Fracking, sismos e impunidad: la receta de una zona de sacrificio en Vaca Muerta

Fecha de Publicación: 06/09/2025
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Neuquén


Hace más de 10 años que la fractura hidráulica, el fracking, comenzó a transformar la formación geológica de Vaca Muerta, en el este de Argentina, en un megaproyecto de hidrocarburos no convencionales. Desde entonces, el suelo tiembla.
Vaca Muerta se extiende por la provincia de Neuquén y se adentra en las vecinas Mendoza, Río Negro y La Pampa. Su magnitud convierte a esta cuenca en el segundo yacimiento de shale gas más grande del mundo y el cuarto de petróleo no convencional. El fracking, que permite romper la roca subterránea con agua a presión y arena para liberar y extraer gas o petróleo, ha hecho que la cuenca sea muy codiciada.
Los primeros pozos se perforaron en Vaca Muerta a principios de la década de 2010, lo que marcó el inicio de la historia de la extracción de shale gas o gas de lutita en Argentina. Estos pozos podían extenderse bajo tierra hasta alrededor de 10 “etapas” de fracturación, realizadas horizontalmente a intervalos en la roca.
Desde entonces, los avances tecnológicos han permitido a las empresas aumentar la actividad de los pozos, mientras que el número de etapas de fracturación ha superado las 50.
El aumento de etapas de fractura ha estado vinculado con un aumento de sismos en la región. Esto ocurre porque cada etapa implica inyectar grandes volúmenes de agua y arena a alta presión, lo que puede activar fallas geológicas preexistentes, provocando sismos inducidos, es decir, cuya causa no es natural.
Neuquén, la principal provincia productora de gas y petróleo en Argentina, terminó el primer semestre de 2025 con el mayor número de sismos inducidos registrados en comparación con los mismos periodos anteriores, de acuerdo a nuestros relevamientos en el Observatorio de Sismicidad Inducida (OSI). Nunca tembló tanto la provincia, y todo parece indicar que cada año establecerá un nuevo piso.
El OSI registró 548 sismos en Vaca Muerta entre 2018 y junio de 2025. Todos ellos están relacionados con operaciones de fracturación hidráulica. En el primer semestre del año se registraron 36 sismos relacionados con el fracking, una cifra que supera los 33 del mismo periodo de 2024, los 27 de 2023, los 10 de 2022, los 11 de 2021 o los 28 de 2020.

Inducción con impunidad
Los sismos inducidos son como cualquier otro terremoto: liberan energía desde el subsuelo, y esa energía se transmite a la superficie.
Tienen tres efectos principales. Primero, la afectación estructural de las construcciones, como grietas en casas, galpones y edificaciones. Segundo, desprendimiento de rocas, un riesgo directo para las personas. Y el tercero, el más silencioso, pero igualmente preocupante, la afectación a la salud mental. Las vecinas y vecinos del pueblo se despiertan a cualquier hora y se asustan ante los sismos.
La infraestructura de la industria petrolera también se ve afectada. Ductos, pozos, torres, depósitos, piletas, playones y rutas se ven expuestos al deterioro por la exposición recurrente a sismos. Esto podría derivar en siniestros en la superficie, como accidentes, vertidos, fugas, incendios y explosiones, o también en colapsos en las infraestructuras del subsuelo.
Además, la ruptura de cañerías subterráneas puede facilitar filtraciones de fluidos entre formaciones, comunicando acuíferos con depósitos de hidrocarburos o de líquidos derivados del fracking altamente contaminantes.
A pesar de ello, la sismicidad inducida no se considera —ni es obligatorio por ley— en las evaluaciones de impacto ambiental de ninguna de las empresas que operan en Vaca Muerta, entre las que se encuentran la empresa estatal argentina YPF, así como las transnacionale Shell, Pan American Energy, Pluspetrol y Vista Energy. Esto ha tenido graves consecuencias ambientales y sociales.
Diversas organizaciones pretenden llevar a cabo acciones legales para dirimir responsabilidades y establecer las acciones necesarias para controlar la situación. En este sentido, la participación ciudadana es crucial para que lleguen a buen término.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentó un amparo junto a vecinos y vecinas, pero fue rechazado por la Corte Suprema en agosto de 2024.

Semáforos sísmicos
Es urgente desarrollar herramientas para que, en un futuro que se muestra cada vez más controlado por los intereses capitalistas de las grandes corporaciones, los pueblos puedan defender el ambiente en el que viven, reducir los riesgos para la salud y mejorar su calidad de vida.
Iniciativas como los semáforos sísmicos ya se están utilizando en países como Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, un sismo de dos grados en la escala de Richter se traduce en luz verde: el fracking puede continuar. Si alcanza los 2,5 grados, la empresa responsable debe notificarlo al organismo regulador y reducir sus operaciones. A partir de 3,5 grados, el fracking debe cesar hasta que el Estado pueda realizar una evaluación.
Estos sistemas de alerta visual informan a la población del nivel de actividad sísmica en una zona determinada y obligan al Estado a controlar el subsuelo y a gestionar la gravedad de los temblores. Las alertas no eliminarán los riesgos, pero su aplicación mediante una legislación eficaz será un paso en la dirección correcta, aunque sea difícil de conseguir.
El OSI ha elaborado un proyecto de ley que propone semáforos sísmicos, así como zonas de exclusión del fracking de 15 kilómetros alrededor de las ciudades, los embalses y otras zonas sensibles. No se trata de una ley que prohíba el fracking, pero establecería zonas de exclusión en los lugares donde se han identificado fallas sísmicas.
Hasta ahora, hemos presentado nuestro proyecto de ley a los distintos bloques de la legislatura de Neuquén, a las oficinas del ejecutivo provincial, a varios departamentos de la Universidad Nacional del Comahue y a institutos académicos como el Instituto de Prevención Sísmica (Inpres) y el Instituto Geofísico Sismológico Volponi (IGSV).
Incluso lo hemos presentado a varias empresas petroleras. Esperamos que sea retomado por grupos políticos, movimientos sociales o empresas y, finalmente, por el gobierno.
El Estado es la máxima autoridad reguladora. Como tal, debe determinar las zonas de exclusión del fracking para proteger a la población y las infraestructuras.
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