rurales hicieron público un proyecto de ley a fin de evitar los desalojos de los campesinos. Mañana lo llevarán al Congreso Nacional.
Disparos en la nuca, cabeza y tórax. Un total de 19 fusilados y 69 heridos. Sucedió el 17 de abril de 1996, hace quince años, en el norte de Brasil, cuando la Policía Militar asesinó a campesinos del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Por esa masacre se conmemora cada 17 de abril el Día Internacional de la Lucha Campesina, que ayer en Argentina tomó forma de movilizaciones, peñas y, principalmente, un proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos. La propuesta, que llegará mañana al Congreso Nacional, fue consensuada por una multiplicidad de organizaciones de la base rural de Argentina que, por primera vez, se unieron para frenar el avance del actual modelo agropecuario.
“El modelo agrario dominante genera sistemáticamente atropellos a los derechos humanos. Proponemos otro modelo, con soberanía alimentaria, con reforma agraria integral y reconocimiento a los campesinos e indígenas como los verdaderos productores de los alimentos diversificados y sanos”, explicó el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina), que ayer conmemoró los hechos sucedidos en Brasil mediante marchas, radios abiertas e, incluso, la inauguración de una escuela campesina en Jocolí (Mendoza).
Desde hace un año, el MNCI junto al Movimiento Campesino Liberación, el Foro de la Agricultura Familiar, el Frente Nacional Campesino y la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares debaten (y consensuaron) el proyecto de “Ley de freno a los desalojos”, que será presentado mañana en el Congreso. Se solicita detener los desalojos durante cinco años e insta a, en los tres primeros años, realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Agricultura, pero con la “participación indispensable” de las organizaciones campesinas.
La fundamentación del proyecto cuestiona el actual modelo extractivo, denuncia el avance minero y los agronegocios. Los sindica como contrarios a la vida campesina y violatorios de los derechos humanos. Se innova al proponer la tierra como un bien social y no como una mercancía. Propone una mirada integral de la problemática de tierra, que instale una política agraria con los campesinos como actores centrales, con acceso al agua, tierra, créditos y mensuras.
Ya han comprometido su apoyo los legisladores de Nuevo Encuentro y “referentes de distintos bloques”. Todas las organizaciones impulsoras tienen afinidad y apoyan, aunque con distinto nivel de adhesión, al gobierno nacional. Por lo cual confían que será bien recibida por sectores del oficialismo. Como guiño al Gobierno, las organizaciones centran sus críticas sólo en la Mesa de Enlace y las “transnacionales del agro”.
Durante el debate del proyecto de ley, en la sede de la Federación Gráfica Bonaerense, se reconoció que la extranjerización de la tierra (caballito de batalla de Federación Agraria) no es el principal problema de campesinos y pueblos originarios, ya que los desalojos y el avance sojero son protagonizados por compatriotas con aval de la clase política y el Poder Judicial. “No rechazamos debatir la extranjerización, pero la cuestión de fondo es la tierra para qué. Nosotros decimos para quien la trabaja, campesinos e indígenas, y con función social y títulos comunitarios”, explicó Horacio Britos, del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC).
La investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), “La tierra en Argentina”, revela que el dos por ciento de las explotaciones agropecuarias controlan la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras, en su mayoría de campesinos, cuenta sólo con el tres por ciento de la tierra.
No hay cifras oficiales sobre desalojos. El MNCI afirma que en la última década fueron expulsadas del campo al menos 200 mil familias. La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo multidisciplinario integrado por organizaciones sociales, ONG ambientalistas, académicos y técnicos del norte del país. En octubre de 2010 presentó el relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, contabilizó 164 conflictos, casi ocho millones de hectáreas en disputa. El 89 por ciento de los conflictos se inició a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, que trajo la expansión de la frontera agropecuaria en la región chaqueña”, afirma.
La soja representa 50 millones de toneladas y abarca 19 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultivada. El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) 2010-2016 planifica aumentar la producción de soja en 20 millones de toneladas, lo que implicará avanzar sobre nuevas tierras, hoy en manos de campesinos e indígenas.
Explotarán de oro a cielo abierto en Salta
Explotarán de oro a cielo abierto en Salta
Fecha de Publicación: 18/04/2011
Fuente: El Intransigente - No a la Mina
Provincia/Región: Salta
A la espera de la aprobación ambiental se encuentra el proyecto aurífero Lindero, para iniciar la construcción del proyecto, que desarrolla Mansfield Minerals Inc en Argentina. Esta iniciativa se desarrolla a prácticamente 4 mil metros sobre el nivel del mar en la provincia de Salta y a unos 260 kilómetros de la ciudad del mismo nombre, al sur este del paso fronterizo de Socompa en la Segunda Región. El tipo de tratamiento del mineral será de lixiviación por cianuración.
Cabe destacar que se encuentra al sur este del paso fronterizo de Socompa en la Segunda Región.
Esta iniciativa prevé un desembolso de US$ 220 millones, según la base de proyectos de Portal Minero y la construcción de la mina sería de 24 meses. El proyecto consiste en la explotación de un yacimiento de oro a cielo abierto. Se espera que Lindero produzca 0,83 Moz de oro, con un promedio anual de 161.000 oz. El costo promedio de producción será de US$373/oz durante los primeros cinco años de producción.
El tipo de tratamiento del mineral será convencional, de lixiviación por cianuración, para ello el proyecto considera una planta de ADR, procesos de triturado con rodillos de alta presión, trituradoras de cono y el transporte a través de cintas transportadoras y tronaduras. El producto final serán barras de metal doré.
Fecha de Publicación: 18/04/2011
Fuente: El Intransigente - No a la Mina
Provincia/Región: Salta
A la espera de la aprobación ambiental se encuentra el proyecto aurífero Lindero, para iniciar la construcción del proyecto, que desarrolla Mansfield Minerals Inc en Argentina. Esta iniciativa se desarrolla a prácticamente 4 mil metros sobre el nivel del mar en la provincia de Salta y a unos 260 kilómetros de la ciudad del mismo nombre, al sur este del paso fronterizo de Socompa en la Segunda Región. El tipo de tratamiento del mineral será de lixiviación por cianuración.
Cabe destacar que se encuentra al sur este del paso fronterizo de Socompa en la Segunda Región.
Esta iniciativa prevé un desembolso de US$ 220 millones, según la base de proyectos de Portal Minero y la construcción de la mina sería de 24 meses. El proyecto consiste en la explotación de un yacimiento de oro a cielo abierto. Se espera que Lindero produzca 0,83 Moz de oro, con un promedio anual de 161.000 oz. El costo promedio de producción será de US$373/oz durante los primeros cinco años de producción.
El tipo de tratamiento del mineral será convencional, de lixiviación por cianuración, para ello el proyecto considera una planta de ADR, procesos de triturado con rodillos de alta presión, trituradoras de cono y el transporte a través de cintas transportadoras y tronaduras. El producto final serán barras de metal doré.
Crean juzgados para sancionar daños ambientales
Crean juzgados para sancionar daños contra el medio ambiente
Fecha de Publicación: 17/04/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
El Ejecutivo impulsa la creación de un Código de Faltas para esa materia que contempla multas y hasta arresto de infractores
El gobierno bonaerense impulsará la creación de un Código de Faltas Ambiental que será la base para la sanción de las infracciones que se comentan en perjuicio del medio ambiente. Y en ese nuevo marco normativo, se crearán ocho juzgados que serán los encargados de disponer sentencias que incluyen apercibimientos, multas y hasta la posibilidad de aplicar el arresto domiciliario para los responsables de generar casos graves de contaminación.
El voluminoso proyecto ya está redactado y a punto de ser girado a la Legislatura. Y otra de sus características salientes es que establece competencias en el sentido de qué tipo de contravenciones serán juzgadas en los municipios y cuáles en los nuevos organismos que se prevén crear en la iniciativa.
El proyecto está siendo impulsado por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), el área medioambiental a cargo de José Molina. Según trascendió, el nuevo plexo normativo pasó por el filtro de los Organismos de la Constitución y fue presentado en los últimos días ante un grupo de legisladores provinciales.
"Buenos Aires va a ser la primera provincia del país en tener un Código de Faltas Ambiental", le dijo a este diario el coordinador ejecutivo de Control y Fiscalización Ambiental bonaerense, Carlos Olivera. "Nuestro objetivo es que exista un solo procedimiento para los temas ambientales, que sea aplicable tanto por la Provincia como por los municipios, porque ahora existen por lo menos cinco procedimientos con distintas prescripciones, según marcan las distintas leyes", añadió.
"Hoy hay una dirección de Fiscalización que fiscaliza, labra la infracción, sigue el expediente y hace la infracción si corresponde. Lo que vamos a hacer es dividir esta tarea. Esta dirección ahora va a fiscalizar y hasta clausurar, pero el resto del trámite seguirá en los juzgados administrativos" que funcionarán en la órbita del OPDS o en los municipios, añadió el funcionario.
Con esta división de funciones, se busca además descomprimir el cuello de botella generado en Fiscalización. "No va a tener la carga de seguir con el procedimiento hasta la multa. Hemos quintuplicado las inspecciones, lo que implica una gran carga de expedientes, que hace que muchas veces no se sigan como corresponde y además en muchos casos terminen prescribiendo las penas", sostuvo Olivera.
El nuevo Código de Faltas determinará cuáles serán las competencias que conservará la Provincia y cuáles tendrán los municipios. Cuando un inspector del OPDS constate una falta que es municipal, se la trasladará directamente al juez de faltas de esa comuna.
"Con la división de competencias se persigue además que el OPDS, en un futuro, se pueda ir dedicando a lo más complejo, y que las industrias de primera categoría, que son las que menos perjuicios generan para el ambiente estén controladas por el municipio", dijo Olivera.
Por ejemplo, las faltas cometidas por empresas de alta complejidad seguirán siendo labradas por el OPDS y juzgadas por los nuevos tribunales, en tanto el control de silos, matafuegos, fed lots, cementerios y crematorios o la ley de bolsas, por ejemplo, serán competencia municipal y las sanciones serán aplicadas por los jueces de Faltas locales.
En tanto, las apelaciones a estas sentencias serán dirimidas en la justicia correccional ordinaria.
Otra de las novedades del proyecto de Código de Faltas es la creación de un Registro Unico de Infractores ambientales. "De esta manera, y al trabajar en conjunto con los municipios, vamos a tener los antecedentes de la empresa y ver si son reincidentes", dijo Olivera.
En lo que respecta a las sanciones, se establecen máximos que van hasta los 1.000 sueldos de la administración pública, unos 2 millones de pesos.
Pero también se incluyen otras penas como apercibimientos, clausuras o inhabilitaciones y, como se dijo, el arresto domiciliario en casos graves de contaminación. También, los jueces podrían disponer para algunos infractores tareas comunitarias.
En relación al destino de las multas, irán a las arcas municipales cuando actúe la comuna y a las de la Provincia cuando intervenga el OPDS. Si hay una actuación conjunta, se dividirán por mitades.
"Pero estos montos no irán a Rentas Generales. Se destinarán para financiar medidas de protección, atención de emergencias ambientales, campañas de difusión, comprar camionetas, elementos, capacitar al personal, contratar inspectores o adquirir insumos", concluyó el funcionario.
Fecha de Publicación: 17/04/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
El Ejecutivo impulsa la creación de un Código de Faltas para esa materia que contempla multas y hasta arresto de infractores
El gobierno bonaerense impulsará la creación de un Código de Faltas Ambiental que será la base para la sanción de las infracciones que se comentan en perjuicio del medio ambiente. Y en ese nuevo marco normativo, se crearán ocho juzgados que serán los encargados de disponer sentencias que incluyen apercibimientos, multas y hasta la posibilidad de aplicar el arresto domiciliario para los responsables de generar casos graves de contaminación.
El voluminoso proyecto ya está redactado y a punto de ser girado a la Legislatura. Y otra de sus características salientes es que establece competencias en el sentido de qué tipo de contravenciones serán juzgadas en los municipios y cuáles en los nuevos organismos que se prevén crear en la iniciativa.
El proyecto está siendo impulsado por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), el área medioambiental a cargo de José Molina. Según trascendió, el nuevo plexo normativo pasó por el filtro de los Organismos de la Constitución y fue presentado en los últimos días ante un grupo de legisladores provinciales.
"Buenos Aires va a ser la primera provincia del país en tener un Código de Faltas Ambiental", le dijo a este diario el coordinador ejecutivo de Control y Fiscalización Ambiental bonaerense, Carlos Olivera. "Nuestro objetivo es que exista un solo procedimiento para los temas ambientales, que sea aplicable tanto por la Provincia como por los municipios, porque ahora existen por lo menos cinco procedimientos con distintas prescripciones, según marcan las distintas leyes", añadió.
"Hoy hay una dirección de Fiscalización que fiscaliza, labra la infracción, sigue el expediente y hace la infracción si corresponde. Lo que vamos a hacer es dividir esta tarea. Esta dirección ahora va a fiscalizar y hasta clausurar, pero el resto del trámite seguirá en los juzgados administrativos" que funcionarán en la órbita del OPDS o en los municipios, añadió el funcionario.
Con esta división de funciones, se busca además descomprimir el cuello de botella generado en Fiscalización. "No va a tener la carga de seguir con el procedimiento hasta la multa. Hemos quintuplicado las inspecciones, lo que implica una gran carga de expedientes, que hace que muchas veces no se sigan como corresponde y además en muchos casos terminen prescribiendo las penas", sostuvo Olivera.
El nuevo Código de Faltas determinará cuáles serán las competencias que conservará la Provincia y cuáles tendrán los municipios. Cuando un inspector del OPDS constate una falta que es municipal, se la trasladará directamente al juez de faltas de esa comuna.
"Con la división de competencias se persigue además que el OPDS, en un futuro, se pueda ir dedicando a lo más complejo, y que las industrias de primera categoría, que son las que menos perjuicios generan para el ambiente estén controladas por el municipio", dijo Olivera.
Por ejemplo, las faltas cometidas por empresas de alta complejidad seguirán siendo labradas por el OPDS y juzgadas por los nuevos tribunales, en tanto el control de silos, matafuegos, fed lots, cementerios y crematorios o la ley de bolsas, por ejemplo, serán competencia municipal y las sanciones serán aplicadas por los jueces de Faltas locales.
En tanto, las apelaciones a estas sentencias serán dirimidas en la justicia correccional ordinaria.
Otra de las novedades del proyecto de Código de Faltas es la creación de un Registro Unico de Infractores ambientales. "De esta manera, y al trabajar en conjunto con los municipios, vamos a tener los antecedentes de la empresa y ver si son reincidentes", dijo Olivera.
En lo que respecta a las sanciones, se establecen máximos que van hasta los 1.000 sueldos de la administración pública, unos 2 millones de pesos.
Pero también se incluyen otras penas como apercibimientos, clausuras o inhabilitaciones y, como se dijo, el arresto domiciliario en casos graves de contaminación. También, los jueces podrían disponer para algunos infractores tareas comunitarias.
En relación al destino de las multas, irán a las arcas municipales cuando actúe la comuna y a las de la Provincia cuando intervenga el OPDS. Si hay una actuación conjunta, se dividirán por mitades.
"Pero estos montos no irán a Rentas Generales. Se destinarán para financiar medidas de protección, atención de emergencias ambientales, campañas de difusión, comprar camionetas, elementos, capacitar al personal, contratar inspectores o adquirir insumos", concluyó el funcionario.
Centrales nucleares en zonas sísmicas...
Proponen prohibir la instalación de centrales nucleares en zonas sísmicas
Fecha de Publicación: 16/04/2011
Fuente: MDZ On Line
Provincia/Región: Nacional
A través de un proyecto de ley, presentado por Omar Félix, se busca zonificar el país para determinar en qué lugares se puede instalar centrales nucleares. Mendoza quedaría excluida de esa chance. La intención es prevenir catástrofes como las de Japón. El legislador sanrafaelino asegura que debe ser el Estado argentino el que defina las zonas vedadas.
El diputado nacional por Mendoza Omar Félix presentó un proyecto de Ley para crear una “zonificación de centrales nucleares”, con la intención de prevenir desastres como los ocurridos en Japón, luego del terremoto y la posterior alarma nuclear.
El proyecto, propone prohibir en lugares de riesgo sísmico la construcción y montaje de plantas nucleares energéticas. Esta determinación abarca a todo el territorio continental de la Argentina , islas de Tierra del Fuego, Georgia, Sándwich, Orcadas del Sur y la Antártida. En ese sentido, Mendoza quedaría excluida de cualquier intento de instalación de centrales nucleares.
El legislador sanrafaelino asegura que debe ser el Estado argentino el que defina las zonas vedadas, a través de sus organismos públicos y los privados nacionales. El principal argumento del proyecto es la tragedia ocurrida en Japón, que hizo colapsar imprevistamente los sistemas de seguridad relativos al control, moderación y supresión de la generación de energía producida por la fusión nuclear de reactores.
“La tragedia sísmica y nuclear en Japón, nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de conducirnos en lo local e internacional, hacia matrices energéticas que, sin excluir la ciencia y la investigación aplicada en esta materia, oriente desde la mayor a menor renovabilidad del recurso energético”, dijo Félix a través de un comunicado.
A pesar del proyecto, Félix asegura que las centrales argentinas son seguras. “Las centrales Atucha, El Embalse y, próximamente, Atucha II, son “Modelos Mundiales de Seguridad”, aseguró.
Fecha de Publicación: 16/04/2011
Fuente: MDZ On Line
Provincia/Región: Nacional
A través de un proyecto de ley, presentado por Omar Félix, se busca zonificar el país para determinar en qué lugares se puede instalar centrales nucleares. Mendoza quedaría excluida de esa chance. La intención es prevenir catástrofes como las de Japón. El legislador sanrafaelino asegura que debe ser el Estado argentino el que defina las zonas vedadas.
El diputado nacional por Mendoza Omar Félix presentó un proyecto de Ley para crear una “zonificación de centrales nucleares”, con la intención de prevenir desastres como los ocurridos en Japón, luego del terremoto y la posterior alarma nuclear.
El proyecto, propone prohibir en lugares de riesgo sísmico la construcción y montaje de plantas nucleares energéticas. Esta determinación abarca a todo el territorio continental de la Argentina , islas de Tierra del Fuego, Georgia, Sándwich, Orcadas del Sur y la Antártida. En ese sentido, Mendoza quedaría excluida de cualquier intento de instalación de centrales nucleares.
El legislador sanrafaelino asegura que debe ser el Estado argentino el que defina las zonas vedadas, a través de sus organismos públicos y los privados nacionales. El principal argumento del proyecto es la tragedia ocurrida en Japón, que hizo colapsar imprevistamente los sistemas de seguridad relativos al control, moderación y supresión de la generación de energía producida por la fusión nuclear de reactores.
“La tragedia sísmica y nuclear en Japón, nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de conducirnos en lo local e internacional, hacia matrices energéticas que, sin excluir la ciencia y la investigación aplicada en esta materia, oriente desde la mayor a menor renovabilidad del recurso energético”, dijo Félix a través de un comunicado.
A pesar del proyecto, Félix asegura que las centrales argentinas son seguras. “Las centrales Atucha, El Embalse y, próximamente, Atucha II, son “Modelos Mundiales de Seguridad”, aseguró.
Amparo por el daño en el Atuel
Amparo por el daño en el Atuel
Fecha de Publicación: 15/04/2011
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
Andrés Gil Domínguez, abogado patrocinante de Miguel Angel Palazzani, convocó a las organizaciones no gubernamentales de nuestra provincia y a las personas afectadas directamente, a presentarse ante la Corte Suprema para apoyar el reclamo judicial de que el río Atuel vuelva a correr por territorio pampeano. El abogado comparó al caso pampeano con el del Riachuelo.
El impulso que la procuradora general de la Nación, Laura M. Monti, dio al pedido de amparo de Palazzani "es un paso muy importante porque en la gran mayoría de las veces, los dictámenes de la Procuración son seguidos por la Corte Suprema", comentó Gil Domínguez, un abogado santarroseño radicado en Buenos Aires que ayer dialogó con Radio Noticias sobre esta novedad.
"También es importante -añadió- porque con la acción de amparo ambiental se solicitó una medida cautelar innovativa donde se pide que hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión, se garantice que corra por el Atuel inferior en la provincia de La Pampa un caudal fluvio ecológico que de alguna manera reestablezca ese ecosistema". La restitución del caudal mínimo ocurrir "a partir de la inmediata notificación de esa medida cautelar", aseguró Gil Domínguez.
"El Riachuelo y el Atuel son dos casos emblemáticos de daño ambiental -afirmó en la entrevista-, y esta Corte es una Corte que podemos llamar ambientalista, que se preocupa por estos temas, que ha tomado decisiones históricas, como el caso del Riachuelo y otros casos menos conocidos pero igualmente con una gran problemática relacionada con el daño ambiental. Uno puede esperar que este amparo ponga a discusión y a debate, frente a un órgano racional e independiente como es la Corte Suprema, una temática que ha estado desde siempre reducida al debate político, donde a La Pampa no le ha ido muy bien".
En este punto, el patrocinante dejó en claro que con su presentación, Miguel Palazzani pretende "ayudar a que la política resuelva lo que la política tiene resolver, desde la Constitución y desde el paradigma ambientalista". El objeto es que esta acción judicial "le dé un marco de celeridad y racionalidad a las soluciones que tienen que venir desde la política".
Día 0.
En temas ambientales -explicó Gil Domínguez-, lo importante es lo que se llama "Día 0", o sea el día a partir del cual se deja de contaminar, cesa el daño y comienza la recomposición. "Lo importante de la medida cautelar es que generaría ese Día 0", valoró Gil Domínguez, quien convocó a ONGs como la Fundación Chadileuvú y a los afectados directos por el corte del río, a presentarse ante la Corte Suprema de Justicia bajo la figura del "amicus curiae".
-¿Por qué se ve afectado un ciudadano que no vive en la ribera del río?
-Porque los que son bienes colectivos e indivisibles, que todos pueden disfrutar y que pertenecen a la comunidad, como lo es el ambiente, el daño es un daño objetivo, y uno no tiene por qué vivir a la vera (del río). Si uno vive ahí, a la vera del río, estaría sufriendo un daño subjetivo.
-¿Qué relación tiene este amparo con el fallo del año 1987?
-En la sentencia del año 1987, la Corte Suprema estableció que el río es interjurisdiccional, interprovincial, y que La Pampa como Mendoza tenían que celebrar acuerdos, convenios interjurisdiccionales, para garantizar el uso racional y equitativo por parte de ambas provincias, garantizando a Mendoza la cantidad de agua necesaria para que pudiera cubrir su riego.
"Pero desde 1987 hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada", sentenció el abogado. "Se han celebrado convenios pero ninguno de esos convenios se ha ejecutado. Pero lo que se ha incrementado es el daño ambiental, porque seguimos sin tener agua en el Atuel a pesar de que el río es interprovincial y de que tenemos derecho a gozar y disfrutarlo en forma equitativa y racional junto con los mendocinos".
Fecha de Publicación: 15/04/2011
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
Andrés Gil Domínguez, abogado patrocinante de Miguel Angel Palazzani, convocó a las organizaciones no gubernamentales de nuestra provincia y a las personas afectadas directamente, a presentarse ante la Corte Suprema para apoyar el reclamo judicial de que el río Atuel vuelva a correr por territorio pampeano. El abogado comparó al caso pampeano con el del Riachuelo.
El impulso que la procuradora general de la Nación, Laura M. Monti, dio al pedido de amparo de Palazzani "es un paso muy importante porque en la gran mayoría de las veces, los dictámenes de la Procuración son seguidos por la Corte Suprema", comentó Gil Domínguez, un abogado santarroseño radicado en Buenos Aires que ayer dialogó con Radio Noticias sobre esta novedad.
"También es importante -añadió- porque con la acción de amparo ambiental se solicitó una medida cautelar innovativa donde se pide que hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión, se garantice que corra por el Atuel inferior en la provincia de La Pampa un caudal fluvio ecológico que de alguna manera reestablezca ese ecosistema". La restitución del caudal mínimo ocurrir "a partir de la inmediata notificación de esa medida cautelar", aseguró Gil Domínguez.
"El Riachuelo y el Atuel son dos casos emblemáticos de daño ambiental -afirmó en la entrevista-, y esta Corte es una Corte que podemos llamar ambientalista, que se preocupa por estos temas, que ha tomado decisiones históricas, como el caso del Riachuelo y otros casos menos conocidos pero igualmente con una gran problemática relacionada con el daño ambiental. Uno puede esperar que este amparo ponga a discusión y a debate, frente a un órgano racional e independiente como es la Corte Suprema, una temática que ha estado desde siempre reducida al debate político, donde a La Pampa no le ha ido muy bien".
En este punto, el patrocinante dejó en claro que con su presentación, Miguel Palazzani pretende "ayudar a que la política resuelva lo que la política tiene resolver, desde la Constitución y desde el paradigma ambientalista". El objeto es que esta acción judicial "le dé un marco de celeridad y racionalidad a las soluciones que tienen que venir desde la política".
Día 0.
En temas ambientales -explicó Gil Domínguez-, lo importante es lo que se llama "Día 0", o sea el día a partir del cual se deja de contaminar, cesa el daño y comienza la recomposición. "Lo importante de la medida cautelar es que generaría ese Día 0", valoró Gil Domínguez, quien convocó a ONGs como la Fundación Chadileuvú y a los afectados directos por el corte del río, a presentarse ante la Corte Suprema de Justicia bajo la figura del "amicus curiae".
-¿Por qué se ve afectado un ciudadano que no vive en la ribera del río?
-Porque los que son bienes colectivos e indivisibles, que todos pueden disfrutar y que pertenecen a la comunidad, como lo es el ambiente, el daño es un daño objetivo, y uno no tiene por qué vivir a la vera (del río). Si uno vive ahí, a la vera del río, estaría sufriendo un daño subjetivo.
-¿Qué relación tiene este amparo con el fallo del año 1987?
-En la sentencia del año 1987, la Corte Suprema estableció que el río es interjurisdiccional, interprovincial, y que La Pampa como Mendoza tenían que celebrar acuerdos, convenios interjurisdiccionales, para garantizar el uso racional y equitativo por parte de ambas provincias, garantizando a Mendoza la cantidad de agua necesaria para que pudiera cubrir su riego.
"Pero desde 1987 hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada", sentenció el abogado. "Se han celebrado convenios pero ninguno de esos convenios se ha ejecutado. Pero lo que se ha incrementado es el daño ambiental, porque seguimos sin tener agua en el Atuel a pesar de que el río es interprovincial y de que tenemos derecho a gozar y disfrutarlo en forma equitativa y racional junto con los mendocinos".
Corrientes: Detuvieron a ambientalistas
Detuvieron a ambientalistas que bloqueaban el tránsito de camiones arroceros en el Iberá
Fecha de Publicación: 14/04/2011
Fuente: El Iberá
Provincia/Región: Corrientes
Unos 15 activistas ambientales que se encontraban bloqueando el paso de camiones arroceros en la localidad de Colonia Carlos Pellegrini, fueron detenidos ayer por efectivos de la Policía de la provincia. Los jóvenes, integrantes de la Asociación Ambientalista “Guardianes del Iberá”, protestaban contra la persistencia de un campo productor de arroz, que supuestamente extrae agua de la Laguna Iberá para el riego del cultivo, y se encontraban desde el martes bloqueando el paso de los vehículos que transportaban la producción.
Los 15 jóvenes de “Guardianes del Iberá”, de los cuales 5 son menores de edad, fueron arrestados cuando acampaban al costado del puente de acceso a Carlos Pellegrini, con el fin de evitar que pasen los camiones cargados con la cosecha de arroz de una arrocera que tomaría aguas de la Laguna Iberá. Asimismo, los ambientalistas señalaron que el puente Bailey utilizado por los camiones corre riesgo de colapsar por sobrepeso, ya que las cargas sobrepasan las 20 toneladas.
Unos 60 uniformados y 10 perros pertenecientes a la Infantería de la Policía de Corrientes, despertaron a los jóvenes ambientalistas por la mañana, y los obligaron a levantar el campamento. Posteriormente, los llevaron a todos detenidos a la Comisaría de Colonia Carlos Pellegrini.
Sobre esta cuestión, y en declaraciones a la prensa, el gobernador, Ricardo Colombi, sentenció: “No vamos a permitir que un grupo de pseudoambientalistas pongan en peligro la producción de Corrientes”. El Mandatario señaló que varios de los detenidos son jóvenes menores de edad, muchos de ellos residentes en barrios de la capital provincial.
“Conspiran contra emprendimientos productivos, defendiendo intereses foráneos en desmedro de la posibilidad de crecimiento y por ende mejor calidad de vida de los correntinos, que se puede dar mediante un desarrollo sustentable”, sostuvo el mercedeño.
Fecha de Publicación: 14/04/2011
Fuente: El Iberá
Provincia/Región: Corrientes
Unos 15 activistas ambientales que se encontraban bloqueando el paso de camiones arroceros en la localidad de Colonia Carlos Pellegrini, fueron detenidos ayer por efectivos de la Policía de la provincia. Los jóvenes, integrantes de la Asociación Ambientalista “Guardianes del Iberá”, protestaban contra la persistencia de un campo productor de arroz, que supuestamente extrae agua de la Laguna Iberá para el riego del cultivo, y se encontraban desde el martes bloqueando el paso de los vehículos que transportaban la producción.
Los 15 jóvenes de “Guardianes del Iberá”, de los cuales 5 son menores de edad, fueron arrestados cuando acampaban al costado del puente de acceso a Carlos Pellegrini, con el fin de evitar que pasen los camiones cargados con la cosecha de arroz de una arrocera que tomaría aguas de la Laguna Iberá. Asimismo, los ambientalistas señalaron que el puente Bailey utilizado por los camiones corre riesgo de colapsar por sobrepeso, ya que las cargas sobrepasan las 20 toneladas.
Unos 60 uniformados y 10 perros pertenecientes a la Infantería de la Policía de Corrientes, despertaron a los jóvenes ambientalistas por la mañana, y los obligaron a levantar el campamento. Posteriormente, los llevaron a todos detenidos a la Comisaría de Colonia Carlos Pellegrini.
Sobre esta cuestión, y en declaraciones a la prensa, el gobernador, Ricardo Colombi, sentenció: “No vamos a permitir que un grupo de pseudoambientalistas pongan en peligro la producción de Corrientes”. El Mandatario señaló que varios de los detenidos son jóvenes menores de edad, muchos de ellos residentes en barrios de la capital provincial.
“Conspiran contra emprendimientos productivos, defendiendo intereses foráneos en desmedro de la posibilidad de crecimiento y por ende mejor calidad de vida de los correntinos, que se puede dar mediante un desarrollo sustentable”, sostuvo el mercedeño.
Protestaron en la embajada Canadiese
Disfrazados de piratas, activistas de Greenpeace protestaron contra Barrick
Fecha de Publicación: 14/04/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital - San Juan
Vestidos a lo Jack Sparrow, los activistas de Greenpeace volvieron a protestar en contra de la minera Barrick Gold. Con carretillas cargadas con lingotes de oro, los manifestantes llegaron hasta la puerta de le embajada de Canadá, país de origen de la empresa para reclamarle al Gobierno de Cristina Kirchner que no se deje presionar y se aplique la Ley de Glaciares.
Greenpeace pidió puntualmente que se realice de manera urgente im inventario nacional de glaciares y que se lleven adelante las auditorías ambientales a las empresas mineras.
La idea de disfrazarse de piratas y llevar las carretillas con los lingotes fue "una forma de representar la relación entre los intereses de la empresa minera de origen canadiense Barrick Gold y su estrategia judicial para evitar la plena aplicación de la ley de glaciares en la provincia de San Juan", dijo Greenpeace en un comunicado.
"Debemos ponerle un freno a la Barrick. Esta empresa canadiense ya afectó glaciares del lado chileno en la etapa exploratoria del proyecto Pascua Lama y ahora, con sus amparos judiciales, está impidiendo que se la audite para corroborar si, como se sospecha, está afectando glaciares del lado argentino", señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace.
Según recordó Greenpeace en su comunicado, en noviembre de 2010, el juez federal de San Juan, Miguel Ángel Gálvez otorgó una medida cautelar que suspendió la aplicación en esa provincia de varios artículos de la Ley de Glaciares a pedido de la Cámara Minera, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y la seccional sanjuanina de la Confederación General del Trabajo (CGT), que habían interpuesto un recurso de amparo reclamando que se declare la inconstitucionalidad de la ley.
"Los recursos de amparo presentados por Barrick y por un conjunto de empresas proveedoras de la minera en San Juan son un acto de autoincriminación. Lo más grave es que el Gobierno Nacional actúa de manera cómplice al no avanzar con el inventario y las auditorías ambientales a las empresas. Convocamos a todos los argentinos a frenar a la Barrick y a sus cómplices", afirmó Giardini.
Desde la ong lanzaron una campaña para juntar firmas en la calle y en Internet para reclamar "la plena vigencia de la Ley de Glaciares en todo el país, la urgente realización de las auditorías ambientales y el levantamiento de las medidas cautelares presentadas por la empresa Barrick Gold". En una semana ya recolectaron casi 80 mil rúbricas.
Fecha de Publicación: 14/04/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital - San Juan
Vestidos a lo Jack Sparrow, los activistas de Greenpeace volvieron a protestar en contra de la minera Barrick Gold. Con carretillas cargadas con lingotes de oro, los manifestantes llegaron hasta la puerta de le embajada de Canadá, país de origen de la empresa para reclamarle al Gobierno de Cristina Kirchner que no se deje presionar y se aplique la Ley de Glaciares.
Greenpeace pidió puntualmente que se realice de manera urgente im inventario nacional de glaciares y que se lleven adelante las auditorías ambientales a las empresas mineras.
La idea de disfrazarse de piratas y llevar las carretillas con los lingotes fue "una forma de representar la relación entre los intereses de la empresa minera de origen canadiense Barrick Gold y su estrategia judicial para evitar la plena aplicación de la ley de glaciares en la provincia de San Juan", dijo Greenpeace en un comunicado.
"Debemos ponerle un freno a la Barrick. Esta empresa canadiense ya afectó glaciares del lado chileno en la etapa exploratoria del proyecto Pascua Lama y ahora, con sus amparos judiciales, está impidiendo que se la audite para corroborar si, como se sospecha, está afectando glaciares del lado argentino", señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace.
Según recordó Greenpeace en su comunicado, en noviembre de 2010, el juez federal de San Juan, Miguel Ángel Gálvez otorgó una medida cautelar que suspendió la aplicación en esa provincia de varios artículos de la Ley de Glaciares a pedido de la Cámara Minera, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y la seccional sanjuanina de la Confederación General del Trabajo (CGT), que habían interpuesto un recurso de amparo reclamando que se declare la inconstitucionalidad de la ley.
"Los recursos de amparo presentados por Barrick y por un conjunto de empresas proveedoras de la minera en San Juan son un acto de autoincriminación. Lo más grave es que el Gobierno Nacional actúa de manera cómplice al no avanzar con el inventario y las auditorías ambientales a las empresas. Convocamos a todos los argentinos a frenar a la Barrick y a sus cómplices", afirmó Giardini.
Desde la ong lanzaron una campaña para juntar firmas en la calle y en Internet para reclamar "la plena vigencia de la Ley de Glaciares en todo el país, la urgente realización de las auditorías ambientales y el levantamiento de las medidas cautelares presentadas por la empresa Barrick Gold". En una semana ya recolectaron casi 80 mil rúbricas.
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Minería: noticia en Catamarca, Tucumán, San Juan
Por los glaciares
Fecha de Publicación: 13/04/2011
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Greenpeace, junto a ocho asambleas ciudadanas y organizaciones sociales de San Juan, pusieron en marcha ayer en la provincia la campaña nacional para juntar firmas contra los amparos judiciales presentados por Barrick contra la aplicación de la Ley nacional de Glaciares, además de reclamar a la Nación la realización del inventario en áreas prioritarias y auditorías ambientales a las mineras para corroborar si están afectando glaciares. En San Juan existe una ley provincial, y se está haciendo el inventario de glaciares. La iniciativa tuvo poca convocatoria.
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Corpacci dijo que en Catamarca “hay lugar para toda la minería”
Fecha de Publicación: 13/04/2011
Fuente: La Unión Digital
Provincia/Región: Catamarca
Lucía Corpacci dejó en claro cuál será su política en esta materia minera. Elogió el modelo sanjuanino y habló de un desarrollo regional. También opinó sobre las regalías mineras, el rol del Estado y la puesta en marcha de nuevos emprendimientos.
Corpacci quiere una minería “involucrando a la gente”, un modelo como el que desarrolló San Juan en los últimos años. La gobernadora electa visitó esa provincia para acompañar al gobernador Luis Gioja. Habló sobre la principal actividad económica y aseguró que en Catamarca “hay lugar” para que todas las empresas, tanto grandes como pequeñas, se desarrollen.
“Nosotros en Catamarca tenemos a la gente enfrentada con el desarrollo minero, y por una cuestión lógica no ha visto crecer su localidad a la par que se desarrollan las mineras. Entonces nosotros hemos visualizado en San Juan con la generación de fideicomisos a partir de la minería, que para nosotros es muy importante porque permite generar infraestructuras que son indispensables para esas poblaciones. Hemos visto que ese es un modelo que podemos seguir, de la misma manera lo que es el control del impacto ambiental. Cómo trabaja la Policía Minera en esa provincia no tiene nada que ver con cómo trabaja la Policía Minera en Catamarca. Esos son los modelos que nosotros queremos imitar”, sostuvo la gobernadora electa en una entrevista concedida en exclusiva a la revista Mining Press.
¿Qué más del modelo sanjuanino se puede poner en práctica en Catamarca?
- Yo creo que el modelo sanjuanino tiene muchas cosas a imitar, o por lo menos a informarse cómo han estado haciendo esto ustedes, que tiene que ver también con un modelo de desarrollo del país. Cuando uno ve la región del Noroeste y la de Cuyo, en general son provincias que se han ido desarrollando. Uno ve San Juan, La Rioja misma, uno ve Tucumán, Salta, que han crecido con otro tipo de emprendimiento que no tienen nada que ver con el empleo público. Mientras que nosotros teníamos un modelo de provincia donde el único generador de empleo era el Estado provincial. Entonces nosotros queremos incentivar la producción como incentivó San Juan, incentivar la minería pero controlada, responsable, cuyos beneficios le lleguen a la gente, cuyas poblaciones vean que pueden tener otro desarrollo más allá de la minería igual que lo hace San Juan. Y una región, que eso me parece que es muy interesante, integrada. Si nosotros empezamos a trabajar todos como región, a poner reglas comunes en cuanto a la minería como región, creo que vamos a tener un despegue muy interesante.
¿Habría que hacer alguna modificación a la legislación minera?
- Por ahí hay algunas modificaciones que hay que pensar en hacerlas, pero lo que creo es que básicamente hay que exigir que las empresas cumplan lo que se comprometieron a cumplir, que el control del impacto ambiental sea el que se debe hacer y eso es responsabilidad del Estado provincial, porque no puede mirar para otro lado cuando está viendo las cosas que pasan, que es la sensación que uno tiene en Catamarca. Si uno puede controlar eso, todo lo demás pasa a ser secundario.
¿Está diciendo que las empresas mineras no cumplieron con lo que prometieron?
- No, efectivamente no cumplieron.
¿Cómo hacer para que los intendentes no usen mal los fondos como ha pasado?
- Yo creo que sí se puede ayudar y cooperar con los intendentes para que realmente generen y estimulen la producción, la inversión turística, para que mejoren los caminos, más que en otras pequeñas obras que a la gente no le cambian la vida.
¿A usted no le parece que usaron regalías en lo que no estaba permitido por ley?
- Catamarca tiene un Tribunal de Cuentas y es el Gobierno provincial el responsable de ese tribunal, y es ese tribunal quien audita a los intendentes. Entonces, me parece que siempre fue responsabilidad del Estado provincial un poco controlar, pero también tiene una Ley de Regalías Mineras que los hace a los intendentes responsables del uso de esas regalías mineras. Si usted mira para otro lado las cosas siguen sucediendo. Hay que hacerse responsable de lo que pasa. Pero yo no puedo descalificar a todos los intendentes, sería una irresponsabilidad.
Las regalías, coparticipables a los municipios
En cuanto a la distribución de las regalías mineras, la gobernadora electa confirmó que la intención del futuro gobierno es mantener la coparticipación de estos recursos con los municipios, pero además crear fideicomisos para generar desarrollo.
¿Podrían ser más altas las regalías mineras?
- Pueden ser más altas, sí se puede discutir cuánto son las regalías mineras. Pero yo creo que si las regalías mineras no son utilizadas en inversiones de desarrollo local que sean sustentables de modo tal que el día que la minera no esté esos desarrollos persistan en ese lugar, nada sirve, sea el 3, el 5, el 8 o el 20 lo que usted le quiera dar. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros en Catamarca? Las regalías mineras son coparticipables con los municipios, un porcentaje se queda el Ejecutivo provincial y el resto los ejecutivos municipales. La verdad es que las inversiones que se hicieron de esas regalías mineras no generaron desarrollo ni se utilizaron en obras de infraestructura verdaderamente importantes.
¿El reparto de regalías que usa San Juan se podría aplicar en Catamarca?
- No sé, porque cada provincia puede tener su modalidad. Porque, por ejemplo, San Juan tiene el reparto no coparticipable, pero tiene un fideicomiso que se dirige para esos municipios mineros. Nosotros queremos hacer el fideicomiso que lo podamos distribuir y manejar desde el Ejecutivo provincial y las regalías mineras que se sigan coparticipando.
¿Agua Rica se podrá desarrollar algún día, se podrán apagar los conflictos sociales?
- Lo hemos dicho siempre, Catamarca como todas las provincias cordilleranas, su mayor potencial es la minería, no la podemos negar. Negar la minería sería irresponsable, pero la minería se desarrolla con otras cosas, y creo que Agua Rica y muchas otras explotaciones mineras se pueden desarrollar en la provincia y también se puede explotar la pequeña minería. Hay para todos.
¿Una empresa estatal?
La revista minera consultó a Corpacci si entre los proyectos en el sector está prevista la creación de una empresa minera estatal, a lo que respondió: “No, nosotros queremos que el Estado tenga participación en las empresas mineras. Para nosotros es muy importante eso, lo estamos estudiando, lo hemos tenido como propuesta. YMAD es una interestadual donde está la Universidad de Tucumán, la provincia de Catamarca y hay representantes del Gobierno nacional. Nosotros queremos generar otras empresas parecidas con participación del Estado”.
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Aprueban la creación de un observatorio de la minería en la órbita de la UNT
Fecha de Publicación: 13/04/2011
Fuente: El Siglo Web
Provincia/Región: Tucumán
El Consejo Superior de la UNT aprobó ayer la creación de una comisión Técnica ad hoc "destinada a compilar, requerir y difundir la información adecuada sobre la explotación minera e impulsar el desarrollo de tecnologías que garanticen el cumplimiento del compromiso ambiental y de responsabilidad social de la UNT, en su condición de universidad nacional pública".
El Consejo Superior de la UNT aprobó ayer la creación de una comisión Técnica ad hoc "destinada a compilar, requerir y difundir la información adecuada sobre la explotación minera e impulsar el desarrollo de tecnologías que garanticen el cumplimiento del compromiso ambiental y de responsabilidad social de la UNT, en su condición de universidad nacional pública".
La propuesta fue puesta a consideración por el rector Juan Cerisola y contó con el apoyo mayoritario de los consejeros que integran el cuerpo (sólo dos votos negativos).
En los considerandos de la iniciativa se señaló necesario "garantizar el cumplimiento del compromiso ambiental y la responsabilidad social de la UNT, así como informar a la comunidad universitaria y a la opinión pública sobre el impacto ambiental, social y cultural de la minería". En tanto, la iniciativa rectoral destacó además, que "al ser YMAD un emprendimiento de estas características, la UNT debe continuar con la realización de acciones que garanticen el menor impacto posible en el marco de una política de desarrollo sustentable que proteja los sistemas naturales y la calidad de vida de las personas, para lograr el equilibrio entre economía, ambiente y sociedad". La comisión Técnica que se constituirá como un observatorio de la actividad minera en la región y estará integrada por especialistas que designarán los decanos de las facultades de Agronomía y Zootecnia, Bioquímica y Farmacia, Ciencias Naturales, Medicina y Ciencias Exactas y Tecnología. Por último, se estableció que dicho observatorio deberá elevar informes semestrales al Consejo Superior y que serán difundidos al resto de la comunidad universitaria oportunamente.
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Prometen un Riachuelo limpio en seis años
Fecha de Publicación: 13/04/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Juan José Mussi, titular de la Acumar, dijo que el año que viene estarán en marcha los mecanismos de saneamiento, cuya implementación demandará cinco años. La Corte haría una “inspección judicial” para evaluar los trabajos realizados.
Los trabajos de limpieza del Matanza-Riachuelo estarán finalizados en seis años, anunció ayer el gobierno nacional. Pero mucho antes, los integrantes de la Corte Suprema seguramente realicen una “inspección judicial” en toda la cuenca, para evaluar el proceso de saneamiento, adelantó el titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti. La Corte fijará “una nueva fecha de audiencia” para evaluar los avances en el cumplimiento del fallo que ordenó la limpieza del río.
“Dijimos que íbamos a hacer un listado de preguntas más específicas dirigidas a las distintas jurisdicciones y a fijar una nueva fecha de audiencia para ir más al detalle en cada uno de los temas”, dijo Lorenzetti. En ese marco, y para complementar el seguimiento de las tareas en la Cuenca, agregó que “es muy probable también que hagamos una inspección judicial” en la zona.
Juan José Mussi, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable y titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), dijo que la cuenca quedará saneada en seis años y prometió que “en tres meses” finalizará la inspección de las empresas radicadas en la zona. Ese lapso, precisamente, es lo que resta para que venza el plazo previsto por la Justicia, bajo advertencia de aplicación de nuevas multas. Por disposición de la Corte, el juez federal de Quilmes Luis Armella tiene a su cargo la causa por el saneamiento de la cuenca, para que sean efectivas las tareas de limpieza y mantenimiento de las márgenes del río.
“El año que viene van a estar en marcha los mecanismos” que requirió la Justicia, aseguró Mussi, y enseguida advirtió acerca de lo extenso que resultará el proceso total. “A partir de ahí, contemos cinco años más para el saneamiento”, agregó, porque una vez que se deje de arrojar (residuos), viene la limpieza”.
Mussi insistió en la necesidad de “no generar expectativas” acerca de la velocidad en que puede ser limpiado el curso de agua. “De ninguna manera se puede resolver el problema de 200 años en un año”, dijo, al señalar que las tareas necesariamente se extenderán en el tiempo.
Más temprano, junto con la ministra de Seguridad, Nilda Garré, el secretario había presenciado el retiro del último barco hundido en el Riachuelo, a la altura de La Boca. Allí, advirtió que “serán multadas y clausuradas” las empresas radicadas en la zona de la cuenca que no reconviertan sus plantas para evitar contaminar. Por otro lado, aseguró, “hay empresas que quieren colaborar y las vamos a ayudar”.
De las 19.500 empresas radicadas en la cuenca, la Acumar auditó ya a 13.000, explicó Mussi, que por eso aseguró que “en tres meses estaremos terminando de inspeccionar a todas”. El funcionario también procuró señalar que no politizará “este tema”. “La presidenta Cristina Fernández así me lo ha pedido y ella es una fogonera permanente sobre el tema del Riachuelo. Día a día me pregunta qué va pasando con esto, por lo cual no voy a entrar en polémica en este año electoral”, afirmó. Sí recordó que había dicho “claramente que el año que viene van a estar en marcha los mecanismos de saneamiento. Vamos a tardar alrededor de cinco años en que esté totalmente en marcha, después de que se haya evitado el vuelco (de desperdicios en el río), recién comienza la limpieza”, porque “sería ridículo tratar de limpiar lo que se ensucia al otro día”.
El lunes, el juez Armella emplazó a la Acumar para que finalice las inspecciones de las compañías radicadas en la cuenca antes del 1º de julio. En el fallo, dictado en el marco de la llamada “Causa Mendoza”, el magistrado instó a Mussi y a los catorce intendentes de la cuenca a liberar el camino de sirga antes de esa fecha. Armella dispuso también que en ese plazo se retiren del cauce todos los desechos, además de iluminar y desratizar las riberas. La resolución ordena a intendentes y representantes del Poder Ejecutivo Nacional “evitar nuevas ocupaciones sobre los márgenes de la Cuenca” y que “se dispongan de las fuerzas de seguridad para ello”.
Entre las tareas, además, Armella dispuso “la finalización de las obras de desguace de la chatarra que invade la traza ambiental y las urgentes obras de tendido y alumbrado público para dar suficiente iluminación a toda la cuenca hídrica”.
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Riachuelo: sacaron el último barco y prometen sanearlo en seis años
Fecha de Publicación: 13/04/2011
Fuente: El tiempo argentino
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Lo aseguró el secretario de Ambiente y titular de la ACUMAR, Juan José Mussi. Ayer, con la presencia de la ministra Nilda Garré, fue remolcado el único buque inactivo que quedaba entre los puentes Avellaneda y Pueyrredón.
Hace 200 años empezó la pesadilla”, advirtió, de espaldas al agua oscura del curso fluvial más infecto del país, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, refiriéndose al momento en que comenzó a llenarse de efluentes contaminantes la Cuenca Matanza-Riachuelo. A su lado, Juan José Mussi, secretario de Medio Ambiente y titular de la Autoridad de Cuenca Matanza- Riachuelo (ACUMAR), prometió: “Creemos que en cinco o seis años vamos a poder decir que fue saneado. El que diga que tarda menos, miente.”
Las declaraciones de ambos funcionarios se escucharon a pocos metros del Riachuelo, en el barrio porteño de La Boca, donde ayer asistieron al acto en el que la Prefectura Naval retiró el último buque inactivo de la zona comprendida entre los puentes Avellaneda y Pueyrredón.
En diálogo con Tiempo Argentino, la ministra precisó que “ya se han retirado 57 buques, y lo mejor de todo es vivir este momento histórico, viendo que los chiquitos de la zona, que tuvieron problemas por la contaminación de esta porquería, ya no van a seguir sufriendo ese daño”.
Cuando, minutos antes del mediodía, el buque DG-28 fue extraído del lugar donde había permanecido amarrado durante años, al borde de la Avenida Pedro de Mendoza, pudo verse con claridad la cantidad de desechos que estaban estancados entre el casco del barco y el borde del agua. Botellas, latas, papeles metalizados y cáscaras de comida eran algunos de los objetos discernibles entre el montón de basura.
Al respecto, Mussi detalló: “Hay tres tipos de desechos que se vuelcan en el Riachuelo: contenidos fecales, contenidos industriales y residuos sólidos domiciliarios. El año que viene estarán en marcha los mecanismos de saneamiento, porque antes de limpiar el cauce debemos asegurarnos de que se dejen de volcar residuos en él. Estamos en plan de ayudar a aquellas empresas que están dispuestas a reconvertirse. Y, desde luego, multar a las que no quieren contribuir con la causa.”
El titular de la ACUMAR anticipó que la inspección de todas las empresas radicadas a la vera del curso hídrico finalizará en tres meses, fecha en la que vence rá el plazo estipulado por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, comisionado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para controlar que se aplique el fallo de la “causa Mendoza”, que es la que ordena el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, además de la liberación del camino de sirga, donde existen asentamientos precarios en los que viven, según el último relevamiento, unas 2424 familias, que suman cerca de 9000 personas.
El último buque extraído ayer, una chata tanque que se dedicaba a tranportar fluídos, fue trasladado hacia el partido de Tigre, donde quedará a cargo de sus propietarios, quienes se ocuparon de remolcarlo.
No fue el caso de otros buques, que estaban abandonados o tenían tantas deudas que quedaron en manos del Estado Nacional. Esos fueron vendidos como chatarra y el dinero resultante fue donado al Hospital de Niños Sor Ludovica, de La Plata, y a la Fundación Garrahan.
Según explicó a Tiempo Argentino el prefecto nacional Oscar Arce, “lo más importante fue visualizar el problema”, y dio algunas precisiones: “Antes, Prefectura sólo se ocupaba de sacar los buques que estaban hundidos o generaban peligro para la navegación. Desde 2007, se consiguió cambiar las pautas legales, y ahora podemos sacar aquellos buques que están inactivos, es decir, que no se hundieron pero ya perdieron su certificado de navegación por deudas, y que además presentan un obstáculo y, sobre todo, un riesgo ambiental.”
Por eso, al comenzar su conferencia de prensa, la ministra Garré subrayó que “hubo que vencer muchos obstáculos legales”, para llevar adelante el saneamiento y sostuvo que existe “el firme compromiso político de asumir la limpieza del Riachuelo”.
Sobre las familias que viven en la zona y padecen cotidianamente la contaminación ambiental, Mussi aseguró que “se van con una llave en la mano”, en referencia a que se las está mudando, de a poco, a otras zonas más protegidas. “Pero mudar 2000 familias de este barrio no se hace de un día para el otro”, indicó el secretario de Ambiente.
Sali-Dulce: Tucumán no hizo nada
“Tucumán no hizo nada para frenar la contaminación de la cuenca”
Fecha de Publicación: 12/04/2011
Fuente: El Siglo Web
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
El defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Martín Díaz Achával, afirmó que “pasó un año y Tucumán no hizo nada” para frenar la contaminación provocada por los ingenios y otras industrias que vuelcan sus residuos en la cuenca Salí-Dulce.
Ayer, Díaz Achával estuvo en Tucumán para seguir la marcha de las denuncias que están en dos juzgados federales contra los propietarios y gerente de varias empresas.
“No hay nada concreto, nada real. El año pasado, para esta fecha, habíamos advertido que iba a ser una etapa complicada la que se venía porque se aumentaba la producción de biocombustibles. De hecho, así lo fue y tuvimos un episodio enorme de mortandad de peces”, señaló el funcionario en diálogo con Radio Panorama.
Agregó que, el año pasado, ni las autoridades tucumanas ni los ingenios tomaron precauciones y “un año después estamos en la misma situación, respecto de la vinaza, así que no sería de extrañar otros episodios similares a los sufridos en 2010 y de esta forma van a terminar contaminando el lago”.
“Por ahora, el lago se puede recuperar”, insistió Díaz Achával, pero advirtió que si continúa la falta de tratamiento de los desechos industriales de las empresas tucumanas “se terminará destruyendo el ecosistema de Las Termas”.
Agregó que, en los últimos 15 años, la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero tuvo como agenda, entre sus prioridades, el tema de contaminación de la cuenca. “El tema es que se llega a cuestiones judiciales cada vez más graves cuando en realidad, es un problema que debería resolver el sector privado principalmente con el acompañamiento y una guía del Poder Ejecutivo de Tucumán, que notoriamente no tomaron los recaudos necesarios y no fueron capaces de resolver este tema”, señaló.
El funcionario se quejó porque “Tucumán no sanciona (a las empresas) y no está adherido a regímenes nacionales de niveles de contaminación de productos como la vinaza, que son más estrictos”.
“Los ingenios tienen que sacar de circulación la vinaza de la cuenca. Hay una forma que ellos mismos pusieron sobre la mesa hace algunos meses y que la Defensoría les propuso en 2006 que es la construcción de vinazaductos y depositarlas en lugares donde se puede hacer un sistema de decantación ya sea por evaporación u otro método”, indicó.
Remarcó que la Secretaría Ambiente de la Nación ofreció créditos a tasa cero para realizar el tratamiento de los desechos y específicamente amplió 100 millones de pesos para la vinaza, pero dijo que ningún ingenio tomó ese dinero para la concreción de obras. “No lo hacen porque no tienen sanción, hacen lo que quieren”, expresó el funcionario.
Fecha de Publicación: 12/04/2011
Fuente: El Siglo Web
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
El defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Martín Díaz Achával, afirmó que “pasó un año y Tucumán no hizo nada” para frenar la contaminación provocada por los ingenios y otras industrias que vuelcan sus residuos en la cuenca Salí-Dulce.
Ayer, Díaz Achával estuvo en Tucumán para seguir la marcha de las denuncias que están en dos juzgados federales contra los propietarios y gerente de varias empresas.
“No hay nada concreto, nada real. El año pasado, para esta fecha, habíamos advertido que iba a ser una etapa complicada la que se venía porque se aumentaba la producción de biocombustibles. De hecho, así lo fue y tuvimos un episodio enorme de mortandad de peces”, señaló el funcionario en diálogo con Radio Panorama.
Agregó que, el año pasado, ni las autoridades tucumanas ni los ingenios tomaron precauciones y “un año después estamos en la misma situación, respecto de la vinaza, así que no sería de extrañar otros episodios similares a los sufridos en 2010 y de esta forma van a terminar contaminando el lago”.
“Por ahora, el lago se puede recuperar”, insistió Díaz Achával, pero advirtió que si continúa la falta de tratamiento de los desechos industriales de las empresas tucumanas “se terminará destruyendo el ecosistema de Las Termas”.
Agregó que, en los últimos 15 años, la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero tuvo como agenda, entre sus prioridades, el tema de contaminación de la cuenca. “El tema es que se llega a cuestiones judiciales cada vez más graves cuando en realidad, es un problema que debería resolver el sector privado principalmente con el acompañamiento y una guía del Poder Ejecutivo de Tucumán, que notoriamente no tomaron los recaudos necesarios y no fueron capaces de resolver este tema”, señaló.
El funcionario se quejó porque “Tucumán no sanciona (a las empresas) y no está adherido a regímenes nacionales de niveles de contaminación de productos como la vinaza, que son más estrictos”.
“Los ingenios tienen que sacar de circulación la vinaza de la cuenca. Hay una forma que ellos mismos pusieron sobre la mesa hace algunos meses y que la Defensoría les propuso en 2006 que es la construcción de vinazaductos y depositarlas en lugares donde se puede hacer un sistema de decantación ya sea por evaporación u otro método”, indicó.
Remarcó que la Secretaría Ambiente de la Nación ofreció créditos a tasa cero para realizar el tratamiento de los desechos y específicamente amplió 100 millones de pesos para la vinaza, pero dijo que ningún ingenio tomó ese dinero para la concreción de obras. “No lo hacen porque no tienen sanción, hacen lo que quieren”, expresó el funcionario.
Colapso de los recursos pesqueros
Colapso de los recursos pesqueros
Fecha de Publicación: 11/04/2011
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
El Estado no parece interesado en prevenir ni sancionar situaciones gravísimas de nuestra plataforma continental, como la sobreexplotación crónica y las prácticas que están devastando el calamar y las dos poblaciones de merluza común.
Desde los 90, la Auditoría General de la Nación (AGN) viene señalando el riesgo de colapso de los principales recursos pesqueros , debido a una crónica sobreexplotación y a prácticas que están devastando algunas especies de la rica plataforma continental argentina, como es el caso del calamar y en particular de las dos poblaciones de merluza común que habitan nuestros mares.
Por ejemplo, la población de merluza que se encuentra frente a las costas bonaerenses y uruguayas (“stock norte”) ha descendido hasta un nivel denominado “sobrepesca de reclutamiento”. Ello significa que está en peligro su capacidad de reproducción y la recuperación de valores de equilibrio poblacional .
En 2009, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) recomendó una captura máxima de 48 mil toneladas; sólo la Argentina desembarcó más de 57 mil –a las cuales deben agregarse 16 mil desembarcadas en Uruguay–. La recomendación fue superada en un 52%.
En el caso de la merluza que habita las aguas patagónicas hasta Puerto Deseado (“stock sur”), la recomendación del INIDEP fue de 170.000 toneladas; se desembarcaron alrededor de 230.000, por lo que el límite biológico se superó en un 35%.
Estos asombrosos registros reafirman la tendencia crítica entre la captura y la biomasa reproductiva , que están desde hace una década por debajo del umbral de sustentabilidad.
El reciente informe de la AGN (Resolución 09/11) comprobó que el límite de capturas establecido por el Consejo Federal Pesquero fue, generalmente, mayor que el recomendado por el INIDEP. El estado de sobrepesca y la pesca no declarada –calculada en, al menos, un 10%– agravan la situación.
La depredación es alarmante y ello obedece, principalmente, a que no se usan los instrumentos que eviten la captura de “juveniles”; esto afecta la futura reproducción y tiene consecuencias ambientales negativas porque las especies que se devuelven al mar sin vida no sirven de alimento a otros peces y contribuyen a desequilibrar el ecosistema, por ejemplo, incrementando las poblaciones de especies carroñeras a expensas de las cazadoras, o reduciendo los niveles de oxígeno en el fondo del mar.
El último informe de la AGN puntualiza como un grave caso de depredación que, por descartes provenientes de la pesca de langostino, en 2007 se capturaron, “incidentalmente”, 32 mil toneladas de merluza juvenil ; esto es, se arrojaron al mar 160 millones de ejemplares muertos antes de que alcanzaran la edad reproductiva.
La situación descripta se vio facilitada y agravada por la ineficacia de los controles y falencias en la aplicación de sanciones . La AGN detectó, en el período auditado (2006 y 2009), que se habían previsto multas a las empresas infractoras por 90 millones de pesos, de los cuales sólo se cobraron alrededor de 13 millones. Además, el tiempo que transcurre entre la infracción y su notificación a las empresas supera, en promedio, los tres años. Con respecto a los inspectores, los informes señalan, entre otras cuestiones, que las cifras de sus planillas en puerto suelen presentar distorsiones sobre los volúmenes realmente capturados.
Resulta grave que los distintos informes registren el mismo tipo de deficiencias y anomalías sin que el Estado recoja las observaciones de la AGN . También se devalúa la tarea del INIDEP y la de ONG como el Centro de Desarrollo y Pesca Sustentable (CeDePesca); éste brindó a la AGN consultores de alta capacitación para realizar tareas de campo, evaluar complejos aspectos técnicos y fortalecer la solvencia de los informes –confeccionados con información suministrada por los auditados–.
La desregulación de la década de los 90 implicó una desmedida expansión de la actividad pesquera impulsada por un fuerte interés internacional en nuestra riqueza ictícola. En este contexto, l os acuerdos de pesca con otros países precipitaron la sobreexplotación . La posibilidad de operar en un esquema poco regulado, sin costos ambientales y con un marco jurídico institucional permisivo generó grandes beneficios de corto plazo.
Es primordial tomar conciencia de la dimensión del riesgo y de su inminencia ; y que el Estado nacional, las provincias y el sector pesquero asuman un compromiso categórico para evitar lo que hasta hoy se presenta como irreversible.
Fecha de Publicación: 11/04/2011
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
El Estado no parece interesado en prevenir ni sancionar situaciones gravísimas de nuestra plataforma continental, como la sobreexplotación crónica y las prácticas que están devastando el calamar y las dos poblaciones de merluza común.
Desde los 90, la Auditoría General de la Nación (AGN) viene señalando el riesgo de colapso de los principales recursos pesqueros , debido a una crónica sobreexplotación y a prácticas que están devastando algunas especies de la rica plataforma continental argentina, como es el caso del calamar y en particular de las dos poblaciones de merluza común que habitan nuestros mares.
Por ejemplo, la población de merluza que se encuentra frente a las costas bonaerenses y uruguayas (“stock norte”) ha descendido hasta un nivel denominado “sobrepesca de reclutamiento”. Ello significa que está en peligro su capacidad de reproducción y la recuperación de valores de equilibrio poblacional .
En 2009, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) recomendó una captura máxima de 48 mil toneladas; sólo la Argentina desembarcó más de 57 mil –a las cuales deben agregarse 16 mil desembarcadas en Uruguay–. La recomendación fue superada en un 52%.
En el caso de la merluza que habita las aguas patagónicas hasta Puerto Deseado (“stock sur”), la recomendación del INIDEP fue de 170.000 toneladas; se desembarcaron alrededor de 230.000, por lo que el límite biológico se superó en un 35%.
Estos asombrosos registros reafirman la tendencia crítica entre la captura y la biomasa reproductiva , que están desde hace una década por debajo del umbral de sustentabilidad.
El reciente informe de la AGN (Resolución 09/11) comprobó que el límite de capturas establecido por el Consejo Federal Pesquero fue, generalmente, mayor que el recomendado por el INIDEP. El estado de sobrepesca y la pesca no declarada –calculada en, al menos, un 10%– agravan la situación.
La depredación es alarmante y ello obedece, principalmente, a que no se usan los instrumentos que eviten la captura de “juveniles”; esto afecta la futura reproducción y tiene consecuencias ambientales negativas porque las especies que se devuelven al mar sin vida no sirven de alimento a otros peces y contribuyen a desequilibrar el ecosistema, por ejemplo, incrementando las poblaciones de especies carroñeras a expensas de las cazadoras, o reduciendo los niveles de oxígeno en el fondo del mar.
El último informe de la AGN puntualiza como un grave caso de depredación que, por descartes provenientes de la pesca de langostino, en 2007 se capturaron, “incidentalmente”, 32 mil toneladas de merluza juvenil ; esto es, se arrojaron al mar 160 millones de ejemplares muertos antes de que alcanzaran la edad reproductiva.
La situación descripta se vio facilitada y agravada por la ineficacia de los controles y falencias en la aplicación de sanciones . La AGN detectó, en el período auditado (2006 y 2009), que se habían previsto multas a las empresas infractoras por 90 millones de pesos, de los cuales sólo se cobraron alrededor de 13 millones. Además, el tiempo que transcurre entre la infracción y su notificación a las empresas supera, en promedio, los tres años. Con respecto a los inspectores, los informes señalan, entre otras cuestiones, que las cifras de sus planillas en puerto suelen presentar distorsiones sobre los volúmenes realmente capturados.
Resulta grave que los distintos informes registren el mismo tipo de deficiencias y anomalías sin que el Estado recoja las observaciones de la AGN . También se devalúa la tarea del INIDEP y la de ONG como el Centro de Desarrollo y Pesca Sustentable (CeDePesca); éste brindó a la AGN consultores de alta capacitación para realizar tareas de campo, evaluar complejos aspectos técnicos y fortalecer la solvencia de los informes –confeccionados con información suministrada por los auditados–.
La desregulación de la década de los 90 implicó una desmedida expansión de la actividad pesquera impulsada por un fuerte interés internacional en nuestra riqueza ictícola. En este contexto, l os acuerdos de pesca con otros países precipitaron la sobreexplotación . La posibilidad de operar en un esquema poco regulado, sin costos ambientales y con un marco jurídico institucional permisivo generó grandes beneficios de corto plazo.
Es primordial tomar conciencia de la dimensión del riesgo y de su inminencia ; y que el Estado nacional, las provincias y el sector pesquero asuman un compromiso categórico para evitar lo que hasta hoy se presenta como irreversible.
Minería: Una prohibición Suprema
Una prohibición Suprema
Fecha de Publicación: 11/04/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Superior Tribunal de Justicia de Neuquén denegó una apelación del gobierno neuquino y convalidó la prohibición de que la empresa minera Cormine avance sobre territorio mapuche. El reclamo lo había presentado la comunidad de Campana Mahuida.
Otro revés para una empresa y un estado provincial que impulsan la minería a cielo abierto. Y, al mismo tiempo, un nuevo reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios y de los pueblos que rechazan la actividad extractiva con grandes consumos de agua y sustancias tóxicas. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) denegó un pedido del gobierno de Neuquén que, mediante una compañía de origen chino, pretende extraer cobre en la zona de Campana Mahuida (al oeste provincial), donde la población local y la comunidad Mellao Morales habían logrado, en 2009, la prohibición de la actividad. Con la nueva decisión de la Justicia se reafirmó la paralización de la actividad minera en territorio mapuche y se remarcó la necesidad de atender el derecho indígena, que legisla sobre la obligatoriedad de consultar a los pueblos originarios en toda actividad territorial que pudiera afectarlos.
La comunidad mapuche Mellao Morales habita la localidad de Campana Mahuida desde el siglo XIX. Está integrada por 300 familias que se dedican a la cría de ganado y pequeñas chacras para autoconsumo. En octubre de 2007 comenzaron a observar vehículos que se internaban en el paraje y subían para la zona del cerro Tres Puntas. Se sorprendieron por la existencia de exploración minera en su territorio e, incluso, de un contrato entre Cormine y la compañía china Emprendimientos Mineros SA.
La comunidad presentó en 2008 un juicio por nulidad de contrato por no respetar los derechos de los pueblos originarios. También denunciaron que el gobierno provincial había cedido sin licitación pública el yacimiento a tres millones de dólares. Infima cifra para un emprendimiento con al menos quince años de vida útil y reservas por, según la misma empresa china, 1800 millones de dólares.
La jueza de primera instancia Paula Stanislavski, del Juzgado 1 de Neuquén, se declaró incompetente y derivó la causa al Superior Tribunal (STJ). El 28 de septiembre de 2009, el máximo tribunal de Neuquén devolvió la causa a primera instancia, pero antes hizo lugar a la medida cautelar de frenar toda acción hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, la legalidad o no del contrato. En la práctica, implicó el freno de la actividad minera. El STJ dejó constancia de que el avance minero había omitido el derecho de consulta a la comunidad indígena, tal como lo establecen el Convenio 169 de la OIT, el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el artículo 53 de la Constitución de la Provincia de Neuquén.
La Fiscalía de Estado y Cormine apelaron con un recurso extraordinario. Y el Superior Tribunal acaba de volver a fallar contra el gobierno neuquino. La resolución 141, del 29 de marzo pero difundida esta semana, aclara que no corresponde una presentación como la realizada (por no tratarse de una sentencia definitiva) y cuestiona duramente a Cormine y a la Fiscalía porque su apelación “no logra realizar una crítica razonada a las circunstancias que fueron ponderadas para tomar la decisión (de detener la actividad minera)”. Precisa que el recurso extraordinario carece de argumentos que permitan tomar otra decisión respecto de lo vigente en el Convenio 169, en los “derechos (indígenas) involucrados (...) y los principios constitucionales”.
“Esperábamos el fallo porque es claro que no se respetaron nuestros derechos. Los políticos nos maltrataron para que demos marcha atrás, pero es una decisión tomada. Como pueblo mapuche no queremos minería en nuestro territorio”, afirmó el lonko de la comunidad Mellao Morales, Pedro Beroiza.
El máximo tribunal fue particularmente duro con la Fiscalía de Estado. “No guarda coherencia la conducta desplegada por la Fiscalía.” Y reafirma la vigencia de la resolución 6941 del Superior Tribunal porque, en la presentación judicial, Cormine y Fiscalía “no han logrado desvirtuar los argumentos allí brindados”.
La resolución 6941, dictada el 28 de septiembre de 2009, marca la prevalencia del derecho indígena, la necesidad de prohibir la actividad minera y es un antecedente de peso para otros conflictos entre pueblos originarios y empresas extractivas. Ordenó respetar los derechos indígenas y frenar el avance minero.
Remarcó el derecho a consulta de las comunidades y recuerda que la propia Constitución de Neuquén determina la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, disponiendo que no serán enajenables ni transmisibles ni susceptibles de gravámenes o embargos, asegurando su participación en la gestión de sus recursos naturales y demás intereses que los afecten.
Desde la Fiscalía de Estado, a cargo de Raúl Gaitán, no respondieron los llamados de este diario. Idéntica decisión tomó el presidente de Cormine, Martín Irigoyen. Desde el área de prensa de la Gobernación emitieron un comunicado y adelantaron que será la única expresión sobre el caso: “Nada dice la resolución sobre la cuestión discutida en el juicio y lejos está de afectar el Informe de Impacto Ambiental o cualquier otro documento relacionado con el Proyecto”.
Aún falta la sentencia que dirima la cuestión de fondo (la legalidad del contrato minero sin consulta a la comunidad mapuche).
Elena Picasso, abogada de la comunidad y del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), está a cargo de la defensa de la comunidad junto a Cristian Hendrickse, de la Asamblea de Loncopué. Deja claro que aún no hay que festejar porque la disputa judicial continúa, pero sí se permite una sonrisa: “El derecho indígena está muy por encima del Código de Minería. Y, sobre todo, la tierra y el agua están más protegidas al cuidado de los pueblos originarios que en manos de las mineras”.
Fecha de Publicación: 11/04/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Superior Tribunal de Justicia de Neuquén denegó una apelación del gobierno neuquino y convalidó la prohibición de que la empresa minera Cormine avance sobre territorio mapuche. El reclamo lo había presentado la comunidad de Campana Mahuida.
Otro revés para una empresa y un estado provincial que impulsan la minería a cielo abierto. Y, al mismo tiempo, un nuevo reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios y de los pueblos que rechazan la actividad extractiva con grandes consumos de agua y sustancias tóxicas. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) denegó un pedido del gobierno de Neuquén que, mediante una compañía de origen chino, pretende extraer cobre en la zona de Campana Mahuida (al oeste provincial), donde la población local y la comunidad Mellao Morales habían logrado, en 2009, la prohibición de la actividad. Con la nueva decisión de la Justicia se reafirmó la paralización de la actividad minera en territorio mapuche y se remarcó la necesidad de atender el derecho indígena, que legisla sobre la obligatoriedad de consultar a los pueblos originarios en toda actividad territorial que pudiera afectarlos.
La comunidad mapuche Mellao Morales habita la localidad de Campana Mahuida desde el siglo XIX. Está integrada por 300 familias que se dedican a la cría de ganado y pequeñas chacras para autoconsumo. En octubre de 2007 comenzaron a observar vehículos que se internaban en el paraje y subían para la zona del cerro Tres Puntas. Se sorprendieron por la existencia de exploración minera en su territorio e, incluso, de un contrato entre Cormine y la compañía china Emprendimientos Mineros SA.
La comunidad presentó en 2008 un juicio por nulidad de contrato por no respetar los derechos de los pueblos originarios. También denunciaron que el gobierno provincial había cedido sin licitación pública el yacimiento a tres millones de dólares. Infima cifra para un emprendimiento con al menos quince años de vida útil y reservas por, según la misma empresa china, 1800 millones de dólares.
La jueza de primera instancia Paula Stanislavski, del Juzgado 1 de Neuquén, se declaró incompetente y derivó la causa al Superior Tribunal (STJ). El 28 de septiembre de 2009, el máximo tribunal de Neuquén devolvió la causa a primera instancia, pero antes hizo lugar a la medida cautelar de frenar toda acción hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, la legalidad o no del contrato. En la práctica, implicó el freno de la actividad minera. El STJ dejó constancia de que el avance minero había omitido el derecho de consulta a la comunidad indígena, tal como lo establecen el Convenio 169 de la OIT, el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el artículo 53 de la Constitución de la Provincia de Neuquén.
La Fiscalía de Estado y Cormine apelaron con un recurso extraordinario. Y el Superior Tribunal acaba de volver a fallar contra el gobierno neuquino. La resolución 141, del 29 de marzo pero difundida esta semana, aclara que no corresponde una presentación como la realizada (por no tratarse de una sentencia definitiva) y cuestiona duramente a Cormine y a la Fiscalía porque su apelación “no logra realizar una crítica razonada a las circunstancias que fueron ponderadas para tomar la decisión (de detener la actividad minera)”. Precisa que el recurso extraordinario carece de argumentos que permitan tomar otra decisión respecto de lo vigente en el Convenio 169, en los “derechos (indígenas) involucrados (...) y los principios constitucionales”.
“Esperábamos el fallo porque es claro que no se respetaron nuestros derechos. Los políticos nos maltrataron para que demos marcha atrás, pero es una decisión tomada. Como pueblo mapuche no queremos minería en nuestro territorio”, afirmó el lonko de la comunidad Mellao Morales, Pedro Beroiza.
El máximo tribunal fue particularmente duro con la Fiscalía de Estado. “No guarda coherencia la conducta desplegada por la Fiscalía.” Y reafirma la vigencia de la resolución 6941 del Superior Tribunal porque, en la presentación judicial, Cormine y Fiscalía “no han logrado desvirtuar los argumentos allí brindados”.
La resolución 6941, dictada el 28 de septiembre de 2009, marca la prevalencia del derecho indígena, la necesidad de prohibir la actividad minera y es un antecedente de peso para otros conflictos entre pueblos originarios y empresas extractivas. Ordenó respetar los derechos indígenas y frenar el avance minero.
Remarcó el derecho a consulta de las comunidades y recuerda que la propia Constitución de Neuquén determina la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, disponiendo que no serán enajenables ni transmisibles ni susceptibles de gravámenes o embargos, asegurando su participación en la gestión de sus recursos naturales y demás intereses que los afecten.
Desde la Fiscalía de Estado, a cargo de Raúl Gaitán, no respondieron los llamados de este diario. Idéntica decisión tomó el presidente de Cormine, Martín Irigoyen. Desde el área de prensa de la Gobernación emitieron un comunicado y adelantaron que será la única expresión sobre el caso: “Nada dice la resolución sobre la cuestión discutida en el juicio y lejos está de afectar el Informe de Impacto Ambiental o cualquier otro documento relacionado con el Proyecto”.
Aún falta la sentencia que dirima la cuestión de fondo (la legalidad del contrato minero sin consulta a la comunidad mapuche).
Elena Picasso, abogada de la comunidad y del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), está a cargo de la defensa de la comunidad junto a Cristian Hendrickse, de la Asamblea de Loncopué. Deja claro que aún no hay que festejar porque la disputa judicial continúa, pero sí se permite una sonrisa: “El derecho indígena está muy por encima del Código de Minería. Y, sobre todo, la tierra y el agua están más protegidas al cuidado de los pueblos originarios que en manos de las mineras”.
Entre Ríos: demolerán un terraplén ilegal
Colón: el gobierno demolerá un terraplén ilegal
Fecha de Publicación: 11/04/2011
Fuente: InfoAlternativa
Provincia/Región: Entre Ríos
Se demolerá el terraplén que una empresa construyó ilegalmente en Colón. Se trata de la firma Iberpapel Argentina S.A. La senadora nacional Blanca Osuna valoró la decisión del gobierno entrerriano de rechazar el recurso de apelación interpuesto por la empresa.
El secretario de Ambiente Sustentable de Entre Ríos, Fernando Raffo, dijo que esa área del gobierno provincial fue habilitada para ingresar al campo "con la fuerza pública y la maquinaria pertinente" para cumplir con esta demolición. El terraplén fue construido por la firma Iberpapel Argentina S.A en los humedales de la cuenca del Arroyo Caraballo, en Pueblo Liebig, departamento Colón.
En diálogo con Sexto sentido, el secretario de Ambiente, Fernando Raffo, recordó que el gobierno entrerriano rechazó la apelación interpuesta por la empresa Iberpapel Argentina, luego de que la Secretaría de Ambiente Sustentable le ordenara el año pasado la demolición del terraplén de ocho kilómetros que levantó ilegalmente. Según se observó, el terraplén afectaría irremediablemente el equilibrio natural del área.
Osuna valoró la decisión del gobierno de demoler el terraplén ilegal
La senadora nacional Blanca Osuna valoró la decisión del gobierno entrerriano de rechazar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Iberpapel Argentina luego de que la Secretaría de Ambiente Sustentable de la provincia le ordenara el año pasado la demolición del terraplén de ocho kilómetros de extensión que la firma levantó ilegalmente en el departamento Colón, al sur del arroyo Caraballo y se avance efectivamente en su demolición.
"Entre Ríos, a partir de la decisión del gobernador Urribarri, crea un importante precedente en protección ambiental y de los recursos naturales en el país y una clara señal que hace al verdadero y real desarrollo sustentable de la actividad productiva de la provincia", señaló Osuna. A la vez, consideró que se trató de "una acción preventiva de un gobierno comprometido con los intereses de los entrerrianos, al evitar un ataque a la naturaleza y a la biodiversidad y lo que podría haber sido un nuevo conflicto puesto que el impacto ambiental de esta obra podría afectar el río Uruguay y eventualmente violarse un tratado internacional como el Estatuto del Río Uruguay".
Cabe recordar que la senadora venía trabajando fuertemente en este tema. Entre otras cuestiones, había llevado al Congreso a través de un proyecto de declaración, su preocupación por la falta de cumplimiento por parte de la empresa de la orden emanada de demoler el terraplén de más de 8 kilómetros que levantó en la zona de humedales del arroyo Caraballo, que desemboca en el río Uruguay.
"Ese murallón fue levantado ilegalmente, ya que no sólo se violó la legislación vigente y no se pidieron las autorizaciones correspondientes, sino también porque no se realizaron estudios de impacto ambiental para evaluar su viabilidad ecológica". "La falta de realización de estos estudios ha impedido evaluar las consecuencias del terraplén sobre el régimen y la calidad de las aguas del río Uruguay y determinar que la obra efectivamente viola las disposiciones del Estatuto del Río Uruguay", explicó.
En este mismo sentido recordó que la Constitución provincial protege los humedales entrerrianos y prohíbe la "construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados".
Osuna destacó la resolución del Gobierno provincial como un avance frente la actitud de la empresa Iberpapel -que consideró como un "atropello"- de no acatar la medida y que, al igual que en los casos de la represa en el arroyo Ayuí en Corrientes como en el terraplén construido en la estancia La Calera de Pedro Pou en Gualeguay, "son emprendimientos que nada tienen que ver con un desarrollo productivo sustentable sino de empresas que anteponen el interés económico por sobre el cuidado de los recursos, del ambiente y de las personas".
Fecha de Publicación: 11/04/2011
Fuente: InfoAlternativa
Provincia/Región: Entre Ríos
Se demolerá el terraplén que una empresa construyó ilegalmente en Colón. Se trata de la firma Iberpapel Argentina S.A. La senadora nacional Blanca Osuna valoró la decisión del gobierno entrerriano de rechazar el recurso de apelación interpuesto por la empresa.
El secretario de Ambiente Sustentable de Entre Ríos, Fernando Raffo, dijo que esa área del gobierno provincial fue habilitada para ingresar al campo "con la fuerza pública y la maquinaria pertinente" para cumplir con esta demolición. El terraplén fue construido por la firma Iberpapel Argentina S.A en los humedales de la cuenca del Arroyo Caraballo, en Pueblo Liebig, departamento Colón.
En diálogo con Sexto sentido, el secretario de Ambiente, Fernando Raffo, recordó que el gobierno entrerriano rechazó la apelación interpuesta por la empresa Iberpapel Argentina, luego de que la Secretaría de Ambiente Sustentable le ordenara el año pasado la demolición del terraplén de ocho kilómetros que levantó ilegalmente. Según se observó, el terraplén afectaría irremediablemente el equilibrio natural del área.
Osuna valoró la decisión del gobierno de demoler el terraplén ilegal
La senadora nacional Blanca Osuna valoró la decisión del gobierno entrerriano de rechazar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Iberpapel Argentina luego de que la Secretaría de Ambiente Sustentable de la provincia le ordenara el año pasado la demolición del terraplén de ocho kilómetros de extensión que la firma levantó ilegalmente en el departamento Colón, al sur del arroyo Caraballo y se avance efectivamente en su demolición.
"Entre Ríos, a partir de la decisión del gobernador Urribarri, crea un importante precedente en protección ambiental y de los recursos naturales en el país y una clara señal que hace al verdadero y real desarrollo sustentable de la actividad productiva de la provincia", señaló Osuna. A la vez, consideró que se trató de "una acción preventiva de un gobierno comprometido con los intereses de los entrerrianos, al evitar un ataque a la naturaleza y a la biodiversidad y lo que podría haber sido un nuevo conflicto puesto que el impacto ambiental de esta obra podría afectar el río Uruguay y eventualmente violarse un tratado internacional como el Estatuto del Río Uruguay".
Cabe recordar que la senadora venía trabajando fuertemente en este tema. Entre otras cuestiones, había llevado al Congreso a través de un proyecto de declaración, su preocupación por la falta de cumplimiento por parte de la empresa de la orden emanada de demoler el terraplén de más de 8 kilómetros que levantó en la zona de humedales del arroyo Caraballo, que desemboca en el río Uruguay.
"Ese murallón fue levantado ilegalmente, ya que no sólo se violó la legislación vigente y no se pidieron las autorizaciones correspondientes, sino también porque no se realizaron estudios de impacto ambiental para evaluar su viabilidad ecológica". "La falta de realización de estos estudios ha impedido evaluar las consecuencias del terraplén sobre el régimen y la calidad de las aguas del río Uruguay y determinar que la obra efectivamente viola las disposiciones del Estatuto del Río Uruguay", explicó.
En este mismo sentido recordó que la Constitución provincial protege los humedales entrerrianos y prohíbe la "construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados".
Osuna destacó la resolución del Gobierno provincial como un avance frente la actitud de la empresa Iberpapel -que consideró como un "atropello"- de no acatar la medida y que, al igual que en los casos de la represa en el arroyo Ayuí en Corrientes como en el terraplén construido en la estancia La Calera de Pedro Pou en Gualeguay, "son emprendimientos que nada tienen que ver con un desarrollo productivo sustentable sino de empresas que anteponen el interés económico por sobre el cuidado de los recursos, del ambiente y de las personas".
Malargüe sin controles en la minería del uranio
En Malargüe tampoco hay controles en la minería del uranio
Fecha de Publicación: 10/04/2011
Fuente: Renace
Provincia/Región: Mendoza
Pasan los años y los sitios contaminados y abandonados por CNEA continúan aguardando una remediación que no llega. Se suman problemas asociados a gases peligrosos en zonas turísticas aledañas a los pasivos ambientales, que tampoco son tenidos en cuenta.
En marzo de 2010 quien firma tuvo que informar a la Dirección de Recursos Naturales Renovables de Mendoza (donde ocupo un espacio de técnico a cargo del PROGRAMA PROVINCIAL DE ESPELEOLOGÍA y del Plan de Manejo del ANP Caverna de Las Brujas), sobre un estudio que la investigadora de la CNEA Dra. Miriam Kundt llevó a cabo en la Caverna de Las Brujas, en el que advertía que en algunos puntos del circuito turístico actualmente vigente se detectó una concentración de gas radón superior a lo normal.
Literalmente el informe a mis superiores decía: “Habiendo tomado nota del informe elevado a la Dirección por la Dra. Miriam Kundt (CNEA), quien a comienzos del 2008 llevó a cabo mediciones de gas radón en el interior del ANP Caverna de Las Brujas (Zona Turística y Zona Intangible), solicito a Ud. que dicho informe sea incorporado a la Matriz Biofísica para la elaboración del futuro plan de manejo, con el agregado de las siguientes recomendaciones y comentarios: 1) Que se tenga en cuenta que en su informe la Dra. Kundt hace referencia a 15 puntos de la caverna donde se hicieron las mediciones del caso y que en 7 de ellos “se observa que los valores de gas radón medidos superan el nivel de acción citado”. De la lectura de los detalles del informe surge que, de esos 7 puntos, dos de ellos se encuentran en la zona turística y otros dos no están identificados en la topografía, pero que por el relato corresponderían también a espacios visitados por turistas y frecuentado por guías y guardaparques. 2) La Dra. Kundt fue acompañada, durante sus estudios, por un grupo de espeleólogos malargüinos. Dos de ellos (Sres. Martín Bravo y Pablo Cabrera), que además se desempeñan como técnicos de la Dirección Municipal de Ambiente en Malargüe, nos transmitieron la inquietud, antes de presentarse este informe, de que sería importante que la DRNR firme un convenio con la CNEA para llevar este tipo de estudios a mayor escala, no solamente dentro de esta cavidad, sino también en otras de espeleogénesis kárstica, lo que implicaría incluir esta temática en el Programa Provincial de Espeleología (PPE). Al respecto, dichos colegas han manifestado haber llevado a cabo conversaciones informales con técnicos ambientales de ese organismo nacional en la CNEA-Malargüe, pero que se requiere de gestiones a nivel institucional para llevar a cabo la tarea”
El informe se había originado no sólo en lo manifestado por escrito por la especialista de la CNEA, sino también en una visita hecha a la Caverna junto a técnicos de la RENACE – Red Nacional de Acción Ecologista- , la que incluyó también la mina de uranio abandonada Huemul (cerca de la Caverna) y, junto a la concejal malargüina Norma Bouza, a las colas de uranio a sólo diez cuadras del centro de la ciudad. La periodista en ciencias Lic. Silvana Buján publicó el estado riesgoso de la zona, y la necesidad de que se liberaran los fondos para financiar la remediación de las colas de uranio. Para consultar a las fuentes, lleva dos años solicitando una entrevista a la Autoridad Regulatoria Nuclear sin que jamás le haya sido otorgada.
Quien escribe solicitó formalmente un convenio entre el gobierno mendocino y la CNEA para los estudios de gas radón en Las Brujas, a fin de avanzar en el plan de manejo de la misma (que no lo tiene, incumpliendo la Ley 6045).
“La minería del uranio en Malargüe no tiene controles externos”, decía entonces un artículo que publicamos en el semanario Sin Pelos en la Lengua. Malargüe, Nro. 28. Y agregaba que “No hay estudios de epidemiología”, y que “La CNEA sigue adelante sin responder voces de advertencia”.
Esa situación sigue sin resolverse y la Dirección de Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Mendoza, indiferente a este tipo de pedidos, como asimismo a los reclamos en general de que las 14 áreas protegidas provinciales tengan planes de manejo adecuados y los asociados planes de seguridad.
A modo ilustrativo, en febrero ppdo. en Parque Aconcagua murieron dos andinistas y en Caverna de Las Brujas murió un turista norteamericano por causas naturales, pero que pudieron haberse evitado si en Las Brujas hubiese habido al menos un enfermero con equipo médico; el guardaparques no estaba en la reserva y la ambulancia de auxilio tardó 40 minutos en llegar. Días antes de ésto hubo un escándalo público (que continúa) en Malargüe, cuando un concejal llegó de sorpresa a Las Brujas a constatar que faltaba agua potable y servicios sanitarios para guardaparques, guías de turismo y turistas. Mientras tanto, el jefe del Departamento de Áreas Naturales Protegidas estaba de vacaciones mientras otros funcionarios se ocupaban de que la prensa no diera detalles de lo que estaba ocurriendo.
El problema no se resolvió, y los funcionarios denunciados en Fiscalía de Estado estarían estudiando la forma de rescindir los contratos a los técnicos que hicieron tales denuncias, que coordinan planes de investigación paleoclimáticas y biogeográficas en el interior de las cuevas y dejaron filtrar la información a la opinión pública.
Fecha de Publicación: 10/04/2011
Fuente: Renace
Provincia/Región: Mendoza
Pasan los años y los sitios contaminados y abandonados por CNEA continúan aguardando una remediación que no llega. Se suman problemas asociados a gases peligrosos en zonas turísticas aledañas a los pasivos ambientales, que tampoco son tenidos en cuenta.
En marzo de 2010 quien firma tuvo que informar a la Dirección de Recursos Naturales Renovables de Mendoza (donde ocupo un espacio de técnico a cargo del PROGRAMA PROVINCIAL DE ESPELEOLOGÍA y del Plan de Manejo del ANP Caverna de Las Brujas), sobre un estudio que la investigadora de la CNEA Dra. Miriam Kundt llevó a cabo en la Caverna de Las Brujas, en el que advertía que en algunos puntos del circuito turístico actualmente vigente se detectó una concentración de gas radón superior a lo normal.
Literalmente el informe a mis superiores decía: “Habiendo tomado nota del informe elevado a la Dirección por la Dra. Miriam Kundt (CNEA), quien a comienzos del 2008 llevó a cabo mediciones de gas radón en el interior del ANP Caverna de Las Brujas (Zona Turística y Zona Intangible), solicito a Ud. que dicho informe sea incorporado a la Matriz Biofísica para la elaboración del futuro plan de manejo, con el agregado de las siguientes recomendaciones y comentarios: 1) Que se tenga en cuenta que en su informe la Dra. Kundt hace referencia a 15 puntos de la caverna donde se hicieron las mediciones del caso y que en 7 de ellos “se observa que los valores de gas radón medidos superan el nivel de acción citado”. De la lectura de los detalles del informe surge que, de esos 7 puntos, dos de ellos se encuentran en la zona turística y otros dos no están identificados en la topografía, pero que por el relato corresponderían también a espacios visitados por turistas y frecuentado por guías y guardaparques. 2) La Dra. Kundt fue acompañada, durante sus estudios, por un grupo de espeleólogos malargüinos. Dos de ellos (Sres. Martín Bravo y Pablo Cabrera), que además se desempeñan como técnicos de la Dirección Municipal de Ambiente en Malargüe, nos transmitieron la inquietud, antes de presentarse este informe, de que sería importante que la DRNR firme un convenio con la CNEA para llevar este tipo de estudios a mayor escala, no solamente dentro de esta cavidad, sino también en otras de espeleogénesis kárstica, lo que implicaría incluir esta temática en el Programa Provincial de Espeleología (PPE). Al respecto, dichos colegas han manifestado haber llevado a cabo conversaciones informales con técnicos ambientales de ese organismo nacional en la CNEA-Malargüe, pero que se requiere de gestiones a nivel institucional para llevar a cabo la tarea”
El informe se había originado no sólo en lo manifestado por escrito por la especialista de la CNEA, sino también en una visita hecha a la Caverna junto a técnicos de la RENACE – Red Nacional de Acción Ecologista- , la que incluyó también la mina de uranio abandonada Huemul (cerca de la Caverna) y, junto a la concejal malargüina Norma Bouza, a las colas de uranio a sólo diez cuadras del centro de la ciudad. La periodista en ciencias Lic. Silvana Buján publicó el estado riesgoso de la zona, y la necesidad de que se liberaran los fondos para financiar la remediación de las colas de uranio. Para consultar a las fuentes, lleva dos años solicitando una entrevista a la Autoridad Regulatoria Nuclear sin que jamás le haya sido otorgada.
Quien escribe solicitó formalmente un convenio entre el gobierno mendocino y la CNEA para los estudios de gas radón en Las Brujas, a fin de avanzar en el plan de manejo de la misma (que no lo tiene, incumpliendo la Ley 6045).
“La minería del uranio en Malargüe no tiene controles externos”, decía entonces un artículo que publicamos en el semanario Sin Pelos en la Lengua. Malargüe, Nro. 28. Y agregaba que “No hay estudios de epidemiología”, y que “La CNEA sigue adelante sin responder voces de advertencia”.
Esa situación sigue sin resolverse y la Dirección de Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Mendoza, indiferente a este tipo de pedidos, como asimismo a los reclamos en general de que las 14 áreas protegidas provinciales tengan planes de manejo adecuados y los asociados planes de seguridad.
A modo ilustrativo, en febrero ppdo. en Parque Aconcagua murieron dos andinistas y en Caverna de Las Brujas murió un turista norteamericano por causas naturales, pero que pudieron haberse evitado si en Las Brujas hubiese habido al menos un enfermero con equipo médico; el guardaparques no estaba en la reserva y la ambulancia de auxilio tardó 40 minutos en llegar. Días antes de ésto hubo un escándalo público (que continúa) en Malargüe, cuando un concejal llegó de sorpresa a Las Brujas a constatar que faltaba agua potable y servicios sanitarios para guardaparques, guías de turismo y turistas. Mientras tanto, el jefe del Departamento de Áreas Naturales Protegidas estaba de vacaciones mientras otros funcionarios se ocupaban de que la prensa no diera detalles de lo que estaba ocurriendo.
El problema no se resolvió, y los funcionarios denunciados en Fiscalía de Estado estarían estudiando la forma de rescindir los contratos a los técnicos que hicieron tales denuncias, que coordinan planes de investigación paleoclimáticas y biogeográficas en el interior de las cuevas y dejaron filtrar la información a la opinión pública.
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