Botnia: Gobierno denuncia a los asambleístas
08:18 | 
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Ecologistas ratifican el bloqueo y piden una "explicación" por la denuncia del Gobierno
Fecha de Publicación: 10/06/2010
Fuente: EFE
Provincia/Región: Entre Ríos
Ecologistas de la ciudad argentina de Gualeguaychú ratificaron hoy que mantendrán el bloqueo iniciado en 2006 en un acceso a Uruguay y pidieron a las autoridades del distrito que den "explicaciones" sobre el accionar del Gobierno, que demandó penalmente a los activistas.
La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú presentó un petitorio ante el alcalde de la ciudad, Juan José Bahillo, para que explique la actuación "del Gobierno al que él adscribe", señalaron portavoces del colectivo.
La presentación fue realizada luego de que el Gobierno argentino anunciara este miércoles que denunció penalmente a los ambientalistas que mantienen bloqueado el paso a la uruguaya Fray Bentos en protesta por la instalación de una papelera de la finlandesa UPM (ex Botnia) a la vera del río Uruguay, de administración compartida.
"La decisión es mantener el corte y responsabilizar a las autoridades de Gualeguaychú y de la provincia de Entre Ríos (donde se ubica la ciudad) por su accionar", explicó a Efe la asambleísta Ana Costa.
El petitorio busca "señalar la barbaridad que ha llevado adelante el Gobierno nacional. Ahora van a procesar a un montón de gente honesta", añadió el activista Oscar Vargas a medios locales.
Los asambleístas, que afirman que aún no fueron notificados de la denuncia del Gobierno, resolvieron anoche mantener el bloqueo y volver a elevar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tal como lo hicieron en 2005.
El jefe de Gabinete argentino, Aníbal Fernández, dijo este miércoles que el Gobierno decidió presentarse como querellante en lugar de enviar a las fuerzas de seguridad para liberar el puente "hasta tener que reprimir", algo que no está dispuesto a hacer ni hará, aseguró.
El bloqueo "ya dejó de ser un reclamo popular o una lucha popular para ser un capricho", insistió hoy el jefe de Gabinete, quien precisó que son "unos diez" los activistas denunciados en la presentación gubernamental.
Un juez argentino había exhortado el pasado martes al Gobierno de Cristina Fernández a que ordene el desalojo del acceso al determinar que había resoluciones judiciales anteriores vigentes que ordenaban garantizar la libre circulación en el paso fronterizo.
La decisión del Ejecutivo, que también incluye una denuncia civil contra los ecologistas, desató las reacciones de rabia e indignación en la zona del bloqueo, donde siguieron la conferencia de prensa del jefe de Gabinete a través de una pantalla apostada en la ruta que conduce al puente General San Martín, que une Gualeguaychú con Fray Bentos.
El litigio por la instalación de la papelera fue dirimido por la Corte Internacional de La Haya, que el pasado 20 de abril determinó que Montevideo violó el estatuto del río Uruguay, pero consideró que la planta puede seguir operando porque no hay pruebas aún de que contamine el medio ambiente.
La denuncia penal presentada por la Procuración del Tesoro (cuerpo de abogados del Estado) contra los ambientalistas abarca un abanico amplio de delitos, como entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte, homicidio culposo, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del delito, entre otros.
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El Gobierno fue a la Justicia y denunció a los asambleístas
Fecha de Publicación: 10/06/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos
Fue al día siguiente de que un juez ordenó levantar el corte y dejó su instrumentación en manos oficiales. El jefe de Gabinete dijo que se los acusa de sedición y homicidio culposo, entre más de una decena de delitos. E insistió en que no reprimirán.
Un día después de que un juez federal entrerriano ordenara levantar el corte en Gualeguaychú, el Gobierno nacional evitó una vez más desalojar la ruta 136 por la fuerza, pero en cambio, subió fuertemente la presión hacia los ambientalistas, al denunciar ante la Justicia penal y civil a unos diez líderes de la protesta contra la instalación de la ex Botnia en el río Uruguay.
La decisión oficial de criminalizar el corte de ruta que ya lleva más de tres años y medio en el paraje Arroyo Verde, a 20 kilómetros de Gualeguaychú, fue informada por la tarde en la Casa Rosada por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, junto a un silencioso ministro de Justicia, Julio Alak. Aníbal F. se limitó a exponer desde el atril y no se permitieron preguntas de los periodistas.
Lejos de aquellas palabras de Néstor Kirchner en 2006, cuando encabezó un acto masivo en Gualeguaychú y aseguró que la lucha contra Botnia era una “causa nacional”, Aníbal F. cargó ayer contra la “actitud radicalizada” de los asambleístas que persisten con el corte a pesar del fallo del tribunal de La Haya, que para el Gobierno fue el “punto de inflexión”.
Justificó además que era “imperioso” recuperar la relación con Uruguay, y los acusó de “impedir con su conducta” que se avance en los controles de la contaminación ordenados por La Haya.
El jefe de Gabinete anunció también que el Gobierno se presentará de querellante en la causa.
En cuanto a la denuncia penal contra los asambleístas, se despachó con una batería de trece presuntos delitos que les cabrían, desde entorpecer el tránsito hasta el atentado y resistencia a la autoridad, pasando por el homicidio culposo (sería por el motociclista que murió al chocar contra un acoplado en 2009), las amenazas agravadas, la apología del delito y la sedición.
Ante la Justicia civil se denunciará “a los mismos responsables”, dijo Aníbal F., y mencionó el cierre de negocios, perdidas de trabajos, de turismo y de exportaciones, entre otros presuntos perjuicios.
Esta movida judicial fue la respuesta que encontró el gobierno de Cristina Kirchner ante la resolución que dio a conocer el martes en la tarde el juez federal Gustavo Pimentel, que instó al Gobierno a actuar con la fuerza pública para garantizar la libre circulación.
El juez recordó que estaban vigentes tres mandatos para liberar la ruta, “restando únicamente que el ministro del Interior del que depende la fuerza federal emita la orden de cumplir el mandato judicial”.
Pero, en la interpretación que hizo ayer Aníbal F., “no hemos tenido una decisión judicial contundente”, sino “decisiones elípticas”, “cosas globales” que se tornan “de imposible cumplimiento”.
Aclaró igual que el Gobierno encara las denuncias “en lugar de poner las fuerzas de seguridad hasta tener que reprimir, (que) no tenemos vocación”.
A esta decisión se llegó luego de varios cónclaves que encabezó Cristina con el jefe de Gabinete y el secretario Legal, Carlos Zannini. Ayer en Olivos fueron convocados desde media mañana el jefe de la Gendarmería, Héctor Schenone, y el procurador del Tesoro, Joaquín da Rocha (jefe de los abogados del Estado), a quien se le encomendó la misión de llevar a Concepción del Uruguay la presentación ante el juez federal Pimentel. El trámite le llevó más de lo previsto (ver Un trámite...).
Al Gobierno le llevó algunas horas unificar un discurso. A la mañana Alak sostenía que el Gobierno iba a “hacer cumplir a través de la Gendarmería” la orden, que consideraba, contra los que diría Anábal F. más tarde, que era “expresa, clara y contundente”.
Gualeguaychú, dominado por la bronca y la incertidumbre
Los asambleístas estallaron en insultos contra Aníbal F. “Le da la razón a Uruguay”
Gendarmería nunca llegó al kilómetro 28 de la ruta 136. Arroyo Verde nunca se desalojó. El miedo a la represión se disolvió con el correr de las horas, pero con el paso del tiempo el temor se transformó en incertidumbre.
Se convirtió en una compleja rutina del no saber y así, en un claro contrincante. Para los ambientalistas que cortan el puente Internacional General San Martín desde hace poco más de tres años, el golpe llegó de la manera menos esperada y de la forma más imprevista.
Luego de 24 horas de espera, el Gobierno les cerró la puerta de manera definitiva y se colocó en la otra vereda, justamente en el campo más sinuoso, el judicial. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, fue el vocero de la acusación contra los principales integrantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú.
Fernández habló de “actitudes radicalizadas y violentas ” y sentenció el accionar del corte como un “alzamiento contra un tratado internacional”. Apenas se cortó la imagen que transmitió en directo el discurso del jefe de ministros, la cara de los principales referentes de la Asamblea se transformó. Cambió de un pálido color de desconcierto, a un rojo de bronca . Juan Veronesi, uno de los históricos militantes de la lucha contra la pastera UPM (ex Botnia), fue el primero en encarar un masivo insulto contra el Jefe de Gabinete.
“El señor Aníbal Fernández fue por otro carril en el análisis de esta situación. Y encima, vino a decir que no hay pruebas de que hay contaminación. Lo lamento muchísimo. Fue por una vía lateral, ajena a lo que plantea esta asamblea”, dijo Veronesi a Clarín . La acción judicial lo sorprendió: “Es algo inaudito que vengan a querellar a su propio pueblo, cuando legítimamente se está luchando contra Botnia y no contra Uruguay. Es darle la razón al Gobierno uruguayo, que ha violado un tratado y a Botnia, que es ilegal, y nuestro Gobierno parece que sí la acepta”.
Juan Carlos Barrios es otros de los asambleístas que se mantienen sobre la ruta desde el comienzo de los cortes. No pudo ocultar su descontento y acusó a Fernández de “no tener vergüenza”: “Este Gobierno es tan o más cómplice, tan o más inmoral que los propios uruguayos ”. ¿Siente que se quedaron solos?, le preguntó Clarín a Barrios, que fue terminante en su respuesta. “En absoluto, la ciudadanía de Gualeguaychú y el pueblo argentino sabe perfectamente bien las condiciones de nuestra lucha y no vamos aflojar. La Asamblea no va a ceder un ápice”, finalizó.
Arroyo Verde vivió una jornada inusual. Durante la noche, el lugar del corte se vació. La seguridad de que Gendarmería no aparecería generó que el grueso de la gente se acerque a partir de las 7 de la mañana. Recién al mediodía, el kilómetro 28 tuvo su punto álgido: más de 400 personas. No pasó de eso.
La amenaza del desalojo generó en la mayoría de los asambleístas una rara ciclotimia. Por momentos, cuando el fantasma del avance de los gendarmes se disolvía, ellos se animaban a asegurar que nada iba a ocurrir.
Pero las declaraciones del ministro de Justicia, Julio Cesar Alak, se repetían por radio y televisión: “Vamos a cumplir la medida judicial”, afirmaba el ministro y así, el desconcierto volvía.
Sobre la ruta, los asambleístas discutían sus posiciones. Con un ambiente de marchas y contramarchas, se escucharon todo tipo de hipótesis y argumentaciones, que se debatían anoche en asamblea. Mientras se buscaba algún tipo de respuesta orgánica al Gobierno, los asambleístas resolvieron marchar hoy jueves hacia la Municipalidad de Gualeguaychú.
Con matices, todos coincidían en algo.
No importa cómo, el corte sigue, Arroyo Verde sigue siendo su casa.
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El Gobierno denunció a los asambleístas
Fecha de Publicación: 10/06/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
El jefe de Gabinete acusó de 18 delitos a los manifestantes y trató de justificar por qué no se cumplió la orden judicial de desalojo
El Gobierno decidió denunciar penal y civilmente a un grupo de asambleístas de Gualeguaychú y optó por no hacer efectiva la orden de liberar el puente fronterizo con Uruguay por considerar el fallo que así lo ordenaba, que firmó anteayer el juez Gustavo Pimentel, "elíptico", falto de "contundencia" y de "cumplimiento imposible".
El magistrado había ordenado anteayer, a las 16, liberar la ruta 136, basado en tres resoluciones judiciales anteriores (dos de 2006 y una de 2007), que, según su fallo, no se habían cumplido porque el Gobierno entendió entonces que no era la oportunidad política para hacerlo. La que reclamó la semana pasada que interviniera la Justicia fue la presidenta Cristina Kirchner.
La denuncia de la Casa Rosada incluye 18 delitos, entre ellos, homicidio culposo, además de amenazas agravadas, daños a bienes públicos, intimidación pública, apología del delito, atentado contra la vida democrática, sedición y resistencia a la autoridad.
La demanda por homicidio culposo está relacionada con la muerte de Walter Maulucci, un joven 33 años que falleció al chocar con su moto contra un acoplado que estaba cruzado sobre la ruta 136, en abril del año pasado.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, fue el encargado de anunciar que el Estado se convertía en querellante. Habló ante los medios sin permitir preguntas y dio un informe que de a ratos debió leer. Se lo notó nervioso. Lo acompañó el ministro de Justicia, Julio Alak, que no habló.
A lo largo de su monólogo, Fernández no dio los nombres de las personas denunciadas ni la cantidad. LA NACION pudo saber que son entre diez y doce los ambientalistas demandados y, según confió un alto funcionario de la Casa Rosada, uno de ellos sería Juan Ferrari. "Son todos los líderes, los que están siempre en los medios", agregó una fuente oficial.
Al cierre de esta edición, el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, se encontraba reunido con Pimentel en Concepción del Uruguay para presentarle la denuncia del Gobierno que horas antes había anunciado Aníbal Fernández. Da Rocha debió viajar en auto a Entre Ríos después de reunirse con la Presidenta en la quinta de Olivos.
En ese reservado cónclave, que comenzó a las 11.30, se decidió un notable cambio de estrategia. Anteanoche, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, había convocado a los medios a su despacho para ratificar que el Gobierno cumpliría el fallo de Pimentel con la notificación de la Gendarmería a los manifestantes.
Pero lo más evidente ocurría en la mañana de ayer. Alak ratificaba esa posición así: "El Gobierno va a hacer cumplir [el fallo] a través de las fuerzas de seguridad federales. Hay una orden judicial expresa, clara y contundente", declaró el ministro a Radio 10, en abierta contradicción con lo que horas más tarde opinó Aníbal Fernández. Finalmente, las fuerzas de seguridad nunca aparecieron por el paraje conocido como Arroyo Verde.
Alzamiento
"Esto es un claro alzamiento. Los ocupantes del puente tienen actitudes radicalizadas y violentas", sostuvo el jefe de Gabinete, y arremetió contra la Justicia. "En el escrito de ayer no hemos tenido una decisión contundente. La orden fue elíptica", opinó. "Tenía conclusiones globales sin contundencia y era de imposible cumplimiento", se quejó al final.
El jefe de Gabinete dijo, además, que el corte de ruta impedía hacer el monitoreo ambiental conjunto que ordenó el fallo de la Corte de La Haya. "Esta conducta impedirá el control de la planta [de UMP, ex Botnia] -sentenció y criticó a los asambleístas-. Que nadie se arrogue el derecho de violar un fallo internacional." Si bien el funcionario condicionó el monitoreo ambiental al levantamiento del corte, nada sostuvo La Haya en ese sentido y tampoco el gobierno de José Mujica.
Según comentaron a LA NACION altas fuentes oficiales, el cambio de rumbo se tomó a media mañana. La excusa para hacer la denuncia penal y civil fueron, según un ministro, las declaraciones "desafiantes" de los manifestantes que anunciaron que no firmarían ninguna notificación que hiciera la Gendarmería.
En la reservada mesa de Olivos en la que se decidió la nueva embestida estuvieron la Presidenta, Fernández, Alak, Da Rocha, Carlos Zannini y el jefe de la Gendarmería, Héctor Schenone. Terminó a las 14.
De allí, el procurador se llevó videos, recortes de diarios, frases y fotos de los denunciados, que presentaba anoche, bajo estricto secreto, ante el juzgado de Pimentel.
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