Otra demostración científica de la toxicidad del glifosato
07:00 | 
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Eco Sitio |
Para un grupo de científicos cordobeses, el glifosato afecta a la biodiversidad y genera sus malezas
Fecha de Publicación: 14/07/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
Científicos cordobeses determinaron que, aun en dosis bajas, este herbicida afecta al 70% de las especies nativas. La presión sobre la flora local provoca la aparición de plagas resistentes.
Además de afectar la biodiversidad del bosque nativo, el propio glifosato está generando su némesis: especies nativas resistentes al mismo herbicida.
Esta es la conclusión más importante de un trabajo realizado por científicos del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv, perteneciente al Conicet y a la Universidad Nacional de Córdoba) y publicado hace unos días en la revista Ecotoxicology and Environmental Safety.
Los investigadores analizaron los efectos del glifosato, el herbicida más usado en Argentina, en 23 especies nativas del bosque chaqueño cordobés.
Recolectaron semillas de remanentes de montes ubicados en zonas agrícolas de Río Ceballos, de Colonia Caroya y de San Agustín. Luego las hicieron germinar en un invernadero y aplicaron diferentes dosis del herbicida.
El 70 por ciento de las especies murieron o tuvieron efectos subletales (dificultades para crecer) cuando se les aplicó un cuarto de la dosis de glifosato recomendada para uso agrícola.
Esta proporción es la cantidad de herbicida que podría llegar a un relicto de bosque nativo producto de la deriva ocasionada durante la fumigación de un campo cercano.
Con la mitad de la dosis recomendada, el porcentaje de plantas nativas afectadas fue del 92 por ciento. Estos efectos fueron observados en los plantines luego de 21 días de vida.
Analizaron especies herbáceas, arbustos y árboles, como tala y aromillo.
Estos resultados siguen la tendencia observada en otros estudios realizados en otras regiones biogeográficas.
Entre los efectos negativos de esta práctica, está la pérdida de biodiversidad en estos relictos de bosque nativo, como también cambios en la estructura y la composición de las comunidades naturales. “Las especies más sensibles podrían sufrir extinciones locales”, indica el trabajo.
Pero hay un efecto inesperado: la generación de malezas debido a la exposición constante y a las bajas dosis de glifosato.
“Esta estrategia repetida puede causar una gran presión para seleccionar biotipos y una resistencia posterior al herbicida”, explica el trabajo.
Y agrega: “Nuestros resultados sugieren el desarrollo de biotipos tolerantes en muchas especies de bosques del chaco. Algunas de estas especies nativas pueden ?potencialmente convertirse en malezas”.
Leonardo Galetto, uno de los autores del estudio, asegura que la aparición de malezas resistentes ya se viene dando hace varios años.
Un ejemplo es la campanita ( Ipomoea purpúrea ), una enredadera de flor azul a violeta que ya está invadiendo los campos.
Los investigadores vieron que, aunque muchas especies mueren, también muestran un gradiente de tolerancia al herbicida.
“Esto se debe quizá a que ya hay una historia de 20 años de exposición al glifosato, y algunos biotipos se vuelven resistentes”, explica Galetto.
Y agrega: “Numerosos estudios a nivel global indican el potencial que tienen dosis muy bajas de glifosato para seleccionar rápidamente biotipos con altos niveles de resistencia”, dice.
Otras malezas nativas que ya sufren los campos cordobeses son diferentes especies nativas de la familia de los amarantos, las rubiáceas y las malváceas.
“El manejo agronómico actual termina complicando tanto la conservación de la flora nativa como la producción al seleccionarse germoplasma que se vuelve resistente al glifosato y comienza a invadir los campos. Son malezas inmanejables para los agricultores”, explica Galetto.
Recomendaciones
Galetto señala algunas recomendaciones que surgen de este trabajo, como lograr un mayor apego de los productores a las buenas prácticas de aplicación de agroquímicos.
Por ejemplo, aplicarlos en días sin viento, con una modalidad y cantidades de producto recomendadas en el momento del ciclo del cultivo apropiado y en el sector del lote en que es necesario.
También plantea que se deberían crear zonas “ buffer ” cercanas a estos relictos de monte donde se prohíba la fumigación.
Galetto cree que quizá ya es hora de repensar si a largo plazo esta tecnología y este modelo de producción son los mejores.
“Nos debemos un debate como sociedad para explorar otras opciones que son tanto o más exitosas que las que se implementan actualmente, para mantener una renta en la producción de cultivos y cuidar el capital natural del que disponemos”, reflexiona.
El grupo de investigación. Integrantes: Leonardo Galetto, Florencia Ferreira y Carolina Torres, del Imbiv, y Enzo Bracamonte, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
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Fecha de Publicación: 14/07/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
Científicos cordobeses determinaron que, aun en dosis bajas, este herbicida afecta al 70% de las especies nativas. La presión sobre la flora local provoca la aparición de plagas resistentes.
Además de afectar la biodiversidad del bosque nativo, el propio glifosato está generando su némesis: especies nativas resistentes al mismo herbicida.
Esta es la conclusión más importante de un trabajo realizado por científicos del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv, perteneciente al Conicet y a la Universidad Nacional de Córdoba) y publicado hace unos días en la revista Ecotoxicology and Environmental Safety.
Los investigadores analizaron los efectos del glifosato, el herbicida más usado en Argentina, en 23 especies nativas del bosque chaqueño cordobés.
Recolectaron semillas de remanentes de montes ubicados en zonas agrícolas de Río Ceballos, de Colonia Caroya y de San Agustín. Luego las hicieron germinar en un invernadero y aplicaron diferentes dosis del herbicida.
El 70 por ciento de las especies murieron o tuvieron efectos subletales (dificultades para crecer) cuando se les aplicó un cuarto de la dosis de glifosato recomendada para uso agrícola.
Esta proporción es la cantidad de herbicida que podría llegar a un relicto de bosque nativo producto de la deriva ocasionada durante la fumigación de un campo cercano.
Con la mitad de la dosis recomendada, el porcentaje de plantas nativas afectadas fue del 92 por ciento. Estos efectos fueron observados en los plantines luego de 21 días de vida.
Analizaron especies herbáceas, arbustos y árboles, como tala y aromillo.
Estos resultados siguen la tendencia observada en otros estudios realizados en otras regiones biogeográficas.
Entre los efectos negativos de esta práctica, está la pérdida de biodiversidad en estos relictos de bosque nativo, como también cambios en la estructura y la composición de las comunidades naturales. “Las especies más sensibles podrían sufrir extinciones locales”, indica el trabajo.
Pero hay un efecto inesperado: la generación de malezas debido a la exposición constante y a las bajas dosis de glifosato.
“Esta estrategia repetida puede causar una gran presión para seleccionar biotipos y una resistencia posterior al herbicida”, explica el trabajo.
Y agrega: “Nuestros resultados sugieren el desarrollo de biotipos tolerantes en muchas especies de bosques del chaco. Algunas de estas especies nativas pueden ?potencialmente convertirse en malezas”.
Leonardo Galetto, uno de los autores del estudio, asegura que la aparición de malezas resistentes ya se viene dando hace varios años.
Un ejemplo es la campanita ( Ipomoea purpúrea ), una enredadera de flor azul a violeta que ya está invadiendo los campos.
Los investigadores vieron que, aunque muchas especies mueren, también muestran un gradiente de tolerancia al herbicida.
“Esto se debe quizá a que ya hay una historia de 20 años de exposición al glifosato, y algunos biotipos se vuelven resistentes”, explica Galetto.
Y agrega: “Numerosos estudios a nivel global indican el potencial que tienen dosis muy bajas de glifosato para seleccionar rápidamente biotipos con altos niveles de resistencia”, dice.
Otras malezas nativas que ya sufren los campos cordobeses son diferentes especies nativas de la familia de los amarantos, las rubiáceas y las malváceas.
“El manejo agronómico actual termina complicando tanto la conservación de la flora nativa como la producción al seleccionarse germoplasma que se vuelve resistente al glifosato y comienza a invadir los campos. Son malezas inmanejables para los agricultores”, explica Galetto.
Recomendaciones
Galetto señala algunas recomendaciones que surgen de este trabajo, como lograr un mayor apego de los productores a las buenas prácticas de aplicación de agroquímicos.
Por ejemplo, aplicarlos en días sin viento, con una modalidad y cantidades de producto recomendadas en el momento del ciclo del cultivo apropiado y en el sector del lote en que es necesario.
También plantea que se deberían crear zonas “ buffer ” cercanas a estos relictos de monte donde se prohíba la fumigación.
Galetto cree que quizá ya es hora de repensar si a largo plazo esta tecnología y este modelo de producción son los mejores.
“Nos debemos un debate como sociedad para explorar otras opciones que son tanto o más exitosas que las que se implementan actualmente, para mantener una renta en la producción de cultivos y cuidar el capital natural del que disponemos”, reflexiona.
El grupo de investigación. Integrantes: Leonardo Galetto, Florencia Ferreira y Carolina Torres, del Imbiv, y Enzo Bracamonte, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
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Nuevo corredor ecoturístico del Litoral
El Ministerio de Ambiente firmó el Acuerdo de la Naturaleza por el nuevo corredor ecoturístico del Litoral
Fecha de Publicación: 14/07/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Litoral
Con la presencia de la jefa de gabinete, Patricia Holzman, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación firmó en la ciudad de Corrientes la creación del Corredor Ecoturístico del Litoral y el Acuerdo de la Naturaleza con las cuatro provincias que conforman el nuevo corredor: Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.
El propósito de la conformación de dicho corredor es acompañar el desarrollo y la integración de la región mediante el fortalecimiento de las actividades ecoturísticas. Las mismas se configuran como una muestra representativa y complementaria de propuestas turístico recreativas, que invitan a un amplio arco de la demanda del turismo, interno e internacional, a conocer los valores patrimoniales naturales y culturales sobresalientes de cada una de las áreas destacadas de dichas provincias generando, al mismo tiempo, oportunidades de empleo e inclusión a la población rural.
También estuvieron presentes en el acto: el ministro de Turismo de la Nación, José Gustavo Santos; el subsecretario General de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, Valentin Díaz Gilligan —quien además se desempeña como coordinador del Comité Interministerial a nivel nacional—; el vocal del Directorio de la Administración de Parques Nacionales, Roberto María Brea; el director de Recursos Financieros del Consejo Federal de Inversiones, Ramiro J. Otero; el director Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Humberto Schiavoni; los gobernadores de las provincias de Corrientes, Horacio Ricardo Colombi; de Misiones, Hugo Mario Passalacqua; y de Chaco, Oscar Domingo Peppo; el ministro de Turismo de Formosa, Ramiro Fernandez Patri; la ministra de Turismo de Corrientes, Inés Presman y los titulares de las carteras turísticas de las restantes provincia involucradas.
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Fecha de Publicación: 14/07/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Litoral
Con la presencia de la jefa de gabinete, Patricia Holzman, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación firmó en la ciudad de Corrientes la creación del Corredor Ecoturístico del Litoral y el Acuerdo de la Naturaleza con las cuatro provincias que conforman el nuevo corredor: Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.
El propósito de la conformación de dicho corredor es acompañar el desarrollo y la integración de la región mediante el fortalecimiento de las actividades ecoturísticas. Las mismas se configuran como una muestra representativa y complementaria de propuestas turístico recreativas, que invitan a un amplio arco de la demanda del turismo, interno e internacional, a conocer los valores patrimoniales naturales y culturales sobresalientes de cada una de las áreas destacadas de dichas provincias generando, al mismo tiempo, oportunidades de empleo e inclusión a la población rural.
También estuvieron presentes en el acto: el ministro de Turismo de la Nación, José Gustavo Santos; el subsecretario General de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, Valentin Díaz Gilligan —quien además se desempeña como coordinador del Comité Interministerial a nivel nacional—; el vocal del Directorio de la Administración de Parques Nacionales, Roberto María Brea; el director de Recursos Financieros del Consejo Federal de Inversiones, Ramiro J. Otero; el director Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Humberto Schiavoni; los gobernadores de las provincias de Corrientes, Horacio Ricardo Colombi; de Misiones, Hugo Mario Passalacqua; y de Chaco, Oscar Domingo Peppo; el ministro de Turismo de Formosa, Ramiro Fernandez Patri; la ministra de Turismo de Corrientes, Inés Presman y los titulares de las carteras turísticas de las restantes provincia involucradas.
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Revocan sobreseimiento a responsables del ingenio
Procesaron a los responsables del ingenio azucarero Cruz Alta por contaminar la cuenca Salí-Dulce
Fecha de Publicación: 14/07/2017
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
A raíz de un recurso del fiscal general Gustavo Gómez, a los directivos de la planta se les trabó embargo hasta cubrir la suma de $200.000.
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán decidió revocar el sobreseimiento dictado en 2016 por el juez federal Fernando Poviña a favor de Rodrigo Zalazar Romero, Walter Alberto Fuentes y José Ramón Coronel, responsables del ingenio Cruz Alta, de la compañia Los Balcanes SA. El proceso judicial comenzó el 24 de agosto de 2006, cuando el fiscal general Gustavo Gómez solicitó la realización de una serie de medidas con el objeto de determinar si la firma Ingenio Cruz Alta había infringido el régimen penal ambiental.
Luego de probar la existencia de agentes contaminantes en el río Salí, que provenían de los vertidos efectuados por la planta productora, el responsable de la Fiscalía Federal Nº 2 de Tucumán, Pablo Camuña, impulsó la acción penal contra los responsables de la firma.
Con la investigación, se acreditó que el ingenio no cumplió las metas en el acuerdo para lograr la adecuación industrial de los parámetros normativos locales y nacionales, lo que derivó en multas y sanciones.
Camuña postuló el procesamiento de los responsables de la firma, pero, el 21 de septiembre de 2016, el juez Poviña dictó su sobreseimiento, lo que motivó la correspondiente apelación del Ministerio Público Fiscal.
En la instancia prevista, el fiscal Gómez señaló que el juez resolvió "en base a una interpretación errada de las conclusiones emitidas por la Dra. Vidal, médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tal es el yerro, que surge prístino de una simple lectura del informe pericial puesto que es innegable el peligro para la salud pública y el ambiente según los valores contaminantes que conlleva la evacuación al medio de los efluentes industriales sin tratamiento previo".
En ese orden de ideas consideró que "la presente causa debió ser resuelta a partir de la noción de ‘delito continuado’’ y agregó que es irrelevante la existencia de un daño en el medio ambiente, siendo suficiente la demostración de un peligro concreto para dicho medio".
Procesamiento
Según dicta la sentencia a la que accedió EL LIBERAL, Marina Cossio, Ricardo Sanjuan y Ernesto Wayar, jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, revocaron la resolución que sobreseía a los imputados y dispuso su procesamiento sin prisión preventiva, al tiempo que trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la cifra de $200.000 para cada uno de ellos.
Los magistrados sostuvieron que los imputados no impugnaron los informes periciales -que daban cuenta de la presencia de agentes contaminantes provenientes de la planta procesadora- lo que evidenciaba que tenían "conocimiento de las características y de las consecuencias contaminantes de los efluentes líquidos que libera la planta a la cuenca Salí-Dulce, que dan cuenta las pericias, sin haber tomado, además, los recaudos necesarios a fin de adecuar las instalaciones para el debido tratamiento de dichos efluentes, y tampoco haber cumplido con el plan de inversiones para disminuir el impacto ambiental, causando un daño al medio ambiente y a la salud".
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Fecha de Publicación: 14/07/2017
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
A raíz de un recurso del fiscal general Gustavo Gómez, a los directivos de la planta se les trabó embargo hasta cubrir la suma de $200.000.
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán decidió revocar el sobreseimiento dictado en 2016 por el juez federal Fernando Poviña a favor de Rodrigo Zalazar Romero, Walter Alberto Fuentes y José Ramón Coronel, responsables del ingenio Cruz Alta, de la compañia Los Balcanes SA. El proceso judicial comenzó el 24 de agosto de 2006, cuando el fiscal general Gustavo Gómez solicitó la realización de una serie de medidas con el objeto de determinar si la firma Ingenio Cruz Alta había infringido el régimen penal ambiental.
Luego de probar la existencia de agentes contaminantes en el río Salí, que provenían de los vertidos efectuados por la planta productora, el responsable de la Fiscalía Federal Nº 2 de Tucumán, Pablo Camuña, impulsó la acción penal contra los responsables de la firma.
Con la investigación, se acreditó que el ingenio no cumplió las metas en el acuerdo para lograr la adecuación industrial de los parámetros normativos locales y nacionales, lo que derivó en multas y sanciones.
Camuña postuló el procesamiento de los responsables de la firma, pero, el 21 de septiembre de 2016, el juez Poviña dictó su sobreseimiento, lo que motivó la correspondiente apelación del Ministerio Público Fiscal.
En la instancia prevista, el fiscal Gómez señaló que el juez resolvió "en base a una interpretación errada de las conclusiones emitidas por la Dra. Vidal, médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tal es el yerro, que surge prístino de una simple lectura del informe pericial puesto que es innegable el peligro para la salud pública y el ambiente según los valores contaminantes que conlleva la evacuación al medio de los efluentes industriales sin tratamiento previo".
En ese orden de ideas consideró que "la presente causa debió ser resuelta a partir de la noción de ‘delito continuado’’ y agregó que es irrelevante la existencia de un daño en el medio ambiente, siendo suficiente la demostración de un peligro concreto para dicho medio".
Procesamiento
Según dicta la sentencia a la que accedió EL LIBERAL, Marina Cossio, Ricardo Sanjuan y Ernesto Wayar, jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, revocaron la resolución que sobreseía a los imputados y dispuso su procesamiento sin prisión preventiva, al tiempo que trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la cifra de $200.000 para cada uno de ellos.
Los magistrados sostuvieron que los imputados no impugnaron los informes periciales -que daban cuenta de la presencia de agentes contaminantes provenientes de la planta procesadora- lo que evidenciaba que tenían "conocimiento de las características y de las consecuencias contaminantes de los efluentes líquidos que libera la planta a la cuenca Salí-Dulce, que dan cuenta las pericias, sin haber tomado, además, los recaudos necesarios a fin de adecuar las instalaciones para el debido tratamiento de dichos efluentes, y tampoco haber cumplido con el plan de inversiones para disminuir el impacto ambiental, causando un daño al medio ambiente y a la salud".
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Represas de Santa Cruz: denuncian a Marcolini
Represas de Santa Cruz: la historia del funcionario que aprobó su propio estudio de impacto ambiental
Fecha de Publicación: 13/07/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Santa Cruz - Nacional
El senador “Pino” Solanas y el abogado Enrique Viale presentaron una denuncia en Comodoro Py. El acusado es el subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini
El senador Fernando "Pino" Solanas y el abogado Enrique Viale denunciaron al subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini, ya que es el encargado en el Estado de recibir el estudio de impacto ambiental de la represas de Santa Cruz que realizó EBISA, la empresa de capital estatal de la que es director. A su vez, Marcolini fue director de IATASA, la consultora que realizó la primera evaluación ambiental, que luego fue dejada de lado. En otras palabras, jugó a tres bandas.
La denuncia, que fue presentada en los tribunales de Comodoro Py y a la que Infobae tuvo acceso, es por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, y tiene en la mira al Marcolini y al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren.
Las represas presidente Néstor Kirchner y gobernador Jorge Cepernic, diseñadas sobre el río Santa Cruz, han sido ampliamente repudiadas por el sector ambientalista desde su concepción, entre otras cosas, porque en el mundo se están cuestionando las grandes represas y temen que el impacto en el glaciar Perito Moreno afecte la biodiversidad en el último río glaciario que corre libre de la cordillera al mar.
De acuerdo a la presentación de Solanas y Viale -precandidatos a senador y diputado, respectivamente-, la primera aparición de Marcolini en esta trama fue como jefe del Departamento de Ingeniería Sanitaria de la consultora IATASA, que tuvo a cargo el estudio de impacto de ambiental del viejo diseño de las represas, que luego fue reacondicionado para ser -supuestamente- más amigable con el medio ambiente.
Según su perfil de LinkedIn, todavía sigue trabajando en la empresa, aunque es posible que no lo haya actualizado. Incluso, tendría $657.017,53 en acciones de IATASA (además de otras empresas con conflictos de intereses con el Ministerio de Energía). Eso sí: su currículum oficial no menciona su paso por la consultora.
El 10 de diciembre de 2015, Marcolini asumió como subsecretario de Energía Hidroeléctrica. Y desde allí, el 27 de enero de 2016 fue designado director titular de Emprendimientos Energéticos Binacionales SA (EBISA), la empresa encargada de presentar el nuevo estudio de impacto ambiental. Se trata de una sociedad anónima de capital estatal. El 99% de sus acciones pertenecen al Ministerio de Energía y el resto, a Nucleoeléctrica Argentina SA, la compañía que produce y comercializa la energía generada por las tres centrales nucleares del país. El nombramiento de Marcolini de EBISA fue ratificado el 19 de agosto de 2016 en el Boletín Oficial.
El conflicto de intereses está a la vista: "El Director de EBISA (Jorge Marcolini) hará entrega de la evaluación al subsecretario de Energía Hidroeléctrica (Jorge Marcolini) para que sea revisada por éste", resumieron Solanas y Viale.
Está previsto que el estudio sea debatido en una audiencia pública el 20 de julio en el Salón Azul del Senado. A partir de ahí, el Ministerio de Energía realizará un dictamen, cuya opinión cualquiera puede augurar: será favorable.
"En definitiva, el dictamen del Ministerio de Energía luego de la audiencia pública es una ficción en virtud de que se trata de un funcionario controlándose a sí mismo en relación a una evaluación que ya conoce desde el inicio del procedimiento e, incluso, de sus años como consultor privado cuando avalaba ambientalmente las represas desde IATASA", evaluaron los denunciantes.
Frente a ese conflicto de intereses, pidieron la nulidad del estudio. "El hecho de que Jorge Marcolini continúe como Subsecretario de Energía Hidroeléctrica, a cargo de la revisión del proyecto 'Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz', da cuenta de la nulidad de todo este procedimiento. Su falta de independencia y la violación a la Ley de Ética Pública tornan cualquier decisión del Ministerio de Energía y Minería de la Nación vinculada al proyecto hidroeléctrico en cuestión, nula de nulidad absoluta", reflexionaron.
La conclusión del simulador de la OA es tajante: "La Ley de Ética Pública establece que debes abstenerte de tomar intervención en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuviste vinculado en los últimos 3 años. Los actos realizados sin tu abstención serían nulos y generarían responsabilidad patrimonial y disciplinaria".
Puerta giratoria
"Este caso es un ejemplo de la famosa puerta giratoria que no resiste el más mínimo examen legal: la misma persona realizó el informe en forma privada y ahora, como funcionario público, es el encargado de aprobarlo. Con una mano (privada) realiza el informe y con la otra mano (pública) lo aprueba", explicó Viale a Infobae.
"Además de las clarísimas inconsistencias ambientales y económicas, el derrotero de estas represas está repleto de ilegalidades y nulidades en todo su proceso administrativo", concluyó el abogado.
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Fecha de Publicación: 13/07/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Santa Cruz - Nacional
El senador “Pino” Solanas y el abogado Enrique Viale presentaron una denuncia en Comodoro Py. El acusado es el subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini
El senador Fernando "Pino" Solanas y el abogado Enrique Viale denunciaron al subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini, ya que es el encargado en el Estado de recibir el estudio de impacto ambiental de la represas de Santa Cruz que realizó EBISA, la empresa de capital estatal de la que es director. A su vez, Marcolini fue director de IATASA, la consultora que realizó la primera evaluación ambiental, que luego fue dejada de lado. En otras palabras, jugó a tres bandas.
La denuncia, que fue presentada en los tribunales de Comodoro Py y a la que Infobae tuvo acceso, es por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, y tiene en la mira al Marcolini y al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren.
Las represas presidente Néstor Kirchner y gobernador Jorge Cepernic, diseñadas sobre el río Santa Cruz, han sido ampliamente repudiadas por el sector ambientalista desde su concepción, entre otras cosas, porque en el mundo se están cuestionando las grandes represas y temen que el impacto en el glaciar Perito Moreno afecte la biodiversidad en el último río glaciario que corre libre de la cordillera al mar.
De acuerdo a la presentación de Solanas y Viale -precandidatos a senador y diputado, respectivamente-, la primera aparición de Marcolini en esta trama fue como jefe del Departamento de Ingeniería Sanitaria de la consultora IATASA, que tuvo a cargo el estudio de impacto de ambiental del viejo diseño de las represas, que luego fue reacondicionado para ser -supuestamente- más amigable con el medio ambiente.
Según su perfil de LinkedIn, todavía sigue trabajando en la empresa, aunque es posible que no lo haya actualizado. Incluso, tendría $657.017,53 en acciones de IATASA (además de otras empresas con conflictos de intereses con el Ministerio de Energía). Eso sí: su currículum oficial no menciona su paso por la consultora.
El 10 de diciembre de 2015, Marcolini asumió como subsecretario de Energía Hidroeléctrica. Y desde allí, el 27 de enero de 2016 fue designado director titular de Emprendimientos Energéticos Binacionales SA (EBISA), la empresa encargada de presentar el nuevo estudio de impacto ambiental. Se trata de una sociedad anónima de capital estatal. El 99% de sus acciones pertenecen al Ministerio de Energía y el resto, a Nucleoeléctrica Argentina SA, la compañía que produce y comercializa la energía generada por las tres centrales nucleares del país. El nombramiento de Marcolini de EBISA fue ratificado el 19 de agosto de 2016 en el Boletín Oficial.
El conflicto de intereses está a la vista: "El Director de EBISA (Jorge Marcolini) hará entrega de la evaluación al subsecretario de Energía Hidroeléctrica (Jorge Marcolini) para que sea revisada por éste", resumieron Solanas y Viale.
Está previsto que el estudio sea debatido en una audiencia pública el 20 de julio en el Salón Azul del Senado. A partir de ahí, el Ministerio de Energía realizará un dictamen, cuya opinión cualquiera puede augurar: será favorable.
"En definitiva, el dictamen del Ministerio de Energía luego de la audiencia pública es una ficción en virtud de que se trata de un funcionario controlándose a sí mismo en relación a una evaluación que ya conoce desde el inicio del procedimiento e, incluso, de sus años como consultor privado cuando avalaba ambientalmente las represas desde IATASA", evaluaron los denunciantes.
Frente a ese conflicto de intereses, pidieron la nulidad del estudio. "El hecho de que Jorge Marcolini continúe como Subsecretario de Energía Hidroeléctrica, a cargo de la revisión del proyecto 'Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz', da cuenta de la nulidad de todo este procedimiento. Su falta de independencia y la violación a la Ley de Ética Pública tornan cualquier decisión del Ministerio de Energía y Minería de la Nación vinculada al proyecto hidroeléctrico en cuestión, nula de nulidad absoluta", reflexionaron.
La conclusión del simulador de la OA es tajante: "La Ley de Ética Pública establece que debes abstenerte de tomar intervención en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuviste vinculado en los últimos 3 años. Los actos realizados sin tu abstención serían nulos y generarían responsabilidad patrimonial y disciplinaria".
Puerta giratoria
"Este caso es un ejemplo de la famosa puerta giratoria que no resiste el más mínimo examen legal: la misma persona realizó el informe en forma privada y ahora, como funcionario público, es el encargado de aprobarlo. Con una mano (privada) realiza el informe y con la otra mano (pública) lo aprueba", explicó Viale a Infobae.
"Además de las clarísimas inconsistencias ambientales y económicas, el derrotero de estas represas está repleto de ilegalidades y nulidades en todo su proceso administrativo", concluyó el abogado.
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Etiquetas:
legislación y derecho ambiental,
política ambiental,
represas,
Santa Cruz
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Capacitación sobre el Protocolo de Nagoya
El Ministerio de Ambiente realizó una capacitación sobre el Protocolo de Nagoya
Fecha de Publicación: 13/07/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a través de la Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, dictó el Taller Explicativo del Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación de los Beneficios, que se enmarca en el trabajo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El encuentro promovió la aplicación del protocolo sobre el acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización.
La apertura estuvo a cargo de la subsecretaria de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, Dolores Duverges; el director Nacional de Biodiversidad y Recursos Hídricos; Javier García Espíl; y la oficial principal de Políticas sobre Biodiversidad de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Sonia Peña Moreno. En este marco, Duverges explicó, respecto a la aplicación del protocolo, que “el Ministerio trabaja a nivel interjurisdiccional con las provincias que son las titulares del dominio originario de sus recursos, con el sector académico y científico (que nos indica el camino a seguir), así como también con la sociedad civil, con otras carteras ministeriales que tienen incidencia y con las instituciones que tienen que ver con pueblos originarios, porque el patrimonio que hoy tenemos lo debemos al conocimiento tradicional que lo ha preservado durante tanto tiempo”.
Por su parte, García Espíl, declaró: “Esta agenda establece un marco de relaciones entre países que son proveedores de biodiversidad y los intereses que existen en términos de acceder a esos recursos. Y es a partir de ahí que se pueden generar desarrollos tanto en la investigación como patentamientos comerciales y recursos para la alimentación”.
El Protocolo de Nagoya se firmó el 29 de octubre de 2010, en la décima reunión de la Conferencia de las Partes, celebrada en Nagoya. Es un instrumento jurídicamente vinculante, complementario al Convenio sobre la Diversidad Biológica, que procura el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. Nació del reclamo de los países en desarrollo para que se garantizara su participación en la distribución justa y equitativa de los beneficios de la explotación de recursos genéticos obtenidos en sus territorios, incentivando la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, teniendo presente que la conservación de las especies, y su diversidad genética, son un instrumento para el desarrollo con inclusión social. Asimismo, procura que las personas, empresas y usuarios en general de esos recursos genéticos repartan los beneficios que obtengan con el país de donde fueron obtenidos.
Asimismo, las disposiciones de este protocolo relativas al acceso a los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas y locales, cuando dichos conocimientos están relacionados con recursos genéticos, fortalecerán la capacidad de esas comunidades para beneficiarse del uso de sus conocimientos, innovaciones y prácticas. Al promover el uso de recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales correspondientes, y al fortalecer las oportunidades para compartir de manera justa y equitativa los beneficios que se deriven de su uso, el protocolo genera incentivos para conservar la diversidad biológica y para utilizar de manera sostenible sus componentes, y mejora aún más la contribución de la diversidad biológica al desarrollo sostenible y al bienestar del ser humano.
Del encuentro participaron también, Santiago D´Alessio, director de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad y Viviana Figueroa, oficial de Programa Asociado en Conocimiento Tradicional del Programa de Naciones Unidas para el Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés).
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Fecha de Publicación: 13/07/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a través de la Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, dictó el Taller Explicativo del Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación de los Beneficios, que se enmarca en el trabajo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El encuentro promovió la aplicación del protocolo sobre el acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización.
La apertura estuvo a cargo de la subsecretaria de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, Dolores Duverges; el director Nacional de Biodiversidad y Recursos Hídricos; Javier García Espíl; y la oficial principal de Políticas sobre Biodiversidad de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Sonia Peña Moreno. En este marco, Duverges explicó, respecto a la aplicación del protocolo, que “el Ministerio trabaja a nivel interjurisdiccional con las provincias que son las titulares del dominio originario de sus recursos, con el sector académico y científico (que nos indica el camino a seguir), así como también con la sociedad civil, con otras carteras ministeriales que tienen incidencia y con las instituciones que tienen que ver con pueblos originarios, porque el patrimonio que hoy tenemos lo debemos al conocimiento tradicional que lo ha preservado durante tanto tiempo”.
Por su parte, García Espíl, declaró: “Esta agenda establece un marco de relaciones entre países que son proveedores de biodiversidad y los intereses que existen en términos de acceder a esos recursos. Y es a partir de ahí que se pueden generar desarrollos tanto en la investigación como patentamientos comerciales y recursos para la alimentación”.
El Protocolo de Nagoya se firmó el 29 de octubre de 2010, en la décima reunión de la Conferencia de las Partes, celebrada en Nagoya. Es un instrumento jurídicamente vinculante, complementario al Convenio sobre la Diversidad Biológica, que procura el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. Nació del reclamo de los países en desarrollo para que se garantizara su participación en la distribución justa y equitativa de los beneficios de la explotación de recursos genéticos obtenidos en sus territorios, incentivando la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, teniendo presente que la conservación de las especies, y su diversidad genética, son un instrumento para el desarrollo con inclusión social. Asimismo, procura que las personas, empresas y usuarios en general de esos recursos genéticos repartan los beneficios que obtengan con el país de donde fueron obtenidos.
Asimismo, las disposiciones de este protocolo relativas al acceso a los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas y locales, cuando dichos conocimientos están relacionados con recursos genéticos, fortalecerán la capacidad de esas comunidades para beneficiarse del uso de sus conocimientos, innovaciones y prácticas. Al promover el uso de recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales correspondientes, y al fortalecer las oportunidades para compartir de manera justa y equitativa los beneficios que se deriven de su uso, el protocolo genera incentivos para conservar la diversidad biológica y para utilizar de manera sostenible sus componentes, y mejora aún más la contribución de la diversidad biológica al desarrollo sostenible y al bienestar del ser humano.
Del encuentro participaron también, Santiago D´Alessio, director de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad y Viviana Figueroa, oficial de Programa Asociado en Conocimiento Tradicional del Programa de Naciones Unidas para el Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés).
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Plan maestro para recuperar Humedales en Chaco
Humedales, un plan maestro para recuperar el ecosistema chaqueño
Fecha de Publicación: 13/07/2017
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Según el sitio Ramsar, los humedales son vitales para la supervivencia humana. Son uno de los entornos más productivos del mundo, y son cunas de diversidad biológica y fuentes de agua y productividad primaria de las que innumerables especies vegetales y animales dependen para subsistir.
Son espacios indispensables por los innumerables beneficios o "servicios ecosistémicos" que brindan a la humanidad, desde suministro de agua dulce, alimentos y materiales de construcción, y biodiversidad, hasta control de crecidas, recarga de aguas subterráneas y mitigación del cambio climático.
Sin embargo, un estudio tras otro demuestra que la superficie y la calidad de los humedales siguen disminuyendo en la mayoría de regiones del mundo. En consecuencia, los servicios de los ecosistemas que los humedales proporcionan a las personas se encuentran en peligro.
Plan Maestro provincial
El gobierno de Chaco ha decidido protagonizar los procesos de planificación territorial de la región Nea argentina poniéndose al frente de dos grandes planes ambientales que buscan recuperar y potenciar los humedales. Los proyectos Ciudad Río e Impenetrable, buscan abordar la complejidad de las diferentes regiones de su territorio, identificando sus potencialidades y definiendo acciones según prioridades que, traducidas en estrategias y en obras, fortalezcan a cada uno de los municipios y pueblos del territorio chaqueño.
El plan maestro Humedales es el resultado de un proceso de trabajo que combina el esfuerzo del gobierno provincial, sus ministerios y áreas de gestión, que conformaron la Mesa Interinstitucional y la Mesa Intermunicipal del plan, para construir una herramienta que oriente el desarrollo del humedal chaqueño, cuidando de sus condiciones especiales y únicas que llevaron a definirlo como Sitio Ramsar desde 2004.
Para lo cual deben adherir a la Convención sobre los Humedales, llamada la Convención de Ramsar, que es un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos.
Estos sitios adquieren un nuevo estado a nivel nacional e internacional. Son reconocidos por ser de gran valor, no solo para el país o los países en los que se ubican sino para la humanidad en su conjunto.
En la actualidad hay más de 2.200 sitios Ramsar en el mundo. Abarcan más de 2,1 millones de kilómetros cuadrados, una superficie mayor que México. La inclusión de un humedal en la lista representa el compromiso del gobierno de adoptar las medidas necesarias para garantizar que se mantengan sus características ecológicas. La convención incluye diversas medidas para responder a las amenazas para las características ecológicas de los sitios.
Inclusión de comunidades
Las condiciones especiales de esta región, se vinculan también con las comunidades que habitan sus pueblos.
Se asienta en ellos una porción importante de la población provincial, en un medio de alta riqueza ambiental y a su vez de mucha fragilidad debido al imperativo hídrico que lo define. De este modo, se trata de un sector de la provincia de ineludible belleza y potencialidad que requiere una atención especial.
El desarrollo de una economía sustentable que, genere posibilidades de subsistencia para los habitantes de esas regiones, pero que a la vez permitan explotar el turismo regional exponiendo la riqueza natural de nuestro Chaco y sin modificar el ecosistema.
En el marco de la formulación del plan, se propuso llevar adelante la metodología de planificación y acción. El gobierno ha llevado a cabo encuentros en los municipios, recorriendo cada uno de ellos y fundamentalmente acompañándolos con intervenciones concretas tendientes a promocionar y fortalecer las características identificadas como potenciales en cada localidad. Estas intervenciones, obras de variada escala hacen visible las condiciones distintivas de cada sector, ponen de pie a cada pueblo y despiertan el orgullo de sus pobladores.
Producto de ese proceso, el Plan Maestro Humedales define una serie de estrategias singulares para el desarrollo sustentable en orden a sus características naturales, culturales y socio económicas, proponiendo un abanico de acciones que van desde las obras de pequeña escala -paseos, miradores, parques- a obras estratégicas de logística como puertos, puentes, rutas y energía, que potencian el desarrollo productivo de la Provincia.
Dos regiones
El desarrollo de planes Maestro está a cargo del Ministerio de Infraestructura de la provincia. El área dividió la provincia en dos regiones: Humedales y Área de influencia del río Negro. Ambos pretenden dar a la provincia un marco de actuación y definición de prioridades de intervención e inversión en materia social, económica, productiva, turística.
La región de los Humedales incluye a la totalidad de la franja Este de Chaco. Es un macro humedal de aproximadamente 508.000 hectáreas que se corresponde con la planicie de inundación de los ríos Paraná y Paraguay y que tiene una fundamental importancia en términos de los servicios ambientales que presta.
Ubicado en el este del Chaco, el proyecto incluye en la franja oriental de los departamentos San Fernando, 1º de Mayo y Bermejo, siendo el límite Sur el paralelo 28 que separa las provincias de Chaco y Santa Fe; límite norte el cauce del rio Bermejo; límite oeste el trazado de la ruta nacional 11; y límite este cauces de los ríos Paraná y Paraguay, que separan a Chaco y Corrientes, y a Argentina y Paraguay.
Comprende un total de 11 municipios, con una población de 371.652 habitantes según censo Indec 2010, lo cual equivale al 38 % del total de la provincia, concentrada en un territorio de 5.080 km2 que representa tan sólo el 5 por ciento de la superficie provincial.
Según información oficial, más del 20 % de la superficie del área está cubierta por cursos y cuerpos de agua dulce complementadas por casi 300.000 hectáreas de zonas anegables dedicadas a la ganadería y el resto por montes y actividades agrícolas. El sector descripto fue declarado Sitio Ramsar de Interés Internacional en 2004.
El estudio tiene la finalidad de aportar a la gestión provincial en la definición de un plan de desarrollo territorial y una cartera de proyectos factibles que, priorizados y consensuados por las autoridades y actores locales, permitan darles viabilidad financiera a corto y mediano plazo.
Ciudad Río
Con este estudio se pretende contar con un plan maestro para el ordenamiento y desarrollo del área costera del río Negro y su zona de influencia, en su tramo regulado, correspondiente al AMGR. Aquí, el objetivo es que el plan sea un generador de ideas en un ámbito urbano de extraordinaria centralidad y representatividad, integrador de espacios que son social y económicamente heterogéneos.
Comprende a los municipios por los que atraviesa el río Negro, en el tramo entre los diques Barranqueras y de Laguna Blanca: Barranqueras, Resistencia, Fontana, Tirol Colonia Popular y Laguna Blanca.
Para ambos proyectos, el gobierno provincial creó una mesa de gestión interinstitucional conformada por representantes de organismos del Estado (ministerios y entes autárquicos) implicados en el proceso de formulación y desarrollo de propuestas. Los ministerios participantes son Desarrollo Urbano y Territorial, Producción y de Planificación, Ambiente e Innovación tecnológica; además de la Secretaría General de Gobierno y Coordinación, la Administración Provincial del Agua, la Dirección de Vialidad Provincial, el Instituto de Turismo y otros organismos de vayan incorporándose de acuerdo a las etapas de los proyectos.
Objetivos del plan
Cada región tiene mucha riqueza natural esperando ser explotada. El principal objetivo de este plan es fortalecer las acciones que la Provincia define en orden a la conservación y gestión sustentables del Humedal Chaco y su biodiversidad, en base a su importancia ambiental, social y económica También se presente identificar a cada uno de los sectores según sus singularidades y potencialidades ya que solo de esta manera se podrán determinar programas de actuación específicos y atendiendo a las características ambientales, pero sin dejar de lado la explotación turística como una forma de generar movimiento en la economía regional. Lo que también incluye la elaboración de planes de sector para la Isla de Cerrito, el barrio Pedro Pescador y el Puerto de Las Palmas, que profundicen el desarrollo, haciendo énfasis en la mejora de la calidad del hábitat y en la potenciación de la actividad productiva y turística.
Proyecto urbano: el río Negro como eje
En el caso del Plan Ciudad Río, interviene todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana de la capital del Chaco y su relación con el río Negro. En este caso, el proyecto ambiental considera necesario plantear líneas de acción en pos de la revitalización del sector, desde lo local en el frente del río y la articulación con el entorno, hasta lo global en la estructura urbana de los alrededores y en la imagen colectiva de las oportunidades de los centros urbanos involucrados, coordinado con los actores privados, sociales y políticos.
Este plan maestro tiene cuatro lineamientos que incluye la evaluación integral del área, analizando las características urbano - ambientales y de biodiversidad que tiene Resistencia, así como también la situación socioeconómica de la población, actividad económica y valoración de los usos del suelo.
Aquí intervienen otros aspectos, porque un proyecto urbano-ambiental significa ver el estado de situación dominial y catastral de las tierras del área.
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Fecha de Publicación: 13/07/2017
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Según el sitio Ramsar, los humedales son vitales para la supervivencia humana. Son uno de los entornos más productivos del mundo, y son cunas de diversidad biológica y fuentes de agua y productividad primaria de las que innumerables especies vegetales y animales dependen para subsistir.
Son espacios indispensables por los innumerables beneficios o "servicios ecosistémicos" que brindan a la humanidad, desde suministro de agua dulce, alimentos y materiales de construcción, y biodiversidad, hasta control de crecidas, recarga de aguas subterráneas y mitigación del cambio climático.
Sin embargo, un estudio tras otro demuestra que la superficie y la calidad de los humedales siguen disminuyendo en la mayoría de regiones del mundo. En consecuencia, los servicios de los ecosistemas que los humedales proporcionan a las personas se encuentran en peligro.
Plan Maestro provincial
El gobierno de Chaco ha decidido protagonizar los procesos de planificación territorial de la región Nea argentina poniéndose al frente de dos grandes planes ambientales que buscan recuperar y potenciar los humedales. Los proyectos Ciudad Río e Impenetrable, buscan abordar la complejidad de las diferentes regiones de su territorio, identificando sus potencialidades y definiendo acciones según prioridades que, traducidas en estrategias y en obras, fortalezcan a cada uno de los municipios y pueblos del territorio chaqueño.
El plan maestro Humedales es el resultado de un proceso de trabajo que combina el esfuerzo del gobierno provincial, sus ministerios y áreas de gestión, que conformaron la Mesa Interinstitucional y la Mesa Intermunicipal del plan, para construir una herramienta que oriente el desarrollo del humedal chaqueño, cuidando de sus condiciones especiales y únicas que llevaron a definirlo como Sitio Ramsar desde 2004.
Para lo cual deben adherir a la Convención sobre los Humedales, llamada la Convención de Ramsar, que es un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos.
Estos sitios adquieren un nuevo estado a nivel nacional e internacional. Son reconocidos por ser de gran valor, no solo para el país o los países en los que se ubican sino para la humanidad en su conjunto.
En la actualidad hay más de 2.200 sitios Ramsar en el mundo. Abarcan más de 2,1 millones de kilómetros cuadrados, una superficie mayor que México. La inclusión de un humedal en la lista representa el compromiso del gobierno de adoptar las medidas necesarias para garantizar que se mantengan sus características ecológicas. La convención incluye diversas medidas para responder a las amenazas para las características ecológicas de los sitios.
Inclusión de comunidades
Las condiciones especiales de esta región, se vinculan también con las comunidades que habitan sus pueblos.
Se asienta en ellos una porción importante de la población provincial, en un medio de alta riqueza ambiental y a su vez de mucha fragilidad debido al imperativo hídrico que lo define. De este modo, se trata de un sector de la provincia de ineludible belleza y potencialidad que requiere una atención especial.
El desarrollo de una economía sustentable que, genere posibilidades de subsistencia para los habitantes de esas regiones, pero que a la vez permitan explotar el turismo regional exponiendo la riqueza natural de nuestro Chaco y sin modificar el ecosistema.
En el marco de la formulación del plan, se propuso llevar adelante la metodología de planificación y acción. El gobierno ha llevado a cabo encuentros en los municipios, recorriendo cada uno de ellos y fundamentalmente acompañándolos con intervenciones concretas tendientes a promocionar y fortalecer las características identificadas como potenciales en cada localidad. Estas intervenciones, obras de variada escala hacen visible las condiciones distintivas de cada sector, ponen de pie a cada pueblo y despiertan el orgullo de sus pobladores.
Producto de ese proceso, el Plan Maestro Humedales define una serie de estrategias singulares para el desarrollo sustentable en orden a sus características naturales, culturales y socio económicas, proponiendo un abanico de acciones que van desde las obras de pequeña escala -paseos, miradores, parques- a obras estratégicas de logística como puertos, puentes, rutas y energía, que potencian el desarrollo productivo de la Provincia.
Dos regiones
El desarrollo de planes Maestro está a cargo del Ministerio de Infraestructura de la provincia. El área dividió la provincia en dos regiones: Humedales y Área de influencia del río Negro. Ambos pretenden dar a la provincia un marco de actuación y definición de prioridades de intervención e inversión en materia social, económica, productiva, turística.
La región de los Humedales incluye a la totalidad de la franja Este de Chaco. Es un macro humedal de aproximadamente 508.000 hectáreas que se corresponde con la planicie de inundación de los ríos Paraná y Paraguay y que tiene una fundamental importancia en términos de los servicios ambientales que presta.
Ubicado en el este del Chaco, el proyecto incluye en la franja oriental de los departamentos San Fernando, 1º de Mayo y Bermejo, siendo el límite Sur el paralelo 28 que separa las provincias de Chaco y Santa Fe; límite norte el cauce del rio Bermejo; límite oeste el trazado de la ruta nacional 11; y límite este cauces de los ríos Paraná y Paraguay, que separan a Chaco y Corrientes, y a Argentina y Paraguay.
Comprende un total de 11 municipios, con una población de 371.652 habitantes según censo Indec 2010, lo cual equivale al 38 % del total de la provincia, concentrada en un territorio de 5.080 km2 que representa tan sólo el 5 por ciento de la superficie provincial.
Según información oficial, más del 20 % de la superficie del área está cubierta por cursos y cuerpos de agua dulce complementadas por casi 300.000 hectáreas de zonas anegables dedicadas a la ganadería y el resto por montes y actividades agrícolas. El sector descripto fue declarado Sitio Ramsar de Interés Internacional en 2004.
El estudio tiene la finalidad de aportar a la gestión provincial en la definición de un plan de desarrollo territorial y una cartera de proyectos factibles que, priorizados y consensuados por las autoridades y actores locales, permitan darles viabilidad financiera a corto y mediano plazo.
Ciudad Río
Con este estudio se pretende contar con un plan maestro para el ordenamiento y desarrollo del área costera del río Negro y su zona de influencia, en su tramo regulado, correspondiente al AMGR. Aquí, el objetivo es que el plan sea un generador de ideas en un ámbito urbano de extraordinaria centralidad y representatividad, integrador de espacios que son social y económicamente heterogéneos.
Comprende a los municipios por los que atraviesa el río Negro, en el tramo entre los diques Barranqueras y de Laguna Blanca: Barranqueras, Resistencia, Fontana, Tirol Colonia Popular y Laguna Blanca.
Para ambos proyectos, el gobierno provincial creó una mesa de gestión interinstitucional conformada por representantes de organismos del Estado (ministerios y entes autárquicos) implicados en el proceso de formulación y desarrollo de propuestas. Los ministerios participantes son Desarrollo Urbano y Territorial, Producción y de Planificación, Ambiente e Innovación tecnológica; además de la Secretaría General de Gobierno y Coordinación, la Administración Provincial del Agua, la Dirección de Vialidad Provincial, el Instituto de Turismo y otros organismos de vayan incorporándose de acuerdo a las etapas de los proyectos.
Objetivos del plan
Cada región tiene mucha riqueza natural esperando ser explotada. El principal objetivo de este plan es fortalecer las acciones que la Provincia define en orden a la conservación y gestión sustentables del Humedal Chaco y su biodiversidad, en base a su importancia ambiental, social y económica También se presente identificar a cada uno de los sectores según sus singularidades y potencialidades ya que solo de esta manera se podrán determinar programas de actuación específicos y atendiendo a las características ambientales, pero sin dejar de lado la explotación turística como una forma de generar movimiento en la economía regional. Lo que también incluye la elaboración de planes de sector para la Isla de Cerrito, el barrio Pedro Pescador y el Puerto de Las Palmas, que profundicen el desarrollo, haciendo énfasis en la mejora de la calidad del hábitat y en la potenciación de la actividad productiva y turística.
Proyecto urbano: el río Negro como eje
En el caso del Plan Ciudad Río, interviene todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana de la capital del Chaco y su relación con el río Negro. En este caso, el proyecto ambiental considera necesario plantear líneas de acción en pos de la revitalización del sector, desde lo local en el frente del río y la articulación con el entorno, hasta lo global en la estructura urbana de los alrededores y en la imagen colectiva de las oportunidades de los centros urbanos involucrados, coordinado con los actores privados, sociales y políticos.
Este plan maestro tiene cuatro lineamientos que incluye la evaluación integral del área, analizando las características urbano - ambientales y de biodiversidad que tiene Resistencia, así como también la situación socioeconómica de la población, actividad económica y valoración de los usos del suelo.
Aquí intervienen otros aspectos, porque un proyecto urbano-ambiental significa ver el estado de situación dominial y catastral de las tierras del área.
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Justicia ordena la paralización de La Alumbrera
La Cámara Federal ordenó suspender actividades a la minera La Alumbrera en Catamarca
Fecha de Publicación: 12/07/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Tucumán - Catamarca
La Cámara Federal de Tucumán ordenó hoy "la suspensión inmediata" de actividades a la compañía minera La Alumbrera en sus emprendimientos en Catamarca hasta que se realicen pericias sobre contaminación y la empresa acredite "haber contratado" un seguro que cubra los posibles daños generados en la zona donde se centró la demanda.
En el fallo, firmado hoy por los jueces Marina Cossio, Raúl Beijas y Guillermo Molinari, la cámara hizo lugar a una medida cautelar presentada por Felipa Cruz, una agricultora de la localidad catamarqueña de Andalgalá que adujo complicaciones en sus labores por las acciones de la minera.
Al admitir la cautelar, la cámara resolvió "ordenar la suspensión inmediata de la actividad minera llevada a cabo en los yacimientos mineros denominados 'Bajo de la Alumbrera' y 'Bajo el Durazno'", al señalar que ambos se encuentran "ubicados en terrenos de propiedad de la parte actora" en Andalgalá.
De acuerdo al fallo, los camaristas dispusieron la suspensión de actividades para que "se realicen los informes periciales in situ solicitados" por la demandante y "hasta que las demandadas acrediten fehacientemente haber cumplido con la contratación de un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del posible daño".
La definición de la cámara se produjo en el marco de un extenso reclamo, que incluso había llegado a la Corte Suprema, y que surgió cuando restan pocos meses para que finalicen las labores en Bajo La Alumbrera, que desde hace más de veinte años opera en la región pese a las múltiples quejas de organizaciones ambientales y denuncias por posible contaminación.
La unión transitoria de empresas UTE-YMAD Alumbrera extrae oro, cobre y molibdeno en terrenos catamarqueños, y es operada por la transnacional Glencore, en sociedad con Yamana Gold y Goldcorp.
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Fecha de Publicación: 12/07/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Tucumán - Catamarca
La Cámara Federal de Tucumán ordenó hoy "la suspensión inmediata" de actividades a la compañía minera La Alumbrera en sus emprendimientos en Catamarca hasta que se realicen pericias sobre contaminación y la empresa acredite "haber contratado" un seguro que cubra los posibles daños generados en la zona donde se centró la demanda.
En el fallo, firmado hoy por los jueces Marina Cossio, Raúl Beijas y Guillermo Molinari, la cámara hizo lugar a una medida cautelar presentada por Felipa Cruz, una agricultora de la localidad catamarqueña de Andalgalá que adujo complicaciones en sus labores por las acciones de la minera.
Al admitir la cautelar, la cámara resolvió "ordenar la suspensión inmediata de la actividad minera llevada a cabo en los yacimientos mineros denominados 'Bajo de la Alumbrera' y 'Bajo el Durazno'", al señalar que ambos se encuentran "ubicados en terrenos de propiedad de la parte actora" en Andalgalá.
De acuerdo al fallo, los camaristas dispusieron la suspensión de actividades para que "se realicen los informes periciales in situ solicitados" por la demandante y "hasta que las demandadas acrediten fehacientemente haber cumplido con la contratación de un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del posible daño".
La definición de la cámara se produjo en el marco de un extenso reclamo, que incluso había llegado a la Corte Suprema, y que surgió cuando restan pocos meses para que finalicen las labores en Bajo La Alumbrera, que desde hace más de veinte años opera en la región pese a las múltiples quejas de organizaciones ambientales y denuncias por posible contaminación.
La unión transitoria de empresas UTE-YMAD Alumbrera extrae oro, cobre y molibdeno en terrenos catamarqueños, y es operada por la transnacional Glencore, en sociedad con Yamana Gold y Goldcorp.
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Encuentro Patagónico de Educación Ambiental
Tierra del Fuego presente en el Primer Encuentro Regional Patagónico de Educación Ambiental
Fecha de Publicación: 12/07/2017
Fuente: EL Sureño
Provincia/Región: Patagonia
Se realizó en San Carlos de Bariloche en el mes de junio y reunió a representantes y especialistas de todas las provincias patagónicas y del centro del país, para trabajar en la construcción federal y colectiva de una Estrategia Nacional de Educación Ambiental.
Por Tierra del Fuego participaron profesionales de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático (SADSyCC), de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), del Ministerio de Educación y un representante por las ONG. Durante las dos intensas jornadas de trabajo se buscaron oportunidades y sinergias tendientes a fortalecer la educación ambiental en Tierra del Fuego, como también se identificaron debilidades y necesidades a abordar.
Los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Educación y Deportes de la Nación acordaron trabajar en conjunto para la elaboración de una Estrategia Nacional de Educación Ambiental. Para ello se están coordinando encuentros regionales convocando a representantes y profesionales relacionados con la educación ambiental, tanto del ámbito gubernamental (Ambiente y Educación) como del académico (Universidades) y de las organizaciones de la sociedad civil. Lo que se busca es incluir las particularidades de todo el país en la estrategia.
En las jornadas desarrolladas en Bariloche se trabajó intensamente por provincias, buscando definir y determinar desde un enfoque local/regional los factores claves para poder crear un sólido programa de educación ambiental provincial, las alianzas estratégicas necesarias entre áreas de gobierno y sectores no gubernamentales y los temas a trabajar.
La intención es lograr tener para fin de año el primer borrador de una Estrategia Nacional de Educación Ambiental, construida a partir de los resultados que surjan de los diferentes encuentros regionales. De aquí la importancia de participar desde la Provincia, transmitiendo la perspectiva y particularidades locales de Tierra del Fuego. Sobre la base de la estrategia nacional se trabajará seguidamente y ya en la órbita provincial, las propuestas para un plan de trabajo particular para cada provincia.
Los representantes de la Secretaría de Ambiente de la Provincia acordaron en que el encuentro fue muy fructífero, ya que se pudo avanzar para encontrar los acuerdos para trabajar con el objetivo de generar una Estrategia Provincial de Educación Ambiental. Asimismo, que resultó interesante ver cómo en casi todas las provincias de la región los temas son similares.
Algunos de los ejes principales que surgieron para trabajar en educación ambiental son residuos, agua, biodiversidad y el eje socio ambiental, determinante en provincias como la nuestra con procesos migratorios fuertes que dificultan la construcción de una identidad local y un sentido de pertenencia comunitario, lo cual impacta en la relación de la sociedad con el ambiente que la rodea. Será clave trabajar en y a través de la Educación Ambiental para aportar a la construcción de una ciudadanía sensibilizada y pro activa en relación al ambiente, su conocimiento, disfrute y cuidado.
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Fecha de Publicación: 12/07/2017
Fuente: EL Sureño
Provincia/Región: Patagonia
Se realizó en San Carlos de Bariloche en el mes de junio y reunió a representantes y especialistas de todas las provincias patagónicas y del centro del país, para trabajar en la construcción federal y colectiva de una Estrategia Nacional de Educación Ambiental.
Por Tierra del Fuego participaron profesionales de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático (SADSyCC), de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), del Ministerio de Educación y un representante por las ONG. Durante las dos intensas jornadas de trabajo se buscaron oportunidades y sinergias tendientes a fortalecer la educación ambiental en Tierra del Fuego, como también se identificaron debilidades y necesidades a abordar.
Los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Educación y Deportes de la Nación acordaron trabajar en conjunto para la elaboración de una Estrategia Nacional de Educación Ambiental. Para ello se están coordinando encuentros regionales convocando a representantes y profesionales relacionados con la educación ambiental, tanto del ámbito gubernamental (Ambiente y Educación) como del académico (Universidades) y de las organizaciones de la sociedad civil. Lo que se busca es incluir las particularidades de todo el país en la estrategia.
En las jornadas desarrolladas en Bariloche se trabajó intensamente por provincias, buscando definir y determinar desde un enfoque local/regional los factores claves para poder crear un sólido programa de educación ambiental provincial, las alianzas estratégicas necesarias entre áreas de gobierno y sectores no gubernamentales y los temas a trabajar.
La intención es lograr tener para fin de año el primer borrador de una Estrategia Nacional de Educación Ambiental, construida a partir de los resultados que surjan de los diferentes encuentros regionales. De aquí la importancia de participar desde la Provincia, transmitiendo la perspectiva y particularidades locales de Tierra del Fuego. Sobre la base de la estrategia nacional se trabajará seguidamente y ya en la órbita provincial, las propuestas para un plan de trabajo particular para cada provincia.
Los representantes de la Secretaría de Ambiente de la Provincia acordaron en que el encuentro fue muy fructífero, ya que se pudo avanzar para encontrar los acuerdos para trabajar con el objetivo de generar una Estrategia Provincial de Educación Ambiental. Asimismo, que resultó interesante ver cómo en casi todas las provincias de la región los temas son similares.
Algunos de los ejes principales que surgieron para trabajar en educación ambiental son residuos, agua, biodiversidad y el eje socio ambiental, determinante en provincias como la nuestra con procesos migratorios fuertes que dificultan la construcción de una identidad local y un sentido de pertenencia comunitario, lo cual impacta en la relación de la sociedad con el ambiente que la rodea. Será clave trabajar en y a través de la Educación Ambiental para aportar a la construcción de una ciudadanía sensibilizada y pro activa en relación al ambiente, su conocimiento, disfrute y cuidado.
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Demuestran que Antofagasta Minerals contaminó
El Ministerio de Ambiente determinó que una minera chilena contaminó el suelo y las aguas de Calingasta
Fecha de Publicación: 12/07/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: San Juan
La investigación incluyó una pericia química sobre suelo y aguas; un estudio de impacto ambiental; la inspección ocular, planimetría y registro fotográfico del lugar.
La compañía chilena Antofagasta Minerals, operadora de la mina de cobre "Los Pelambres" en Chile, arrojó 20 millones de metros cúbicos de desperdicios en territorio argentino, lo que provocó la contaminación del suelo y aguas de la localidad de Calingasta, San Juan, informó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
En las conclusiones del informe se afirma, además, que la concentración de sustancias tóxicas en territorio argentino llegó a ser de hasta 71.000 veces por sobre los límites regulados por la ley de nacional, que la escombrera afectó directamente a 52 hectáreas y que los desperdicios redujeron un 53 por ciento de los espejos de agua.
El "Informe Final Pericia Pelambres" forma parte de la demanda iniciada en 2014 por la empresa Glencore, a cargo de la mina de cobre "El Pachón" del lado argentino, contra la operadora chilena por haber instalado gran parte del depósito de residuos de la explotación de la mina dentro del área argentina, y por la que se le reclama la extracción de los desechos, con un costo estimado de más de 200 millones de dólares, y el pago de un canon por el tiempo que ocupó la zona.
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Fecha de Publicación: 12/07/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: San Juan
La investigación incluyó una pericia química sobre suelo y aguas; un estudio de impacto ambiental; la inspección ocular, planimetría y registro fotográfico del lugar.
La compañía chilena Antofagasta Minerals, operadora de la mina de cobre "Los Pelambres" en Chile, arrojó 20 millones de metros cúbicos de desperdicios en territorio argentino, lo que provocó la contaminación del suelo y aguas de la localidad de Calingasta, San Juan, informó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
En las conclusiones del informe se afirma, además, que la concentración de sustancias tóxicas en territorio argentino llegó a ser de hasta 71.000 veces por sobre los límites regulados por la ley de nacional, que la escombrera afectó directamente a 52 hectáreas y que los desperdicios redujeron un 53 por ciento de los espejos de agua.
El "Informe Final Pericia Pelambres" forma parte de la demanda iniciada en 2014 por la empresa Glencore, a cargo de la mina de cobre "El Pachón" del lado argentino, contra la operadora chilena por haber instalado gran parte del depósito de residuos de la explotación de la mina dentro del área argentina, y por la que se le reclama la extracción de los desechos, con un costo estimado de más de 200 millones de dólares, y el pago de un canon por el tiempo que ocupó la zona.
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Proyecto para pedir las EIA en obras públicas
Quieren que sea obligatorio el estudio de impacto ambiental para las obras públicas
Fecha de Publicación: 11/07/2017
Fuente: Diario Uno (Santa Fe)
Provincia/Región: Nacional
Hasta el momento solo se les exige a las que son financiadas por organismos multilaterales. A partir de esta iniciativa, que hoy tuvo media sanción en Diputados, esta obligación alcanzaría a los proyectos ejecutados por municipios, por la provincia o la Nación en territorio santafesino.
La Cámara de Diputados dio media sanción esta tarde a un proyecto que modifica los artículos 12, 18 y 21 de la Ley 11.717 (medio ambiente y desarrollo sustentable). Por un lado, se reemplaza el texto en todos los artículos donde dice "Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable", por "Ministerio de Medio Ambiente". Pero por otro, se implanta la obligatoriedad para los estados municipales, la provincia y la Nación de realizar un estudio de impacto y evaluación ambiental al momento de realizar una obra en territorio santafesino.
"Aunque parezca raro esa obligación hoy no está en la ley de medio ambiente en la provincia. Esa ley establece la obligatoriedad para los particulares de realizar los certificados de aptitud ambiental, de acuerdo al tipo de actividad, o en su caso el estudio y posterior evaluación de impacto ambiental cuando encaran determinado tipo de obra", explicó a UNO Santa Fe el diputado Santiago Mascheroni, uno de los autores de la iniciativa.
"Pero esa obligación –aclaró– no existe para el Estado, que es el realizador de las grandes obras como un camino, un puente, una plaza, un servicio de transporte. Y no hay evaluación de impacto ambiental, no se consulta a la opinión pública, se le da para adelante. Esto no es una intención de impedir nada, sino que se cumpla la ley para el Estado de la misma manera que le exigimos a los privados, con estudio, evaluación y conocer cuáles son las medidas de remediación".
El legislador radical indicó que cuando las obras son financiadas por organismos de crédito multilaterales, como el Banco Mundial, los créditos ya vienen con la obligación de hacer el estudio de impacto ambiental y la evaluación. Pero no sucede lo mismo cuando son hechos con fondos municipales, provinciales o nacionales. "Ahí esa obligación no existe y desde la modificación, corrimiento, instalación de una plaza, un camino, una ruta, un puente o incluso la radicación de un barrio sin servicios o al revés, el Estado tendría la obligación de realizar el estudio y una posterior evaluación. Nosotros sí le ponemos énfasis en que no sólo se le preste atención a las cuestiones técnicas sino también a los aspectos sociales, es decir la calidad de vida de las personas", remarcó.
Como ejemplo, Mascheroni recordó que ante la instalación de redes de alta tensión de la Empresa Provincial de la Energía en los barrios se producían algunos problemas. "Ahí vehíamos resistencia y todo pero nunca se le obligaba (a la empresa) a que realice un estudio de impacto ambiental previo para medir el alcance, extensión o la posibilidad de remediación. A eso apunta la ley que impulsamos y que acompañaron legisladores de todos los bloques".
El proyecto establece que el Ministerio de Medio Ambiente sería la autoridad de aplicación. Al ser consultado sobre si no es contradictorio que el Poder Ejecutivo se controle a sí mismo, Mascheroni respondió: "El Estado se debe controlar, hay otras áreas que lo hacen. Estamos hablando de un marco regulatorio para aguas y con un organismo que en su momento lo va a tener; hemos reclamado que se reinstale el órgano de control en materia de la autopista; existe el órgano de control de aguas y saneamiento. No obsta que el Estado mida a través de un área específica porque son pautas objetivas. Si el Estado va a hacer una obra, presenta la evaluación y sus propios organismos, que también tienen posibilidad de contratar una consultora o hacer convenios con universidades nacionales, pueden hacer el control".
Por su embergadura hay obras que no requieren estudio de impacto ambiental. Pero según el legislador, eso está tipificado en el Decreto 101, que "es el reglamentario y es muy específico". Allí se determina toda la casuística en los aspectos donde es obligatorio el certificado de aptitud y dónde es obligatorio, por la mayor importancia de la obra, el estudio ambiental y su posterior evaluación, los mecanismos de remediación y planes de contingencia.
"Esto sirve tanto para autorizar la instalación de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos como para una planta de volcamiento y tratamiento de residuos patológicos o tóxicos, entre otras cosas. En todos estos casos en que el Estado encare una obra pueda derivarla si lo desea a que el estudio los relice un particular. Pero a los estudios tiene que presentarlos", ejemplificó.Luego de la media sanción que esta tarde dio Diputados, la iniciativa comenzará a debatirse en el Senado de la provincia. De todas formas, eso sucederá recién después del receso que comenzará el 8 de julio y se extenderá hasta el 23 del mismo mes.
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Fecha de Publicación: 11/07/2017
Fuente: Diario Uno (Santa Fe)
Provincia/Región: Nacional
Hasta el momento solo se les exige a las que son financiadas por organismos multilaterales. A partir de esta iniciativa, que hoy tuvo media sanción en Diputados, esta obligación alcanzaría a los proyectos ejecutados por municipios, por la provincia o la Nación en territorio santafesino.
La Cámara de Diputados dio media sanción esta tarde a un proyecto que modifica los artículos 12, 18 y 21 de la Ley 11.717 (medio ambiente y desarrollo sustentable). Por un lado, se reemplaza el texto en todos los artículos donde dice "Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable", por "Ministerio de Medio Ambiente". Pero por otro, se implanta la obligatoriedad para los estados municipales, la provincia y la Nación de realizar un estudio de impacto y evaluación ambiental al momento de realizar una obra en territorio santafesino.
"Aunque parezca raro esa obligación hoy no está en la ley de medio ambiente en la provincia. Esa ley establece la obligatoriedad para los particulares de realizar los certificados de aptitud ambiental, de acuerdo al tipo de actividad, o en su caso el estudio y posterior evaluación de impacto ambiental cuando encaran determinado tipo de obra", explicó a UNO Santa Fe el diputado Santiago Mascheroni, uno de los autores de la iniciativa.
"Pero esa obligación –aclaró– no existe para el Estado, que es el realizador de las grandes obras como un camino, un puente, una plaza, un servicio de transporte. Y no hay evaluación de impacto ambiental, no se consulta a la opinión pública, se le da para adelante. Esto no es una intención de impedir nada, sino que se cumpla la ley para el Estado de la misma manera que le exigimos a los privados, con estudio, evaluación y conocer cuáles son las medidas de remediación".
El legislador radical indicó que cuando las obras son financiadas por organismos de crédito multilaterales, como el Banco Mundial, los créditos ya vienen con la obligación de hacer el estudio de impacto ambiental y la evaluación. Pero no sucede lo mismo cuando son hechos con fondos municipales, provinciales o nacionales. "Ahí esa obligación no existe y desde la modificación, corrimiento, instalación de una plaza, un camino, una ruta, un puente o incluso la radicación de un barrio sin servicios o al revés, el Estado tendría la obligación de realizar el estudio y una posterior evaluación. Nosotros sí le ponemos énfasis en que no sólo se le preste atención a las cuestiones técnicas sino también a los aspectos sociales, es decir la calidad de vida de las personas", remarcó.
Como ejemplo, Mascheroni recordó que ante la instalación de redes de alta tensión de la Empresa Provincial de la Energía en los barrios se producían algunos problemas. "Ahí vehíamos resistencia y todo pero nunca se le obligaba (a la empresa) a que realice un estudio de impacto ambiental previo para medir el alcance, extensión o la posibilidad de remediación. A eso apunta la ley que impulsamos y que acompañaron legisladores de todos los bloques".
El proyecto establece que el Ministerio de Medio Ambiente sería la autoridad de aplicación. Al ser consultado sobre si no es contradictorio que el Poder Ejecutivo se controle a sí mismo, Mascheroni respondió: "El Estado se debe controlar, hay otras áreas que lo hacen. Estamos hablando de un marco regulatorio para aguas y con un organismo que en su momento lo va a tener; hemos reclamado que se reinstale el órgano de control en materia de la autopista; existe el órgano de control de aguas y saneamiento. No obsta que el Estado mida a través de un área específica porque son pautas objetivas. Si el Estado va a hacer una obra, presenta la evaluación y sus propios organismos, que también tienen posibilidad de contratar una consultora o hacer convenios con universidades nacionales, pueden hacer el control".
Por su embergadura hay obras que no requieren estudio de impacto ambiental. Pero según el legislador, eso está tipificado en el Decreto 101, que "es el reglamentario y es muy específico". Allí se determina toda la casuística en los aspectos donde es obligatorio el certificado de aptitud y dónde es obligatorio, por la mayor importancia de la obra, el estudio ambiental y su posterior evaluación, los mecanismos de remediación y planes de contingencia.
"Esto sirve tanto para autorizar la instalación de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos como para una planta de volcamiento y tratamiento de residuos patológicos o tóxicos, entre otras cosas. En todos estos casos en que el Estado encare una obra pueda derivarla si lo desea a que el estudio los relice un particular. Pero a los estudios tiene que presentarlos", ejemplificó.Luego de la media sanción que esta tarde dio Diputados, la iniciativa comenzará a debatirse en el Senado de la provincia. De todas formas, eso sucederá recién después del receso que comenzará el 8 de julio y se extenderá hasta el 23 del mismo mes.
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La minería adoctrinando en las escuelas
La megaminería y su avanzada en el campo educativo
Fecha de Publicación: 11/07/2017
Fuente: Diario Río Negro
Fecha de Publicación: 11/07/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Nacional
El 23 de junio culminó el proceso de negociación entre las corporaciones mineras, el Estado nacional y los estados provinciales con la rúbrica del nuevo Acuerdo Federal Minero.
En línea con la avanzada extractivista de las últimas décadas, la alianza estatal empresarial de la megaminería da la disputa en el campo educativo con la introducción de un apartado específico denominado “Aspectos educativos y formativos”. Basado en que la comunidad educativa debe recibir conocimientos sobre la actividad minera “con fundamento científico”, compromete a las partes a “llevar adelante acciones con el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y los ministerios de Educación provinciales” a los efectos de incorporar un listado de contenidos dentro de las currículas de “los niveles primario, secundario y terciario”.
¿Por qué un acuerdo minero tendría la potestad de definir qué enseñar en las escuelas? Como una provocación, y una inédita intromisión en el ámbito educativo, en el convenio se fijan los temas a ser inculcados: “La constitución geológica del territorio nacional y provincial, los productos mineros que se generan en el país y en la provincia y su utilización en la vida cotidiana, la importancia del sector minero en la economía nacional y provincial y la regulación ambiental de la actividad minera”. Esta mera enunciación expone el desconocimiento de los enfoques problematizadores y críticos de la pedagogía y transparenta una intención doctrinaria, más propia de la propaganda que de la práctica educativa.
A su vez, dicha perspectiva curricular legitimaría el accionar de las empresas mineras manteniendo ocultos no sólo los graves daños ocasionados por la megaminería, sino también los procesos de lucha y resistencia que vienen llevando a cabo las comunidades campesinas, los pueblos originarios, las asambleas ambientalistas y ciudadanas, entre otros, en cada uno de los territorios. Estos saberes son absolutamente invisibilizados frente a la mirada sesgada de la corporación minera.
Asimismo en otro apartado se determina que “las partes instarán a los organismos de ciencia y tecnología que dependan de sus jurisdicciones a financiar actividades de investigación y desarrollo” para, por ejemplo, mejorar el conocimiento de los recursos mineros existentes, o sea que son los propios organismos científicos públicos los que deberán financiar los costos de las necesidades empresariales. Una vez más demuestra el carácter mercantilista y proextractivista del acuerdo delineando el lugar asignado a educación, ciencia y tecnología dentro del esquema que optimiza la maximización de las ganancias para las empresas.
Así se configura la “política de Estado minera” asignando a universidades e instituciones educativas la función de “promover y articular planes de capacitación, (...) a fin de desarrollar las capacidades requeridas por la industria minera”. El paradigma centrado en la formación de competencias restringidas a los objetivos empresariales requiere de una universidad oferente de la mano de obra que las corporaciones mineras extractivistas necesitan, y se sostiene desde argumentos absolutamente pragmáticos y utilitaristas.
Este involucramiento de los CEO empresariales mineros en educación ya tiene historia. Por ejemplo el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y director de Asuntos Corporativos de la Minera Cerro Negro reclamaba que “Los manuales de las escuelas primarias y secundarias siguen tratando a la minería como una actividad contaminante cuando el país promueve el desarrollo de la minería. Nosotros tenemos un programa de minería sustentable, que las escuelas creen esa conciencia en los jóvenes no va de la mano. Hay que romper esos esquemas y poder explicarles a los colegios y a los chicos lo que significa la minería”. Claramente el acuerdo se encamina a dar respuesta a estos requerimientos al negar los efectos de las prácticas extractivas que promueven y exhibir la actividad minera como promotora del “desarrollo sustentable”.
El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, ya se expidió sobre este asunto. Denunció en una carta enviada al ministro Bullrich: “Plantear que las empresas mineras generan ‘desarrollo económico para el país’ es desconocer que esas riquezas que dicen generar no aportan a los pueblos más que contaminación, saqueo, destrucción y violación de los derechos humanos de las poblaciones en las que se encuentran los yacimientos mineros a gran escala, además de la intromisión en los territorios de los pueblos indígenas, lugar en donde se hayan los minerales que se pretenden extraer”.
Frente a los conflictos socioambientales, el acuerdo diseña como estrategia la penetración directa en los territorios, única forma de adquirir la ansiada “licencia social”. En esa línea postula “maximizar los beneficios de la actividad minera en las comunidades y poblaciones” donde se llevan a cabo estos emplazamientos, y para ello estimula y promueve todas aquellas acciones que preparen a las comunidades de forma previa. En este camino es que se prevé la intervención pedagógica en sinergia con ubicar a la escuela como el espacio privilegiado para manufacturar el consenso acerca de estos megaproyectos extractivistas.
Utilizan eufemísticamente la ideología –en el sentido de falsa conciencia– del desarrollo sustentable y el equilibrio armónico del ambiente, dando por sentado que habrá riesgos para las poblaciones, pero que la política de Estado minera intentará minimizarlos. O sea, por un lado preparan el consenso, acallan las voces y forman para quebrar la resistencia social y por el otro legitiman desde un discurso seductor con las promesas de mayor empleabilidad, en épocas de crecientes flujos de desocupación, y de una supuesta mayor responsabilidad social por parte de las empresas. Constituyéndose en una nueva pedagogía de la hegemonía, que intenta invisibilizar las irreparables heridas ambientales, los daños colaterales sociales que arrastra el modelo extractivo de megaminería.
En esta “avanzada” observamos estrategias directas de intromisión en la educación viabilizadas, en este caso, por un Acuerdo Federal. Coincidimos con Mirta Antonelli, investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, quien marca la creciente incidencia de las empresas extractivas en la educación, señalando una tendencia ya prevista en el plan estratégico comunicacional para la empresa minera en la Argentina. De todos modos resta el análisis de los poderes legislativos que tendrán que posicionarse frente a estas nuevas formas de cooptación y privatización.
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El 23 de junio culminó el proceso de negociación entre las corporaciones mineras, el Estado nacional y los estados provinciales con la rúbrica del nuevo Acuerdo Federal Minero.
En línea con la avanzada extractivista de las últimas décadas, la alianza estatal empresarial de la megaminería da la disputa en el campo educativo con la introducción de un apartado específico denominado “Aspectos educativos y formativos”. Basado en que la comunidad educativa debe recibir conocimientos sobre la actividad minera “con fundamento científico”, compromete a las partes a “llevar adelante acciones con el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y los ministerios de Educación provinciales” a los efectos de incorporar un listado de contenidos dentro de las currículas de “los niveles primario, secundario y terciario”.
¿Por qué un acuerdo minero tendría la potestad de definir qué enseñar en las escuelas? Como una provocación, y una inédita intromisión en el ámbito educativo, en el convenio se fijan los temas a ser inculcados: “La constitución geológica del territorio nacional y provincial, los productos mineros que se generan en el país y en la provincia y su utilización en la vida cotidiana, la importancia del sector minero en la economía nacional y provincial y la regulación ambiental de la actividad minera”. Esta mera enunciación expone el desconocimiento de los enfoques problematizadores y críticos de la pedagogía y transparenta una intención doctrinaria, más propia de la propaganda que de la práctica educativa.
A su vez, dicha perspectiva curricular legitimaría el accionar de las empresas mineras manteniendo ocultos no sólo los graves daños ocasionados por la megaminería, sino también los procesos de lucha y resistencia que vienen llevando a cabo las comunidades campesinas, los pueblos originarios, las asambleas ambientalistas y ciudadanas, entre otros, en cada uno de los territorios. Estos saberes son absolutamente invisibilizados frente a la mirada sesgada de la corporación minera.
Asimismo en otro apartado se determina que “las partes instarán a los organismos de ciencia y tecnología que dependan de sus jurisdicciones a financiar actividades de investigación y desarrollo” para, por ejemplo, mejorar el conocimiento de los recursos mineros existentes, o sea que son los propios organismos científicos públicos los que deberán financiar los costos de las necesidades empresariales. Una vez más demuestra el carácter mercantilista y proextractivista del acuerdo delineando el lugar asignado a educación, ciencia y tecnología dentro del esquema que optimiza la maximización de las ganancias para las empresas.
Así se configura la “política de Estado minera” asignando a universidades e instituciones educativas la función de “promover y articular planes de capacitación, (...) a fin de desarrollar las capacidades requeridas por la industria minera”. El paradigma centrado en la formación de competencias restringidas a los objetivos empresariales requiere de una universidad oferente de la mano de obra que las corporaciones mineras extractivistas necesitan, y se sostiene desde argumentos absolutamente pragmáticos y utilitaristas.
Este involucramiento de los CEO empresariales mineros en educación ya tiene historia. Por ejemplo el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y director de Asuntos Corporativos de la Minera Cerro Negro reclamaba que “Los manuales de las escuelas primarias y secundarias siguen tratando a la minería como una actividad contaminante cuando el país promueve el desarrollo de la minería. Nosotros tenemos un programa de minería sustentable, que las escuelas creen esa conciencia en los jóvenes no va de la mano. Hay que romper esos esquemas y poder explicarles a los colegios y a los chicos lo que significa la minería”. Claramente el acuerdo se encamina a dar respuesta a estos requerimientos al negar los efectos de las prácticas extractivas que promueven y exhibir la actividad minera como promotora del “desarrollo sustentable”.
El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, ya se expidió sobre este asunto. Denunció en una carta enviada al ministro Bullrich: “Plantear que las empresas mineras generan ‘desarrollo económico para el país’ es desconocer que esas riquezas que dicen generar no aportan a los pueblos más que contaminación, saqueo, destrucción y violación de los derechos humanos de las poblaciones en las que se encuentran los yacimientos mineros a gran escala, además de la intromisión en los territorios de los pueblos indígenas, lugar en donde se hayan los minerales que se pretenden extraer”.
Frente a los conflictos socioambientales, el acuerdo diseña como estrategia la penetración directa en los territorios, única forma de adquirir la ansiada “licencia social”. En esa línea postula “maximizar los beneficios de la actividad minera en las comunidades y poblaciones” donde se llevan a cabo estos emplazamientos, y para ello estimula y promueve todas aquellas acciones que preparen a las comunidades de forma previa. En este camino es que se prevé la intervención pedagógica en sinergia con ubicar a la escuela como el espacio privilegiado para manufacturar el consenso acerca de estos megaproyectos extractivistas.
Utilizan eufemísticamente la ideología –en el sentido de falsa conciencia– del desarrollo sustentable y el equilibrio armónico del ambiente, dando por sentado que habrá riesgos para las poblaciones, pero que la política de Estado minera intentará minimizarlos. O sea, por un lado preparan el consenso, acallan las voces y forman para quebrar la resistencia social y por el otro legitiman desde un discurso seductor con las promesas de mayor empleabilidad, en épocas de crecientes flujos de desocupación, y de una supuesta mayor responsabilidad social por parte de las empresas. Constituyéndose en una nueva pedagogía de la hegemonía, que intenta invisibilizar las irreparables heridas ambientales, los daños colaterales sociales que arrastra el modelo extractivo de megaminería.
En esta “avanzada” observamos estrategias directas de intromisión en la educación viabilizadas, en este caso, por un Acuerdo Federal. Coincidimos con Mirta Antonelli, investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, quien marca la creciente incidencia de las empresas extractivas en la educación, señalando una tendencia ya prevista en el plan estratégico comunicacional para la empresa minera en la Argentina. De todos modos resta el análisis de los poderes legislativos que tendrán que posicionarse frente a estas nuevas formas de cooptación y privatización.
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Rio Negro: piden de nuevo la derogada ley anticianuro
Calcatreu, piden restituir la ley anticianuro
Fecha de Publicación: 11/07/2017
Fuente: ADN Rio Negro
Provincia/Región: Rio Negro
Madgalena Odarda reclamó que se restituya la ley 3981, conocida como anticianuro, derogada el 29 de diciembre del 2011, en los albores del gobierno del extinto gobernador Carlos Soria. En esa oportunidad, la legisladora Arabela Carrera, fue la vocera del oficialismo en derogar esta ley que había sido votada en el 2005, como reclamo de las asambleas de vecinos en todo Río Negro ante de proyectos mineros de explotación a gran escala con uso de sustancias tóxicas.
Al fundamentar este pedido, la senadora rionegrino denunció la intención del gobierno de Alberto Weretilneck de facilitar el avance de la mega minería en Calcatreu, en Ingeniero Jacobacci. Se conoció en tal sentido que la empresa Patagonia Gold podría comprar el proyecto de oro y plata Calcatreu, a la empresa Minera Aquiline S.A, subsidiaria de Pan American Silver Corp. La empresa Patagonia Gold estaría haciendo trabajos de exploración para ver la factibilidad del proyecto.
Odarda recordó que hace poco más de 10 años, la comunidad de Jacobacci pudo informarse acerca de los efectos de la megaminería, en virtud de que los efectos del movimiento de suelo afectan las vertientes de agua subterráneas que abastecen por pozos a los pobladores campesinos, que deriva en la falta de agua.
La explotación minera de estas características es de alto impacto ambiental en tanto requiere de la utilización de grandes espacios, explosiones, movimientos de suelo, gran cantidad de agua y uso de sustancias químicas para el proceso de lixiviación y separación de metales de la roca, disposición de escoria y piletas de drenaje.
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Fecha de Publicación: 11/07/2017
Fuente: ADN Rio Negro
Provincia/Región: Rio Negro
Madgalena Odarda reclamó que se restituya la ley 3981, conocida como anticianuro, derogada el 29 de diciembre del 2011, en los albores del gobierno del extinto gobernador Carlos Soria. En esa oportunidad, la legisladora Arabela Carrera, fue la vocera del oficialismo en derogar esta ley que había sido votada en el 2005, como reclamo de las asambleas de vecinos en todo Río Negro ante de proyectos mineros de explotación a gran escala con uso de sustancias tóxicas.
Al fundamentar este pedido, la senadora rionegrino denunció la intención del gobierno de Alberto Weretilneck de facilitar el avance de la mega minería en Calcatreu, en Ingeniero Jacobacci. Se conoció en tal sentido que la empresa Patagonia Gold podría comprar el proyecto de oro y plata Calcatreu, a la empresa Minera Aquiline S.A, subsidiaria de Pan American Silver Corp. La empresa Patagonia Gold estaría haciendo trabajos de exploración para ver la factibilidad del proyecto.
Odarda recordó que hace poco más de 10 años, la comunidad de Jacobacci pudo informarse acerca de los efectos de la megaminería, en virtud de que los efectos del movimiento de suelo afectan las vertientes de agua subterráneas que abastecen por pozos a los pobladores campesinos, que deriva en la falta de agua.
La explotación minera de estas características es de alto impacto ambiental en tanto requiere de la utilización de grandes espacios, explosiones, movimientos de suelo, gran cantidad de agua y uso de sustancias químicas para el proceso de lixiviación y separación de metales de la roca, disposición de escoria y piletas de drenaje.
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El Parque Los Alerces es Patrimonio de la Humanidad
La Unesco declaró Patrimonio Natural de la Humanidad al Parque Los Alerces
Fecha de Publicación: 10/07/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Chubut
La distinción se basa en que el Parque alberga un bosque milenario con valor universal excepcional. El alerce es la segunda especie viviente más longeva del planeta.
El comité de la Unesco para el Patrimonio de la Humanidad inscribió este viernes en la lista de Patrimonio Natural al Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, Argentina, en su reunión de Cracovia (Polonia).
La distinción se basa en que el Parque alberga un bosque milenario con "valor universal excepcional", y destaca que el alerce es la segunda especie viviente más longeva del planeta, así como la particular belleza natural del entorno.
"Siempre hemos creído en la importancia de proteger Los Alerces, donde existe una gran diversidad de fauna y flora, y precisamente con el objetivo de preservarlo para las generaciones futuras se creó el Parque Nacional", señaló el representante de Argentina ante la Unesco, Miguel Ángel Hildmann.
"Hemos dedicado mucho trabajo en la protección de nuestros espacios naturales y lo seguiremos haciendo por el bien de la humanidad", añadió.
La propuesta aprobada comprende cerca de 190.000 hectáreas del Parque Nacional Los Alerces, de las cuales más de siete mil están formadas por el bosques milenario de alerces, con ejemplares que alcanzan 2.600 años de existencia.
El Parque Nacional Los Alerces se encuentra en el noroeste de la región argentina de Chubut, y forma parte de la Reserva de Biósfera Andino Norpatagónica (Unesco), integrada además por los Parques Nacionales Lago Puelo, Nahuel Huapi, Los Arrayanes y Lanín, así como por territorios provinciales de Río Negro y Chubut.
La 41 reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco se celebra en Cracovia hasta el próximo 12 de julio.
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Fecha de Publicación: 10/07/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Chubut
La distinción se basa en que el Parque alberga un bosque milenario con valor universal excepcional. El alerce es la segunda especie viviente más longeva del planeta.
El comité de la Unesco para el Patrimonio de la Humanidad inscribió este viernes en la lista de Patrimonio Natural al Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, Argentina, en su reunión de Cracovia (Polonia).
La distinción se basa en que el Parque alberga un bosque milenario con "valor universal excepcional", y destaca que el alerce es la segunda especie viviente más longeva del planeta, así como la particular belleza natural del entorno.
"Siempre hemos creído en la importancia de proteger Los Alerces, donde existe una gran diversidad de fauna y flora, y precisamente con el objetivo de preservarlo para las generaciones futuras se creó el Parque Nacional", señaló el representante de Argentina ante la Unesco, Miguel Ángel Hildmann.
"Hemos dedicado mucho trabajo en la protección de nuestros espacios naturales y lo seguiremos haciendo por el bien de la humanidad", añadió.
La propuesta aprobada comprende cerca de 190.000 hectáreas del Parque Nacional Los Alerces, de las cuales más de siete mil están formadas por el bosques milenario de alerces, con ejemplares que alcanzan 2.600 años de existencia.
El Parque Nacional Los Alerces se encuentra en el noroeste de la región argentina de Chubut, y forma parte de la Reserva de Biósfera Andino Norpatagónica (Unesco), integrada además por los Parques Nacionales Lago Puelo, Nahuel Huapi, Los Arrayanes y Lanín, así como por territorios provinciales de Río Negro y Chubut.
La 41 reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco se celebra en Cracovia hasta el próximo 12 de julio.
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El camino en el Moconá frenado por la justicia
La Justicia dictaminó una medida de "no innovar" y frenó el camino en el Moconá
Fecha de Publicación: 10/07/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Las máquinas viales se retiraron del lugar este miércoles por la tarde. Los militantes ecologistas hacen guardia cerca del Parque. Presentarán firmas de rechazo en Casa de Gobierno y un proyecto en la Legislatura.
La Justicia dictó la medida de no innovar y ordenó suspender la construcción del camino en el Parque Provincial Moconá, para unir la ruta 2 con el Lote 8, en la reserva.
La medida fue solicitada el martes por dirigentes que se oponen al camino por el impacto ecológico que tendría. Sin embargo, las comunidades originarias que habitan el Lote 8 le solicitaron al Gobierno que avance con la obra para tener una salida más rápida y segura hacia la ruta 2, atravesando el Parque, para transportar mercadería y para que pueda ingresar una ambulancia en casos de emergencia.
La medida de no innovar fue resuelta este miércoles por el Juzgado Civil y Comercial 8 de Posadas, hoy a cargo de Viviana Gamberale por subrogancia legal, ya que el mismo está vacante desde que Rossana Venchiarutti se convirtió en ministra del Superior Tribunal.
Este fallo judicial confronta con el decreto del Ejecutivo, que habilitó al Ministerio de Ecología a continuar con los trámites administrativos para la obra y con la resolución de la ministra, Verónica Derna, quien aprobó la viabilidad ambiental de un camino de cuatro metros de ancho y tres kilómetros de longitud.
El camino se inició el lunes a primera hora, con la participación de integrantes de las comunidades mbya guaraní del Lote 8, quienes realizaron las ampliaciones del trillo a machete.
El miércoles por la mañana se acercaron máquinas viales al lugar, con la intención de continuar la ampliación del sendero, que está proyectado en un ancho de cuatro metros. Pero por alguna razón, pasado el mediodía las máquinas se retiraron. PRIMERA EDICIÓN accedió en exclusiva a la medida de no innovar que se redactó en el Juzgado ayer al filo del mediodía.
Posiblemente la información se filtró hasta los operarios viales quienes abandonaron el lugar sin dar explicaciones. Pero fuentes de la Justicia aseguran que todavía no se habían notificado y que era imposible que sepan de la medida.
Las organizaciones ambientalistas, los guardaparques y algunos referentes políticos de la oposición igualmente continúan con las acciones en contra de este camino. Hoy, por ejemplo, se presentarán en Casa de Gobierno las nueve mil firmas recolectadas esta semana para rechazar el proyecto.
También se elevaría a la Legislatura un proyecto de ley para prohibir cualquier uso que no sea de parte de las comunidades.
Desde el domingo hay una decena de militantes ecologistas que están acampando en las inmediaciones del Parque para oponerse al ingreso de la maquinaria. Ayer, incluso luego de que las máquinas se retiraran, integrantes del grupo “Defensores de la Selva” se quedaron en las inmediaciones para observar que no regresen.
Los guardaparques acusan al Gobierno de tener la decisión tomada desde hace tiempo, sin respetar la categoría Roja del Parque. Creen que detrás del emprendimiento está la intención de beneficiar a un proyecto turístico privado de los propietarios del lote 8. Sin embargo, desde esta empresa aclararon que no harán ningún emprendimiento hotelero ni nada parecido.
Los opositores al camino aclaran que hay otras alternativas para ingresar al Lote 8 por afuera del Parque, sin dañar la vegetación; pero la respuesta del Gobierno es que se deberían construir puentes y sería una alternativa muy costosa, de muchos millones de pesos, en un momento donde no hay recursos suficientes para obras.
Todavía queda en la Justicia un recurso de amparo que no fue resuelto. Se presentó el año pasado pero quedó en suspenso cuando el Gobernador suspendió todas las acciones hasta tanto se realice una viabilidad ambiental.
La semana pasada el Ministerio de Ecología aprobó la viabilidad ambiental y la polémica volvió a estallar. Ahora, la acción de no innovar pone todo nuevamente en suspenso y restará esperar la definición de la Justicia provincial sobre la cuestión de fondo, que seguramente llevará algunos meses o incluso años.
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Fecha de Publicación: 10/07/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Las máquinas viales se retiraron del lugar este miércoles por la tarde. Los militantes ecologistas hacen guardia cerca del Parque. Presentarán firmas de rechazo en Casa de Gobierno y un proyecto en la Legislatura.
La Justicia dictó la medida de no innovar y ordenó suspender la construcción del camino en el Parque Provincial Moconá, para unir la ruta 2 con el Lote 8, en la reserva.
La medida fue solicitada el martes por dirigentes que se oponen al camino por el impacto ecológico que tendría. Sin embargo, las comunidades originarias que habitan el Lote 8 le solicitaron al Gobierno que avance con la obra para tener una salida más rápida y segura hacia la ruta 2, atravesando el Parque, para transportar mercadería y para que pueda ingresar una ambulancia en casos de emergencia.
La medida de no innovar fue resuelta este miércoles por el Juzgado Civil y Comercial 8 de Posadas, hoy a cargo de Viviana Gamberale por subrogancia legal, ya que el mismo está vacante desde que Rossana Venchiarutti se convirtió en ministra del Superior Tribunal.
Este fallo judicial confronta con el decreto del Ejecutivo, que habilitó al Ministerio de Ecología a continuar con los trámites administrativos para la obra y con la resolución de la ministra, Verónica Derna, quien aprobó la viabilidad ambiental de un camino de cuatro metros de ancho y tres kilómetros de longitud.
El camino se inició el lunes a primera hora, con la participación de integrantes de las comunidades mbya guaraní del Lote 8, quienes realizaron las ampliaciones del trillo a machete.
El miércoles por la mañana se acercaron máquinas viales al lugar, con la intención de continuar la ampliación del sendero, que está proyectado en un ancho de cuatro metros. Pero por alguna razón, pasado el mediodía las máquinas se retiraron. PRIMERA EDICIÓN accedió en exclusiva a la medida de no innovar que se redactó en el Juzgado ayer al filo del mediodía.
Posiblemente la información se filtró hasta los operarios viales quienes abandonaron el lugar sin dar explicaciones. Pero fuentes de la Justicia aseguran que todavía no se habían notificado y que era imposible que sepan de la medida.
Las organizaciones ambientalistas, los guardaparques y algunos referentes políticos de la oposición igualmente continúan con las acciones en contra de este camino. Hoy, por ejemplo, se presentarán en Casa de Gobierno las nueve mil firmas recolectadas esta semana para rechazar el proyecto.
También se elevaría a la Legislatura un proyecto de ley para prohibir cualquier uso que no sea de parte de las comunidades.
Desde el domingo hay una decena de militantes ecologistas que están acampando en las inmediaciones del Parque para oponerse al ingreso de la maquinaria. Ayer, incluso luego de que las máquinas se retiraran, integrantes del grupo “Defensores de la Selva” se quedaron en las inmediaciones para observar que no regresen.
Los guardaparques acusan al Gobierno de tener la decisión tomada desde hace tiempo, sin respetar la categoría Roja del Parque. Creen que detrás del emprendimiento está la intención de beneficiar a un proyecto turístico privado de los propietarios del lote 8. Sin embargo, desde esta empresa aclararon que no harán ningún emprendimiento hotelero ni nada parecido.
Los opositores al camino aclaran que hay otras alternativas para ingresar al Lote 8 por afuera del Parque, sin dañar la vegetación; pero la respuesta del Gobierno es que se deberían construir puentes y sería una alternativa muy costosa, de muchos millones de pesos, en un momento donde no hay recursos suficientes para obras.
Todavía queda en la Justicia un recurso de amparo que no fue resuelto. Se presentó el año pasado pero quedó en suspenso cuando el Gobernador suspendió todas las acciones hasta tanto se realice una viabilidad ambiental.
La semana pasada el Ministerio de Ecología aprobó la viabilidad ambiental y la polémica volvió a estallar. Ahora, la acción de no innovar pone todo nuevamente en suspenso y restará esperar la definición de la Justicia provincial sobre la cuestión de fondo, que seguramente llevará algunos meses o incluso años.
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El Riachuelo fuente interminable de incumplimientos
Riachuelo: fuertes críticas al organismo encargado de sanearlo
Fecha de Publicación: 10/07/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
A nueve años del fallo de la Corte que ordena limpiarlo, ONG alertan sobre faltas
El 7 de julio de 2008 la Corte Suprema de Justicia ordenó a los gobiernos de la Nación, la provincia y la Ciudad limpiar el Riachuelo, la cuenca más contaminada de la Argentina, pero el saneamiento parece cada vez más lejano y el futuro asoma desolador. Eso es lo que se desprende de un informe elaborado por las organizaciones sociales y ambientales que forman el Cuerpo Colegiado al cumplirse nueve años de aquel fallo por el que los titulares de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) debieron responder ante el máximo tribunal en diciembre pasado.
Cuestionamientos sobre el control de vertidos y emisiones, la presencia de basurales a cielo abierto, el plan de relocalización de las familias que viven sobre el lecho del río y las dificultades para identificar la población en riesgo, entre otros, son los puntos salientes del documento firmado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Greenpeace Argentina, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y la Asociación Vecinos La Boca.
"La resolución adoptada por Acumar (Nº 46/2017) permite verter en el agua sustancias prohibidas por la Convención de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), a la cual nuestro país ha adherido", se lee en el documento difundido ayer. Desde el organismo rechazaron esta acusación y argumentaron que se cumple con la ley nacional 26.011 sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, que obliga a fijar medidas para reducir o eliminar la producción y uso de los distintos productos químicos.
"Es una de las deudas ambientales más grandes del país. Y es el reflejo claro del fracaso de las políticas que heredamos. La intervención de la Justicia es una prueba de que esa forma de hacer política fracasó. Hoy, vemos el fracaso cada vez que caminamos la cuenca", argumentó Dorina Bonetti, directora general de Gestión Política y Social de Acumar.
De acuerdo con las organizaciones sociales y ambientales, el cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo de 2010 que prevía la construcción de 17.771 soluciones habitacionales "ha sido muy bajo" y de los hogares en sectores vulnerables de la cuenca sólo fueron realojados una parte. Según indicaron, esta situación cuenta con el agravante de que más de la mitad de los basurales a cielo abierto que habían sido removidos volvieron a estar en actividad.
Para el Cuerpo Colegiado, a casi una década del fallo de la Corte Suprema, no se logró "identificar de manera específica la población en riesgo" y tampoco "se generaron capacidades para evaluar la situación de salud ambiental ni se articuló una intervención de las distintas áreas de Acumar para reducir la exposición de poblaciones especialmente vulnerables a amenazas producidas por la contaminación".
Acumar se encuentra bajo la dirección de Gladys González desde diciembre de 2016 cuando reemplazó a Julio Torti. Hasta ese momento Acumar dependía del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación bajo la órbita de Sergio Bergman. González dejará su cargo para asumir los compromisos de candidata a senadora.
"Pasa el tiempo y vemos que la reconversión industrial sólo alcanza el 30%. Los informes están claros, lo que queremos es que quede claro que esto es una sentencia judicial", dijo el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en diciembre de 2016 durante la audiencia pública convocada por el máximo tribunal para que se rindan cuentas sobre el fallo de 2008.
El diagnóstico de los funcionarios de la Acumar fue alarmante: un tercio de los chicos analizados por contaminación con plomo en Dock Sud, en la Villa Inflamable, con problemas psicomotores; 5200 millones de dólares invertidos en la cuenca aunque sin precisiones sobre su destino, y sólo el 20% de la sentencia cumplida.
Dos siglos de promesas
Los planes de limpieza comenzaron hace 200 años
1811 El Primer Triunvirato se compromete a limpiar el Riachuelo debido a la contaminación producida por curtiembres, mataderos y saladeros. Fue la primera promesa.
1987 Los gobiernos de la Nación, Provincia y Ciudad firman un convenio para resolver, en 20 años, los problemas ambientales con una inversión de 1000 millones de dólares.
1993 María Julia Alsogaray, por entonces secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, prometió la limpieza y saneamiento del Riachuelo en 1000 días.
2008 La Corte Suprema ordena que los tres gobiernos lleven adelante las tareas de saneamiento.
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Fecha de Publicación: 10/07/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
A nueve años del fallo de la Corte que ordena limpiarlo, ONG alertan sobre faltas
El 7 de julio de 2008 la Corte Suprema de Justicia ordenó a los gobiernos de la Nación, la provincia y la Ciudad limpiar el Riachuelo, la cuenca más contaminada de la Argentina, pero el saneamiento parece cada vez más lejano y el futuro asoma desolador. Eso es lo que se desprende de un informe elaborado por las organizaciones sociales y ambientales que forman el Cuerpo Colegiado al cumplirse nueve años de aquel fallo por el que los titulares de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) debieron responder ante el máximo tribunal en diciembre pasado.
Cuestionamientos sobre el control de vertidos y emisiones, la presencia de basurales a cielo abierto, el plan de relocalización de las familias que viven sobre el lecho del río y las dificultades para identificar la población en riesgo, entre otros, son los puntos salientes del documento firmado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Greenpeace Argentina, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y la Asociación Vecinos La Boca.
"La resolución adoptada por Acumar (Nº 46/2017) permite verter en el agua sustancias prohibidas por la Convención de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), a la cual nuestro país ha adherido", se lee en el documento difundido ayer. Desde el organismo rechazaron esta acusación y argumentaron que se cumple con la ley nacional 26.011 sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, que obliga a fijar medidas para reducir o eliminar la producción y uso de los distintos productos químicos.
"Es una de las deudas ambientales más grandes del país. Y es el reflejo claro del fracaso de las políticas que heredamos. La intervención de la Justicia es una prueba de que esa forma de hacer política fracasó. Hoy, vemos el fracaso cada vez que caminamos la cuenca", argumentó Dorina Bonetti, directora general de Gestión Política y Social de Acumar.
De acuerdo con las organizaciones sociales y ambientales, el cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo de 2010 que prevía la construcción de 17.771 soluciones habitacionales "ha sido muy bajo" y de los hogares en sectores vulnerables de la cuenca sólo fueron realojados una parte. Según indicaron, esta situación cuenta con el agravante de que más de la mitad de los basurales a cielo abierto que habían sido removidos volvieron a estar en actividad.
Para el Cuerpo Colegiado, a casi una década del fallo de la Corte Suprema, no se logró "identificar de manera específica la población en riesgo" y tampoco "se generaron capacidades para evaluar la situación de salud ambiental ni se articuló una intervención de las distintas áreas de Acumar para reducir la exposición de poblaciones especialmente vulnerables a amenazas producidas por la contaminación".
Acumar se encuentra bajo la dirección de Gladys González desde diciembre de 2016 cuando reemplazó a Julio Torti. Hasta ese momento Acumar dependía del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación bajo la órbita de Sergio Bergman. González dejará su cargo para asumir los compromisos de candidata a senadora.
"Pasa el tiempo y vemos que la reconversión industrial sólo alcanza el 30%. Los informes están claros, lo que queremos es que quede claro que esto es una sentencia judicial", dijo el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en diciembre de 2016 durante la audiencia pública convocada por el máximo tribunal para que se rindan cuentas sobre el fallo de 2008.
El diagnóstico de los funcionarios de la Acumar fue alarmante: un tercio de los chicos analizados por contaminación con plomo en Dock Sud, en la Villa Inflamable, con problemas psicomotores; 5200 millones de dólares invertidos en la cuenca aunque sin precisiones sobre su destino, y sólo el 20% de la sentencia cumplida.
Dos siglos de promesas
Los planes de limpieza comenzaron hace 200 años
1811 El Primer Triunvirato se compromete a limpiar el Riachuelo debido a la contaminación producida por curtiembres, mataderos y saladeros. Fue la primera promesa.
1987 Los gobiernos de la Nación, Provincia y Ciudad firman un convenio para resolver, en 20 años, los problemas ambientales con una inversión de 1000 millones de dólares.
1993 María Julia Alsogaray, por entonces secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, prometió la limpieza y saneamiento del Riachuelo en 1000 días.
2008 La Corte Suprema ordena que los tres gobiernos lleven adelante las tareas de saneamiento.
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