Ordenó la Justicia levantar el corte
08:15 | 
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Ordenó la Justicia levantar el corte de Gualeguaychú
Fecha de Publicación: 09/06/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
El Gobierno dijo que acatará la resolución, pero sin reprimir; los asambleístas anunciaron que resistirán
Después de una semana en la que el Gobierno insitió en deslindar en la Justicia la responsabilidad por la permanencia del corte del puente que une Gualeguaychú con la ciudad uruguaya de Fray Bentos, el juez federal subrogante de Concepción del Uruguay dispuso ayer que se garantice el libre tránsito en ese paso internacional.
El juez Gustavo Pimentel recordó, de todos modos, que ya existían tres órdenes judiciales para liberar el puente internacional General San Martín, interrumpido en forma permanente desde 2006, y que el Gobierno no había actuado en consecuencia.
Luego de reunirse con la presidenta Cristina Kirchner y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, informó anoche que el Gobierno cumplirá la orden judicial sin reprimir. "Vamos a cumplir el fallo, por medio de la Gendarmería, garantizando la seguridad de las personas que están en el corte", sostuvo en la Casa Rosada.
En Gualeguaychú reinaba anoche la incertidumbre y el estado de alerta entre los asambleístas: dijeron que iniciarían una "resistencia pacífica", además de convocar a una asamblea de urgencia para decidir los próximos pasos.
"Si hay violencia será por parte de la Gendarmería. Los ciudadanos de Gualeguaychú no vamos a hacer ninguna agresión", dijo la abogada de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, Ana Angelini. La decisión judicial se produjo una semana después de la reunión entre la presidenta Cristina Kirchner con su par de Uruguay, José Mujica, en la que se acordó que en 60 días se deberá definir el monitoreo conjunto del impacto ambiental de la pastera UPM (ex Botnia), ubicada en la localidad uruguaya de Fray Bentos. Fue tras ese encuentro que Cristina Kirchner condenó el corte y pidió una rápida decisión judicial.
El juez Pimentel recordó que existían tres órdenes judiciales para liberar el puente internacional, dos dictadas en 2006 y una en 2007. Explicó que no se habían cumplido porque el Gobierno entendió que no era la oportunidad política para hacerlo.
Randazzo dijo anoche que la Gendarmería Nacional informará del fallo a la gente que esté en el piquete y a los que se nieguen a abandonar el puente se les tomarán los datos personales y se los enviará a la Justicia. "A partir de ahí, el juez decidirá qué determina con las personas que se nieguen a cumplir la orden judicial", informó Randazzo.
El comandante de Gendarmería de Gualeguaychú fue convocado a Concepción del Uruguay para notificarse de la decisión judicial, y el Gobierno anunció que no se reforzará la presencia de gendarmes en el Puente Internacional.
El juez Pimentel afirmó que dadas las características de Botnia, y lo que se resolvió en el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, el Gobierno está impedido de dar una respuesta inmediata a las peticiones de los asambleístas, por lo que supeditar el levantamiento del corte al desmantelamiento de la planta es "desproporcionado e irrazonable".
Sobre todo teniendo en cuenta que la resolución del tribunal internacional estableció que se realice un monitoreo conjunto del Río Uruguay -cuestión que se está negociando- para establecer la existencia o no de sustancias contaminantes fuera de los límites permitidos.
El juez Pimentel señaló que las resoluciones judiciales que ordenaron levantar el corte nunca se cumplieron porque el Ministerio del Interior nunca dio la orden, que "se dejó librada a un criterio de oportunidad" del poder político.
A pesar de que el juez entendió que es el Gobierno quien ahora debe hacer cumplir su orden judicial, sumó -en coincidencia con la fiscal Milagros Squivo-sus propios argumentos para ordenar a los asambleístas despejar la ruta.
Las razones del juez para entender que siguen firmes esas ordenes judiciales son:
Si bien las manifestaciones que cortan rutas para reclamar o protestar son parte del ejercicio legítimo del derecho de reunión, de peticionar y de expresarse, en este caso los informes de la Gendarmería Nacional señalan que el corte es llevado a cabo por sólo cuatro personas en turnos rotativos, por lo que la interrupción del tránsito no es producto de la congregación de gente que quiere hacerse escuchar, sino de la decisión de la asamblea de Gualeguychú. Y salvo las marchas multitudinarias previamente anunciadas, el derecho de reunión no justifica que los manifestantes utilicen el puente en forma exclusiva, sin dejar pasar a los automovilistas que intentan ir o volver desde Uruguay.
Como el corte de ruta no recae sobre Botnia, a quien responsabilizan por la contaminación ambiental, sino sobre la gente que quiere transitar por el puente hacia y desde Uruguay "debe descartarse de cuajo la búsqueda de la legitimación en la legítima defensa". El juez dijo que hay otros medios alternativos para hacer frente al peligro alegado por los manifestantes ante Botnia y se preguntó "si el bloqueo es el medio adecuado y menos lesivo para los bienes jurídicos ajenos, entre el abanico de medidas disponibles".
El juez Pimentel afirmó que, según la doctrina, los piquetes y cortes de ruta son acciones que se llevan a cabo "debido a la inaccesibilidad de las instituciones públicas y a los mecanismos de representación y deliberación".
Pero en este caso en particular los reclamos de la asamblea contra Botnia y el desmantelamiento de la planta no sólo fueron escuchados sino que fueron llevados por el Gobierno hasta los tribunales internacionales, se hicieron tratativas con Uruguay y hasta se investiga una causa por posible contaminación, radicada en su propio juzgado.
Por eso, repasó Pimentel, "en el caso no se observa una ausencia de respuesta desde los medios institucionales existentes", por el contrario, los reclamos de los asambleístas fueron tenidos en cuenta y canalizados.
El juez explicó que "las consideraciones previas se alzan entonces, con un signo negativo en torno a la exclusividad e idoneidad del medio empleado para aventar el supuesto peligro contra los derechos a la vida y el medio ambiente".
Pimentel entendió que las características particulares de Botnia sumado al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya hace imposible que el Gobierno de una respuesta inmediata al reclamo de los asambleístas, "por lo que supeditar el cese de la obstrucción al desmantelamiento de Botnia deviene desproporcionado e irrazonable".
Fecha de Publicación: 09/06/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
El Gobierno dijo que acatará la resolución, pero sin reprimir; los asambleístas anunciaron que resistirán
Después de una semana en la que el Gobierno insitió en deslindar en la Justicia la responsabilidad por la permanencia del corte del puente que une Gualeguaychú con la ciudad uruguaya de Fray Bentos, el juez federal subrogante de Concepción del Uruguay dispuso ayer que se garantice el libre tránsito en ese paso internacional.
El juez Gustavo Pimentel recordó, de todos modos, que ya existían tres órdenes judiciales para liberar el puente internacional General San Martín, interrumpido en forma permanente desde 2006, y que el Gobierno no había actuado en consecuencia.
Luego de reunirse con la presidenta Cristina Kirchner y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, informó anoche que el Gobierno cumplirá la orden judicial sin reprimir. "Vamos a cumplir el fallo, por medio de la Gendarmería, garantizando la seguridad de las personas que están en el corte", sostuvo en la Casa Rosada.
En Gualeguaychú reinaba anoche la incertidumbre y el estado de alerta entre los asambleístas: dijeron que iniciarían una "resistencia pacífica", además de convocar a una asamblea de urgencia para decidir los próximos pasos.
"Si hay violencia será por parte de la Gendarmería. Los ciudadanos de Gualeguaychú no vamos a hacer ninguna agresión", dijo la abogada de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, Ana Angelini. La decisión judicial se produjo una semana después de la reunión entre la presidenta Cristina Kirchner con su par de Uruguay, José Mujica, en la que se acordó que en 60 días se deberá definir el monitoreo conjunto del impacto ambiental de la pastera UPM (ex Botnia), ubicada en la localidad uruguaya de Fray Bentos. Fue tras ese encuentro que Cristina Kirchner condenó el corte y pidió una rápida decisión judicial.
El juez Pimentel recordó que existían tres órdenes judiciales para liberar el puente internacional, dos dictadas en 2006 y una en 2007. Explicó que no se habían cumplido porque el Gobierno entendió que no era la oportunidad política para hacerlo.
Randazzo dijo anoche que la Gendarmería Nacional informará del fallo a la gente que esté en el piquete y a los que se nieguen a abandonar el puente se les tomarán los datos personales y se los enviará a la Justicia. "A partir de ahí, el juez decidirá qué determina con las personas que se nieguen a cumplir la orden judicial", informó Randazzo.
El comandante de Gendarmería de Gualeguaychú fue convocado a Concepción del Uruguay para notificarse de la decisión judicial, y el Gobierno anunció que no se reforzará la presencia de gendarmes en el Puente Internacional.
El juez Pimentel afirmó que dadas las características de Botnia, y lo que se resolvió en el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, el Gobierno está impedido de dar una respuesta inmediata a las peticiones de los asambleístas, por lo que supeditar el levantamiento del corte al desmantelamiento de la planta es "desproporcionado e irrazonable".
Sobre todo teniendo en cuenta que la resolución del tribunal internacional estableció que se realice un monitoreo conjunto del Río Uruguay -cuestión que se está negociando- para establecer la existencia o no de sustancias contaminantes fuera de los límites permitidos.
El juez Pimentel señaló que las resoluciones judiciales que ordenaron levantar el corte nunca se cumplieron porque el Ministerio del Interior nunca dio la orden, que "se dejó librada a un criterio de oportunidad" del poder político.
A pesar de que el juez entendió que es el Gobierno quien ahora debe hacer cumplir su orden judicial, sumó -en coincidencia con la fiscal Milagros Squivo-sus propios argumentos para ordenar a los asambleístas despejar la ruta.
Las razones del juez para entender que siguen firmes esas ordenes judiciales son:
Si bien las manifestaciones que cortan rutas para reclamar o protestar son parte del ejercicio legítimo del derecho de reunión, de peticionar y de expresarse, en este caso los informes de la Gendarmería Nacional señalan que el corte es llevado a cabo por sólo cuatro personas en turnos rotativos, por lo que la interrupción del tránsito no es producto de la congregación de gente que quiere hacerse escuchar, sino de la decisión de la asamblea de Gualeguychú. Y salvo las marchas multitudinarias previamente anunciadas, el derecho de reunión no justifica que los manifestantes utilicen el puente en forma exclusiva, sin dejar pasar a los automovilistas que intentan ir o volver desde Uruguay.
Como el corte de ruta no recae sobre Botnia, a quien responsabilizan por la contaminación ambiental, sino sobre la gente que quiere transitar por el puente hacia y desde Uruguay "debe descartarse de cuajo la búsqueda de la legitimación en la legítima defensa". El juez dijo que hay otros medios alternativos para hacer frente al peligro alegado por los manifestantes ante Botnia y se preguntó "si el bloqueo es el medio adecuado y menos lesivo para los bienes jurídicos ajenos, entre el abanico de medidas disponibles".
El juez Pimentel afirmó que, según la doctrina, los piquetes y cortes de ruta son acciones que se llevan a cabo "debido a la inaccesibilidad de las instituciones públicas y a los mecanismos de representación y deliberación".
Pero en este caso en particular los reclamos de la asamblea contra Botnia y el desmantelamiento de la planta no sólo fueron escuchados sino que fueron llevados por el Gobierno hasta los tribunales internacionales, se hicieron tratativas con Uruguay y hasta se investiga una causa por posible contaminación, radicada en su propio juzgado.
Por eso, repasó Pimentel, "en el caso no se observa una ausencia de respuesta desde los medios institucionales existentes", por el contrario, los reclamos de los asambleístas fueron tenidos en cuenta y canalizados.
El juez explicó que "las consideraciones previas se alzan entonces, con un signo negativo en torno a la exclusividad e idoneidad del medio empleado para aventar el supuesto peligro contra los derechos a la vida y el medio ambiente".
Pimentel entendió que las características particulares de Botnia sumado al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya hace imposible que el Gobierno de una respuesta inmediata al reclamo de los asambleístas, "por lo que supeditar el cese de la obstrucción al desmantelamiento de Botnia deviene desproporcionado e irrazonable".
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