Cristina se reúne en Canadá con la Barrick
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Cristina se reúne en Canadá con la minera Barrick
Fecha de Publicación: 23/06/2010
Fuente: Indimedia
Provincia/Región: Nacional
En medio de la polémica por Botnia, la Presidenta tiene agendado un almuerzo en Canadá con Peter Munk, el CEO de la minera Barrick Gold acusada de contaminar con cianuro en San Juan. El lobby para concretar el encuentro lo hizo Mariana Llorente, cuñada del renunciado canciller Taiana. También contribuyó el empresario Santiago Soldati, habitual operador de la minera canadiense.
Cristina Kirchner es una mujer audaz. En medio de un nuevo pico de la polémica por Botnia, que tiene sumergido a su gobierno en una de las tareas políticas más delicadas de su historia: esto es convencer a los asambleístas de Gualeguaychú de que impulsarán un control férreo de la papelera acusada de contaminación, no tuvo mejor idea que aceptar un almuerzo con Peter Munk, CEO de la denunciada minera Barrick Gold.
El encuentro está agendado para la semana que viene en Canadá, durante la visita de Cristina Kirchner, que aprovechará para combinar algunos compromisos internacionales con el descanso, en ese agradable país de base agroindustrial, que alguna vez tuvo a la Argentina como modelo.
El almuerzo con el CEO de la Barrick Gold, el inglés Peter Munk, es la única actividad extraoficial de la Presidenta, que primero asistirá en la franco-parlante Vancouver al Congreso Internacional Sindical donde podrá hacer gala de la fibra obrerista del peronismo –claro que acaso soporte algún mal trago por la demora en reconocer a la CTA- y luego se trasladará a Toronto para asistir a la cumbre del G 20 y despecharse con sus conocidas arengas contra el FMI, la especulación financiera global y demás pestes del siglo XXI –y anteriores-.
Lidiar con la agenda poco edificante del encuentro es el primer desafió que enfrentará el flamante canciller Héctor Timerman. Se trata de un regalo envenenado que deja la gestión Taiana y que se selló gracias a la acción coordinada de dos lobbystas eficaces. La hasta ahora poderosa jefa de Gabinete de la Cancillería, Mariana Llorente -cuñada de Taiana- y conocida en el Ministerio de Relaciones Exteriores como la “cuñadísima” por el amplio poder que desplegaba rompiendo sin mayores miramientos con las jerarquías de esa alambicada estructura burocrática.
Mariana Llorente, que solía incidir sobre el destino, el ascenso y la caída de embajadores con años de experiencia, es la contratara femenina de la otra pata sobre la que Taiana asentaba su poder en el mundo diplomático y que también enfrentará ahora la mirada escrutadora de Timerman: el implacable secretario de Coordinación, Rodolfo “Tojo” Ojea Quintana.
Opinóloga en cuanta discusión de política internacional se le cruce por el camino, Llorente sufrió en los últimos tiempos un veto parcial de la Presidenta que ordenó a Taiana que no la lleve más en los viajes en el Tango 01, al parecer molesta por ciertos escándalos que protagonizó en la aeronave.
Sin embargo, en este caso, para introducir la cita con la Barrick en la agenda presidencial, Llorente contó con una ayuda inestimable: el empresario Santiago Soldati, amigo personal de Munk y conocido lobbysta de la Barrick. Con esa plasticidad que tiene el kirchnerismo para tomar lo que le conviene de la demonizada década del 90, Soldati logró penetrar en el núcleo duro del Ejecutivo.
Acaso su relación con los Kirchner se haya afianzado cuando le vendió Sociedad Comercial del Plata al zar del juego Cristóbal López.
Como sea, Soldati fue clave para destrabar la última gran apuesta de la Barrick en la región, el proyecto binacional Pascua Lama, que se expande entre San Juan y la Tercera Región de Chile, y tiene reservas declaradas por 17 millones de onzas de oro. La gestión, que incluyó encuentros directos con Cristina Kirchner, le deparó la gratitud incondicional del gobernador José Luis Gioja, uno de los más fanáticos defensores de la actividad de esta minera, que le depara gruesos dividendos a San Juan.
De hecho, el gobernador Gioja también ofició d emediador para que en abril del año pasado Cristina recibiera en la Casa Rosada a Munk; y no sólo eso, tan fuertes son los lazos que unen a los Kirchner con esta minera, que semanas después la Presidenta volvió a recibir -otra vez junto a Gioja- a los directivos de la compañía, esta vez sin Munk.
Pero el inconveniente de la nueva cita, que exigirá a Timerman que agudice sus dotes diplomáticas, estriba en que vuelve a colocar a la Presidenta al frente de la agenda anti medio ambiente, con una coherencia que es justo reconocerle. Así como vetó la ley de glaciares y ahora puja porque Botnia pueda operar sin inconvenientes, siempre fue una abanderada del desarrollo minero, posición que seguramente incidió para que el octogenario Munk la agasaje con un merecido almuerzo canadiense.
Fecha de Publicación: 23/06/2010
Fuente: Indimedia
Provincia/Región: Nacional
En medio de la polémica por Botnia, la Presidenta tiene agendado un almuerzo en Canadá con Peter Munk, el CEO de la minera Barrick Gold acusada de contaminar con cianuro en San Juan. El lobby para concretar el encuentro lo hizo Mariana Llorente, cuñada del renunciado canciller Taiana. También contribuyó el empresario Santiago Soldati, habitual operador de la minera canadiense.
Cristina Kirchner es una mujer audaz. En medio de un nuevo pico de la polémica por Botnia, que tiene sumergido a su gobierno en una de las tareas políticas más delicadas de su historia: esto es convencer a los asambleístas de Gualeguaychú de que impulsarán un control férreo de la papelera acusada de contaminación, no tuvo mejor idea que aceptar un almuerzo con Peter Munk, CEO de la denunciada minera Barrick Gold.
El encuentro está agendado para la semana que viene en Canadá, durante la visita de Cristina Kirchner, que aprovechará para combinar algunos compromisos internacionales con el descanso, en ese agradable país de base agroindustrial, que alguna vez tuvo a la Argentina como modelo.
El almuerzo con el CEO de la Barrick Gold, el inglés Peter Munk, es la única actividad extraoficial de la Presidenta, que primero asistirá en la franco-parlante Vancouver al Congreso Internacional Sindical donde podrá hacer gala de la fibra obrerista del peronismo –claro que acaso soporte algún mal trago por la demora en reconocer a la CTA- y luego se trasladará a Toronto para asistir a la cumbre del G 20 y despecharse con sus conocidas arengas contra el FMI, la especulación financiera global y demás pestes del siglo XXI –y anteriores-.
Lidiar con la agenda poco edificante del encuentro es el primer desafió que enfrentará el flamante canciller Héctor Timerman. Se trata de un regalo envenenado que deja la gestión Taiana y que se selló gracias a la acción coordinada de dos lobbystas eficaces. La hasta ahora poderosa jefa de Gabinete de la Cancillería, Mariana Llorente -cuñada de Taiana- y conocida en el Ministerio de Relaciones Exteriores como la “cuñadísima” por el amplio poder que desplegaba rompiendo sin mayores miramientos con las jerarquías de esa alambicada estructura burocrática.
Mariana Llorente, que solía incidir sobre el destino, el ascenso y la caída de embajadores con años de experiencia, es la contratara femenina de la otra pata sobre la que Taiana asentaba su poder en el mundo diplomático y que también enfrentará ahora la mirada escrutadora de Timerman: el implacable secretario de Coordinación, Rodolfo “Tojo” Ojea Quintana.
Opinóloga en cuanta discusión de política internacional se le cruce por el camino, Llorente sufrió en los últimos tiempos un veto parcial de la Presidenta que ordenó a Taiana que no la lleve más en los viajes en el Tango 01, al parecer molesta por ciertos escándalos que protagonizó en la aeronave.
Sin embargo, en este caso, para introducir la cita con la Barrick en la agenda presidencial, Llorente contó con una ayuda inestimable: el empresario Santiago Soldati, amigo personal de Munk y conocido lobbysta de la Barrick. Con esa plasticidad que tiene el kirchnerismo para tomar lo que le conviene de la demonizada década del 90, Soldati logró penetrar en el núcleo duro del Ejecutivo.
Acaso su relación con los Kirchner se haya afianzado cuando le vendió Sociedad Comercial del Plata al zar del juego Cristóbal López.
Como sea, Soldati fue clave para destrabar la última gran apuesta de la Barrick en la región, el proyecto binacional Pascua Lama, que se expande entre San Juan y la Tercera Región de Chile, y tiene reservas declaradas por 17 millones de onzas de oro. La gestión, que incluyó encuentros directos con Cristina Kirchner, le deparó la gratitud incondicional del gobernador José Luis Gioja, uno de los más fanáticos defensores de la actividad de esta minera, que le depara gruesos dividendos a San Juan.
De hecho, el gobernador Gioja también ofició d emediador para que en abril del año pasado Cristina recibiera en la Casa Rosada a Munk; y no sólo eso, tan fuertes son los lazos que unen a los Kirchner con esta minera, que semanas después la Presidenta volvió a recibir -otra vez junto a Gioja- a los directivos de la compañía, esta vez sin Munk.
Pero el inconveniente de la nueva cita, que exigirá a Timerman que agudice sus dotes diplomáticas, estriba en que vuelve a colocar a la Presidenta al frente de la agenda anti medio ambiente, con una coherencia que es justo reconocerle. Así como vetó la ley de glaciares y ahora puja porque Botnia pueda operar sin inconvenientes, siempre fue una abanderada del desarrollo minero, posición que seguramente incidió para que el octogenario Munk la agasaje con un merecido almuerzo canadiense.
Visitarán industrias que contaminan el Salí-Dulce
Defensores del Pueblo visitarán las industrias que contaminan el Salí-Dulce
Fecha de Publicación: 22/06/2010
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
El ombudsman santiagueño, Martín Díaz Achával, indicó que el debate a desarrollarse en Tucumán tendrá un alto contenido en materia ambiental.
El 1 y 2 de julio se desarrollará en la ciudad tucumana de Tafí del Valle el Encuentro Nacional de Defensores del Pueblo, en el que el representante local, Martín Díaz Achával, planteará nuevamente la problemática de la Cuenca Salí-Dulce, contaminada por industrias, ingenios y empresas tucumanas; dado que la agenda de debate del próximo plenario nacional tendrá un alto contenido en materia ambiental.
“En primer lugar, vamos con la expectativa de seguir contando con el apoyo del resto de los defensores en lo que hace a las causas ambientales; en segundo lugar, esperamos que se defina un mecanismo para hacer el seguimiento al trabajo que viene realizando el Comité de Cuenca para los fines de trabajar en conjunto, porque ése es el objetivo y esperar los resultados de esta medición que se está realizando ahora, que seguramente será con cuestiones positivas”, detalló a EL LIBERAL Díaz Achával.
Por otra parte, el defensor del Pueblo santiagueño expresó que a partir de este plenario, “la intención es organizar una agenda de visitas a las distintas industrias que, según los informes de la Secretaría de Ambiente de Tucumán, habrían reconvertido parte del proceso para ver en qué consiste, qué utilidades y qué mejoras realmente implican en cuanto al tratamiento del afluente”.
Consultado acerca de la propuesta que presentó la concejala de Las Termas de Río Hondo, Ana Elena Loto, quien solicitó al juez Federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, que pidiera a la Cámara Federal de Tucumán la remisión de todas las pericias realizadas por la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, Díaz Achával expresó: “Nos opusimos cuando se quiso hacer la acumulación de las causas porque son cuestiones distintas, es decir, no es la misma situación las denuncias que tienen sobre un tema y las que se tienen sobre otros; seguramente hay un criterio judicial”.
En ese sentido, el ombudsman justificó su negación debido a que “cuando las causas son tan complejas no avanzan, porque no es lo mismo que puede ejercer un ingenio, un frigorífico o una petrolera; los parámetros no son los mismos y mientras más partes existan, más demoras judiciales se producen”.
Fecha de Publicación: 22/06/2010
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
El ombudsman santiagueño, Martín Díaz Achával, indicó que el debate a desarrollarse en Tucumán tendrá un alto contenido en materia ambiental.
El 1 y 2 de julio se desarrollará en la ciudad tucumana de Tafí del Valle el Encuentro Nacional de Defensores del Pueblo, en el que el representante local, Martín Díaz Achával, planteará nuevamente la problemática de la Cuenca Salí-Dulce, contaminada por industrias, ingenios y empresas tucumanas; dado que la agenda de debate del próximo plenario nacional tendrá un alto contenido en materia ambiental.
“En primer lugar, vamos con la expectativa de seguir contando con el apoyo del resto de los defensores en lo que hace a las causas ambientales; en segundo lugar, esperamos que se defina un mecanismo para hacer el seguimiento al trabajo que viene realizando el Comité de Cuenca para los fines de trabajar en conjunto, porque ése es el objetivo y esperar los resultados de esta medición que se está realizando ahora, que seguramente será con cuestiones positivas”, detalló a EL LIBERAL Díaz Achával.
Por otra parte, el defensor del Pueblo santiagueño expresó que a partir de este plenario, “la intención es organizar una agenda de visitas a las distintas industrias que, según los informes de la Secretaría de Ambiente de Tucumán, habrían reconvertido parte del proceso para ver en qué consiste, qué utilidades y qué mejoras realmente implican en cuanto al tratamiento del afluente”.
Consultado acerca de la propuesta que presentó la concejala de Las Termas de Río Hondo, Ana Elena Loto, quien solicitó al juez Federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, que pidiera a la Cámara Federal de Tucumán la remisión de todas las pericias realizadas por la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, Díaz Achával expresó: “Nos opusimos cuando se quiso hacer la acumulación de las causas porque son cuestiones distintas, es decir, no es la misma situación las denuncias que tienen sobre un tema y las que se tienen sobre otros; seguramente hay un criterio judicial”.
En ese sentido, el ombudsman justificó su negación debido a que “cuando las causas son tan complejas no avanzan, porque no es lo mismo que puede ejercer un ingenio, un frigorífico o una petrolera; los parámetros no son los mismos y mientras más partes existan, más demoras judiciales se producen”.
Alertan a Entre Ríos sobre el uso de agrotóxicos
Alertan a Entre Ríos sobre el uso intensivo de agrotóxicos
Fecha de Publicación: 22/06/2010
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos
La semana pasada se dio a conocer el primer informe oficial dentro del territorio nacional que confirmó el vínculo directo entre el uso de agroquímicos y el aumento de enfermedades. Fue en la provincia de Chaco, donde una comisión conformada por el gobierno provincial analizó estadísticas en zonas de utilización intensiva de esos químicos.
Alertan a Entre Ríos sobre el uso intensivo de agrotóxicos
Los resultados confirmaron las denuncias de vecinos a lo largo del país y lo que especialistas en salud manejan por lo bajo pero no se animan a decirlo públicamente: en una década se triplicaron los casos de cáncer de niños y cuadruplicaron los nacimientos con malformaciones.
Todos esos estudios se focalizaron en la localidad de La Leonesa, cercana a Resistencia y epicentro de las denuncias por el uso de herbicidas y plaguicidas.
Monocultivo
Pues bien, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos por medio de su Sistema de Información Agrícola realizó la estimación del área cultivada, rendimientos y producción de soja por departamento en el ámbito provincial. No tan sorpresivamente, ese sondeo arrojó que Gualeguaychú fue el departamento que más soja produjo en la campaña 2009/10, con casi 490 mil toneladas. Son inherentes e intensivos a ese tipo de cultivos el endosulfan, metamidofos, picloran y clopirifos. La pregunta surge de inmediato: ¿Cuál es el verdadero impacto a la salud por utilizar estos químicos de manera intensiva en campos cercanos a casas y escuelas rurales, además de centros urbanos como Larroque, Urdinarrain, Gualeguaychú, y decenas de poblados menores?
Como era de esperar, a nivel local y regional no existen estudios oficiales que den cuenta el impacto de los agrotóxicos, a pesar de que se trata de una provincia sojera por excelencia.
No obstante, existen casos reveladores. EL ARGENTINO ya había advertido a fines del año pasado de la aparición de casos locales como el de la niña de seis años Clara Monti.
Cuando estaba en los primeros días de gestación, sus papás trabajaban en un campo de Costa Uruguay Norte y a su mamá, Carolina, le pasó un avión fumigador por encima.
La apacible vida de este matrimonio dio un vuelco de inmediato. A los pocos días del hecho, Carolina comenzó a experimentar cambios extraños en su cuerpo. Se le irritaron y despelecharon los labios. Su salud comenzó a deteriorarse pero ese sería el inicio de una odisea que en arrancaría nueve meses después, con el nacimiento de Clara.
El duro diagnóstico de los médicos no tardó en llegar. La beba salió con una anomalía en el tubo neural denominada mielomeningocele. La enfermedad se manifestó en espina bífida –sus huesos no se forman completamente, lo que dio como resultado un conducto raquídeo incompleto-.
Seis años después, los Monti apuntan sus energías a tratar de mejorar la calidad de vida de Clara, que pelea para tener una infancia como cualquier niña de su edad, aunque para lograrlo debe tomar máximos recaudos.
Realidades como la de Clara, que aún no ocupan un lugar destacado en el debate familiar ni en los medios de comunicación, se multiplica en familias que viven en zonas donde se hace abuso de agrotóxicos. Pese a que existen defensores de este tipo de productos, la misma palabra lleva en si misma la revelación: ¿Por qué se permite el uso de tóxicos, entendidos estos como substancias venenosas?
Volviendo al trascendente estudio en el Chaco, los datos parecen ser contundentes y confirman las denuncias que allí si efectivizan desde hace años los vecinos: los casos de cáncer en niños se triplicaron en La Leonesa y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento en esa provincia. A tal punto es alarmante, que se producen 17 casos de malformaciones por mes, según datos oficiales.
En La Leonesa residen 10 mil habitantes, algunos de los cuales iniciaron las primeras denuncias contra al efecto sanitario de los agroquímicos utilizados en el arroz, muy similares a los que se aplican en los cultivos de soja. Ahora, los resultados del primer informe oficial revelan un incremento de patologías oncológicas infantiles, leucemias, tumores cerebrales y linfomas en los últimos ocho años.
Mientras que en el período 1990-1999 se registró un promedio de 0,2 casos por año (1 caso cada 60 meses), en el período 2000-2009 se contabilizaron 0,6 casos por año (1 caso cada 20 meses). Sobre esta problemática, el relevamiento y los especialistas concuerdan que los casos se incrementaron por encima de lo esperado.
En este contexto, la media mundial de cáncer en menores de 15 años es de 12-14 casos cada 100 mil niños. Los datos oficiales de Chaco muestran que en La Leonesa el registro trepa a 20,2.
Una cuestión de percepción
Como suele suceder en el resto del territorio argentino, los médicos hablan de una multicausalidad en la irrupción de casos de cáncer. No obstante, también admiten que creció proporcionalmente a la expansión de la frontera agrícola, que tuvo su punto de inflexión en la cosecha 1996/07.
En ese año la Argentina, y más especialmente Entre Ríos se convirtió en una de las provincias sojeras por excelencia. Pero, pese a ser pionera en la incorporación de soja transgénica y en el uso de agrotóxicos, la Provincia no encomendó estudios oficiales que corroboren la inmediata relación entre la utilización de los mismos y sus efectos en la salud. Lo que si comienzan a irrumpir de a poco en los juzgados son numerosas denuncias de particulares. Para ilustrar, hace unos años atrás las autoridades del hospital San miguel de San Salvador elevaron una advertencia a las autoridades de salud ante la aparición de numerosos abortos espontáneos y el incremento de casos de cáncer. Los denunciantes creen que los hechos referidos estarían vinculados al uso indiscriminado de agroquímicos. Al no haber precisiones científicas, las presentaciones judiciales solo pueden ser calificadas de sospechas. Sin embargo, los médicos saben que con la expansión de la soja y, por ende, del glifosato, aumentaron considerablemente las consultas médicas.
Dada esta realidad, cada vez más especialistas entienden que debe ser muy tenida en cuenta la percepción de la comunidad sobre el tema, dados los estudios de investigación básica que evidencian la toxicidad de agroquímicos como el endusolfan, que se suman a investigaciones como las dadas a conocer en Chaco.
Aunque dentro del territorio ya hay empresas que están pensando en discontinuar el endusolfan desde fines de 2010, otras firmas lo siguen utilizando, simplemente porque la normativa argentina lo permite, más allá de que este tipo de productos fueron vedados en más de cien países. “Debe prevalecer la percepción de los habitantes y la prevención hasta tanto sean esclarecidas las relaciones de causalidad, la escala en la cual se utilizan los tóxicos y la incidencia sobre varias patologías”, explicaron los expertos en salud.
Es que en época de fumigaciones, crecen las visitas de pacientes con reacciones en la piel, los ojos y la garganta.
Beatriz Nicolini es pediatra, trabaja desde hace 25 años con pacientes oncológicos, integra la Comisión oficial y confiesa que, “a pesar de la magnitud de las cifras”, no le asombraron los datos. “Hace tiempo que vemos cómo se multiplican los chiquitos con cáncer. Pareciera no detenerse. Y, aunque no hay una sola causa de ese incremento, los casos aumentaron al mismo tiempo que aumentaba el uso de agroquímicos, ya sea en arroceras o soja”, explica y detalla que sobresalen los casos de leucemia, seguidos por tumores cerebrales y linfomas, según publicó el portal Chaco día por día.
Riesgo y controles por fumigaciones
En el marco de una reunión en Rosario, la Federación Entrerriana de Transporte Automotor de Cargas (FETAC) decidió pedir a los gobernadores de la Región Centro mas controles ante la muerte de otro chofer, aparentemente producto de las fumigaciones .
“El tema ya lo empezó la gente de Fetra hace un tiempo, cuando ocurrieron las primeras muertes. Ya en dos años van seis”, contó Hermes Ludi, presidente de esa Federación.
En ese momento “se hizo un pedido de amparo y tomó intervención Procuraduría de la Nación porque corresponde a la Justicia Federal”, precisó.
Concretamente, asocian las muertes “no con lo que se transporta sino con la fumigación. Inclusive alguien contó en la reunión que en la última muerte se efectuó el traslado del cadáver con una rapidez inusitada, sin hacer una autopsia ni averiguar un poco la causa del deceso”, relató el titular de la Federación.
Por eso “ahora se acordó hacer un reclamo general a las tres provincias y ver como sigue esto para evitar muertes futuras”. Además, “si no hay muertes las consecuencias de estar al lado de estos gases trae otras secuelas”, aclaró, en referencia a la utilización en las cargas de pastillas de fosfuro de aluminio.
Por eso, pedirán al gobernador “que intervengan en un control más estricto y que se pida a los acopiadores y a todos los que intervienen en la cadena de comercialización que la fumigada se haga antes o después de que haya un espacio físico donde se pueda hacer, nunca más arriba del camión”, consignó el dirigente.
Fecha de Publicación: 22/06/2010
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos
La semana pasada se dio a conocer el primer informe oficial dentro del territorio nacional que confirmó el vínculo directo entre el uso de agroquímicos y el aumento de enfermedades. Fue en la provincia de Chaco, donde una comisión conformada por el gobierno provincial analizó estadísticas en zonas de utilización intensiva de esos químicos.
Alertan a Entre Ríos sobre el uso intensivo de agrotóxicos
Los resultados confirmaron las denuncias de vecinos a lo largo del país y lo que especialistas en salud manejan por lo bajo pero no se animan a decirlo públicamente: en una década se triplicaron los casos de cáncer de niños y cuadruplicaron los nacimientos con malformaciones.
Todos esos estudios se focalizaron en la localidad de La Leonesa, cercana a Resistencia y epicentro de las denuncias por el uso de herbicidas y plaguicidas.
Monocultivo
Pues bien, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos por medio de su Sistema de Información Agrícola realizó la estimación del área cultivada, rendimientos y producción de soja por departamento en el ámbito provincial. No tan sorpresivamente, ese sondeo arrojó que Gualeguaychú fue el departamento que más soja produjo en la campaña 2009/10, con casi 490 mil toneladas. Son inherentes e intensivos a ese tipo de cultivos el endosulfan, metamidofos, picloran y clopirifos. La pregunta surge de inmediato: ¿Cuál es el verdadero impacto a la salud por utilizar estos químicos de manera intensiva en campos cercanos a casas y escuelas rurales, además de centros urbanos como Larroque, Urdinarrain, Gualeguaychú, y decenas de poblados menores?
Como era de esperar, a nivel local y regional no existen estudios oficiales que den cuenta el impacto de los agrotóxicos, a pesar de que se trata de una provincia sojera por excelencia.
No obstante, existen casos reveladores. EL ARGENTINO ya había advertido a fines del año pasado de la aparición de casos locales como el de la niña de seis años Clara Monti.
Cuando estaba en los primeros días de gestación, sus papás trabajaban en un campo de Costa Uruguay Norte y a su mamá, Carolina, le pasó un avión fumigador por encima.
La apacible vida de este matrimonio dio un vuelco de inmediato. A los pocos días del hecho, Carolina comenzó a experimentar cambios extraños en su cuerpo. Se le irritaron y despelecharon los labios. Su salud comenzó a deteriorarse pero ese sería el inicio de una odisea que en arrancaría nueve meses después, con el nacimiento de Clara.
El duro diagnóstico de los médicos no tardó en llegar. La beba salió con una anomalía en el tubo neural denominada mielomeningocele. La enfermedad se manifestó en espina bífida –sus huesos no se forman completamente, lo que dio como resultado un conducto raquídeo incompleto-.
Seis años después, los Monti apuntan sus energías a tratar de mejorar la calidad de vida de Clara, que pelea para tener una infancia como cualquier niña de su edad, aunque para lograrlo debe tomar máximos recaudos.
Realidades como la de Clara, que aún no ocupan un lugar destacado en el debate familiar ni en los medios de comunicación, se multiplica en familias que viven en zonas donde se hace abuso de agrotóxicos. Pese a que existen defensores de este tipo de productos, la misma palabra lleva en si misma la revelación: ¿Por qué se permite el uso de tóxicos, entendidos estos como substancias venenosas?
Volviendo al trascendente estudio en el Chaco, los datos parecen ser contundentes y confirman las denuncias que allí si efectivizan desde hace años los vecinos: los casos de cáncer en niños se triplicaron en La Leonesa y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento en esa provincia. A tal punto es alarmante, que se producen 17 casos de malformaciones por mes, según datos oficiales.
En La Leonesa residen 10 mil habitantes, algunos de los cuales iniciaron las primeras denuncias contra al efecto sanitario de los agroquímicos utilizados en el arroz, muy similares a los que se aplican en los cultivos de soja. Ahora, los resultados del primer informe oficial revelan un incremento de patologías oncológicas infantiles, leucemias, tumores cerebrales y linfomas en los últimos ocho años.
Mientras que en el período 1990-1999 se registró un promedio de 0,2 casos por año (1 caso cada 60 meses), en el período 2000-2009 se contabilizaron 0,6 casos por año (1 caso cada 20 meses). Sobre esta problemática, el relevamiento y los especialistas concuerdan que los casos se incrementaron por encima de lo esperado.
En este contexto, la media mundial de cáncer en menores de 15 años es de 12-14 casos cada 100 mil niños. Los datos oficiales de Chaco muestran que en La Leonesa el registro trepa a 20,2.
Una cuestión de percepción
Como suele suceder en el resto del territorio argentino, los médicos hablan de una multicausalidad en la irrupción de casos de cáncer. No obstante, también admiten que creció proporcionalmente a la expansión de la frontera agrícola, que tuvo su punto de inflexión en la cosecha 1996/07.
En ese año la Argentina, y más especialmente Entre Ríos se convirtió en una de las provincias sojeras por excelencia. Pero, pese a ser pionera en la incorporación de soja transgénica y en el uso de agrotóxicos, la Provincia no encomendó estudios oficiales que corroboren la inmediata relación entre la utilización de los mismos y sus efectos en la salud. Lo que si comienzan a irrumpir de a poco en los juzgados son numerosas denuncias de particulares. Para ilustrar, hace unos años atrás las autoridades del hospital San miguel de San Salvador elevaron una advertencia a las autoridades de salud ante la aparición de numerosos abortos espontáneos y el incremento de casos de cáncer. Los denunciantes creen que los hechos referidos estarían vinculados al uso indiscriminado de agroquímicos. Al no haber precisiones científicas, las presentaciones judiciales solo pueden ser calificadas de sospechas. Sin embargo, los médicos saben que con la expansión de la soja y, por ende, del glifosato, aumentaron considerablemente las consultas médicas.
Dada esta realidad, cada vez más especialistas entienden que debe ser muy tenida en cuenta la percepción de la comunidad sobre el tema, dados los estudios de investigación básica que evidencian la toxicidad de agroquímicos como el endusolfan, que se suman a investigaciones como las dadas a conocer en Chaco.
Aunque dentro del territorio ya hay empresas que están pensando en discontinuar el endusolfan desde fines de 2010, otras firmas lo siguen utilizando, simplemente porque la normativa argentina lo permite, más allá de que este tipo de productos fueron vedados en más de cien países. “Debe prevalecer la percepción de los habitantes y la prevención hasta tanto sean esclarecidas las relaciones de causalidad, la escala en la cual se utilizan los tóxicos y la incidencia sobre varias patologías”, explicaron los expertos en salud.
Es que en época de fumigaciones, crecen las visitas de pacientes con reacciones en la piel, los ojos y la garganta.
Beatriz Nicolini es pediatra, trabaja desde hace 25 años con pacientes oncológicos, integra la Comisión oficial y confiesa que, “a pesar de la magnitud de las cifras”, no le asombraron los datos. “Hace tiempo que vemos cómo se multiplican los chiquitos con cáncer. Pareciera no detenerse. Y, aunque no hay una sola causa de ese incremento, los casos aumentaron al mismo tiempo que aumentaba el uso de agroquímicos, ya sea en arroceras o soja”, explica y detalla que sobresalen los casos de leucemia, seguidos por tumores cerebrales y linfomas, según publicó el portal Chaco día por día.
Riesgo y controles por fumigaciones
En el marco de una reunión en Rosario, la Federación Entrerriana de Transporte Automotor de Cargas (FETAC) decidió pedir a los gobernadores de la Región Centro mas controles ante la muerte de otro chofer, aparentemente producto de las fumigaciones .
“El tema ya lo empezó la gente de Fetra hace un tiempo, cuando ocurrieron las primeras muertes. Ya en dos años van seis”, contó Hermes Ludi, presidente de esa Federación.
En ese momento “se hizo un pedido de amparo y tomó intervención Procuraduría de la Nación porque corresponde a la Justicia Federal”, precisó.
Concretamente, asocian las muertes “no con lo que se transporta sino con la fumigación. Inclusive alguien contó en la reunión que en la última muerte se efectuó el traslado del cadáver con una rapidez inusitada, sin hacer una autopsia ni averiguar un poco la causa del deceso”, relató el titular de la Federación.
Por eso “ahora se acordó hacer un reclamo general a las tres provincias y ver como sigue esto para evitar muertes futuras”. Además, “si no hay muertes las consecuencias de estar al lado de estos gases trae otras secuelas”, aclaró, en referencia a la utilización en las cargas de pastillas de fosfuro de aluminio.
Por eso, pedirán al gobernador “que intervengan en un control más estricto y que se pida a los acopiadores y a todos los que intervienen en la cadena de comercialización que la fumigada se haga antes o después de que haya un espacio físico donde se pueda hacer, nunca más arriba del camión”, consignó el dirigente.
Córdoba: En defensa de una ley ambientalista
En defensa de una ley ambientalista
Fecha de Publicación: 21/06/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
Empresarios mineros y profesionales de energía atómica pidieron a la Corte cordobesa la inconstitucionalidad de la Ley 9526, que prohíbe las actividades mineras más riesgosas, incluyendo la extracción de uranio. Asambleas vecinales alertan sobre los peligros latentes.
La Ley 9526 fue aprobada hace menos de dos años sin votos en contra. Protege las nacientes de agua, limita el uso de sustancias tóxicas en minería (cianuro, ácido sulfúrico y clorhídrico, entre otros), prohíbe los yacimientos metalíferos a cielo abierto y la extracción de minerales nucleares (uranio y torio). “El pueblo cordobés nuevamente en peligro”, advierte el reciente comunicado de la asamblea Ongamira Despierta, uno de los epicentros donde se impulsó la ley. Es que la Cámara de Empresario Mineros de Córdoba (Cemincor) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (Apcnean) solicitaron al Tribunal Superior de Justicia que determine la inconstitucionalidad de la norma. El máximo tribunal aún no se expidió, pero ya aceptó tratar el caso. Córdoba ya cuenta con antecedentes graves de contaminación en yacimientos de uranio –emprendimiento Los Gigantes–, con un pasivo ambiental de cuatro millones de toneladas de mineral desde la década del ’80.
La 9526 tiene sólo seis artículos y es contundente. “Prohíbase en todo el territorio provincial la actividad minera metalífera a cielo abierto y en todas sus etapas (cateo, prospección, exploración, explotación, preparación, extracción)”, detalla el artículo uno. El número dos aborda una cuestión con poca prensa, pero conocida para los cordobeses. “Prohíbase en todo el territorio de Córdoba la actividad minera, en todas sus etapas, de minerales nucleares tales como el uranio y el torio. Dicha prohibición regirá, asimismo, para las minas actualmente concedidas, las que deberán proceder al cierre.”
La ley fue aprobada el 24 de septiembre de 2008. No limita ni afecta otras actividades mineras, como canteras, cuarzo y áridos. La Cámara Minera y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (Apcnean) apelaron el 4 de mayo de 2009. Y El 18 de mayo de 2010, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) aceptó formalmente tratar el pedido de inconstitucionalidad, aunque no tiene plazos para expedirse. La Cámara Minera también había solicitado, hasta que se expida el STJ, la suspensión de la ley. Pero el máximo tribunal denegó ese pedido.
El secretario general de la Apcnean, Agustín Arbor González, afirmó a Página/12 que “la Ley 9526 es absurda porque no tiene en cuenta que también hay minería responsable, que cuida el ambiente, y no tiene presente que el uranio es un recurso energético para el país”. Consultado sobre las denuncias de contaminación, González derivó la consulta con “quien más sabe de medio ambiente y actividades nucleares”, Hugo Plaza, también miembro del secretariado general de la Apcnean. Plaza explicó que en Argentina hubo ocho yacimientos de uranio. “Soy uno de los encargados de los controles en centros productores. Nunca se detectó contaminación”, aseguró con firmeza. Consultado sobre el caso de Los Gigantes, luego de un silencio, reconoció: “Ahí sí hubo problemas y hay un pasivo ambiental que hace falta resolver, es que la empresa no cumplió con lo prometido”.
El presidente de la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba (Cemincor), Hugo Apfelbaum, explicó que en la provincia no hay reservas metalíferas en cantidad como para una explotación como en San Juan o Catamarca, y señaló que el tipo de minería en la provincia es de áridos y rocas. “Presentamos la inconstitucionalidad de la ley por el temor a que quieran prohibir toda la minería”, argumentó Apfelbaum.
En Córdoba (ni en ninguna provincia donde existen asambleas que rechazan las industrias extractivas) no se solicita la prohibición de toda la minería, sino la metalífera a gran escala, los usos masivos de explosivos, grandes remociones de tierras y químicos, además con derroche de enormes cantidades de agua.
El presidente de la Cámara Minera reconoció que la actual ley no afecta a la industria cordobesa, pero insiste que la ley es “inconstitucional y retrógrada”. Aseguró que viola la Constitucional Nacional y el Código de Minería.
“El sector minero funda su reclamo en afirmaciones falaces, llegando al extremo de sostener que la actividad minera de uranio no ha producido ningún tipo de contaminación, ni daño a la salud de persona alguna. Esta contaminación ha sucedido y es de público y notorio conocimiento”, denuncian las asambleas Ongamira Despierta y Traslasierra Despierta. En Córdoba, a 30 kilómetros de la turística Villa Carlos Paz, funcionó hasta 1989 el yacimiento de uranio Los Gigantes, denunciada por contaminar la cuenta del río San Antonio y dejar cuatro millones de toneladas de residuos de uranio. La Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), en base a datos de la CNEA, alertó el otro gran riesgo, el dique principal, de 28.000 metros cuadrados y con 100.000 metros cúbicos de químicos (uranio, radio, manganeso, amonio, sulfatos y nitratos, entre otros).
En Córdoba también acumula denuncias Dioxitek (productora de dióxido de uranio para las centrales de Atucha y Embalse I), que mantiene un depósito de residuos radioactivos en el barrio Alta Córdoba, en la ciudad capital. “En ambos casos, las responsabilidades recaen sobre la Comisión Nacional de Energía Atómica, son focos contaminantes que siguen lamentablemente activos. En el caso de Dioxitek, que pertenece a la CNEA, mantiene 36.000 toneladas de residuos radioactivos”, afirmaron desde Funam.
Las asambleas cordobesas adelantaron que defenderán la vigencia de la ley y se mantendrán movilizadas en defensa del ambiente sano.
Fecha de Publicación: 21/06/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
Empresarios mineros y profesionales de energía atómica pidieron a la Corte cordobesa la inconstitucionalidad de la Ley 9526, que prohíbe las actividades mineras más riesgosas, incluyendo la extracción de uranio. Asambleas vecinales alertan sobre los peligros latentes.
La Ley 9526 fue aprobada hace menos de dos años sin votos en contra. Protege las nacientes de agua, limita el uso de sustancias tóxicas en minería (cianuro, ácido sulfúrico y clorhídrico, entre otros), prohíbe los yacimientos metalíferos a cielo abierto y la extracción de minerales nucleares (uranio y torio). “El pueblo cordobés nuevamente en peligro”, advierte el reciente comunicado de la asamblea Ongamira Despierta, uno de los epicentros donde se impulsó la ley. Es que la Cámara de Empresario Mineros de Córdoba (Cemincor) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (Apcnean) solicitaron al Tribunal Superior de Justicia que determine la inconstitucionalidad de la norma. El máximo tribunal aún no se expidió, pero ya aceptó tratar el caso. Córdoba ya cuenta con antecedentes graves de contaminación en yacimientos de uranio –emprendimiento Los Gigantes–, con un pasivo ambiental de cuatro millones de toneladas de mineral desde la década del ’80.
La 9526 tiene sólo seis artículos y es contundente. “Prohíbase en todo el territorio provincial la actividad minera metalífera a cielo abierto y en todas sus etapas (cateo, prospección, exploración, explotación, preparación, extracción)”, detalla el artículo uno. El número dos aborda una cuestión con poca prensa, pero conocida para los cordobeses. “Prohíbase en todo el territorio de Córdoba la actividad minera, en todas sus etapas, de minerales nucleares tales como el uranio y el torio. Dicha prohibición regirá, asimismo, para las minas actualmente concedidas, las que deberán proceder al cierre.”
La ley fue aprobada el 24 de septiembre de 2008. No limita ni afecta otras actividades mineras, como canteras, cuarzo y áridos. La Cámara Minera y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (Apcnean) apelaron el 4 de mayo de 2009. Y El 18 de mayo de 2010, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) aceptó formalmente tratar el pedido de inconstitucionalidad, aunque no tiene plazos para expedirse. La Cámara Minera también había solicitado, hasta que se expida el STJ, la suspensión de la ley. Pero el máximo tribunal denegó ese pedido.
El secretario general de la Apcnean, Agustín Arbor González, afirmó a Página/12 que “la Ley 9526 es absurda porque no tiene en cuenta que también hay minería responsable, que cuida el ambiente, y no tiene presente que el uranio es un recurso energético para el país”. Consultado sobre las denuncias de contaminación, González derivó la consulta con “quien más sabe de medio ambiente y actividades nucleares”, Hugo Plaza, también miembro del secretariado general de la Apcnean. Plaza explicó que en Argentina hubo ocho yacimientos de uranio. “Soy uno de los encargados de los controles en centros productores. Nunca se detectó contaminación”, aseguró con firmeza. Consultado sobre el caso de Los Gigantes, luego de un silencio, reconoció: “Ahí sí hubo problemas y hay un pasivo ambiental que hace falta resolver, es que la empresa no cumplió con lo prometido”.
El presidente de la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba (Cemincor), Hugo Apfelbaum, explicó que en la provincia no hay reservas metalíferas en cantidad como para una explotación como en San Juan o Catamarca, y señaló que el tipo de minería en la provincia es de áridos y rocas. “Presentamos la inconstitucionalidad de la ley por el temor a que quieran prohibir toda la minería”, argumentó Apfelbaum.
En Córdoba (ni en ninguna provincia donde existen asambleas que rechazan las industrias extractivas) no se solicita la prohibición de toda la minería, sino la metalífera a gran escala, los usos masivos de explosivos, grandes remociones de tierras y químicos, además con derroche de enormes cantidades de agua.
El presidente de la Cámara Minera reconoció que la actual ley no afecta a la industria cordobesa, pero insiste que la ley es “inconstitucional y retrógrada”. Aseguró que viola la Constitucional Nacional y el Código de Minería.
“El sector minero funda su reclamo en afirmaciones falaces, llegando al extremo de sostener que la actividad minera de uranio no ha producido ningún tipo de contaminación, ni daño a la salud de persona alguna. Esta contaminación ha sucedido y es de público y notorio conocimiento”, denuncian las asambleas Ongamira Despierta y Traslasierra Despierta. En Córdoba, a 30 kilómetros de la turística Villa Carlos Paz, funcionó hasta 1989 el yacimiento de uranio Los Gigantes, denunciada por contaminar la cuenta del río San Antonio y dejar cuatro millones de toneladas de residuos de uranio. La Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), en base a datos de la CNEA, alertó el otro gran riesgo, el dique principal, de 28.000 metros cuadrados y con 100.000 metros cúbicos de químicos (uranio, radio, manganeso, amonio, sulfatos y nitratos, entre otros).
En Córdoba también acumula denuncias Dioxitek (productora de dióxido de uranio para las centrales de Atucha y Embalse I), que mantiene un depósito de residuos radioactivos en el barrio Alta Córdoba, en la ciudad capital. “En ambos casos, las responsabilidades recaen sobre la Comisión Nacional de Energía Atómica, son focos contaminantes que siguen lamentablemente activos. En el caso de Dioxitek, que pertenece a la CNEA, mantiene 36.000 toneladas de residuos radioactivos”, afirmaron desde Funam.
Las asambleas cordobesas adelantaron que defenderán la vigencia de la ley y se mantendrán movilizadas en defensa del ambiente sano.
Minería en Mendoza al "rojo vivo"
El debate sobre la minería en Mendoza al "rojo vivo" por la violencia sindical
Fecha de Publicación: 21/06/2010
Fuente: Mendoza On Line
Provincia/Región: Mendoza
En una semana, dos incidentes protagonizados por miembros de la UOCRA han tensado la polémica sobre el desarrollo minero. El viernes de la semana pasada y ante funcionarios de la Subsecretaría de Trabajo, los gremialistas destrozaron oficinas de la minera Potasio Río Colorado. Y el miércoles, un legislador y ambientalistas también fueron agredidos por los gremialistas.
El debate sobre la minería se han tensionado al punto tal que en la última semana ocurrieron dos violentos incidentes protagonizados por un gremio que, históricamente, se ha caracterizado por su dureza, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).
La agresión recibida por un legislador y ambientalistas no fue la única: hace una semana, un grupo de sindicalistas agredió y amenazó a empleados de la minera Potasio Río Colorado, en Malargüe.
La polémica por el desarrollo de la minería está abierta desde hace tiempo en nuestra provincia. A la par de los emprendimientos anunciados, millonarios por cierto, también hubo un movimiento que impugnó esas iniciativas en defensa del medio ambiente. Así ha sido hasta ahora y las tensiones han estado marcadas fundamentalmente por cortes de ruta en distintas localidades -como en San Carlos y General Alvear, en su momento-.
Sin embargo, hasta la fecha no se habían registrado incidentes. Pero finalmente, la violencia se desencadenó y se acumuló en dos oportunidades en el lapso de una semana. Ambos hechos tienen como denominador común a, por un lado, la minera Vale Do Río Doce, que gestiona el yacimiento de sales de potasio en Río Colorado, Malargüe; y, por el otro, el protagonismo de un gremio combativo, tildado de "duro", la UOCRA.
El primer incidente ocurrió el viernes 18, en las oficinas que la minera tiene en Cañadón Amarillo. Al lugar, llegó una camioneta con inspectores de la Subsecretaría de Trabajo. Al parecer, no fueron los únicos que ingresaron cuando la barrera se levantó: también entraron otros vehículos, en los que venían miembros del gremio de la construcción.
Según consta un pedido de informes aprobado por la Legislatura -y presentado por el diputado justicialista Daniel Cassia-, los funcionarios del ministerio de Gobierno recorrieron las instalaciones de la minera acompañados no sólo por los empleados, sino también por los sindicalistas. En el interín, fue naciendo una discusión cuando los gremialistas de la UOCRA plantearon sus diferencias con los empleados porque la empresa estaría contratando mano de obra foránea. Las palabras se fueron endureciendo, el tono se fue elevando y la situación se desmadró.
Amenazas a los empleados y una sala destrozada -según se supo, los gremialistas sacaron de las instalaciones equipos electrónicos para videoconferencias que estrellaron contra el piso-. Todo esto ante la mirada de los inspectores de la Subsecretaría de Trabajo -según la denuncia-.
"Los funcionarios no hicieron nada y no tiene nada que ver que ingrese el sindicato a este acto jurídico", explicó Cassia, subrayando el poder de policía de la Subsecretaría de Trabajo para ingresar a las empresas.
Por este incidente, la minera radicó una denuncia ante la Justicia -causa Nº 1134/10- donde interviene la 2º Fiscalía Correccional.
Para evitar nuevos actos de violencia, el Gobierno habría dispuesto una custodia policial para las oficinas de Río Colorado, hasta que se normalice la situación. En tanto, el hecho llamó la atención de Cassia, que presentó un pedido de informe al ministro de Gobierno, Mario Adaro, para saber por qué los inspectores de Trabajo ingresaron acompañados de los gremialistas.
La inspección la pidió el gremio
La versión del ministro Adaro es distinta a lo denunciado por Cassia. El titular de la cartera de Gobierno, de la cual depende la Subsecretaría de Trabajo, aclaró que cuando se produjeron los incidentes, los funcionarios públicos no se encontraban presentes.
Adaro explicó que la inspección había sido solicitada por el gremio de la construcción y que además se encontraban otros gremios, mineros y petroleros, pero que no participaron de la misma. Los sindicalistas, sostuvo Adaro, permanecieron en la playa de estacionamiento de la minera.
"Queríamos constatar las condiciones de los trabajadores y se hicieron actas de infracción por faltas de seguridad e higiene", informó el ministro de Gobierno. Así, Adaro señaló que las multas a la empresa brasileña llegarían a los 300 mil pesos.
Adaro sostuvo que se enteró de los incidentes por parte de la empresa y reiteró que los inspectores de Trabajo no estaban al momento de producirse los desmanes.
Un gremio duro
Este no fue el único acto violento. El miércoles 9, durante la sesión en la Cámara Baja, un legislador fue agredido verbalmente por el grupo de gremialistas de la UOCRA que esperaba en la calle con bombos y pancartas.
Blanco es uno de los legisladores que se ha mostrado crítico al plan de las obras que financiará la minera en Malargüe. Sus objeciones, ante los vacíos mostrados por el acuerdo firmado entre Vale y el Gobierno de la provincia, son consideradas como "palos en la rueda" a los ojos del gremio.
A Blanco le preocupan algunos puntos poco claros del convenio: entre ellas, la gran provisión de energía -gas, sobre todo, pero también el consumo eléctrico- que requerirá la mina para funcionar a pleno; los aportes de Vale para el Fondo de Impacto Ambiental que financiarán obras en Malargüe por 12 millones de dólares.
Mientras este acuerdo espera la ratificación legislativa, el secretario de Ambiente, Guillermo Carmona, explicó que los recursos del fondo no serán aportados a obras que necesita la empresa para funcionar, sino que estarán destinadas a Malargüe.
Roberto Blanco no fue el único que recibió las "gentilezas" de los muchachos de la construcción: también dos ambientalistas que se habían movilizado en contra del proyecto de la minera, resultaron con lesiones y fueron a parar al hospital.
El gremio que a nivel provincial dirige Néstor Romero reclama que la minera Vale emplee mano de obra mendocina. Los trabajadores han denunciado que el acuerdo entre la empresa brasileña y el gobierno "duerme" en la Casa de las Leyes.
Fecha de Publicación: 21/06/2010
Fuente: Mendoza On Line
Provincia/Región: Mendoza
En una semana, dos incidentes protagonizados por miembros de la UOCRA han tensado la polémica sobre el desarrollo minero. El viernes de la semana pasada y ante funcionarios de la Subsecretaría de Trabajo, los gremialistas destrozaron oficinas de la minera Potasio Río Colorado. Y el miércoles, un legislador y ambientalistas también fueron agredidos por los gremialistas.
El debate sobre la minería se han tensionado al punto tal que en la última semana ocurrieron dos violentos incidentes protagonizados por un gremio que, históricamente, se ha caracterizado por su dureza, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).
La agresión recibida por un legislador y ambientalistas no fue la única: hace una semana, un grupo de sindicalistas agredió y amenazó a empleados de la minera Potasio Río Colorado, en Malargüe.
La polémica por el desarrollo de la minería está abierta desde hace tiempo en nuestra provincia. A la par de los emprendimientos anunciados, millonarios por cierto, también hubo un movimiento que impugnó esas iniciativas en defensa del medio ambiente. Así ha sido hasta ahora y las tensiones han estado marcadas fundamentalmente por cortes de ruta en distintas localidades -como en San Carlos y General Alvear, en su momento-.
Sin embargo, hasta la fecha no se habían registrado incidentes. Pero finalmente, la violencia se desencadenó y se acumuló en dos oportunidades en el lapso de una semana. Ambos hechos tienen como denominador común a, por un lado, la minera Vale Do Río Doce, que gestiona el yacimiento de sales de potasio en Río Colorado, Malargüe; y, por el otro, el protagonismo de un gremio combativo, tildado de "duro", la UOCRA.
El primer incidente ocurrió el viernes 18, en las oficinas que la minera tiene en Cañadón Amarillo. Al lugar, llegó una camioneta con inspectores de la Subsecretaría de Trabajo. Al parecer, no fueron los únicos que ingresaron cuando la barrera se levantó: también entraron otros vehículos, en los que venían miembros del gremio de la construcción.
Según consta un pedido de informes aprobado por la Legislatura -y presentado por el diputado justicialista Daniel Cassia-, los funcionarios del ministerio de Gobierno recorrieron las instalaciones de la minera acompañados no sólo por los empleados, sino también por los sindicalistas. En el interín, fue naciendo una discusión cuando los gremialistas de la UOCRA plantearon sus diferencias con los empleados porque la empresa estaría contratando mano de obra foránea. Las palabras se fueron endureciendo, el tono se fue elevando y la situación se desmadró.
Amenazas a los empleados y una sala destrozada -según se supo, los gremialistas sacaron de las instalaciones equipos electrónicos para videoconferencias que estrellaron contra el piso-. Todo esto ante la mirada de los inspectores de la Subsecretaría de Trabajo -según la denuncia-.
"Los funcionarios no hicieron nada y no tiene nada que ver que ingrese el sindicato a este acto jurídico", explicó Cassia, subrayando el poder de policía de la Subsecretaría de Trabajo para ingresar a las empresas.
Por este incidente, la minera radicó una denuncia ante la Justicia -causa Nº 1134/10- donde interviene la 2º Fiscalía Correccional.
Para evitar nuevos actos de violencia, el Gobierno habría dispuesto una custodia policial para las oficinas de Río Colorado, hasta que se normalice la situación. En tanto, el hecho llamó la atención de Cassia, que presentó un pedido de informe al ministro de Gobierno, Mario Adaro, para saber por qué los inspectores de Trabajo ingresaron acompañados de los gremialistas.
La inspección la pidió el gremio
La versión del ministro Adaro es distinta a lo denunciado por Cassia. El titular de la cartera de Gobierno, de la cual depende la Subsecretaría de Trabajo, aclaró que cuando se produjeron los incidentes, los funcionarios públicos no se encontraban presentes.
Adaro explicó que la inspección había sido solicitada por el gremio de la construcción y que además se encontraban otros gremios, mineros y petroleros, pero que no participaron de la misma. Los sindicalistas, sostuvo Adaro, permanecieron en la playa de estacionamiento de la minera.
"Queríamos constatar las condiciones de los trabajadores y se hicieron actas de infracción por faltas de seguridad e higiene", informó el ministro de Gobierno. Así, Adaro señaló que las multas a la empresa brasileña llegarían a los 300 mil pesos.
Adaro sostuvo que se enteró de los incidentes por parte de la empresa y reiteró que los inspectores de Trabajo no estaban al momento de producirse los desmanes.
Un gremio duro
Este no fue el único acto violento. El miércoles 9, durante la sesión en la Cámara Baja, un legislador fue agredido verbalmente por el grupo de gremialistas de la UOCRA que esperaba en la calle con bombos y pancartas.
Blanco es uno de los legisladores que se ha mostrado crítico al plan de las obras que financiará la minera en Malargüe. Sus objeciones, ante los vacíos mostrados por el acuerdo firmado entre Vale y el Gobierno de la provincia, son consideradas como "palos en la rueda" a los ojos del gremio.
A Blanco le preocupan algunos puntos poco claros del convenio: entre ellas, la gran provisión de energía -gas, sobre todo, pero también el consumo eléctrico- que requerirá la mina para funcionar a pleno; los aportes de Vale para el Fondo de Impacto Ambiental que financiarán obras en Malargüe por 12 millones de dólares.
Mientras este acuerdo espera la ratificación legislativa, el secretario de Ambiente, Guillermo Carmona, explicó que los recursos del fondo no serán aportados a obras que necesita la empresa para funcionar, sino que estarán destinadas a Malargüe.
Roberto Blanco no fue el único que recibió las "gentilezas" de los muchachos de la construcción: también dos ambientalistas que se habían movilizado en contra del proyecto de la minera, resultaron con lesiones y fueron a parar al hospital.
El gremio que a nivel provincial dirige Néstor Romero reclama que la minera Vale emplee mano de obra mendocina. Los trabajadores han denunciado que el acuerdo entre la empresa brasileña y el gobierno "duerme" en la Casa de las Leyes.
Carem dejará unas 57 tn de residuos radiactivos
Ambientalistas afirman que Carem dejará unas 57 toneladas de residuos radiactivos
Fecha de Publicación: 21/06/2010
Fuente: El Comercial
Provincia/Región: Formosa
El Movimiento Ecologista Vida y Salud de Formosa se pronunció enfáticamente en contra de la instalación del reactor nuclear Carem ante un largo listado de interrogantes sin respuesta en el marco del proyecto. Advierten que en 30 años dejará 57 toneladas de residuos radiactivos, tóxicos por 20 mil años y que por un accidente, serían suficientes para terminar con toda la vida humana, animal y vegetal de la provincia de Formosa.
“Teniendo en cuenta el grado de publicidad alcanzado, el interés y la preocupación existente sobre la instalación en nuestra provincia del primer reactor nuclear del proyecto argentino CAREM y donde el Gobierno de la Provincia, acepta una ratificación por parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para la instalación en nuestro territorio del nombrado reactor nuclear y que el proyecto según lo expresado por la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica Lic. Norma Bóreo, tiene como objetivo la construcción del prototipo del primer reactor de diseño nacional y sobre el cual existen ya diferentes posturas contrarias y favorables de análisis realizados por científicos y profesores entendidos en la materia y más allá de la acción política emprendida sobre el tema y definiendo la importancia que la misma representa y que nos interesa como movimiento ambientalista, preocupados por todo lo que hace a la salud de la gente y en contra de la contaminación, deseamos dar a conocer nuestra opinión sobre este tema tan publicitado en los últimos días” dijo Víctor Cuyé, presidente de la organización.
Planteo ambientalista
Según el estudio “en un breve informe de la situación que planteamos sobre la instalación del rector CAREM en Formosa y que es importante que lo tengamos en cuenta. Los reactores nucleares pueden ser para: investigación, producción de radioisotopos y producción de energía; Para ello se admite un cierto grado de combinación de estas finalidades que son: Reactores nucleares de potencia o generadores de energía: Actualmente existen dos reactores de potencia funcionando en el país, y son: Atucha I Que es un desarrollo derivado de tecnología alemana muy eficiente y comprobado a través de muchos años; Embalse Río Tercero; Que es un desarrollo de origen canadiense ‘Candu’ que permite una eficiente producción de energía” comentaron.
Los proyectos
Al hablar de los planificados indicaron “Atucha II, se inició su construcción real en el año 1980 y va a entrar en funcionamiento supuestamente en el 2010 ¿o sea ahora?; Atucha III, que fue anunciado en varios discursos públicos, sólo existe en la mente del actual Presidente; Candu II, fue firmado el acuerdo para su construcción en septiembre 2007 con la corporación nuclear China para poner en funcionamiento reactores del tipo Candu; Carem 25, esbozado en cercanías del Atucha I. realizándose hasta la fecha el estudio geológico del terreno”, describió el ambientalista.
El proyecto a nivel local
“El Carem Formosa todavía está en estudio, sólo se cuenta con la información que existe a nivel público. La pregunta que se deben hacer los impulsores de este proyecto, ¿es más importante la producción de unos 70 o más megavatios de electricidad, que la salud, la vida y la seguridad de la gente?, nosotros creemos que existen otros recursos menos costosos para generar electricidad sin contaminar y por ello planteamos esta cuestión ambiental explicando el por qué no es conveniente la instalación de un reactor nuclear en la provincia de Formosa” señalaron.
“Si bien sabemos que un reactor nuclear de potencia bien instalado, que requiere un cuidado especial y el uso de artefactos que correctamente correspondan, es muy eficiente y limpio en la generación de energía eléctrica.
Pero el problema que surgirá es posterior y está representada por el pasivo ambiental que presentan las unidades de barras portadoras del uranio, que fue usado y que por efecto de la actividad, física nuclear, pasan a contener elementos que son altamente radiactivos y perdurables por muchísimos años”, alertó.
Aspectos relevantes
Por otro lado remarcaron: “Tenemos que tener en cuenta que el núcleo generador del reactor Carem que se quiere instalar en Formosa, debe ser renovado en su mitad cada 330 días, esto significa que en el término de 30 años, que es la vida estimada de estos reactores, nos dejará de pasivo, el equivalente a 15 reactores guardados en piletas de contención en el mismo edificio de la planta.
Estos ‘residuos’ no son basura, se los debe considerar contenedores de subproductos valiosos, como ser plutonio, cesio y diversos radioisótopos que tiene aplicación industrial, pero también la tienen en la construcción de armas nucleares y artefactos explosivos denominados sucios. Sin llegar a esto, de por sí constituyen un problema que se genera, al proceder a la gestión de los elementos irradiados y su gran potencial contaminante de efectos catastróficos” evaluaron.
Cuánta basura radiactiva generará
Por otro lado, desde MEVyS alertaron que “el núcleo del Carem tiene 3.800 kilogramos de material radiactivo por 15 recambios es igual a 57.000 kilogramos de veneno radiactivo, este material emite radiación peligrosa que dura hasta 20.000 años, y estimando lo peor, es que lo peor también puede ocurrir, esta cantidad puede terminar con toda la vida humana, animal y vegetal de la provincia de Formosa” graficó.
Pero además de estos “residuos mencionados, quedan los otros verdaderos residuos constituidos por una cantidad importantísima de elementos metálicos que por la acción de la radiación se tornan activos y quedan depositados en el lugar, ¿qué pasará cuando al fin de la vida útil del reactor ya no exista interés económico y los cuidados pasen a un segundo plano?
Es una pregunta obligada que debemos exigir que se responda antes de la construcción del reactor como así también el respeto y la aplicación de la Ley Provincial Nº 1060; Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos y Ley Nacional Nº 25.675 Ley General del Ambiente, donde se establece entre otros la obligatoriedad de los estudios de impacto ambiental y llamado a las audiencias públicas”, cerró Claudio R. Rocca, secretario del movimiento ecologista.
Fecha de Publicación: 21/06/2010
Fuente: El Comercial
Provincia/Región: Formosa
El Movimiento Ecologista Vida y Salud de Formosa se pronunció enfáticamente en contra de la instalación del reactor nuclear Carem ante un largo listado de interrogantes sin respuesta en el marco del proyecto. Advierten que en 30 años dejará 57 toneladas de residuos radiactivos, tóxicos por 20 mil años y que por un accidente, serían suficientes para terminar con toda la vida humana, animal y vegetal de la provincia de Formosa.
“Teniendo en cuenta el grado de publicidad alcanzado, el interés y la preocupación existente sobre la instalación en nuestra provincia del primer reactor nuclear del proyecto argentino CAREM y donde el Gobierno de la Provincia, acepta una ratificación por parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para la instalación en nuestro territorio del nombrado reactor nuclear y que el proyecto según lo expresado por la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica Lic. Norma Bóreo, tiene como objetivo la construcción del prototipo del primer reactor de diseño nacional y sobre el cual existen ya diferentes posturas contrarias y favorables de análisis realizados por científicos y profesores entendidos en la materia y más allá de la acción política emprendida sobre el tema y definiendo la importancia que la misma representa y que nos interesa como movimiento ambientalista, preocupados por todo lo que hace a la salud de la gente y en contra de la contaminación, deseamos dar a conocer nuestra opinión sobre este tema tan publicitado en los últimos días” dijo Víctor Cuyé, presidente de la organización.
Planteo ambientalista
Según el estudio “en un breve informe de la situación que planteamos sobre la instalación del rector CAREM en Formosa y que es importante que lo tengamos en cuenta. Los reactores nucleares pueden ser para: investigación, producción de radioisotopos y producción de energía; Para ello se admite un cierto grado de combinación de estas finalidades que son: Reactores nucleares de potencia o generadores de energía: Actualmente existen dos reactores de potencia funcionando en el país, y son: Atucha I Que es un desarrollo derivado de tecnología alemana muy eficiente y comprobado a través de muchos años; Embalse Río Tercero; Que es un desarrollo de origen canadiense ‘Candu’ que permite una eficiente producción de energía” comentaron.
Los proyectos
Al hablar de los planificados indicaron “Atucha II, se inició su construcción real en el año 1980 y va a entrar en funcionamiento supuestamente en el 2010 ¿o sea ahora?; Atucha III, que fue anunciado en varios discursos públicos, sólo existe en la mente del actual Presidente; Candu II, fue firmado el acuerdo para su construcción en septiembre 2007 con la corporación nuclear China para poner en funcionamiento reactores del tipo Candu; Carem 25, esbozado en cercanías del Atucha I. realizándose hasta la fecha el estudio geológico del terreno”, describió el ambientalista.
El proyecto a nivel local
“El Carem Formosa todavía está en estudio, sólo se cuenta con la información que existe a nivel público. La pregunta que se deben hacer los impulsores de este proyecto, ¿es más importante la producción de unos 70 o más megavatios de electricidad, que la salud, la vida y la seguridad de la gente?, nosotros creemos que existen otros recursos menos costosos para generar electricidad sin contaminar y por ello planteamos esta cuestión ambiental explicando el por qué no es conveniente la instalación de un reactor nuclear en la provincia de Formosa” señalaron.
“Si bien sabemos que un reactor nuclear de potencia bien instalado, que requiere un cuidado especial y el uso de artefactos que correctamente correspondan, es muy eficiente y limpio en la generación de energía eléctrica.
Pero el problema que surgirá es posterior y está representada por el pasivo ambiental que presentan las unidades de barras portadoras del uranio, que fue usado y que por efecto de la actividad, física nuclear, pasan a contener elementos que son altamente radiactivos y perdurables por muchísimos años”, alertó.
Aspectos relevantes
Por otro lado remarcaron: “Tenemos que tener en cuenta que el núcleo generador del reactor Carem que se quiere instalar en Formosa, debe ser renovado en su mitad cada 330 días, esto significa que en el término de 30 años, que es la vida estimada de estos reactores, nos dejará de pasivo, el equivalente a 15 reactores guardados en piletas de contención en el mismo edificio de la planta.
Estos ‘residuos’ no son basura, se los debe considerar contenedores de subproductos valiosos, como ser plutonio, cesio y diversos radioisótopos que tiene aplicación industrial, pero también la tienen en la construcción de armas nucleares y artefactos explosivos denominados sucios. Sin llegar a esto, de por sí constituyen un problema que se genera, al proceder a la gestión de los elementos irradiados y su gran potencial contaminante de efectos catastróficos” evaluaron.
Cuánta basura radiactiva generará
Por otro lado, desde MEVyS alertaron que “el núcleo del Carem tiene 3.800 kilogramos de material radiactivo por 15 recambios es igual a 57.000 kilogramos de veneno radiactivo, este material emite radiación peligrosa que dura hasta 20.000 años, y estimando lo peor, es que lo peor también puede ocurrir, esta cantidad puede terminar con toda la vida humana, animal y vegetal de la provincia de Formosa” graficó.
Pero además de estos “residuos mencionados, quedan los otros verdaderos residuos constituidos por una cantidad importantísima de elementos metálicos que por la acción de la radiación se tornan activos y quedan depositados en el lugar, ¿qué pasará cuando al fin de la vida útil del reactor ya no exista interés económico y los cuidados pasen a un segundo plano?
Es una pregunta obligada que debemos exigir que se responda antes de la construcción del reactor como así también el respeto y la aplicación de la Ley Provincial Nº 1060; Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos y Ley Nacional Nº 25.675 Ley General del Ambiente, donde se establece entre otros la obligatoriedad de los estudios de impacto ambiental y llamado a las audiencias públicas”, cerró Claudio R. Rocca, secretario del movimiento ecologista.
Biocombustibles en la Argentina
Biocombustibles en la Argentina
Fecha de Publicación: 20/06/2010
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
La llamada economía de los biocombustibles ha tenido un notable, y casi silencioso, desarrollo en muy poco tiempo. Un número basta para mostrar su magnitud: según la Asociación de Productores de Biocombustibles, el negocio alcanzará este año unos 2.100 millones de dólares.
La legislación vigente en nuestro país expresa: “Se entiende por biocombustibles al bioetanol, biodiésel y biogás, que se produzcan a partir de materias primas de origen agropecuario, agroindustrial o desechos orgánicos, que cumplan los requisitos de calidad que establezca la autoridad de aplicación”.
Cada uno de estos combustibles, cuya denominación alude a la diferencia con aquellos de origen mineral (petróleo y carbón), tiene una situación distinta en cuanto a producción y uso. Países como Alemania, Italia, Francia, Suecia son pioneros en la producción, ensayo y uso de biodiésel en automóviles; Brasil en la producción y uso de bioetanol.
La intensificación del uso de estos combustibles tiene que ver tanto con cuestiones económicas (el alto precio del petróleo), como con cuestiones ambientales dado que se trata de productos menos contaminantes.
En nuestro país la elaboración de los bíos se inició hace menos de cuatro años y en ese corto tiempo se ha convertido en el mayor exportador de biodiésel, cuya demanda se concentra en Europa.
Para comprender mejor la situación actual y lo que puede ocurrir en el futuro, es necesario tener en cuenta algunos aspectos técnicos y económicos. En cuanto a los primeros, en el caso del biodiésel, si bien las materias primeras para su elaboración pueden ser diversas, vegetales y animales, aquí es casi excluyente el uso del aceite de soja.
El aceite es un derivado del procesamiento del poroto, el otro es la harina de soja y finalmente residuos también utilizados para alimentación animal. El aceite, sometido luego a nuevo proceso industrial, termina en combustible utilizable por los motores diésel. El uso normal es mezclar una pequeña proporción del combustible vegetal con el mineral.
En el caso del bioetanol, en nuestro país la materia prima es la caña de azúcar, de la cual se extrae alcohol, con una cierta proporción de agua que luego debe ser eliminada, para poder mezclar con las naftas de origen mineral. Para el biogás se utilizan residuos industriales diversos, como pueden ser los enterraderos de residuos domiciliarios, pero su desarrollo en nuestro país es incipiente.
Los aspectos económicos están entre los más llamativos por, al menos, dos causas: una es la abundancia de materia prima, soja y caña de azúcar, la otra es un régimen promocional de producción y uso de los bíos. En el año 2006 se sancionó la Ley 26.093 sobre el “Régimen de regulación y promoción para la producción y uso sustentable de biocombustibles”.
Esta norma, compleja e intervencionista, estableció importantes beneficios fiscales para la producción, imponiendo condiciones de tamaño a las empresas y que no tuviesen participación de extranjeros, entre otras. También establece cómo se determinará el precio del producto.
Pero en realidad el estímulo mas importante es la obligación impuesta a las elaboradoras de combustibles de incorporar, a partir de este año, un porcentaje de 5% de biocombustibles a las naftas y al gasoil. Está previsto que este porcentaje se incremente año a año. Es muy importante tener en cuenta que similar obligación rige en EEUU y en la mayoría de los países europeos. Esto implica para estos nuevos productos una demanda que no tiene techo.
El resultado de este proceso es una extraordinaria transformación de la tradicional industria azucarera localizada en Tucumán, Salta y Jujuy: expansión de los cultivos de caña en cifras que asombran, nuevas formas de cultivo más eficientes y gigantescas plantas de elaboración de bioetanol. En el caso de la soja más de una veintena de plantas productoras se han instalado, la mayoría en la provincia de Santa Fe, cercanas a los puertos de exportación.
Esta transformación poco conocida también tiene su promoción industrial. Quizás deberíamos estudiarla mientras nos peleamos con nuestros vecinos por la irracional prórroga de la antigua.
Fecha de Publicación: 20/06/2010
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
La llamada economía de los biocombustibles ha tenido un notable, y casi silencioso, desarrollo en muy poco tiempo. Un número basta para mostrar su magnitud: según la Asociación de Productores de Biocombustibles, el negocio alcanzará este año unos 2.100 millones de dólares.
La legislación vigente en nuestro país expresa: “Se entiende por biocombustibles al bioetanol, biodiésel y biogás, que se produzcan a partir de materias primas de origen agropecuario, agroindustrial o desechos orgánicos, que cumplan los requisitos de calidad que establezca la autoridad de aplicación”.
Cada uno de estos combustibles, cuya denominación alude a la diferencia con aquellos de origen mineral (petróleo y carbón), tiene una situación distinta en cuanto a producción y uso. Países como Alemania, Italia, Francia, Suecia son pioneros en la producción, ensayo y uso de biodiésel en automóviles; Brasil en la producción y uso de bioetanol.
La intensificación del uso de estos combustibles tiene que ver tanto con cuestiones económicas (el alto precio del petróleo), como con cuestiones ambientales dado que se trata de productos menos contaminantes.
En nuestro país la elaboración de los bíos se inició hace menos de cuatro años y en ese corto tiempo se ha convertido en el mayor exportador de biodiésel, cuya demanda se concentra en Europa.
Para comprender mejor la situación actual y lo que puede ocurrir en el futuro, es necesario tener en cuenta algunos aspectos técnicos y económicos. En cuanto a los primeros, en el caso del biodiésel, si bien las materias primeras para su elaboración pueden ser diversas, vegetales y animales, aquí es casi excluyente el uso del aceite de soja.
El aceite es un derivado del procesamiento del poroto, el otro es la harina de soja y finalmente residuos también utilizados para alimentación animal. El aceite, sometido luego a nuevo proceso industrial, termina en combustible utilizable por los motores diésel. El uso normal es mezclar una pequeña proporción del combustible vegetal con el mineral.
En el caso del bioetanol, en nuestro país la materia prima es la caña de azúcar, de la cual se extrae alcohol, con una cierta proporción de agua que luego debe ser eliminada, para poder mezclar con las naftas de origen mineral. Para el biogás se utilizan residuos industriales diversos, como pueden ser los enterraderos de residuos domiciliarios, pero su desarrollo en nuestro país es incipiente.
Los aspectos económicos están entre los más llamativos por, al menos, dos causas: una es la abundancia de materia prima, soja y caña de azúcar, la otra es un régimen promocional de producción y uso de los bíos. En el año 2006 se sancionó la Ley 26.093 sobre el “Régimen de regulación y promoción para la producción y uso sustentable de biocombustibles”.
Esta norma, compleja e intervencionista, estableció importantes beneficios fiscales para la producción, imponiendo condiciones de tamaño a las empresas y que no tuviesen participación de extranjeros, entre otras. También establece cómo se determinará el precio del producto.
Pero en realidad el estímulo mas importante es la obligación impuesta a las elaboradoras de combustibles de incorporar, a partir de este año, un porcentaje de 5% de biocombustibles a las naftas y al gasoil. Está previsto que este porcentaje se incremente año a año. Es muy importante tener en cuenta que similar obligación rige en EEUU y en la mayoría de los países europeos. Esto implica para estos nuevos productos una demanda que no tiene techo.
El resultado de este proceso es una extraordinaria transformación de la tradicional industria azucarera localizada en Tucumán, Salta y Jujuy: expansión de los cultivos de caña en cifras que asombran, nuevas formas de cultivo más eficientes y gigantescas plantas de elaboración de bioetanol. En el caso de la soja más de una veintena de plantas productoras se han instalado, la mayoría en la provincia de Santa Fe, cercanas a los puertos de exportación.
Esta transformación poco conocida también tiene su promoción industrial. Quizás deberíamos estudiarla mientras nos peleamos con nuestros vecinos por la irracional prórroga de la antigua.
La pelea por la basura de la Capital
La pelea por la basura de la ciudad
Fecha de Publicación: 19/06/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital
El gobierno porteño emplea sólo el 50% de los 4000 recuperadores urbanos que realizan un importante trabajo de limpieza y reciclado
"Soy una bruja más conocida que la ruda", dice María Julia Navarro, parada en la esquina de Uriarte y Charcas, mientras se asoma por detrás de la enorme bolsa de arpillera. La Bruja se ufana del alcance del apodo que le dieron sus compañeros de la Cooperativa El Ceibo , que desde 1997 recolecta, puerta a puerta, los residuos secos (prácticamente todo aquello que no es o no tiene restos de comida) para destinarlos al reciclado. Y por ese nombre la conocen también los 2600 vecinos que participan del proyecto.
Ella es uno de los 70 trabajadores que a partir de 2002 pasaron de ser cartoneros a recuperadores urbanos, según la denominación en el marco de la ley 992, y que les brinda una entidad más específica. ¿Pero qué importancia tiene un rótulo si no encuentra su correlato en lo real? Así es como ellos armaron y mantienen día a día una logística que busca hacer productiva una gran porción de lo que llamamos basura. Eso de lo que cada habitante produce 450 kilos al año y de lo que la ciudad envía 5000 toneladas diarias a los rellenos sanitarios del conurbano.
Según estimaciones oficiales, existen en la ciudad unos 4000 recuperadores urbanos. Alrededor del 50% está empleado por el gobierno y una buena parte de ese porcentaje se aglutina bajo el ala de las cooperativas.
El Ceibo es una de las once cooperativas recuperadoras que hoy figuran en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (Repyme) del gobierno porteño. Otras tres están en proceso de trámite. Posee dos bases de tareas: una sede en Paraguay 4742 y un centro verde, en el barrio de Retiro.
La rutina de trabajo está perfectamente sincronizada. Por la mañana, de 8 a 14, se retira el material de casas y comercios de los alrededores. Por la tarde, los residuos se someten a una segunda clasificación y posterior prensado en Retiro, quedando listos para la venta. "En el caso de El Ceibo, la mayor parte se vende a intermediarios que revenden a recicladoras como Papelera del Sur y Reciclar SA", explica Valeria Corbalán, secretaria de la cooperativa.
Además de la basura que aportan los vecinos, reciben cargas de empresas, Cliba, Aesa y siete rutas que realiza el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). "Procesamos doce toneladas por día, pero tendríamos que estar en cien. Hace más de un año que no recibimos ningún subsidio. Si nos hubieran bancado habríamos crecido más", sostiene Corbalán.
Cristina Lescano, presidenta de El Ceibo, asegura que, por convenio, el gobierno porteño debería mantener el centro verde, construido en terrenos del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe), pero no lo hace. Lo que sí les dio, en cumplimiento con la ley 992, son uniformes y guantes.
En la espalda del mameluco de la Bruja se puede leer la inscripción Con mi trabajo, Palermo más limpio. Y ella hace honor a lo puesto. Su primera parada es frente a una librería de la calle Uriarte. A su encuentro sale Soledad, vecina que colabora desde hace tres años con papeles y cartones. "Hay días que acumulo tanto que si no aparece la quiero matar", dice entretenida. Mientras tanto, María Julia hace alarde de su destreza y se vuelve todo trabajo: volcar, compactar, remontar el carrito.
Anita, encargada de un edificio de Güemes al 4500, guarda los residuos que le separan algunos propietarios. "¿De qué programa vinieron a entrevistarte hoy?", bromea, mientras le alcanza las bolsas a María Julia.
La tarea de El Ceibo en Palermo captó la atención de la ONU. Fue uno de los cinco emprendimientos sociales que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) seleccionó para participar de la Feria del Conocimiento, que se realizó en Marruecos este año.
* * *
Es una mañana soleada y Sergio Sánchez está sentado en el camión que se dirige hacia las oficinas de Oca para cargar material. Sólo mira para adelante concentrado en cómo sortear el desafío del tránsito en horas pico. Sánchez es el presidente de la Asociación El Amanecer de los Cartoneros del MTE, que hoy reúne a 2000 recuperadores.
A primera hora del día, los choferes se distribuyen 22 rutas establecidas para pasar a recolectar por los grandes generadores, como supermercados, hoteles, fábricas y hospitales. Por la tarde, en esos camiones se trasladan los carritos de los cartoneros, que viajan en un micro aparte, hacia la ciudad, llevándolos de regreso con la carga. Y por último, durante la noche, distribuyen el material acopiado a las cooperativas.
"También tenemos una guardería donde los recuperadores pueden dejar a sus hijos el tiempo que se encuentran en la calle. En Villa Fiorito da apoyo escolar, comida y aseo a 153 chicos de hasta 15 años", explica Vanesa, operaria efectiva hace un mes.
"Los dos últimos años encontramos voluntad para solucionar el problema de los cartoneros. Tenemos ropa, credencial, obra social y un convenio con el gobierno porteño por el cual los choferes y operarios de la mañana tienen su sueldo, y los cartoneros de la tarde un incentivo. Pero la lucha es constante. Necesitamos más camiones y un centro verde, por ejemplo, para seguir creciendo", indica el líder de este movimiento ajeno a cualquier bandería política, que por día traslada unas 20 toneladas provenientes de los generadores a El Ceibo, El Alamo, Madreselvas, Reciclando Sueños y Cooperativa del Oeste.
* * *
La Cooperativa del Oeste se gestó en el garaje de una casa. Era 2003 cuando Jorge Olmedo y otros vecinos del barrio de Liniers empezaron a pensar alternativas frente a la crisis. Jorge era cerrajero, tenía un auto nuevo, un departamento en la costa y alquilaba un negocio en pleno centro. De a poco fue perdiendo todo.
"Nos constituimos en cooperativa cuando un vecino que trabajaba en el Banco Credicoop nos acercó un proyecto. Empezamos puerta por puerta a pedir cartón, papel, diarios. Hoy gestionamos el centro verde de Villa Soldati", cuenta.
La cooperativa hace un trabajo fino sobre 3500 a 4000 kilos diarios de residuos sólidos. "Nuestro termómetro de la realidad económica son los materiales con los que trabajamos. Por ejemplo, si la cosa va bien tenemos muchas más botellas de gaseosas de primera línea." A diferencia de El Ceibo, Olmedo sostiene que los 28 trabajadores de la planta no recibieron vestimenta ni guantes.
Sobre las dificultades con las que se topan las cooperativas consultadas, Diego Santilli, ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, admitió: "Existe un problema presupuestario. Hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Es muy difícil incluir a todos los cartoneros".
En este sentido, la discusión de los pliegos de licitación del servicio de recolección de basura puede ser una oportunidad. Uno involucra los residuos húmedos, no reciclables por el momento en nuestro país, y otro los sólidos, mediante el cual se elegirá a las cooperativas. "Con este proyecto queremos garantizar la logística y concientizar sobre la separación de residuos en origen", agregó el funcionario. Además dijo que con la nueva licitación, el próximo año, todas las esquinas de la ciudad tendrán un contenedor (hoy lo está en un 28 por ciento).
En las cooperativas, por supuesto, se están debatiendo los pliegos. "Es una locura pensar que las cooperativas harán el trabajo sin ningún apoyo, valiéndose tan sólo del beneficio económico que puedan dar los residuos", asegura Olmedo.
Con esta puesta a consulta, las cooperativas temen también una explosión de entidades.
Más allá de estas dificultades, la labor cotidiana de los cartoneros mejora la limpieza de las calles y, en muchos casos, les brinda una forma de vida.
Una ley que todavía no se aplica
La cuestión de los residuos sólidos urbanos continúa siendo para la ciudad de Buenos Aires uno de sus problemas más acuciantes. A más de cuatro años de la sanción por unanimidad de la ley basura cero, el gobierno porteño no ha dado pasos significativos en la implementación efectiva de esta ley, a pesar de las demandas de las organizaciones de la sociedad civil.
A su vez, las autoridades han asumido obligaciones legales y contractuales que no están cumpliendo. La asignatura pendiente más significativa es la ausencia de un enfoque integral para abordar el tema de los residuos, haciendo foco en la separación en origen -lo cual constituye una obligación para los generadores domiciliarios y especiales- y en la recolección diferenciada de los residuos secos y húmedos. Mientras no se promueva el cumplimiento de esta obligación con campañas sostenidas en el tiempo, de la mano de un servicio de recolección diferenciada, la ciudad no logrará disminuir de manera contundente la cantidad de toneladas diarias que envía al territorio bonaerense para su enterramiento en rellenos.
En este contexto es importante destacar el inestimable trabajo de los recuperadores urbanos, que claramente prestan un servicio a la ciudad, reconocido por la ley 992.
Ellos son los artífices de que al menos parte de la ciudadanía haya tomado conciencia de la importancia crucial de separar aquellos materiales con valor económico que aún pueden ser reincorporados a procesos productivos o reusados.
En breve, el gobierno deberá definir los pliegos para el llamado a licitación del servicio de recolección de residuos, y en este sentido tiene la oportunidad histórica de cumplir con lo que indica la ley basura cero. De aquí en adelante la ciudadanía estará entonces en condiciones de evaluar si el ambiente y la sociedad constituyen una prioridad para la actual administración.
Fecha de Publicación: 19/06/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital
El gobierno porteño emplea sólo el 50% de los 4000 recuperadores urbanos que realizan un importante trabajo de limpieza y reciclado
"Soy una bruja más conocida que la ruda", dice María Julia Navarro, parada en la esquina de Uriarte y Charcas, mientras se asoma por detrás de la enorme bolsa de arpillera. La Bruja se ufana del alcance del apodo que le dieron sus compañeros de la Cooperativa El Ceibo , que desde 1997 recolecta, puerta a puerta, los residuos secos (prácticamente todo aquello que no es o no tiene restos de comida) para destinarlos al reciclado. Y por ese nombre la conocen también los 2600 vecinos que participan del proyecto.
Ella es uno de los 70 trabajadores que a partir de 2002 pasaron de ser cartoneros a recuperadores urbanos, según la denominación en el marco de la ley 992, y que les brinda una entidad más específica. ¿Pero qué importancia tiene un rótulo si no encuentra su correlato en lo real? Así es como ellos armaron y mantienen día a día una logística que busca hacer productiva una gran porción de lo que llamamos basura. Eso de lo que cada habitante produce 450 kilos al año y de lo que la ciudad envía 5000 toneladas diarias a los rellenos sanitarios del conurbano.
Según estimaciones oficiales, existen en la ciudad unos 4000 recuperadores urbanos. Alrededor del 50% está empleado por el gobierno y una buena parte de ese porcentaje se aglutina bajo el ala de las cooperativas.
El Ceibo es una de las once cooperativas recuperadoras que hoy figuran en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (Repyme) del gobierno porteño. Otras tres están en proceso de trámite. Posee dos bases de tareas: una sede en Paraguay 4742 y un centro verde, en el barrio de Retiro.
La rutina de trabajo está perfectamente sincronizada. Por la mañana, de 8 a 14, se retira el material de casas y comercios de los alrededores. Por la tarde, los residuos se someten a una segunda clasificación y posterior prensado en Retiro, quedando listos para la venta. "En el caso de El Ceibo, la mayor parte se vende a intermediarios que revenden a recicladoras como Papelera del Sur y Reciclar SA", explica Valeria Corbalán, secretaria de la cooperativa.
Además de la basura que aportan los vecinos, reciben cargas de empresas, Cliba, Aesa y siete rutas que realiza el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). "Procesamos doce toneladas por día, pero tendríamos que estar en cien. Hace más de un año que no recibimos ningún subsidio. Si nos hubieran bancado habríamos crecido más", sostiene Corbalán.
Cristina Lescano, presidenta de El Ceibo, asegura que, por convenio, el gobierno porteño debería mantener el centro verde, construido en terrenos del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe), pero no lo hace. Lo que sí les dio, en cumplimiento con la ley 992, son uniformes y guantes.
En la espalda del mameluco de la Bruja se puede leer la inscripción Con mi trabajo, Palermo más limpio. Y ella hace honor a lo puesto. Su primera parada es frente a una librería de la calle Uriarte. A su encuentro sale Soledad, vecina que colabora desde hace tres años con papeles y cartones. "Hay días que acumulo tanto que si no aparece la quiero matar", dice entretenida. Mientras tanto, María Julia hace alarde de su destreza y se vuelve todo trabajo: volcar, compactar, remontar el carrito.
Anita, encargada de un edificio de Güemes al 4500, guarda los residuos que le separan algunos propietarios. "¿De qué programa vinieron a entrevistarte hoy?", bromea, mientras le alcanza las bolsas a María Julia.
La tarea de El Ceibo en Palermo captó la atención de la ONU. Fue uno de los cinco emprendimientos sociales que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) seleccionó para participar de la Feria del Conocimiento, que se realizó en Marruecos este año.
* * *
Es una mañana soleada y Sergio Sánchez está sentado en el camión que se dirige hacia las oficinas de Oca para cargar material. Sólo mira para adelante concentrado en cómo sortear el desafío del tránsito en horas pico. Sánchez es el presidente de la Asociación El Amanecer de los Cartoneros del MTE, que hoy reúne a 2000 recuperadores.
A primera hora del día, los choferes se distribuyen 22 rutas establecidas para pasar a recolectar por los grandes generadores, como supermercados, hoteles, fábricas y hospitales. Por la tarde, en esos camiones se trasladan los carritos de los cartoneros, que viajan en un micro aparte, hacia la ciudad, llevándolos de regreso con la carga. Y por último, durante la noche, distribuyen el material acopiado a las cooperativas.
"También tenemos una guardería donde los recuperadores pueden dejar a sus hijos el tiempo que se encuentran en la calle. En Villa Fiorito da apoyo escolar, comida y aseo a 153 chicos de hasta 15 años", explica Vanesa, operaria efectiva hace un mes.
"Los dos últimos años encontramos voluntad para solucionar el problema de los cartoneros. Tenemos ropa, credencial, obra social y un convenio con el gobierno porteño por el cual los choferes y operarios de la mañana tienen su sueldo, y los cartoneros de la tarde un incentivo. Pero la lucha es constante. Necesitamos más camiones y un centro verde, por ejemplo, para seguir creciendo", indica el líder de este movimiento ajeno a cualquier bandería política, que por día traslada unas 20 toneladas provenientes de los generadores a El Ceibo, El Alamo, Madreselvas, Reciclando Sueños y Cooperativa del Oeste.
* * *
La Cooperativa del Oeste se gestó en el garaje de una casa. Era 2003 cuando Jorge Olmedo y otros vecinos del barrio de Liniers empezaron a pensar alternativas frente a la crisis. Jorge era cerrajero, tenía un auto nuevo, un departamento en la costa y alquilaba un negocio en pleno centro. De a poco fue perdiendo todo.
"Nos constituimos en cooperativa cuando un vecino que trabajaba en el Banco Credicoop nos acercó un proyecto. Empezamos puerta por puerta a pedir cartón, papel, diarios. Hoy gestionamos el centro verde de Villa Soldati", cuenta.
La cooperativa hace un trabajo fino sobre 3500 a 4000 kilos diarios de residuos sólidos. "Nuestro termómetro de la realidad económica son los materiales con los que trabajamos. Por ejemplo, si la cosa va bien tenemos muchas más botellas de gaseosas de primera línea." A diferencia de El Ceibo, Olmedo sostiene que los 28 trabajadores de la planta no recibieron vestimenta ni guantes.
Sobre las dificultades con las que se topan las cooperativas consultadas, Diego Santilli, ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, admitió: "Existe un problema presupuestario. Hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Es muy difícil incluir a todos los cartoneros".
En este sentido, la discusión de los pliegos de licitación del servicio de recolección de basura puede ser una oportunidad. Uno involucra los residuos húmedos, no reciclables por el momento en nuestro país, y otro los sólidos, mediante el cual se elegirá a las cooperativas. "Con este proyecto queremos garantizar la logística y concientizar sobre la separación de residuos en origen", agregó el funcionario. Además dijo que con la nueva licitación, el próximo año, todas las esquinas de la ciudad tendrán un contenedor (hoy lo está en un 28 por ciento).
En las cooperativas, por supuesto, se están debatiendo los pliegos. "Es una locura pensar que las cooperativas harán el trabajo sin ningún apoyo, valiéndose tan sólo del beneficio económico que puedan dar los residuos", asegura Olmedo.
Con esta puesta a consulta, las cooperativas temen también una explosión de entidades.
Más allá de estas dificultades, la labor cotidiana de los cartoneros mejora la limpieza de las calles y, en muchos casos, les brinda una forma de vida.
Una ley que todavía no se aplica
La cuestión de los residuos sólidos urbanos continúa siendo para la ciudad de Buenos Aires uno de sus problemas más acuciantes. A más de cuatro años de la sanción por unanimidad de la ley basura cero, el gobierno porteño no ha dado pasos significativos en la implementación efectiva de esta ley, a pesar de las demandas de las organizaciones de la sociedad civil.
A su vez, las autoridades han asumido obligaciones legales y contractuales que no están cumpliendo. La asignatura pendiente más significativa es la ausencia de un enfoque integral para abordar el tema de los residuos, haciendo foco en la separación en origen -lo cual constituye una obligación para los generadores domiciliarios y especiales- y en la recolección diferenciada de los residuos secos y húmedos. Mientras no se promueva el cumplimiento de esta obligación con campañas sostenidas en el tiempo, de la mano de un servicio de recolección diferenciada, la ciudad no logrará disminuir de manera contundente la cantidad de toneladas diarias que envía al territorio bonaerense para su enterramiento en rellenos.
En este contexto es importante destacar el inestimable trabajo de los recuperadores urbanos, que claramente prestan un servicio a la ciudad, reconocido por la ley 992.
Ellos son los artífices de que al menos parte de la ciudadanía haya tomado conciencia de la importancia crucial de separar aquellos materiales con valor económico que aún pueden ser reincorporados a procesos productivos o reusados.
En breve, el gobierno deberá definir los pliegos para el llamado a licitación del servicio de recolección de residuos, y en este sentido tiene la oportunidad histórica de cumplir con lo que indica la ley basura cero. De aquí en adelante la ciudadanía estará entonces en condiciones de evaluar si el ambiente y la sociedad constituyen una prioridad para la actual administración.
El día del paso al costado de la ruta
Fecha de Publicación: 19/06/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
Los ambientalistas prometerán volver si no se logran avances en el control de Botnia
Un poco para combatir la ola de desánimo que parece contagiar a todos en esta ciudad donde la alegría del carnaval es marca distintiva. Otro poco para convencerse de que el paso que darán hoy no es el final de una lucha que duró 1326 días y que tuvo, en suma, nulos resultados concretos.
Lo cierto es que la Asamblea de Gualeguaychú levantará hoy, por 60 días, la barrera blanca y roja que impide desde noviembre de 2006 el paso de automóviles, bienes y personas desde y hacia el puente General San Martín, que une esta ciudad con su vecina del lado uruguayo, Fray Bentos. Y lo hará con una dura proclama, en la que advertirá a los gobiernos argentino y uruguayo que su paso al costado "no es un cheque en blanco" y que si las demandas de participación en un monitoreo conjunto de la pastera UPM (ex Botnia) no son satisfechas retomará "la protesta social, pacífica y masiva".
Para los asambleístas, la decisión de quedar al costado de la ruta durante los próximos dos meses "es un gesto, no un renunciamiento", según un borrador del texto que se leerá hoy, a las 13, en el kilómetro 28 de la ruta 136, al que tuvo acceso LA NACION. Conocen la alegría del Gobierno por el paso que están dando, pero quieren poner condiciones a su salida de la ruta luego de que el kirchnerismo amenazara a los líderes de la protesta con una denuncia penal si no dejaban de lado el bloqueo del camino.
En otro pasaje del texto, consensuado ayer entre distintos miembros de la asamblea, se dirá que el cambio de estrategia fue dado "ante la impotencia de ambos gobiernos [uruguayo y argentino] para arribar a una solución". Se pedirá al gobernador Sergio Urribarri y al intendente local, Juan José Bahillo, que arbitren los medios para "impedir el paso de camiones con insumos para Botnia" y que sostenga económicamente los estudios que técnicos de las universidades de Buenos Aires y La Plata están haciendo en los alrededores del río Uruguay para determinar la posible contaminación de aire, tierra y agua.
"Demostramos que el problema no somos nosotros. Ahora, la palabra la tienen los gobiernos", afirmó a LA NACION Luis Leissa, ex intendente de Gualeguaychú y uno de los promotores del cambio de estrategia.
Ayer, los aprestos para el acto final comenzaron con escasa asistencia de gente en Arroyo Verde (ver aparte).
Se sabe que, además de leer la proclama, los asambleístas cantarán el Himno Nacional y removerán una casilla y la barrera que actúa de contención para aquellos que intentan cruzar el río Uruguay.
Tregua condicionada
La postura compartida por duros y moderados es la promesa de volver a obstruir la ruta si el monitoreo conjunto de la planta de Fray Bentos no se efectiviza en el plazo convenido. "Que les quede claro a todos. El domingo [mañana] quedan 59 días", advirtieron varios asambleístas durante la fría y lluviosa jornada de ayer.
En la Asamblea no cayeron demasiado bien las palabras del presidente uruguayo, José Mujica, quien calificó de "cuarto gol uruguayo" el levantamiento del corte, sobre todo entre quienes votaron en contra de despejar la ruta, que acatarán a regañadientes la decisión de la mayoría, pero prometen seguir peleando. "Creen que va a ser fácil, pero no la vamos a dejar así. Estamos programando acciones", avisó, enigmática, una integrante del sector duro.
Aunque contentos por el paso que se dará hoy, los comerciantes y ciudadanos de Gualeguaychú que se opusieron al corte desde un comienzo no estarán hoy en Arroyo Verde. "Para no irritar a nadie", explicaron integrantes del sector.
Todos miran hacia la enorme chimenea de Botnia, que sigue trabajando sin pausa desde hace más de dos años. Fuentes cercanas a la empresa afirmaron a LA NACION que no fueron notificados por el gobierno uruguayo sobre una presunta comisión de monitoreo dentro de la planta, y que hablarán del asunto sólo cuando esa notificación se concrete.
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Liberan el puente a Uruguay, con exigencias a Cristina y a Mujica
Fecha de Publicación: 19/06/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos
Los ambientalistas amenazan volver a la ruta si no acuerdan el monitoreo de Botnia
A la hora de la cena, la comisión de acciones públicas de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, decidió anoche en un salón del centro Sirio Libanés cómo será el acto de levantamiento de la barrera que liberará hoy el paso de la ruta 136, tras un bloqueo de tres años y medio del paso a Uruguay.
En la apertura cantarán el Himno Nacional sobre el asfalto y después se leerá una proclama. Entre los ambientalistas había consenso de seguir con un discurso en Arroyo Verde donde le recordarán al Gobierno nacional y al uruguayo que esta medida es por 60 días y que el futuro dependerá de un monitoreo conjunto de la papelera UPM-Botnia. “Noo vamos a permitir que esto parezca una retirada”, explicaba ayer a Clarín uno de los referentes “moderados” de la asamblea.
La propuesta de liberar el corte 72 horas después de la votación de la asamblea del miércoles se debe a razones estratégicas. Según explicaron algunos referentes, “si se abría el paso el jueves mismo, la decisión quedaba diluida por el resultado del partido entre Argentina y Corea”. Con ese razonamiento también pensaron que si lo hacían un sábado, no recibirían la avalancha de turistas que podrían retomar el camino durante el fin de semana largo. Aunque se anunció que el corte terminará a las 13, los ambientalistas piensan hacerlo más tarde, después del discurso y otros actos.
El reclamo no sólo incluirá la exigencia de que los controles se hagan adentro de Botnia sino también que la Casa Rosada difunda por el Sistema Nacional de Medios Públicos la presentación que hizo ante el Tribunal de La Haya acerca de la contaminación producida por la planta UPM-Botnia. Frente a la desconfianza por el control a realizarse, pedirán la participación de científicos que ya están tomando muestras del agua de este lado del río Uruguay. Proponen al profesor Juan Carlos Colombo, de la Universidad Nacional de La Plata. Bajo su tutela se realiza un monitoreo del agua desde que comenzó a funcionar la planta. Entre las demandas está también que el Gobierno siga financiando esa tarea, porque el Poder Ejecutivo tiene partidas dispuestas sólo por dos meses más.
En el acto apelarán también al gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri; el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Jorge Domingo Busti, y al senador nacional Pedro Guastavino, para que garanticen el cumplimiento de estas medidas. En la decisión de levantar el corte pesó la falta de apoyo que empezaron a sentir de los vecinos que querían retomar la relación con Fray Bentos, sobre todo por las cuestiones comerciales.A pesar de que recién esta tarde se permitirá el paso de autos por la ruta que une ambos países, lo cierto es que ayer los asambleístas empezaron a desarmar algunas de las instalaciones que estaban en el corte. Miguel González, por ejemplo, duerme en una casillita que custodia la barrera desde el costado del asfalto desde hace casi cuatro años. Ayer, sus compañeros lo ayudaron a correrla porque suponen que en ese lugar les resultaría imposible garantizar su seguridad.
Por ahora, la decisión mayoritaria es mantener el refugio construido para proteger a los manifestantes de la intemperie y sostener en su lugar un colectivo destartalado y pintado con graffitis de protesta que está estacionado sobre la banquina. Preparándose a esta primera etapa, Vialidad Nacional señalizaba ayer la ruta para que los vehículos bajen la velocidad cuando pasen por Arroyo Verde porque la protesta se mantendrá al costado del camino.
Este lugar fue declarado hito histórico y cultural por la Legislatura provincial y ayer, mientras desmontaban algunas estructuras, los asambleístas recordaban que ahí estaban “hasta las cenizas de algunos que se fueron antes de terminar la pelea”.
Se referían a “La Pachamama”, como era conocida Nelly Pivas de Bibel, una de las referentes de la asamblea de Gualeguaychú que murió el año pasado.
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El día del paso al costado de la ruta
Fecha de Publicación: 19/06/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Entre Ríos
La protesta será suspendida por dos meses. El tránsito hacia Uruguay quedará habilitado hoy a la tarde, después de tres años y siete meses de corte. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner destacó la decisión de abrir el paso a los vehículos.
A horas de que la asamblea de Gualeguaychú levante por 60 días el corte del puente internacional San Martín, la presidenta Cristina Kirchner habló por primera vez del tema y calificó la decisión como “muy importante”. “Cuando la sensatez y la cordura vuelven a ser mayoría, es una buena noticia para todos y, fundamentalmente, para que todos vivamos en una Argentina mejor, donde se respeten los derechos y la libertad de todos”, sostuvo la mandataria. Los asambleístas dejarán libre la ruta este mediodía, a las 13, con un acto en el que leerán un documento.
Cristina hizo declaraciones en un breve contacto que mantuvo con los periodistas al término del acto de entrega de computadoras a alumnos de escuelas públicas en Lomas de Zamora. Todavía no se conocía la renuncia del canciller Jorge Taiana, por lo que los medios sólo llegaron a preguntarle por el levantamiento del corte. “La decisión es muy importante”, respondió.
Mientras tanto, en Gualeguaychú, una delegación de la asamblea se reunía con funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad para acordar las medidas de seguridad ante la liberación de la ruta. La idea de los vecinos es mantener una guardia al costado de la ruta, ya que dentro de dos meses, el 19 de agosto (cuando se cumpla el plazo que los presidentes de Uruguay y Argentina se pusieron para acordar la vigilancia de Botnia y del río), convocarán a una nueva asamblea ampliada para revisar su decisión. La ruta estuvo cortada durante tres años y siete meses, y sobre la banquina se construyó un galpón para mantener la guardia del bloqueo. Anoche, bajo la lluvia, personal de Vialidad Nacional trabajaba para despejar el lugar. En el Uruguay, las empresas de transportes de carga dijeron que comenzarán a usar el puente el lunes, mientras que la cámara de transportes de pasajeros comunicó que va a esperar a tener garantías de que no habrá agresiones antes de volver a usar esa ruta.
Algunos integrantes de la asamblea ya comenzaron a hablar de las medidas alternativas al corte de ruta. Osvaldo Fernández, integrante del equipo legal de los ambientalistas, dijo que espera que el presidente José Mujica “levante la orden que prohíbe las manifestaciones de argentinos en Fray Bentos”, porque esto permitiría “ir a dar charlas, repartir volantes, informar, mostrar las pruebas que tenemos sobre el sistema de producción utilizado por Botnia”.
La prohibición fue dictada por el ex presidente Tabaré Vázquez cuando la pastera se estaba construyendo, preocupado por la posibilidad de que en algunas de las marchas al puente que se realizan cada año, los manifestantes cruzaran la frontera para llegar frente a Botnia. La ley sigue vigente y abarca cualquier tipo de actividad de difusión argentina contra la papelera que se quiera realizar en la ciudad de Fray Bentos.
Otro de los temas del día fue la invitación a Brasil a sumarse a un monitoreo del río Uruguay. Según publicó ayer El País, de Montevideo, el presidente Mujica anticipó en una entrevista con el diario que iba a llamar a Cristina Kirchner para hablar del monitoreo y de la oferta a Brasil. Según ese periódico, el mandatario uruguayo aseguró que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva está de acuerdo en participar “porque entiende que tiene responsabilidad en el río”, que nace en el territorio brasileño.
En Buenos Aires, el vicecanciller Victorio Taccetti no descartó la idea, al remarcar que Brasil es “el otro país” que tiene frontera sobre el río. Pero aclaró que para esto habrá que dictar una normativa específica, que hoy no existe. El Estatuto del Río Uruguay es un convenio sólo entre Argentina y Uruguay, que rige para sus 500 kilómetros río compartido, pero no aguas arriba.
La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) debe reunirse la semana próxima para comenzar a diseñar dos planes de control que acordaron semanas atrás Cristina Kirchner y Mujica: uno destinado a Botnia-UPM y otro a la vigilancia en general del río.
Aprobaron la Ley de bosques en Chubut
Entre acusaciones de negociados aprobaron la Ley de bosques nativos
Fecha de Publicación: 18/06/2010
Fuente: Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
La Legislatura aprobó por diecinueve votos contra cinco, la ley para ordenar y zonificar los bosques nativos. El debate que duro unas cuatros horas fue suficiente para que los diputados oficialistas, del Provech y del PACH acompañen un proyecto de ley que fue calificado por el diputado radical Carlos Lorenzo como “una joda”.
Tal cual lo adelantáramos en la edición de ayer, esta Ley permitirá la zonificación en tres categorías de las tierras con bosque nativo en su superficie, lo que para Lorenzo será “un negocio inmobiliario”. La nueva ley define zonas intangibles (la roja), otras de uso restringido (la amarilla) y una tercera que quedará libre de toda restricción, (la verde). Es sobre esta última superficie donde radican las sospechas y la polémica.
Según la diputada justicialista Doralisa Aravena que tuvo a su cargo la fundamentación del proyecto y que fue seguida de cerca por el Director General de Bosques y Parques, Manuel Peralta que presenció, junto a sus colaboradores la sesión, dijo que la zona verde son asentamientos urbanos y que se le debe dar tratamiento “vienen de mucho antes de este gobierno” y agregó que ella luchará por la preservación de los bosques nativos para que las generaciones venideras puedan disfrutar de un medio ambiente sano.
Dirigiéndose a Lorenzo le recordó cuando el radicalismo no hacia nada cuando se quemaban miles de hectáreas de bosques nativos o cuando se perdían en manos de empresarios como fue el caso de la empresa Manossa que terminó destruyendo bosques nativos, “parece que Lorenzo de estas cosas ahora no se acuerda”.
Aravena indicó que dividir los bosques nativos por zonas rojas, amarillas y verdes permitirá tener un control acertado de los bosques y que cualquier modificación que se quiera hacer con la ley debe pasar por la Cámara, “no se pretende hacer una tala rasa sino que se podrá efectuar un seguimiento técnico”.
“Proyecto de los Bandidos”
Lorenzo al pedir la palabra le manifestó a Aravena que si se toma el valor de mercado de una hectárea boscosa en la cordillera de Chubut y lo multiplica por el número de las que quedan liberadas, unas 20 mil hectáreas se obtiene una suma superior a los cien millones de dólares. Deberían ser más cuidadosos y haber dado más tiempo para la discusión de un tema tan sensible”.
El diputado pidió que este tema se siga discutiendo “porque ha salido con la velocidad de un rayo” y destacó que en el Boletín Oficial aparece la autorización para un proyecto comercial inmobiliario en Cholila llamado “Proyecto de los bandidos” y que seguramente debe estar en la zona verde, “una vez que esto esté aprobado los emprendedores inmobiliarios de toda esa zona podrán desmontar los bosques, desmontarán las 20 mil hectáreas, con esto se acelera la destrucción del boque nativo”.
Lorenzo lamentó que cuando se aprobó el decreto 7405 se obligó al deslinde del bosque nativo para que los viejos pobladores pudieran tener sus títulos de propiedad, “pero uno de los beneficiados fue O´Reilly que a través de su inmobiliaria en Pilar, provincia de Buenos Aires, está vendiendo tierra en el complejo San Esteban al pie del lago Cholila a 50 mil dólares la hectárea”.
“No soy caperucita roja”
Aravena luego de escuchar a Lorenzo le dijo que ella nació en el bosque “pero no soy caperucita roja” y agregó que conoce como este gobierno ha trabajado con el tema de los bosques, “no venimos a pedirle que nos acompañe porque los diputados sabemos que esta ley permitirá reordenar y proteger al bosque”.
Dijo que desde el 2007 está trabajando con los pueblos originarios que están incorporados a los bosques, “ellos apoyan esta medida porque también saben que es un beneficio para el cuidado de la salud del bosque” y sostuvo que con esta ley nadie se va a enriquecer “y no especulamos si cambiamos el auto porque Lorenzo lo único que hace es desmerecer el trabajo de los técnicos y que los radicales nunca hicieron porque si el bosque hoy tiene plagas es culpa de que ellos no supieron controlarla”.
“No creo que haya negociados”
Para el diputado del PACH, Roque González no cree que haya ningún negociado detrás de esta ley “la menos no salta a la vista y no observo efectos aleatorios con la zonificación”.
Dijo que si bien es cuidadoso con el recurso y que hay lugares donde se ha cortado muchos árboles, “no hay nada en la ley que indique que haya peligro de perdida en la masa boscosa”.
González sostuvo que los criterios aplicados por la Dirección de Bosque son “coherentes” y recordó que el espíritu de los convencionales constituyentes donde solicitan los 4/5 de una Cámara es cuando hay peligro de enajenación de los bosques “y en este caso no lo hay”.
“Poco tiempo”
En tanto el diputado del ARI, Fernando Urbano dijo que no acompañaba el proyecto de ley “porque hace una semana que ingresó a la Cámara y el debate en la Comisión de Recursos Naturales duró 15 minutos con un dictamen que ya estaba elaborado por mayoría sin importarles la minoría”.
Consideró que el oficialismo no tuvo argumentos para defender este proyecto “y han descalificado al resto de los diputados que pensamos distinto” e indicó que si bien la ley en general no es mala “no se puede acompañar algo que no tuvo debate ni estudio previo”.
Fecha de Publicación: 18/06/2010
Fuente: Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
La Legislatura aprobó por diecinueve votos contra cinco, la ley para ordenar y zonificar los bosques nativos. El debate que duro unas cuatros horas fue suficiente para que los diputados oficialistas, del Provech y del PACH acompañen un proyecto de ley que fue calificado por el diputado radical Carlos Lorenzo como “una joda”.
Tal cual lo adelantáramos en la edición de ayer, esta Ley permitirá la zonificación en tres categorías de las tierras con bosque nativo en su superficie, lo que para Lorenzo será “un negocio inmobiliario”. La nueva ley define zonas intangibles (la roja), otras de uso restringido (la amarilla) y una tercera que quedará libre de toda restricción, (la verde). Es sobre esta última superficie donde radican las sospechas y la polémica.
Según la diputada justicialista Doralisa Aravena que tuvo a su cargo la fundamentación del proyecto y que fue seguida de cerca por el Director General de Bosques y Parques, Manuel Peralta que presenció, junto a sus colaboradores la sesión, dijo que la zona verde son asentamientos urbanos y que se le debe dar tratamiento “vienen de mucho antes de este gobierno” y agregó que ella luchará por la preservación de los bosques nativos para que las generaciones venideras puedan disfrutar de un medio ambiente sano.
Dirigiéndose a Lorenzo le recordó cuando el radicalismo no hacia nada cuando se quemaban miles de hectáreas de bosques nativos o cuando se perdían en manos de empresarios como fue el caso de la empresa Manossa que terminó destruyendo bosques nativos, “parece que Lorenzo de estas cosas ahora no se acuerda”.
Aravena indicó que dividir los bosques nativos por zonas rojas, amarillas y verdes permitirá tener un control acertado de los bosques y que cualquier modificación que se quiera hacer con la ley debe pasar por la Cámara, “no se pretende hacer una tala rasa sino que se podrá efectuar un seguimiento técnico”.
“Proyecto de los Bandidos”
Lorenzo al pedir la palabra le manifestó a Aravena que si se toma el valor de mercado de una hectárea boscosa en la cordillera de Chubut y lo multiplica por el número de las que quedan liberadas, unas 20 mil hectáreas se obtiene una suma superior a los cien millones de dólares. Deberían ser más cuidadosos y haber dado más tiempo para la discusión de un tema tan sensible”.
El diputado pidió que este tema se siga discutiendo “porque ha salido con la velocidad de un rayo” y destacó que en el Boletín Oficial aparece la autorización para un proyecto comercial inmobiliario en Cholila llamado “Proyecto de los bandidos” y que seguramente debe estar en la zona verde, “una vez que esto esté aprobado los emprendedores inmobiliarios de toda esa zona podrán desmontar los bosques, desmontarán las 20 mil hectáreas, con esto se acelera la destrucción del boque nativo”.
Lorenzo lamentó que cuando se aprobó el decreto 7405 se obligó al deslinde del bosque nativo para que los viejos pobladores pudieran tener sus títulos de propiedad, “pero uno de los beneficiados fue O´Reilly que a través de su inmobiliaria en Pilar, provincia de Buenos Aires, está vendiendo tierra en el complejo San Esteban al pie del lago Cholila a 50 mil dólares la hectárea”.
“No soy caperucita roja”
Aravena luego de escuchar a Lorenzo le dijo que ella nació en el bosque “pero no soy caperucita roja” y agregó que conoce como este gobierno ha trabajado con el tema de los bosques, “no venimos a pedirle que nos acompañe porque los diputados sabemos que esta ley permitirá reordenar y proteger al bosque”.
Dijo que desde el 2007 está trabajando con los pueblos originarios que están incorporados a los bosques, “ellos apoyan esta medida porque también saben que es un beneficio para el cuidado de la salud del bosque” y sostuvo que con esta ley nadie se va a enriquecer “y no especulamos si cambiamos el auto porque Lorenzo lo único que hace es desmerecer el trabajo de los técnicos y que los radicales nunca hicieron porque si el bosque hoy tiene plagas es culpa de que ellos no supieron controlarla”.
“No creo que haya negociados”
Para el diputado del PACH, Roque González no cree que haya ningún negociado detrás de esta ley “la menos no salta a la vista y no observo efectos aleatorios con la zonificación”.
Dijo que si bien es cuidadoso con el recurso y que hay lugares donde se ha cortado muchos árboles, “no hay nada en la ley que indique que haya peligro de perdida en la masa boscosa”.
González sostuvo que los criterios aplicados por la Dirección de Bosque son “coherentes” y recordó que el espíritu de los convencionales constituyentes donde solicitan los 4/5 de una Cámara es cuando hay peligro de enajenación de los bosques “y en este caso no lo hay”.
“Poco tiempo”
En tanto el diputado del ARI, Fernando Urbano dijo que no acompañaba el proyecto de ley “porque hace una semana que ingresó a la Cámara y el debate en la Comisión de Recursos Naturales duró 15 minutos con un dictamen que ya estaba elaborado por mayoría sin importarles la minoría”.
Consideró que el oficialismo no tuvo argumentos para defender este proyecto “y han descalificado al resto de los diputados que pensamos distinto” e indicó que si bien la ley en general no es mala “no se puede acompañar algo que no tuvo debate ni estudio previo”.
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La desertificación, tema clave del sudoeste
La desertificación, tema clave del sudoeste
Fecha de Publicación: 17/06/2010
Fuente: La Nueva
Provincia/Región: Buenos Aires
Del congreso participarán expositores nacionales e internacionales. El acceso es libre y gratuito. Lo organiza el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible.
Un aspecto sustancial para el desarrollo de la región del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, como es la desertificación, será abordado por primera vez por especialistas no sólo de nuestro país sino también del exterior.
Esto sucederá entre hoy y mañana, en el salón Blanco del Palacio Municipal de Bahía Blanca, en Alsina, 65, en el marco del denominado Primer Congreso Provincial sobre Desertificación que ha organizado el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS).
Durante las dos jornadas se tocarán los temas fundamentales que atraviesan la desertificación: agua, suelo, clima, monitoreo ambiental, desarrollo sustentable, obra pública, jurisdiccionalidad, derecho ambiental y cambio climático global, entre otros.
Los paneles de disertación estarán divididos en cambio climático-agua (gestión sustentable); suelo (mitigación y recuperación de suelos degradados o en proceso de degradación por desertificación), herramientas para el desarrollo sustentable compromiso privado y obra pública (la responsabilidad social empresaria y las organizaciones civiles en el desarrollo de soluciones de envergadura).
Participarán expertos de distintas partes del mundo especialistas en la temática. En tal sentido, se prevén conferencias como la del doctor Itzik Moshe Deputy y el ingeniero Joseph Shreiber, ambos autoridades del JNF-KKL (Keren Kayemet Lesrael) Southern Region; el ingeniero José Roberto de Lima, coordinador PAN Brasil (Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación) y el ingeniero agrónomo Octavio Pérez Pardo, Director Nacional de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación.
El lugar elegido para la cita no es casual, ya que el proceso de desertificación está afectando gravemente a la región sudoeste de la provincia de Buenos Aires, y por eso aquí se pretenden incorporar los últimos avances científicos y tecnológicos en la materia, revisar estrategias y concertar voluntades en torno a esta problemática y sus derivaciones sociales, productivas y económicas.
Los organizadores también prevén que exista una perspectiva ambiental y de desarrollo sustentable que atienda la heterogeneidad de su territorio, población y cultura, así como la complejidad de los fenómenos ambientales, resulten estos del cambio climático global, de condiciones climatológicas locales, de la acción humana o de la interacción de diversos factores.
Luego del mediodía de mañana, se prevé una teleconferencia sobre el primer curso sudamericano sobre metodologías de evaluación de la degradación de tierras en zonas áridas, en el contexto del Proyecto LADA/FAO de la República Argentina.
También habrá presentaciones especiales sobre innovaciones en I&D, tecnología aplicada, avances metodológicos y propuestas comerciales.
Con la UNS
La cita también ha considerado la firma de acuerdos con instituciones locales como, por caso, la Universidad Nacional del Sur.
En tal sentido, habrá un acuerdo específico entre la Dirección de Areas Protegidas de la provincia de Buenos Aires, representada por su director, Ricardo Cañete, y el Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia de la UNS, en la figura de la directora decana, doctora Marta Aveldaño.
El convenio tiene como objetivos principales la organización de tareas destinadas a la implementación de actividades de conservación de biodiversidad, investigación y educación en el ámbito del Parque Provincial Ernesto Tornquist.
Las actividades proyectadas incluirán el diseño, acompañamiento y monitoreo de actividades de control de especies leñosas invasoras y de vertebrados exóticos, incluyendo caballos cimarrones, ciervo dama y jabalí, la restauración de ambientes degradados de la reserva, la investigación sobre especies de particular valor de conservación, incluyendo el guanaco.
También el cultivo de especies de la flora nativa, la organización y desarrollo de visitas guiadas y de actividades de participación pública, la producción de plantas ornamentales nativas, la colaboración en el diseño y construcción de senderos educativos y la producción de materiales educativos.
Las actividades de educación y cultivo de plantas nativas tendrán como centro de acción al Jardín Botánico Pillahuincó, establecido en el Parque Provincial Ernesto Tornquist en 2003 como parte del proyecto de Restauración de Ambientes Naturales aprobado por la Disposición No. 24/03 de la entonces Dirección Provincial de Administración de Areas Protegidas y Conservación de la Biodiversidad del ministerio de Asuntos Agrarios de Buenos Aires.
Antecedentes
Las participación de los investigadores de GEKKO (Grupo de Estudios en Conservación y Manejo, UNS), en el Parque Provincial Ernesto Tornquist se inicia en 1993 y se extiende hasta la fecha, incluyendo acciones de investigación, manejo ambiental (control de especies exóticas invasoras y restauración de ambientes naturales), educación ambiental, capacitación y conservación de especies vegetales amenazadas.
El director responsable es el doctor Sergio M. Zalba, del departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia de la UNS (szalba@crica.edu.ar),
Las actividades comienzan en el ámbito académico como proyectos de investigación, a los que se van sumando iniciativas para la aplicación de los resultados obtenidos en el manejo conservacionista y la educación ambiental. Durante este período se defienden cinco tesis doctorales, una tesis de maestría y diez tesinas de licenciatura en Ciencias Biológicas de la UNS, todas ellas enfocadas a la generación de información clave para la resolución de conflictos de conservación de biodiversidad en el área. Se realizan más de 36 publicaciones y más de 100 presentaciones a congreso.
Todos estos resultados son oportunamente transmitidos a las autoridades provinciales que se suceden en la administración del área a través de informes periódicos. En 1997, investigadores del equipo organizaron y coordinaron el plan de manejo de la reserva, el primero en su tipo en el sistema provincial de áreas protegidas.
El grupo de investigación recibe el apoyo de organismos nacionales e internacionales que financian las acciones emprendidas y extiende su actividad incorporando tareas de manejo adaptativo de especies leñosas invasoras, de cultivo de plantas nativas y de educación ambiental. A estos efectos se adquieren herramientas y materiales y se construye el Jardín Botánico Pillahuincó (JBP), que comienza a funcionar en la reserva en 2002, siendo oficialmente reconocido por la Provincia al año siguiente, mediante la Disposición Nº 24/03 de la Dirección Provincial de Areas Protegidas y Conservación de la Biodiversidad, entonces dependiente del ministerio de Asuntos Agrarios de Buenos Aires.
De las actividades de educación ambiental participan docentes y alumnos de la región inmediata al parque, así como visitantes de la reserva. Así, desde 2003 visitaron el jardín más de 1.200 alumnos de escuelas primarias y secundarias con sus maestros y profesores.
Las actividades en el JBP permiten determinar los requerimientos de cultivo de unas 50 especies de plantas nativas de las sierras, muchas de ellas exclusivas de ese ecosistema y algunas extremadamente raras y/o amenazadas, generando un reservorio genético de altísimo valor y único por sus características para todo el ecosistema pampeano. Las acciones de control de especies invasoras reducen la gravedad del problema en la reserva, despejando extensas áreas de la amenaza de pinos exóticos y otras especies que afectan la composición y el funcionamiento de los ecosistemas nativos.
Recientemente, las acciones de control de árboles invasores se complementan con una estrategia de distribución de la leña generada entre familias de bajos recursos.
La mayor parte del trabajo se desarrolla sobre la base de la participación de estudiantes voluntarios, en el marco de proyectos de extensión de la UNS y la secretaría de Políticas Universitarias y coordinados por docentes e investigadores en estrecha colaboración con guardaparques de la reserva.
Fecha de Publicación: 17/06/2010
Fuente: La Nueva
Provincia/Región: Buenos Aires
Del congreso participarán expositores nacionales e internacionales. El acceso es libre y gratuito. Lo organiza el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible.
Un aspecto sustancial para el desarrollo de la región del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, como es la desertificación, será abordado por primera vez por especialistas no sólo de nuestro país sino también del exterior.
Esto sucederá entre hoy y mañana, en el salón Blanco del Palacio Municipal de Bahía Blanca, en Alsina, 65, en el marco del denominado Primer Congreso Provincial sobre Desertificación que ha organizado el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS).
Durante las dos jornadas se tocarán los temas fundamentales que atraviesan la desertificación: agua, suelo, clima, monitoreo ambiental, desarrollo sustentable, obra pública, jurisdiccionalidad, derecho ambiental y cambio climático global, entre otros.
Los paneles de disertación estarán divididos en cambio climático-agua (gestión sustentable); suelo (mitigación y recuperación de suelos degradados o en proceso de degradación por desertificación), herramientas para el desarrollo sustentable compromiso privado y obra pública (la responsabilidad social empresaria y las organizaciones civiles en el desarrollo de soluciones de envergadura).
Participarán expertos de distintas partes del mundo especialistas en la temática. En tal sentido, se prevén conferencias como la del doctor Itzik Moshe Deputy y el ingeniero Joseph Shreiber, ambos autoridades del JNF-KKL (Keren Kayemet Lesrael) Southern Region; el ingeniero José Roberto de Lima, coordinador PAN Brasil (Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación) y el ingeniero agrónomo Octavio Pérez Pardo, Director Nacional de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación.
El lugar elegido para la cita no es casual, ya que el proceso de desertificación está afectando gravemente a la región sudoeste de la provincia de Buenos Aires, y por eso aquí se pretenden incorporar los últimos avances científicos y tecnológicos en la materia, revisar estrategias y concertar voluntades en torno a esta problemática y sus derivaciones sociales, productivas y económicas.
Los organizadores también prevén que exista una perspectiva ambiental y de desarrollo sustentable que atienda la heterogeneidad de su territorio, población y cultura, así como la complejidad de los fenómenos ambientales, resulten estos del cambio climático global, de condiciones climatológicas locales, de la acción humana o de la interacción de diversos factores.
Luego del mediodía de mañana, se prevé una teleconferencia sobre el primer curso sudamericano sobre metodologías de evaluación de la degradación de tierras en zonas áridas, en el contexto del Proyecto LADA/FAO de la República Argentina.
También habrá presentaciones especiales sobre innovaciones en I&D, tecnología aplicada, avances metodológicos y propuestas comerciales.
Con la UNS
La cita también ha considerado la firma de acuerdos con instituciones locales como, por caso, la Universidad Nacional del Sur.
En tal sentido, habrá un acuerdo específico entre la Dirección de Areas Protegidas de la provincia de Buenos Aires, representada por su director, Ricardo Cañete, y el Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia de la UNS, en la figura de la directora decana, doctora Marta Aveldaño.
El convenio tiene como objetivos principales la organización de tareas destinadas a la implementación de actividades de conservación de biodiversidad, investigación y educación en el ámbito del Parque Provincial Ernesto Tornquist.
Las actividades proyectadas incluirán el diseño, acompañamiento y monitoreo de actividades de control de especies leñosas invasoras y de vertebrados exóticos, incluyendo caballos cimarrones, ciervo dama y jabalí, la restauración de ambientes degradados de la reserva, la investigación sobre especies de particular valor de conservación, incluyendo el guanaco.
También el cultivo de especies de la flora nativa, la organización y desarrollo de visitas guiadas y de actividades de participación pública, la producción de plantas ornamentales nativas, la colaboración en el diseño y construcción de senderos educativos y la producción de materiales educativos.
Las actividades de educación y cultivo de plantas nativas tendrán como centro de acción al Jardín Botánico Pillahuincó, establecido en el Parque Provincial Ernesto Tornquist en 2003 como parte del proyecto de Restauración de Ambientes Naturales aprobado por la Disposición No. 24/03 de la entonces Dirección Provincial de Administración de Areas Protegidas y Conservación de la Biodiversidad del ministerio de Asuntos Agrarios de Buenos Aires.
Antecedentes
Las participación de los investigadores de GEKKO (Grupo de Estudios en Conservación y Manejo, UNS), en el Parque Provincial Ernesto Tornquist se inicia en 1993 y se extiende hasta la fecha, incluyendo acciones de investigación, manejo ambiental (control de especies exóticas invasoras y restauración de ambientes naturales), educación ambiental, capacitación y conservación de especies vegetales amenazadas.
El director responsable es el doctor Sergio M. Zalba, del departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia de la UNS (szalba@crica.edu.ar),
Las actividades comienzan en el ámbito académico como proyectos de investigación, a los que se van sumando iniciativas para la aplicación de los resultados obtenidos en el manejo conservacionista y la educación ambiental. Durante este período se defienden cinco tesis doctorales, una tesis de maestría y diez tesinas de licenciatura en Ciencias Biológicas de la UNS, todas ellas enfocadas a la generación de información clave para la resolución de conflictos de conservación de biodiversidad en el área. Se realizan más de 36 publicaciones y más de 100 presentaciones a congreso.
Todos estos resultados son oportunamente transmitidos a las autoridades provinciales que se suceden en la administración del área a través de informes periódicos. En 1997, investigadores del equipo organizaron y coordinaron el plan de manejo de la reserva, el primero en su tipo en el sistema provincial de áreas protegidas.
El grupo de investigación recibe el apoyo de organismos nacionales e internacionales que financian las acciones emprendidas y extiende su actividad incorporando tareas de manejo adaptativo de especies leñosas invasoras, de cultivo de plantas nativas y de educación ambiental. A estos efectos se adquieren herramientas y materiales y se construye el Jardín Botánico Pillahuincó (JBP), que comienza a funcionar en la reserva en 2002, siendo oficialmente reconocido por la Provincia al año siguiente, mediante la Disposición Nº 24/03 de la Dirección Provincial de Areas Protegidas y Conservación de la Biodiversidad, entonces dependiente del ministerio de Asuntos Agrarios de Buenos Aires.
De las actividades de educación ambiental participan docentes y alumnos de la región inmediata al parque, así como visitantes de la reserva. Así, desde 2003 visitaron el jardín más de 1.200 alumnos de escuelas primarias y secundarias con sus maestros y profesores.
Las actividades en el JBP permiten determinar los requerimientos de cultivo de unas 50 especies de plantas nativas de las sierras, muchas de ellas exclusivas de ese ecosistema y algunas extremadamente raras y/o amenazadas, generando un reservorio genético de altísimo valor y único por sus características para todo el ecosistema pampeano. Las acciones de control de especies invasoras reducen la gravedad del problema en la reserva, despejando extensas áreas de la amenaza de pinos exóticos y otras especies que afectan la composición y el funcionamiento de los ecosistemas nativos.
Recientemente, las acciones de control de árboles invasores se complementan con una estrategia de distribución de la leña generada entre familias de bajos recursos.
La mayor parte del trabajo se desarrolla sobre la base de la participación de estudiantes voluntarios, en el marco de proyectos de extensión de la UNS y la secretaría de Políticas Universitarias y coordinados por docentes e investigadores en estrecha colaboración con guardaparques de la reserva.
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