Árboles inteligentes: alternativas tecnológicas contra la contaminación urbana

Fecha de Publicación: 02/04/2024
Fuente: BaeNegocios
Provincia/Región: Nacional


Uno está en Capitán Bermúdez, Santa Fe, y equivale a 234 árboles forestales. El otro, que es líquido, purifica el aire como 20 árboles forestales jóvenes y está en la Ciudad de Buenos Aires.
La incontenible polución en las grandes ciudades obliga a apelar a soluciones biotecnológicas que ayuden a los árboles emergentes ante tanto cemento a procesar el dióxido de carbono y morigerar así el nivel de contaminación.
Surgió así el primer “árbol inteligente” de Argentina que, al ser un proyecto innovador con generación de conocimiento que aplicaba tecnología, tanto electrónica en la selección de proveedores, y que estaba relacionado con el ambiente, obtuvo un subsidio del FONTAR (Fondo Tecnológico Argentino).
Fue instalado en una estación de servicio de la localidad santafesina de Capitán Bermúdez, no solo para ahorrar energía, sino para ir un poco más allá y generar un aporte al medio ambiente.

Cómo es el "árbol inteligente"
Se trata de una estructura modular, que no tiene tronco ni ramas, está compuesta por musgos y se alimenta de energía solar, lo que le permite procesar la misma cantidad de dióxido de carbono que 234 árboles naturales.
El titular de Grupo CAE, Cristian Echeverría, contó que este proyecto se desarrolló íntegramente en Argentina, y que estos dispositivos están siendo implementados en ciudades como Ámsterdam, Hong Kong o Alemania para combatir el efecto invernadero por el calentamiento global y la contaminación del aire.
En la Ciudad de Buenos Aires, se instaló un dispositivo con la capacidad de absorber dióxido de carbono para purificar el aire, diseñado y puesto en funcionamiento por especialistas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en colaboración con Y-TEC (la empresa de tecnología de YPF).
Se basa en el  proyecto original serbio, el Liquid 3. Es un módulo de fotobiorreactores con microalgas nutrido del dióxido de carbono (CO2) y del aire para crecer, generando oxígeno y biomasa. Así se purifica el ambiente.
El árbol líquido serbio dispone de una estructura rectangular con un panel solar, luz de noche, un estanque “pecera” en el que hay microalgas, punto de carga USB y un asiento que alberga una capacidad para tres o cuatro personas, similar al de las paradas de autobuses.

Árboles inteligentes: cómo funcionan
“Una bomba inyecta continuamente aire del entorno (con altos niveles de CO2) y hace circular el agua para que las algas, mediante la fotosíntesis, absorban el CO2 y liberen oxígeno, al igual que otros organismos fotosintéticos como los árboles”, explicaron sobre el funcionamiento.
Las ventajas principales tienen que ver con el medio ambiente, que ya usa un concepto alternativo de ecologización sostenible, y sociales, porque produce “mayor conciencia sobre la protección del medio ambiente”.
Los fotobiorreactores urbanos utilizan la capacidad de microalgas para destacar el CO2 y generar oxígeno y biomasa, de modo que los expertos consideran que son “entre 10 y 50 veces más eficientes que un árbol”.
Cada unidad se denomina Y-Algae y fue producida en conjunto con la compañía Y-TEC e Inbiotec-Conicet.
Según los especialistas, cada una “equivale aproximadamente a 20 árboles forestales jóvenes en su capacidad de purificar el aire”.
Los estanques de este producto deben ser vaciados de manera periódica y el agua con microalgas debe ser reemplazada, por lo que la viabilidad de esta metodología en las ciudades depende del correcto mantenimiento.
El tiempo dirá si el árbol líquido efectivamente cumple con las expectativas en cuanto a la contaminación.
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Basura electrónica, un problema global sin solución a la vista

Fecha de Publicación: 02/04/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Según un documento reciente de la ONU, las computadoras, los celulares y las pilas que se descartan no solo perjudican al ambiente y la salud humana, sino que provocan pérdidas que superan los 91 mil millones de dólares anuales.
La obsolescencia programada de los productos constituye uno de los síntomas más concretos del capitalismo exacerbado de esta época. Monitores, radios, televisores, celulares, baterías y juguetes se desechan a cada minuto porque dejan de funcionar, o bien, porque pese a funcionar de manera adecuada son reemplazados por nuevas y sofisticadas promesas. Aunque haya matices --porque, afortunadamente, no todas las personas se comportan igual-- el sistema ha entrenado a la humanidad para crear nuevas necesidades sin freno. De manera reciente, a través del Monitor Mundial de Residuos Electrónicos, Naciones Unidas compartió un informe sobre basura electrónica que arroja datos significativos. El más concreto: la generación de estos desechos se incrementa cinco veces más deprisa que su reciclaje.
En 2022, se produjeron 62 millones de toneladas de estos residuos, cifra que equivale a un 82 por ciento más de lo que sucedía en 2010. Aunque pensarlo de manera abstracta es muy dificultoso, equivale a 1,6 millones de camiones de 40 toneladas, es decir, vehículos suficientes para formar una línea continua alrededor del Ecuador. Además de afectar la salud humana y del ambiente, esta situación genera pérdidas fenomenales: el cobre, el oro, el hierro y otros metales que se emplean en esas 62 millones toneladas tienen un valor estimado de 91 mil millones de dólares. Dinero que también va al tacho, porque las tecnologías solo son utilizadas una vez.
Bajo esta premisa, la caducidad anunciada de los productos emerge como trampa: en muchos casos, es el propio mercado el que pone los límites. No se fabrican repuestos para arreglar lo que se necesita, o bien, si se fabrican es a un precio muy elevado. De esta manera, se desalienta la posibilidad de hallar una solución al problema. De hecho, es muy común la frase del especialista en informática: “Por lo que te sale el arreglo, te conviene comprar una compu nueva”. Lo que nadie cuenta es que es muy difícil que una tecnología se rompa de tal manera que se vuelva completamente inútil. Así, la decisión se vuelve indeclinable, ya que a menos que alguien decida vivir “afuera del sistema”, la única opción es comprar una compu o un celu para, una vez más, estar dentro del mundo. Una cuestión de pertenencia.
Para colmo, esta vez la solución no parece estar al final del túnel. Según el informe, el número de desechos podría incrementarse un 32 por ciento para 2030 si los gobiernos no toman medidas para revertir la situación. Se calcula, en efecto, que menos de la mitad del mundo instrumenta acciones para la gestión del conflicto. Este fenómeno, además de perjudicar al ambiente como cualquier tipo de residuos, tiene sus efectos en la salud humana. Restos de diversa índole como enchufes, pilas y baterías pueden poseer componentes tóxicos (plomo, mercurio, cadmio, cromo, arsénico, antimonio, etc.) con la capacidad de generar afecciones en el cerebro, y afectar los sistemas nervioso y circulatorio. Así, terminan en basurales, rellenos o son incinerados, cuando deberían seguir procedimientos de tratado bien específicos.
Además del progreso tecnológico, el consumo acelerado por parte de las poblaciones y la obsolescencia programada de los productos, en el documento se mencionan otros aspectos que influyen en el conflicto. Las pocas opciones de reparación, las deficiencias en el diseño y la falta de infraestructura para tratar los residuos electrónicos encabezan la lista de los factores preponderantes.

Cybercirujas, pioneros en Argentina
En este contexto, se destaca la necesidad de una economía circular para la electrónica. En Argentina, existe el proyecto de los cybercirujas, un modelo que cuestiona al capitalismo a partir del reciclado de tecnologías que, de otra manera, terminarían siendo descartadas. Su mentor, el profesor de la Universidad Nacional de Córdoba Nicolás Wolovick, narra los detalles a Página 12. “En algún momento, nos reunimos con mi compañero Sergio Roldán porque ya nos conocíamos de redes sociales. Él tenía algunas historias previas de underground y computadoras viejas, así que empezamos a trabajar”. Y continúa: “En la actualidad, las y los cirujas están fuertes en CABA, Córdoba y Rosario. Estamos tratando de que la gente tome esto como una idea y la lleve a todos los rincones que pueda. Cuanto más local sea, mucho mejor”.
¿De qué se trata la iniciativa? Tiene el objetivo de hacer circular tecnologías que estaban en desuso y que, de no mediar un arreglo, tenían a la basura como destino asegurado. El proyecto, que nació en plena pandemia y es abierto a todo público, tiene filiales en diversos centros urbanos como los que menciona Wolovick; puntos desde donde se organizan encuentros para intercambiar componentes físicos (hardware) e informáticos (softwares). Reuniones realizadas durante el último sábado de cada mes a la que asisten informáticos, programadores, profesores de computación y, también, aquellos que no tienen idea de tecnología.
Así es como invitan, por caso, a que la gente “meta mano” y le pierda el temor a la tecnología. Para recircular computadoras, por ejemplo, recurren a software libre que les permite una mejor compatibilidad con el hardware que, de lo contrario, quedaría obsoleto. Bajo esta premisa, pusieron a funcionar consolas de videojuegos de los 80 sin ningún tipo de problemas, como una Atari 2600 que estaba abandonada hacía años y que en la actualidad funciona como pasatiempo.
“Lo importante tiene que ver con los dispositivos de cómputo. Es lo principal en un país como el nuestro, en el que la gente no tiene acceso porque son demasiado caros. Pienso que la nuestra es una actividad contracultural en la medida en que mostramos que existe otro modelo alternativo al consumismo brutal de la electrónica. Nosotros partimos de la premisa de que una vez fabricado, el daño ya está hecho. Luego, la vida útil de ese dispositivo computacional habrá que estirarla todo lo que se pueda”, comenta el experto.

El reciclaje antisistema
El intelectual británico de raigambre marxista Raymond Williams solía explicar que los elementos “residuales” de una formación cultural determinada podrían poner en riesgo a los elementos dominantes. De esta manera, cuantos más rasgos residuales –es decir, cuantas más prácticas precapitalistas se desarrollan– en la actualidad, mejores chances de cuestionar el statu quo presente. Así, la vuelta del trueque, por ejemplo, en plena crisis de 2001 podría ser un caso gráfico de práctica residual --en tanto medieval-- que se recicló en pleno siglo XXI y, de extenderse lo suficiente, podría haber comenzado a erosionar el capitalismo. Claro que eso nunca sucedió; para ser justos, tampoco es que Williams estuviera proyectando especialmente el caso argentino cuando publicó Marxismo y literatura en 1977.
Más allá de eso, el reciclaje y la recirculación de tecnologías electrónicas que quedaron “viejas”, al igual que el trueque, también podría observarse como un fenómeno contracorriente. Uno que cuestiona las condiciones actuales de producción y consumo. Según el documento de la ONU, si las naciones pudieran revertir la situación actual y mejorar en un 60 por ciento el reciclado hacia fines de la década, los beneficios para la salud humana y ambiental serían notorios. En paralelo, una gestión adecuada de los residuos podría reducir los costos en 38 mil millones de dólares.
En América Latina, un informe difundido a principios de 2022 también por Naciones Unidas, destacaba que solo el 3 por ciento de los desechos electrónicos se recogían “a través de conductos formales y se tratan de manera respetuosa con el medio ambiente”. Como en todo, la desigualdad sigue orientando el éxito o el fracaso de la política internacional. La buena voluntad de los Estados más desfavorecidos encuentra sus límites en la falta de recursos.
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Cambio climático y otras dos razones que explican la epidemia de dengue en Argentina

Fecha de Publicación: 01/04/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


El país sufre la quinta epidemia nacional por la infección transmitida por mosquitos. Cuáles fueron los factores que influyeron para que el virus se expanda en 19 de las 24 jurisdicciones, según los expertos
“Sin mosquito no hay dengue” se suele afirmar al hablar de la prevención de la infección desde hace años. Pero hoy habitan muchos mosquitos de la especie Aedes aegypti desde provincias como Jujuy y Salta hasta la zona de la Patagonia Norte, en la Argentina, y está en curso la peor epidemia de dengue en la historia del país, tras registrarse 151.310 casos de dengue y 106 fallecidos, según la última actualización del boletín del Ministerio de Salud de la Nación.
Nunca antes en el país, desde la reemergencia de la infección en 1997, hubo tantos casos confirmados, tantos casos graves reportados (325), ni tantas muertes. En la temporada anterior (2022/2023) solo se habían registrado 65 fallecidos.
La epidemia ha llevado a desbordar la atención en centros de salud y hospitales de grandes ciudades por el aumento de las consultas de personas con síntomas y a dificultar el acceso al uso de los repelentes por falta de stock o debido a su alto precio.
Las autoridades sanitarias hicieron llamados a que se colabore más en la eliminación de criaderos de huevos y larvas de mosquitos que pueden estar en recipientes con agua tanto limpia o sucia dentro o en los alrededores de los edificios en las ciudades.

Qué pasa con la vacuna para el dengue
También surgió el debate sobre la posibilidad de incorporación de la vacuna contra el dengue en el sector público a raíz de que la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn) recomendó al Gobierno avanzar en la implementación de una “estrategia focalizada de vacunación”.
Por el momento, la vacuna está disponible en el sector privado. Las provincias Misiones y Salta comenzaron con la aplicación en grupos poblacionales específicos en vacunatorios públicos, tal como informó Infobae el 26 de marzo.
En Brasil -donde ya murieron 897 personas en 2024- se empezó a vacunar en febrero pasado dentro del sistema de salud público a personas de 10 a 14 años, que residen en municipios con tasas de incidencia alta.

Cómo comienza el dengue
Los síntomas del dengue son fiebre alta acompañada de uno o más síntomas como dolor de cabeza, detrás de los ojos, muscular o de las articulaciones, náuseas, vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel, picazón, y sangrado de nariz o encías.
Cuando una persona contrae el dengue, significa que fue picada por una hembra del mosquito Aedes aegypti que estaba infectada. Ese insecto a su vez había adquirido el virus al picar a otra persona que estaba infectada en una zona cercana, otra ciudad o país.
Desde 2009 en adelante la Argentina ha sufrido otras 4 epidemias nacionales de dengue. Pero la actual es la peor por su magnitud. De las 24 jurisdicciones que conforman el país, 19 tienen circulación autóctona (es decir, las personas se contagian en sus casas o en la localidad donde viven).
Se registró una incidencia acumulada de 321 casos por cada cien mil habitantes en esta temporada, y el virus amplió también su área de circulación. Por primera vez, se notificaron casos autóctonos de dengue en Olavarría, Azul y Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, a más de 600 kilómetros al sur de la Capital.

Cuáles son los factores ambientales y sociales del dengue
“La epidemia del dengue es una problemática socio-ambiental”, dijo a Infobae la científica Elizabet Estallo, investigadora en el Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas, que depende del Conicet y la Universidad Nacional de Córdoba.
Lo afirmó porque hay factores ambientales que favorecieron que los mosquitos y el virus del dengue impacten más hoy y cuestiones de la sociedad humana que contribuyen al desarrollo de la epidemia. “Estamos criando a los mosquitos”, resaltó.
Desde el Conicet, la doctora Estallo ha realizado estudios desde 2005 que demuestran una asociación entre la cantidad de huevos que ponen las hembras de mosquitos y las condiciones ambientales.
Como consecuencia del cambio climático que se ha producido en el planeta inducido por la emisión de gases de efecto invernadero, se han registrado aumentos en la temperatura mínima promedio en el país. Esos incrementos ayudaron a prolongar los meses en que los mosquitos y el virus del dengue encuentran las condiciones adecuadas para vivir.
Por otra parte, las poblaciones de mosquitos Aedes aegypti habitan principalmente en las ciudades o áreas suburbanas. “En las ciudades, se generan lugares que resultan adecuados para que los insectos se críen. Por ejemplo, se acumulan residuos y hay basurales a cielo abierto, que pueden incluir criaderos de mosquitos”, comentó la investigadora del Conicet, quien impulsa un proyecto de ciencia ciudadana, con 6 escuelas secundarias de Córdoba.
“En algunos municipios se fumiga cuando es el momento de hacer campaña para eliminar recipientes en desuso con agua o descacharrar. Eso confunde a la gente porque sale a reclamar fumigación cuando se requiere un control integrado de la problemática, que implica una política pública orientada también a la prevención”.
Además, otro factor es que por el fenómeno de El Niño, llovió más que lo normal en algunas zonas del país.
En tanto, el doctor Ricardo Gurtler, investigador del Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires, que depende del Conicet y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, comentó a Infobae: “Hubo un derrame desde Brasil, que tiene una alta incidencia de casos de dengue, hacia otros países del Cono Sur y hacia otras regiones de América. Pero también hay que considerar que la Argentina tiene un intercambio muy fuerte con Paraguay y Bolivia. Allí hubo brotes epidémicos este año y eso también impacta en nuestro país”.
Otro factor -indicó Gurtler- es el aumento de la temperatura y el cambio del régimen de las lluvias que puede influir en la problemática del dengue. “Pero también puede haber años con sequías, que también influyen. Porque se almacena agua de manera inadecuada y así se favorece la creación de criaderos gigantescos de mosquitos”, dijo. También el científico apuntó al comportamiento social.
“Una cuestión clave es que, desde la primera epidemia de 2009, los diferentes gobiernos nacionales han descargado su responsabilidad a los individuos o a los hogares. El Estado (tanto a nivel municipal, provincial como nacional) se fue retirando de realizar acciones de promoción y prevención del dengue. También ocurrió en otros estados de América Latina. Ahora, se habla de la vacuna como si fuera la única medida pero debería ser considerada como parte de un control integrado”, afirmó Gurtler.
“Es importante que se establezcan políticas públicas para el manejo del dengue y que se desarrollen todo el año -afirmó Gurtler-. Es un problema muy complejo que se debería trabajar de manera estratégica como lo está haciendo Brasil ahora. Hay que mirar que Uruguay, que es un país limítrofe, tiene un brote mucho menor que el de Argentina”.
Carolina Ocampo Mallou, investigadora del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín y el Conicet, y del Grupo de Filosofía de la Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, había comentado a Infobae en un artículo publicado el 11 de febrero que solo “se ha puesto el eje en el criadero de mosquito del domicilio, pero debería haber más trabajo del Estado en los espacios públicos para que se mejoren las condiciones ambientales de los barrios. Se debería salir de la lógica individual”.
El jueves pasado, la OPS informó que si bien el dengue está en aumento en toda América Latina y el Caribe, los países más afectados son Brasil (83%), Paraguay (5,3%) y Argentina (3,7%), que concentran el 92% de los casos y el 87% de las muertes.
También se registró un aumento de casos en países como Barbados, Costa Rica, Guadalupe, Guatemala, Martinica y México, donde la transmisión suele ser más alta en la segunda mitad del año. Durante los últimos 12 meses, la agencia sanitaria emitió 9 alertas epidemiológicas para que los gobiernos adopten a tiempo medidas de prevención y control para dengue.
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Destruyen estructuras de cazadores halladas en el Parque Provincial Urugua-í

Fecha de Publicación: 01/04/2024
Fuente: Enfoque Misiones
Provincia/Región: Misiones


En la zona de Cabure-í, dentro del Parque Provincial Urugua-í, encontraron y eliminaron estructuras montadas por cazadores furtivos.
Fue esta semana, durante una patrulla de los guardaparques de esa área natural protegida que integran el Grupo de Operaciones en Selva zona Norte y de guardafaunas.
Durante la recorrida visualizaron un trillo (sendero utilizado por cazadores furtivos para entrar al parque). Caminaron por él quince kilómetros y medio y encontraron un campamento de lona negra provisto de mercaderías y equipo de cocina.
Cerca, los depredadores habían armado tres saleros, que son cebaderos artificiales para atraer animales silvestres, y ocho sobrados, estructuras de madera instalados en lugares altos para esperar a la fauna.
Todas estas estructuras y elementos de los cazadores (a los que no localizaron) fueron destruidos.
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Chau producción nuclear: Milei frenó la construcción de dos importantes reactor

Fecha de Publicación: 30/03/2024
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Nacional


Se trata del CAREM-25 y el RA-10. Exfuncionarios, científicos y especialistas del sector energético salieron a cuestionar la decisión del gobierno de Javier Milei por el impacto negativo para el desarrollo tecnológico de la Argentina.
La construcción del reactor nuclear CAREM 25, uno de los proyectos insignias de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y que colocaría a la Argentina en el mercado mundial de este tipo de tecnología, con gran potencial exportador, quedó paralizada tras la cesantía de 100 trabajadores que participaban de la obra, según confirmó el secretario General de UOCRA Seccional Zárate, Julio González.
El CAREM es el primer reactor nuclear de potencia íntegramente diseñado y construido en la Argentina y, según informa la propia CNEA, tiene una gran proyección para el abastecimiento eléctrico de zonas alejadas de los grandes centros urbanos o de polos fabriles e industriales con alto consumo de energía (incluyendo la capacidad de alimentar plantas de desalinización de agua de mar).
En etapa avanzada de construcción en la localidad bonaerense de Lima, el CAREM-25 fue diseñado originalmente para generar una potencia de 25 megavatios eléctricos (de allí su nombre), pero a raíz de sucesivas mejoras en la ingeniería y por la tecnología que se aplicará en el turbogrupo, el prototipo será capaz de generar una potencia eléctrica superior a los 32 MWe (lo que permitiría abastecer, como ejemplo de equivalencia, a una población de unos 120 mil habitantes).
También se pondría freno por falta de presupuesto a las obras del Reactor Nuclear Argentino Multipropósito RA-10, una instalación que tendrá un impacto estratégico en las áreas de salud, ciencia, tecnología e industria. El Proyecto RA-10 se localiza en el Centro Atómico.
“Paralizar la construcción del CAREM y el RA 10 es de una gravedad enorme. Implica detener el avance tecnológico soberano en una de las áreas donde la Argentina es vanguardia en el mundo y una oportunidad única de exportar conocimiento”, advirtió el ex ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus.
También científicos y especialistas del sector energético salieron a cuestiones la decisión del gobierno de Javier Milei por el impacto negativo para el desarrollo tecnológico del país.
“El CAREM y el RA-10 son hijos de más de 70 años de historia nuclear argentina. La CNEA y sus empresas asociadas han diseñado, construido y operado 19 reactores nucleares y exportado 7 de ellos. El CAREM fue pensado como una estrategia de nuestro país para ingresar en el mercado de reactores de potencia, su desfinanciamiento ocurre cuando más que nunca es necesario estar a la cabeza de este tipo de tecnología a nivel mundial, con la transición energética en pleno auge”, afirmó el ingeniero Eduardo Gigante, especialista en energía y litio.
Además agregó que con el RA-10, cuya construcción está en etapa final, “Argentina podría aumentar su producción de radioisótopos medicinales, comercializar silicio dopado por transmutación neutrónica, producto muy muy demandado mundialmente para la producción de chips de computadoras de alta potencia, y un sinfín de servicios a la ciencia y tecnología”.
“Este error será caro para la nación”, advirtió el especialista.
También la doctora en bioquímica Andrea Gamarnik, una de las investigadoras más reconocidas de la Argentina, remarcó que el CAREM-25 “es el primer reactor nuclear de potencia íntegramente diseñado y construido en Argentina, ya tenía peticiones para exportación”.
Sobre la decisión de paralizar su construcción, advirtió “no es ajuste para disminuir el déficit, es cavar un pozo y meter a la Argentina en el fondo”.
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Santa Cruz intimará a YPF por el relevamiento del pasivo ambiental

Fecha de Publicación: 30/03/2024
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Nacional


Así lo confirmó el secretario de Ambiente, Sebastián Georgión. Afirmó, con documentación en mano, que la operadora "incumplió" sus obligaciones ambientales. Remarcó que de lo previsto en el contrato de prórroga, sólo se invirtió el 23%.
En medio de la tensión que se generó en torno a la decisión de YPF de protagonizar, en principio, un retiro “desordenado” de las áreas maduras que opera en Santa Cruz, aparece en la mesa de debate el pasivo ambiental que deja en la provincia la petrolera, a lo largo de ocho décadas de actividad.
Santa Cruz tiene un andamiaje jurídico que permite obligaciones ambientales a las empresas que operan en la provincia. No sólo está contemplada en la Ley 3.117, marco de las prórrogas de las concesiones hidrocarburíferas, sino también en la Ley 3.122 de Saneamiento Ambiental.
Bajo esas dos normas, el secretario de Ambiente de Santa Cruz fue contundente: “YPF incumplió“. En diálogo con el programa Café y Noticias por Radio Al Sur, el funcionario le marcó a esta periodista que “el pasivo ambiental data de la época de los años 50, lo venimos heredando y nadie le encuentra una solución”.
Recordó que en el caso de YPF, en el contrato firmado con la provincia para la prórroga de sus concesiones, el cual fue ratificado por ley, allí se cuantificó el pasivo “en 8 de las 10 áreas“, pero “no se llegó a relevar el 100%”, marcó Sebastián Georgión.

Incumplimiento
Ya en ese momento “quedó el compromiso de la empresa de avanzar en completarlo” y mientras lo hacían, el contrato establecía una inversión anual de USD 20 millones para la remediación y evaluación de todo ese pasivo. Sin embargo, en estos 12 años de concesión que se llevan, “sólo cumplió con el 23% de lo acordado“.
Puso por ejemplo el tema de las piletas de petróleo. “Hay unas 7.000 piletas entre todos los yacimientos, debían remediar unas 1.000 piletas por año, no pasó”. En ese sentido, reveló que a la fecha “estuvimos analizando casi 1.500 actas y documentos” que se le hicieron a YPF, donde las conclusiones de los mismos “en su gran mayoría es ¡no cumplió!”, por eso es que la postura de la Secretaría de Ambiente es que YPF no cumple con los requerimientos ambientales. Y se señaló que la operadora, sobre las intimaciones para que se adecúe a la Ley 3.122, “siempre buscó dilatar los tiempos”.
El funcionario destacó que en la secretaría, ante eso, “se generó un sumario y la multa correspondiente“. Ahora, además de “invitarlos a que cumplan con la Ley de Saneamiento, los estamos intimando para que presenten el relevamiento total del pasivo ambiental de la totalidad de sus áreas”. “La empresa no respeta los acuerdos firmados, por lo que el antecedente no es bueno“, reafirmó Georgión.

Cuantificación
A la hora de la “cuantificación” del pasivo ambiental, Santa Cruz tiene a su favor, si el reclamo llega a las últimas instancias (léase la judicial), que existe, en el contrato de prórroga, el reconocimiento de un pasivo ambiental valuado en “entre unos USD 2.500 y USD 3.500 millones“, en consonancia con aquel primer relevamiento que se hiciera en 2010, previo a la estatización de YPF.
“Hay que recordar que en aquel momento el contexto en el que se hizo difiere mucho del actual” y marcó algunas críticas al estudio realizado. “Un relevamiento completo lleva mucho más que 6 meses“, advirtió.
Más allá de eso, reiteró que se ultiman los detalles para enviar una intimación formal a YPF para que presente “la cuantificación exacta de los pasivos” y si no lo hace, “habrá que ver las decisiones que se toman”. Pero dejó en claro que en las negociaciones “que lleva adelante el gobernador Claudio Vidal, el tema ambiental no está aislado” y se tiene muy presente.

Debate
Sebastián Georgión recordó que el tema ambiental durante muchos años no era algo que se pusiera sobre la mesa y eso cambió en los últimos tiempos, “porque el mundo también cambió“. De todas formas, “siempre estamos cruzados, transversalmente, por una cuestión de contexto político y económico, con una situación bastante compleja y que nos encuentra en esta negociación y cuál es la mejor opción para el desarrollo de Santa Cruz”.
Ahora bien, ese debate “nos tiene que encontrar unidos” y más allá de lo que se hizo antes (desde el área que él hoy conduce), “lo que nosotros queremos es mejorar hacia adelante”.
Y volviendo al tema del incumplimiento, el funcionario marcó que “nosotros cumplimos con todos los pasos administrativos” que se debían dar. Y no es un tema menor y puso a la “negociación” como primordial “y predominante a la hora de resolver el tema de áreas”.
“Tenemos que priorizar y tener los pies sobre la tierra, y ver cómo sacamos el mejor rédito de nuestros recursos no renovables, pero no en desmedro a la sociedad, sino todo lo contrario”, ratificó Georgión.
En este punto, volvió a remarcar la postura de la Secretaría de Ambiente que él conduce: “Planteamos que YPF incumplió con sus compromisos ambientales, esa es nuestra postura: la empresa no cumplió”.
Que la empresa cumpla con sus compromisos ambientales no sólo tiene que ver con las normas, sino también que la remediación tiene un valor económico en sí misma. “En 2007 teníamos el campo plagado de cuadrillas de saneamiento”, recordó el funcionario, “eran unos 2.000 puestos de trabajo“, pero “cuando la industria ajustó, los pasivos seguían estando y la gente quedó desocupada”.
Y si bien admitió que hoy se está en una situación compleja, planteó que una opción “es que la empresa pague por el pasivo histórico o que se hagan cargo del mismo la o las empresas que reemplacen en la operación a YPF”. Y reiteró que “existen leyes que se deben cumplir y hacer cumplir” y en eso está el Gobierno, marcó.
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Basurales a cielo abierto: ya existen más de 5000 en la Argentina

Fecha de Publicación: 29/03/2024
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Solo el 8% de las industrias que generan residuos peligrosos le dan tratamiento con proveedores habilitados. En promedio, ascienden a dos basurales por municipio. Alerta por el elevado nivel de gas metano en el país.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) señala que un tercio de los residuos generados en América Latina y el Caribe termina en basurales a cielo abierto o provocando daños ambientales debido a su mala gestión y el paso del tiempo. Se trata de sitios donde se disponen residuos sólidos de forma indiscriminada, sin control de operación y con escasas medidas de protección ambiental. Al no tratarse en forma adecuada, pone en riesgo la salud de las personas porque se contaminan recursos naturales como el agua, los suelos y el aire.
La expansión de los basurales a cielo abierto en Argentina está intrínsecamente relacionada a un crecimiento en la generación de residuos industriales por parte de las empresas y a un muy bajo nivel de tratamiento de los mismos. Se estima que en Argentina en el último año se produjeron 18.214.675 millones de toneladas de residuos industriales, de los cuales únicamente se trató el 7,1%, lo que equivale a unas 1.293.820 toneladas. Estos datos fueron obtenidos por un estudio realizado por el Observatorio de Residuos Peligrosos de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad de Buenos Aires, que determinó, además, que casi el 93% de los residuos industriales no reciben el tratamiento adecuado.

Poco o nulo tratamiento
Según los datos relevados, en el país existen 402.711 empresas responsables de la generación de residuos industriales y peligrosos, pero de este porcentaje, solo unas 33.983 firmas, es decir el 8,44%, les dan tratamiento con un proveedor habilitado. Así lo alertó el informe a partir de datos del sector que aportan la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos industriales y Especiales (Catries) y la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (Caitpa).
En este sentido, los basurales a cielo abierto implican un problema ambiental y de salud pública cada vez más grave en la Argentina y un desafío que muchas gestiones prometen solucionar pero que, en la mayoría de los casos, termina relegado. Para el 2017, el “Informe del Estado del Ambiente”, elaborado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina, indicaba que existían más de 5000 basurales a cielo abierto en todo el territorio, lo que significa, en promedio, más de dos basurales por municipio, cubriendo un total de 8600 hectáreas. La situación en el país es alarmante y urge la implementación de políticas para poner un freno a la propagación de estos depósitos y erradicar los vigentes.
Si se toman en cuenta las cifras publicadas en el relevamiento anterior del Observatorio (mayo 2021 - abril 2022), en el país, se habían producido un total de 11.251.862 toneladas de residuos industriales y de este total, se había tratado el 9,6%, el equivalente a 1.080.029 toneladas. Esto implica que de un año a otro se generaron casi siete toneladas más, pero su tratamiento no creció en igual proporción. El saldo que se obtiene es un mayor descarte de materiales peligrosos, no peligrosos y patogénicos en el ecosistema.

Cifras en el mundo
Según los últimos datos actualizados por la ONU, cada año, se recolectan en el mundo 11.200 millones de toneladas de residuos sólidos. El proceso de desintegración que sufren al quedar estancados en basurales repercute en la emisión de gases tóxicos. De hecho, los residuos sólidos no tratados generan el 5% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre los problemas directos que el cambio climático trae en la propagación de enfermedades entre las personas. Por ejemplo, en los últimos meses de 2022 y en los primeros de 2023, este organismo había marcado un aumento significativo en el número de casos registrados de dengue y chikungunya en la Argentina. La problemática lejos de resolverse no hace más que agravarse y 2024 ya registra cifras históricas. Según los últimos datos del Ministerio de Salud de la Nación, en lo que va de este año se notificaron 102.898 casos, mientras que, para el mismo período en 2023 se habían notificado 8.343 casos.

Alerta de salud pública
La presidenta de Catries, Claudia Kalinec, advirtió sobre las distintas consecuencias que tantas toneladas de basura se acumulen en los basurales: “Del 93% de los residuos que no se tratan la mayoría va a parar a estos sitios ilegales, contaminando el ambiente. Este es un tema que nos afecta a todos por igual, ya que redunda en una menor calidad de vida, ya sea por el impacto directo de la contaminación, por ejemplo, con la contaminación del agua, o por el humo que genera la quema ilegal de residuos en la vía pública que impacta directamente al ambiente y la salud, pero tiene consecuencias en la seguridad vial entre otras cosas. La agenda ambiental, fundamentalmente el capítulo de residuos es transversal a todas las áreas”.
Consultado por este mismo tema, Gustavo Solari, al frente de Caitpa, enfatizó sobre el hecho de que los basurales a cielo abierto, habitualmente, están en zonas habitadas por familias de bajos recursos, poniendo de relevancia otro problema estructural: el social y habitacional. “La gente que vive en estos lugares, muchas veces, extrae el agua de la napa freática, la que se encuentra a menor profundidad del nivel del suelo y, por ende, la primera que se contamina. También ocurre que familias construyen sus viviendas encima del suelo donde hubo un basural o sobre pisos que están rellenados con basura y la exposición a restos residuales sigue estando presente”, expresó Solari.
 Otro punto no menor es que la acumulación de basura produce un deterioro en la calidad del aire que se respira. Argentina se encuentra entre los cinco países con mayor cantidad de emisión de gas metano entre 2019 y 2023 por basurales a cielo abierto, según publicó una investigación en el diario inglés The Guardian. Los datos fueron tomados en base a un análisis de satélites globales de todo el mundo, que hizo la empresa privada Kayrros. Y hay más: una evaluación global del metano publicada por la Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en el 2021, advirtió que los vertederos y las aguas residuales representan aproximadamente 20% de las emisiones.
“No solo se contamina el aire por un proceso lento de descomposición de estos residuos acumulados, sino que hay ciudades donde los basurales están al costado de rutas o autopistas. Es ilegal pero igual sucede y ha pasado que se quemen residuos de un basural y todo ese humo que se genera afecte directamente la visibilidad de los conductores que manejan por esos trayectos, una práctica sumamente peligrosa”, advirtió Kalinec.

Los residuos industriales
En la actualidad, la ley 25.916 establece que la responsabilidad por la gestión y la disposición de los residuos domiciliarios está a cargo de los gobiernos municipales. La herramienta de control que existe para asegurarse de que cumplen con la normativa es a través de certificados que se le otorga a cada municipio por disponer los residuos de particulares en una planta habilitada.
Con las empresas sucede lo mismo que con los municipios. Deben disponer sus residuos industriales en una planta habilitada y, así, reciben un certificado de disposición final. Sin embargo, al igual que con los domiciliarios, no abundan las políticas integrales que aborden el problema desde una perspectiva provincial y también nacional, frente a los más de 18 millones de toneladas de residuos industriales anuales que produce la Argentina.
La ausencia de políticas y planes federales para llevar adelante un control y monitoreo del manejo de residuos es una de las grandes falencias que tiene hoy la Argentina, según destacaron los referentes de Catries y Caitpa. “Nuestras entidades no relevan estos datos, sabemos qué municipios y cuáles empresas llevan sus residuos a las plantas que están asociadas a nuestras cámaras. Pero es el ministerio de Ambiente u organismo ambiental de cada provincia el que debe fiscalizar y controlar la gestión de los residuos”, aseguran.

Algunas mejoras
Desde hace algunos años, a nivel nacional se vienen realizando avances en la problemática de los basurales a cielo abierto. Según destacó el Centro de Formación Ambiental de Argentina, entre los años 2019 a 2023 se inauguraron centros ambientales en las ciudades de Formosa, Moreno, Concordia, Villa María, Quilmes y Luján (este último está judicializado y se paralizaron las obras). Son obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para reconvertir basurales en centros de gestión integral de los residuos sólidos urbanos (GIRSU) que permitan el reciclado, la correcta disposición de los desechos y promuevan la economía circular.
A mediados del año pasado, el ex viceministro del Ministerio de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky había anunciado una nueva línea de crédito del BID por hasta US$350 millones para la creación de más centros ambientales. Las obras iban a iniciar en las ciudades de Santiago del Estero y La Banda, con el cierre de basurales a cielo abierto y la construcción de un centro ambiental en la primera ciudad y una planta de separación y transferencia de residuos para la segunda, con obras que ya estaban adjudicadas.
En el mes de febrero, a través de un comunicado oficial, la nueva gestión a cargo de la Subsecretaría de Ambiente dio a conocer una inspección para dicho proyecto. Las autoridades ambientales informaron que la obra para la clausura del basural a cielo abierto de unas 29 hectáreas en la capital santiagueña cuenta “con un cierto grado de avance” y que se realizan tareas de saneamiento en el espacio. A su vez, equipos técnicos de Ambiente supervisan el estado de avance del centro de gestión ambiental en Villa Nueva, Villa María, que está pronto a finalizar, con un 80% de su obra completa.
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Se completó la restauración del cerro Arco por los incendios en 2018 y se plantaron unos 400 ejemplares de fauna nativa

Fecha de Publicación: 29/03/2024
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


Fue con aporte de voluntarios convocados por el gobierno para trabajar durante el fin de semana. Es la cumplonaion de un trabajo de 5 años y la última etapa del Plan Maestro de Restauración Ecológica de las zonas incendiadas en setiembre de ese año. Aseguran que se observa recuperación de la fauna nativa.
Este fin de semana se completó el proceso de restauración del cerro Arco para recuperar el entorno de los daños provocados por los incendios ocurridos en setiembre de 2018. Fue la concreción de un trabajo de 5 años y con ello se culminó la última etapa del Plan Maestro de Restauración Ecológica. Para lograrlo, este fin de semana desde el gobierno se convocó a voluntarios que quisieran poner manos a la obra. Aseguran que hubo una buena convocatoria y así se logró plantar unos 400 ejemplares de fauna nativa.
El plan fue elaborado con el aporte técnico de un equipo interdisciplinario de investigadores del Conicet Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo, el Instituto Nacional del Agua y el apoyo de alumnos avanzados de Ingeniería en Recursos Naturales, todos ellos coordinados por la Fundación CRICYT.
“La de hoy fue una jornada abierta a la ciudadanía y estamos muy contentos de realizar el cierre de un gratificante y arduo proceso sostenido por más de 5 años con el objetivo de remediar los daños del fuego que se desató en este lugar en el año 2018″, dijo entusiasta al terminar el subsecretario de Ambiente, Sebastián Melchor.
Y agregó: “Principalmente, nos focalizamos en la plantación de especies dominantes sensibles, como es el caso de la jarilla. Durante estos años fuimos observando cómo, con la recolonización de flora, fue incrementándose la presencia de fauna nativa y el rebrote de arbustivas”. El funcionario explicó que durante esta última jornada de restauración de flora se plantaron más de 400 ejemplares de variedades de jarillas cuneifolia y divaricata, nítida y macho.
Por aquel entonces, se hablaba del mayor incendio en años. Se estimó que en total las llamas afectaron unas 1.500 hectáreas, convirtiéndose en el tercer incendio de mayor magnitud de los últimos 17 años hasta ese entonces. Esto sólo superados por el del 31 de enero del 2003 (15.000 hectáreas y que trascendió los límites del cerro propiamente dicho) y el del 24 de octubre de ese mismo año (2.500 hectáreas y que se propagó a lo largo de la ruta 13 también).
El 28 y 29 de octubre del año pasado, se produjeron nuevos incendios, de mayor magnitud: en la Dirección de Recursos Naturales Renovables advirtieron que resultaron afectadas más de 4.000 hectáreas, el mayor impacto desde 2003.

Compromiso con el ambiente
La convocatoria de voluntarios fue realizada por las redes del Ministerio de Energía y Ambiente y se reflejó en la multitudinaria asistencia a la actividad. “Hemos realizado un trabajo importante de cartelería que contiene señalización informativa y preventiva en el cerro”, concluyó Melchor.
Por otra parte, en vísperas del fin de semana extralargo –en el que seguramente aumentará la cantidad de visitantes al cerro Arco y otras zonas pedemontanas–, la Subsecretaría de Ambiente hace un llamamiento a la población a acatar y extremar precauciones para prevenir incendios. Se recuerda que encender fuego en lugares prohibidos es delito y tiene multas que pueden superar los $7,5 millones. Los carteles en los lugares donde está específicamente prohibido hacer fuego deben ser respetados.
Durante el fin de semana, se efectuarán controles, con sanciones severas a quienes no acaten las indicaciones y pongan en peligro vidas humanas y causen daños ambientales.
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Motosierra en Parques Nacionales: qué efectos tiene despedir a esos 1.200 trabajadores

Fecha de Publicación: 28/03/2024
Fuente: Vía País
Provincia/Región: Nacional


La Administración de Parques Nacionales se declaró en estado de “alerta y movilización” y peligra la apertura de estas áreas protegidas durante Semana Santa, un momento clave para el turismo en las provincias.
Javier Milei exigió a sus ministros un recorte en la cantidad de empleados públicos que tiene hoy el Estado Nacional. Esta medida se encuadra dentro del “Plan Motosierra” y afectaría al personal cuyos contratos habían sido prorrogados por tres meses y vencen este 31 de marzo.
Es por esto que trabajadoras y trabajadores de la Administración de Parques Nacionales (APN) declararon el estado de alerta y movilización frente a la posibilidad de desvinculación de más de 1.200 personas.
“En Parques Nacionales trabajamos con la convicción de que nuestra función aporta al cumplimiento de los derechos constitucionales de la sociedad argentina. Realizamos tareas que son fundamentales para la protección del ambiente a través de la gestión y conservación de las áreas protegidas y la promoción del desarrollo local de las comunidades vecinas”, afirman desde ATE en un comunicado.
“Reducir el personal de la APN constituye un retroceso en la política ambiental nacional y se contrapone a la agenda internacional, que propone el aumento del territorio protegido y su gestión eficiente”, aseguran.
La conservación del ambiente en Argentina es sostenida por trabajadores que se encuentra en cada rincón del país.
Virginia Gallardo es delegada de ATE y trabajadora del Parque Nacional Lanín, en la provincia de Neuquén. Allí se encargan de cuidar tres especies de árboles que no se conservan en ninguna otra área protegida del país: el Pehuén, el Raulí y el roble Pellín.
“También trabajamos en estrategias de conservación para mejorar el hábitat del huemul (considerado monumento natural nacional y especie en peligro de extinción). Damos asistencia a pobladores en producción sustentable. También activamos una primera respuesta ante eventos naturales como puede ser la erupción Volcán Puyehue, inundaciones, aludes y enfermedades zoonóticas como hanta virus o gripe aviar”, cuenta Virginia a Vía País.
Además, los trabajadores de Parques Nacionales son quienes gestionan un plan de manejo del fuego que implica la extinción de incendios forestales y se encargan de la gestión de sistemas de alerta temprana y la prevención de los mismos.
“Otra de nuestras tareas es la de conservar las cabeceras de cuencas hídricas de donde sale el agua que consumen gran parte de los neuquinos y rionegrinos”, explica Virginia.
Marcelo Rojas es geógrafo y trabajador de la Dirección Regional Patagonia Norte de Parques Nacionales. Allí se encargan de la protección de 717.261 hectáreas de Bosque Andino Patagónico y Estepa, de lagos, cursos de agua, flora y fauna que se encuentran en el Parque Nacional Nahuel Huapi.
“Somos responsables de la habilitación, control y fiscalización de los servicios turísticos que se brindan en este territorio. De cuidar a la gente que viene y de fomentar el turismo”, dice Marcelo a este medio.
Es que la promoción turística de Bariloche se basa, en gran parte, en los atractivos del Parque Nacional Nahuel Huapi. Se estima que el 90% de los visitantes que arriban, visitan el área protegida. Esto genera un impulso económico para ocho ciudades y parajes de la región cordillerana y costera de la provincia por la existencia de los Parques Nacionales.
Por último, consultamos a Paula Werber, quien es integrante del departamento de Conservación y Educación Ambiental del Parque Nacional Lago Puelo
“Nuestro aporte al país es la protección de 27.674 hectáreas de Bosque Andino Patagónico. Este parque cuenta con un microclima en el que habitan especies que no se encuentran en otras áreas protegidas”, nos cuenta.
Además de realizar las tareas que detallaron a este diario sus compañeros, Paula explica a Vía País que en Lago Puelo se encargan del mantenimiento de sendas, caminos e infraestructura como son los miradores y puentes. Y realizan la gestión ambiental de obras viales de la provincia, analizando sus impactos y las posibles emergencias ambientales que generan, como son los derrames.

Qué pasa si la motosierra pasa
“No sobra nadie”, es la consigna que adorna pancartas y banderas en las entradas de los Parques. Esta es la frase elegida por los trabajadores para visibilizar su conflicto. “Nosotros no somos la casta”, nos explican, sin poder creer que el ajuste caiga sobre ellos.
“Cada uno tiene una función que es irremplazable. Acá no soba nadie, al contrario, nos falta gente”, asegura Marcelo Rojas.
“Si no se renuevan los contratos en el Lanín, el parque se quedaría sin 123 agentes de conservación, todos profesionales, personal calificado y especializado con un promedio de contratos de más de 15 años”, cuenta preocupada Virginia Gallardo.
Paula Werber, por su parte, nos explica la situación en el Parque Nacional Lago Puelo: “Somos en total 47 trabajadores, de los cuales 16 son contratados. Si hay despidos, no podríamos realizar nuestros trabajos. Estamos muy lejos de la planta óptima de trabajadores, sería impensado reducirla aún más. Nos quedaríamos sin combatientes de incendios forestales, poniendo en riesgo a todas las áreas protegidas, a los visitantes, así como también a las localidades que nos rodean en caso de desatarse un incendio forestal, como ha ocurrido tantas veces ya”.
Esta misma situación se replica en los 55 Parques Nacionales de todo el país.
“Si hay despidos, se dejaría sin resguardo el patrimonio cultural y natural del país, como también la seguridad del visitante y las miles de especies que protegemos”, aseguran desde ATE.

Peligra la apertura de Parques Nacionales en Semana Santa
Se aproxima un fin de semana largo, donde los Parques Nacionales de las distintas provincias son un atractivo para el turismo. Sin embargo, miles de familias podrían encontrar las puertas cerradas de estos territorios por medidas de fuerza gremial. En asambleas se debate que pasos seguir para que el Gobierno frene el ajuste sobre los trabajadores estatales.
Actualmente, se están realizando movilizaciones e intervenciones artísticas en las puertas de distintos parques, donde el personal cuelga carteles e intenta visibilizar este conflicto.
“Hemos visto gobiernos pasar y hemos defendido lo que es de todos y todos los argentinos”, asegura Virginia Gallado.
Y finaliza: “Lo que estamos haciendo es abrazar la soberanía de los recursos naturales y culturales de todos”.
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Contaminación y pesca, las principales amenazas de la fauna marina

Fecha de Publicación: 28/03/2024
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Nacional


Un registro y análisis de las principales afecciones que presenta la fauna marina al momento de ser rescatada y asistida dio cuenta de que la mano del hombre sigue siendo el principal peligro.
Todos los años el Centro de Rescate y Rehabilitación de la Fundación Mundo Marino lleva a cabo un registro y análisis de las principales afecciones que presenta la fauna marina al momento de ser rescatada y asistida. Durante el año 2023, un total de 330 animales fueron asistidos, entre aves, mamíferos y reptiles marinos.
Del total, 188 animales fueron encontrados vivos y pudieron recibir algún tipo de asistencia veterinaria. De esos animales, 98 fueron avistados o requirieron asistencia en playa y 90 debieron ser ingresados al Centro de la Fundación para recibir tratamiento por diversas causas y afecciones. De los animales que necesitaron ingresar al centro de rehabilitación, 42 pudieron ser exitosamente tratados y reintroducidos al mar. Lamentablemente, 48 animales, a pesar de todos los esfuerzos realizados por el equipo técnico, no lograron sobrevivir. En tanto, del total de 330 animales registrados, 142 fueron encontrados sin vida durante las tareas de monitoreo de playas.
Lo más llamativo fue  el número de Delfines Franciscanas encontrados muertos (76), poco más de tres veces que el año anterior (22). De hecho, sólo entre enero y febrero de 2023, aparecieron 40 franciscanas muertas durante las tareas de monitoreo de playa. “La Franciscana, por elegir aguas poco profundas cercanas a la costa es una especie que se encuentra amenazada tanto por la captura incidental en redes de pesca como por la contaminación de tipo física, química y acústica. En el caso de la captura incidental quedan atrapados en las redes de pesca y por tener respiración pulmonar y no poder salir a respirar a superficie terminan muriendo por asfixia. Hemos registrado casos de hembras preñadas muertas, así como de ejemplares con marcas de red e incluso con basura en contenido estomacal”, explica Sergio Rodríguez Heredia, biólogo y responsable del Centro de Rescate y Rehabilitación de la Fundación Mundo Marino. Vale destacar que el delfín Franciscana se encuentra en estado vulnerable según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y que la Fundación Mundo Marino participa activamente de la Alianza para la Investigación, Rescate y Rehabilitación de Delfines Franciscana (AFC3R).
El delfín Franciscana fue noticia, lamentablemente, en el verano de febrero de 2016 cuando unos turistas tomaron un ejemplar de su especie en las playas de Santa Teresita para tomarse una selfie, ocasionando la muerte del animal. Lo mismo sucedió un año después, en enero de 2017, pero en las playas de San Bernardo.
Por otra parte, en el caso de los pinnípedos, se registraron 14 casos de desnutrición en la especie del Lobo de Dos Pelos Sudamericano, casi la mitad (33) de lo registrado en 2022. Hay que tener en cuenta que el 2023 estuvo signado por la gripe aviar la cual afectó especialmente a esa especie e impidió durante ciertos meses el ingreso de ejemplares al centro de rescate por instrucción del SENASA.
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Lanzan un programa de IA para prevenir catástrofes ambientales en la Argentina

Fecha de Publicación: 27/03/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Terra es un software de IA que recopila datos y busca prevenir en materia de medio ambiente en la Argentina; está inspirado en un libro del juez de la Corte Lorenzetti
Inspirada en “El nuevo enemigo”, un libro del juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, y creada por un movimiento ambientalista que promueve el magistrado, surgió Terra, la activista argentina concebida por inteligencia artificial (IA) que “busca evitar las catástrofes ambientales”. Esta creación tiene “un tratamiento artístico de la vida real que le permite convivir simultáneamente en todas las dimensiones diseñadas por los seres humanos.
El proyecto comenzó a gestarse hace más de dos años a partir de las ideas plasmadas en el texto del integrante del máximo tribunal, que propone “una llamada a la acción ambiental conjunta” y a la cooperación entre sectores como la ciencia, la justicia, la religión, la educación, la política, la economía, la cultura y la sociedad, “desde una versión holística”.
“Queremos prevenir las catástrofes antes que reaccionar frente a los daños ya causados. Queremos igualdad de género, respeto por la diversidad biológica y cultural, y menos desigualdades económicas. Ésta es una lucha por un cambio moral. Cada uno en su lugar, a su modo, con sus medios; lo que no cabe es la indiferencia. Queremos cambiar el curso de la historia, porque no se pueden enfrentar los desafíos del siglo XXI con las políticas públicas del pasado”, señalan y aseguran que la idea es avanzar en “un nuevo idealismo, un cambio de conciencia y de valores, una nueva cultura; porque el ambientalismo no es una moda”.
Antes de que saliera a la luz, durante más de 24 meses, los desarrolladores de esta propuesta hicieron diversas presentaciones en todo el país para dejar “un mensaje de concientización” y para invitar a la ciuadadanía a “a sumarse a la reconstrucción de Argentina”.
En este sentido, el proyecto dio origen a una serie de causas ambientales que derivaron en resultados como, por ejemplo, la construcción de centros de acopio de semillas. Según estiman, la acción de esta IA posibilitará la recuperación de los humedales que se perdieron en la última catástrofe ocurrida en Corrientes ya que, debido a la labor conjunta realizada por el movimiento, en esa zona fue donde justamente se creó un espacio que permitió la recolección de las especies nativas de las 40.000 hectáreas de bosques quemados en 2022.
“En un mundo cada vez más convergente entre las nuevas tecnologías y el ambiente, TERRA exige la urgente protección de nuestro planeta. Ella es la síntesis virtual que nos permitirá estar presentes de manera simultánea en diferentes partes del mundo, pudiendo hablar en múltiples idiomas, cantar y ser protagonista activa de la transformación. Necesitamos un nuevo movimiento, un movimiento que nos una a todos y que entienda que el único enemigo que tenemos, es el colapso ambiental”, señalan.
Lorenzetti, expresidente de la Corte Suprema, fundó el Instituto Judicial Global Ambiental, que reúne a jueces de todo el mundo. Además, es copresidente del International Advisory Council de ONU Ambiente; integrante de la Comisión Medioambiental de la Cumbre Judicial Iberoamericana; embajador de buena voluntad para la Justicia Ambiental para promover el estado de derecho ambiental (OEA). Su libro sobre Derecho ambiental fue publicado en Argentina, Estados Unidos, Colombia, México, Panamá, Perú, Paraguay, Brasil, España e Italia.
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Energía limpia: Córdoba sigue siendo líder en generación distribuida y ahora busca incursionar en el mercado de créditos de carbono en EEUU

Fecha de Publicación: 27/03/2024
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba


La provincia tiene 786 generadores individuales y comunitarios por casi 15 MW. Además, hay otros 116 proyectos en análisis. La estrategia apunta a que los gases de efecto invernadero que dejan de emitir puedan monetizarse mediante su comercialización en subastas de créditos de carbono con empresas que necesitan reducir su huella. Mientras el Gobierno prepara una nueva licitación, planea que proyectos de captura de metano operen en el mercado de California
La Provincia de Córdoba lideró una vez más el ranking nacional de generación distribuida de energías renovables, tanto individual como comunitaria, al totalizar 786 proyectos activos de 14.542 kilovatios (KW) mientras esperan 116 en estudio por 3.465 KW.
Lejos, en segundo lugar, se ubica la Provincia de Buenos Aires, con 478 activos y 260 en estudio.
En total, Argentina tiene 1.679 proyectos activos por 35.241 KW y otros 591 en carpeta por 15.624 KW.
La foto muestra así que Córdoba tiene el 42% de toda la potencia instalada y operativa en proyectos de energía distribuida individual y comunitaria.
Los datos fueron informados a Comercio y Justicia por Sergio Mansur, secretario de Planificación Energética, área que depende del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a cargo de Fabián López.
Se trata de uno de los pilares para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, claves para mitigar el cambio climático y cuyos objetivos globales están lejos de alcanzarse.
Otro de los ejes es la sustitución a mayor escala, siempre en referencia a la generación eléctrica, de las plantas de producción con combustibles fósiles por proyectos de energía renovable, es decir, parques solares, eólicos, de producción de biogás o pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, entre otros.

Generación distribuida
Según la información oficial difundida por la Provincia, además de los generadores individuales, o sea quienes tienen equipamiento para un domicilio o comercio, por ejemplo, ya hay seis usuarios generadores comunitarios conectados a la red.
El Parque solar Oncativo con 76,44 KW de potencia; el de Arroyo Cabral, con 70,07 KWP; el de Jovita, con 101,92 KWP; el de Vicuña Mackenna, con 127,4 KWP; el de La Laguna, con 131,04 KWP, y el Maipú, con 828 KWP.
A éstos hay que sumarles dos parques en proceso de conexión: el de La Cumbrecita, con 315 KWP y el de Morteros, con 330 KWP.
“El liderazgo de Córdoba en la materia tiene que ver con la implementación de políticas públicas que tuvo siempre cinco grandes ejes o cinco grandes estrategias o marcos normativos claros y creados por consenso de todas las organizaciones. Una decisión política institucional muy fuerte para acompañar el proceso, una comunicación pública muy activa en muy diversos medios, una plataforma donde uno puede encontrar toda la guía para ser un usuario generador o una plataforma tecnológica en la web que puede servir para encontrar desde instaladores habilitados hasta tramitar las exenciones impositivas y por último un régimen financiamiento a través del Banco Provincia de Córdoba”, enumeró Mansur a este medio.
La inversión total estimada en esos parques comunitarios más los proyectos individuales ronda 30 millones de dólares, según estimó.
Mansur destacó el marco legal vigente -pionero en el país-, que dio sustento a la proliferación de los diferentes proyectos.
En paralelo, destacó el proyecto para generar energía a partir del biogás de residuos cloacales en la planta de saneamiento de Bajo Grande y el proyecto de Biofarma, primer usuario generador distribuidor del país a partir de residuos de feedlot.
Por lo demás, señaló que, en el predio de Arroyo Cabral -propiedad de EPEC- se buscará alojar proyectos importantes tanto de la propia empresa como de inversores privados que quieran generar desde ese lugar para diversos mercados de energía, aprovechando la infraestructura disponible para una potencia superior a los 50 MW.

Planes
En cuanto a los objetivos por delante, Mansur dijo que hay varios ejes para desarrollar, algunos ya avanzados.
“Vamos a mejorar el programa de beneficios para incentivar las inversiones y vamos a introducir la digitalización, la aplicación de blockchain para generar tres tokens: uno  asociado a la potencia instalada, otro que va a representar la monetización de la energía generada mediante una billetera virtual para pagar las facturas de energía y, por último, un token asociado a la reducción de emisiones por esa energía que podrá comercializarse en una plataforma vinculada al carbono”, señaló.
Al mismo tiempo y siempre respecto a los planes futuros, Mansur dijo que el objetivo es triplicar la potencia instalada en un plazo de aquí hasta junio de 2025 para llegar a los 40 o 45 MW de energía distribuida.
“A la par, vamos a avanzar fuerte en políticas de desarrollo de las bioenergías. También en un plan de eficiencia energética, para promover la acción climática y como paliativo para la realidad tarifaria que enfrentamos, y pensar el mediano y largo plazo con muchas herramientas de inteligencia territorial”, concluyó.

El camino a la monetización
“La generación distribuida es la plataforma para que uno pueda establecer subastas, es decir no hay subastas (de créditos de carbono) si no se pueden certificar reducciones de emisiones y compensaciones”, resumió Mansur para introducir el círculo virtuoso que, más allá de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, tienen aquellos que invierten en este tipo de tecnología para generar energía limpia.
En ese sentido, Córdoba es pionera en las subastas de créditos de carbono.
Ya a fines de 2022, se concretó la primera subasta de certificados de carbono desplazado.
Por medio del Ministerio de Servicios Públicos, se lanzó la prueba piloto, por la cual empresas pudieron compensar sus emisiones de carbono.
Se trató de una acción que otorga valor a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, para que luego sean compensadas por distintos actores en la órbita del Ministerio de Servicios Públicos.
“Córdoba vuelve a mostrar esa vocación por avanzar en el cuidado del ambiente, en reducir la emisión de carbono con esta subasta inversa que tiene una característica para destacar: no sólo es la primera que se hace en Argentina sino que expresa la participación de la sociedad cordobesa”, expresó entonces el gobernador Juan Schiaretti, quien agregó que hubo 68 oferentes que tomaron medidas para mitigar su huella de carbono y más de 120 interesados en entrar en la subasta y adquirir esa reducción.
La iniciativa tuvo por objetivo generar una plataforma para la puesta en valor de reducciones de emisiones a pequeña y mediana escalas, toda vez que a esa fecha no eran posibles de validar a través de estándares internacionales, en especial por los costos.
A su turno, el ministro López aseguró: “A través del mercado, voluntaria u obligatoriamente, buscaremos que personas jurídicas y físicas disminuyan su huella de carbono por medio de mecanismos de compensación y transitar así a una economía de bajas emisiones”.
En la primera subasta, el precio promedio por cada tonelada de CO2 equivalente fue cotizada en 550 pesos, unos cuatro dólares de entonces.
En tanto, ya desde comienzos del año pasado, las licitaciones que realizó el Ministerio de Servicios Públicos incluyeron en los pliegos un puntaje extra para las empresas que demuestren una reducción en sus emisiones contaminantes, o bien que compensen esas emisiones con la adquisición de bonos de aquellos que sí lograron reducirlas.
Mientras, a fines del año pasado se concretó una nueva subasta con características similares a la primera.

Los objetivos se mantienen
Un punto clave respecto al tema es la continuidad de las políticas públicas. Es que al igual que en la gestión de Juan Schiaretti, con el ministro Fabián López a la cabeza, también Martín Llaryora sostuvo la impronta, confirmando a López en el cargo y también a parte del equipo que impulsó esas políticas, entre ellos a Mansur y también a Pablo Gabutti, quien -si bien anteriormente se desempeñaba en la gerencia de energía del Ersep- hoy es el secretario de Transición Energética. Además, creó el Ministerio de Ambiente y Economía Circular a cargo de María Victoria Flores.
“A fines del año pasado se hizo la segunda subasta de créditos de carbono, que llamamos “unidades de carbono verificadas” y en coincidencia con la fecha de la Cumbre de la Economía Circular”, recordó Gabutti.

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Por qué llegan los salmones hasta el río Paraná y qué impacto pueden tener en el ecosistema

Fecha de Publicación: 26/03/2024
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Litoral Argentino

Un grupo de científicos estudió la aparición de esta especie no nativa en ríos de la Cuenca del Plata.
En los últimos años pescadores comerciales y deportivos han capturado ejemplares no nativos en el litoral argentino. Uno de los casos más sorprendentes es el del salmón del Pacífico (Oncorhynchus tshawytscha), el cual es originario de las regiones árticas del hemisferio norte que desembocan en el Océano Pacífico tanto desde el noroeste de América del Norte como desde el noreste de Asia.
Sin embargo, la especie fue introducida a la Patagonia Argentina a principios del siglo XX y cada vez es más común encontrarlos en los ríos que integran la Cuenca del Plata, como los ríos Paraná, Uruguay y de La Plata. “Es migrador de larga distancia y puede migrar más de 4.500 km”, explicó Luis Espínola, doctor en Ciencias Ambientales e investigador independiente del Conicet (Inali-UNL) en el laboratorio de hidroecología, quien junto a otros investigadores llevó adelante un estudio para explicar porqué aparecen en una región de la que no son originarios.
Respecto a la introducción de estas especies, Espíndola comentó a El Litoral: “Estos programas resultaron en el establecimiento de poblaciones residentes de agua dulce compuestas principalmente por trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) y trucha marrón (Salmo trutta) y, en menor medida, trucha de arroyo (Salvelinus fontinalis), pero no lograron introducir poblaciones o especies típicamente anádromas en ese momento. Sin embargo, se han registrado poblaciones de trucha arco iris, trucha marrón y trucha de arroyo en ríos más allá de la región patagónica, incluso en áreas con condiciones ambientales desfavorables (altas temperaturas del agua, Carter 2005) para el establecimiento de la especie, es decir, que mantengan una población autosustentable”.

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Diputados reanuda el debate sobre la regulación de agroquímicos en Entre Ríos

Fecha de Publicación: 26/03/2024
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


Este martes se tratará la continuidad del proyecto de ley que establece la regulación de la fumigación con agroquímicos. La iniciativa fue presentada durante la gestión de Gustavo Bordet.
El proyecto de ley será sometido a debate este martes 26 de marzo a las 10 horas en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.
Se trata del proyecto de ley de “buenas prácticas en la utilización de fitosanitarios y domisanitarios en la provincia de Entre Ríos”, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Gustavo Bordet que tomó estado parlamentario en diciembre de 2022 y que recién comenzó a debatirse este mes en la comisión legislativa que preside el socialista Juan Manuel Rossi.
En el anterior encuentro de la comisión, el legislador había adelantado que se convocará a organizaciones productivas, vinculadas al cuidado del medio ambiente, referentes de salud, miembros de la comunidad científica, representantes de las Universidades y a organizaciones intermedias que trabajan en la temática”.
“Asumimos el compromiso de escuchar a todos los sectores involucrados en este tema para encontrar una propuesta superadora que contemple el ambiente, la producción y la salud de las y los entrerrianos”, señaló.
“Queremos contribuir para impulsar un modelo de producción sostenible ambiental y socialmente. Aspiramos a tener unas de las leyes más modernas del país referida a este tema que hace años debió ser tratado y quedó siempre guardado en algún cajón", enfatizó.

El proyecto
El proyecto establece que las distancias mínimas para las pulverizaciones con agrotóxicos donde haya personas es de 100 metros para las realizadas de forma terrestre y 200 metros para las aéreas.
A su vez, se dispone un régimen específico si en la zona hay instituciones educativas rurales: se establece “una distancia de 150 metros medidos desde el perímetro de la escuela para delimitar la zona de exclusión, siendo para aplicaciones aéreas la distancia de 500 metros, medidas desde el perímetro del establecimiento educativo”.
A partir de esta distancia se considera una zona de amortiguamiento que va desde el límite de la zona de exclusión (150 metros del perímetro) a 500 metros para equipos terrestre; desde el límite de la zona de exclusión para equipos aéreos (500 metros del perímetro de la escuela) hasta los 3.000 metros.
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La Cámara Federal de La PLata declaró inconstitucional el artículo que deroga la ley de Tierras

Fecha de Publicación: 25/03/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Los camaristas fallaron a favor del "amparo colectivo" del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) --que impugnaron la norma que consideran lesiva para la soberanía nacional-- por tratarse de "una asociación de quienes debieron empuñar las armas en su defensa". Además de considerar que no existieron causas "excepcionales" que justificaran la necesidad y la urgencia del Decreto. El fallo solo puede ser apelado ante la Corte Suprema.
La Sala III de la Cámara Federal de La Plata, con voto de los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias, resolvió declarar la inconstitucionalidad del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que deroga la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales y que habilitó durante su vigencia la venta de latifundios a extranjeros aún en zonas de frontera. Los camaristas resolvieron a favor del “amparo colectivo” presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) que cuestionó el decreto ante los tribunales federales de la capital bonaerense, que en principio había sido aceptado por el juez Ernesto Kreplak durante la feria judicial y que tras la misma el magistrado Alberto Recondo rechazó al negar la representación “colectiva” de los ex combatientes. En atención al alcance colectivo de la resolución de amparo, la Cámara ordenó reinscribirla en el Registro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo que el fallo solo puede ser apelable ante el Máximo Tribunal.
En su presentación de amparo ante la Justicia Federal bonaerense, el CEMIM sostuvo que la derogación de la ley libera el mercado de tierras, “habilitando la extranjerización de las mismas, con dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional, condicionando no sólo la disponibilidad del suelo argentino, sino también los cursos de aguas dulces”.
Amparo colectivo
Los camaristas –que tomaron la apelación relizada por los ex combatientes de Malvinas-- dijeron que la decisión (de Recondo) que rechazó la legitimación del CECIM constituía “una interpretación exageradamente restrictiva de las normas constitucionales y legales que gobiernan la solución del caso”. Tras repasar la jurisprudencia de la Corte Suprema, Vallefín y Lemos Arias agregaron que “no puede homologarse una solución que menoscaba la dignidad del orden jurídico de la Nación al impedir impugnar la constitucionalidad de una norma que se dice lesiva de la soberanía nacional a una asociación que nuclea a quienes, precisamente, debieron empuñar las armas en su defensa”.
En su extensa decisión, el Tribunal de apelación dedicó un apartado final de conclusiones donde reconoció la legitimación de la agrupación de veteranos para demandar en defensa de la soberanía nacional, un bien colectivo e indivisible que justifica la consideración judicial y el dictado de una sentencia de alcance nacional. Por lo que ordenó que la causa sea nuevamente inscripta (como lo había realizado el juez Kreplak) en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema y se publique su resolución.

Inconstitucionalidad
El Tribunal analizó los requisitos constitucionales del DNU que habilitan al Poder Ejecutivo a dictarlos a la luz de los criterios que estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sobre ese punto, consideró que “no existieron circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes” dado que, según argumentaron los jueces, no hubo “impedimentos para que las cámaras del Congreso de la Nación se reunieran. Por el contrario, el DNU 70/2023 se publicó el 21/12/23 y entró en vigencia el 30/12/23 y el Poder Ejecutivo Nacional convocó –el 26/12/23, desde esa fecha, y hasta el 31/01/23- a Sesiones Extraordinarias del Poder Legislativo”.
El Congreso de la Nación –-constituye un hecho público y notorio, dijeron los camaristas-- sesionó durante el mes de enero del corriente año y, a partir de este 1° de marzo, se inauguró formalmente el período 142° de Sesiones Ordinarias con ambas cámaras en pleno funcionamiento.
Los camaristas agregaron que la derogación de la Ley de Tierras se hizo con “razones genéricas expuestas en los considerandos de los decretos de necesidad y urgencia” que “resultan inhábiles para justificar el dictado de medidas legislativas por parte del Poder Ejecutivo Nacional”. Por lo que expresaron que “el fundamento del DNU impugnado –sólo tres líneas en lo que atañe a la derogación de la ley 26.737– no exhibe en forma concreta el modo en que ello impactaría en la mejora de la situación socioeconómica argentina y haría imposible de aguardar su tratamiento normal por parte del Congreso Nacional”.
Que además, en contraposición con la jurisprudencia de la Corte Suprema de los fallos “Consumidores Argentinos” y “Pino Seberino”, el DNU impugnado en materia de tierras “constituye una lisa y llana derogación de conveniencia de la ley 26.737”. Y que el decreto no se dirige a “paliar una supuesta situación excepcional” e introduce reformas que “revisten carácter permanente modificatorias de leyes del Congreso Nacional”, aspecto vedado por ese criterio del Máximo Tribunal.
Tras plasmar los fundamentos en la resolución, los camaristas concluyeron que el CECIM se encontraba legitimado para demandar en los tribunales en defensa de la soberanía nacional como bien jurídico colectivo y cuestionar un decreto que denunciaron como lesivo de aquella. A su vez, juzgó que el Poder Ejecutivo no estuvo habilitado para derogar la Ley de Tierras de la forma en que lo hizo, al no acreditarse circunstancias que justifiquen el dictado de un DNU de esa naturaleza.
Razones por la cuales la Cámara Federal de La Plata declaró la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 en cuánto a la derogación de la Ley 26.737 y ordenó reinscribir la causa en el Registro de Procesos Colectivos.
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