Paisaje fueguino en riesgo
17:22 | 
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Eco Sitio |
Paisaje fueguino en riesgo
Fecha de Publicación: 30/05/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Tierra del Fuego
La instalación de gigantescas torres en la zona implicará un impacto en el ecosistema y también en el atractivo turístico.
De acuerdo con el llamado Fideicomiso Austral, creado con regalías aportadas al Estado nacional por las empresas petroleras que operan en áreas costas afuera (offshore) con fondos del Tesoro nacional que surjan de partidas o créditos presupuestarios asignados para tal fin, y por regalías de áreas en licitación que la provincia concesionaría dentro de su territorio, se proyecta prolongar el tendido del sistema interconectado eléctrico provincial. Se trataría de un cableado todo aéreo, de 179 kilómetros, que unirá Río Grande con Ushuaia, y que sin duda constituye un proyecto de envergadura beneficioso para la provincia más austral de nuestro país.
La obra, promocionada por autoridades legislativas y provinciales, se ha presentado rodeada de especial hermetismo respecto de sus características y detalles de construcción, lo que ha despertado preocupación en quienes saben con certeza que el atractivo escénico es uno de los recursos más importantes que posee la provincia y que le ha valido un justo reconocimiento nacional e internacional. La instalación de gigantescas torres en el bellísimo paisaje fueguino no sólo implicará un impacto en el ecosistema, sino un impacto al atractivo visual del que se nutre el turismo provincial, por la irreversible contaminación visual desde tierra y desde el mar, donde se hacen frecuentes paseos para apreciar los atractivos naturales del Canal de Beagle.
El paisaje de Tierra del Fuego constituye un patrimonio natural único y, como tal, un atractivo turístico insoslayable que representa un recurso fundamental para el desarrollo local. Si se degrada, su calidad disminuye, y el lugar dejaría de ser atractivo desde el punto de vista turístico, y los visitantes no regresarían. Algo similar ocurre cuando, con el pretexto del progreso, se presentan proyectos de infraestructura que ponen en riesgo el patrimonio de determinados lugares sin considerar las pérdidas, en términos de cultura, naturaleza y de turismo.
Nuestro país cuenta con dos experiencias que podrían asimilarse a este caso y que merecen recordarse: el caso de la reserva provincial Iberá y el de la Quebrada de Humahuaca. En el primero, una línea de alta tensión fue instalada en los Esteros del Iberá, provincia de Corrientes, el segundo humedal en América del Sur designado sitio Rámsar, lo que degradó el valor escénico y el potencial desarrollo ecoturístico del área.
En la Quebrada de Humahuaca, en Jujuy, se presentó a fines de la década del 90 un proyecto para construir una línea de alta tensión que significaba emplazar 125 columnas metálicas de 22 metros de altura a través de toda la quebrada. La intrusión estética de las obras en el paisaje iba a producir un grave impacto sobre una de las áreas más atractivas del país por sus recursos naturales y culturales. La comunidad se opuso al proyecto mediante un proceso de participación pública, y con el apoyo de diversas ONG locales y nacionales se logró paralizar una obra que sin duda hubiera afectado la economía provincial. Años después, la Quebrada de Humahuaca fue declarada Sitio Natural del Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, designación que difícilmente habría alcanzado si la instalación se hubiera concretado.
En muchos lugares en donde se reconoce el valor del paisaje se han puesto en marcha obras para soterrar las líneas eléctricas de alta tensión. Instalarlas en un lugar tan frágil de naturaleza virgen como Ushuaia sería ir a contrapelo no sólo de una tendencia mundial, sino del posicionamiento de la provincia de Tierra del Fuego como un sitio de paisajes naturales deslumbrantes. Es obvio que se requiere un debate mucho más profundo y de mayor participación de modo que el atractivo natural de Ushuaia no se vea perjudicado.
Cualquier emprendimiento que degrade el ambiente implicará la pérdida de la calidad turística del lugar y consecuentemente una disminución de las posibilidades de producir ingresos locales genuinos. Si se lo analizara como un recurso cualquiera, se diría que el turismo representa un recurso esencialmente renovable. Sin embargo, al igual que otros cuyo mal manejo transformó en no renovables, los recursos turísticos, si carecen de un manejo adecuado, pueden transformarse en no renovables y agotarse.
Fecha de Publicación: 30/05/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Tierra del Fuego
La instalación de gigantescas torres en la zona implicará un impacto en el ecosistema y también en el atractivo turístico.
De acuerdo con el llamado Fideicomiso Austral, creado con regalías aportadas al Estado nacional por las empresas petroleras que operan en áreas costas afuera (offshore) con fondos del Tesoro nacional que surjan de partidas o créditos presupuestarios asignados para tal fin, y por regalías de áreas en licitación que la provincia concesionaría dentro de su territorio, se proyecta prolongar el tendido del sistema interconectado eléctrico provincial. Se trataría de un cableado todo aéreo, de 179 kilómetros, que unirá Río Grande con Ushuaia, y que sin duda constituye un proyecto de envergadura beneficioso para la provincia más austral de nuestro país.
La obra, promocionada por autoridades legislativas y provinciales, se ha presentado rodeada de especial hermetismo respecto de sus características y detalles de construcción, lo que ha despertado preocupación en quienes saben con certeza que el atractivo escénico es uno de los recursos más importantes que posee la provincia y que le ha valido un justo reconocimiento nacional e internacional. La instalación de gigantescas torres en el bellísimo paisaje fueguino no sólo implicará un impacto en el ecosistema, sino un impacto al atractivo visual del que se nutre el turismo provincial, por la irreversible contaminación visual desde tierra y desde el mar, donde se hacen frecuentes paseos para apreciar los atractivos naturales del Canal de Beagle.
El paisaje de Tierra del Fuego constituye un patrimonio natural único y, como tal, un atractivo turístico insoslayable que representa un recurso fundamental para el desarrollo local. Si se degrada, su calidad disminuye, y el lugar dejaría de ser atractivo desde el punto de vista turístico, y los visitantes no regresarían. Algo similar ocurre cuando, con el pretexto del progreso, se presentan proyectos de infraestructura que ponen en riesgo el patrimonio de determinados lugares sin considerar las pérdidas, en términos de cultura, naturaleza y de turismo.
Nuestro país cuenta con dos experiencias que podrían asimilarse a este caso y que merecen recordarse: el caso de la reserva provincial Iberá y el de la Quebrada de Humahuaca. En el primero, una línea de alta tensión fue instalada en los Esteros del Iberá, provincia de Corrientes, el segundo humedal en América del Sur designado sitio Rámsar, lo que degradó el valor escénico y el potencial desarrollo ecoturístico del área.
En la Quebrada de Humahuaca, en Jujuy, se presentó a fines de la década del 90 un proyecto para construir una línea de alta tensión que significaba emplazar 125 columnas metálicas de 22 metros de altura a través de toda la quebrada. La intrusión estética de las obras en el paisaje iba a producir un grave impacto sobre una de las áreas más atractivas del país por sus recursos naturales y culturales. La comunidad se opuso al proyecto mediante un proceso de participación pública, y con el apoyo de diversas ONG locales y nacionales se logró paralizar una obra que sin duda hubiera afectado la economía provincial. Años después, la Quebrada de Humahuaca fue declarada Sitio Natural del Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, designación que difícilmente habría alcanzado si la instalación se hubiera concretado.
En muchos lugares en donde se reconoce el valor del paisaje se han puesto en marcha obras para soterrar las líneas eléctricas de alta tensión. Instalarlas en un lugar tan frágil de naturaleza virgen como Ushuaia sería ir a contrapelo no sólo de una tendencia mundial, sino del posicionamiento de la provincia de Tierra del Fuego como un sitio de paisajes naturales deslumbrantes. Es obvio que se requiere un debate mucho más profundo y de mayor participación de modo que el atractivo natural de Ushuaia no se vea perjudicado.
Cualquier emprendimiento que degrade el ambiente implicará la pérdida de la calidad turística del lugar y consecuentemente una disminución de las posibilidades de producir ingresos locales genuinos. Si se lo analizara como un recurso cualquiera, se diría que el turismo representa un recurso esencialmente renovable. Sin embargo, al igual que otros cuyo mal manejo transformó en no renovables, los recursos turísticos, si carecen de un manejo adecuado, pueden transformarse en no renovables y agotarse.
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Diferencias por la Ley de Agoquímicos
La legislación sobre agroquímicos enfrenta a ruralistas y ambientalistas
Fecha de Publicación: 30/05/2011
Fuente: La Verdad On Line
Provincia/Región: Buenos Aires
La actualización de la vieja legislación que regula el uso de agroquímicos en todo el territorio bonaerense puso al gobierno provincial en el medio de una puja entre asociaciones rurales y ambientalistas, quienes se oponen a lo que consideran “una legislación más permisiva que la anterior”.
En mayo del año pasado el ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia conformó una mesa de discusión que trabaja en un anteproyecto de modificación de la Ley 10.699, que regula el uso de agroquímicos y fue aprobada en 1988. La idea oficial es cambiar, vía decreto, la reglamentación de la Ley para adecuar la norma a la aparición de las nuevas tecnologías.
Ayer, el ministro Ariel Franetovich aseguró que “es inminente” la modificación del actual decreto reglamentario, que data del año 1991. Sin embargo, el anuncio se da en medio de una fuerte polémica con sectores ambientalistas, liderados por la ONG Bios y “Paren de Fumigarnos”, quienes sostienen que el resultado del debate fue “un retroceso” respecto de la antigua norma.
En tanto, desde la Federación Agraria consideraron que “es prematuro” hablar de una “inminente” modificación de la reglamentación, ya que “es una conversación muy espinosa, y no todos están de acuerdo”.
José Luis Mamarella, representante de FAA en la mesa de discusión, dijo a DIB que “la cuestión no está tan cerca de resolverse, falta mucho trabajo por hacer”.
“No va a ser tan fácil, hay que debatir mucho”, dijo el ruralista. FAA se despegó de la posición del resto de las entidades rurales: la entidad sostiene que “hace falta regular las prácticas con agroquímicos”, aunque consideran que “no sería necesario una nueva ley si se controlaran como es debido las prácticas de aplicación de los productores”.
“Un paso atrás”
Silvana Buján, representante de Bios Argentina, criticó duramente la iniciativa desarrollada por el gobierno bonaerense, al asegurar que “los cambios que se plantean son peores que la ley vigente, retrocede”.
Buján explicó que los cambios estudiados “permite que herbicidas tipo 3 y 4 (como el glifosato) se apliquen hasta el límite mismo de las escuelas y los barrios”. “Dicen que fue una reunión plural, pero sólo participaron los fumigadores”, ironizó.
Además, la ambientalista manifestó que de la discusión “se nos excluyó a nosotros y a otros ONG’s, mientras que sectores que sí participaron, como la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares y la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Mar del Plata “se apartaron ante la inminencia de los resultados”.
Ayer, Franetovich sostuvo que los cambios en la legislación “cumplen con el mandato del gobernador de alcanzar una normativa que pueda conciliar la mayor productividad posible con el cuidado del medio ambiente y la salud”.
Para el funcionario, a partir de esta nueva normativa, “se pone fuerte énfasis en el uso racional y responsable de los agroquímicos en el sector agropecuario”.
Acciones
Frente a este panorama, BIOS junto a Renace y la asociación Paren de Fumigarnos iniciaron un plan de acción para evitar que la iniciativa siga avanzando. Las organizaciones enviaron cartas al gobernador y a los legisladores que componen las comisiones de Salud, Ecología y Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados, pidiendo detener el proceso, al tiempo que difundieron los teléfonos y los correos oficiales de los funcionarios para que los particulares interesados realicen el reclamo.
En tanto, el próximo 11 de junio convocaron a una asamblea en la localidad bonaerense de Junín “para discutir y diseñar estrategias que nos permitan evitar la sanción de la modificación de la ley de agroquímicos propuesta por el Ministerio de Asuntos Agrarios y sus socios del agronegocio”.
Fecha de Publicación: 30/05/2011
Fuente: La Verdad On Line
Provincia/Región: Buenos Aires
La actualización de la vieja legislación que regula el uso de agroquímicos en todo el territorio bonaerense puso al gobierno provincial en el medio de una puja entre asociaciones rurales y ambientalistas, quienes se oponen a lo que consideran “una legislación más permisiva que la anterior”.
En mayo del año pasado el ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia conformó una mesa de discusión que trabaja en un anteproyecto de modificación de la Ley 10.699, que regula el uso de agroquímicos y fue aprobada en 1988. La idea oficial es cambiar, vía decreto, la reglamentación de la Ley para adecuar la norma a la aparición de las nuevas tecnologías.
Ayer, el ministro Ariel Franetovich aseguró que “es inminente” la modificación del actual decreto reglamentario, que data del año 1991. Sin embargo, el anuncio se da en medio de una fuerte polémica con sectores ambientalistas, liderados por la ONG Bios y “Paren de Fumigarnos”, quienes sostienen que el resultado del debate fue “un retroceso” respecto de la antigua norma.
En tanto, desde la Federación Agraria consideraron que “es prematuro” hablar de una “inminente” modificación de la reglamentación, ya que “es una conversación muy espinosa, y no todos están de acuerdo”.
José Luis Mamarella, representante de FAA en la mesa de discusión, dijo a DIB que “la cuestión no está tan cerca de resolverse, falta mucho trabajo por hacer”.
“No va a ser tan fácil, hay que debatir mucho”, dijo el ruralista. FAA se despegó de la posición del resto de las entidades rurales: la entidad sostiene que “hace falta regular las prácticas con agroquímicos”, aunque consideran que “no sería necesario una nueva ley si se controlaran como es debido las prácticas de aplicación de los productores”.
“Un paso atrás”
Silvana Buján, representante de Bios Argentina, criticó duramente la iniciativa desarrollada por el gobierno bonaerense, al asegurar que “los cambios que se plantean son peores que la ley vigente, retrocede”.
Buján explicó que los cambios estudiados “permite que herbicidas tipo 3 y 4 (como el glifosato) se apliquen hasta el límite mismo de las escuelas y los barrios”. “Dicen que fue una reunión plural, pero sólo participaron los fumigadores”, ironizó.
Además, la ambientalista manifestó que de la discusión “se nos excluyó a nosotros y a otros ONG’s, mientras que sectores que sí participaron, como la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares y la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Mar del Plata “se apartaron ante la inminencia de los resultados”.
Ayer, Franetovich sostuvo que los cambios en la legislación “cumplen con el mandato del gobernador de alcanzar una normativa que pueda conciliar la mayor productividad posible con el cuidado del medio ambiente y la salud”.
Para el funcionario, a partir de esta nueva normativa, “se pone fuerte énfasis en el uso racional y responsable de los agroquímicos en el sector agropecuario”.
Acciones
Frente a este panorama, BIOS junto a Renace y la asociación Paren de Fumigarnos iniciaron un plan de acción para evitar que la iniciativa siga avanzando. Las organizaciones enviaron cartas al gobernador y a los legisladores que componen las comisiones de Salud, Ecología y Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados, pidiendo detener el proceso, al tiempo que difundieron los teléfonos y los correos oficiales de los funcionarios para que los particulares interesados realicen el reclamo.
En tanto, el próximo 11 de junio convocaron a una asamblea en la localidad bonaerense de Junín “para discutir y diseñar estrategias que nos permitan evitar la sanción de la modificación de la ley de agroquímicos propuesta por el Ministerio de Asuntos Agrarios y sus socios del agronegocio”.
Riachuelo: audiencia por la calidad del agua
Riachuelo: se realizó audiencia por la calidad del agua de la cuenca
Fecha de Publicación: 29/05/2011
Fuente: Centro de Información Judicial
Provincia/Región: Buenos Aires - capital
Fue ante el Juzgado Federal de Quilmes. Concurrieron representantes de ACUMAR, Defensoría del Pueblo de la Nación, ABSA y AySA. Se busca cuantificar los vuelcos industriales y cloacales en el curso del agua y conocer los avances en las obras proyectadas
Ante el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, se realizó este jueves una audiencia a efectos de “analizar y clarificar los avances logrados” en los objetivos fijados con relación a la expansión de la red de agua potable y cloacas, en el marco de la ejecución del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó poner en marcha un plan de saneamiento integral de la cuenca Matanza Riachuelo.
En concreto, se busca “poder determinar la situación ambiental actual de la Cuenca Hídrica, la mensura de las sustancias o carga másica que se vierten -con datos de volumen y concentración-, la progresividad de la disminución de dicho vertido y seguimiento con tendencia a la mejora”.
Concurrieron representantes de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), de la Defensoría del Pueblo de la Nación, de Aguas Bonaerenses SA (ABSA) y de Aguas y Saneamientos Argentinos SA (AySA). En el encuentro, los asistentes intercambiaron opiniones sobre los temas en cuestión.
En particular, desde el juzgado se planteó la necesidad de seguir trabajando en pos del conocimiento de la capacidad de carga del curso principal. Al respecto, el juez “manifestó la necesidad de mensurar en forma anual y estimativamente cuál es el impacto real de los vuelcos industriales y cloacales en el curso de agua del Riachuelo”.
En tanto, representantes de la Defensoría del Pueblo de la Nación señalaron la necesidad de contar con la presencia de la Dirección Nacional de Control Ambiental, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, atento su función de órgano de control.
Se resolvió convocar a una nueva audiencia, cuya fecha de realización será oportunamente comunicada.
Fecha de Publicación: 29/05/2011
Fuente: Centro de Información Judicial
Provincia/Región: Buenos Aires - capital
Fue ante el Juzgado Federal de Quilmes. Concurrieron representantes de ACUMAR, Defensoría del Pueblo de la Nación, ABSA y AySA. Se busca cuantificar los vuelcos industriales y cloacales en el curso del agua y conocer los avances en las obras proyectadas
Ante el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, se realizó este jueves una audiencia a efectos de “analizar y clarificar los avances logrados” en los objetivos fijados con relación a la expansión de la red de agua potable y cloacas, en el marco de la ejecución del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó poner en marcha un plan de saneamiento integral de la cuenca Matanza Riachuelo.
En concreto, se busca “poder determinar la situación ambiental actual de la Cuenca Hídrica, la mensura de las sustancias o carga másica que se vierten -con datos de volumen y concentración-, la progresividad de la disminución de dicho vertido y seguimiento con tendencia a la mejora”.
Concurrieron representantes de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), de la Defensoría del Pueblo de la Nación, de Aguas Bonaerenses SA (ABSA) y de Aguas y Saneamientos Argentinos SA (AySA). En el encuentro, los asistentes intercambiaron opiniones sobre los temas en cuestión.
En particular, desde el juzgado se planteó la necesidad de seguir trabajando en pos del conocimiento de la capacidad de carga del curso principal. Al respecto, el juez “manifestó la necesidad de mensurar en forma anual y estimativamente cuál es el impacto real de los vuelcos industriales y cloacales en el curso de agua del Riachuelo”.
En tanto, representantes de la Defensoría del Pueblo de la Nación señalaron la necesidad de contar con la presencia de la Dirección Nacional de Control Ambiental, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, atento su función de órgano de control.
Se resolvió convocar a una nueva audiencia, cuya fecha de realización será oportunamente comunicada.
Chaco: la ley de biocidas despiertan rechazo
Proyectos para modificar la ley de biocidas despiertan rechazo
Fecha de Publicación: 28/05/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
La comisión de Agricultura de la Legislatura chaqueña inició el debate de una nueva ley de biocidas a partir de tres propuestas parlamentarias, una de ellas impulsada por la Alianza en 2007 y dos del año pasado presentadas por el Frente Grandes y el PJ, sobre las cuales se aconsejaría la normativa vigente y se redacte una nueva, donde algunos ya reclaman la posibilidad de hacer escuchar sus planteos.
En este contexto, el Centro de Estudios Nelson Mandela, a través de un documento, expuso sus objeciones al proyecto y al mismo tiempo al manejo de la Cámara de Diputados. Señala que iniciaron el debate “sin orientación ni dirección que no sean los intereses del mercado”. El centro de estudios que coordina Rolando Núñez da cuenta de que “la trascendencia de este instrumento legal pareciera que no ha sido suficientemente entendida por nuestros legisladores, sobre todo si consideramos las extraordinarias expansiones de las fronteras agropecuaria y ganadera, que es lo mismo que hablar del notable incremento del uso de agroquímicos”. En este sentido, asegura que “la legislación vigente no es muy buena. No obstante esto, es mejor que las iniciativas que se están manejando y el proyecto cuyos perfiles más importantes comienzan a tomar forma. La ley vigente contempla, en mejor medida aunque insuficientemente, la vigencia de los principios de prevención y de precaución; mientras que la que se pretende sancionar adolece de omisiones y fallas que afectan ambos postulados, que son los que debieran alimentar la discusión parlamentaria y la redacción de la futura norma”. En el documento expresan que América Latina —y por lo tanto Argentina y el Chaco— “carece de una legislación progresista que, ante el crecimiento acelerado de las fronteras productivas primarias, protejan los valores sociales, sanitarios, ambientales y de biodiversidad, a lo largo de casi todo su amplio territorio. En casi todas las latitudes se priorizan las actividades productivas, la generación de riqueza, el aumento del producto bruto interno de cada país y los resultados positivos de las balanzas internacionales, en un mercado mundial en expansión producto del aumento del consumo”. Advierten que “el Chaco se destaca por su permisividad porque se aplican agroquímicos sin ningún tipo de control dado que la Dirección de Sanidad Vegetal, dependiente del Ministerio de la Producción del Chaco, que es el organismo encargado de aplicar la ley de biocidas, es un espacio absolutamente burocrático, totalmente ineficiente y funcional a la mecánica agrícola, con eje en el uso de un complejo paquete de agrotóxicos, que inevitablemente produjo un formidable impacto negativo en lo social, sanitario y ambiental, con resultados impredecibles, que no han sido diagnosticados desde el punto de vista científico, porque los gobiernos omitieron realizar los estudios epidemiológicos que habrían puesto al descubierto los daños ya provocados”. Intereses sectoriales Reflejan que “la nueva legislación que se pretende sancionar no es plural; por lo tanto, tutelará intereses sectoriales, netamente económicos. Es evidente que no fueron recibidas las diferentes corrientes de pensamientos científicos y no científicos desarrollados sobre este tema. Está ausente la plena participación institucional de los distintos sectores e instituciones y, fundamentalmente, de los habitantes de los distintos territorios que conforman el Chaco. Y esto es vital puesto que cada poblador de cada una de las zonas agropecuarias son y serán aún más damnificados por el uso de los agrotóxicos que se aplican en las chacras”. Asimismo sostienen que “tampoco han participado orgánicamente los representantes e integrantes de los ministerios a cargo de los servicios primarios de salud, educación y seguridad social, especialmente de hospitales, puestos sanitarios, escuelas y los restantes establecimientos que funcionan a lo largo de la geografía provincial. En definitiva, no se alentó ni se produjo una participación institucional activa y constructiva, que debió implementarse de manera descentralizada, en los puntos estratégicos, a través de encuentros, mesas de trabajos y talleres locales, en donde se expresaran todas las voces”. Contra los bloques políticos Por último manifiestan que “parece que peronistas, radicales y algunos socios menores nuevamente se pondrán de acuerdo para profundizar el nefasto modelo de agricultura transgénica que comenzó a implementarse en Argentina durante la presidencia de Carlos Menem, que apoyaron y apoyan los conservadores, neoliberales, progresistas y falsos progresistas, hasta los que con cinismo indisimulado utilizan la palabra revolución, cambios, transformaciones y bienestar general”.
Fecha de Publicación: 28/05/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
La comisión de Agricultura de la Legislatura chaqueña inició el debate de una nueva ley de biocidas a partir de tres propuestas parlamentarias, una de ellas impulsada por la Alianza en 2007 y dos del año pasado presentadas por el Frente Grandes y el PJ, sobre las cuales se aconsejaría la normativa vigente y se redacte una nueva, donde algunos ya reclaman la posibilidad de hacer escuchar sus planteos.
En este contexto, el Centro de Estudios Nelson Mandela, a través de un documento, expuso sus objeciones al proyecto y al mismo tiempo al manejo de la Cámara de Diputados. Señala que iniciaron el debate “sin orientación ni dirección que no sean los intereses del mercado”. El centro de estudios que coordina Rolando Núñez da cuenta de que “la trascendencia de este instrumento legal pareciera que no ha sido suficientemente entendida por nuestros legisladores, sobre todo si consideramos las extraordinarias expansiones de las fronteras agropecuaria y ganadera, que es lo mismo que hablar del notable incremento del uso de agroquímicos”. En este sentido, asegura que “la legislación vigente no es muy buena. No obstante esto, es mejor que las iniciativas que se están manejando y el proyecto cuyos perfiles más importantes comienzan a tomar forma. La ley vigente contempla, en mejor medida aunque insuficientemente, la vigencia de los principios de prevención y de precaución; mientras que la que se pretende sancionar adolece de omisiones y fallas que afectan ambos postulados, que son los que debieran alimentar la discusión parlamentaria y la redacción de la futura norma”. En el documento expresan que América Latina —y por lo tanto Argentina y el Chaco— “carece de una legislación progresista que, ante el crecimiento acelerado de las fronteras productivas primarias, protejan los valores sociales, sanitarios, ambientales y de biodiversidad, a lo largo de casi todo su amplio territorio. En casi todas las latitudes se priorizan las actividades productivas, la generación de riqueza, el aumento del producto bruto interno de cada país y los resultados positivos de las balanzas internacionales, en un mercado mundial en expansión producto del aumento del consumo”. Advierten que “el Chaco se destaca por su permisividad porque se aplican agroquímicos sin ningún tipo de control dado que la Dirección de Sanidad Vegetal, dependiente del Ministerio de la Producción del Chaco, que es el organismo encargado de aplicar la ley de biocidas, es un espacio absolutamente burocrático, totalmente ineficiente y funcional a la mecánica agrícola, con eje en el uso de un complejo paquete de agrotóxicos, que inevitablemente produjo un formidable impacto negativo en lo social, sanitario y ambiental, con resultados impredecibles, que no han sido diagnosticados desde el punto de vista científico, porque los gobiernos omitieron realizar los estudios epidemiológicos que habrían puesto al descubierto los daños ya provocados”. Intereses sectoriales Reflejan que “la nueva legislación que se pretende sancionar no es plural; por lo tanto, tutelará intereses sectoriales, netamente económicos. Es evidente que no fueron recibidas las diferentes corrientes de pensamientos científicos y no científicos desarrollados sobre este tema. Está ausente la plena participación institucional de los distintos sectores e instituciones y, fundamentalmente, de los habitantes de los distintos territorios que conforman el Chaco. Y esto es vital puesto que cada poblador de cada una de las zonas agropecuarias son y serán aún más damnificados por el uso de los agrotóxicos que se aplican en las chacras”. Asimismo sostienen que “tampoco han participado orgánicamente los representantes e integrantes de los ministerios a cargo de los servicios primarios de salud, educación y seguridad social, especialmente de hospitales, puestos sanitarios, escuelas y los restantes establecimientos que funcionan a lo largo de la geografía provincial. En definitiva, no se alentó ni se produjo una participación institucional activa y constructiva, que debió implementarse de manera descentralizada, en los puntos estratégicos, a través de encuentros, mesas de trabajos y talleres locales, en donde se expresaran todas las voces”. Contra los bloques políticos Por último manifiestan que “parece que peronistas, radicales y algunos socios menores nuevamente se pondrán de acuerdo para profundizar el nefasto modelo de agricultura transgénica que comenzó a implementarse en Argentina durante la presidencia de Carlos Menem, que apoyaron y apoyan los conservadores, neoliberales, progresistas y falsos progresistas, hasta los que con cinismo indisimulado utilizan la palabra revolución, cambios, transformaciones y bienestar general”.
Quieren prohibir las carreras en áreas protegidas
Quieren prohibir las carreras en áreas naturales protegidas
Fecha de Publicación: 27/05/2011
Fuente: País 24
Provincia/Región: Río Negro
Los legisladores María Inés Maza y Facundo López, consideraron necesario adaptar normas de protección y conservación de dichas zonas a los impactos producidos por vehículos motorizados.
Los legisladores María Inés Maza y Facundo López, del bloque Encuentro-Frente Grande, propusieron que una ley prohíba desarrollar cualquier tipo de competiciones con vehículos motorizados en todas las áreas naturales protegidas de la provincia de Río Negro.
Maza y López consideraron necesario adaptar normas de protección y conservación de las áreas naturales protegidas a los impactos producidos por vehículos motorizados que “más allá de los caminos y senderos habilitados para ello, recorren los paisajes en forma aleatoria e indiscriminada con vehículos especiales, perjudicando el ambiente”.
Explicaron que este tipo de normas específicas que rigen para áreas naturales protegidas dependientes de la administración nacional y de otras provincias y municipios, aún en varios países, donde más allá de las reglamentaciones específicas para los lugares existen prohibiciones para transitar fuera de cualquier sendero o ruta que no esté expresamente habilitada para vehículos motorizados.
Ambos legisladores indicaron que el Consejo Provincial de Ecología y Medio Ambiente (CODEMA), dictó la resolución Nº 519/20, que prohíbe en forma expresa las competiciones y regula las travesías con vehículos automotores en todas las áreas naturales protegidas, basándose en normas provinciales y nacionales.
Finalmente, estimaron “correcto y necesario elevar esta normativa administrativa a la categoría de ley provincial a efectos de un mayor y mejor control por parte del Estado provincial ante las posible infracciones en desmedro de nuestras áreas naturales protegidas”.
Uno de los artículos del proyecto de ley busca prohibir en todas las áreas naturales protegidas de la provincia de Río Negro el desarrollo de cualquier tipo de travesía, recorrido o tránsito con vehículos motorizados fuera de los caminos o senderos específicos y demarcados para itinerarios preestablecidos por la autoridad de aplicación, que elaborará un protocolo marco de estricto cumplimiento para travesías en que se especificará por vía reglamentaria y, en casos excepcionales, la habilitará para extender autorizaciones.
Fecha de Publicación: 27/05/2011
Fuente: País 24
Provincia/Región: Río Negro
Los legisladores María Inés Maza y Facundo López, consideraron necesario adaptar normas de protección y conservación de dichas zonas a los impactos producidos por vehículos motorizados.
Los legisladores María Inés Maza y Facundo López, del bloque Encuentro-Frente Grande, propusieron que una ley prohíba desarrollar cualquier tipo de competiciones con vehículos motorizados en todas las áreas naturales protegidas de la provincia de Río Negro.
Maza y López consideraron necesario adaptar normas de protección y conservación de las áreas naturales protegidas a los impactos producidos por vehículos motorizados que “más allá de los caminos y senderos habilitados para ello, recorren los paisajes en forma aleatoria e indiscriminada con vehículos especiales, perjudicando el ambiente”.
Explicaron que este tipo de normas específicas que rigen para áreas naturales protegidas dependientes de la administración nacional y de otras provincias y municipios, aún en varios países, donde más allá de las reglamentaciones específicas para los lugares existen prohibiciones para transitar fuera de cualquier sendero o ruta que no esté expresamente habilitada para vehículos motorizados.
Ambos legisladores indicaron que el Consejo Provincial de Ecología y Medio Ambiente (CODEMA), dictó la resolución Nº 519/20, que prohíbe en forma expresa las competiciones y regula las travesías con vehículos automotores en todas las áreas naturales protegidas, basándose en normas provinciales y nacionales.
Finalmente, estimaron “correcto y necesario elevar esta normativa administrativa a la categoría de ley provincial a efectos de un mayor y mejor control por parte del Estado provincial ante las posible infracciones en desmedro de nuestras áreas naturales protegidas”.
Uno de los artículos del proyecto de ley busca prohibir en todas las áreas naturales protegidas de la provincia de Río Negro el desarrollo de cualquier tipo de travesía, recorrido o tránsito con vehículos motorizados fuera de los caminos o senderos específicos y demarcados para itinerarios preestablecidos por la autoridad de aplicación, que elaborará un protocolo marco de estricto cumplimiento para travesías en que se especificará por vía reglamentaria y, en casos excepcionales, la habilitará para extender autorizaciones.
Corrientes: Obligarían a gestionar electrónicos
Deberán generar espacios de acopio de desechos electrónicos
Fecha de Publicación: 27/05/2011
Fuente: Siete Puntas
Provincia/Región: Corrientes
Los concejales capitalinos aprobaron ayer el proyecto de ordenanza que plantea regular el almacenamiento, recolección y disposición final de todos los desechos electrónicos, baterías y pilas que propendan a la contaminación del medio ambiente.
Los concejales capitalinos aprobaron ayer el proyecto de ordenanza que plantea regular el almacenamiento, recolección y disposición final de todos los desechos electrónicos, baterías y pilas que propendan a la contaminación del medio ambiente. En concreto, esta nueva normativa dispone la instalación en cada delegación municipal de un lugar de acopio de este tipo de residuos.
“La iniciativa establece crear dentro del municipio, en las delegaciones municipales concretamente, un lugar de acopio de los desechos electrónicos”, señaló uno de los autores de la propuesta, el edil Claudio Polich.
También resaltó que existe un crecimiento de la conciencia ciudadana en pos de temas ecológicos y en contra de la contaminación, sin embargo, hasta el momento no existe lugares en la ciudad donde los vecinos responsables puedan arrojar estos desechos, “se terminan mezclando con la otra basura y tomando contacto con las napas de agua subterráneas”, con todo el riesgo que representa.
“No se trata de una proyecto oneroso para la Municipalidad porque únicamente debería invertir para la adquisición de contenedores”, dijo, y subrayó que es el momento oportuno considerando que se está hablando de una nueva licitación del sistema de recolección de residuos.
Fecha de Publicación: 27/05/2011
Fuente: Siete Puntas
Provincia/Región: Corrientes
Los concejales capitalinos aprobaron ayer el proyecto de ordenanza que plantea regular el almacenamiento, recolección y disposición final de todos los desechos electrónicos, baterías y pilas que propendan a la contaminación del medio ambiente.
Los concejales capitalinos aprobaron ayer el proyecto de ordenanza que plantea regular el almacenamiento, recolección y disposición final de todos los desechos electrónicos, baterías y pilas que propendan a la contaminación del medio ambiente. En concreto, esta nueva normativa dispone la instalación en cada delegación municipal de un lugar de acopio de este tipo de residuos.
“La iniciativa establece crear dentro del municipio, en las delegaciones municipales concretamente, un lugar de acopio de los desechos electrónicos”, señaló uno de los autores de la propuesta, el edil Claudio Polich.
También resaltó que existe un crecimiento de la conciencia ciudadana en pos de temas ecológicos y en contra de la contaminación, sin embargo, hasta el momento no existe lugares en la ciudad donde los vecinos responsables puedan arrojar estos desechos, “se terminan mezclando con la otra basura y tomando contacto con las napas de agua subterráneas”, con todo el riesgo que representa.
“No se trata de una proyecto oneroso para la Municipalidad porque únicamente debería invertir para la adquisición de contenedores”, dijo, y subrayó que es el momento oportuno considerando que se está hablando de una nueva licitación del sistema de recolección de residuos.
Bloqueo regional contra la mega minería
Bloqueo regional contra la mega minería
Fecha de Publicación: 26/05/2011
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: NOA - Cuyo
Las Asambleas de NOA, CUYO y de otras regiones estamos iniciando una acción de bloqueo y corte informativo en defensa de los bienes comunes y en lucha contra la megaminería. Esta acción simultánea y coordinada se va a mantener durante todo el día y se esta realizando en los siguientes puntos:
Los Bloqueos se imponen a Insumos Mineros, Policía Minera, Camionetas de Empresas Mineras, Transportes de Turismo Minero, de manera Simultánea, Coordinada y confluyendo, desde distintos Pueblos, a los siguientes puntos:
*San Jose, Pcia.Catamarca (Ruta Nac. Nro.40)
*Belén, Cerro Negro, Pcia.nCatamarca (Ruta Nac. Nro.40)
*Patquía, Pcia. La Rioja (Nudo Vial, Ruta Nac. Nro.38)
*Parque Industrial-salida de Albardon, Pcia.San Juan (Ruta Nac.Nro.40)
* Dean Funes, Córdoba. Ruta 60.
También Caravanas, Puestos y Cortes Informativos, con Asambleas permanentes en:
*Concepción, Monteros y Santa Lucia, Pcia.Tucuman
*Plaza Central de Santiago del Estero, Pcia.Santiago del Estero
Con esta medida de fuerza se manifiesta el repudio de las comunidades hacia los proyectos mineros de las regiones de CUYO y NOA, tanto de la minería metalífera y no metalífera como del plan nuclear nacional (minería de uranio).
Exigimos nuevamente la anulación de todos los convenios megamineros y la expulsión de las mineras de nuestros territorios en respeto a la autodeterminación de los pueblos de elegir el modo de producción y de vida.
Reafirmamos la decisión de fortalecer y multiplicar las medidas de fuerza hasta que se modifique la legislación minera vigente y se sancione una ley nacional de prohibición de la megaminería.
Convocamos a los vecinos a sumarse y apoyar esta acción regional, como así también a las organizaciones y asambleas sociales de nuestro país a adherir a esta medida de fuerza.
Pueblos Originarios, Movimientos Campesinos Indígenas y Asambleas en la UAC: Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucuman, Santiago del Estero, San Juan, Cordoba, San Luis y Mendoza.
* Contactos Bloqueos y Cortes Informativos:
(03822) 15-623-554 - La Rioja-Bloqueo Patquia
(03825) 15-415-361 - La Rioja-Bloqueo Patquia
(03825) 15-406-261 - La Rioja-Bloqueo Patquia
(03822) 15-663-412 - La Rioja-Bloqueo Patquia
(03868) 15-404-099 - Salta-Bloqueo San Jose
(0381) 15-547-6992 - Tucuman-Bloqueo San Jose
(03833) 15-251-654 - Catamarca-Bloqueo San Jose
(03838) 15-400-934 - Catamarca-Bloqueo San Jose
(0264) 15-418-6852 - San Juan-Bloqueo Parque Industrial
(03835) 15-402-531 - Catamarca-Bloqueo Belen
(03833) 15-357-021 - Catamarca-Bloqueo Belen
* Contactos Caravanas, Puestos y Cortes Informativos:
(0381) 15-558-9446 - Tucumán: Concepción, Monteros
(0381) 15-645-0884 - Tucumán: Concepción, Monteros
(0381) 15-401-5387 - Tucuman: Concepción, Monteros
(0385) 15-412-0234 - Santiago del Estero: Plaza Central
Fecha de Publicación: 26/05/2011
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: NOA - Cuyo
Las Asambleas de NOA, CUYO y de otras regiones estamos iniciando una acción de bloqueo y corte informativo en defensa de los bienes comunes y en lucha contra la megaminería. Esta acción simultánea y coordinada se va a mantener durante todo el día y se esta realizando en los siguientes puntos:
Los Bloqueos se imponen a Insumos Mineros, Policía Minera, Camionetas de Empresas Mineras, Transportes de Turismo Minero, de manera Simultánea, Coordinada y confluyendo, desde distintos Pueblos, a los siguientes puntos:
*San Jose, Pcia.Catamarca (Ruta Nac. Nro.40)
*Belén, Cerro Negro, Pcia.nCatamarca (Ruta Nac. Nro.40)
*Patquía, Pcia. La Rioja (Nudo Vial, Ruta Nac. Nro.38)
*Parque Industrial-salida de Albardon, Pcia.San Juan (Ruta Nac.Nro.40)
* Dean Funes, Córdoba. Ruta 60.
También Caravanas, Puestos y Cortes Informativos, con Asambleas permanentes en:
*Concepción, Monteros y Santa Lucia, Pcia.Tucuman
*Plaza Central de Santiago del Estero, Pcia.Santiago del Estero
Con esta medida de fuerza se manifiesta el repudio de las comunidades hacia los proyectos mineros de las regiones de CUYO y NOA, tanto de la minería metalífera y no metalífera como del plan nuclear nacional (minería de uranio).
Exigimos nuevamente la anulación de todos los convenios megamineros y la expulsión de las mineras de nuestros territorios en respeto a la autodeterminación de los pueblos de elegir el modo de producción y de vida.
Reafirmamos la decisión de fortalecer y multiplicar las medidas de fuerza hasta que se modifique la legislación minera vigente y se sancione una ley nacional de prohibición de la megaminería.
Convocamos a los vecinos a sumarse y apoyar esta acción regional, como así también a las organizaciones y asambleas sociales de nuestro país a adherir a esta medida de fuerza.
Pueblos Originarios, Movimientos Campesinos Indígenas y Asambleas en la UAC: Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucuman, Santiago del Estero, San Juan, Cordoba, San Luis y Mendoza.
* Contactos Bloqueos y Cortes Informativos:
(03822) 15-623-554 - La Rioja-Bloqueo Patquia
(03825) 15-415-361 - La Rioja-Bloqueo Patquia
(03825) 15-406-261 - La Rioja-Bloqueo Patquia
(03822) 15-663-412 - La Rioja-Bloqueo Patquia
(03868) 15-404-099 - Salta-Bloqueo San Jose
(0381) 15-547-6992 - Tucuman-Bloqueo San Jose
(03833) 15-251-654 - Catamarca-Bloqueo San Jose
(03838) 15-400-934 - Catamarca-Bloqueo San Jose
(0264) 15-418-6852 - San Juan-Bloqueo Parque Industrial
(03835) 15-402-531 - Catamarca-Bloqueo Belen
(03833) 15-357-021 - Catamarca-Bloqueo Belen
* Contactos Caravanas, Puestos y Cortes Informativos:
(0381) 15-558-9446 - Tucumán: Concepción, Monteros
(0381) 15-645-0884 - Tucumán: Concepción, Monteros
(0381) 15-401-5387 - Tucuman: Concepción, Monteros
(0385) 15-412-0234 - Santiago del Estero: Plaza Central
Desarrollan un prototipo de turbina para río
Desarrollan en Paraná un sistema para generar energía alternativa
Fecha de Publicación: 26/05/2011
Fuente: Nueva Litoral
Provincia/Región: Entre Ríos
Se trata de un prototipo de turbina para río de llanura que no necesita represa y es altamente biocompatible. La Provincia cofinanció la investigación, que ya está en ejecución e incluye la concreción de tres proyectos.
Ingenieros de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Paraná se encuentran desarrollando un prototipo de turbina para río de llanura, cuya principal característica es la de no necesitar represa y ser altamente biocompatible.
El gobierno provincial cofinanció esta investigación, que ya está en ejecución e incluye la concreción de tres proyectos incluidos en la propuesta presentada a la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos (Actier).
Desde la Agencia informaron que el proyecto prevé la microgeneración de energía en distintos lugares del río Paraná con la simple implantación de la misma teniendo como alternativa la producción de gas hidrógeno para uso en pequeñas poblaciones ribereñas. Cabe señalar que el mismo se encuadra en el Primer Programa de Fortalecimiento de la Investigación y el Desarrollo y la Ciencia en la Sociedad gestionado por la Área Comunicación Institucional de la Actier.
La directora de la Agencia, Silvia Kupervaser, y su subdirectora, Ana Laffitte, destacaron este proyecto “que aborda una temática de vital importancia como es la generación de energía utilizando tecnologías creadas en nuestro país, y sobre todo cuando se pretende aportar una solución a la provisión de energía a poblaciones isleñas y ribereñas aisladas con bajo costo de operación, considerando el potencial hidráulico de la provincia”.
Agregaron que el objetivo del programa provincial, al fortalecer una investigación que ya está en curso como es este caso, también abre la posibilidad de revisar el impacto en la sociedad y hasta visualizar los límites tecnológicos que se suscitan cuando se llega a un avanzado grado de desarrollo de un prototipo como el planteado por los investigadores, lo cual significa buscar una tecnología que puede ser objeto de nuevos desarrollos innovadores.
El proyecto presentado
“Los proyectos de investigación y desarrollo del área de energía vigentes en la Facultad Regional Paraná de la UTN están orientados a dar respuesta a diferentes problemáticas locales”, explicaron los investigadores y agregaron que “en uno de los proyectos aprobados por Actier se evalúa la posibilidad de la generación alternativa de energía (electricidad y gas hidrógeno) con el objetivo particular de desarrollar -en pequeña escala- una planta de generación alternativa que de respuesta a la provisión de pequeñas poblaciones ribereñas o isleñas”. Para ello, se prevé la construcción de una turbina de río de llanura con el fin de ser usada en los ríos y arroyos existentes en la provincia.
El segundo proyecto incluido en la propuesta presentada a la agencia provincial, “hace hincapié en el uso eficiente de la energía, analizando el caso particular de la implementación del uso de las lámparas de bajo consumo como forma de iluminación a implementar con los sistemas de turbina de río”, dijeron desde la coordinación del proyecto.
El tercer proyecto integrante fija como meta el desarrollo de sistemas de medición de energía eléctrica y telemetría de la turbina. El proyecto original contemplaba el desarrollo de equipos de medición para pequeñas cooperativas de distribución y los conocimientos adquiridos en etapas precedentes fueron volcados al proyecto Actier.
El objetivo del proyecto original antes mencionado fue el de desarrollar un sistema de telemedición que permita reducir los costos operativos de las cooperativas eléctricas, mejorando la calidad del servicio. Según agregaron los expertos, todo el desarrollo contempla desde la medición a la transmisión de datos con tecnología innovadora en el país.
Impacto en la sociedad
Los investigadores destacaron el impacto del proyecto en el logro de la inclusión social de los habitantes de asentamientos costeros, escuelas rurales, dispensarios, destacamentos policiales, entre otros lugares. Además, en el caso de las centrales generadoras podrían ser una alternativa para la provisión del servicio eléctrico y gas hidrógeno muy similar en sus características calóricas al gas natural.
La conformación de una sociedad mixta integrada por la universidad, los investigadores y el gobierno provincial, permitiría la fabricación en serie y el abastecimiento de equipos a un costo mucho menor que los sistemas de energías alternativas actualmente disponibles en el mercado.
Desde la Agencia de Ciencia provincial informaron que según lo expresado en los informes de avance del proyecto, “a largo plazo, la provincia se podría convertir en generadora de energía eléctrica, así como también de producción de una de las alternativas de combustible para el transporte (mezcla de hidrógeno y gas natural) sin las objeciones ambientales atribuibles a las grandes represas de ríos de llanura”.
Equipo de trabajo
Integran el equipo el director ejecutivo del proyecto, Carlos Mache; el codirector del proyecto, Horacio Hollman; el codirector del proyecto, Fabio Vincitorio, y los recientemente graduados, Gustavo Acinelli, Gustavo Prada, José Stivanello, y Gabriel Garéis, entre otros.
“Debemos destacar la colaboración invaluable y el asesoramiento de los doctores en Química del Citefa, Juan Franco y Héctor Fasoli, cuya colaboración ha sido fundamental para el desarrollo de los equipos de producción de gas hidrógeno”, manifiestan los investigadores.
Fecha de Publicación: 26/05/2011
Fuente: Nueva Litoral
Provincia/Región: Entre Ríos
Se trata de un prototipo de turbina para río de llanura que no necesita represa y es altamente biocompatible. La Provincia cofinanció la investigación, que ya está en ejecución e incluye la concreción de tres proyectos.
Ingenieros de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Paraná se encuentran desarrollando un prototipo de turbina para río de llanura, cuya principal característica es la de no necesitar represa y ser altamente biocompatible.
El gobierno provincial cofinanció esta investigación, que ya está en ejecución e incluye la concreción de tres proyectos incluidos en la propuesta presentada a la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos (Actier).
Desde la Agencia informaron que el proyecto prevé la microgeneración de energía en distintos lugares del río Paraná con la simple implantación de la misma teniendo como alternativa la producción de gas hidrógeno para uso en pequeñas poblaciones ribereñas. Cabe señalar que el mismo se encuadra en el Primer Programa de Fortalecimiento de la Investigación y el Desarrollo y la Ciencia en la Sociedad gestionado por la Área Comunicación Institucional de la Actier.
La directora de la Agencia, Silvia Kupervaser, y su subdirectora, Ana Laffitte, destacaron este proyecto “que aborda una temática de vital importancia como es la generación de energía utilizando tecnologías creadas en nuestro país, y sobre todo cuando se pretende aportar una solución a la provisión de energía a poblaciones isleñas y ribereñas aisladas con bajo costo de operación, considerando el potencial hidráulico de la provincia”.
Agregaron que el objetivo del programa provincial, al fortalecer una investigación que ya está en curso como es este caso, también abre la posibilidad de revisar el impacto en la sociedad y hasta visualizar los límites tecnológicos que se suscitan cuando se llega a un avanzado grado de desarrollo de un prototipo como el planteado por los investigadores, lo cual significa buscar una tecnología que puede ser objeto de nuevos desarrollos innovadores.
El proyecto presentado
“Los proyectos de investigación y desarrollo del área de energía vigentes en la Facultad Regional Paraná de la UTN están orientados a dar respuesta a diferentes problemáticas locales”, explicaron los investigadores y agregaron que “en uno de los proyectos aprobados por Actier se evalúa la posibilidad de la generación alternativa de energía (electricidad y gas hidrógeno) con el objetivo particular de desarrollar -en pequeña escala- una planta de generación alternativa que de respuesta a la provisión de pequeñas poblaciones ribereñas o isleñas”. Para ello, se prevé la construcción de una turbina de río de llanura con el fin de ser usada en los ríos y arroyos existentes en la provincia.
El segundo proyecto incluido en la propuesta presentada a la agencia provincial, “hace hincapié en el uso eficiente de la energía, analizando el caso particular de la implementación del uso de las lámparas de bajo consumo como forma de iluminación a implementar con los sistemas de turbina de río”, dijeron desde la coordinación del proyecto.
El tercer proyecto integrante fija como meta el desarrollo de sistemas de medición de energía eléctrica y telemetría de la turbina. El proyecto original contemplaba el desarrollo de equipos de medición para pequeñas cooperativas de distribución y los conocimientos adquiridos en etapas precedentes fueron volcados al proyecto Actier.
El objetivo del proyecto original antes mencionado fue el de desarrollar un sistema de telemedición que permita reducir los costos operativos de las cooperativas eléctricas, mejorando la calidad del servicio. Según agregaron los expertos, todo el desarrollo contempla desde la medición a la transmisión de datos con tecnología innovadora en el país.
Impacto en la sociedad
Los investigadores destacaron el impacto del proyecto en el logro de la inclusión social de los habitantes de asentamientos costeros, escuelas rurales, dispensarios, destacamentos policiales, entre otros lugares. Además, en el caso de las centrales generadoras podrían ser una alternativa para la provisión del servicio eléctrico y gas hidrógeno muy similar en sus características calóricas al gas natural.
La conformación de una sociedad mixta integrada por la universidad, los investigadores y el gobierno provincial, permitiría la fabricación en serie y el abastecimiento de equipos a un costo mucho menor que los sistemas de energías alternativas actualmente disponibles en el mercado.
Desde la Agencia de Ciencia provincial informaron que según lo expresado en los informes de avance del proyecto, “a largo plazo, la provincia se podría convertir en generadora de energía eléctrica, así como también de producción de una de las alternativas de combustible para el transporte (mezcla de hidrógeno y gas natural) sin las objeciones ambientales atribuibles a las grandes represas de ríos de llanura”.
Equipo de trabajo
Integran el equipo el director ejecutivo del proyecto, Carlos Mache; el codirector del proyecto, Horacio Hollman; el codirector del proyecto, Fabio Vincitorio, y los recientemente graduados, Gustavo Acinelli, Gustavo Prada, José Stivanello, y Gabriel Garéis, entre otros.
“Debemos destacar la colaboración invaluable y el asesoramiento de los doctores en Química del Citefa, Juan Franco y Héctor Fasoli, cuya colaboración ha sido fundamental para el desarrollo de los equipos de producción de gas hidrógeno”, manifiestan los investigadores.
Argentina consume más energía de la que genera
Desde 2008 la Argentina consume más energía de la que genera
Fecha de Publicación: 25/05/2011
Fuente: InfoBae - Infoamabiente
Provincia/Región: Nacional
Las inversiones realizadas en décadas previas, sumado el colapso de la convertibilidad, había dejado un amplio margen en la capacidad de generación de energía eléctrica, cercano al 40%. Hoy la demanda excedente se cubre con importaciones
"El colchón consumido era el que permitía responder a los picos de demanda eléctrica de julio y diciembre, por el creciente uso de caloventores y aire acondicionados, respectivamente", explica Ramiro Castiñeira de Econométrica.
Agrega el economista que "en 2008 la Argentina importa (en términos netos) 2.880Gwh, magnitud equivalente al 4,4% de la demanda local anual", con un contrato de compensación pero que tuvo un costo implícito de u$s500 millones.
Además, se encaran programas de inversión para elevar la potencia instalada en 2009 en 10%, principalmente gracias a las nuevas centrales térmicas que adicionan 2.500 MW.
A partir de ahí, Castiñeira observa que "la mayor capacidad de generación y la menor demanda ante la crisis internacional y local en 2008 y 2009, redujeron la importación neta a 150 y 750 GWh, respectivamente".
Y en 2010 "continúa incrementándose la potencia instalada (+4,3%), pero la demanda interna lleva a la necesidad de importar 2.000 Gwh, con un costo implícito que no llega a u$s300 millones", destaca el economista.
Fuentes adicionales
Además, recuerda Castiñeira que "en 2011 la elevación de la cota a 83 metros de Yacyretá, permite adicionar 1.600 MW de potencia (5,4%). Al mismo tiempo, resulta inminente la inauguración de Atucha II adicionando otros 735 MW a la capacidad instalada (2,5%)".
También observa el analista que "agotado el colchón que dejó la crisis, la potencia instalada se incrementó 25% desde 2007 a Atucha II, pero resulta insuficiente para no depender de la importación de energía eléctrica en los picos de demanda, equivalente a 15% para un déficit energético estimado de u$s2.200 millones".
Fecha de Publicación: 25/05/2011
Fuente: InfoBae - Infoamabiente
Provincia/Región: Nacional
Las inversiones realizadas en décadas previas, sumado el colapso de la convertibilidad, había dejado un amplio margen en la capacidad de generación de energía eléctrica, cercano al 40%. Hoy la demanda excedente se cubre con importaciones
"El colchón consumido era el que permitía responder a los picos de demanda eléctrica de julio y diciembre, por el creciente uso de caloventores y aire acondicionados, respectivamente", explica Ramiro Castiñeira de Econométrica.
Agrega el economista que "en 2008 la Argentina importa (en términos netos) 2.880Gwh, magnitud equivalente al 4,4% de la demanda local anual", con un contrato de compensación pero que tuvo un costo implícito de u$s500 millones.
Además, se encaran programas de inversión para elevar la potencia instalada en 2009 en 10%, principalmente gracias a las nuevas centrales térmicas que adicionan 2.500 MW.
A partir de ahí, Castiñeira observa que "la mayor capacidad de generación y la menor demanda ante la crisis internacional y local en 2008 y 2009, redujeron la importación neta a 150 y 750 GWh, respectivamente".
Y en 2010 "continúa incrementándose la potencia instalada (+4,3%), pero la demanda interna lleva a la necesidad de importar 2.000 Gwh, con un costo implícito que no llega a u$s300 millones", destaca el economista.
Fuentes adicionales
Además, recuerda Castiñeira que "en 2011 la elevación de la cota a 83 metros de Yacyretá, permite adicionar 1.600 MW de potencia (5,4%). Al mismo tiempo, resulta inminente la inauguración de Atucha II adicionando otros 735 MW a la capacidad instalada (2,5%)".
También observa el analista que "agotado el colchón que dejó la crisis, la potencia instalada se incrementó 25% desde 2007 a Atucha II, pero resulta insuficiente para no depender de la importación de energía eléctrica en los picos de demanda, equivalente a 15% para un déficit energético estimado de u$s2.200 millones".
El panorama de las energías renovables
El panorama de las energías renovables en Argentina
Fecha de Publicación: 24/05/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Es costumbre decir que nuestro país tiene de todo un poco: es rico en tierras, en minerales, en diversidad de climas. Todo eso es correcto, tanto como que Argentina es uno de los países con más potencial para las energías renovables.
En la Patagonia tenemos una fuente inagotable de energía: el viento. Es de los mejores del mundo en su tipo para generar electricidad por su intensidad y constancia. A su vez, en el noroeste tenemos muchos días de sol fuerte al año para la energía solarmientras que la zona cordillerana posee una gran cantidad de sitios para la energía geotérmica. La larga línea de costa contra el océano Atlántico, por su parte, puede aportar una fuente inagotable de energía oceánica, mediante mareas u olas.
Si Argentina se lo propone, podría suplir la totalidad de su consumo eléctrico con energías de fuentes limpias y renovables, e incluso podría llegar a ser exportadora neta. En el año 2006 se creó el marco regulatorio, con la sanción de la ley 26.190/06. Esta última otorgó a las energías renovables el carácter de interés nacional, dejando asentado que para el año 2016, la Argentina deberá asegurarse que hasta un ocho por ciento de la generación de energía eléctrica provenga de fuentes renovables.
Se realizaron estudios y mapas para conocer el potencial de energías renovables en cada provincia con la mayor exactitud posible y en el año 2009 se reglamentó la ley por decreto presidencial. Ese mismo año, el gobierno nacional, junto con ENARSA , la empresa pública de energía, lanzaron el programa GENREN , que ofrecía comprar 1000 MW de energías renovables mediante contratos fijos a 15 años.
Las licitaciones tuvieron buena respuesta por parte de empresas privadas: se presentaron 22 ofertas por 49 proyectos que ascendían a un total de 1461 MW, superando las estimaciones oficiales en un 46 por ciento. En junio de 2010, luego de un exhaustivo análisis, se conocieron los ganadores y se aprobaron un total de 895 MW. La mayoría de las ofertas fueron por energía eólica, una de las que requiere menos inversión y menores riesgos financieros.
En el país existe una experiencia eólica de larga data. En 1994 se instaló el primer parque eólico en Comodoro Rivadavia. Si bien fue uno de los primeros del mundo, la explotación está recién despegando en este año 2011, dado que anteriormente la infraestructura del tendido de cables de alta tensión no estaba preparada.
También existen medianas y grandes empresas nacionales que fabrican aerogeneradores con componentes locales. Una de ellas es IMPSA, con base en Mendoza, que ha conseguido la adjudicación de cuatro proyectos, en dos parques: Malaspina, en Chubut (50 y 30 MW) y Koluel Kayke, en Santa Cruz (50 y 25 MW). Ya han iniciado la producción y se espera que los parques estén funcionando para fines de este año.
A su vez, la empresa Isolux Corsán logró la aprobación de cuatro proyectos que forman un único parque eólico de 200 MW de potencia llamado Loma Blanca, en la provincia de Chubut, con 100 aerogeneradores.
Otras fuentes de energías renovables recibieron menor atención tanto en proyectos presentados como en aprobados. Se otorgaron tan sólo 20 MW para energía solar fotovoltaica, en San Juan. Esta provincia que viene apostando por la energía solar, cuenta con proyectos a largo plazo de investigación y con la intención de fabricar paneles solares in situ. Se instalarán allí cinco plantas solares a lo largo de este año.
También se aprobaron cinco pequeños aprovechamientos hidroeléctricos por 10,6 MW, en Mendoza, Catamarca y Jujuy. La energía hidroeléctrica es actualmente la fuente más importante en renovables aunque no siempre los proyectos hidroeléctricos son sinónimo de energía limpia y amigable con el medioambiente. Los proyectos a gran escala, por ejemplo, llamados de acumulación, requieren de agua embalsada por un dique y suelen destrozar el ecosistema que los rodea.
En cambio, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos se valen de la fuerza de la corriente del río, y se los suele llamar "de paso". Estas turbinas pequeñas son más fáciles de construir y de mantener.
La empresa IECSA Hidrocuyo SA fue la que más proyectos consiguió: dos en Jujuy y uno en Catamarca, por un total de casi 8 MW de potencia. Los otros dos proyectos se ubican en Mendoza, por 2,7 MW.
La energía térmica a base de biocombustibles también logró su avance con 110 MW. Si bien se producen emisiones de CO2, el más conocido de los gases de efecto invernadero (GEI) al menos las plantas captaron previamente CO2 del aire durante su crecimiento antes de liberarlo nuevamente durante la combustión.
Argentina cuenta con las condiciones favorables para el desarrollo de energías renovables, y en abundancia. El GENREN fue el primer paso hacia esa dirección. El siguiente paso será el GENREN II, cuando esté operativo el primero. Los gobiernos provinciales, e incluso algunos municipales, se están animando a iniciar proyectos por su cuenta. Este año 2011 es clave para las renovables en Argentina, sin duda el inicio de una etapa promisoria.
Fecha de Publicación: 24/05/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Es costumbre decir que nuestro país tiene de todo un poco: es rico en tierras, en minerales, en diversidad de climas. Todo eso es correcto, tanto como que Argentina es uno de los países con más potencial para las energías renovables.
En la Patagonia tenemos una fuente inagotable de energía: el viento. Es de los mejores del mundo en su tipo para generar electricidad por su intensidad y constancia. A su vez, en el noroeste tenemos muchos días de sol fuerte al año para la energía solarmientras que la zona cordillerana posee una gran cantidad de sitios para la energía geotérmica. La larga línea de costa contra el océano Atlántico, por su parte, puede aportar una fuente inagotable de energía oceánica, mediante mareas u olas.
Si Argentina se lo propone, podría suplir la totalidad de su consumo eléctrico con energías de fuentes limpias y renovables, e incluso podría llegar a ser exportadora neta. En el año 2006 se creó el marco regulatorio, con la sanción de la ley 26.190/06. Esta última otorgó a las energías renovables el carácter de interés nacional, dejando asentado que para el año 2016, la Argentina deberá asegurarse que hasta un ocho por ciento de la generación de energía eléctrica provenga de fuentes renovables.
Se realizaron estudios y mapas para conocer el potencial de energías renovables en cada provincia con la mayor exactitud posible y en el año 2009 se reglamentó la ley por decreto presidencial. Ese mismo año, el gobierno nacional, junto con ENARSA , la empresa pública de energía, lanzaron el programa GENREN , que ofrecía comprar 1000 MW de energías renovables mediante contratos fijos a 15 años.
Las licitaciones tuvieron buena respuesta por parte de empresas privadas: se presentaron 22 ofertas por 49 proyectos que ascendían a un total de 1461 MW, superando las estimaciones oficiales en un 46 por ciento. En junio de 2010, luego de un exhaustivo análisis, se conocieron los ganadores y se aprobaron un total de 895 MW. La mayoría de las ofertas fueron por energía eólica, una de las que requiere menos inversión y menores riesgos financieros.
En el país existe una experiencia eólica de larga data. En 1994 se instaló el primer parque eólico en Comodoro Rivadavia. Si bien fue uno de los primeros del mundo, la explotación está recién despegando en este año 2011, dado que anteriormente la infraestructura del tendido de cables de alta tensión no estaba preparada.
También existen medianas y grandes empresas nacionales que fabrican aerogeneradores con componentes locales. Una de ellas es IMPSA, con base en Mendoza, que ha conseguido la adjudicación de cuatro proyectos, en dos parques: Malaspina, en Chubut (50 y 30 MW) y Koluel Kayke, en Santa Cruz (50 y 25 MW). Ya han iniciado la producción y se espera que los parques estén funcionando para fines de este año.
A su vez, la empresa Isolux Corsán logró la aprobación de cuatro proyectos que forman un único parque eólico de 200 MW de potencia llamado Loma Blanca, en la provincia de Chubut, con 100 aerogeneradores.
Otras fuentes de energías renovables recibieron menor atención tanto en proyectos presentados como en aprobados. Se otorgaron tan sólo 20 MW para energía solar fotovoltaica, en San Juan. Esta provincia que viene apostando por la energía solar, cuenta con proyectos a largo plazo de investigación y con la intención de fabricar paneles solares in situ. Se instalarán allí cinco plantas solares a lo largo de este año.
También se aprobaron cinco pequeños aprovechamientos hidroeléctricos por 10,6 MW, en Mendoza, Catamarca y Jujuy. La energía hidroeléctrica es actualmente la fuente más importante en renovables aunque no siempre los proyectos hidroeléctricos son sinónimo de energía limpia y amigable con el medioambiente. Los proyectos a gran escala, por ejemplo, llamados de acumulación, requieren de agua embalsada por un dique y suelen destrozar el ecosistema que los rodea.
En cambio, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos se valen de la fuerza de la corriente del río, y se los suele llamar "de paso". Estas turbinas pequeñas son más fáciles de construir y de mantener.
La empresa IECSA Hidrocuyo SA fue la que más proyectos consiguió: dos en Jujuy y uno en Catamarca, por un total de casi 8 MW de potencia. Los otros dos proyectos se ubican en Mendoza, por 2,7 MW.
La energía térmica a base de biocombustibles también logró su avance con 110 MW. Si bien se producen emisiones de CO2, el más conocido de los gases de efecto invernadero (GEI) al menos las plantas captaron previamente CO2 del aire durante su crecimiento antes de liberarlo nuevamente durante la combustión.
Argentina cuenta con las condiciones favorables para el desarrollo de energías renovables, y en abundancia. El GENREN fue el primer paso hacia esa dirección. El siguiente paso será el GENREN II, cuando esté operativo el primero. Los gobiernos provinciales, e incluso algunos municipales, se están animando a iniciar proyectos por su cuenta. Este año 2011 es clave para las renovables en Argentina, sin duda el inicio de una etapa promisoria.
Campos que valen oro
Campos que valen oro
Fecha de Publicación: 24/05/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Pampa
El valor promedio de la hectárea en la zona núcleo aumentó 375 por ciento en los últimos diez años. Se ubica en unos 15 mil dólares y supera el máximo de la serie histórica.
El precio de la tierra exhibió un incremento del 375 por ciento a lo largo de los últimos diez años. El valor promedio de la hectárea en el núcleo de la denominada zona maicera, nordeste de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba y parte de La Pampa, pasó de 4000 dólares en 2000 a 15.000 dólares este año. Se trata de un registro que supera los máximos de la década del noventa y es el más elevado en la serie histórica. Los datos sobre el incremento patrimonial de los dueños de la tierra corresponden a un informe difundido ayer por la Bolsa de Cereales de Rosario y reflejan la creciente rentabilidad de la actividad agropecuaria, fundamentalmente la sojera.
El documento de la Bolsa de Cereales rosarina sostiene que el aumento en el precio de la tierra en la zona maicera, que hoy es la principal zona de siembra sojera del país, se debe exclusivamente al aumento en el precio internacional de las materias primas. Con un peculiar recorte analítico, esa argumentación deja de lado el rol de la política de tipo de cambio real competitivo instalada desde 2003. “El precio de la tierra no depende del precio del producto que se produce, sino de la rentabilidad. La mayor rentabilidad se registra por el aumento internacional en el precio, pero el cambio en el patrón de crecimiento luego de la devaluación también es un factor relevante”, explicó a Página/12 el investigador de Cifra, Nicolás Arceo.
La devaluación y posterior preservación de un tipo de cambio competitivo impulsaron las exportaciones agropecuarias en un escenario global favorecido por el aumento en el precio internacional de los commodities. Arceo estimó que el sector agropecuario alcanzó en 2002-2010 una rentabilidad del 81,3 por ciento superior en relación con los años de la convertibilidad. “A fines de los años noventa, con los bajos niveles de rentabilidad se redujo la cantidad de establecimientos, pero a partir de la devaluación y el crecimiento económico los propietarios que eran antes desplazados y vendían sus tierras ahora pueden producir o arrendar”, precisó el economista.
Por su parte, el docente de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche, Andrés Asiain, consideró que “el fuerte incremento en el precio de la tierra presiona sobre el precio de los alimentos en general. Es una de las causas de la inflación, ya que encarece la producción de trigo, maíz, frutas, leche, verduras”. En ese sentido, Asiain resaltó que “las retenciones neutralizan el precio internacional de la soja al poner una limitación al aumento en el precio de la tierra”. Por su parte, Arceo enfatizó que “a pesar de la existencia de las retenciones la rentabilidad continúa creciendo y aumenta la ganancia patrimonial”, sostuvo el economista.
Las presiones sobre el precio de los alimentos no sólo provienen del aumento en el patrimonio de los dueños de la tierra sino también del desplazamiento de cultivos que genera la expansión de la frontera sojera. La participación de la soja en la superficie sembrada de cereales y oleaginosas pasó del 39,9 por ciento a comienzos de la década pasada al 58,9 por ciento en la última campaña. El informe de la Bolsa rosarina sostiene que el valor de la tierra aplicada a otros cultivos subió, aunque su evolución fue inferior al aumento del 375 por ciento en la producción sojera. Entre 2001 y 2011 el precio de la hectárea en la zona de invernada pasó de menos de 2000 a 7500 dólares, en la zona triguera partió del mismo punto y alcanzó los 6000 dólares, mientras que la zona de cría comenzó por debajo de los mil dólares y llegó hasta los 2500 dólares.
Fecha de Publicación: 24/05/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Pampa
El valor promedio de la hectárea en la zona núcleo aumentó 375 por ciento en los últimos diez años. Se ubica en unos 15 mil dólares y supera el máximo de la serie histórica.
El precio de la tierra exhibió un incremento del 375 por ciento a lo largo de los últimos diez años. El valor promedio de la hectárea en el núcleo de la denominada zona maicera, nordeste de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba y parte de La Pampa, pasó de 4000 dólares en 2000 a 15.000 dólares este año. Se trata de un registro que supera los máximos de la década del noventa y es el más elevado en la serie histórica. Los datos sobre el incremento patrimonial de los dueños de la tierra corresponden a un informe difundido ayer por la Bolsa de Cereales de Rosario y reflejan la creciente rentabilidad de la actividad agropecuaria, fundamentalmente la sojera.
El documento de la Bolsa de Cereales rosarina sostiene que el aumento en el precio de la tierra en la zona maicera, que hoy es la principal zona de siembra sojera del país, se debe exclusivamente al aumento en el precio internacional de las materias primas. Con un peculiar recorte analítico, esa argumentación deja de lado el rol de la política de tipo de cambio real competitivo instalada desde 2003. “El precio de la tierra no depende del precio del producto que se produce, sino de la rentabilidad. La mayor rentabilidad se registra por el aumento internacional en el precio, pero el cambio en el patrón de crecimiento luego de la devaluación también es un factor relevante”, explicó a Página/12 el investigador de Cifra, Nicolás Arceo.
La devaluación y posterior preservación de un tipo de cambio competitivo impulsaron las exportaciones agropecuarias en un escenario global favorecido por el aumento en el precio internacional de los commodities. Arceo estimó que el sector agropecuario alcanzó en 2002-2010 una rentabilidad del 81,3 por ciento superior en relación con los años de la convertibilidad. “A fines de los años noventa, con los bajos niveles de rentabilidad se redujo la cantidad de establecimientos, pero a partir de la devaluación y el crecimiento económico los propietarios que eran antes desplazados y vendían sus tierras ahora pueden producir o arrendar”, precisó el economista.
Por su parte, el docente de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche, Andrés Asiain, consideró que “el fuerte incremento en el precio de la tierra presiona sobre el precio de los alimentos en general. Es una de las causas de la inflación, ya que encarece la producción de trigo, maíz, frutas, leche, verduras”. En ese sentido, Asiain resaltó que “las retenciones neutralizan el precio internacional de la soja al poner una limitación al aumento en el precio de la tierra”. Por su parte, Arceo enfatizó que “a pesar de la existencia de las retenciones la rentabilidad continúa creciendo y aumenta la ganancia patrimonial”, sostuvo el economista.
Las presiones sobre el precio de los alimentos no sólo provienen del aumento en el patrimonio de los dueños de la tierra sino también del desplazamiento de cultivos que genera la expansión de la frontera sojera. La participación de la soja en la superficie sembrada de cereales y oleaginosas pasó del 39,9 por ciento a comienzos de la década pasada al 58,9 por ciento en la última campaña. El informe de la Bolsa rosarina sostiene que el valor de la tierra aplicada a otros cultivos subió, aunque su evolución fue inferior al aumento del 375 por ciento en la producción sojera. Entre 2001 y 2011 el precio de la hectárea en la zona de invernada pasó de menos de 2000 a 7500 dólares, en la zona triguera partió del mismo punto y alcanzó los 6000 dólares, mientras que la zona de cría comenzó por debajo de los mil dólares y llegó hasta los 2500 dólares.
Cuando el freno al comercio se tiñe de verde
Cuando el freno al comercio se tiñe de verde
Fecha de Publicación: 24/05/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Carlos Galperín, del CEI, habló sobre el aumento de las medidas medioambientales; el papel de los gobiernos y las empresas
Moda o necesidad, los temas medioambientales se cuelan cada vez más en la vida cotidiana. Lejos de escapar del fenómeno, el comercio también quedó atrapado en esa telaraña verde.
Casi al mismo tiempo que las numerosas negociaciones internacionales reducían aranceles, los sectores público y privado agudizaron el ingenio para encontrar vías alternativas que aseguraran cierto grado de protección. Las famosas no arancelarias cobran diversas formas. Dentro de la categoría surgieron con mucha fuerza en los últimos años las que apelan a argumentos de tipo ambiental para limitar el comercio, explicó Carlos Galperín, consultor del Centro de Economía Internacional (CEI) de la Cancillería.
-¿Cuál es la relación actual entre medio ambiente y comercio?
-Con las sucesivas negociaciones internacionales se fueron reduciendo los aranceles, en especial en los países desarrollados. Al perder un instrumento de protección de sus sectores productivos como ese empezó a crecer el uso de medidas no arancelarias. Hay algunas más reglamentadas y fáciles de entender, y otras discrecionales. Una de ellas, las medioambientales, en algunos casos de dudosa legitimidad. Es cierto que los problemas ambientales fueron creciendo en importancia: el cambio climático tiene varios años de ebullición, el adelgazamiento de la capa de ozono, lo que pasa con especies animales en peligro de extinción. Todo eso se fue reflejando en acuerdos internacionales de tipo ambiental que utilizan instrumentos comerciales como una forma de obligar a los países a cumplir con lo que dicen esos acuerdos.
El eje de la cuestión pareciera ser la ausencia de un poder de policía universal que garantice el cumplimiento de esas normas, dijo Galperín.
-La frontera entre legitimidad y discrecionalidad parece borrosa.
-Se pueden usar de las dos formas. Muchas veces la legitimidad está en relación a la magnitud que tiene un problema ambiental y de si cumple normas de acuerdos internacionales, ya sean comerciales o ambientales. En algunos casos se ve claramente que hay una preocupación ambiental. Por ejemplo, quiero proteger a las ballenas. Una manera es poner límites a la caza, pero hay países que igual lo hacen. Entonces, se limita el comercio de esas ballenas de modo quitar un incentivo. Si no cumplís esos acuerdos, no te compro ciertos productos.
Hay otros casos donde no es tan claro que se quiera cuidar al medio ambiente. Países como México plantean que Estados Unidos está obligando a otros a seguir ciertos métodos de producción que escapan a lo que un país puede exigir a los otros. No puede decirles cómo producir, lo que puede decidir qué productos importa con normas que sean comunes para todos. A veces se ponen normas que obligan a otros países a producir de un modo que incrementa los costos y resta competitividad.
-¿Cuáles son las principales medidas utilizadas?
-Por un lado normas técnicas y requisitos de información, como etiquetados sobre un producto, certificado sobre la gestión ambiental durante la producción. Fijar condicionalidades para recibir ayudas, subsidios o cierto trato preferencial arancelario, como hacen Estados Unidos y la UE para los productos de países en desarrollo. Pero para pagar ese arancel menor les puede fijar algunas condiciones que ahora están buscando aplicar y son de tipo ambiental.
Otro criterio relacionado con el cambio climático, que es bastante reciente, es la denominada huella de carbono. Quieren que en los productos se informe a los consumidores cuántas emisiones de carbono se generaron durante su producción. Uno podría opinar que eso no perjudica a nadie y que el consumidor tiene derecho a conocer, pero la forma de medir las emisiones, qué cosas se incluyen y cuáles no, pueden resultar muy engañoso. Lo que se ha hecho hasta ahora es medirlo en el transporte bajo una relación que es fácil de entender por cualquiera que es cuanto más transporte, más emisiones.
-Con una clara desventaja para países como el nuestro que están lejos de los grandes mercados de consumo.
-Si es sólo transporte, uno dice, un barco que recorre 5000 km emite más que un camión que recorre 100 km, pero lo que otros argumentan es que una cosa es el transporte y otra la emisión durante todo el ciclo de vida del producto, desde que se empieza a producir hasta que llega al consumidor. Sobre eso hay nuevos estudios que muestran por ejemplo que las flores cultivadas en Africa, cuando se mira todo el ciclo de vida, emitían menos gases de efecto invernadero que otra plantada en Europa y que se vendía ahí. Además, en el caso del transporte, hay que mirar si va en un barco, qué proporción de las emisiones corresponden a ese producto.
-¿Cuáles son los países que usan más este tipo de medidas?
-En general, los desarrollados. Países europeos o Estados Unidos.
-¿Por qué tienen el suficiente peso como para imponerse o por un interés genuino?
-Hay una mezcla de varias cosas. Es una forma de tener un elemento de protección que compensa otros que están perdiendo, como los aranceles. En este caso hay un instrumento que puede ser más discrecional, ya sea por medidas que toman los gobiernos o por casos donde los gobiernos aprovechan normas de consumidores privados o de cadenas de supermercados. Por otra parte, también se basan en preocupaciones que tienen esos países, que con un mayor nivel suelen preocuparse por cuestiones que escapan a las básicas de la vida: tener mejor tipo de alimento y variedad, y que además se cuide el medio ambiente, por caso.
La realidad muestra que los estándares privados cada vez tienen más peso en el comercio y que en muchos casos actúan como verdaderos filtros a la hora de habilitar la entrada de un producto a un país.
Se gestan en el ámbito privado, son privados los que exigen el cumplimiento de esas medidas pero, ¿hasta qué punto un gobierno no es responsable también al permitir que las empresas fijen normas que van más allá de lo consensuado en organismos internacionales?
-¿Hay alguna instancia a nivel mundial donde se analice eso?
-En la OMC se viene discutiendo hace unos años. La mitad de la biblioteca dice que el gobierno no es responsable y la otra mitad, que sí. Porque muchas veces esas normas salen de institutos de regulación donde el gobierno tiene alguna participación. En otros casos, el gobierno no pone ningún límite a normas que hacen cadenas de supermercados, por ejemplo, que violan ciertos acuerdos internacionales que la propia Nación firmó. En otros casos, el gobierno fogonea en secreto esos organismos o empresas hasta con apoyo financiero para inducir a ese tipo de normas.
La discusión que está en especial en el comité de medidas sanitarias y fitosanitarias en la OMC, es cuánta responsabilidad tienen en esto los gobiernos. Los países en desarrollo plantean su preocupación porque a pesar de años de negociación con los gobiernos, aparecen en el sector privado normas que regulan lo mismo por otro lado. Los desarrollados dicen que es cosa de los privados y que los gobiernos no tienen nada que ver. Es un tema irresuelto y todavía no hay litigios internacionales que sienten una jurisprudencia.
Fecha de Publicación: 24/05/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Carlos Galperín, del CEI, habló sobre el aumento de las medidas medioambientales; el papel de los gobiernos y las empresas
Moda o necesidad, los temas medioambientales se cuelan cada vez más en la vida cotidiana. Lejos de escapar del fenómeno, el comercio también quedó atrapado en esa telaraña verde.
Casi al mismo tiempo que las numerosas negociaciones internacionales reducían aranceles, los sectores público y privado agudizaron el ingenio para encontrar vías alternativas que aseguraran cierto grado de protección. Las famosas no arancelarias cobran diversas formas. Dentro de la categoría surgieron con mucha fuerza en los últimos años las que apelan a argumentos de tipo ambiental para limitar el comercio, explicó Carlos Galperín, consultor del Centro de Economía Internacional (CEI) de la Cancillería.
-¿Cuál es la relación actual entre medio ambiente y comercio?
-Con las sucesivas negociaciones internacionales se fueron reduciendo los aranceles, en especial en los países desarrollados. Al perder un instrumento de protección de sus sectores productivos como ese empezó a crecer el uso de medidas no arancelarias. Hay algunas más reglamentadas y fáciles de entender, y otras discrecionales. Una de ellas, las medioambientales, en algunos casos de dudosa legitimidad. Es cierto que los problemas ambientales fueron creciendo en importancia: el cambio climático tiene varios años de ebullición, el adelgazamiento de la capa de ozono, lo que pasa con especies animales en peligro de extinción. Todo eso se fue reflejando en acuerdos internacionales de tipo ambiental que utilizan instrumentos comerciales como una forma de obligar a los países a cumplir con lo que dicen esos acuerdos.
El eje de la cuestión pareciera ser la ausencia de un poder de policía universal que garantice el cumplimiento de esas normas, dijo Galperín.
-La frontera entre legitimidad y discrecionalidad parece borrosa.
-Se pueden usar de las dos formas. Muchas veces la legitimidad está en relación a la magnitud que tiene un problema ambiental y de si cumple normas de acuerdos internacionales, ya sean comerciales o ambientales. En algunos casos se ve claramente que hay una preocupación ambiental. Por ejemplo, quiero proteger a las ballenas. Una manera es poner límites a la caza, pero hay países que igual lo hacen. Entonces, se limita el comercio de esas ballenas de modo quitar un incentivo. Si no cumplís esos acuerdos, no te compro ciertos productos.
Hay otros casos donde no es tan claro que se quiera cuidar al medio ambiente. Países como México plantean que Estados Unidos está obligando a otros a seguir ciertos métodos de producción que escapan a lo que un país puede exigir a los otros. No puede decirles cómo producir, lo que puede decidir qué productos importa con normas que sean comunes para todos. A veces se ponen normas que obligan a otros países a producir de un modo que incrementa los costos y resta competitividad.
-¿Cuáles son las principales medidas utilizadas?
-Por un lado normas técnicas y requisitos de información, como etiquetados sobre un producto, certificado sobre la gestión ambiental durante la producción. Fijar condicionalidades para recibir ayudas, subsidios o cierto trato preferencial arancelario, como hacen Estados Unidos y la UE para los productos de países en desarrollo. Pero para pagar ese arancel menor les puede fijar algunas condiciones que ahora están buscando aplicar y son de tipo ambiental.
Otro criterio relacionado con el cambio climático, que es bastante reciente, es la denominada huella de carbono. Quieren que en los productos se informe a los consumidores cuántas emisiones de carbono se generaron durante su producción. Uno podría opinar que eso no perjudica a nadie y que el consumidor tiene derecho a conocer, pero la forma de medir las emisiones, qué cosas se incluyen y cuáles no, pueden resultar muy engañoso. Lo que se ha hecho hasta ahora es medirlo en el transporte bajo una relación que es fácil de entender por cualquiera que es cuanto más transporte, más emisiones.
-Con una clara desventaja para países como el nuestro que están lejos de los grandes mercados de consumo.
-Si es sólo transporte, uno dice, un barco que recorre 5000 km emite más que un camión que recorre 100 km, pero lo que otros argumentan es que una cosa es el transporte y otra la emisión durante todo el ciclo de vida del producto, desde que se empieza a producir hasta que llega al consumidor. Sobre eso hay nuevos estudios que muestran por ejemplo que las flores cultivadas en Africa, cuando se mira todo el ciclo de vida, emitían menos gases de efecto invernadero que otra plantada en Europa y que se vendía ahí. Además, en el caso del transporte, hay que mirar si va en un barco, qué proporción de las emisiones corresponden a ese producto.
-¿Cuáles son los países que usan más este tipo de medidas?
-En general, los desarrollados. Países europeos o Estados Unidos.
-¿Por qué tienen el suficiente peso como para imponerse o por un interés genuino?
-Hay una mezcla de varias cosas. Es una forma de tener un elemento de protección que compensa otros que están perdiendo, como los aranceles. En este caso hay un instrumento que puede ser más discrecional, ya sea por medidas que toman los gobiernos o por casos donde los gobiernos aprovechan normas de consumidores privados o de cadenas de supermercados. Por otra parte, también se basan en preocupaciones que tienen esos países, que con un mayor nivel suelen preocuparse por cuestiones que escapan a las básicas de la vida: tener mejor tipo de alimento y variedad, y que además se cuide el medio ambiente, por caso.
La realidad muestra que los estándares privados cada vez tienen más peso en el comercio y que en muchos casos actúan como verdaderos filtros a la hora de habilitar la entrada de un producto a un país.
Se gestan en el ámbito privado, son privados los que exigen el cumplimiento de esas medidas pero, ¿hasta qué punto un gobierno no es responsable también al permitir que las empresas fijen normas que van más allá de lo consensuado en organismos internacionales?
-¿Hay alguna instancia a nivel mundial donde se analice eso?
-En la OMC se viene discutiendo hace unos años. La mitad de la biblioteca dice que el gobierno no es responsable y la otra mitad, que sí. Porque muchas veces esas normas salen de institutos de regulación donde el gobierno tiene alguna participación. En otros casos, el gobierno no pone ningún límite a normas que hacen cadenas de supermercados, por ejemplo, que violan ciertos acuerdos internacionales que la propia Nación firmó. En otros casos, el gobierno fogonea en secreto esos organismos o empresas hasta con apoyo financiero para inducir a ese tipo de normas.
La discusión que está en especial en el comité de medidas sanitarias y fitosanitarias en la OMC, es cuánta responsabilidad tienen en esto los gobiernos. Los países en desarrollo plantean su preocupación porque a pesar de años de negociación con los gobiernos, aparecen en el sector privado normas que regulan lo mismo por otro lado. Los desarrollados dicen que es cosa de los privados y que los gobiernos no tienen nada que ver. Es un tema irresuelto y todavía no hay litigios internacionales que sienten una jurisprudencia.
Buscan restringir las fumigaciones
Un proyecto de ley busca restringir las fumigaciones con agrotóxicos
Fecha de Publicación: 23/05/2011
Fuente: El Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Prohíbe las aplicaciones terrestres de glifosato y otros plaguicidas a menos de 1000 metros de zonas urbanas y suburbanas, y las aéreas a menos de 2500 metros. Deberán tener el consentimiento informado de los residentes.
A pesar de que el mundo científico cuenta con evidencias cada vez más explícitas sobre los efectos dañinos de los agrotóxicos en la salud de las poblaciones cercanas a las áreas fumigadas, la Argentina aún no tiene una ley nacional que regule la aplicación de estos plaguicidas. Con el objetivo de revertir esta falta, la diputada Virginia Linares (GEN) presentó un proyecto de ley que busca establecer “franjas mínimas de protección sanitaria y ambiental para prevenir la contaminación generada por estos químicos en residentes de zonas urbanas, periurbanas y/o suburbanas a estos cultivos”.
La norma cuenta con las firmas de todo el bloque del GEN y el apoyo de legisladores del Partido Socialista y la Unión Cívica Radical, y determina, tal como otra propuesta presentada por el interbloque Proyecto Sur –que aún espera tratamiento en el Congreso de la Nación–, una restricción a las aplicaciones terrestres, a partir de un radio de 1000 metros en relación a las poblaciones más cercanas. Sin embargo, se diferencia del segundo en que, en lugar de prohibir las fumigaciones aéreas, las fija a partir de un radio de 2500 metros.
“Uno estaría de acuerdo con prohibir la utilización de agrotóxicos directamente, porque son elementos peligrosos para la salud de las poblaciones expuestas. Pero para llegar a ese punto hay que tener resuelto el tema de los sustitutos, una meta que aún no está completa, y por eso es difícil que salga una ley más exigente. Esta es una propuesta para el mientras tanto. Si saliese la restricción completa, sería mejor, no tendría sentido nuestro proyecto. Se trata más bien de subir un escalón hasta alcanzar el marco regulatorio ideal”, explicó a Tiempo Argentino la diputada Linares.
La eliminación de las aplicaciones aéreas es una demanda de especialistas, científicos y médicos que estudian los daños de agrotóxicos en la salud de las poblaciones, y que siguieron la evolución durante los últimos años de distintos tipos de cáncer, malformaciones congénitas, abortos espontáneos y trastornos de la fertilidad. Toman como referencia para este reclamo la experiencia de la legislación europea, que resolvió prohibirlas en 2009. Sin ir más lejos, entre el 28 y 30 de abril, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario fue la sede del 2º Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados, cuya principal conclusión fue la reiteración de ese pedido (ver p. 27). “En el Congreso Nacional continúa prevaleciendo la defensa de los derechos a la propiedad privada y al agronegocio”, denunciaron en su comunicado final.
La norma cuenta en sus argumentos con un importante estudio sobre legislación comparada e información sobre los daños a la salud, pero no hace mención al problema del agronegocio y su semilla estrella, la soja transgénica. Sin embargo, la diputada Linares aseguró “no estar de acuerdo con el monocultivo”, y dijo que para revertir esa tendencia “deben cambiarse las condiciones nacionales e internacionales y potenciar una política agropecuaria nacional que estimule y fomente otras producciones”.
El proyecto determina además una serie de obligaciones para los aplicadores. Estos deberán, por ejemplo, presentar un plan de gestión aprobado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el ente de aplicación, que incluya información sobre las características de la tecnología utilizada para la dispersión de los productos, la evaluación de la utilización de aditivos para minimizar la deriva de los productos utilizados y el consentimiento informado por vía escrita de los residentes de las áreas potencialmente afectadas por la deriva. Este último punto es una novedad en el abordaje de la aplicación de agrotóxicos, pero su viabilidad dependerá de la reglamentación, donde se determinarán los límites y modos de ese consentimiento.
En caso de incumplimiento, indica además que se reprimirá, tal como marca el Código Penal en lo referido a los delitos contra la salud pública, con una pena de prisión de tres a diez años para los casos de envenenamiento, adulteración de aguas potables o alimentos o medicinas; y de diez a veinticinco años si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona.
Fecha de Publicación: 23/05/2011
Fuente: El Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Prohíbe las aplicaciones terrestres de glifosato y otros plaguicidas a menos de 1000 metros de zonas urbanas y suburbanas, y las aéreas a menos de 2500 metros. Deberán tener el consentimiento informado de los residentes.
A pesar de que el mundo científico cuenta con evidencias cada vez más explícitas sobre los efectos dañinos de los agrotóxicos en la salud de las poblaciones cercanas a las áreas fumigadas, la Argentina aún no tiene una ley nacional que regule la aplicación de estos plaguicidas. Con el objetivo de revertir esta falta, la diputada Virginia Linares (GEN) presentó un proyecto de ley que busca establecer “franjas mínimas de protección sanitaria y ambiental para prevenir la contaminación generada por estos químicos en residentes de zonas urbanas, periurbanas y/o suburbanas a estos cultivos”.
La norma cuenta con las firmas de todo el bloque del GEN y el apoyo de legisladores del Partido Socialista y la Unión Cívica Radical, y determina, tal como otra propuesta presentada por el interbloque Proyecto Sur –que aún espera tratamiento en el Congreso de la Nación–, una restricción a las aplicaciones terrestres, a partir de un radio de 1000 metros en relación a las poblaciones más cercanas. Sin embargo, se diferencia del segundo en que, en lugar de prohibir las fumigaciones aéreas, las fija a partir de un radio de 2500 metros.
“Uno estaría de acuerdo con prohibir la utilización de agrotóxicos directamente, porque son elementos peligrosos para la salud de las poblaciones expuestas. Pero para llegar a ese punto hay que tener resuelto el tema de los sustitutos, una meta que aún no está completa, y por eso es difícil que salga una ley más exigente. Esta es una propuesta para el mientras tanto. Si saliese la restricción completa, sería mejor, no tendría sentido nuestro proyecto. Se trata más bien de subir un escalón hasta alcanzar el marco regulatorio ideal”, explicó a Tiempo Argentino la diputada Linares.
La eliminación de las aplicaciones aéreas es una demanda de especialistas, científicos y médicos que estudian los daños de agrotóxicos en la salud de las poblaciones, y que siguieron la evolución durante los últimos años de distintos tipos de cáncer, malformaciones congénitas, abortos espontáneos y trastornos de la fertilidad. Toman como referencia para este reclamo la experiencia de la legislación europea, que resolvió prohibirlas en 2009. Sin ir más lejos, entre el 28 y 30 de abril, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario fue la sede del 2º Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados, cuya principal conclusión fue la reiteración de ese pedido (ver p. 27). “En el Congreso Nacional continúa prevaleciendo la defensa de los derechos a la propiedad privada y al agronegocio”, denunciaron en su comunicado final.
La norma cuenta en sus argumentos con un importante estudio sobre legislación comparada e información sobre los daños a la salud, pero no hace mención al problema del agronegocio y su semilla estrella, la soja transgénica. Sin embargo, la diputada Linares aseguró “no estar de acuerdo con el monocultivo”, y dijo que para revertir esa tendencia “deben cambiarse las condiciones nacionales e internacionales y potenciar una política agropecuaria nacional que estimule y fomente otras producciones”.
El proyecto determina además una serie de obligaciones para los aplicadores. Estos deberán, por ejemplo, presentar un plan de gestión aprobado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el ente de aplicación, que incluya información sobre las características de la tecnología utilizada para la dispersión de los productos, la evaluación de la utilización de aditivos para minimizar la deriva de los productos utilizados y el consentimiento informado por vía escrita de los residentes de las áreas potencialmente afectadas por la deriva. Este último punto es una novedad en el abordaje de la aplicación de agrotóxicos, pero su viabilidad dependerá de la reglamentación, donde se determinarán los límites y modos de ese consentimiento.
En caso de incumplimiento, indica además que se reprimirá, tal como marca el Código Penal en lo referido a los delitos contra la salud pública, con una pena de prisión de tres a diez años para los casos de envenenamiento, adulteración de aguas potables o alimentos o medicinas; y de diez a veinticinco años si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona.
Venta de tierras: en junio inician debate
Venta de tierras: en junio inician debate de la ley
Fecha de Publicación: 22/05/2011
Fuente: La mañana de Neuquén
Provincia/Región: Nacional
Es la que busca limitar la venta a extranjeros. Será tratada en el marco de un plenario de comisiones.
La Cámara de Diputados iniciará en la primera semana de junio el debate en comisión del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que busca limitar la venta de tierras a extranjeros, en el marco de un plenario de comisiones que contará con la presencia de funcionarios del Ministerio de Agricultura.
El texto, enviado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 27 de abril al Congreso, será tratado el próximo 2 de junio en un plenario de las comisiones de Legislación General y Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja, que contaría con la presencia del ministro de Agricultura, Julián Domínguez.
Según confirmó a Télam la diputada de Nuevo Encuentro, Vilma Ibarra, titular de la comisión de Legislación General, también se invitará al plenario a los legisladores que integran la comisión de Asuntos Constitucionales, donde se encuentran otros proyectos vinculados a la posesión de tierras en manos de extranjeros.
Al anunciar el proyecto, la Presidenta -que ya se había comprometido el 1 de marzo al inaugurar la Asamblea Legislativa a remitir el texto al Congreso- aseguró que con la iniciativa "estamos dando un paso más en algo muy importante que es el dominio nacional de nuestro recurso no renovable, la tierra".
La iniciativa no sólo apunta "a regular un previsible incremento de la propiedad extranjera sino a la necesidad de limitar un proceso de concentración de grandes extensiones de tierras en manos de capitales", según los fundamentos.
Entre otras cuestiones, el proyecto establece que las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las 1.000 hectáreas, cualquiera sea su lugar de ubicación, y fija en el 20 por ciento el límite a toda titularidad de dominio por parte de extranjeros de tierras rurales en el territorio nacional.
Si bien existen cerca de una docena de proyectos vinculados con la propiedad de la tierra, el plenario de comisiones -previsto para el 2 de junio- avanzará en el debate de la cuestión y buscará consensuar un texto unificado entre los diferentes bloques parlamentarios.
La iniciativa fue bien recibida por la mayoría de los bloques parlamentarios, que coincidieron en destacar la importancia de avanzar en la cuestión y anticiparon el respaldo al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo aunque se mostraron a favor de unificarlo con las otras inciativas existentes en la Cámara Baja.
"Creo que vamos a poder llegar a un consenso fácilmente, ya que tanto el oficialismo como la oposición tienen vocación de sacar una ley que aborde definitivamente la cuestión del dominio de las tierras rurales", enfatizó Ibarra.
Desde el radicalismo, el diputado Pablo Orsolini, ex vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), manifestó su respaldo al proyecto, al sostener que "es un buen augurio que se le dé celeridad a este tema tan importante, ya que desde 2000 que venimos reclamando este debate en nuestra entidad".
Fecha de Publicación: 22/05/2011
Fuente: La mañana de Neuquén
Provincia/Región: Nacional
Es la que busca limitar la venta a extranjeros. Será tratada en el marco de un plenario de comisiones.
La Cámara de Diputados iniciará en la primera semana de junio el debate en comisión del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que busca limitar la venta de tierras a extranjeros, en el marco de un plenario de comisiones que contará con la presencia de funcionarios del Ministerio de Agricultura.
El texto, enviado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 27 de abril al Congreso, será tratado el próximo 2 de junio en un plenario de las comisiones de Legislación General y Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja, que contaría con la presencia del ministro de Agricultura, Julián Domínguez.
Según confirmó a Télam la diputada de Nuevo Encuentro, Vilma Ibarra, titular de la comisión de Legislación General, también se invitará al plenario a los legisladores que integran la comisión de Asuntos Constitucionales, donde se encuentran otros proyectos vinculados a la posesión de tierras en manos de extranjeros.
Al anunciar el proyecto, la Presidenta -que ya se había comprometido el 1 de marzo al inaugurar la Asamblea Legislativa a remitir el texto al Congreso- aseguró que con la iniciativa "estamos dando un paso más en algo muy importante que es el dominio nacional de nuestro recurso no renovable, la tierra".
La iniciativa no sólo apunta "a regular un previsible incremento de la propiedad extranjera sino a la necesidad de limitar un proceso de concentración de grandes extensiones de tierras en manos de capitales", según los fundamentos.
Entre otras cuestiones, el proyecto establece que las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las 1.000 hectáreas, cualquiera sea su lugar de ubicación, y fija en el 20 por ciento el límite a toda titularidad de dominio por parte de extranjeros de tierras rurales en el territorio nacional.
Si bien existen cerca de una docena de proyectos vinculados con la propiedad de la tierra, el plenario de comisiones -previsto para el 2 de junio- avanzará en el debate de la cuestión y buscará consensuar un texto unificado entre los diferentes bloques parlamentarios.
La iniciativa fue bien recibida por la mayoría de los bloques parlamentarios, que coincidieron en destacar la importancia de avanzar en la cuestión y anticiparon el respaldo al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo aunque se mostraron a favor de unificarlo con las otras inciativas existentes en la Cámara Baja.
"Creo que vamos a poder llegar a un consenso fácilmente, ya que tanto el oficialismo como la oposición tienen vocación de sacar una ley que aborde definitivamente la cuestión del dominio de las tierras rurales", enfatizó Ibarra.
Desde el radicalismo, el diputado Pablo Orsolini, ex vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), manifestó su respaldo al proyecto, al sostener que "es un buen augurio que se le dé celeridad a este tema tan importante, ya que desde 2000 que venimos reclamando este debate en nuestra entidad".
Chubut: bosques nativos con rango constitucional?
Quieren darle rango constitucional al manejo de los bosques nativos
Fecha de Publicación: 21/05/2011
Fuente: El Diario
Provincia/Región: Chubut
La Legislatura Provincial avanza en la redacción de un anteproyecto para reemplazar definitivamente el polémico decreto N° 268/11 emitido en marzo último por el Poder Ejecutivo Provincial para habilitar la transferencia de tierras fiscales con bosques nativos.
“El anteproyecto de ley está prácticamente terminado. Sólo resta confirmar y ajustar algunos aspectos jurídicos que refuerzan la solución que reclama específicamente el municipio de Lago Puelo para el manejo de las tierras de su jurisdicción”, confirmó ayer el diputado Carlos Lorenzo (UCR), tras una reunión con su par justicialista Jorge Pitiot, representante del oficialismo en esta cuestión.
La respuesta corroboró la opinión extendida de que la única problemática concreta en este tema, presentada como “grave, recurrente e inveterada” de los municipios cordilleranos por el Poder Ejecutivo, se circunscribe a Lago Puelo.
El asesor legal de ese municipio, Julio Traverso, severamente cuestionado por entidades aborígenes y ambientalistas de la zona, fue sindicado como el principal inspirador de esta propuesta de avance desenfrenado de las comunas en las tierras fiscales con bosques nativos, una cuestión estrictamente reglamentada por la Constitución Provincial que establece el dominio provincial sobre las masas arbóreas en esas superficies y la realización de una votación especial para cualquier decisión que las involucre.
Consecuencias impensadas
El decreto 268/11 desencadenó a principios del mes pasado de abril una generalizada resistencia por las eventuales consecuencias inmobiliarias de su aplicación y la posibilidad de facilitar el traspaso de riquísimas tierras cordilleranas a manos privadas extranjeras.
Ante la oposición creciente y en medio de críticas que se extendieron al resto del país, desde el Poder Ejecutivo se intentó defender la oculta medida, adoptada el 10 de marzo pero que recién tomó estado público más de un mes después mediante su publicación fragmentada en el Boletín Oficial del 4 de abril pasado.
El rechazo, sin embargo, no pudo ser contrarrestado ni con la participación del intendente municipal de Lago Puelo, Iván Fernández, único jefe comunal en funciones que mostró públicamente un fervoroso interés por la decisión, durante una reunión celebrada en la Cámara de Diputados con la presencia también del intendente electo de Cholila y actual ministro de Gobierno, Héctor Miguel Castro.
Anuncio inesperado
La fragilidad de los solitarios defensores, en medio del desinterés, ignorancia y críticas del resto de los intendentes municipales supuestamente beneficiados con el decreto, obligó al gobernador Mario Das Neves a suspender la vigencia de controvertido decreto y a establecer un plazo de 60 días para que la Legislatura Provincial apruebe la norma correspondiente.
La decisión se conoció en una situación inusual, por cuando en medio de una farragosa discusión entre la mayoría justicialista, defensora a ultranza de la propuesta pedida en solitario por el intendente Fernández y con endebles fundamentos jurídicos del Asesor Legal del Gobierno, Pablo Aguilera y la oposición en bloque, promotora de su rechazo por considerarla una violación constitucional, se supo que el gobernador Das Neves había anunciado, hacía varias horas, la suspensión por dos meses del decreto 268.
Oficialismo desarticulado
El anuncio lo realizó la oposición ante las miradas incrédulas de los diputados oficialistas que mostraron un total desconocimiento de las resoluciones de su jefe político. Das Neves prefirió entonces organizar una conferencia de prensa para que sus voceros de siempre anticiparan un giro total del tema e ignorar una elemental cortesía hacia quienes habían sido, hasta ese momento, sus principales escuderos en defensa de su discutida decisión.
Los legisladores justicialistas guardaron sus argumentos rápidamente frente a la inesperada noticia que fue objeto de celebración especial por parte de los opositores.
¿Burocracia o Intención?
La suspensión se anunció el jueves 28 de abril pero recién una semana después, el jueves 5 de mayo, se registró el decreto N° 511/11, que suspendió, por el plazo de dos meses la entrada en vigencia del Decreto N° 268 de fecha 10 de Marzo de 2011, a partir del dictado del presente Decreto.
El discutido decreto originario tuvo así una vigencia de casi dos meses (56 días), abriendo un perentorio compás de espera que parece será superado por la labor legislativa con su propuesta de ley.
Aunque se insistió en que el dictado del decreto 268/11 obedeció al legítimo reconocimiento de la autonomía municipal, y de la propiedad sobre las tierras fiscales dentro de los correspondientes ejidos municipales, negando que se soslayaran las medidas que se adopten en el marco de lo dispuesto por el art. 105° de esa Carta Magna Provincial, el escenario había cambiado.
El Poder Ejecutivo Provincial tuvo que reconocer que “se han emitido críticas que conllevan a adoptar la decisión de suspender el acto administrativo por un plazo determinado, dejando por ese período en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia del Chubut, la responsabilidad de dictar las normas que permitan arribar a soluciones alternativas”.
Oposición firme
Lorenzo se convirtió en el principal vocero del bloque de la Unión Cívica Radical a lo largo de la discusión, exhortando a recuperar el debate legislativo para “definir y comenzar a ordenar” cuestiones de fondo como el manejo de las tierras públicas con bosques nativos en Chubut.
Reivindicó también la necesidad de que “no haya más grises” en un tema pendiente de reglamentación a partir de la unanimidad alcanzada y consolidada en la Constitución Provincial.
“Tenemos que ser la garantía de que se respete que los bosques son para las futuras generaciones y no para negocios inmobiliarios de los intendentes municipales”, señaló en su momento al presentar una propuesta de ley que apuntó a movilizar la intervención parlamentaria en un debate “que ponga blanco sobre negro” a esta problemática actualizada a partir del decreto N° 268 del pasado 10 de marzo.
Mencionó también la existencia de “un conflicto funcional” motivado por la ausencia de legislación que ha desembocado en “una compleja relación” entre el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural – IAC y la Dirección General de Bosques y Parques.
“El bloque radical será firme defensor del artículo constitucional que habla que la enajenación del bosque nativo pasa solamente por la aprobación de los 4/5 de los diputados de esta Legislatura”, sostuvo Lorenzo. “El bosque nativo es para su explotación racional y no para que lo vengan a alambrar en un negocio inmobiliario y termine en manos de extranjeros que compran tierras baratas”, advirtió.
Fecha de Publicación: 21/05/2011
Fuente: El Diario
Provincia/Región: Chubut
La Legislatura Provincial avanza en la redacción de un anteproyecto para reemplazar definitivamente el polémico decreto N° 268/11 emitido en marzo último por el Poder Ejecutivo Provincial para habilitar la transferencia de tierras fiscales con bosques nativos.
“El anteproyecto de ley está prácticamente terminado. Sólo resta confirmar y ajustar algunos aspectos jurídicos que refuerzan la solución que reclama específicamente el municipio de Lago Puelo para el manejo de las tierras de su jurisdicción”, confirmó ayer el diputado Carlos Lorenzo (UCR), tras una reunión con su par justicialista Jorge Pitiot, representante del oficialismo en esta cuestión.
La respuesta corroboró la opinión extendida de que la única problemática concreta en este tema, presentada como “grave, recurrente e inveterada” de los municipios cordilleranos por el Poder Ejecutivo, se circunscribe a Lago Puelo.
El asesor legal de ese municipio, Julio Traverso, severamente cuestionado por entidades aborígenes y ambientalistas de la zona, fue sindicado como el principal inspirador de esta propuesta de avance desenfrenado de las comunas en las tierras fiscales con bosques nativos, una cuestión estrictamente reglamentada por la Constitución Provincial que establece el dominio provincial sobre las masas arbóreas en esas superficies y la realización de una votación especial para cualquier decisión que las involucre.
Consecuencias impensadas
El decreto 268/11 desencadenó a principios del mes pasado de abril una generalizada resistencia por las eventuales consecuencias inmobiliarias de su aplicación y la posibilidad de facilitar el traspaso de riquísimas tierras cordilleranas a manos privadas extranjeras.
Ante la oposición creciente y en medio de críticas que se extendieron al resto del país, desde el Poder Ejecutivo se intentó defender la oculta medida, adoptada el 10 de marzo pero que recién tomó estado público más de un mes después mediante su publicación fragmentada en el Boletín Oficial del 4 de abril pasado.
El rechazo, sin embargo, no pudo ser contrarrestado ni con la participación del intendente municipal de Lago Puelo, Iván Fernández, único jefe comunal en funciones que mostró públicamente un fervoroso interés por la decisión, durante una reunión celebrada en la Cámara de Diputados con la presencia también del intendente electo de Cholila y actual ministro de Gobierno, Héctor Miguel Castro.
Anuncio inesperado
La fragilidad de los solitarios defensores, en medio del desinterés, ignorancia y críticas del resto de los intendentes municipales supuestamente beneficiados con el decreto, obligó al gobernador Mario Das Neves a suspender la vigencia de controvertido decreto y a establecer un plazo de 60 días para que la Legislatura Provincial apruebe la norma correspondiente.
La decisión se conoció en una situación inusual, por cuando en medio de una farragosa discusión entre la mayoría justicialista, defensora a ultranza de la propuesta pedida en solitario por el intendente Fernández y con endebles fundamentos jurídicos del Asesor Legal del Gobierno, Pablo Aguilera y la oposición en bloque, promotora de su rechazo por considerarla una violación constitucional, se supo que el gobernador Das Neves había anunciado, hacía varias horas, la suspensión por dos meses del decreto 268.
Oficialismo desarticulado
El anuncio lo realizó la oposición ante las miradas incrédulas de los diputados oficialistas que mostraron un total desconocimiento de las resoluciones de su jefe político. Das Neves prefirió entonces organizar una conferencia de prensa para que sus voceros de siempre anticiparan un giro total del tema e ignorar una elemental cortesía hacia quienes habían sido, hasta ese momento, sus principales escuderos en defensa de su discutida decisión.
Los legisladores justicialistas guardaron sus argumentos rápidamente frente a la inesperada noticia que fue objeto de celebración especial por parte de los opositores.
¿Burocracia o Intención?
La suspensión se anunció el jueves 28 de abril pero recién una semana después, el jueves 5 de mayo, se registró el decreto N° 511/11, que suspendió, por el plazo de dos meses la entrada en vigencia del Decreto N° 268 de fecha 10 de Marzo de 2011, a partir del dictado del presente Decreto.
El discutido decreto originario tuvo así una vigencia de casi dos meses (56 días), abriendo un perentorio compás de espera que parece será superado por la labor legislativa con su propuesta de ley.
Aunque se insistió en que el dictado del decreto 268/11 obedeció al legítimo reconocimiento de la autonomía municipal, y de la propiedad sobre las tierras fiscales dentro de los correspondientes ejidos municipales, negando que se soslayaran las medidas que se adopten en el marco de lo dispuesto por el art. 105° de esa Carta Magna Provincial, el escenario había cambiado.
El Poder Ejecutivo Provincial tuvo que reconocer que “se han emitido críticas que conllevan a adoptar la decisión de suspender el acto administrativo por un plazo determinado, dejando por ese período en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia del Chubut, la responsabilidad de dictar las normas que permitan arribar a soluciones alternativas”.
Oposición firme
Lorenzo se convirtió en el principal vocero del bloque de la Unión Cívica Radical a lo largo de la discusión, exhortando a recuperar el debate legislativo para “definir y comenzar a ordenar” cuestiones de fondo como el manejo de las tierras públicas con bosques nativos en Chubut.
Reivindicó también la necesidad de que “no haya más grises” en un tema pendiente de reglamentación a partir de la unanimidad alcanzada y consolidada en la Constitución Provincial.
“Tenemos que ser la garantía de que se respete que los bosques son para las futuras generaciones y no para negocios inmobiliarios de los intendentes municipales”, señaló en su momento al presentar una propuesta de ley que apuntó a movilizar la intervención parlamentaria en un debate “que ponga blanco sobre negro” a esta problemática actualizada a partir del decreto N° 268 del pasado 10 de marzo.
Mencionó también la existencia de “un conflicto funcional” motivado por la ausencia de legislación que ha desembocado en “una compleja relación” entre el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural – IAC y la Dirección General de Bosques y Parques.
“El bloque radical será firme defensor del artículo constitucional que habla que la enajenación del bosque nativo pasa solamente por la aprobación de los 4/5 de los diputados de esta Legislatura”, sostuvo Lorenzo. “El bosque nativo es para su explotación racional y no para que lo vengan a alambrar en un negocio inmobiliario y termine en manos de extranjeros que compran tierras baratas”, advirtió.
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