Gobierno acelera la causa por el corte
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El Gobierno acelera la causa por el corte
Fecha de Publicación: 12/06/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
Pretende que se cite a declarar y se procese a 10 asambleístas de Gualeguaychú; utilizó una ley de Onganía para fundamentar la denuncia
Tras reuniones de urgencia en medio de fuerte hermetismo, el gobierno de Cristina Kirchner firmó ayer el decreto 828/10, por el cual habilitó al procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha, a presentarse como querellante en la denuncia penal y civil que el Estado formuló el miércoles pasado contra diez asambleístas de Gualeguaychú, por el corte de la ruta 136 y del puente que une esa ciudad con Fray Bentos, en Uruguay.
Según pudo saber ayer LA NACION de altas fuentes oficiales, el Gobierno aspira ahora a que el juez federal subrogante de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, comience a citar y a procesar a los imputados lo más rápido posible, porque de ese modo -creen en la Casa Rosada- se acelerará el levantamiento del bloqueo que solucione el prolongado conflicto con Uruguay.
Ese corte, que lleva más de tres años y medio, se originó en el conflicto por la instalación de la ex pastera Botnia, ahora UPM.
La querella de Da Rocha por 18 delitos fue presentada luego de que el Gobierno se negó a desalojar la ruta -por temor a que se produjera una cruenta represión-, tal como lo estableció Pimentel en un fallo del martes último que ordenaba garantizar el libre tránsito. Ante la denuncia oficial, el juez solicitó ayer un decreto común de la Presidenta para habilitar al Estado como querellante.
La norma fue firmada así por la Presidenta y por el ministro de Justicia, Julio Alak, y enviada anoche por el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, al Boletín Oficial, donde se publicará pasado mañana. Da Rocha envió al mismo tiempo el decreto al juzgado federal para que Pimentel pueda activar las citaciones y las medidas de prueba.
La firma del decreto se decidió tras febriles reuniones entre la Presidenta, Zannini, Alak y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
Según dijeron a LA NACION dos ministros, el Poder Ejecutivo interpretaba que no era necesario el decreto, sino sólo "una formalidad". Entendía que era suficiente la querella de Da Rocha, que "como procurador representa a la Presidenta". Sin embargo, se resolvió acceder al pedido de Pimentel, que buscaría así darles solidez a sus actuaciones.
"Es una cuestión interpretativa, pero se resolvió firmarlo para darle celeridad al proceso", confió a este diario una alta fuente oficial. En la Casa Rosada se mantuvo el hermetismo acerca de la identidad de los imputados, para que no se entorpeciera la labor del juez. "Son diez los imputados", ratificó un ministro.
Onganía
El decreto 828, firmado con fecha de anteayer, 10 de junio de 2010, tiene un solo artículo: "Ratificase la presentación efectuada por el señor Procurador del Tesoro de la Nación como parte querellante en la causa número 57.839".
Entre sus fundamentos, invoca el artículo 4 de la ley 17.516, de octubre de 1967, de Juan Carlos Onganía y Guillermo Borda, que, señaló, "establece que el Estado podrá asumir el carácter de querellante cuando se cometan delitos contra la seguridad de la Nación, los poderes públicos, el orden constitucional y en los casos de delitos contra la seguridad y la tranquilidad pública".
Dice además que "corresponde garantizar el normal ejercicio de los derechos constitucionales de transitar, entrar y salir libremente por y del territorio nacional, trabajar y comerciar". Los delitos que se denuncian, agrega, son "homicidio culposo, privaciones de la libertad, amenazas calificadas, extorsión, instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del delito". En la querella sumaba otros, como daños a bienes públicos, atentado contra la vida democrática, sedición y resistencia a la autoridad.
La demanda por homicidio culposo se refiere a la muerte de Walter Maulucci, un joven de 33 años que falleció al chocar con su moto contra un acoplado cruzado sobre la ruta 136, en abril de 2009.
Por la mañana, Alak instó a la asamblea a que "reflexione rápidamente" y levante el corte, ya que "la cuestión está terminada jurídicamente". Y afirmó que el corte del puente "está generando la imposibilidad del control ambiental". Señaló que Uruguay pide el fin del bloqueo a cambio de la conformación de una comisión de científicos de ambos países.
En tanto, el presidente de Uruguay, José Mujica, señaló ayer que "esperará sentado", pero confiado en una solución al bloqueo (ver Pág. 7).
En declaraciones a Radio Del Plata, Alak le restó importancia al decreto que firmaría más tarde. "Es un trámite formal, insustancial", dijo el ministro.
"La pretensión del Estado es que el juez cite a los que lideran el bloqueo", señaló Alak. "La ley -añadió- es más fuerte que cualquier represión."
En Gualeguaychú ya hablan de "escraches" y de traidores
Los asambleístas apuntan contra los vecinos y comerciantes que se quejaban del corte
A dos metros de la barrera que corta el paso hacia Fray Bentos, un perro y una pata se disputan la comida que un jubilado les acaba de arrojar. Gana el perro, y eso parece ser lo único que distrae a los otros dos asambleístas, también jubilados, que contemplan la escena. Salvo por otro hombre mayor que mira televisión a pocos metros de allí, nadie más vigila el corte en Arroyo Verde.
La Presidenta acaba de firmar el decreto que faculta al procurador general del Tesoro, Joaquín da Rocha, a presentarse como querellante en la causa del corte de ruta.
La Gendarmería podría notificar en cualquier momento la orden previa del juez de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, de liberar el bloqueo e identificar a sus responsables. Aparentemente, nada de eso importa en Gualeguaychú. Pero sólo aparentemente.
"Estamos cumpliendo nuestro turno de siempre y mañana (por hoy) vienen los del sábado, como siempre", explica con naturalidad la jubilada encargada de levantar la barrera para los camiones y vehículos de los productores que quedaron encerrados entre el puente General San Martín y el corte de la ruta internacional 136. Que la Gendarmería, que el decreto presidencial, nada la preocupa, sostiene.
A contramano de la calma de los militantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, que desde 2003 lucha contra la instalacición y el funcionamiento de la pastera UPM (ex Botnia), sus dirigentes miran con atención lo que sucede en el juzgado de Pimentel. "Hay una tensión que por el momento está larvada, aunque un sector de los vecinos, que son los más mediáticos, no dimensione el proceso", explica uno de los referentes.
De hecho, el grupo ya intentó interiorizarse en la causa que se maneja en los tribunales de Concepción del Uruguay, para conocer quiénes son los acusados de 18 delitos penales por parte del Gobierno.
"Fuimos, pero es como disparar en la oscuridad. Hasta que no haya imputados, no vamos a poder hacer una presentación espontánea", completa el dirigente, que no oculta su ansiedad por conocer los "nombres y apellidos" a los que se refirió el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, cuando el miércoles anunció la querella.
Mientras eso no suceda, tampoco podrán elaborar una defensa caso por caso, aunque sí el planteo colectivo que anticipó LA NACION: acusar de "partícipes necesarios" de los 18 delitos penales a los funcionarios kirchneristas que, en su momento, apoyaron la permanencia de la barrera de Arroyo Verde.
El actual jefe de Gabinete es uno de los funcionarios más mencionados entre los asambleístas, en razón de su paso por los ministerios de Justicia y del Interior.
El propio juez Pimentel recordó que otros fallos anteriores destinados a liberar el cruce no fueron ejecutados por el Gobierno. Para los asambleístas, tanto la Gendarmería como el Ministerio Público Fiscal, que estuvieron bajo órbita de Fernández, fueron quienes no aplicaron esos fallos.
"Paladines de la ecología"
"Fuimos paladines de la ecología para este gobierno, que ahora nos tira por la cabeza el Código Penal", resume un asambleísta. Y recuerda que el ex presidente Néstor Kirchner llevó a sus ministros y convocó a 17 gobernadores al corsódromo de Gualeguaychú, en mayo de 2006, para apoyar la "causa nacional" contra las pasteras.
"Esta es una cuestión ambiental que atañe a los pueblos uruguayo y argentino y que la República Argentina asume como un problema propio", subrayó Kirchner en aquella oportunidad. "Tenemos razón. El derecho está de nuestro lado", concluyó.
No es la única preocupación latente en Gualeguaychú. En los últimos días se multiplicaron las voces que proponen organizar "escraches" a los vecinos y comerciantes que exigieron ante Pimentel que se levante el bloqueo. "Cuesta hacer un llamado a la prudencia, porque algunos no tienen esa templanza", analizó uno de los abogados de la asamblea.
"Traidor" es una palabra que hoy se repite en esta ciudad, tanto para referirse al kirchnerismo como a los vecinos contra el corte. Entre estos últimos también se han extremado las posiciones, al punto que algunos ahora niegan la contaminación de UPM (como sostenían antes) o consideran "maravillosa" la denuncia penal del Gobierno.
Sólo los dirigentes de este grupo vuelven a pedir cordura e insisten en que el problema sigue siendo Botnia, aunque no compartan la decisión de mantener el corte. "Si la protesta hubiera significado el desmantelamiento de Botnia, habría valido la pena la pérdida de ingresos y de trabajo para 200 familias. Pero hoy Botnia sigue a pesar del corte y sin el apoyo de los fraybentinos nada vamos a conseguir", dijo un empresario.
En algo coinciden los referentes de los dos grupos: no quieren que se registren sus identidades, para no engrosar las listas con "nombre y apellido" del Gobierno, como tampoco la temida nómina de "traidores"
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Los asambleístas afirmaron que el corte de ruta "no es un capricho"
Fecha de Publicación: 12/06/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Entre Ríos
El asambleísta Juan Ferrari, uno de los denunciados por el Gobierno nacional por encabezar el corte del puente Gualeguaychú-Fray Bentos, sostuvo que el bloqueo se hace para que las autoridades "se hagan cargo" por el funcionamiento de la planta de Botnia.
Ferrari consideró que "es muy injusto que haya tenido que salir un pueblo en defensa (del medio ambiente) de lo que tenía que haber hecho un gobierno". "Esto no es un capricho de Gualeguaychú de mantener la ruta cortada. Es un medida de fuerza que tiene una dirección: que es que el gobierno se haga cargo", apuntó el asambleísta en diálogo con radio América.
De esta manera, Ferrari le contestó al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien la semana pasada afirmó que "la Justicia va a tener que tomar cartas en el asunto" frente a las denuncias penales y civiles que presentó el Gobierno contra quienes bloquean el tránsito en el puente desde hace más de tres años. Fernández advirtió que lo que hacen los asambleístas "no es una protesta, sino un capricho".
Ferrari aclaró que toda "decisión" de los vecinos de Gualeguaychú que apoyan el bloque del corte, está a cargo "de la Asamblea".
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