La Corte Suprema les dio la razón a los vecinos de Chivilcoy en su derecho a tomar agua sin arsénico

Fecha de Publicación: 24/07/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires


El máximo tribunal de justicia provincial rechazó la queja presentada por ABSA. Ahora la empresa deberá construir una planta de ósmosis inversa y mejorar el servicio en forma urgente.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó la queja de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y dejó firme el fallo que obliga a la empresa a garantizar agua potable con menos de 10 µg/L de arsénico, tal como lo exige el Código Alimentario Argentino.
El conflicto comenzó hace más de una década, cuando vecinos y vecinas de Chivilcoy presentaron un amparo exigiendo agua segura. En su defensa, ABSA se respaldaba en una normativa provincial antigua que permitía hasta 50 µg/L, muy por encima de lo permitido a nivel nacional.
La justicia ya le había dado la razón a la comunidad en primera y segunda instancia. Ahora, con la desestimación del recurso de ABSA, la sentencia quedó firme: la empresa deberá construir una planta de ósmosis inversa y mejorar el servicio en forma urgente.
Aguas subterráneas peligrosas
Este fallo es un precedente histórico para Chivilcoy y para toda la provincia al reafirmar que el derecho humano al agua está por encima de cualquier interés económico. Además, obliga al Organismo de Control del Agua (OCABA) a realizar controles bimestrales y transparentes.
El planteo, tanto de ABSA como de la Provincia de Buenos Aires, es que un valor de 50 microgramos por litro de arsénico en el agua representaría un parámetro seguro. Sin embargo, tal postulación es contraria a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y varias entidades de investigación, académicas y de salud, como la Facultad de Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, el CONICET y el Hospital de Niños de la Plata, cuyos dictámenes fueron incorporados en los procesos judiciales.
Los estudios revelados en el Mapa del Arsénico en Argentina que se encuentra confeccionando el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) dan cuenta que los niveles de arsénico en el agua subterránea en un gran sector del interior bonaerense presentan un rango  promedio (de 75 a 370 microgramos por litro) que supera holgadamente lo determinado por la Suprema Corte (10 microgramos por litro) y recomendado por la OMS y el estado de la ciencia, e inclusive por encima del valor de referencia pretendido por ABSA y las autoridades provinciales (50 microgramos por litro).
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Comunidades indígenas de la Red Torna Lickana en Salinas Grandes, Salta, registran el primer TICCA de Argentina

Fecha de Publicación: 24/07/2025
Fuente: FARN
Provincia/Región: Salta


Diez comunidades indígenas de la Red Torna Lickana logran que su territorio sea registrado como un «Territorio de Vida» en una plataforma global, un reconocimiento a su rol esencial en la conservación de la naturaleza, por su gestión y protección de los humedales altoandinos.
El 27 de junio pasado se incorporó al Registro TICCA el primer territorio de Argentina: el Territorio de Vida donde habitan las comunidades de la Red Torna Lickana, ubicado en la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, en la provincia de Salta.
Los TICCA son Territorios y Áreas conservadas por Pueblos y Comunidades Indígenas, también conocido como “Territorio de Vida”. Se trata de un espacio donde existe una conexión estrecha y profunda entre un pueblo indígena o comunidad local y su entorno, arraigada en la historia, la identidad cultural, la espiritualidad y las formas de vida que aseguran su bienestar material e inmaterial, y quienes, a través de sus sistemas de gobernanza y gestión del ambiente, contribuyen positivamente a la conservación de la naturaleza. 
Estos territorios se caracterizan por estar gestionados de forma autónoma por comunidades, que actúan como custodios mediante sus propias formas de gobernanza.  Son ellas quienes establecen las normas sobre el uso y cuidado del territorio a partir de conocimientos tradicionales y de gestión y gobernanza. Los TICCA se destacan, además, por su contribución significativa a la conservación de la naturaleza, mediante la preservación y el uso sustentable de ecosistemas, hábitats, especies y paisajes.
Dentro del Territorio de Vida de la Red Torna Lickana, una red de 10 comunidades originarias se encuentran los humedales altoandinos, conformados por salares, lagunas, vegas y bofedales. Estos ecosistemas tienen múltiples contribuciones para las comunidades indígenas son espacios sagrados, de sustento y de continuidad cultural, con los que las comunidades indígenas mantienen relaciones profundas, respetuosas y arraigadas a su identidad desde tiempos ancestrales. Estos humedales albergan una biodiversidad única, son fundamentales para la regulación del agua y desempeñan un rol clave en la adaptación al cambio climático. Su conservación es necesaria no sólo para garantizar los derechos de las comunidades que los habitan y cuidan, sino también por su papel esencial en el equilibrio ecológico y en el sostenimiento de todas las formas de vida que crecen y se desarrollan en este territorio.
Según el análisis global publicado por el Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA-WCMC) y el Consorcio TICCA en el informe Territorios de Vida,  se estima que los territorios y áreas conservados por Pueblos Indígenas y comunidades locales cubren más del 20% de la tierra y hacen importantes aportes a las redes globales de conservación. Sin embargo, aún existe una importante falta de datos. El Registro TICCA busca documentar estos territorios y ya cuenta con 313 casos reportados a nivel mundial. Hasta ahora, ninguno provenía de la Argentina. La incorporación del territorio de la Red Torna Lickana como un TICCA – Territorio de Vida – marca un hito en el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Argentina, y en la visibilización de sus aportes fundamentales a la conservación de la biodiversidad y al cuidado de la naturaleza. Es también una experiencia ejemplar hacia el fortalecimiento de formas de gobernanza propias, basadas en el respeto, la reciprocidad y el vínculo profundo con los territorios que habitan y sostienen desde hace generaciones.

¿Dónde está ubicado el TICCA y cuáles son las comunidades que forman parte?
La Red Torna Lickana —que significa “Nuestra Tierra”— es una red de comunidades indígenas pertenecientes al Pueblo Atacama, conformada por 10 comunidades originarias que integran el TICCA: Casa Colorada, Cerro Negro, Cobres, Corralito, Esquina de Guardia, Incahuasi, Matancillas, Raíces Andinas, Rangel y Tipan.
Este Territorio de Vida se encuentra en el norte de la República Argentina, en la provincia de Salta, dentro de la región del Altiplano conocida como Puna, abarca los departamentos de La Poma y Los Andes, y forma parte de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que se extiende entre las provincias de Salta y Jujuy, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar.

¿Cómo fue el proceso para la inclusión en el registro?
El Registro TICCA es una plataforma gestionada por el Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA-WCMC) y gobernada por un comité directo con representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Consorcio TICCA, la UICN, el Programa para los Pueblos de los Bosques, la Fundación Kenono (Nagalandia, India), la Cooperativa Snowchange (Finlandia) y Amazon Frontlines.
La inclusión del territorio de la Red Torna Lickana en el Registro TICCA fue el resultado de un proceso sostenido de trabajo comunitario y articulación colectiva. Más allá de su visibilidad internacional, este camino tuvo un enorme valor interno. Desde 2022, las comunidades indígenas que integran esta Red mantuvieron encuentros e intercambios para impulsar la iniciativa, reuniéndose en talleres donde reflexionaron colectivamente sobre el sentido del territorio, su biodiversidad, la memoria, historia e identidad, y sobre las amenazas —históricas y actuales— que ponen en riesgo la continuidad de todas las formas de vida que existen en el TICCA.
Los datos requeridos por el Registro fueron preparados por la Red Torna Lickana, y contaron con el acompañamiento de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en el marco del  programa Conservando los Humedales Altoandinos de Fundación Humedales/Wetlands International y de Pan para el Mundo/Brot für die Welt. A través de esta documentación, las comunidades reafirman su rol como custodias del territorio y comparten, desde su propia perspectiva, conocimientos, prácticas y formas de gobernanza ancladas en su historia y cosmovisión.

¿Qué potencial tiene para las comunidades de esta red y para otras?
La incorporación en la base de datos del Registro TICCA representa una herramienta valiosa para visibilizar el vínculo de la Red Torna Lickana con el territorio, su identidad y sus propias formas de gobernanza. Este acto no solo implica dejar constancia internacional de su presencia y relación con el lugar que habitan y cuidan desde tiempos ancestrales, sino también situarse dentro de una red global de pueblos indígenas y comunidades locales que conservan la naturaleza desde prácticas culturales, espirituales y sociales profundamente arraigadas, para construir alianzas e intercambiar experiencias, así como posicionar su rol clave en la cuidado y equilibrio de la Pachamama (naturaleza), que incluye territorios, humedales y biodiversidad. En un contexto de crecientes presiones sobre los territorios, como el avance de la actividad extractiva del litio en la región, contar con este reconocimiento simbólico y político refuerza su legitimidad frente a actores externos. Esto contribuye a visibilizar y valorar sus formas de vida, sus conocimientos, usos y relación con el territorio. 
En definitiva, registrar su territorio como un TICCA – Territorio de Vida – no es un acto simbólico aislado, sino una estrategia concreta para proyectar su presencia territorial, consolidar su autodeterminación y continuar defendiendo sus formas de vida en comunidad desde su propia cosmovisión.

Reacciones de la comunidad y especialistas que acompañaron el proceso de registro

Comunidades indígenas de la Red Torna Lickana, Salta.
“Las comunidades de la Red Torna Lickana decidimos avanzar en el proceso de registro de este TICCA con el objetivo de mantener los valores culturales y espirituales, preservar nuestra historia, incentivar a los jóvenes para permanecer en la zona, fortalecer el proceso de defensa de nuestros derechos sobre el territorio y la vida comunitaria.” 

Laura Castillo, coordinadora del Programa de Altoandinos en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales
“El registro del territorio de vida de la Red Torna Lickana visibiliza el rol central de las comunidades en la protección de los humedales andinos, amenazados por la demanda de minerales para la transición energética global. El reconocimiento refleja su conexión profunda con el territorio, y el rol esencial de sus saberes para la protección de la naturaleza, en línea con lo establecido en múltiples marcos internacionales de biodiversidad. La reciente Opinión Consultiva 32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también destacó la importancia de los saberes, conocimientos y cosmovisiones indígenas para abordar de manera justa y eficaz la crisis climática y ecosistémica, en pleno respeto a los derechos humanos y los límites planetarios.”

Román Baigún, coordinador del Programa Conservando los Humedales Altoandinos para la Gente y la Naturaleza, de Wetlands International
“Creemos que el reconocimiento como ‘Territorio de vida’ por parte de la ONU a la Red Torna Lickana contribuye a la conservación de los humedales altoandinos. No alcanzan las áreas protegidas para proteger a estos frágiles ecosistemas, son las comunidades con su profunda conexión con la naturaleza quienes vuelven más efectiva la conservación.” 

Christof Wünsch, jefe del Departamento de América del Sur, Brot für die Welt
“Nos complace mucho que las comunidades indígenas de la Red Torna Lickana estén registradas ahora como TICCA. Esperamos que, de esta manera, se reconozcan y respeten sus derechos y su contribución a la protección del frágil medio ambiente de la región y a la diversidad cultural.”
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Especies en riesgo por el tráfico

Fecha de Publicación: 23/07/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Pese a la ley de conservación de fauna, el comercio ilegal pone en peligro a aves, reptiles, mamíferos y felinos nacionales.
Más de 140 especies silvestres son afectadas por el tráfico ilegal en el país, pese a las regulaciones de la ley nacional de conservación de la fauna (N°22.421). Las organizaciones ambientalistas denuncian que miles de ejemplares son capturados año a año para ser comercializados ilegalmente como mascotas, productos artesanales --como ornamentos y joyas-- , medicinas o para coleccionismo. Se calcula que sólo el comercio ilegal de fauna genera entre 15 y 20 mil millones de dólares al año.
Entre las aves se encuentran el loro hablador, el tucán, el flamenco y el cardenal amarillo; entre los reptiles el lagarto overo, la tortuga terrestre y la boa lampalagua; y entre los mamíferos los monos caí y carayá y las especies marinas. Aunque la organización ambientalista Wildlife Conservation Society Argentina (WCS) también resaltó dentro de esta lista a "una creciente cantidad de felinos" --dentro de este grupo se encuentra el yaguareté-- y a plantas como cactus, orquídeas e, incluso, maderas preciosas por diversas características.
Si bien llevarse piedras, plantas, semillas o huevos tras un paseo por la naturaleza o visitar algún destino turístico puede parecer inofensivo, la organización alerta sobre el impacto acumulativo de esta actividad, que podría ser grave para las especies y los ecosistemas. Por este mismo motivo tampoco hay que extraer ni recoger plantas nativas. Y para no fomentar esas extracciones, se recomendó evitar souvenirs que contengan derivados de la naturaleza --corales, caracoles, caparazones, plumas, pieles o maderas-- sin certificado legal.

"Comercio clandestino"
Carina Righi, coordinadora de prevención contra el tráfico de vida silvestre de WCS Argentina, explicó: "Al adquirir un animal o planta nativa o incluso un objeto elaborado con partes de animales --ya sea cuero, hueso, plumas o caparazones--, aunque muchas veces no lo sepamos, podemos estar contribuyendo a un mercado ilegal que causa un daño profundo y silencioso a la biodiversidad. Este comercio clandestino no solo destruye hábitats naturales y empuja a numerosas especies al borde de la extinción, sino que también altera gravemente los equilibrios ecológicos de los ecosistemas".
En esa línea, sostuvo: "extraer animales de su ambiente natural implica un riesgo sanitario porque pueden portar o transmitir enfermedades zoonóticas, que, al ser introducidos en nuevos entornos o entrar en contacto con personas, representan una amenaza concreta para la salud pública y ambiental". Por eso, la organización aconseja no levantar, "rescatar" o comprar animales silvestres en caminos, rutas o en los destinos. Además, tampoco es recomendable alimentar ni tocar animales silvestres.
El mascotismo --la práctica de mantener animales silvestres como mascotas-- y el avance de la agricultura y los proyectos inmobiliarios sobre zonas naturales colaboran en la expulsión de los animales de sus hogares. Esta pérdida de hábitats los lleva a lugares ajenos, como las ciudades: además de aumentar el riesgo de transmisión de enfermedades para la población humana, empeora sustancialmente la vida de los animales. Y se generan las dificultades propias de la cohabitación de humanos y animales sivestres, como por ejemplo los problemas causados por los carpinchos en los barrios privados del Tigre o las incursiones de mapaches y osos en ciudades de Estados Unidos o las "invasiones" de elefantes en zonas urbanas en distintos países de Asia y África.

Marcos legales
Para prevenir y hacerle frente a este comercio ilegal se debe trabajar tanto en la oferta como en la demanda. La coordinadora destacó la necesidad de un "trabajo conjunto entre las instituciones gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil", donde se coordinen acciones con los distintos niveles del Estado para fortalecer el cumplimiento de los marcos legales.
La organización llama a que si se presencia o se sospecha de ventas que parecen no ser legales, extracción de especies o que alguien circula con animales silvestres o sus partes, sea notificado a las autoridades del lugar. La ley nacional plantea penas de un mes a cinco años para quienes cacen, capturen o comercialicen animales de fauna silvestre que estén prohibidas o vedadas por las autoridades jurisdiccionales, lo hagan sin autorización o con armas o medios prohibidos.
En cada provincia hay un organismo encargado de esta tarea. De todas formas, a nivel nacional esta tarea se engloba en la Brigada de Control Ambiental (BCA) dependiente de la Subsecretaría de Ambiente, que tiene como misión la fiscalización, control, preservación ambiental y prevención de la contaminación. En el primer tiempo de funcionamiento --fue creado a mediados del 2020-- rescató alrededor de 600 animales silvestres y otros 600 fueron protegidos judicialmente por las condiciones de vida en zoológicos.
Las especies nativas fueron reinsertados en su entorno natural, luego de un proceso de rehabilitación. Sin embargo, el porcentaje más grande de animales rescatados pertenece a especies exóticas, que no pueden liberarse. Para estos casos, se decidió trasladarlos a santuarios o centros de rescate.
A nivel mundial, la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) realizaron un operativo conjunto donde en un mes rescataron casi 20 mil animales vivos: todos eran especies en peligro de extinción o protegidas. Identificaron seis redes de tráfico internacional y arrestaron a más de 350 personas.
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Motocross en Parque Norte: una deuda ambiental que se arrastra hace décadas

Fecha de Publicación: 23/07/2025
Fuente: Portal NeuquenNews
Provincia/Región: Neuquén


Vecinos del barrio Rincón de Emilio reclaman el cumplimiento efectivo de fallos judiciales que ordenan la remediación del daño ambiental causado por el circuito de motocross en un área natural protegida.
La lucha por el derecho a un ambiente sano en el barrio Rincón de Emilio, en Neuquén capital, lleva más de tres décadas. Y aunque hubo avances en el plano judicial, las promesas políticas y las regulaciones ambientales parecen disolverse frente a una realidad que no cambia: el circuito de motocross sigue operando en plena área natural protegida, dentro de las bardas del Parque Norte.
Este mes de agosto, podría marcar un punto de inflexión. Según denuncian los vecinos, la concesión otorgada a la Asociación de Motocross Neuquén caería de pleno derecho y podría representar una oportunidad para que se cumpla de una vez por todas lo que dictan las leyes, las sentencias judiciales y el sentido común ambiental.

Un conflicto que persiste
El circuito de motocross funciona desde la década del ’90 en un predio que forma parte del Parque Norte, una vasta región de bardas y mesetas declarada área natural protegida por ordenanza municipal en 1998. Sin embargo, con el tiempo, el predio fue ampliado y consolidado, a pesar de las numerosas denuncias por contaminación acústica, destrucción del ecosistema y riesgos hidrológicos.
En 2018, tras años de reclamos, la Justicia neuquina falló a favor de los vecinos. La sentencia —basada en pericias técnicas realizadas por especialistas de la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad de Flores que confirmaron niveles de contaminación sonora, afectación del suelo y alteración de la flora y fauna autóctona, entre otras-, ordenó una serie de medidas de remediación y protección ambiental. 
Nada de eso se cumplió.

La vida con olor a combustible
“Los domingos se respira combustible, se escucha un ruido insoportable y en la barda cada vez se ve menos vida”, cuenta una vecina del barrio, que regresó a vivir a Neuquén luego de años de estudiar fuera de la provincia. Su testimonio, refleja la frustración de una comunidad que ya no cree en las promesas.
La situación es más grave cuando se contempla el riesgo de inundación que pesa sobre el barrio. Al estar ubicado al pie de la barda, Rincón de Emilio ya ha registrado episodios de anegamientos importantes, y el uso intensivo de las laderas por parte del motocross aumenta la erosión del terreno, reduce su capacidad de absorción y empeora el escurrimiento en caso de lluvias fuertes.

Cronología normativa – Bardas Norte, Neuquén
1962 -  Creación del bosque protector en las bardas para contener aluviones tras fuertes lluvias, iniciando su conservación informada.
1990 -  Ordenanza Nº 4538 declara el “Parque Regional Bardas Norte” como patrimonio paisajístico y urbanístico, estableciendo límites (río Neuquén, Cañadón de las Cabras, Ruta 7) y regulando obras que alteren suelo, topografía o cauces naturales.
2002 - Ordenanza Nº 9640/02 complementa y refuerza la protección generada en 1990 (se menciona en varios documentos como parte del sistema de áreas protegidas).
2010 - Se sanciona la Ordenanza Nº 11.874, que crea el Sistema Municipal de Áreas Protegidas (SIMAP), institucionalizando gestión, manejo y planificación integral de las reservas urbanas, incluyendo Bardas Norte.
2008–2012 - Avanzan ajustes normativos y se incorpora un Anexo I con delimitación oficial del área, zonas de protección (como franja de borde de 50 m en la escarpa) y mecanismos de gestión específicos.
2018 - Documentos periodísticos levantan alertas sobre la pérdida de casi 30 ha (10 %) del área protegida, debido a ocupaciones irregulares, pese a los marcos normativos existentes.
2022 - Se firma convenio para traslado del club de motocross fuera del área protegida, en cumplimiento parcial de las regulaciones y medidas previstas por SIMAP.

Normas que no se cumplen
El artículo 41 de la Constitución Nacional establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano”. A nivel provincial, la Constitución de Neuquén refuerza esta premisa, y la Carta Orgánica de la ciudad de Neuquén declara como política prioritaria la protección de las bardas y su conservación como patrimonio natural.
Además, la Ordenanza Nº 4538/90  establece el “Parque Regional Bardas Norte” como área natural protegida, prohibiendo actividades que pongan en riesgo su integridad ambiental. En teoría, ninguna actividad contaminante o destructiva del suelo y la biodiversidad puede llevarse a cabo allí. En la práctica, la de motocross persiste como una excepción con aval tácito.

¿El fin de la concesión?
La esperanza de los vecinos ahora se enfoca en un punto clave: la posible caída de la concesión otorgada a la Asociación de Motocross Neuquén, que según denuncian, cae de pleno derecho este mes de agosto. Si esto se confirma, la Municipalidad tendría una oportunidad histórica de tomar una decisión valiente: no renovar el permiso, clausurar el circuito, e iniciar un verdadero proceso de remediación ambiental.
Consultada en otras ocasiones, la Municipalidad ha reconocido que se trata de un tema complejo, pero ha evitado avanzar en acciones concretas. Algunas gestiones intentaron plantear una eventual relocalización, aunque sin resultados.

¿Y ahora qué?
Neuquén creció, y con ella también creció la conciencia ambiental. Mientras otras ciudades del país convierten sus bardas en parques protegidos, corredores verdes o zonas de reserva educativa, en Neuquén capital se mantiene una concesión que contraviene todas las normas ambientales vigentes.
“No quedan excusas para seguir incumpliendo”, dicen con claridad los vecinos, que representa el sentir de una comunidad cansada de promesas rotas. No se trata de estar en contra del deporte, sino de exigir que este se practique en condiciones adecuadas, sin comprometer el ambiente ni la salud de quienes lo habitan.
El conflicto de Parque Norte no es solo una disputa por un predio: es un prueba concreta sobre el verdadero compromiso de las autoridades con el ambiente, con el derecho constitucional de los ciudadanos y con las generaciones futuras.
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Pampa del Indio: se sacó fotos con un puma muerto y fue detenido por caza furtiva

Fecha de Publicación: 22/07/2025
Fuente: TN24
Provincia/Región: Chaco


La imagen viralizada en WhatsApp permitió identificar al sospechoso. Secuestraron armas blancas, un aire comprimido y restos de otro animal silvestre.
La secuencia se inició cuando la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental tomó conocimiento de la imagen, ampliamente difundida a través de WhatsApp. En ella, se observa a un hombre sosteniendo en sus brazos a un ejemplar de puma concolor, aparentemente cazado en un área rural de la localidad chaqueña.
A partir del trabajo investigativo, los efectivos identificaron al sujeto como A.M., alias «Curo», y a un presunto cómplice, P.L., apodado «Pauli», ambos residentes del Barrio La Alegría, en Pampa del Indio. Según la información recabada, el puma habría sido abatido en un campo propiedad de O.I., alias «Pinocho».
Con los elementos reunidos, la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental de General San Martín ordenó allanamientos en los domicilios de los involucrados. En la casa de A.M., los agentes detuvieron al sospechoso y secuestraron un teléfono celular, un rifle de aire comprimido, un machete corto, dos puñales, un serrucho grande y un cuero de carpincho, otro animal protegido por la normativa de fauna silvestre.
El detenido fue examinado por personal médico y quedó alojado en la Comisaría de General San Martín, a disposición de la fiscalía interviniente. La investigación sigue su curso, y no se descartan nuevas detenciones o imputaciones.

Protección de fauna: un delito penal
El Puma concolor es una especie protegida por la Ley Nacional N.º 22.421, que prohíbe su caza, captura y tenencia sin autorización. Las autoridades recordaron que la caza furtiva es un delito penal y reiteraron el llamado a la población a no difundir ni participar de actos que atenten contra la fauna silvestre.
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Las “tierras raras”, una oportunidad para el país

Fecha de Publicación: 22/07/2025
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Nacional


América, en especial Argentina, cuenta con minerales críticos que son demandados en el mundo, según expertos. 
El continente americano cuenta con abundantes reservas de minerales críticos y tierras raras. El potencial fue analizado en el 3° Latam Forum, un espacio que reunió a líderes empresariales, inversionistas y funcionarios gubernamentales para debatir sobre las oportunidades estratégicas de la región en el contexto global.
En el panel sobre estos recursos, fue Michael Meding, vicepresidente de McEwen Copper y gerente general de Los Azules, quien afirmó: “el desarrollo de las tierras raras también ofrece oportunidades en Argentina, donde hay proyectos que llegan a tener 40 años de vida, lo que brinda un potencial de rentabilidad excepcional”.
“Necesitamos obras de infraestructura para ser más competitivos y esto se puede lograr a través de acuerdos entre el Gobierno y el sector privado”, expresó.
Para Meding, la clave para el despegue de los minerales críticos y las tierras raras es destrabar las reservas mineras con inversiones locales y extranjeras. “Están apareciendo bancos y otras entidades que están dispuestas a financiar la actividad minera porque ven que es altamente rentable”, dijo.
Además de Meding, el panel estuvo integrado por Eduardo Elsztain, Presidente deI RSA; Pablo Tarantini, director general de Integra Capital; y Guillaume Légaré, jefe para Sudamérica de Toronto Stock Exchange & TSX Venture Exchange.
Argentina invierte el 1% de su PBI en minería, cuando Chile -por el impulso del cobre- destina el 10%. Además, el país es el segundo país de América con yacimientos estratégicos, con más de 1000, sólo superado por Canadá que tiene 5000 propiedades mineras.
La búsqueda de financiamiento debe estar alineada a la diversificación minera, apoyando la actual explotación de oro y plata con el cobre, el litio y los minerales críticos.
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Neuquén busca proteger la fauna y los ecosistemas de las camionetas 4x4

Fecha de Publicación: 21/07/2025
Fuente: Portal NoticiasNQN
Provincia/Región: Nacional


Funcionarios provinciales y referentes turísticos reforzaron el compromiso por un uso responsable del entorno natural.
Con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto en la preservación de la biodiversidad y el cuidado de la fauna, se llevó a cabo una importante reunión entre autoridades ambientales y la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Neuquén,  Silvana Cerda.
Durante el encuentro, se puso el foco en la necesidad de intensificar los controles sobre la actividad 4x4, una práctica que, si no se realiza de manera ordenada y responsable, puede generar un fuerte impacto en el suelo, la flora y la fauna del territorio neuquino.
“La protección del ambiente debe ir de la mano con el turismo y las actividades recreativas. El equilibrio entre el disfrute y la conservación es clave para garantizar un desarrollo sostenible”, señalaron desde la organización.
Desde ambas áreas manifestaron su compromiso en continuar articulando políticas públicas que promuevan un uso responsable del ambiente, evitando daños irreversibles en los ecosistemas locales y asegurando su preservación para las próximas generaciones.
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Desmontes sin control: el Gobierno de Insfrán admitió lo que negó durante años

Fecha de Publicación: 19/07/2025
Fuente: Portal PrensaLibreFormosa
Provincia/Región: Formosa


El columnista Juan Slash puso en evidencia el forzado e involuntario reconocimiento del Gobierno de Formosa sobre la pérdida de miles de hectáreas de monte nativo. La admisión oficial llegó justo después de la embestida judicial contra Atilio Basualdo y Francisco Paoltroni, los opositores más votados y promotores de la intervención federal.
Tras años de negaciones sistemáticas, relativizaciones oficiales y silencios cómplices, el Gobierno de Gildo Insfrán finalmente reconoció la existencia de desmontes ilegales y sin control en distintas zonas del territorio formoseño. Así lo reveló una nota difundida por la agencia estatal AGENFOR, donde el propio ministro de Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, admitió que "estos desmontes irregulares —sin permisos o con permisos excedidos— representan una grave afectación al ambiente y a los recursos naturales".
El reconocimiento tardío, interesado e involuntario, se produce en el contexto de una jugada política del gobierno provincial para atacar judicialmente a dos de los principales referentes de la oposición: el senador Francisco Paoltroni y el intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, quienes fueron recientemente condenados y embargados por supuestas irregularidades ambientales, apenas días después de haberse convertido en los candidatos más votados del campo opositor y de haber impulsado la intervención federal de la provincia.
En su columna, Slash fue contundente al destacar: "Por fin el Gobierno Provincial reconoció que se pierden miles de hectáreas sin control", y Slash tiene razón aunque el reconocimiento no fue por honestidad política ni por compromiso ambiental, sino como parte de una maniobra para justificar la cacería judicial contra quienes se atreven a desafiar al régimen".
La nota de AGENFOR el ministro Lucas Rodríguez, circunscribe los desmontes exclusivamente a las zonas donde trabajan Paoltroni y Basualdo, asegurando que las irregularidades se concentran principalmente al sur de Las Lomitas y alrededores de Pozo del Tigre, Estanislao del Campo, Subteniente Perín e Ibarreta. Las cifras son alarmantes: 120 hectáreas desmontadas en Ibarreta, 478 en Subteniente Perín, 659 en Las Lomitas. En total, solo en estos casos, se han perdido más de 1250 hectáreas de monte nativo.
Lo que el gobierno provincial nunca pudo tapar con discursos, hoy lo exponen las imágenes satelitales. Desde hace años, Greenpeace viene alertando sobre la acelerada destrucción del monte nativo en varios departamentos de Formosa. Hernán Geraldini, coordinador de Campañas de Bosques de la organización, denunció que desde la sanción de la Ley de Bosques Nativos en 2007, la tasa de deforestación se cuadruplicó en la provincia.
El trasfondo de esta catástrofe ambiental está en la manipulación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, donde Formosa decidió ir a contramano de lo que hicieron otras provincias.
Mientras jurisdicciones como Salta o Chaco protegieron hasta el 80% de sus masas forestales bajo zonas rojas o amarillas (donde no se puede desmontar), Formosa clasificó el 70% de sus bosques como "zona verde", permitiendo desmontes con simples permisos administrativos.
"El resultado está a la vista: en lo que va de 2024, ya se perdieron unas 36.000 hectáreas de monte formoseño, la mayoría con aval del propio Estado provincial", denunció Geraldini.
Lo que Slash, tal vez sin desearlo desnuda en su análisis no es solo la gravedad ambiental, sino la hipocresía política: "El gobierno que encubre desmontes ilegales y hace la vista gorda con grandes terratenientes, es el mismo que ahora persigue judicialmente a dos dirigentes opositores con el argumento de proteger los bosques".
La paradoja es brutal: el Estado que destruye, simula cuidar. El régimen que desmonte tras desmonte consolidó su poder, ahora acusa de ecocidas a quienes -alguna vez autorizó a desmontar -y hoy lo enfrentan en las urnas.
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Exigen un “urgente plan” de remediación ambiental tras la salida de Atanor de San Nicolás

Fecha de Publicación: 19/07/2025
Fuente: Portal InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


El pedido fue realizado desde el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires. Piden a la provincia “diagnosticar el alcance de los daños sanitarios y ambientales ocasionados”. 
Ante la reciente salida de San Nicolás de la empresa de agroquímicos Atanor, el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires (CPQ)  hizo un “urgente llamado a las autoridades gubernamentales” plan que la empresa lleve a cabo un plan de remediación ambiental.
Desde el organismo pidieron que Atanor cumpla con su “indeclinable responsabilidad de llevar a cabo un exhaustivo plan de remediación ambiental, tras los sucesivos hechos de contaminación perpetrados que afectaron notoriamente tanto al entorno como a la población”.
En ese marco, la entidad exigió “que los organismos del Estado pertinentes lleven a cabo rigurosos controles a cargo de personal idóneo y matriculado, a los fines de diagnosticar el alcance de los daños sanitarios y ambientales ocasionados y sus consecuencias, como así también constatar el cumplimiento estricto de las acciones necesarias para revertir dicha situación” indicaron.
Incluso, desde el CPQ se reclamó que, de ser necesario, “se apliquen las sanciones correspondientes contempladas en el marco de la Ley”.
Los antecedentes de Atanor señalados por el Consejo Profesional de Química
Desde la entidad profesional recordaron que, recientemente, la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires dispuso “la clausura total y preventiva de la planta que la empresa Atanor posee en San Nicolás, luego de confirmar un episodio de contaminación ambiental sobre la ribera del Río Paraná”.
La medida se adoptó tras los resultados de análisis realizados por laboratorios oficiales, que comprobaron “la presencia de glifosato, atrazina y clorpirifos (este último prohibido en el país)” así como de compuestos tóxicos como fenoles y metales pesados —arsénico, plomo y cromo— en los desechos industriales de la firma. Se verificó que los residuos eran arrojados a través de un ducto autorizado solo para efluentes cloacales, en violación de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos.
Asimismo vale remarcar que, tras la clausura, Atanor anunció que iniciará un proceso de relocalización de sus operaciones, aunque informó que planea mantener en el mismo predio clausurado un centro logístico para productos peligrosos.
En relación a esto, el presidente del Consejo Profesional de Química, Dr. Carlos Colángelo, manifestó que “es inadmisible que empresas que manipulan productos químicos de gran peligrosidad operen en el territorio provincial con total impunidad, como lo ha hecho Atanor por años y años” sostuvo.
Y se preguntó: “¿Es posible que los organismos de control del gobierno provincial no supieran de los daños ambientales que se fueron ocasionando y que fueron denunciados en varias oportunidades por los vecinos afectados?” cuestionó.
Además dejó otros interrogantes: “¿Se inspeccionó de manera periódica y exhaustiva la planta para constatar el cumplimiento de los protocolos y la ejecución de tareas a cargo de personal químico matriculado y de otras áreas profesionales ? ¿Qué garantías existen de que Atanor tenga un proceder sanitario y ambiental en el marco de la ley si se radicara (como anunció) en la localidad cordobesa de Río Tercero?” advirtió.
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Aplican multa millonaria y clausuran un centro de acopio de bidones vacíos de agroquímicos

Fecha de Publicación: 19/07/2025
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos


El gobierno cerró un centro de acopio de envases vacíos de agroquímicos ubicado cerca de Aranguren. Aplicó una multa de más de $46 millones a su dueño.
Luego de un exhaustivo proceso, que se inició el año pasado, el gobierno provincial cerró un centro clandestino de acopio de bidones vacíos de fitosanitarios, también conocidos como agroquímicos, ubicado sobre la Ruta Nacional 12, kilómetro 375, en las cercanías de Aranguren, departamento Nogoyá. La multa a su titular supera los 46,274 millones de pesos. 
 La intervención, realizada entre el 22 y el 24 de mayo de 2024, conto con la participación clave de expertos de la Secretaría de Ambiente, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico (incluyendo su Brigada Ambiental), la Dirección de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos, el Ministerio de Trabajo y la Asociación Civil Campo Limpio.
En esa oportunidad se encontraron una gran cantidad de envases almacenados ilegalmente en instalaciones sin la habilitación correspondiente, pero que funcionó normalmente durante décadas. Luego de tres días de intenso trabajo, se retiraron y enviaron a disposición final toneladas de plástico contaminado, evitando que fueran derivados al chipeo y reciclado, una práctica peligrosa que había tenido lugar durante un largo tiempo en otro sitio cercano, propiedad de los mismos responsables.

Con los envases contaminados hacían objetos de uso cotidiano
Con dicho plástico reciclado, pese a su alta peligrosidad, elaboraban nuevos objetos de uso cotidiano. Los envases relevados y clasificados fueron trasladados a un Centro de Acopio Transitorio (CAT), con el objetivo de garantizar su tratamiento adecuado y una disposición final segura, a instancias de Campo Limpio, que tiene asignada por ley la responsabilidad de la gestión de los envases.
Ya en 2024 se impuso una suspensión provisoria de toda actividad en el establecimiento, lo que derivó en un sumario administrativo que concluyó recientemente. Como resultado, mediante resolución número 1220, la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, dispuso la clausura definitiva del predio, la imposición de una multa superior a los 46 millones de pesos al titular del establecimiento, y la obligación de presentar un plan de remediación y recomposición ambiental.
Las sanciones impuestas fueron por infracciones a normativas clave como la Ley de Residuos Peligrosos (N.º 24.051), la Ley General del Ambiente (N.º 25.675) y la Ley de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios (N.º 27.279). Además, el plan de remediación ambiental del predio exigido resulta crucial para evaluar y revertir el impacto de la contaminación, buscando restablecer el ambiente a su estado original. Asimismo, se puso a disposición de las autoridades judiciales toda la información correspondiente a esta grave infracción ambiental.
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Fauna nativa en riesgo: la mercantilización de la vida silvestre no es desarrollo

Fecha de Publicación: 18/07/2025
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro 


La reciente ley que habilita la cría y comercialización de fauna nativa en Río Negro representa un grave retroceso en soberanía y protección ambiental. Es urgente defender la biodiversidad y los derechos de las comunidades frente a este avance extractivista. 
La Legislatura de Río Negro aprobó una nueva Ley de Fauna que, lejos de ser un avance, representa un serio retroceso en materia ambiental y de soberanía sobre nuestros bienes comunes. La norma habilita la cría, comercialización y exportación de fauna nativa -incluyendo material genético- con fines comerciales. Y lo hace en un contexto de desguace institucional, debilitando los controles provinciales y desprotegiendo tanto la biodiversidad como los territorios de nuestras comunidades indígenas y rurales. 
El desmantelamiento del cuerpo de guardafaunas es un hecho alarmante. Cinco agentes y tres vehículos para custodiar más de 200.000 km2 no es un sistema de fiscalización, es una ficción. Es una puerta abierta al tráfico ilegal, a la caza furtiva y al deterioro irreversible de especies únicas de nuestro ecosistema. No estamos hablando sólo de animales: estamos hablando de equilibrio ecológico, de soberanía, de identidad y de futuro. 
Esta ley, impulsada por el Ejecutivo provincial y defendida por sectores oficialistas, no fue discutida con la profundidad que amerita. No convocó a las Universidades Nacionales, ni al CONICET, ni a las comunidades mapuche-tehuelche cuyos territorios se verán directamente afectados. ¿Cómo hablar de sustentabilidad si se excluye a quienes cuidan y habitan esos ecosistemas desde hace siglos? 
Además, al borrar los límites entre criaderos de especies nativas y cotos de caza exótica -como el habilitado por capitales de Emiratos Árabes Unidos en el Alto Chubut- la ley avanza sobre una zona gris muy peligrosa. El riesgo de convertir la Patagonia en un territorio de laboratorio y de lucro para intereses ajenos a nuestras comunidades es real. 
Sabemos que el país y la provincia atraviesan momentos difíciles. Pero el ajuste no puede hacerse sobre el patrimonio natural ni sobre los derechos colectivos. Privatizar la naturaleza no es un camino de desarrollo: es una forma encubierta de extractivismo, que termina beneficiando a unos pocos y empobreciendo a las mayorías. 
Como Senadora de la Nación, voy a seguir visibilizando este tipo de retrocesos. Porque no hay justicia social sin justicia ambiental. Y porque defender la fauna nativa es también defender nuestra historia, nuestra diversidad y la posibilidad de un futuro vivible para todos y todas. 

Por García Larraburu 

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Adiós fauna silvestre: Río Negro abre la temporada de caza

Fecha de Publicación: 18/07/2025
Fuente: Portal CanalAbierto
Provincia/Región: Río Negro 


La legislatura rionegrina aprobó una nueva ley de ¿protección? de la fauna autóctona con un trámite exprés sin consulta ni participación de la comunidad. La norma transgrede la Ley General del Ambiente y el Tratado de Escazú y pone a muchas especies a tiro de los cazadores.
“Esta ley abre de hecho la caza indiscriminada del guanaco, del choique y otras especies autóctonas porque ya no las considera caza furtiva”, sostiene en diálogo con Canal Abierto la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, respecto a la reciente sanción de una nueva ley de “des”protección de la fauna silvestre, impulsada por el gobernador Weretilneck. 
La mayoría automática de Juntos Somos Río Negro (JSRN) en la Legislatura provincial aprobó con un trámite exprés la nueva norma que según el relato oficialista tiene el objetivo de establecer un marco legal actualizado para conservar la biodiversidad y regular las actividades vinculadas al manejo de especies, como la caza y la cría en cautiverio.
La norma, cuyo texto definitivo aún no ha sido publicado, viene a reemplazar la Ley 2056 de 1985 que declaró de interés público a la fauna silvestre, creó el Fondo Provincial para la Fauna Silvestre y el Cuerpo de Guardafaunas Provincial. A su vez, la legislación sancionada en la primavera democrática post dictatorial, definía como autoridad de aplicación a la Dirección de Fauna, dependiente del Ministerio de Recursos Naturales. Desde hace más de un año, la subsecretaría de Fauna Silvestre pasó a la órbita del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, señalando el cambio de paradigma que en la nueva ley se plasma plenamente.
Desde la oposición, Odarda (Vamos con Todos), ex senadora nacional, sostuvo en el debate que la nueva ley “entiende a la fauna como objeto de explotación económica” y argumentó que “es menos protectora” que la norma que deroga lo que implica un retroceso. Obviamente, votó en contra y criticó el cambio de enfoque.  
Por su parte, el legislador Gustavo San Román de la bancada de JSRN, miembro informante, destacó que la ley define y clasifica a las especies silvestres según su estado de conservación -desde amenazadas hasta aptas para aprovechamiento sustentable- y establece procedimientos específicos para la introducción, extracción y liberación de ejemplares, así como también crea categorías claras para la cría y manejo en cautiverio.
Agregó que “se regulan con precisión las actividades de caza (denominadas “cinegéticas”), tanto deportivas como comerciales, científicas o de control poblacional, siempre bajo criterios de sostenibilidad y bienestar animal. También, se contemplan permisos especiales para casos de subsistencia en sectores vulnerables”, sostuvo en la sesión.

Objeción al tratamiento de la ley 
“Esta ley no tuvo el trámite reglamentario correspondiente”, señala Odarda. “Acá en Río Negro, un proyecto de ley se trata dos veces, en primera y segunda vuelta. Como tenemos una legislatura unicameral -no hay cámara de diputados y senadores-, los proyectos de ley primero se aprueban y luego hay un plazo para que la ciudadanía pueda opinar y hacer aportes. Después, vuelve a ser tratado en sesión legislativa y se sanciona en caso de que haya consenso o por mayoría”. 
En este caso se usó una excepción, el Ejecutivo puede presentar iniciativas con un acuerdo de ministros, que se tratan una sola vez y, ese mismo día, se convierten en ley.
De esta forma, “se limita la participación ciudadana porque no se le da la posibilidad a las organizaciones y a los ciudadanos de conocer y opinar respecto de la ley”, advierte la legisladora. “Este proyecto entró el lunes, un día antes de las comisiones, y el jueves se aprobó. No hubo tiempo de que las organizaciones proteccionistas, animalistas, ambientalistas, incluso los propios guardafaunas, que fueron los más perjudicados, se enteraran y pudieran participar”.

De la mano de Milei
En abril, poco antes del tratamiento exprés de esta ley, el Gobierno nacional autorizó la exportación de fauna silvestre, totalmente prohibida durante los últimos 40 años de democracia. “Este proyecto de ley sigue esa misma línea de flexibilización de todo lo que signifique preservación de la fauna silvestre autóctona. En este caso se cambia el paradigma de preservación a utilización comercial de la fauna silvestre”, sostiene Odarda.
A través de la Disposición 381/2025, firmada por el subsecretario de Ambiente Fernando Jorge Brom, cuyo expertise en la materia es el márketing, el Ejecutivo derogó una normativa que desde 1986 prohibía la exportación, comercialización y traslado de ejemplares vivos de fauna silvestre.

Objeciones al contenido de la ley
“En su filosofía, la ley 2056 se enfoca en el concepto de protección en sí misma de la fauna silvestre, per se, no entendida como un objeto de explotación económica. Ahí está la diferencia ¿protegemos la fauna silvestre porque hay que protegerla tal como lo requieren la Constitución Nacional y los convenios internacionales? ¿o la protegemos como una cosa, un objeto con miras a su explotación con fines de lucro? Por eso decimos que hay un cambio de paradigma, de una política pública que intenta defender la fauna, a otra que la considera como un objeto de explotación económica”, argumenta Odarda. 
La sanción de esta norma viola el Acuerdo de Escazú, un tratado regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (en América Latina y el Caribe) que desde 2020 es ley nacional (Ley 27.566). 
También viola la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) porque vulnera el principio de progresividad y de no regresión en materia ambiental. Este implica que las leyes y políticas ambientales deben avanzar hacia una mayor protección y mejora del ambiente a lo largo del tiempo, evitando retrocesos o disminuciones en los niveles de protección alcanzados. “El gobierno argumenta que la ley anterior es muy vieja, que tiene 40 años, sin embargo era mucho más proteccionista que esta ley”. 
“Estamos analizando con las distintas organizaciones judicializar esta decisión. Lo que sucede es que también han modificado el Código Procesal Constitucional, y prácticamente han eliminado de la figura del amparo colectivo que sería la herramienta fundamental para proteger un derecho colectivo como es el ambiente”, explica Odarda. “Imponen costas muy onerosas a los ciudadanos que interponen una acción de amparo para desalentar la participación ciudadana y el acceso a la justicia”.

Adiós a los guardafaunas
Actualmente el cuerpo provincial de guardafaunas cuenta con cinco trabajadores que deben abarcar un área de más de 200 mil kilómetros cuadrados con tres vehículos. El nuevo régimen sustituye la figura del guardafauna por la de inspectores de actividades comerciales “sin formación en derecho ambiental o en todo lo que tiene que ver con el conocimiento de las especies”. 
“¿Qué pasa con los actuales guardafaunas? No se sabe todavía, quedan en el aire”, advierte la exsenadora. “Actualmente son muy pocos para un territorio muy extenso, inclusive están trabajando guardafaunas honorarios, haciendo un trabajo voluntario hermosísimo y realmente efectivo. Yo denuncio en las sesiones que son muy pocos para lo que es la biodiversidad rionegrina. Imagínate que  también incluye la fauna marina, mamíferos como la ballena, delfines, las orcas, lobos marinos, etc.”
Entre sus responsabilidades está el control de 14 cotos de caza privados, según los eufemismos de la nueva ley: cotos de actividad cinegética. “Nadie conoce lo que está sucediendo en los cotos de caza. Si no hay guardafauna para inspeccionar y fiscalizar, ¿quién controla que dentro de un coto de caza no haya una especie protegida como es el huemul,  o el pudu pudu, que se comenzó a ver nuevamente”.
La nueva ley tiene como autoridad de aplicación el Ministerio de Desarrollo, poniendo de relevancia la mirada productivista que tiene la norma. Así, sale de la órbita de la ya desdibujada secretaría de Ambiente y Cambio Climático que funciona como un apéndice escuálido de la Secretaría de Energía y Ambiente. La semántica de los organigramas.

El guanaco en peligro
“Se le quitó la protección al guanaco de forma que se habilita su caza masiva. No es cierto que haya superpoblación y hay lugares donde no existen más, desde hace años se los erradicó por la caza furtiva, por la depredación que hubo sobre esta y otras especies”. 
Para la legisladora provincial, en la Legislatura se impuso el relato de un sector interesado, el de los grandes productores ovinos que hace mucho señalan al guanaco como el responsable de la desertificación de los campos. El CONICET señala que la desertificación se debe a la sobrecarga que se hace sobre los campos, al desmonte y a otras prácticas humanas. “El guanaco es una especie que ha estado toda la vida allí. Ha sido el sustento de los pueblos indígenas en toda la Patagonia y en Río Negro en particular. Decir que el guanaco es plaga es una gran mentira para justificar todo esto”.
“El resultado es la privatización de la fauna a través de los cotos de caza, que cada vez son más. Voy a presentar un proyecto para prohibirlos en Río Negro”. Y resume: “esta es una ley absolutamente regresiva en materia ambiental. Es inconstitucional por no haber garantizado la participación ciudadana ni el derecho a la información para poder legislar sobre una materia ambiental”, concluye la legisladora. 
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Proponen una ley para prevenir los sismos provocados por el fracking en Neuquén

Fecha de Publicación: 18/07/2025
Fuente: Portal NeuquenNews
Provincia/Región: Neuquén


El Observatorio de Sismicidad Inducida impulsa un marco legal inédito para regular los riesgos sísmicos vinculados a la fractura hidráulica en Vaca Muerta.
El Observatorio de Sismicidad Inducida (OSI), una organización científica independiente con sede en la Patagonia, presentó este lunes un proyecto de ley integral para la prevención de la sismicidad inducida en la provincia del Neuquén. La propuesta busca establecer un marco legal que regule y minimice los impactos sísmicos generados por el fracking, técnica ampliamente utilizada en la explotación de hidrocarburos no convencionales en la formación Vaca Muerta.
Según la información difundida, desde 2018 se han registrado más de 500 eventos sísmicos asociados a la actividad industrial en la región, sin que exista hasta ahora una normativa específica que regule el fenómeno ni mecanismos de prevención obligatorios.
“Neuquén ha registrado más de medio millar de sismos inducidos desde 2018. No podemos seguir sin un marco legal que proteja a la población, la infraestructura crítica y el ambiente”, señalaron desde el OSI.

Puntos clave del proyecto
La propuesta contempla una serie de medidas concretas orientadas a la prevención, monitoreo y control de la sismicidad inducida, con especial énfasis en la protección de zonas sensibles. Entre los principales ejes se destacan:
- Protocolo de semáforo sísmico: establece umbrales de magnitud e intensidad sísmica que, al ser superados, obligan a suspender operaciones o aplicar medidas técnicas inmediatas.
- Zonas de exclusión de 15 kilómetros alrededor de áreas críticas como centros urbanos, escuelas, hospitales, represas, oleoductos y gasoductos.
- Monitoreo sísmico obligatorio en tiempo real, acompañado de evaluaciones de riesgo antes de cada operación de fractura hidráulica.
- Acceso público a la información y participación ciudadana, con el objetivo de garantizar transparencia en la toma de decisiones.

Un aporte técnico con alcance social
El documento, según explicaron sus autores, incluye fundamentos científicos, referencias a legislaciones de otros países y está redactado en un lenguaje accesible, pensado para llegar tanto a la ciudadanía como a sectores técnicos, académicos y políticos.
La iniciativa es presentada como un insumo técnico no partidario, disponible para ser debatido y adaptado tanto en la Legislatura como en otros ámbitos institucionales.

Sobre el OSI
El Observatorio de Sismicidad Inducida se formó en 2019 con el objetivo de monitorear de manera autónoma la actividad sísmica en la Patagonia argentina. Su equipo está compuesto por profesionales de distintas disciplinas y su trabajo no está vinculado a empresas, partidos ni gobiernos. Su misión —afirman— es generar conciencia sobre los impactos socioambientales de la gran industria energética en el territorio.

¿Y ahora qué sigue?
El proyecto fue puesto a disposición de legisladores, funcionarios, universidades, medios de comunicación, organizaciones sociales y cámaras empresariales. Desde el OSI manifestaron su voluntad de abrir el debate público y científico sobre una problemática que, aseguran, seguirá creciendo en la medida en que se intensifique la explotación no convencional en Vaca Muerta.
En un contexto de creciente actividad extractiva, la propuesta plantea una pregunta urgente: ¿puede seguir desarrollándose el fracking sin un marco legal que contemple sus efectos sísmicos? El debate está abierto.
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Clausuran planta de Atanor en San Nicolás por grave contaminación ambiental

Fecha de Publicación: 17/07/2025
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Buenos Aires


La empresa solo tenía autorización para descargar efluentes cloacales, no industriales
La Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires clausuró preventivamente la planta de Atanor en San Nicolás tras detectar, durante una inspección realizada el 9 de junio, una grave violación a las normas ambientales. Los análisis de laboratorio confirmaron el vertido ilegal de efluentes industriales con altos niveles de agroquímicos (como glifosato, atrazina y clorpirifos) y metales pesados (arsénico, plomo, cromo, entre otros) directamente al Río Paraná. La empresa solo tenía autorización para descargar efluentes cloacales, no industriales.
Vecinos, organizaciones como FOMEA y Greenpeace habían denunciado la situación, que fue calificada como una acción deliberada y clandestina, con posibles consecuencias penales. Como respuesta a la presión social y legal, Atanor anunció el traslado de su producción, aunque mantendrá un centro logístico en el predio, lo que preocupa a la comunidad por el posible almacenamiento continuo de sustancias peligrosas.
Greenpeace y representantes legales de los vecinos exigen que la empresa asuma su responsabilidad por el daño ambiental generado, se impida el uso futuro del sitio para actividades con riesgo químico y se garantice una remediación integral del área afectada.
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Sismos en Vaca Muerta: en menos de 24 horas hubo dos temblores cerca de Añelo este domingo

Fecha de Publicación: 17/07/2025
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


El primero fue a 9 kilómetros de profundidad y el segundo a 10. Ambos cerca de Añelo. 
Este domingo se registraron dos nuevos sismos en Vaca Muerta. Esta vez los temblores se sintieron a 45 kilómetros al norte de la localidad de Añelo, en Neuquén con menos de 24 horas de diferencia. Los eventos fueron confirmados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).
Según informaron, el primer sismo ocurrió el domingo 13 de julio a las 00:35 y tuvo una magnitud de 2,5 Ml con una profundidad de 9km. Algunas horas más tarde, a las 14:31 se registró el segundo evento con la misma magnitud pero a una profundidad de 10 km. 
«Los epicentros se localizaron a unos 45 km al norte de la localidad de Añelo y fueron calculados y registrados por INPRES», indicaron. 

Sismos en Vaca Muerta: muy cerca de un equipo de fractura hidráulica de YPF
«Ambos eventos ofician nuevamente como indicadores de la asociación directa entre fractura hidráulica y sismicidad ya que -como se observa en el mapa- la cercanía entre el epicentro y un equipo de fracturas que se encuentra operando en el área Aguada del Chañar (YPF SA y Compañía General de Combustibles) es menor a 5 km: se expone nuevamente la coincidencia espacial y temporal entre sismicidad inducida y fracking», indica desde el Observatorio de Sismicidad Inducida.
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