Gualeguaychú decide si levanta el corte
09:06 | 
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Mujica deja entrever que podría permitir el control interno de la papelera
Fecha de Publicación: 16/06/2010
Fuente: EFE
Provincia/Región: Entre Ríos
El presidente de Uruguay, José Mujica, dejó entrever que está dispuesto a permitir el control conjunto con Argentina de la papelera instalada en la frontera entre ambos países.
Así lo expresó en un mensaje difundido en la página web de Presidencia y titulado "El control requiere oposición de intereses".
Aunque en el texto no hace referencia explícita ni al vecino país ni al conflicto, fuentes oficiales consultadas por Efe indicaron que Mujica busca "generar un estado de opinión en torno a las demandas en la relación con Argentina".
En el mensaje, interpretado por la prensa uruguaya como una oferta a escuchar el reclamo de los manifestantes argentinos que cortan un puente fronterizo en protesta contra la papelera de capital finlandés, el gobernante indica: "Son los afectados más directamente por nuestras acciones los que más derecho tienen a estar involucrados en la protección de sus intereses".
Señala también que "el autocontrol puede ser un concepto muy valioso en la discusión ética pero tiene patas cortas en la vida material".
"El sistema de control que vale es el que hace espacio a la oposición de intereses, porque es la única manera de contener la natural inclinación a ser indulgentes con nosotros mismos", añade.
En opinión de Mujica, "lo contrario es incurrir en ese tipo de actitud que los españoles llaman 'Yo me lo guiso, yo me lo como'. Mejor cocinamos a medias y nos hacemos la fiesta juntos", argumenta.
"Ensanchamos el 'nosotros' y recortamos el 'ellos'", concluye el texto.
Este miércoles grupos ambientalistas de la localidad argentina de Gualeguaychú definen en una asamblea si liberan temporalmente el puente entre los dos países que mantienen cortado desde hace más de tres años en protesta contra la papelera instalada en la vecina localidad uruguaya de Fray Bentos.
Los manifestantes han ofrecido suspender durante dos meses la medida reivindicativa a cambio de que se realicen controles dentro de la papelera, instalada por la empresa finlandesa Botnia (actualmente UPM) y causante del peor conflicto bilateral en décadas.
El conflicto por la papelera finlandesa generó un grave distanciamiento entre el antecesor de Mujica, Tabaré Vázquez, y el Gobierno argentino, un panorama que ha cambiado ostensiblemente con la llegada al poder del actual mandatario uruguayo el 1 de marzo pasado.
Vázquez, por ejemplo, vetó la candidatura a dirigir la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur) del ex gobernante argentino Néstor Kichner, esposo de la actual presidenta, Cristina Fernández, un veto que Mujica levantó recientemente como parte de su política de acercamiento a la nación vecina.
En los últimos días, el Gobierno argentino denunció penalmente a los manifestantes de Gualeguaychú, lo que parece haber propiciado la asamblea que los ambientalistas realizarán hoy, considerada un importante paso para la resolución del conflicto.
El posible levantamiento temporal del corte en el puente internacional es visto con escepticismo por los grupos de afectados en Fray Bentos, que exigen la liberación definitiva del paso fronterizo.
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Gualeguaychú, cinismo e hipocresía
Fecha de Publicación: 16/06/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
Tanto el gobierno argentino como los asambleístas se deben una autocrítica por los graves perjuicios que ocasionó el corte
Argentinos y uruguayos esperan mayoritariamente que, hoy, los asambleístas de Gualeguaychú que se oponen a la pastera Botnia levanten definitivamente el corte de la ruta que une esa ciudad con Fray Bentos y lleva más de tres años.
Los mensajes conciliadores del presidente uruguayo, José Mujica, ofrecen alguna garantía de un efectivo monitoreo tendiente a evitar la contaminación del río Uruguay y abren una puerta para que los manifestantes entrerrianos depongan su ilegal actitud.
La discusión, sin embargo, no debería terminar con el cese del corte de la ruta 136. Así como las autoridades uruguayas deben ejecutar su compromiso de velar por la no contaminación, también el gobierno argentino y los asambleístas deberían efectuar una autocrítica por los graves perjuicios que durante todos estos años ocasionó la medida de fuerza.
Las autoridades nacionales no pueden negar a estas alturas que su tardía reacción frente al corte no puede ocultar el hecho de que durante demasiado tiempo alentaron una actitud contraria al derecho.
El reciente decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que instruye al procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha, para iniciar acciones penales contra los asambleístas de Gualeguaychú podría tener consecuencias insospechadas -no por ello adversas para la vida de la República- si los manifestantes cumplieran con su amenaza de acusar a las autoridades nacionales y provinciales de ser, ellas mismas, partícipes necesarios de lo sucedido. En otras palabras, cómplices de los delitos por los que promueven las acciones penales. Los asambleístas harían públicos -denunciándolos explícitamente ante los tribunales- todos los apoyos políticos, dineros, favores, subsidios y contribuciones de cualquier tipo, ostensibles o encubiertos, con los que los funcionarios públicos pudieron haber estimulado y apoyado los cortes de rutas y puentes internacionales con fondos públicos.
Los cortes aludidos, por su intensidad, duración y hasta ensañamiento, son absolutamente inéditos entre nosotros. Pero la decisión de tolerarlos desde el Estado, pese a las tres claras sentencias judiciales dictadas oportunamente en ese sentido, también lo es.
Ocurre que el juramento sagrado de "hacer cumplir la ley" ha dejado de ser tomado como una obligación por las autoridades argentinas que, pese a ello, predican cínicamente la necesidad de "asegurar la gobernabilidad" sin que, para ellas, ese concepto incluya el respeto a la ley y la obligación consiguiente de asegurar la vigencia de las normas.
Si la amenaza de los asambleístas se cumpliera, habría una ola también inédita de sinceramientos. Porque, como consecuencia de las denuncias penales, finalmente, se sabría cuáles fueron las cabezas y los brazos impulsores de lo sucedido. Las enormes y frecuentes movilizaciones que se sucedieron a lo largo de los últimos años pudieron haber sido promovidas desde lo más alto del poder nacional y provincial.
Si la participación activa de funcionarios públicos en estos episodios se confirmara, estaríamos frente a un nuevo escándalo de proporciones que podría estar dando cuenta de un nuevo abuso de poder, burlando la buena fe de la ciudadanía.
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