Minería en Mendoza al "rojo vivo"
El debate sobre la minería en Mendoza al "rojo vivo" por la violencia sindical
Fecha de Publicación: 21/06/2010
Fuente: Mendoza On Line
Provincia/Región: Mendoza
En una semana, dos incidentes protagonizados por miembros de la UOCRA han tensado la polémica sobre el desarrollo minero. El viernes de la semana pasada y ante funcionarios de la Subsecretaría de Trabajo, los gremialistas destrozaron oficinas de la minera Potasio Río Colorado. Y el miércoles, un legislador y ambientalistas también fueron agredidos por los gremialistas.
El debate sobre la minería se han tensionado al punto tal que en la última semana ocurrieron dos violentos incidentes protagonizados por un gremio que, históricamente, se ha caracterizado por su dureza, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).
La agresión recibida por un legislador y ambientalistas no fue la única: hace una semana, un grupo de sindicalistas agredió y amenazó a empleados de la minera Potasio Río Colorado, en Malargüe.
La polémica por el desarrollo de la minería está abierta desde hace tiempo en nuestra provincia. A la par de los emprendimientos anunciados, millonarios por cierto, también hubo un movimiento que impugnó esas iniciativas en defensa del medio ambiente. Así ha sido hasta ahora y las tensiones han estado marcadas fundamentalmente por cortes de ruta en distintas localidades -como en San Carlos y General Alvear, en su momento-.
Sin embargo, hasta la fecha no se habían registrado incidentes. Pero finalmente, la violencia se desencadenó y se acumuló en dos oportunidades en el lapso de una semana. Ambos hechos tienen como denominador común a, por un lado, la minera Vale Do Río Doce, que gestiona el yacimiento de sales de potasio en Río Colorado, Malargüe; y, por el otro, el protagonismo de un gremio combativo, tildado de "duro", la UOCRA.
El primer incidente ocurrió el viernes 18, en las oficinas que la minera tiene en Cañadón Amarillo. Al lugar, llegó una camioneta con inspectores de la Subsecretaría de Trabajo. Al parecer, no fueron los únicos que ingresaron cuando la barrera se levantó: también entraron otros vehículos, en los que venían miembros del gremio de la construcción.
Según consta un pedido de informes aprobado por la Legislatura -y presentado por el diputado justicialista Daniel Cassia-, los funcionarios del ministerio de Gobierno recorrieron las instalaciones de la minera acompañados no sólo por los empleados, sino también por los sindicalistas. En el interín, fue naciendo una discusión cuando los gremialistas de la UOCRA plantearon sus diferencias con los empleados porque la empresa estaría contratando mano de obra foránea. Las palabras se fueron endureciendo, el tono se fue elevando y la situación se desmadró.
Amenazas a los empleados y una sala destrozada -según se supo, los gremialistas sacaron de las instalaciones equipos electrónicos para videoconferencias que estrellaron contra el piso-. Todo esto ante la mirada de los inspectores de la Subsecretaría de Trabajo -según la denuncia-.
"Los funcionarios no hicieron nada y no tiene nada que ver que ingrese el sindicato a este acto jurídico", explicó Cassia, subrayando el poder de policía de la Subsecretaría de Trabajo para ingresar a las empresas.
Por este incidente, la minera radicó una denuncia ante la Justicia -causa Nº 1134/10- donde interviene la 2º Fiscalía Correccional.
Para evitar nuevos actos de violencia, el Gobierno habría dispuesto una custodia policial para las oficinas de Río Colorado, hasta que se normalice la situación. En tanto, el hecho llamó la atención de Cassia, que presentó un pedido de informe al ministro de Gobierno, Mario Adaro, para saber por qué los inspectores de Trabajo ingresaron acompañados de los gremialistas.
La inspección la pidió el gremio
La versión del ministro Adaro es distinta a lo denunciado por Cassia. El titular de la cartera de Gobierno, de la cual depende la Subsecretaría de Trabajo, aclaró que cuando se produjeron los incidentes, los funcionarios públicos no se encontraban presentes.
Adaro explicó que la inspección había sido solicitada por el gremio de la construcción y que además se encontraban otros gremios, mineros y petroleros, pero que no participaron de la misma. Los sindicalistas, sostuvo Adaro, permanecieron en la playa de estacionamiento de la minera.
"Queríamos constatar las condiciones de los trabajadores y se hicieron actas de infracción por faltas de seguridad e higiene", informó el ministro de Gobierno. Así, Adaro señaló que las multas a la empresa brasileña llegarían a los 300 mil pesos.
Adaro sostuvo que se enteró de los incidentes por parte de la empresa y reiteró que los inspectores de Trabajo no estaban al momento de producirse los desmanes.
Un gremio duro
Este no fue el único acto violento. El miércoles 9, durante la sesión en la Cámara Baja, un legislador fue agredido verbalmente por el grupo de gremialistas de la UOCRA que esperaba en la calle con bombos y pancartas.
Blanco es uno de los legisladores que se ha mostrado crítico al plan de las obras que financiará la minera en Malargüe. Sus objeciones, ante los vacíos mostrados por el acuerdo firmado entre Vale y el Gobierno de la provincia, son consideradas como "palos en la rueda" a los ojos del gremio.
A Blanco le preocupan algunos puntos poco claros del convenio: entre ellas, la gran provisión de energía -gas, sobre todo, pero también el consumo eléctrico- que requerirá la mina para funcionar a pleno; los aportes de Vale para el Fondo de Impacto Ambiental que financiarán obras en Malargüe por 12 millones de dólares.
Mientras este acuerdo espera la ratificación legislativa, el secretario de Ambiente, Guillermo Carmona, explicó que los recursos del fondo no serán aportados a obras que necesita la empresa para funcionar, sino que estarán destinadas a Malargüe.
Roberto Blanco no fue el único que recibió las "gentilezas" de los muchachos de la construcción: también dos ambientalistas que se habían movilizado en contra del proyecto de la minera, resultaron con lesiones y fueron a parar al hospital.
El gremio que a nivel provincial dirige Néstor Romero reclama que la minera Vale emplee mano de obra mendocina. Los trabajadores han denunciado que el acuerdo entre la empresa brasileña y el gobierno "duerme" en la Casa de las Leyes.
Fecha de Publicación: 21/06/2010
Fuente: Mendoza On Line
Provincia/Región: Mendoza
En una semana, dos incidentes protagonizados por miembros de la UOCRA han tensado la polémica sobre el desarrollo minero. El viernes de la semana pasada y ante funcionarios de la Subsecretaría de Trabajo, los gremialistas destrozaron oficinas de la minera Potasio Río Colorado. Y el miércoles, un legislador y ambientalistas también fueron agredidos por los gremialistas.
El debate sobre la minería se han tensionado al punto tal que en la última semana ocurrieron dos violentos incidentes protagonizados por un gremio que, históricamente, se ha caracterizado por su dureza, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).
La agresión recibida por un legislador y ambientalistas no fue la única: hace una semana, un grupo de sindicalistas agredió y amenazó a empleados de la minera Potasio Río Colorado, en Malargüe.
La polémica por el desarrollo de la minería está abierta desde hace tiempo en nuestra provincia. A la par de los emprendimientos anunciados, millonarios por cierto, también hubo un movimiento que impugnó esas iniciativas en defensa del medio ambiente. Así ha sido hasta ahora y las tensiones han estado marcadas fundamentalmente por cortes de ruta en distintas localidades -como en San Carlos y General Alvear, en su momento-.
Sin embargo, hasta la fecha no se habían registrado incidentes. Pero finalmente, la violencia se desencadenó y se acumuló en dos oportunidades en el lapso de una semana. Ambos hechos tienen como denominador común a, por un lado, la minera Vale Do Río Doce, que gestiona el yacimiento de sales de potasio en Río Colorado, Malargüe; y, por el otro, el protagonismo de un gremio combativo, tildado de "duro", la UOCRA.
El primer incidente ocurrió el viernes 18, en las oficinas que la minera tiene en Cañadón Amarillo. Al lugar, llegó una camioneta con inspectores de la Subsecretaría de Trabajo. Al parecer, no fueron los únicos que ingresaron cuando la barrera se levantó: también entraron otros vehículos, en los que venían miembros del gremio de la construcción.
Según consta un pedido de informes aprobado por la Legislatura -y presentado por el diputado justicialista Daniel Cassia-, los funcionarios del ministerio de Gobierno recorrieron las instalaciones de la minera acompañados no sólo por los empleados, sino también por los sindicalistas. En el interín, fue naciendo una discusión cuando los gremialistas de la UOCRA plantearon sus diferencias con los empleados porque la empresa estaría contratando mano de obra foránea. Las palabras se fueron endureciendo, el tono se fue elevando y la situación se desmadró.
Amenazas a los empleados y una sala destrozada -según se supo, los gremialistas sacaron de las instalaciones equipos electrónicos para videoconferencias que estrellaron contra el piso-. Todo esto ante la mirada de los inspectores de la Subsecretaría de Trabajo -según la denuncia-.
"Los funcionarios no hicieron nada y no tiene nada que ver que ingrese el sindicato a este acto jurídico", explicó Cassia, subrayando el poder de policía de la Subsecretaría de Trabajo para ingresar a las empresas.
Por este incidente, la minera radicó una denuncia ante la Justicia -causa Nº 1134/10- donde interviene la 2º Fiscalía Correccional.
Para evitar nuevos actos de violencia, el Gobierno habría dispuesto una custodia policial para las oficinas de Río Colorado, hasta que se normalice la situación. En tanto, el hecho llamó la atención de Cassia, que presentó un pedido de informe al ministro de Gobierno, Mario Adaro, para saber por qué los inspectores de Trabajo ingresaron acompañados de los gremialistas.
La inspección la pidió el gremio
La versión del ministro Adaro es distinta a lo denunciado por Cassia. El titular de la cartera de Gobierno, de la cual depende la Subsecretaría de Trabajo, aclaró que cuando se produjeron los incidentes, los funcionarios públicos no se encontraban presentes.
Adaro explicó que la inspección había sido solicitada por el gremio de la construcción y que además se encontraban otros gremios, mineros y petroleros, pero que no participaron de la misma. Los sindicalistas, sostuvo Adaro, permanecieron en la playa de estacionamiento de la minera.
"Queríamos constatar las condiciones de los trabajadores y se hicieron actas de infracción por faltas de seguridad e higiene", informó el ministro de Gobierno. Así, Adaro señaló que las multas a la empresa brasileña llegarían a los 300 mil pesos.
Adaro sostuvo que se enteró de los incidentes por parte de la empresa y reiteró que los inspectores de Trabajo no estaban al momento de producirse los desmanes.
Un gremio duro
Este no fue el único acto violento. El miércoles 9, durante la sesión en la Cámara Baja, un legislador fue agredido verbalmente por el grupo de gremialistas de la UOCRA que esperaba en la calle con bombos y pancartas.
Blanco es uno de los legisladores que se ha mostrado crítico al plan de las obras que financiará la minera en Malargüe. Sus objeciones, ante los vacíos mostrados por el acuerdo firmado entre Vale y el Gobierno de la provincia, son consideradas como "palos en la rueda" a los ojos del gremio.
A Blanco le preocupan algunos puntos poco claros del convenio: entre ellas, la gran provisión de energía -gas, sobre todo, pero también el consumo eléctrico- que requerirá la mina para funcionar a pleno; los aportes de Vale para el Fondo de Impacto Ambiental que financiarán obras en Malargüe por 12 millones de dólares.
Mientras este acuerdo espera la ratificación legislativa, el secretario de Ambiente, Guillermo Carmona, explicó que los recursos del fondo no serán aportados a obras que necesita la empresa para funcionar, sino que estarán destinadas a Malargüe.
Roberto Blanco no fue el único que recibió las "gentilezas" de los muchachos de la construcción: también dos ambientalistas que se habían movilizado en contra del proyecto de la minera, resultaron con lesiones y fueron a parar al hospital.
El gremio que a nivel provincial dirige Néstor Romero reclama que la minera Vale emplee mano de obra mendocina. Los trabajadores han denunciado que el acuerdo entre la empresa brasileña y el gobierno "duerme" en la Casa de las Leyes.
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