En Corrientes imputan al cazador que mató un puma y tenía nueve ciervos en cautiverio

Fecha de Publicación: 26/04/2021
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Corrientes


Un cazador furtivo de la ciudad de Sauce, que se promocionó en Facebook tras matar a un puma para captar clientes como guía de caza, y al que luego,  fue procesado por el Juzgado de Instrucción y Correccional (en transición) de Mercedes por los delitos de caza y depredación de fauna silvestre
Se lo logró merced a una minuciosa investigación del fiscal de Delitos Rurales y Ambientales, doctor Gerardo Humberto Cabral. El imputado también exhibía 25 cabezas con astas como trofeos en un ambiente de su casa.
Un cazador furtivo de la ciudad de Sauce, que se promocionó en Facebook tras matar a un puma para captar clientes como guía de caza, y al que luego, en un allanamiento en su casa, se le encontraron nueve ciervos axis en cautiverio, fue procesado por el Juzgado de Instrucción y Correccional (en transición) de Mercedes por los delitos de caza y depredación de fauna silvestre prohibida, en infracción a los artículos 25 y 27 de la Ley 22421 (Ley Nacional de Conservación de la Fauna).
Gracias a un minuciosa pesquisa de la Fiscalía Especializada en Delitos Rurales y Ambientales, cuyo titular es el doctor Gerardo Humberto Cabral, el PRIAR de Sauce y la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se pudo comprobar que Ramón Isidro Ramírez cometió  –prima facie– los delitos de infracción al artículo 25 de la Ley 22421 (“el que cazare animales de la fauna silvestre cuya captura o comercialización estén prohibidas o vedadas por la autoridad jurisdiccional de aplicación”) calificado por realizarse con tres personas, ropas mimetizadas como arte de caza y la utilización de armas de fuego y depredación de la fauna silvestre mediante la captura en cautiverio y almacenamiento, comercialización de productos y subproductos provenientes de especies prohibidas, penados por los artículos 25 y 27 de la misma ley.
La decisión del magistrado refrenda la investigación del Ministerio Público Fiscal sobre dos hechos. El primero, que entre el 1 y el 8 de marzo de 2019 en la zona rural de Sauce, el imputado junto a otros dos personas aún no identificados cazó un puma, una especie protegida. Vestía ropa camuflada y usó un arma de fuego larga. Luego, publicó en Facebook una fotografía en la que sostiene el animal y se exhibe un arma con mira telescópica. En ese posteo se hace conocer como guía cazador de la ciudad de Sauce y aporta números telefónicos para captar clientes.
Ante ese hecho, la Fiscalía inició la investigación y, entre otras medidas de prueba, pidió un allanamiento que resultó en el hallazgo de otro delito: el imputado –que no tenía licencia expedida por la Dirección de Recursos Naturales– contaba con varias armas de fuego registradas para la actividad cinegética y un ambiente de su casa destinado a exhibir trofeos (cabezas con astas) de 25 ciervos. Y aún más: en la parte trasera de la propiedad se halló un corral de 50 por 100 metros, con malla metálica perimetral de 1,80 metros de alto, en el que mantenía cautivos nueve ciervos axis, tres machos adultos con astas y seis hembras.
De entre los trofeos, se peritaron cinco cabezas de ciervos, y resultó que cuatro no tenían más de siete días de haber sido obtenidas; la restante era de meses atrás.
Si bien el juez de Instrucción y Correccional, doctor Martín Vega dictó la prisión preventiva, también le concedió la excarcelación bajo caución juratoria.
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Ambiente finalizó la primera etapa del proyecto Ciudades Sostenibles

Fecha de Publicación: 26/04/2021
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


Se trata de la iniciativa que tiene como objetivo desarrollar ciudades inclusivas, resilientes al cambio climático, que conserven su biodiversidad y bajas en emisiones de gases de efecto invernadero
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que conduce Juan Cabandié, cerró hoy la primera etapa del proyecto Ciudades Sostenibles, que busca desarrollar ciudades inclusivas y resilientes al cambio climático.
La reunión, realizada de manera virtual, tuvo como objetivo cerrar la etapa de formulación del Proyecto “Inversiones Integradas Bajas en Carbono y Conservación en Ciudades Argentinas”, que luego será presentada formalmente ante el Fondo del Medio Ambiente Mundial (GEF, por su sigla en inglés) para su aprobación.
Cabe mencionar que el proyecto cuenta con el apoyo de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, se realiza con financiamiento internacional del GEF y con la articulación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Se espera que la implementación comience hacia fines de este año y hasta 2025 en las ciudades definidas con quienes se construyó el proyecto: Ushuaia, Salta, Mendoza, Mar del Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Durante la implementación, se trabajará en distintos ejes de acción: transición justa, planificación urbana, movilidad, economía circular, áreas protegidas, biodiversidad, producción agroecológica, eficiencia energética, construcción sostenible y mecanismos financieros.
El monto total destinado al proyecto es de 24 millones de dólares.
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La Municipalidad de Ushuaia finalizó su inventario de gases de efecto invernadero y diseña sus acciones climáticas

Fecha de Publicación: 26/04/2021
Fuente: Sur 54
Provincia/Región: Tierra del Fuego


El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Ushuaia, Lic.Mauro Pérez destacó que “esta semana, en el marco del Día de la Tierra, los líderes de Estados Unidos, Europa, China y Argentina, así como muchos países más, buscarán consensos en políticas ambientales y desde la Municipalidad colaboraremos con nuestro granito de arena, impulsando esta acción climática local, siempre con el objetivo de trabajar en mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la ciudad”.
Pérez Toscani indicó “el  intendente Walter Vuoto dotó a la cartera de Medio Ambiente con la máxima jerarquía y es parte de un enfoque integral y transversal a la hora de pensar en la protección de la biodiversidad y el desarrollo sustentable de la ciudad”.
En tal sentido, indicó que “para nosotros este cambio histórico se traduce en acciones, tales como la realización del primer inventario de emisiones de gases de efecto invernadero que ya está concluido, una tarea impulsada como parte de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático” y recordó la vinculación de la ciudad de Ushuaia al Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, así como la participación en el programa de Ciudades Sostenibles, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
En esa misma línea, la Municipalidad de Ushuaia ha iniciado el desarrollo de su plan local de acción climática, actividad vinculada al Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía, una red internacional que involucra a más de 1.000 ciudades comprometidas en la lucha contra el cambio climático.
Este jueves, se llevará adelante el conversatorio con Puerto Williams “para mejorar y avanzar en una Ushuaia más sustentable. La reunión, organizada por el Consulado General de Chile en Ushuaia, contará con la participación de Jefatura de Gabinete, así como la Subsecretaría de Relaciones internacionales y se integra a una serie de anuncios impulsados desde el Municipio en  materia ambiental.
Asimismo, la Municipalidad de Ushuaia, en conjunto con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, avanzan en la implementación de la Ley Yolanda y la presentación de un informe de caracterización sobre los residuos sólidos de la ciudad.
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Biocombustibles: el oficialismo presentó el nuevo proyecto de ley

Fecha de Publicación: 24/04/2021
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


La iniciativa impulsada por Máximo Kirchner propone un nuevo marco regulatorio con plazo hasta el 2030, con la posibilidad de ser prorrogado otros cinco años. Contempla un corte mínimo del 5% para el biodiésel y del 12% para el bioetanol. Comenzaría a tratarse la semana próxima.
 El oficialismo presentó en el Congreso el proyecto de ley impulsado por Máximo Kirchner, que propone un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles, que comenzaría a ser tratado la semana próxima y que, aspiran, deberá ser aprobado antes de que venza la normativa vigente el próximo 12 de mayo.
El proyecto, que lleva las firmas de quince diputados, entre ellos Omar Félix, Marcos Cleri y Pablo Yedlin, propone un plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, con la posibilidad de ser prorrogado por el Ejecutivo por cinco años más. Lapso que, según remarcaron desde el oficialismo, “otorga una mayor seguridad jurídica”. La iniciativa fue respaldada por distintos empresarios del sector, quienes destacaron que brinda un marco de “previsibilidad” y es una ley “propyme”.
La iniciativa contempla, además, un corte del 5% para el biodiésel (en la ley actual, es del 10%) y de un 12% para el bioetanol (6% para el elaborado a base de caña de azúcar y 6% con el maíz). “El 5% del biodiésel, de acuerdo a cómo esté el precio del commodity, para que no aumente la nafta y para que las plantas sigan produciendo, puede bajar hasta un 3%. Pero también puede aumentar si se aplica el régimen de sustitución de importaciones porque es más conveniente para la economía y para el país”, explicó a Ámbito el legislador del Frente de Todos Marcos Cleri, quien agregó: “En el bioetanol es lo mismo: también puede subir o bajar, pero va a bajar sólo cuando tenga un impacto negativo en el consumidor, en la nafta. Y puede subir si se aplica el régimen de sustitución de importaciones de combustibles fósiles”.
“De manera complementaria al corte obligatorio que se encontrare vigente, y cuando las condiciones del mercado lo permitan, la Autoridad de Aplicación (la Secretaría de Energía) arbitrará los medios necesarios para sustituir la importación de combustibles fósiles con biocombustibles, con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo”, aclara al respecto uno de los artículos del proyecto.
Además, señalaron desde el oficialismo, en el proyecto “se contemplan las economías regionales para la formación del precio para el corte y se crea una Comisión Especial con la presencia de las provincias productoras de Biocombustibles”. También destacaron como puntos favorables que la nueva normativa “cuida a las empresas de escalas pequeñas y potencia la capacidad instalada que brindó la ley 26.093 y 26.344” y que “construye herramientas objetivas para elevar el corte o bajar con parámetros precisos establecidos en la ley, cuidando el empleo, la industria y la macroeconomía”.
Además, “dispone que el biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2). En el caso de la mezcla, el gravamen recaerá sólo sobre el componente fósil”. “Es una muy buena ley, consensuada con el sector productivo, y los legisladores de distintos espacios políticos construyendo una nueva etapa que tomó lo mejor de la ley 26093 para establecerla como política pública. Es un proyecto integral, para dar respuesta al sector y acompañar un modelo de desarrollo nacional”, destacaron desde el oficialismo.
“La semana que viene empieza el tratamiento. Se habló con todos y con todas, y se sigue hablando. También se habló con el Senado de la Nación, esperamos poder lograr, luego del trabajo que venimos teniendo, hablando con todas las cámaras, antes del 12 de mayo un nuevo marco normativo”, subrayó Cleri.

Recepción
Al analizar el proyecto presentado en el Congreso, Juan Carlos Bojanich, CEO del Grupo Bahía Energía, un grupo empresario que cuenta con plantas de biodiesel, señaló a Ámbito: “Es lo que se esperaba. Lo bueno de la ley es que da previsibilidad por lo menos hasta 2030, más la posibilidad de cinco años más, es decir a catorce años”.
Al referirse al porcentaje mínimo estipulado para el corte, el empresario sostuvo: “Quizá se esperaba un corte más elevado para el biodiesel. Pero hoy la ley está también en el 5%, pero la Secretaría de Energía lo elevó al 10%. Y en el proyecto nuevo, la Secretaría tiene margen para subir y para bajar, no más del 3%”. Bojanich señaló, en ese contexto, que “en caso de aprobarse, creo que tendría que ser una buena noticia para las empresas”: “Sobre todo, reitero, porque da previsibilidad y ayuda a terminar con esta incertidumbre que uno está parado. Al darle continuidad, ayuda también a su vez a realizar nuevas inversiones, darle valor agregado a algunos subproductos. Al tener 14 años, uno tiene un horizonte para poder hacer otras cosas y no esperar que se termine en cualquier momento. Creo que eso es bueno. El empresario o el emprendedor, necesita un horizonte de largo plazo”.
Por su parte Federico Pucciariello, titular de la empresa Rosario Bioenergy y referente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), señaló a este diario: “Es lo que se venía hablando, con mejoras en la redacción bastante sólidas. Es una ley bien propyme, está todo el mercado expresado. Bastante equilibrada. Así que las cámaras, al menos las compuestas por las pymes, la respaldaremos”.
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El Foro Legislativo Ambiental se presentó en Diputados

Fecha de Publicación: 24/04/2021
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


En la semana del Día Mundial de la Tierra, se presentó este miércoles en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados el Foro Legislativo Ambiental. El lanzamiento estuvo a cargo del ministro de Ambiente, Juan Cabandié; de la impulsora del proyecto, diputada Daniela Vilar; y del diputado Leonardo Grosso.
Además, estuvieron presentes los diputados nacionales Gabriela Estevez, Florencia Lampreabe, Federico Fagioli y Gabriela Cerruti, así como otros legisladores y organizaciones ambientales que participaron de manera virtual.
Se trata de una iniciativa en el marco de la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú, recientemente aprobado por el Congreso, para la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones y desarrollo de políticas ambientales.
El evento fue abierto por la diputada Daniela Vilar, que presentó el funcionamiento del Foro en sus distintas etapas y remarcó que “este dispositivo de participación pública va a garantizar que todas las voces sean parte del proceso”. Asimismo, Vilar precisó que “necesitamos construir un modelo distinto a este y la política es la herramienta de transformación para conseguirlo”. “La construcción de una nueva normalidad nos necesita trabajando colectivamente, sumando las luchas y saberes de nuestros pueblos y militancias. Esta es la decisión política de nuestro Jefe de Bloque Máximo Kirchner y de nuestro espacio político” cerró la diputada.
Por su parte, el diputado Leonardo Grosso señaló la necesidad de “construir un pacto eco-social” que evite el colapso ambiental. En este sentido, dijo que “esta herramienta es un paso para alimentar el debate que construya fuerza social para crear una nueva normalidad”.
La diputada Gabriela Estevez valoró la iniciativa, señalando “su efecto expansivo para abrir espacios de participación activa de la sociedad civil”. A su turno, la diputada Gabriela Cerruti definió el rol del foro como una forma de “construcción de comunidad”. La diputada Florencia Lampreabe hizo hincapié en la necesidad de acercar las instituciones con la sociedad, y cómo el Foro es una forma de jerarquizar ese intercambio. Finalmente, el diputado Federico Fagioli resaltó la necesidad de “avanzar en políticas públicas que nos permitan planificar un Estado presente contra la crisis ambiental”.
Finalizando el acto, el ministro de Ambiente, describió que “estamos ante una verdadera crisis civilizatoria que obliga a repensar la realidad para encontrar soluciones de equilibrio en el marco de una transición ecológica justa”. En ese sentido, alertó sobre la proliferación de posturas individualistas, remarcando que “la salida siempre va a ser colectiva” y de ahí la importancia de espacios como el Foro para avanzar en esas respuestas en conjunto.
El Foro inaugurado constará de mesas de participación que abordarán temáticas estratégicas para el cuidado del medio ambiente, como el Ordenamiento Ambiental del Territorio, la Soberanía Alimentaria, la Gestión de Residuos y la Justicia Ambiental. El objetivo es que, a través de instancias de diálogo y discusión entre autoridades, legisladores, organizaciones y ciudadanos, se avance de manera colectiva en la co-creación de proyectos de ley que aborden los desafíos que presenta la crisis climática y la degradación del ambiente. Ya está disponible el link para inscribirse y participar del Foro Legislativo Ambiental.
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Avanza la mega obra Sistema Riachuelo

Fecha de Publicación: 24/04/2021
Fuente: La Ciudad de Avellaneda
Provincia/Región: Riachuelo


Esta es una de las obras más importantes comprendidas en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de ACUMAR, ya que permitirá mejorar la calidad de vida de las y los vecinos.
El Sistema Riachuelo es la obra de infraestructura más importante contemplada en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental y permitirá la recolección, tratamiento y el transporte de más de 2 millones de metros cúbicos de líquidos cloacales por día provenientes de la Ciudad de Buenos Aires y los municipios de la Cuenca.
Se trata de un proyecto de ingeniería sanitaria que mejorará la prestación del servicio de desagües cloacales de la Cuenca evitando la contaminación del Riachuelo y beneficiará a más de 4 millones de habitantes.
El diseño consta de tres tramos: el primero y el tercero –cuya finalización está prevista para este año- son financiados por Banco Mundial y están a cargo de una Unidad Ejecutora de ACUMAR, mientras que el segundo tramo es financiado por el Estado Nacional.
El primer tramo es el Colector Margen Izquierda, al que arribarán las cloacas máximas y pluviales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ya registra un avance del 91%; el segundo es la Planta de Pretratamiento de líquidos de Dock Sud, construido en un 26%; y, por último, un emisario subfluvial de 12 kilómetros, cuyo túnel ya está finalizado y su sistema interno de difusores y rosetas registran una ejecución del 100% y 70%, respectivamente.
Esta mega obra brindará soluciones integrales de capacidad y calidad de prestación del servicio en el área de concesión de AySA, al tiempo que generará beneficios en términos de salud pública, ambiente y desarrollo social.
El Sistema Riachuelo genera más de 1500 puestos de trabajo, cuenta con una inversión de 1.200 millones de dólares provenientes del Banco Mundial, a través del préstamo BIRF 7706-AR y 9008-AR, y del Poder Ejecutivo Nacional. El Colector Margen Izquierda y el emisario subfluvial son financiados por el Banco Mundial, conformando una Unidad Ejecutora en ACUMAR que coordina los créditos y siendo AySA la encargada de la obra.
El Colector comprende más de 30 kilómetros de túneles que recolectarán los desagües cloacales a lo largo de la margen izquierda del Riachuelo y los transportarán hasta la planta de Dock Sud. Allí se encuentra la conexión con el conducto subfluvial, un túnel que irá por debajo del Río de la Plata, que transportará los efluentes tratados para luego volcarlos a 12 kilómetros de la costa, completando el proceso de depuración y evitando la contaminación del Riachuelo por efluentes cloacales.
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Ambiente celebró la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú

Fecha de Publicación: 23/04/2021
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


En el marco del Día Internacional de la Tierra, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que conduce Juan Cabandié, celebró la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú
Se trató de un encuentro virtual para aclamar la entrada en vigor del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe —-Acuerdo de Escazú—, suscrito y ratificado por Argentina.
El titular de la cartera ambiental nacional, Juan Cabandié, celebró la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú y envió palabras de agradecimiento a quienes participaron del encuentro. Para el ministro “se trataba de una deuda pendiente en el acceso a derechos en materia ambiental”. Asimismo, consideró que el acuerdo es "sumamente enriquecedor para la agenda ambiental” y destacó que "con Escazú, como sucedió con la ley de cambio climático, cumplimos con una demanda muy justa y creciente de la sociedad y de los jóvenes en particular”.
Durante el evento, la subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Cristina Ruiz del Ferrier, agradeció la participación de las y los expositores y recordó palabras del ministro Juan Cabandié: “El momento de actuar es ahora, no tenemos planeta B. En ese sentido la juventud, el papa Francisco, las organizaciones de la sociedad civil, cada una de las provincias del país, somos actores indispensables para poder, de manera democrática, articulada y consensuada estar a la altura de los desafíos de nuestro tiempo”.
Por su parte, el secretario de Ambiente de La Rioja y presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), Santiago Azulay, sostuvo que “el planeta viene hablando, a través de los eventos climáticos que viene poniendo sobre los escritorios, sobre la necesidad de contemplar en las políticas públicas una mirada de sostenibilidad”.
Además, recordó que lo trascendental del acuerdo es que se trata de “una herramienta jurídica que va a significar una bisagra que va a marcar un antes y un después de este cuerpo de disposiciones legales para América Latina y el Caribe”, y brindó un reconocimiento al ministro Juan Cabandié “que apenas asumió su función enarboló la bandera de empujar los consensos necesarios para que Argentina ratifique el acuerdo y para que entre en vigencia esta norma en nuestro país”.
Las y los expositores hicieron hincapié en el acceso público en las tomas de decisiones, al ordenamiento, políticas, programas y normas; en la participación ciudadana y sobre la justicia en materia ambiental. También hablaron sobre fortalecer la teoría del derecho ambiental que está relacionado en el ámbito de los derechos humanos; que las normas reflejen las necesidades de la ciudadanía y sean visibles a través de una normativa. Sobre la necesidad de generar normas en el marco del acuerdo y facilitar el acceso a una información fidedigna, reutilizable y con estándares modernos.
Participaron del encuentro virtual: el director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli; en representación de la Fundación Sustentabilidad sin Fronteras, Mariano Villares; además, expusieron el abogado especialista en Derecho Ambiental, Néstor Cafferatta; la abogada y coautora del informe: "Ley de Acceso a la Información Pública Comentada", del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación (2016), Marisa Pugliese; la doctora en Derecho, Especialista en Derecho de los Recursos Naturales y Ambiente y profesora de grado y posgrado, Claudia Valls; y el jefe de gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Embajador Dr. Guillermo Justo Chaves.

Objetivos del Acuerdo de Escazú
El Acuerdo de Escazú busca garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible.
Cabe recordar que en septiembre pasado, el acuerdo fue ratificado en la Cámara de Diputados de la Nación, convirtiéndose en ley. Había sido adoptado a nivel internacional en marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, y firmado en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. Para su entrada en vigor era necesario que 11 estados lo ratificaran.
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La larga lista de las empresas que contaminan el Riachuelo

Fecha de Publicación: 23/04/2021
Fuente: eldiarioar.com
Provincia/Región: Riachuelo


Shell, Coto, YPF, Axion, Puma, Día, Aeropuertos Argentina 2000, Swift, Covelia, Mercedes-Benz, Clorox, Molinos y Coca-Cola Femsa figuran en un listado de 795 establecimientos de compañías. En la embotelladora y en otras firmas responden que ya reconvirtieron sus plantas, pero la autoridad de la cuenca, la Acumar, insiste en que aún les faltan trámites para salir de la categoría de agentes de polución.
 Se intercambiaron elogios mutuos. El último 29 marzo, Alberto Fernández inauguró una planta de propelentes de Raízen (50% de la angloholandesa Shell y 50% de la brasileña Cosan) en el polo petroquímico Dock Sud, al lado de Villa Inflamable, y destacó: “Agradezco y valoro la confianza en el país. Tenemos que seguir trabajando juntos”. Uno de los ejecutivos de Raízen le respondió: "Usted nos pidió paciencia el año pasado y hoy se está viendo la reconstrucción argentina”. Ni uno ni otros hicieron hueco en sus discursos para recordar que las instalaciones de Raízen están en la última lista oficial de 795 establecimientos de empresas consideradas agentes contaminantes del Riachuelo.
 La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) elabora ese listado desde 2011. En un principio había 1.370 firmas, pero el 42% se adecuó a las normas. En cambio, a febrero pasado seguían en infracción el 58%, incluidas multinacionales, que en muchos casos se comportan mejor en sus países de origen, y grandes compañías nacionales, así como también pymes. La contaminación industrial constituye una de las tres fuentes de contaminación del río que divide la ciudad de Buenos Aires del sur del conurbano, y que es uno de los diez más sucios del mundo. Las otras son los residuos cloacales y sólidos.
En la lista figuran los supermercados Coto, la fabricantes de materiales de la construcción Parex Klaukol, Alfajores Jorgito, Coca-Cola Femsa (embotelladora mexicana de la compañía estadounidense), la firma de cosmética Silkey, los laboratorios Bio Sidus, Biogénesis Bagó y Roemmers, las avícolas Granja Tres Arroyos y Proteinsa (ex Rasic), las empresas de colectivos La Nueva Metropol, Andesmar, El Rápido, Nueva Chevallier, Monsa y Dota, YPF, la petrolera Puma, Petrolera del Cono Sur (de la estatal venezolana PDVSA), el mayorista Makro, Aeropuertos Argentina 2000, la constructora Helport, Shell (como sociedad independiente de Raízen), Axion Energy, la embotelladora de aguas Siffredi, Walmart (pero por un local que vendió y ahora pertenece a Día), el frigorífico Swift, el Automóvil Club Argentino (ACA), la recolectora de residuos Covelia, la química Air Liquide, Mercedes-Benz, la colchonería Simmons, la cerealera Cofco (pero por una planta que le transfirió y en la actualidad corresponde al grupo Beltrán), la alimenticia Molinos Río de la Plata, la elaboradora de productos de higiene Clorox y la estatal de asistencia a aviones en tierra Intercargo, entre las de mayor renombre. El listado completo de la Acumar, cuyo presidente es Martín Sabbatella, se puede consultar aquí abajo.
 Unas 14 curtiembres aparecen en la lista. Una es Sadesa, la de la familia de Marcos Galperin. Las otras son Tortosa, Biondo, Don Luis, Cefalo, Torres, Liotti, Napolitana, San Antonio, Martinov, Fieno, Urcioli, Di Palma y Gonella.
Varias empresas sostienen que figuran en la lista pese a haber cumplido con los trámites y los procesos de reconversión de sus plantas. Sin embargo, en la Acumar responden que si aparecen es porque aún siguen pendiente tareas para salir de la lista de agentes contaminantes. También advierten que algunas compañías llegaron a deslistarse hace unos años, pero han vuelto a ser nombradas después de posteriores inspecciones que detectaron nuevos casos de polución.
Coto es la empresa que más aparece en el listado, con 20 establecimientos. En la firma comentan que ya presentaron los planes para la adecuación de la mitad de ellos y esperan respuesta de las autoridades. Agregan que esperan ser notificados de la contaminación de los otros diez.
En la lista hay dos plantas de Coca-Cola Femsa. "Se trató de dos hechos puntuales que ya fueron corregidos hace tiempo”, contestan en la firma mexicana. “El registro está desactualizado. Es importante destacar que no se afecta al Riachuelo en modo alguno. Hemos solicitado a Acumar que nos saque del listado de agentes contaminantes y nos incluya en el Registro de Remediaciones Activas, conforme disponen las normas vigentes”, agregan en Coca-Cola Femsa, pese a que en el ente que preside Sabbatella sostienen que la lista es correcta. Al igual que las otras grandes empresas mencionadas, Coca-Cola Femsa también aparecía allí cuando gobernaban Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri.
La estatal Intercargo respondió a elDiarioAR con un informe escrito en el que reconoce que en 2013 fue clausurado un establecimiento en Ezeiza por vuelco de líquidos efluentes, al año siguiente se reabrió al presentarse un plan de reconversión industrial, pero, como no se instrumentó, volvió a aparecer en la lista de agentes contaminantes en 2019. Añadió que las nuevas autoridades que asumieron el gobierno a fines de ese año pidieron a la empresa RCAR que le elaborara un nuevo programa de adecuación para presentar a las autoridades.
La francesa Air Liquide se defiende: “No somos agente contaminante y hemos presentado toda la documentación necesaria ante Acumar desde 2017, con los respectivos análisis de parámetros y monitoreos pertinentes. El extracto de un acta de Acumar del 27 de enero de 2021 da cuenta de que Air Liquide Argentina ha ‘presentando monitoreos del efluente líquido con los valores de parámetro dentro de los exigidos’. ‘Posteriormente se realizaron inspecciones de control y seguimiento en las cuales, hasta el día de la fecha, no se detectaron desviaciones ambientales relevantes para la legislación. No se detectaron irregularidades en materia ambiental.’ Un nuevo PRI (plan de reconversión industrial) fue presentado en febrero de 2021 y está en trámite de ser aprobado por Acumar. Continuamos a la espera de la finalización de este proceso para ser excluidos del listado de empresas”.
En algunas empresas consultadas prefirieron guardar silencio. Tales son los casos de Trafigura (dueña de Puma), Biogénesis Bagó, Clorox, Mercedes-Benz, Axion, Corporación América (Aeropuertos y Helport), Raízen, YPF, Día y Molinos.
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Catamarca asegura que garantiza la participación en proyectos mineros

Fecha de Publicación: 23/04/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Catamarca


Al cabo de 10 días emitieron un comunicado en el que resaltan la realización de audiencias públicas y se refieren a Agua Rica.
Los conflictos desatados en Andalgalá en contra de la explotación minera motivaron un informe del gobierno Provincial, en el que aseguran que “Catamarca garantiza desde hace una década la participación ciudadana en proyectos mineros”.
Al mediar la segunda semana después de los acontecimientos en el que se produjeron daños totales en las oficinas de Agua Rica Alumbrera (Proyecto MARA), y otros tantos en la sede del PJ, se emitió un pormenorizado informe sobre los resguardos ambientales y los intentos por alcanzar la licencia social sobre la minería en el oeste catamarqueño.
“El procedimiento de evaluación del informe de Impacto Ambiental y la Participación Ciudadana son mecanismos que están regulados desde hace más de una década por normativa nacional y provincial, y de los cuales puede participar todo aquel que tenga un interés directo o indirecto en la materia”, señaló la ministra de Minería, Fernanda Ávila.
“El Gobierno de la provincia vino cumpliendo con todo este proceso en los distintos proyectos mineros que se radicaron en Catamarca en los últimos años, convocando a representantes municipales, de la sociedad civil, asociaciones, entes estatales, Universidad, a participar en las reuniones de evaluación sobre las distintas etapas de los emprendimientos”, aseguraron.
La respuesta de gran parte de los vecinos andalgalenses, sin embargo, sigue siendo la misma; el lema de la defensa riojana se replica hoy en Catamarca: “El Aconquija no se toca”, en alusión a “El Famatina no se toca”, que remite a una década de defensa de los cerros riojanos.
En 2010 la Asamblea El Algarrobo frenó el paso de las máquinas de exploración al yacimiento que está en la sierra del Aconquija (Agua Rica), acciones en las que hubo heridos en una violenta jornada.
Once años después, con fallos judiciales a favor y en contra de la exploración, en los que colisionan la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la Corte provincial, el pueblo de Andalgalá sigue dividido.
Los grupos ambientalistas llevan casi 600 marchas en contra de la explotación, que sostienen sábado a sábado. Mientras tanto, otra parte de los vecinos están a favor del desarrollo minero. Los dos últimos intendentes de Andalgalá basaron sus campañas electorales en contra de la megaminería: Alejandro Páez y Eduardo Córdoba.
La mayor preocupación de la población de Andalgalá es la defensa del agua. Profesionales de la Asamblea El Algarrobo sostienen que el proyecto de Yamana Gold (empresa que impulsa Agua Rica Alumbrera), está asentado en cuencas hídricas de más de 4000 metros sobre el nivel del mar. Juan José Cólica, integrante de la Asamblea El Algarrobo, define al lugar como “de una fragilidad muy grande, que la mínima intervención del hombre puede ocasionar grandes disturbios”.
En diálogo con Pulso Minero, Cólica aseguró que el río Minas “tiene un efecto alcalino para neutralizar el PH de dos de los ríos que alimentan el río Andalgalá”, que es la cuenca más importante de la que se abastece la zona. El río Andalgalá se alimenta de los ríos Potrero, Candado, Minas y Blanco. Los asambleístas aseguran que Agua Rica está en zona de glaciares, y que el agua que abastece al pueblo se filtraría a los pozos de exploración.
El gerente del proyecto Agua Rica Alumbrera, Gustavo Cruz, por su parte, asegura que las exploraciones no alterarían los componentes de los ríos, y que están a más de 10 kilómetros de las cuencas de los ríos Candado y Blanco.
Ayer lunes, el gobierno de la provincia emitió el comunicado en el que asegura que “Catamarca garantiza desde hace una década la participación ciudadana en proyectos mineros”, y que lo hace a través de audiencias públicas, charlas técnicas e informativas, convocatoria a organismos estatales provinciales y municipales, monitoreos y consulta de expedientes. “Los mecanismos se implementan en las diversas etapas de los proyectos mineros radicados en la provincia, tal es el caso de Agua Rica”, expresan.

Sobre Agua Rica
“En el caso concreto del proyecto Agua Rica se dispuso la consulta pública, abierta y sin restricción, del Informe de Impacto ambiental, en tres espacios geográficos a la vez, con el objetivo de posibilitar acceso a la información a interesados ubicados en diferentes localidades, pudiendo requerirse copia digitalizada del expediente. De igual modo, se invitó a distintos actores a intervenir de las instancias de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se llevaron a cabo. La consulta pública presencial se efectuó el 4 de junio de 2020, en Capillitas, Andalgalá, adaptándose a las medidas de cuidado con relación a la pandemia COVID-19”, explicaron.
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La Hidrovía, los agronegocios y los territorios impactados

Fecha de Publicación: 22/04/2021
Fuente: biodiversidadla.org
Provincia/Región: Nacional


La Hidrovía Paraguay-Paraná se puso en marcha en la década de 1990 y, en Argentina, acompañó la implementación del modelo agroexportador que se consolidaría hacia el siglo XXI. Desde entonces, esta vía navegable ha jugado un rol clave en la conexión de los territorios de producción primaria hacia los centros productores globales y los mercados agroalimentarios internacionales.
El proyecto original abarca los sistemas de los ríos, Paraná y Paraguay, desde Puerto Cáceres (Brasil) hasta Puerto Nueva Palmira (Uruguay), desembocando en el océano Atlántico. Los proyectos impulsados por los gobiernos de la región desde los años ‘90 previeron obras de dragado y mantenimiento de “pasos críticos” para garantizar la navegación diurna y nocturna de convoyes de barcazas y grandes buques, durante todo el año. Si bien tales proyectos no se han concretado en su totalidad, en el tramo argentino se realizaron sucesivas obras de dragado para adaptar el río Paraná a las exigencias del mercado internacional, principalmente el agroalimentario.
Desde sus inicios, la Hidrovía ha sido concebida en términos netamente mercantilistas. Para las empresas usuarias, es soporte infraestructural para la generación de ganancias; para el Estado nacional, es generadora de divisas. La lógica que vincula dragado, optimización de la capacidad de carga de los buques, disminución de costos y ganancias, ha sido la rectora en las decisiones sobre la misma.

Acerca de los impactos territoriales
Como toda obra de gran escala, esta megainfraestructura tiene impactos de orden múltiple. Por un lado, se encuentran los directos, provocados por las obras y la navegación, que tienen incidencia, por ejemplo, en la fauna ictícola, la biota acuática, las barrancas; y por el otro, están aquellos impactos que son indirectos aunque estrechamente vinculados a la Hidrovía.
Entre estos últimos se encuentran los impactos territoriales que comprenden las transformaciones en los ambientes, en la organización de los espacios fluvial, rural y urbano; y en las actividades económicas, que acarrean efectos negativos en los medios y modos de vida de las poblaciones, así como en su calidad de vida. Entonces, cuando hablamos de impactos territoriales nos estamos refiriendo a un conjunto de aspectos en el que convergen lo biológico, social, político y cultural.
Estos impactos, por lo general, van adquiriendo visibilidad en largos lapsos de tiempo y muchas veces tienen carácter acumulativo, es decir, resultan de efectos sucesivos, incrementales y/o combinados de la actividad, y pueden sumarse a los efectos de otros emprendimientos o actividades existentes.
En el caso de la Hidrovía, los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) contratados no han contemplado este último tipo de impactos. A pesar de que en la década del `90 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) -uno de los organismos financiadores de la Hidrovía- dispuso en sus Términos de Referencia para la realización de EsIA que se estudien los efectos indirectos de la Hidrovía y propuso una hoja de ruta para la confección de los mismos, tales recomendaciones no fueron concretadas por las consultoras dedicadas a la tarea. A más de dos décadas de funcionamiento, estos impactos ya no pueden ocultarse y derivan principalmente de la expansión de la frontera agrícola y de las instalaciones agroportuarias en el área de influencia de la vía navegable.
En primer lugar, esta expansión requiere de la eliminación de bosque, lo cual deriva en la disminución de la capacidad de los suelos para absorber el agua de lluvia. La sobreexplotación de los mismos, a través del monocultivo y la siembra directa, provoca procesos de deterioro y empobrecimiento de suelos, a lo que se suma el uso intensivo de agroquímicos, arrojados sobre los cultivos y también sobre áreas pobladas. Esta actividad contaminante viene siendo denunciada por médicos y pobladores desde hace casi dos décadas.
En segundo lugar, la concentración de tierras en unas pocas firmas -característica del modelo de agronegocios- ha desplazado otras actividades de menor escala, como los cultivos anuales, las plantaciones frutales y las actividades pecuarias tradicionales. Este desplazamiento ha tenido sus impactos sociales, ya que el monocultivo requiere una cantidad notablemente menor de trabajadores que los cultivos tradicionales, así como tecnología de avanzada que sólo pueden solventar los grandes capitales. Esta situación ha provocado migraciones forzadas y pérdida de medios de subsistencia para los campesinos, pequeños productores agrícolas y comunidades indígenas.
En tercer lugar, se producen impactos urbanos, como es el caso del cordón industrial perteneciente al Gran Rosario. Este enclave es el principal polo de industrialización y molienda de granos -mayormente de soja- a nivel mundial. En 2007, un informe encomendado por el Gobierno de Santa Fe (OAM, 2007) afirmaba que el avance de las industrias y terminales portuarias -en su mayoría pertenecientes a multinacionales agroalimentarias- había llevado a las localidades que conforman el cordón industrial, a una situación de colapso ambiental y urbano.
Congestionamiento del transporte; eliminación de múltiples sustancias tóxicas en el aire, el suelo y el agua (con su consecuencia en la salud de los pobladores); privatización de las costas; discontinuidades en los usos urbanos por la instalación de industrias (que funcionan como barreras materiales) y ruidos, son algunas realidades con las cuales los pobladores de esas localidades tienen que convivir todos los días.
Estos tres tipos de impactos asociados al modelo agroexportador, y en los que destacamos los aspectos más críticos, se encuentran indirecta pero estrechamente vinculados a la Hidrovía: a mayor profundidad de la vía navegable, mayor es su capacidad para transportar commodities, ampliándose las posibilidades de siembra. Así por ejemplo, desde 2005, momento en que la profundidad de la Hidrovía en los tramos Santa Fe-Puerto Gral. San Martín y Puerto Gral. San Martín-Buenos Aires pasó de 22 a 28-30 pies, la superficie de explotación sojera aumentó un 133,4% en el área de influencia de la misma (Gómez Lende, 2015) y de las instalaciones agroportuarias en el área de influencia.

¿Qué hacemos con la Hidrovía? ¿Qué hacemos en los territorios?
Hoy en Argentina asistimos a una nueva etapa para la Hidrovía. Ante el vencimiento del contrato de licitación con el consorcio privado Hidrovías SA, el gobierno nacional propuso crear una empresa estatal para la administración de las concesiones de obras, dando participación a las provincias implicadas en la vía navegable.
Si bien aún no se han publicado detalles sobre los proyectos venideros, puede esperarse sin dudas, un aumento en la profundidad del río para ampliar la capacidad de las bodegas en los buques. Esto sería necesario para llevar adelante la agenda 2020-30, de reactivación agroindustrial exportadora, donde se encuentra el controvertido Acuerdo Porcino con China. Con este Plan se pretende profundizar el modelo agroexportador, y por lo tanto es de prever la intensificación de los impactos mencionados si no se toman medidas adecuadas.
Por esta razón, desde el Taller Ecologista consideramos que es urgente abrir un debate democrático sobre la planificación de esta infraestructura. Los estudios y evaluaciones ambientales a realizarse deberían contemplar los impactos indirectos y territoriales de las obras, teniendo en cuenta que la Hidrovía no es una infraestructura aislada, sino la columna vertebral de un sistema. Las metodologías científicas exigen un ejercicio de selección de lo que se pretende evaluar, y tal selección se encuentra asociada políticas determinadas que se desplegarán en los territorios.
Asimismo, los estudios no deberían dejarse en manos de las empresas usuarias de la Hidrovía, como se vino haciendo hasta el momento. En Argentina tenemos científicos y académicos altamente capacitados para realizar los estudios y las evaluaciones en los diferentes campos. La promoción de líneas de investigación en las dependencias del Ministerio de Ciencia y Técnica y su financiación por parte de las empresas usuarias de las obras, debería ser una prioridad en el momento de llevar adelante el proceso de licitación y la elección de obras a ejecutar.
Y en este proceso, por supuesto es necesaria la democratización de los procesos de licenciamiento. El acceso público a la información sobre la Hidrovía y la creación de distintas formas de participación en los estudios y evaluaciones y en la toma de decisiones, tanto de organizaciones ecologistas y sociales, como de la población afectada, son cuestiones que hoy, después de 25 años de funcionamiento de la vía navegable, deberíamos incorporar como experiencia ineludible.
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El debate de uso de agroquímicos en Entre Ríos arrancó con desconfianzas, reclamos y recelos

Fecha de Publicación: 22/04/2021
Fuente: El Día
Provincia/Región: Entre Ríos


Un borrador del Ministerio de la Producción puso en alerta a organizaciones ambientalistas no convocadas para debatirlo. Se aclaró desde el Senado que el texto no tiene rango de proyecto de ley, pero se le parece bastante.
La anunciada Comisión Bicameral de Fitosanitarios, a la que aludió el gobernador Gustavo Bordet en la apertura de sesiones ordinarias, el 15 de febrero, no ha arrancado aún pero su tarea se inicia con desconfianzas, reclamos y recelos.
Fue a raíz de la presentación de una propuesta de manual de Buenas Prácticas en la Utilización de Fitosanitarios y Domisanitarios en Entre Ríos. El texto fue elaborado por el Ministerio de la Producción y fue presentado como un trabajo elaborado en conjunto por funcionarios, técnicos y profesionales de la cartera junto a representantes de 31 organizaciones que integran la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias.
El portal EraVerde.com.ar, que ha seguido el tema en las últimas semanas, dio cuenta de reproches cruzados entre oficialismo y oposición por la convocatoria realizada a los legisladores para avanzar en el tema; y entre senadores y diputados por el cariz que tendría esa reunión en el debate de un texto que, en principio, aparecía como un proyecto de ley cerrado.
Hubo incluso planteos de sectores ruralistas porque el texto final no contemplaba sus pretensiones, pero fundamentalmente la queja llegó de parte de organizaciones ambientalistas no convocadas a debatir la iniciativa que tuvo su formal ingreso en Diputados, en febrero, junto a una nota del ministro Juan José Bahillo que respalda la propuesta sustentada en “el trabajo minucioso y detallado” a lo largo de seis meses.
El 30 de marzo pasado, por caso, el Foro Ecologista, los Agricultores Agroecológicos de Entre Ríos y el Colectivo Basta es Basta “enviaron formalmente notas a todos los legisladores y las autoridades de cámaras, solicitando una serie de precisiones oficiales”, publicó Era Verde. Treinta organizaciones reclamaron el “texto oficial del proyecto presentado por el Ministerio de Producción de la provincia” junto con precisiones sobre el encuadre de la bicameral, su integración y los mecanismos previstos para la participación ciudadana.
Finalmente, intervino la vicegobernadora Laura Stratta respondiendo al planteo con una nota a los ambientalistas en la que intentó poner blanco sobre negro sobre la instancia en la que se encuentra el debate y el carácter del paper en estudio.

Respuesta
Stratta informó que el 12 de marzo tuvo ingreso en el Senado la iniciativa del equipo de Bahillo. Dijo que la pretensión es “contribuir como insumo en el tratamiento de la Comisión Bicameral, que eventualmente se conforme para tratar proyectos de ley referidos a la materia”.
Destacó que “no se trata de un proyecto de ley, sino de un aporte que podrá ser considerado por los legisladores y legisladoras; y que por ello no se encuentra publicado en la página web del Senado, como sí lo están los proyectos de Ley, de Resolución, de Declaración o de Comunicación”.
Aclaró además que “no se ha conformado una comisión bicameral para el tratamiento de este tema, ni se ha convocado formalmente a las comisiones pertinentes, en los términos de los artículos 60° y 62° del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos”. Finalmente, expresó su acompañamiento a la decisión oficial de debatir una ley en materia de agroquímicos y dejó expresado su compromiso de “convocar oportunamente a los diferentes sectores para que manifiesten su postura al respecto”.

Distancias, prohibiciones y permisos
El borrador está presentado con el formato de un extenso proyecto de ley de 90 artículos.
Define como objetivos de “la presente ley” la “protección y conservación de la salud, de un ambiente sano y equilibrado y de la producción agropecuaria, mediante la utilización de las buenas prácticas, a través de la correcta y racional utilización de productos fitosanitarios y domisanitarios que aseguren la calidad e inocuidad de los alimentos y materias primas tanto de origen vegetal como animal, como, asimismo, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de la producción”.
En el Capítulo XIII, “de las aplicaciones y sus áreas”, surge el debate de interés social más importante. Donde se puede y donde no aplicar agroquímicos.
La propuesta, en un artículo 38, define “zona de exclusión”, con restricción absoluta para el uso de agroquímicos; “zonas de amortiguamiento”, donde sólo se pueden usar algunos fitosanitarios y de forma condicionada y “zona de libre aplicación”, sin restricciones.
Las distancias se miden en relación a “áreas sensibles” como son “viviendas, establecimientos educativos o recreativos, salas sanitarias, puestos policiales, cursos naturales y reservorios de agua, áreas naturales o reservas, granjas avícolas y apiarios”.
Se prohíbe aplicación con equipo de accionamiento manual desde el límite de áreas sensibles hasta un radio de 10 metros. Para aplicaciones de forma terrestre la distancia de exclusión es de 100 metros. Se prohíbe la aplicación aérea en la distancia de 200 metros para la fumigación aérea.
Un artículo (40º) prevé que en caso de “campañas nacionales, provinciales, municipales o situaciones especiales de control de adversidades” que requieran flexibilizar estos márgenes, deberá contarse con el aval del Consejo Provincial Fitosanitario contemplado en el proyecto que integrarían instituciones sociales, universidades, distintas áreas del Estado a nivel nacional y provincial.
Se ubica a la “zona amortiguamiento” desde el límite de la zona de exclusión hasta 30 metros para aplicaciones con equipos de accionamiento manual; desde el límite de la zona de exclusión hasta 300 metros para aplicaciones terrestres; y desde el límite de la zona hasta 600 metros para aplicaciones áreas”. En esas zonas se pueden utilizar fitosanitarios de categorías toxicológicas III y IV (de banda azul y verde).
Son zonas de libre aplicación, a 30 metros de áreas sensibles para aplicaciones con equipos de accionamiento manual; 300 metros desde áreas sensibles para aplicaciones terrestres; y 600 metros desde áreas sensibles para aplicaciones aéreas.
Se contempla particularmente el caso de las escuelas rurales. Las distancias consignadas deben medirse desde 150 metros de los establecimientos educativos.
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San Juan: una minera pone en riesgo al Parque Nacional San Guillermo

Fecha de Publicación: 22/04/2021
Fuente: El Resaltador
Provincia/Región: San Juan


La actividad extractivista es una problemática que se registra en diferentes puntos del país. Son las vecinas y vecinos de las zonas afectadas quienes visibilizan a las empresas que atentan contra el ambiente.
El Parque Nacional San Guillermo, ubicado en el departamento Iglesia en San Juan, Argentina, peligra. La empresa minera Desarrollo de Prospectos Mineros S.A. (DEPROMINSA), con su proyecto Josemaría, se instalaría cerca de esa área natural para realizar prácticas extractivistas. Ante este panorama, habitantes de esa localidad lanzaron un petitorio para defender al parque.
“La Minera Josemaría quiere destruir glaciares y fuentes de agua, ocupará 86400000 litros de agua por día, que proviene de la Cordillera, para poder sacar oro. A la Argentina le queda solo el 3 % del capital y todo el desecho tóxico producido por tal actividad minera”, puede leerse en el escrito.
El Proyecto se ubica en el extremo norte de la Provincia de San Juan, específicamente se emplaza sobre la Cordillera Frontal en el Macizo del Potro. Para ser más claros, el área de la obra minera se encuentra ubicada dentro de la Reserva Provincial San Guillermo (como parte de la Reserva de Biosfera San Guillermo) y contigua a la Reserva Provincial de Usos Múltiples Laguna Brava.
Es importante resaltar que ambas Reservas conservan y preservar el hábitat natural de una de las mayores concentraciones de vicuñas y guanacos de la Argentina, así como también una diversidad genética propia y característica de las ecorregiones de la Puna y los Altos Andes.
La mina estaría en zonas de transición y zona de amortiguamiento, que corresponden a lo que es reserva de biosfera y parque Provincial, dentro del parque Nacional no hay nada.
Vale aclarar que la reserva de biosfera se divide en un área núcleo, que en este caso corresponde con el Parque Nacional, y luego tiene un área de amortiguamiento, que corresponden con el Parque Provincial, para proteger esa área núcleo de la otra gran zona de transición o usos múltiples, donde se hace la actividad económica, en este caso, la maninera a cielo abierto.
Siguiendo al Estudio de Impacto Ambiental (EIA), en el área de estudio existen poblaciones y comunidades de fauna de sumo interés para la conservación de la biodiversidad.
En relación al punto anterior, a modo de ejemplo, podemos mencionar que se identificaron 13 especies de aves en categoría de conservación, siendo el flamenco andino el más relevante por su categoría de “En Peligro”. Con respecto a los mamíferos, se identificaron 6 especies en categoría de conservación, entre los cuales se destaca la vicuña.
Según explica el EIA, que fue criticado por quienes juntan firmas contra el proyecto extractivista, el propósito de la minera Josemaría es el aprovechamiento de recursos minerales de cobre (Cu), con contenidos de oro (Au) y plata (Ag) durante un periodo estimado de 19 años, mediante minado convencional a cielo abierto y procesamiento del mineral mediante trituración, molienda, flotación, espesamiento y filtración del concentrado.
Este proyecto, según el petitorio de firmas, afectara a San Juan, que en este moemento atraviesa una emergencia hídrica, con una sequía sin procedencia. Además, recuerdan que la Barrick, la otra minera que está operando en Iglesia “está dejando porcentajes altísimos de metales pesados en el dique de Rodeo y en los ríos de Jachal, el cual era un lugar de Agricultura y Ganadería”
Para visibilizar este atropello al ambiente, están recolectando firmas, necesitan que el resto de la población se entere de lo que está pasando en la cordillera, a la actividad minera de la Barrick Gold, desde 2004 en la zona, se sumaría el proyecto Josemaría, que va a ser el doble de grande, que se ubicaría en una zona periglaciar, dentro de un Parque Nacional.
En dialogo con este medio, un vecino de Iglesia dijo que “no hay una conciencia de lo que puede pasar a futuro. Ciertas personas están interesadas, pero hay poca información de lo que está sucediendo en este momento”
En esa línea, comentó que él se enteró del proyecto porque habita en la localidad seleccionada por la minera, y además, hay una página web de la empresa, donde se posiciona como un ente cuyo objetivo es “generar empleo”, a la vez que reflejan un discurso de minería sustentable, algo que sabemos es contradictorio.
“El departamento Iglesia tiene muy poco empleo, pocas industrias que no sean mineras que generan trabajo. Hay pocos sueldos para sustentarse, la única alternativa para las personas del pueblo es trabajar en la mina, el turismo y la agircultura se fueron dejando de lado”, reflexionó el entrevistado.
Este vecino de Iglesia no cree que la empresa de marcha atrás, porque es una compañía muy grande y son decisiones que “vienen de arriba”. Lo que ve como cercano y posible es empezar a poner ciertos puntos de restricciones a la actividad minera para que pueda ser encauzada en un ámbito que no perjudique tanto al ambiente: “quieren pasar por el medio del parque nacional en vez de pasar por el costado, al límite con La Rioja”
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Comienzan a debatir proyectos para penar los delitos contra el medio ambiente

Fecha de Publicación: 21/04/2021
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Nacional


La penalización de las acciones contra el medio ambiente comenzó hoy a debatirse en un plenario de comisiones de la Cámara de Senadores, durante una audiencia que contó con varios especialistas que defendieron la tipificación de ese tipo de delitos dentro del Código Penal de la Nación.
Las iniciativas fueron presentadas por los oficialistas Alfredo Luenzo y Antonio Rodas; y por las opositoras Gladys González y Lucila Crexell; y obtuvieron mayor impulso luego de los incendios intencionales que se registraron al final del verano sobre la zona de bosques de la Patagonia.
En las próximas semanas, los asesores de los legisladores buscarán unificar los proyectos en un solo expediente, en tanto que el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli, propuso "armar una agenda de trabajo" y consultar al Poder Ejecutivo, ya que el Ministerio de Ambiente de la Nación estaba confeccionando una iniciativa similar.
Durante el plenario de las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Ambiente y Desarrollo Sustentable, los legisladores escucharon a varios especialistas en delitos ambientales.
El magister en Derecho Ambiental y consultor en organismos internacionales, nacionales y provinciales, José Alberto Esain, afirmó que "el bien jurídico existe y solo falta la legislación que regule ese ambiente en el marco del derecho penal".
Además, advirtió que las conductas alcanzadas "deben ser limpias de resultado", porque "en los delitos en los que se tipifica el resultado hizo que sea de muy compleja probanza en las causas".
"Lo mejor es tener conductas que no sean resultadistas", insistió.
Por su parte, Gustavo Aboso, defensor oficial de Cámara en lo Penal, Contravencional y Faltas del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remarcó que los cuatro proyectos "proponen un cambio de paradigma" al "sacar el problema de la persona humana y empezar a tener otros elementos en cuenta".
Aboso pidió "apuntar a la responsabilidad penal de la empresa que es el sujeto contaminante" y "regular la responsabilidad específica de esa forma social de responsabilidad penal".
Por su parte, el fiscal federal de Primera Instancia, Federico Luspa, destacó que "no hay figura penal que criminalice los daños graves e irreversibles contra el medio ambiente" que "es un bien jurídico muy importante y debe integrar el catálogo del derecho penal".
Además, a diferencia de lo que mencionó Esain, consideró que "debe agravarse el delito en función del resultado".
Finalmente, el abogado Enrique Viale, especialista en derecho ambiental y fundador de la Asociación de Abogados Ambientalistas, aseguró que "hay una gran impunidad ambiental en la Argentina porque los tipos penales se complican para aplicar".
"El nuestro es uno de los pocos países del mundo que no tiene una Ley Ambiental", mencionó Viale y consideró que la sanción en el caso de daño al medio ambiente "debe llegar a los CEOs y presidentes de las empresas porque, si no, queda solamente en el operario".
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Conservación: nuevo registro del zorro pitoco, por primera vez en áreas protegidas de Salto Encantado

Fecha de Publicación: 21/04/2021
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones


Luego de nueve años de monitoreo ininterrumpido con cámaras trampa en el Parque Provincial Salto Encantado y alrededores, investigadores de la Red Yaguareté captaron por primera vez a este extraño y escaso cánido sudamericano, que en Argentina solamente vive en Misiones.
El monitoreo con cámaras trampa que realiza la Red Yaguareté en convenio con el Ministerio de Ecología de Misiones, permite conocer no solo las poblaciones del gran felino americano, sino toda la fauna silvestre de gran valor para los Argentinos, como es el zorro pitoco.
«Este pequeño zorro pesa de 4 a 7 kg, posee un cuerpo macizo y compacto, cabeza robusta, cuello grueso, y patas y cola cortas, nunca había sido documentado en esta área y solo habían unas pocas referencias de tiempo atrás», explicaron desde la Red.
Recientemente logró ser fotografiado en dos ocasiones, cuando dos ejemplares caminaron por delante de una de las estaciones de muestreo equipadas con cámaras fotográficas que se activan con sensores al paso de la fauna.
«Esta magnífica confirmación de su presencia tan al sur de las sierras centrales misioneras realza el valor de esta área protegida y la necesidad de continuar con los trabajos de convivencia con vecinos y actividades productivas», remarcan desde la organización ambiental.
«Si bien nuestro trabajo se focaliza en el yaguareté, también nos interesan todas las especies y en especial las difíciles de encontrar o que se encuentran amenazadas. Luego de nueve años de incesante trabajo el ‘Pitoco’ se muestra por primera vez ante las cámaras y es una enorme alegría que compartimos junto a guardaparques y trabajadores de Salto Encantado», indicó Norberto Angel Nigro, presidente de la ONG.
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Un amparo busca prohibir la extracción de arena en Ibicuy para el fracking en Vaca Muerta

Fecha de Publicación: 21/04/2021
Fuente: El Entre Rios
Provincia/Región: Entre Rios


En la Justicia provincial ingresó un amparo que busca que se declare la nulidad del certificado de aptitud ambiental que obtuvo el establecimiento arenero «El Mangrullo», propiedad de Yacimiento Petrolíferos Fiscales SA (YPF), ubicado en Islas del Ibicuy, a 363,7 kilómetros de Paraná, al sur de la provincia.
La firma extrae allí arena sílica que es utilizada para el fracking en los yacimientos de Vaca Muerta, provincia de Neuquén. Se trata de una técnica de fractura hidráulica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo.
El amparo fue presentado por la Fundación Cauce (Cultura Ambiental-Causa Ecologista) y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Aagmer). El gremio docente viene de advertir que la Escuela Ejército Argentino Nº 30, de Ibicuy, se encuentra a 500 metros de la planta El Mangrullo, por lo cual la comunidad educativa está expuesta a la presunta contaminación de la empresa.
El trámite está en manos de la vocal Valentina Ramírez Amable, de la Cámara II de Apelaciones Civil y Comercial de Paraná. En el escrito, las organizaciones solicitan que se condene a la Municipalidad de Ibicuy “por su accionar ilegal y declare la nulidad del Certificado de Aptitud Ambiental emitido por el municipio firmado por su presidente municipal Gustavo Roldán, revocándolo en todos sus términos”.
En segundo término, también piden se condene al Gobierno provincial “por sus omisiones en el control que debió ejercer en su carácter de garante de la protección ambiental y de todos los bienes ambientales que le pertenecen por encontrarse en su territorio, principalmente, en el desarrollo del proceso de evaluación de impacto ambiental”.
Finalmente, peticionan que también se condene a YPF “por su accionar ilegal e inconstitucional al incumplir de manera explícita la regulación legal ambiental Nacional y de la Provincia al comenzar la instalación y puesta en funcionamiento de una planta de lavado de arenas silíceas de manera previa a la finalización del proceso de evaluación de impacto ambiental, en un área natural protegida por ley provincial y formar parte principal de una audiencia pública viciada desde su origen; ordenándole retirar todo lo construido en el predio El Mangrullo y la recomposición del ecosistema al estado anterior a su intervención”.

La denuncia de un abogado
Es el segundo amparo ambiental que se presenta en la Justicia que advierte sobre el accionar de las empresas que, al sur de la provincia, extraen arena para el fracking.
En diciembre del año pasado, Ricardo José Luciano, abogado y apoderado de la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy, presentó un amparo para conseguir información sobre las actividades de las areneras en la zona.
Dos fallos le dieron la razón: uno fue emitido el 24 de diciembre, a instancias del juez subrogante de Villa Paranacito, Abel Alfredo Rodríguez; y el segundo fue el 18 de enero de este año, cuando el Superior Tribunal de Justicia (STJ) –con integración de feria- confirmó la sentencia de primera instancia.
Recientemente el letrado advirtió que los estudios de impacto ambiental presentados por las empresas, entre ellas YPF, son “un dibujo”, puesto que los consultores contratados realizan “un trabajo a medida de las exigencias estatales” para aprobar los requisitos de admisibilidad ambiental.
Este sábado, el letrado envió un artículo en el que volvió a denunciar lo que está sucediendo en Ibicuy y alrededores. “Miles y miles de toneladas de arena se extraen mensualmente de los departamentos Islas del Ibicuy, Victoria, Diamante, Concepción del Uruguay, entre otros, dejando cráteres a su paso, contaminado con el uso de floculantes, residuos de combustibles, esparcimiento por el aire de arena sílica que está probado científicamente que es cancerígena por inhalación”, denunció.
Además, afirmó que producto de esa actividad “se inundan campos linderos a las plantas como ya está sucediendo en el departamento Islas del Ibicuy; se destruyen caminos, complicando el traslado de enfermos a centros de atención” y se pierde “una biodiversidad abundante, autóctona, propia a la idiosincrasia de los habitantes de la zona”.
“Vida vegetal y animal que durante cientos de años se adecuó a las condiciones particulares de la zona, hoy a raíz de los grandes cambios que se están produciendo, estamos soportando pacíficamente un ‘ecocidio’. Se está destruyendo el hábitat natural de innumerables variedades de animales autóctonas, con efecto a corto plazo de extinción de los mismos- Así también se está aniquilando la flora, contaminando arroyos, ríos, el Acuífero Guaraní, y se están profundizando las napas de agua, contaminando el aire, por lo tanto, a todos los seres vivos (vegetal, animal y humando), que lo inhalan diariamente. Todos se encuentran expuesto a una silenciosa pero infalible contaminación, con las consecuencias más letales”, advirtió.
El abogado explicó además que, según el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de YPF, la planta El Mangrullo tiene una superficie de 430 hectáreas e “informan que van a tener una producción anual de 400 mil toneladas de arena sílica”.
A partir de esa información, estimó que si la empresa trabaja durante 240 días (contando sólo de lunes a viernes) extraerá 400.000 toneladas, lo que representaría sacar 1.666 toneladas diarias. “La cuenta nos da 55 camiones por día. Instalaciones con menos de la mitad de infraestructura que la planta El Mangrullo extraen el doble diariamente. Lo evidente no necesita explicación”, sentenció.
Luego aseguró que el Estado provincial no brindó toda la información requerida en el marco del amparo por información ambiental. “En el mentado amparo, el Estado provincial no pudo informar quién, cómo, y cuándo se controlan las actividades que desarrollan las areneras, y por consiguiente, el grado de contaminación y devastación que producen”.
En ese marco, denunció que hay funcionarios que “miran para otro lado” o “no quieren” controlar a las firmas areneras que explotan el sur provincial. “Estamos a tiempo de evitar lo inminente y de prevenir la destrucción de toda una zona rica en biodiversidad. El único escollo que tenemos es que es un negocio millonario en dólares. Cada tonelada extraída de arena sílica se vende con un precio base de U$S 40, con el pago de un canon ínfimo de $14,70”, afirmó.

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