La minería adoctrinando en las escuelas
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Eco Sitio |
La megaminería y su avanzada en el campo educativo
Fecha de Publicación: 11/07/2017
Fuente: Diario Río Negro
Fecha de Publicación: 11/07/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Nacional
El 23 de junio culminó el proceso de negociación entre las corporaciones mineras, el Estado nacional y los estados provinciales con la rúbrica del nuevo Acuerdo Federal Minero.
En línea con la avanzada extractivista de las últimas décadas, la alianza estatal empresarial de la megaminería da la disputa en el campo educativo con la introducción de un apartado específico denominado “Aspectos educativos y formativos”. Basado en que la comunidad educativa debe recibir conocimientos sobre la actividad minera “con fundamento científico”, compromete a las partes a “llevar adelante acciones con el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y los ministerios de Educación provinciales” a los efectos de incorporar un listado de contenidos dentro de las currículas de “los niveles primario, secundario y terciario”.
¿Por qué un acuerdo minero tendría la potestad de definir qué enseñar en las escuelas? Como una provocación, y una inédita intromisión en el ámbito educativo, en el convenio se fijan los temas a ser inculcados: “La constitución geológica del territorio nacional y provincial, los productos mineros que se generan en el país y en la provincia y su utilización en la vida cotidiana, la importancia del sector minero en la economía nacional y provincial y la regulación ambiental de la actividad minera”. Esta mera enunciación expone el desconocimiento de los enfoques problematizadores y críticos de la pedagogía y transparenta una intención doctrinaria, más propia de la propaganda que de la práctica educativa.
A su vez, dicha perspectiva curricular legitimaría el accionar de las empresas mineras manteniendo ocultos no sólo los graves daños ocasionados por la megaminería, sino también los procesos de lucha y resistencia que vienen llevando a cabo las comunidades campesinas, los pueblos originarios, las asambleas ambientalistas y ciudadanas, entre otros, en cada uno de los territorios. Estos saberes son absolutamente invisibilizados frente a la mirada sesgada de la corporación minera.
Asimismo en otro apartado se determina que “las partes instarán a los organismos de ciencia y tecnología que dependan de sus jurisdicciones a financiar actividades de investigación y desarrollo” para, por ejemplo, mejorar el conocimiento de los recursos mineros existentes, o sea que son los propios organismos científicos públicos los que deberán financiar los costos de las necesidades empresariales. Una vez más demuestra el carácter mercantilista y proextractivista del acuerdo delineando el lugar asignado a educación, ciencia y tecnología dentro del esquema que optimiza la maximización de las ganancias para las empresas.
Así se configura la “política de Estado minera” asignando a universidades e instituciones educativas la función de “promover y articular planes de capacitación, (...) a fin de desarrollar las capacidades requeridas por la industria minera”. El paradigma centrado en la formación de competencias restringidas a los objetivos empresariales requiere de una universidad oferente de la mano de obra que las corporaciones mineras extractivistas necesitan, y se sostiene desde argumentos absolutamente pragmáticos y utilitaristas.
Este involucramiento de los CEO empresariales mineros en educación ya tiene historia. Por ejemplo el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y director de Asuntos Corporativos de la Minera Cerro Negro reclamaba que “Los manuales de las escuelas primarias y secundarias siguen tratando a la minería como una actividad contaminante cuando el país promueve el desarrollo de la minería. Nosotros tenemos un programa de minería sustentable, que las escuelas creen esa conciencia en los jóvenes no va de la mano. Hay que romper esos esquemas y poder explicarles a los colegios y a los chicos lo que significa la minería”. Claramente el acuerdo se encamina a dar respuesta a estos requerimientos al negar los efectos de las prácticas extractivas que promueven y exhibir la actividad minera como promotora del “desarrollo sustentable”.
El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, ya se expidió sobre este asunto. Denunció en una carta enviada al ministro Bullrich: “Plantear que las empresas mineras generan ‘desarrollo económico para el país’ es desconocer que esas riquezas que dicen generar no aportan a los pueblos más que contaminación, saqueo, destrucción y violación de los derechos humanos de las poblaciones en las que se encuentran los yacimientos mineros a gran escala, además de la intromisión en los territorios de los pueblos indígenas, lugar en donde se hayan los minerales que se pretenden extraer”.
Frente a los conflictos socioambientales, el acuerdo diseña como estrategia la penetración directa en los territorios, única forma de adquirir la ansiada “licencia social”. En esa línea postula “maximizar los beneficios de la actividad minera en las comunidades y poblaciones” donde se llevan a cabo estos emplazamientos, y para ello estimula y promueve todas aquellas acciones que preparen a las comunidades de forma previa. En este camino es que se prevé la intervención pedagógica en sinergia con ubicar a la escuela como el espacio privilegiado para manufacturar el consenso acerca de estos megaproyectos extractivistas.
Utilizan eufemísticamente la ideología –en el sentido de falsa conciencia– del desarrollo sustentable y el equilibrio armónico del ambiente, dando por sentado que habrá riesgos para las poblaciones, pero que la política de Estado minera intentará minimizarlos. O sea, por un lado preparan el consenso, acallan las voces y forman para quebrar la resistencia social y por el otro legitiman desde un discurso seductor con las promesas de mayor empleabilidad, en épocas de crecientes flujos de desocupación, y de una supuesta mayor responsabilidad social por parte de las empresas. Constituyéndose en una nueva pedagogía de la hegemonía, que intenta invisibilizar las irreparables heridas ambientales, los daños colaterales sociales que arrastra el modelo extractivo de megaminería.
En esta “avanzada” observamos estrategias directas de intromisión en la educación viabilizadas, en este caso, por un Acuerdo Federal. Coincidimos con Mirta Antonelli, investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, quien marca la creciente incidencia de las empresas extractivas en la educación, señalando una tendencia ya prevista en el plan estratégico comunicacional para la empresa minera en la Argentina. De todos modos resta el análisis de los poderes legislativos que tendrán que posicionarse frente a estas nuevas formas de cooptación y privatización.
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El 23 de junio culminó el proceso de negociación entre las corporaciones mineras, el Estado nacional y los estados provinciales con la rúbrica del nuevo Acuerdo Federal Minero.
En línea con la avanzada extractivista de las últimas décadas, la alianza estatal empresarial de la megaminería da la disputa en el campo educativo con la introducción de un apartado específico denominado “Aspectos educativos y formativos”. Basado en que la comunidad educativa debe recibir conocimientos sobre la actividad minera “con fundamento científico”, compromete a las partes a “llevar adelante acciones con el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y los ministerios de Educación provinciales” a los efectos de incorporar un listado de contenidos dentro de las currículas de “los niveles primario, secundario y terciario”.
¿Por qué un acuerdo minero tendría la potestad de definir qué enseñar en las escuelas? Como una provocación, y una inédita intromisión en el ámbito educativo, en el convenio se fijan los temas a ser inculcados: “La constitución geológica del territorio nacional y provincial, los productos mineros que se generan en el país y en la provincia y su utilización en la vida cotidiana, la importancia del sector minero en la economía nacional y provincial y la regulación ambiental de la actividad minera”. Esta mera enunciación expone el desconocimiento de los enfoques problematizadores y críticos de la pedagogía y transparenta una intención doctrinaria, más propia de la propaganda que de la práctica educativa.
A su vez, dicha perspectiva curricular legitimaría el accionar de las empresas mineras manteniendo ocultos no sólo los graves daños ocasionados por la megaminería, sino también los procesos de lucha y resistencia que vienen llevando a cabo las comunidades campesinas, los pueblos originarios, las asambleas ambientalistas y ciudadanas, entre otros, en cada uno de los territorios. Estos saberes son absolutamente invisibilizados frente a la mirada sesgada de la corporación minera.
Asimismo en otro apartado se determina que “las partes instarán a los organismos de ciencia y tecnología que dependan de sus jurisdicciones a financiar actividades de investigación y desarrollo” para, por ejemplo, mejorar el conocimiento de los recursos mineros existentes, o sea que son los propios organismos científicos públicos los que deberán financiar los costos de las necesidades empresariales. Una vez más demuestra el carácter mercantilista y proextractivista del acuerdo delineando el lugar asignado a educación, ciencia y tecnología dentro del esquema que optimiza la maximización de las ganancias para las empresas.
Así se configura la “política de Estado minera” asignando a universidades e instituciones educativas la función de “promover y articular planes de capacitación, (...) a fin de desarrollar las capacidades requeridas por la industria minera”. El paradigma centrado en la formación de competencias restringidas a los objetivos empresariales requiere de una universidad oferente de la mano de obra que las corporaciones mineras extractivistas necesitan, y se sostiene desde argumentos absolutamente pragmáticos y utilitaristas.
Este involucramiento de los CEO empresariales mineros en educación ya tiene historia. Por ejemplo el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y director de Asuntos Corporativos de la Minera Cerro Negro reclamaba que “Los manuales de las escuelas primarias y secundarias siguen tratando a la minería como una actividad contaminante cuando el país promueve el desarrollo de la minería. Nosotros tenemos un programa de minería sustentable, que las escuelas creen esa conciencia en los jóvenes no va de la mano. Hay que romper esos esquemas y poder explicarles a los colegios y a los chicos lo que significa la minería”. Claramente el acuerdo se encamina a dar respuesta a estos requerimientos al negar los efectos de las prácticas extractivas que promueven y exhibir la actividad minera como promotora del “desarrollo sustentable”.
El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, ya se expidió sobre este asunto. Denunció en una carta enviada al ministro Bullrich: “Plantear que las empresas mineras generan ‘desarrollo económico para el país’ es desconocer que esas riquezas que dicen generar no aportan a los pueblos más que contaminación, saqueo, destrucción y violación de los derechos humanos de las poblaciones en las que se encuentran los yacimientos mineros a gran escala, además de la intromisión en los territorios de los pueblos indígenas, lugar en donde se hayan los minerales que se pretenden extraer”.
Frente a los conflictos socioambientales, el acuerdo diseña como estrategia la penetración directa en los territorios, única forma de adquirir la ansiada “licencia social”. En esa línea postula “maximizar los beneficios de la actividad minera en las comunidades y poblaciones” donde se llevan a cabo estos emplazamientos, y para ello estimula y promueve todas aquellas acciones que preparen a las comunidades de forma previa. En este camino es que se prevé la intervención pedagógica en sinergia con ubicar a la escuela como el espacio privilegiado para manufacturar el consenso acerca de estos megaproyectos extractivistas.
Utilizan eufemísticamente la ideología –en el sentido de falsa conciencia– del desarrollo sustentable y el equilibrio armónico del ambiente, dando por sentado que habrá riesgos para las poblaciones, pero que la política de Estado minera intentará minimizarlos. O sea, por un lado preparan el consenso, acallan las voces y forman para quebrar la resistencia social y por el otro legitiman desde un discurso seductor con las promesas de mayor empleabilidad, en épocas de crecientes flujos de desocupación, y de una supuesta mayor responsabilidad social por parte de las empresas. Constituyéndose en una nueva pedagogía de la hegemonía, que intenta invisibilizar las irreparables heridas ambientales, los daños colaterales sociales que arrastra el modelo extractivo de megaminería.
En esta “avanzada” observamos estrategias directas de intromisión en la educación viabilizadas, en este caso, por un Acuerdo Federal. Coincidimos con Mirta Antonelli, investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, quien marca la creciente incidencia de las empresas extractivas en la educación, señalando una tendencia ya prevista en el plan estratégico comunicacional para la empresa minera en la Argentina. De todos modos resta el análisis de los poderes legislativos que tendrán que posicionarse frente a estas nuevas formas de cooptación y privatización.
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