Gualeguaychú levantará el corte por 60 días
09:08 | 
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"En estos 60 días demostraremos que Botnia contamina"
Fecha de Publicación: 17/06/2010
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Entre Ríos
El vocero y moderador de la asamblea a de Gualeguaychú, Roberto Marchesini destacó que “acatamos lo que decidió la asamblea en paz y tranquilidad”. Además aclaró que “la lucha es contra el gobierno uruguayo y su complicidad con el gobierno finlandés pero no contra el pueblo del Uruguay”
El asambleísta que actuó como moderador de la asamblea que determinó levantar el corte por 60 días del puente General San Martín que une Gualeguaychú con la ciudad uruguaya de Fray Bentos y que se encontraba cortado desde hace tres años y siete meses señaló que “lo que decidió la asamblea fue lo mejor que podíamos hacer”.
Además aseguró que “antes no acusaron a nosotros de impedir ocuparse sobre el asunto. Ahora podrán hacer todo lo que necesiten para solucionar el tema”.
Sobre el levantamiento efectivo del corte que se efectuará este sábado a las 13 horas, Marchesini aseguró en declaraciones televisivas que “ trabajaremos para sacar las cosas que están cerca de la ruta. Hablaremos con Gendarmería para que no haya accidentes”.
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Resuelven levantar por 60 días el corte en Gualeguaychú
Fecha de Publicación: 17/06/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos
Lo decidió a medianoche una asamblea caótica, donde hubo duras críticas al Gobierno. Será a partir del sábado a las 13. Los ambientalistas permanecerán a un costado de la ruta para reclamar a ambos países un monitoreo dentro de Botnia.
Cuando parecía que la posición más dura había ganado la voluntad de la asamblea, el discurso a favor de levantar el corte del bioquímico Orlando Piaggio generó una sorpresiva ovación que derivó en una situación insólita: a la hora de levantar la mano, la votación fue tan pareja que tuvieron que recurrir por segunda vez en la historia de este conflicto a dividir a la gente en dos grupos para ver cuál era el mayoritario. Con un salón lleno hasta los bordes, los ambientalistas empezaron a moverse de un lado a otro con el único consenso de cantar “No a las papaleras, no a las papeleras!”. Así, sobre la medianoche, en una contienda ajustadísima, se aprobó suspender -a partir del sábado a las 13- por sesenta días el corte de la ruta 136 y liberar el paso internacional a Uruguay después de tres años y medio.
Seguirán al costado de la ruta para reclamarle al Gobierno el monitoreo de ambos países a la planta de Botnia.
La de ayer fue una asamblea multitudinaria como hacía mucho que no había en Gualeguaychú. La llegada de los medios y la posibilidad de levantar la medida estimularon a la gente, que sintió revivir la potencia de este movimiento que se mantuvo de pie desde el 2003 y pelea por el desmantelamiento de Botnia.
La votación llevó mucho más trabajo del que se imaginaba. Primero fueron las manos arriba, después los dos grupos divididos por un espacio en el medio, y al final, la única forma que encontraron los veedores aprobados por la Asamblea para dar su veredicto: mandar al patio a los que estaban por seguir “con la lucha al costado de la ruta” y que adentro siguieran los que pretendían mantener el corte. Así, contando uno a uno, pudieron llegar a una conclusión.
La opinión de Piaggio avalaba la primera propuesta que se había escuchado en la asamblea, se abrieron las mociones a las nueve y diez de la noche. En ese momento la enunció Raúl Almeida y recibió fuertes aplausos con el plan de despejar la ruta en 72 horas y comenzar así una suspensión de la medida por sesenta días. Pero a esa idea le siguieron diez más que negaban cualquier posibilidad de levantar el corte. Y todas fueron ovacionadas. Si hay un consenso indiscutido en este encuentro es que el Gobierno argentino los traicionó. Y la querella penal parece haber encendido ese fuego.
Después de las presentaciones continuaron 25 oradores que hablaron con pasión generando abucheos o aplausos. “Me ha dado asco lo que nuestros propios compañeros han dicho en cuanto a la flexibilización del corte”, dijo Miguel Dambrossio. Lo siguió Poli Echeverría, una mujer que quería seguir arriba de la ruta: “El Gobierno nunca ha dado la cara. Siempre nos han pedido a nosotros gestos de grandeza. Gualeguaychu dijo que no iba a salir de Arroyo Verde hasta que Botnia se fuera”. Y desafió a la presidenta: “queremos bajarnos de la ruta Cristina de Kirchner pero por favor aplicá la ley”.
Eran las once cuando Piaggio tomó la palabra y pidió moderación: “ A Botnia no le molesta el corte, a ellos les hacemos un favor. Yo estoy hace cuatro años en el corte. No me quiero enamorar del corte, quiero que se vaya Botnia”, dijo. Y siguió: “El gobierno nos ha traicionado pero nosotros solos encerrados en el corte lamentablemente no vamos a lograr nada”. Los aplausos fueron firmes.
Sólo faltaban cuatro oradores y todos seguirían la misma línea: Jorge Fritzzler y Juan Veronesi apuntaban a pasarle la responsabilidad del conflicto al Gobierno: “el único mecanismo que tenemos es decirle ´nosotros no somos el obstáculo que ustedes dicen´.
Démosle el fierro caliente de vuelta. Ahora hagan lo que siempre tuvieron que hacer y nunca se animaron . Nosotros no somos más el obstáculo” apuntó Fritzzler.
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Gualeguaychú levantará el corte de la ruta por 60 días
Fecha de Publicación: 17/06/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
Fue una noche larga, tensa y de decisiones tomadas en puntas de pie y con sabor a dramatismo. Después de impedir durante tres años y medio el paso hacia la ciudad uruguaya de Fray Bentos, en protesta contra el funcionamiento de la pastera UPM (ex Botnia), la asamblea de vecinos de Gualeguaychú decidió levantar pasado mañana a las 13, durante dos meses, el corte de la ruta internacional 136.
Por 87 votos de diferencia, los vecinos resolvieron también abrir canales de diálogo con los gobiernos de la Argentina y Uruguay, tendientes a establecer un monitoreo ambiental binacional sobre la planta.
Pero, como herramienta de presión, los asambleístas no abandonarán del todo la ruta, sino que permanecerán junto a ella, en el refugio construido en Arroyo Verde, hasta asegurarse que científicos argentinos puedan participar en el control de la pastera, que sus informes sean públicos y que el Gobierno aplique el código aduanero a las importaciones y exportaciones de Botnia.
La decisión se tomó al filo de la medianoche, en una convulsionada sesión en la que no faltaron insultos y chicanas entre las dos líneas en pugna.
Mientras que no hubo dificultad para aprobar la apertura del diálogo con los gobiernos de Cristina Kirchner y José Mujica, la paridad de fuerzas a la hora de decidir si los manifestantes debían permanecer sobre la ruta o al margen de ella (es decir, seguir con el corte o no) obligó a separar a los votantes en dos grupos, ubicarlos en distintos puntos del salón y contarlos uno por uno. Ese proceso llevó cerca de una hora y hubo que recurrir a ocho veedores de la propia asamblea.
Finalmente, la voluntad de permanecer al costado de la ruta reunió 402 votos, contra 315 de los que exigían mantener el corte como herramienta de presión y "visibilidad" de la protesta.
A diferencia de votaciones anteriores en las que naufragó la intención de levantar el corte, la sesión de anoche estuvo marcada por fuertes presiones del Gobierno, que denunció por 18 delitos penales a un grupo no determinado de dirigentes del colectivo ambientalista.
La denuncia, impulsada el miércoles por el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, fue ratificada el viernes por un decreto de la presidenta Cristina Kirchner, hoy en poder del juzgado federal de Concepción del Uruguay, en la causa que tramita el juez Gustavo Pimentel.
Por otra parte, los asambleístas habían sido notificados el lunes de la orden de liberar del mismo magistrado de liberar el paso hacia el puente General San Martín. La medida fue ejecutada por el Escuadrón 56 de la Gendarmería Nacional, con asiento en esta ciudad, que también identificó a siete de los asambleístas presentes en el corte de Arroyo Verde.
El último elemento que jugó en la determinación de levantar temporalmente el corte fue un inesperado gesto de Mujica, quien desde la página web de la presidencia uruguaya anunció anteayer que estaba dispuesto a permitir que la pastera de capitales finlandeses fuera monitoreada desde su interior.
Con todos estos elementos en juego, además del desgaste por una protesta que comenzó hace siete años y el decreciente apoyo de la sociedad local al corte, admitido hasta por los sectores más duros de la asamblea, anoche se sometieron a votación once propuestas, divididas, básicamente, en tres grupos.
El primero, motorizado por el sector más radical de la organización, negaba abiertamente la posibilidad de levantar el corte, dialogar con el Gobierno o, siguiera, considerar la propuesta de Mujica. Lisa y llanamente, abogaron por mantener la barrera de Arroyo Verde hasta lograr el desmantelamiento de la pastera.
Los otros dos grupos coincidían en aceptar el monitoreo y abrir una negociación con el Gobierno, pero diferían en cuanto a la permanencia del corte. Unos, identificados con la moción de Raúl Almeida, sostenían que era necesario apartarse de la ruta por 60 días, como un gesto que demostrara la voluntad de negociación de la asamblea. El resto, alineados con las presentaciones de Paula Robles y Luis Leissa, en cambio, propuso que el corte debía mantenerse como herramienta de presión, hasta tanto el Gobierno avanzara en alguno de sus reclamos.
Se impuso la voluntad de mantenerse al costado de la ruta, pero se acordó una serie de peticiones comunes que el Gobierno deberá encaminar en los próximos 60 días.
Además del monitoreo binacional en el interior y el efluente directo de la pastera, los asambleístas demandan que se aplique el código aduanero a la ex Botnia, con la intención de limitar la llegada de sus insumos y la salida de sus productos. Además, le exigirán al Poder Ejecutivo que motorice una nueva demanda judicial ante un tribunal internacional por la contaminación de gases de la pastera, materia en la que la Corte de La Haya se declaró incompetente.
Por 402 votos contra 315, los asambleístas resolvieron negociar con el Gobierno, permitir el paso de vehículos y quedarse al costado del camino; la decisión se concretará pasado mañana a las 13
Desarrollarán un prototipo de reactor nuclear
Argentina desarrollará un prototipo de reactor nuclear
Fecha de Publicación: 17/06/2010
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Nacional
Nucleoeléctrica Argentina reafirmó que "está comprometida con la generación de energía en forma segura, limpia y competitiva".
La empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. (Nasa) informó hoy que firmó un acuerdo con la Comisión Nacional de Energía Atómica (Conea), que establece un marco de cooperación para el desarrollo del prototipo de Reactor CAREM 25.
En ese marco se definieron las áreas de Protección Física y Seguridad, así como de intercambio de información respecto al emplazamiento del reactor que se instalará en terrenos linderos a las centrales nucleares Atucha I y II.
El CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares) "es un reactor argentino, de baja y media potencia, basado en conceptos innovadores que definen a los reactores de última generación", indicó Nasa a través de un comunicado.
Recordó luego que en noviembre de 2009 la empresa formalizó un convenio marco de Colaboración con la Conea para la construcción y puesta en marcha del CAREM.
Nucleoeléctrica Argentina reafirmó que "está comprometida con la generación de energía en forma segura, limpia y competitiva".
La compañía posee una capacidad de generación instalada y operativa de 1005 MW nucleares, y está a cargo de la producción y comercialización de la energía eléctrica generada por las centrales nucleares Atucha I y Embalse.
Nasa es la encargada, además, de la finalización de la obra de la central nuclear Atucha II y la extensión de vida de la central nuclear Embalse.
Fecha de Publicación: 17/06/2010
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Nacional
Nucleoeléctrica Argentina reafirmó que "está comprometida con la generación de energía en forma segura, limpia y competitiva".
La empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. (Nasa) informó hoy que firmó un acuerdo con la Comisión Nacional de Energía Atómica (Conea), que establece un marco de cooperación para el desarrollo del prototipo de Reactor CAREM 25.
En ese marco se definieron las áreas de Protección Física y Seguridad, así como de intercambio de información respecto al emplazamiento del reactor que se instalará en terrenos linderos a las centrales nucleares Atucha I y II.
El CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares) "es un reactor argentino, de baja y media potencia, basado en conceptos innovadores que definen a los reactores de última generación", indicó Nasa a través de un comunicado.
Recordó luego que en noviembre de 2009 la empresa formalizó un convenio marco de Colaboración con la Conea para la construcción y puesta en marcha del CAREM.
Nucleoeléctrica Argentina reafirmó que "está comprometida con la generación de energía en forma segura, limpia y competitiva".
La compañía posee una capacidad de generación instalada y operativa de 1005 MW nucleares, y está a cargo de la producción y comercialización de la energía eléctrica generada por las centrales nucleares Atucha I y Embalse.
Nasa es la encargada, además, de la finalización de la obra de la central nuclear Atucha II y la extensión de vida de la central nuclear Embalse.
Gualeguaychú decide si levanta el corte
Mujica deja entrever que podría permitir el control interno de la papelera
Fecha de Publicación: 16/06/2010
Fuente: EFE
Provincia/Región: Entre Ríos
El presidente de Uruguay, José Mujica, dejó entrever que está dispuesto a permitir el control conjunto con Argentina de la papelera instalada en la frontera entre ambos países.
Así lo expresó en un mensaje difundido en la página web de Presidencia y titulado "El control requiere oposición de intereses".
Aunque en el texto no hace referencia explícita ni al vecino país ni al conflicto, fuentes oficiales consultadas por Efe indicaron que Mujica busca "generar un estado de opinión en torno a las demandas en la relación con Argentina".
En el mensaje, interpretado por la prensa uruguaya como una oferta a escuchar el reclamo de los manifestantes argentinos que cortan un puente fronterizo en protesta contra la papelera de capital finlandés, el gobernante indica: "Son los afectados más directamente por nuestras acciones los que más derecho tienen a estar involucrados en la protección de sus intereses".
Señala también que "el autocontrol puede ser un concepto muy valioso en la discusión ética pero tiene patas cortas en la vida material".
"El sistema de control que vale es el que hace espacio a la oposición de intereses, porque es la única manera de contener la natural inclinación a ser indulgentes con nosotros mismos", añade.
En opinión de Mujica, "lo contrario es incurrir en ese tipo de actitud que los españoles llaman 'Yo me lo guiso, yo me lo como'. Mejor cocinamos a medias y nos hacemos la fiesta juntos", argumenta.
"Ensanchamos el 'nosotros' y recortamos el 'ellos'", concluye el texto.
Este miércoles grupos ambientalistas de la localidad argentina de Gualeguaychú definen en una asamblea si liberan temporalmente el puente entre los dos países que mantienen cortado desde hace más de tres años en protesta contra la papelera instalada en la vecina localidad uruguaya de Fray Bentos.
Los manifestantes han ofrecido suspender durante dos meses la medida reivindicativa a cambio de que se realicen controles dentro de la papelera, instalada por la empresa finlandesa Botnia (actualmente UPM) y causante del peor conflicto bilateral en décadas.
El conflicto por la papelera finlandesa generó un grave distanciamiento entre el antecesor de Mujica, Tabaré Vázquez, y el Gobierno argentino, un panorama que ha cambiado ostensiblemente con la llegada al poder del actual mandatario uruguayo el 1 de marzo pasado.
Vázquez, por ejemplo, vetó la candidatura a dirigir la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur) del ex gobernante argentino Néstor Kichner, esposo de la actual presidenta, Cristina Fernández, un veto que Mujica levantó recientemente como parte de su política de acercamiento a la nación vecina.
En los últimos días, el Gobierno argentino denunció penalmente a los manifestantes de Gualeguaychú, lo que parece haber propiciado la asamblea que los ambientalistas realizarán hoy, considerada un importante paso para la resolución del conflicto.
El posible levantamiento temporal del corte en el puente internacional es visto con escepticismo por los grupos de afectados en Fray Bentos, que exigen la liberación definitiva del paso fronterizo.
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Gualeguaychú, cinismo e hipocresía
Fecha de Publicación: 16/06/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
Tanto el gobierno argentino como los asambleístas se deben una autocrítica por los graves perjuicios que ocasionó el corte
Argentinos y uruguayos esperan mayoritariamente que, hoy, los asambleístas de Gualeguaychú que se oponen a la pastera Botnia levanten definitivamente el corte de la ruta que une esa ciudad con Fray Bentos y lleva más de tres años.
Los mensajes conciliadores del presidente uruguayo, José Mujica, ofrecen alguna garantía de un efectivo monitoreo tendiente a evitar la contaminación del río Uruguay y abren una puerta para que los manifestantes entrerrianos depongan su ilegal actitud.
La discusión, sin embargo, no debería terminar con el cese del corte de la ruta 136. Así como las autoridades uruguayas deben ejecutar su compromiso de velar por la no contaminación, también el gobierno argentino y los asambleístas deberían efectuar una autocrítica por los graves perjuicios que durante todos estos años ocasionó la medida de fuerza.
Las autoridades nacionales no pueden negar a estas alturas que su tardía reacción frente al corte no puede ocultar el hecho de que durante demasiado tiempo alentaron una actitud contraria al derecho.
El reciente decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que instruye al procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha, para iniciar acciones penales contra los asambleístas de Gualeguaychú podría tener consecuencias insospechadas -no por ello adversas para la vida de la República- si los manifestantes cumplieran con su amenaza de acusar a las autoridades nacionales y provinciales de ser, ellas mismas, partícipes necesarios de lo sucedido. En otras palabras, cómplices de los delitos por los que promueven las acciones penales. Los asambleístas harían públicos -denunciándolos explícitamente ante los tribunales- todos los apoyos políticos, dineros, favores, subsidios y contribuciones de cualquier tipo, ostensibles o encubiertos, con los que los funcionarios públicos pudieron haber estimulado y apoyado los cortes de rutas y puentes internacionales con fondos públicos.
Los cortes aludidos, por su intensidad, duración y hasta ensañamiento, son absolutamente inéditos entre nosotros. Pero la decisión de tolerarlos desde el Estado, pese a las tres claras sentencias judiciales dictadas oportunamente en ese sentido, también lo es.
Ocurre que el juramento sagrado de "hacer cumplir la ley" ha dejado de ser tomado como una obligación por las autoridades argentinas que, pese a ello, predican cínicamente la necesidad de "asegurar la gobernabilidad" sin que, para ellas, ese concepto incluya el respeto a la ley y la obligación consiguiente de asegurar la vigencia de las normas.
Si la amenaza de los asambleístas se cumpliera, habría una ola también inédita de sinceramientos. Porque, como consecuencia de las denuncias penales, finalmente, se sabría cuáles fueron las cabezas y los brazos impulsores de lo sucedido. Las enormes y frecuentes movilizaciones que se sucedieron a lo largo de los últimos años pudieron haber sido promovidas desde lo más alto del poder nacional y provincial.
Si la participación activa de funcionarios públicos en estos episodios se confirmara, estaríamos frente a un nuevo escándalo de proporciones que podría estar dando cuenta de un nuevo abuso de poder, burlando la buena fe de la ciudadanía.
Minería prometió consensuar el desarrollo minero
Eremchuk prometió consensuar el desarrollo minero provincial
Fecha de Publicación: 16/06/2010
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Admitió que la minería no generó el derrame económico esperado y dijo que, a futuro, se debe cambiar el esquema de ganancias entre la Nación y la Provincia.
En lo que pretende ser un giro con relación a la anterior gestión, el nuevo secretario de Minería de la Provincia, Jorge Eremchuk, brindó ayer su primera conferencia de prensa en la que manifestó su voluntad de apertura al diálogo y de consensuar el desarrollo minero con las comunidades. También puso énfasis en la defensa del agua y el aire y admitió que la minería no produjo el derrame económico esperado por lo que, en adelante, cualquier proyecto debería mejorar las condiciones económicas que han generado los proyectos en marcha.
Eremchuk aprovechó además para presentar al nuevo subsecretario de Minería, Ángel Betelu, quien viene asesorando a la Secretaría desde 2005 y, aunque no es catamarqueño, se desempeñó por 18 años como profesor en la UNCA.
El eje ambiental y el eje económico de la minería atravesaron la conferencia en la que el flamante funcionario se esforzó por resaltar la preocupación oficial por los controles ambientales y por lograr un desarrollo minero basado en el consenso. En ese sentido, informó que ya se le dio rango de dirección a la unidad de gestión ambiental (UGAP) y se abrieron cinco delegaciones de tal organismo en los departamentos mineros, en cumplimiento de algunos de los anuncios que el Gobernador hizo el 1º de mayo porque "la calidad del agua y del aire no se negocian con las empresas mineras", resaltó.
En términos económicos y tras admitir que la minería no produjo el derrame esperado y que es la Nación quien se queda con la mayor parte de los recursos que deja la explotación minera, señaló: "Ya sabemos cuánto gana la Provincia y debemos mejorar esa relación. Cualquier otro emprendimiento futuro, como mínimo, tiene que dejar lo que la Provincia gana hoy y tender a revertir la situación de que la Nación sea la que más gane". Pero en su visión, es la Nación la que debe resignar recursos a favor de la Provincia y no, necesariamente, las empresas mineras.
El titular de Minería informó además que ya se puso en marcha el ordenamiento territorial minero -también anunciado el 1º de mayo- que defendió como la herramienta elegida para planificar, junto a las empresas y las comunidades, el desarrollo minero local. "Es importante porque nos va a permitir dialogar con todas las comunidades del interior e ir determinando cuáles son las áreas en las que se puede investigar y explorar la parte minera. Hay otras áreas bajas en las cuales el uso del suelo puede ser agrícola, ganadero o minero, entonces se pone en discusión qué uso le vamos a dar al suelo. En los casos donde el uso sea múltiple, tendremos que decidir en conjunto, no sólo el Gobierno, sino también la comunidad", prometió. Eremchuk admitió que hubo errores en el manejo del conflicto minero en Andalgalá, pero consideró que "hay que mirar hacia adelante" y prometió que visitará ese departamento para "hablar con la verdad" a sus habitantes.
Fecha de Publicación: 16/06/2010
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Admitió que la minería no generó el derrame económico esperado y dijo que, a futuro, se debe cambiar el esquema de ganancias entre la Nación y la Provincia.
En lo que pretende ser un giro con relación a la anterior gestión, el nuevo secretario de Minería de la Provincia, Jorge Eremchuk, brindó ayer su primera conferencia de prensa en la que manifestó su voluntad de apertura al diálogo y de consensuar el desarrollo minero con las comunidades. También puso énfasis en la defensa del agua y el aire y admitió que la minería no produjo el derrame económico esperado por lo que, en adelante, cualquier proyecto debería mejorar las condiciones económicas que han generado los proyectos en marcha.
Eremchuk aprovechó además para presentar al nuevo subsecretario de Minería, Ángel Betelu, quien viene asesorando a la Secretaría desde 2005 y, aunque no es catamarqueño, se desempeñó por 18 años como profesor en la UNCA.
El eje ambiental y el eje económico de la minería atravesaron la conferencia en la que el flamante funcionario se esforzó por resaltar la preocupación oficial por los controles ambientales y por lograr un desarrollo minero basado en el consenso. En ese sentido, informó que ya se le dio rango de dirección a la unidad de gestión ambiental (UGAP) y se abrieron cinco delegaciones de tal organismo en los departamentos mineros, en cumplimiento de algunos de los anuncios que el Gobernador hizo el 1º de mayo porque "la calidad del agua y del aire no se negocian con las empresas mineras", resaltó.
En términos económicos y tras admitir que la minería no produjo el derrame esperado y que es la Nación quien se queda con la mayor parte de los recursos que deja la explotación minera, señaló: "Ya sabemos cuánto gana la Provincia y debemos mejorar esa relación. Cualquier otro emprendimiento futuro, como mínimo, tiene que dejar lo que la Provincia gana hoy y tender a revertir la situación de que la Nación sea la que más gane". Pero en su visión, es la Nación la que debe resignar recursos a favor de la Provincia y no, necesariamente, las empresas mineras.
El titular de Minería informó además que ya se puso en marcha el ordenamiento territorial minero -también anunciado el 1º de mayo- que defendió como la herramienta elegida para planificar, junto a las empresas y las comunidades, el desarrollo minero local. "Es importante porque nos va a permitir dialogar con todas las comunidades del interior e ir determinando cuáles son las áreas en las que se puede investigar y explorar la parte minera. Hay otras áreas bajas en las cuales el uso del suelo puede ser agrícola, ganadero o minero, entonces se pone en discusión qué uso le vamos a dar al suelo. En los casos donde el uso sea múltiple, tendremos que decidir en conjunto, no sólo el Gobierno, sino también la comunidad", prometió. Eremchuk admitió que hubo errores en el manejo del conflicto minero en Andalgalá, pero consideró que "hay que mirar hacia adelante" y prometió que visitará ese departamento para "hablar con la verdad" a sus habitantes.
Respuesta a Binner sobre el uso de agroquímicos
Respuesta a Binner sobre el uso de agroquímicos
Fecha de Publicación: 15/06/2010
Fuente: Página/12 - Rosario/12
Provincia/Región: Santa Fe - Nacional
Por Claudio Lowy
Centro de Protección a la Naturaleza, coordinador de la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE)
El domingo 6 de junio, Rosario/12 publicó la nota Hay que usarlo como dice la norma, de José Maggi, con algunas respuestas del Gobernador Hermes Binner sobre el uso de los agroquímicos en la Provincia. Parece que es la manera que tiene el gobernador de responderle a las organizaciones de la sociedad civil que desde hace un mes le están pidiendo una audiencia para entregarle un petitorio con el respaldo de 12.000 firmas (sí, doce mil firmas). El objetivo es que se extienda al resto del territorio provincial el fallo de la Sala segunda de la Cámara Civil y Comercial de Santa Fe, de diciembre de 2009, que confirmó la suspensión de las fumigaciones por seis meses a una distancia del límite de los ejidos urbanos de 800 metros para aspersiones terrestres y 1500 para aspersiones aéreas en el barrio Urquiza de la localidad de San Jorge.
Y el gobernador Binner no acepta recibirlos. Dice el gobernador en la nota (entre comillas):
*"Tenemos buenas leyes y muchas dificultades para hacerlas cumplir..."
Respondemos: Una ley que no se cumple o no es una buena ley, o no tiene los mecanismos de fiscalización y control necesarios para hacerla cumplir. Y esos mecanismos dependen del ejecutivo, en este caso, del gobernador Binner. Es decir: o no tenemos buenas leyes que regulen el uso de los agroquímicos, o el gobernador no está cumpliendo con los deberes inherentes a su cargo.
*"El tema que nos preocupa es la contaminación del aire, la tierra y el agua. Se cree que el ambiente puede digerir todo lo que el hombre le arroja y no es así, por eso hay que buscar racionalidad. Por eso tienen que actuar con mucha fuerza los institutos como el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), que son los que deben dar reglas claras y la información que necesita el hombre campo"
Este párrafo muestra dos cosas: que el impacto de los agroquímicos en la salud de la población no es un tema que le preocupe al gobernador Binner; y que él considera que la provincia no tiene incumbencias en la regulación del uso de los agroquímicos, ya que los que tienen "que actuar con mucha fuerza son los institutos como el INTA" (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria).
*"Venimos de tiempos en que se usaban los organoclorados y nos enteramos que se podía vender pero no usar, luego vinieron los organofosforados que se degrada en el ambiente".
*Aquí el gobernador pareciera ser que está absolutamente desinformado, o falta a la verdad: muchos informes muestran que los organoclorados y los organofosforados se siguen usando, entre otros motivos porque el ejecutivo no ejerce los controles que son de su incumbencia exclusiva en el territorio provincial.
*"Y luego tenemos el que se asocia directamente con la soja transgénica y la siembra directa que es el glifosato, que está absolutamente en estudio, y que en general no hay manifestaciones demostrables en contra de la salud del hombre si se usa en la forma que plantea en la ley, tanto en la fumigación aérea como en la terrestre".
Es cierto, el glifosato, como mayoría de los agroquímicos, están "absolutamente en estudio"; lo que significa que no se conocen todos los daños que pueden producir. Y es por eso mismo que se deben alejar todas las fumigaciones de los lugares donde vive la gente.
*"La mayor responsabilidad es de los que aplican estos elementos"
Es decir, le está echado la culpa, eventualmente, al peón del campo que hace las aplicaciones.
*"Ese trípode (soja transgénica, siembra directa y glifosato) bien utilizado es uno de los fundamentos extraordinarios para la preservación del medio ambiente. Por un lado, porque se han disminuido notablemente los laboreos en el campo, con lo cual se gastan menos combustibles fósiles".
Esto ya es directamente suscribir de manera acrítica el discurso falseador de la realidad de las empresas que comercializan los insumos que participan de la cadena de la soja. En las casi 20 millones de hectáreas de soja transgénica que hay en el país, no hay biodiversidad, desapareció el ecosistema, no hay vida, todo es muerte; salvo, claro, la soja transgénica y las malezas que van siendo cada vez más resistentes. No hay microflora ni microfauna, no hay gusanos ni insectos, no hay mamíferos, aves ni peces. Desapareció todo vestigio de vida ecosistémica.
*"Y por otro lado utilizados en la forma que hoy los estudios científicos lo indican, han aumentado enormemente la productividad y la riqueza de nuestro país".
No; no aumentó la riqueza del país; el país perdió o está perdiendo la productividad sostenible de sus ecosistemas más productivos en forma acelerada. Los que se enriquecieron fueron los dueños de los campos, las empresas comercializadoras de los insumos del paquete tecnológico transgénico para agroquímicos, y las comercializadoras de los granos. El resto de la población, que antes vivía de alguna manera ligado a la actividad agropecuaria diversificada, se sumergió en la miseria. Porque por cada 500 hectáreas de soja transgénica, hay un puesto de trabajo, y eso no es generar riqueza, ni en la provincia de Santa Fe ni en ningún lugar del mundo en toda su historia. Nunca, ningún país, ninguna región, ninguna provincia en toda la historia se hizo rica produciendo un commodity. Además de los riesgos que trae depender de monopsonios, como quedó demostrado con la amenaza de China de limitar las importaciones de aceite de origen argentino.
Pregunta el periodista: ¿Qué le responde a quienes le está pidiendo que adopte el fallo de San Jorge con las distancias de 800 metros en caso de aplicaciones terrestres y 1500 metros en las aéreas? "Hay que respetar lo que dice la ley (N. del R: es bastante menor). Y además hay que ver los días en que hay viento, porque estos espacios se amplían enormemente cuando hay viento".
En boca de un gobernador, es una respuesta que seguirá enriqueciendo en dinero en forma directa a los dueños de los campos que están más cerca de los ejidos municipales.
No tiene nada que ver con el cambio o no del sistema de producción transgénica. Las organizaciones ambientalistas demostraron, para un departamento, que la ampliación a todas las localidades de las mismas distancias de restricción de fumigación, implicaría la afectación del 4 por ciento de la superficie sembrada; que no por eso se dejaría de explotar, sino que podría destinarse a la producción diversificada, que asegure la soberanía alimentaria de esas mismas localidades.
El gobernador Binner es la cabeza del ejecutivo que reglamenta la ley. No tiene ninguna traba legal que le impida extender la aplicación de la resolución de la Cámara citada al principio al resto del territorio de la provincia de Santa Fe, cuidando de esta manera la salud de la población afectada por las fumigaciones.
*"El uso racional de un producto que favorece evidentemente la producción y favorece la vida porque produce alimentos. Hoy hay una demanda mundial de alimentos. Por eso nosotros debemos seguir usando los nuevos elementos para mejorar racionalmente la producción, porque hay un mundo que está demandando cada vez más alimentos. Lo dice la FAO, dentro de treinta años van a hacer falta el doble de toneladas de cereales de lo que se produce hoy: de 3500 millones de toneladas a 7000 millones de toneladas. Y esto se logra mejorando la producción en lugares más fértiles e investigando nuevas semillas y nuevos productos en los terrenos menos fértiles".
Otra suscripción al discurso falseador de las empresas que venden el paquete transgénico para agroquímicos. Los granos de los productos transgénicos no van a paliar el hambre del mundo, sino que sirven principalmente de forraje para alimentar ganado para producir carne para las clases medias y altas de Europa y China, y para producir biocombustibles para las clases medias de los países desarrollados. Por otro lado, no tiene sentido aumentar la producción con un paquete tecnológico que destruye la sostenibilidad del ecosistema del cual dependemos para poder producir alimentos para que se sostenga también la producción de los bienes y servicios ambientales imprescindibles para la vida.
Finalmente, pregunta el periodista: Hoy muchos santafesinos piden que se aplique el principio precautorio sobre el glifosato: ante la duda sobre sus efectos sobre la salud, se debería impedir su uso hasta esclarecerlo. ¿Qué les responde?
"Creo que no debe haber ningún producto que pueda demostrarse que en cantidades excesivas produce cáncer. A nivel experimental usted puede producir cáncer con elementos de la comida diaria. Evidentemente esto no es lo que está ocurriendo en la sociedad, que usa los elementos, algunos de ellos erradicados por producir cáncer. Pero todo producto utilizado en forma racional y que cubra con las necesidades de su aplicación no está demostrado que produzca cáncer".
La respuesta del gobernador muestra nuevamente su desinterés en las asociaciones entre agroquímicos y enfermedades que padecen las poblaciones afectadas por las fumigaciones, tal cual lo hace el discurso de las empresas ligadas al complejo sojero transgénico. Ignora los numerosos estudios que muestran esas asociaciones, que están claramente desarrolladas en el fallo de la Sala segunda de la Cámara Civil y Comercial de Santa Fe, y que el Gobernador Hermes Binner, en su calidad de médico, debería conocer.
Vale recordar, nuevamente, que no somos los habitantes de la Nación los que debemos demostrar que los agroquímicos y los procesos productivos nos causan daño. Son las empresas que los producen, comercializan, utilizan o inducen su utilización las que deben demostrar que no nos causan daño, y el Estado debe asegurarnos que esas demostraciones son válidas. Como lo dice claramente el principio de precaución de la Ley General del Ambiente, sustentado en normas internacionales.
Fecha de Publicación: 15/06/2010
Fuente: Página/12 - Rosario/12
Provincia/Región: Santa Fe - Nacional
Por Claudio Lowy
Centro de Protección a la Naturaleza, coordinador de la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE)
El domingo 6 de junio, Rosario/12 publicó la nota Hay que usarlo como dice la norma, de José Maggi, con algunas respuestas del Gobernador Hermes Binner sobre el uso de los agroquímicos en la Provincia. Parece que es la manera que tiene el gobernador de responderle a las organizaciones de la sociedad civil que desde hace un mes le están pidiendo una audiencia para entregarle un petitorio con el respaldo de 12.000 firmas (sí, doce mil firmas). El objetivo es que se extienda al resto del territorio provincial el fallo de la Sala segunda de la Cámara Civil y Comercial de Santa Fe, de diciembre de 2009, que confirmó la suspensión de las fumigaciones por seis meses a una distancia del límite de los ejidos urbanos de 800 metros para aspersiones terrestres y 1500 para aspersiones aéreas en el barrio Urquiza de la localidad de San Jorge.
Y el gobernador Binner no acepta recibirlos. Dice el gobernador en la nota (entre comillas):
*"Tenemos buenas leyes y muchas dificultades para hacerlas cumplir..."
Respondemos: Una ley que no se cumple o no es una buena ley, o no tiene los mecanismos de fiscalización y control necesarios para hacerla cumplir. Y esos mecanismos dependen del ejecutivo, en este caso, del gobernador Binner. Es decir: o no tenemos buenas leyes que regulen el uso de los agroquímicos, o el gobernador no está cumpliendo con los deberes inherentes a su cargo.
*"El tema que nos preocupa es la contaminación del aire, la tierra y el agua. Se cree que el ambiente puede digerir todo lo que el hombre le arroja y no es así, por eso hay que buscar racionalidad. Por eso tienen que actuar con mucha fuerza los institutos como el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), que son los que deben dar reglas claras y la información que necesita el hombre campo"
Este párrafo muestra dos cosas: que el impacto de los agroquímicos en la salud de la población no es un tema que le preocupe al gobernador Binner; y que él considera que la provincia no tiene incumbencias en la regulación del uso de los agroquímicos, ya que los que tienen "que actuar con mucha fuerza son los institutos como el INTA" (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria).
*"Venimos de tiempos en que se usaban los organoclorados y nos enteramos que se podía vender pero no usar, luego vinieron los organofosforados que se degrada en el ambiente".
*Aquí el gobernador pareciera ser que está absolutamente desinformado, o falta a la verdad: muchos informes muestran que los organoclorados y los organofosforados se siguen usando, entre otros motivos porque el ejecutivo no ejerce los controles que son de su incumbencia exclusiva en el territorio provincial.
*"Y luego tenemos el que se asocia directamente con la soja transgénica y la siembra directa que es el glifosato, que está absolutamente en estudio, y que en general no hay manifestaciones demostrables en contra de la salud del hombre si se usa en la forma que plantea en la ley, tanto en la fumigación aérea como en la terrestre".
Es cierto, el glifosato, como mayoría de los agroquímicos, están "absolutamente en estudio"; lo que significa que no se conocen todos los daños que pueden producir. Y es por eso mismo que se deben alejar todas las fumigaciones de los lugares donde vive la gente.
*"La mayor responsabilidad es de los que aplican estos elementos"
Es decir, le está echado la culpa, eventualmente, al peón del campo que hace las aplicaciones.
*"Ese trípode (soja transgénica, siembra directa y glifosato) bien utilizado es uno de los fundamentos extraordinarios para la preservación del medio ambiente. Por un lado, porque se han disminuido notablemente los laboreos en el campo, con lo cual se gastan menos combustibles fósiles".
Esto ya es directamente suscribir de manera acrítica el discurso falseador de la realidad de las empresas que comercializan los insumos que participan de la cadena de la soja. En las casi 20 millones de hectáreas de soja transgénica que hay en el país, no hay biodiversidad, desapareció el ecosistema, no hay vida, todo es muerte; salvo, claro, la soja transgénica y las malezas que van siendo cada vez más resistentes. No hay microflora ni microfauna, no hay gusanos ni insectos, no hay mamíferos, aves ni peces. Desapareció todo vestigio de vida ecosistémica.
*"Y por otro lado utilizados en la forma que hoy los estudios científicos lo indican, han aumentado enormemente la productividad y la riqueza de nuestro país".
No; no aumentó la riqueza del país; el país perdió o está perdiendo la productividad sostenible de sus ecosistemas más productivos en forma acelerada. Los que se enriquecieron fueron los dueños de los campos, las empresas comercializadoras de los insumos del paquete tecnológico transgénico para agroquímicos, y las comercializadoras de los granos. El resto de la población, que antes vivía de alguna manera ligado a la actividad agropecuaria diversificada, se sumergió en la miseria. Porque por cada 500 hectáreas de soja transgénica, hay un puesto de trabajo, y eso no es generar riqueza, ni en la provincia de Santa Fe ni en ningún lugar del mundo en toda su historia. Nunca, ningún país, ninguna región, ninguna provincia en toda la historia se hizo rica produciendo un commodity. Además de los riesgos que trae depender de monopsonios, como quedó demostrado con la amenaza de China de limitar las importaciones de aceite de origen argentino.
Pregunta el periodista: ¿Qué le responde a quienes le está pidiendo que adopte el fallo de San Jorge con las distancias de 800 metros en caso de aplicaciones terrestres y 1500 metros en las aéreas? "Hay que respetar lo que dice la ley (N. del R: es bastante menor). Y además hay que ver los días en que hay viento, porque estos espacios se amplían enormemente cuando hay viento".
En boca de un gobernador, es una respuesta que seguirá enriqueciendo en dinero en forma directa a los dueños de los campos que están más cerca de los ejidos municipales.
No tiene nada que ver con el cambio o no del sistema de producción transgénica. Las organizaciones ambientalistas demostraron, para un departamento, que la ampliación a todas las localidades de las mismas distancias de restricción de fumigación, implicaría la afectación del 4 por ciento de la superficie sembrada; que no por eso se dejaría de explotar, sino que podría destinarse a la producción diversificada, que asegure la soberanía alimentaria de esas mismas localidades.
El gobernador Binner es la cabeza del ejecutivo que reglamenta la ley. No tiene ninguna traba legal que le impida extender la aplicación de la resolución de la Cámara citada al principio al resto del territorio de la provincia de Santa Fe, cuidando de esta manera la salud de la población afectada por las fumigaciones.
*"El uso racional de un producto que favorece evidentemente la producción y favorece la vida porque produce alimentos. Hoy hay una demanda mundial de alimentos. Por eso nosotros debemos seguir usando los nuevos elementos para mejorar racionalmente la producción, porque hay un mundo que está demandando cada vez más alimentos. Lo dice la FAO, dentro de treinta años van a hacer falta el doble de toneladas de cereales de lo que se produce hoy: de 3500 millones de toneladas a 7000 millones de toneladas. Y esto se logra mejorando la producción en lugares más fértiles e investigando nuevas semillas y nuevos productos en los terrenos menos fértiles".
Otra suscripción al discurso falseador de las empresas que venden el paquete transgénico para agroquímicos. Los granos de los productos transgénicos no van a paliar el hambre del mundo, sino que sirven principalmente de forraje para alimentar ganado para producir carne para las clases medias y altas de Europa y China, y para producir biocombustibles para las clases medias de los países desarrollados. Por otro lado, no tiene sentido aumentar la producción con un paquete tecnológico que destruye la sostenibilidad del ecosistema del cual dependemos para poder producir alimentos para que se sostenga también la producción de los bienes y servicios ambientales imprescindibles para la vida.
Finalmente, pregunta el periodista: Hoy muchos santafesinos piden que se aplique el principio precautorio sobre el glifosato: ante la duda sobre sus efectos sobre la salud, se debería impedir su uso hasta esclarecerlo. ¿Qué les responde?
"Creo que no debe haber ningún producto que pueda demostrarse que en cantidades excesivas produce cáncer. A nivel experimental usted puede producir cáncer con elementos de la comida diaria. Evidentemente esto no es lo que está ocurriendo en la sociedad, que usa los elementos, algunos de ellos erradicados por producir cáncer. Pero todo producto utilizado en forma racional y que cubra con las necesidades de su aplicación no está demostrado que produzca cáncer".
La respuesta del gobernador muestra nuevamente su desinterés en las asociaciones entre agroquímicos y enfermedades que padecen las poblaciones afectadas por las fumigaciones, tal cual lo hace el discurso de las empresas ligadas al complejo sojero transgénico. Ignora los numerosos estudios que muestran esas asociaciones, que están claramente desarrolladas en el fallo de la Sala segunda de la Cámara Civil y Comercial de Santa Fe, y que el Gobernador Hermes Binner, en su calidad de médico, debería conocer.
Vale recordar, nuevamente, que no somos los habitantes de la Nación los que debemos demostrar que los agroquímicos y los procesos productivos nos causan daño. Son las empresas que los producen, comercializan, utilizan o inducen su utilización las que deben demostrar que no nos causan daño, y el Estado debe asegurarnos que esas demostraciones son válidas. Como lo dice claramente el principio de precaución de la Ley General del Ambiente, sustentado en normas internacionales.
Minera con alto consumo de gas
Advierten sobre la gran cantidad de gas que irá a proyecto minero
Fecha de Publicación: 15/06/2010
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
La explotación de sales de potasio en Malargüe sigue despertando apoyos, como los de la UOCRA, y críticas, como las de ambientalistas que cuestionan que un bien escaso vaya sólo a un objetivo.
Para que la empresa brasileña Vale Do Río Doce pueda concretar la extracción de sales de potasio en Malargüe necesitará una cantidad de gas equivalente a 83.000 garrafas diarias, esto es 13 veces más de lo que se consume por día en Mendoza, unas 6.500, según las estimaciones oficiales recientes.
La comparación, efectuada por Marcelo Giraud, miembro de la Asamblea Popular por el Agua, busca poner de manifiesto que la demanda de gas que requiere el emprendimiento es muy alta en comparación con un bien tan escaso como son hoy las garrafas.
Teniendo en cuenta que el gas es un recurso estructuralmente escaso no sólo en Mendoza, sino en todo el país, porque las reservas se están agotando, han resonado los argumentos en contra del proyecto que está en marcha y que cuenta con el apoyo oficial.
Este es uno de los elementos que esgrimen legisladores provinciales y organizaciones ambientales que se oponen al proyecto que busca extraer el mineral para fertilizar la siembra de soja y caña de azúcar en Brasil dado que su tierra es pobre en potasio.
Mañana, en la Legislatura, el oficialismo quiere homologar el convenio firmado entre la empresa y el Gobierno por el cual la firma brasileña se compromete a adelantar fondos y adherir al “Compre Mendocino”. Si bien el hecho de que el convenio se frene no implica en modo alguno que pase lo mismo con el emprendimiento, quienes están en contra consideran que la homologación de dicho convenio termina “legitimando” el aval conferido por el Gobierno.
El Frente Cívico Federal, que reúne a la UCR, el CONFE, el ARI y la Unión Popular, se ha expresado en contra de aprobar el convenio. En tanto, el PD aún no ha definido su postura.
Ayer, los integrantes de la Asamblea Popular por el Agua se reunieron con los jefes de todos los bloques de Diputados para remarcar su postura. Para hoy han pedido reunirse con las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto y mañana estarán presentes en la Legislatura para seguir de cerca el desarrollo de la sesión en la que el oficialismo intentará aprobar dicho convenio. Mientras que los representes de las organizaciones ambientalistas buscarán desalentar la aprobación, la UOCRA, el gremio que lidera Néstor Romero, se hará presente para dar apoyo al oficialismo, que buscará los votos para sacar el convenio que les reclama el gobernador Celso Jaque.
Giraud, quien además es representante titular del Consejo Provincial del Ambiente ante la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera, sostuvo: “Insistimos en que el proyecto es perjudicial para Mendoza, porque no se explica de dónde van a sacar el gas para abastecer la explotación. El gasto diario que hará el emprendimiento es de un millón de metros cúbicos de gas por día, el equivalente a 94% del consumo de gas residencial que se produce en promedio en toda la provincia”, comparó.
“En un escenario de creciente escasez de gas en toda Argentina, con la reservas en retroceso, es incomprensible que se avale este proyecto”, amplió.
En el mismo sentido, Luis Sánchez, integrante de la asamblea, les planteó ayer a los legisladores con los que se reunió que mañana en el recinto se dará lectura al comunicado conjunto que varias organizaciones difundieron en agosto pasado advirtiendo “sobre los riesgos del proyecto”, luego de que se aprobara la declaración de impacto ambiental.
Sánchez adelantó que “nuestra intención no es enfrentarnos con los trabajadores de la UOCRA, ellos pelean por puestos de trabajo, aunque nos preocupa que difundan datos erróneos sobre la demanda laboral que tendrá el proyecto, en la planta se van a ocupar 386 personas y sumando el empleo indirecto serán 850. Es mucho menos que las cifras que se han difundido”.
Fecha de Publicación: 15/06/2010
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
La explotación de sales de potasio en Malargüe sigue despertando apoyos, como los de la UOCRA, y críticas, como las de ambientalistas que cuestionan que un bien escaso vaya sólo a un objetivo.
Para que la empresa brasileña Vale Do Río Doce pueda concretar la extracción de sales de potasio en Malargüe necesitará una cantidad de gas equivalente a 83.000 garrafas diarias, esto es 13 veces más de lo que se consume por día en Mendoza, unas 6.500, según las estimaciones oficiales recientes.
La comparación, efectuada por Marcelo Giraud, miembro de la Asamblea Popular por el Agua, busca poner de manifiesto que la demanda de gas que requiere el emprendimiento es muy alta en comparación con un bien tan escaso como son hoy las garrafas.
Teniendo en cuenta que el gas es un recurso estructuralmente escaso no sólo en Mendoza, sino en todo el país, porque las reservas se están agotando, han resonado los argumentos en contra del proyecto que está en marcha y que cuenta con el apoyo oficial.
Este es uno de los elementos que esgrimen legisladores provinciales y organizaciones ambientales que se oponen al proyecto que busca extraer el mineral para fertilizar la siembra de soja y caña de azúcar en Brasil dado que su tierra es pobre en potasio.
Mañana, en la Legislatura, el oficialismo quiere homologar el convenio firmado entre la empresa y el Gobierno por el cual la firma brasileña se compromete a adelantar fondos y adherir al “Compre Mendocino”. Si bien el hecho de que el convenio se frene no implica en modo alguno que pase lo mismo con el emprendimiento, quienes están en contra consideran que la homologación de dicho convenio termina “legitimando” el aval conferido por el Gobierno.
El Frente Cívico Federal, que reúne a la UCR, el CONFE, el ARI y la Unión Popular, se ha expresado en contra de aprobar el convenio. En tanto, el PD aún no ha definido su postura.
Ayer, los integrantes de la Asamblea Popular por el Agua se reunieron con los jefes de todos los bloques de Diputados para remarcar su postura. Para hoy han pedido reunirse con las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto y mañana estarán presentes en la Legislatura para seguir de cerca el desarrollo de la sesión en la que el oficialismo intentará aprobar dicho convenio. Mientras que los representes de las organizaciones ambientalistas buscarán desalentar la aprobación, la UOCRA, el gremio que lidera Néstor Romero, se hará presente para dar apoyo al oficialismo, que buscará los votos para sacar el convenio que les reclama el gobernador Celso Jaque.
Giraud, quien además es representante titular del Consejo Provincial del Ambiente ante la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera, sostuvo: “Insistimos en que el proyecto es perjudicial para Mendoza, porque no se explica de dónde van a sacar el gas para abastecer la explotación. El gasto diario que hará el emprendimiento es de un millón de metros cúbicos de gas por día, el equivalente a 94% del consumo de gas residencial que se produce en promedio en toda la provincia”, comparó.
“En un escenario de creciente escasez de gas en toda Argentina, con la reservas en retroceso, es incomprensible que se avale este proyecto”, amplió.
En el mismo sentido, Luis Sánchez, integrante de la asamblea, les planteó ayer a los legisladores con los que se reunió que mañana en el recinto se dará lectura al comunicado conjunto que varias organizaciones difundieron en agosto pasado advirtiendo “sobre los riesgos del proyecto”, luego de que se aprobara la declaración de impacto ambiental.
Sánchez adelantó que “nuestra intención no es enfrentarnos con los trabajadores de la UOCRA, ellos pelean por puestos de trabajo, aunque nos preocupa que difundan datos erróneos sobre la demanda laboral que tendrá el proyecto, en la planta se van a ocupar 386 personas y sumando el empleo indirecto serán 850. Es mucho menos que las cifras que se han difundido”.
Modelo rural: La salud no es lo primero
La salud no es lo primero en el modelo agroindustrial
Fecha de Publicación: 14/06/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Chaco - Nacional
Una comisión conformada por el gobierno provincial analizó estadísticas en zonas con uso intensivo de agroquímicos. En una década se triplicaron los casos de cáncer en niños y cuadruplicaron los nacimientos con malformaciones.
Es la primera vez que una provincia aporta estadísticas sanitarias vinculadas con zonas con uso intensivo de agroquímicos. Los datos son contundentes y confirman las denuncias que desde hace años realizan los vecinos: los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento. Sucedió en sólo una década y corresponden a un estudio oficial de la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua del Chaco, creada por el gobernador en diciembre pasado. “Primer Informe” es el simple título del documento que fue entregado en la Casa de Gobierno provincial y en el Ministerio de Salud local. Los casos de cáncer están focalizados en la localidad de La Leonesa, cercana a Resistencia y epicentro de las denuncias por el uso de herbicidas y plaguicidas. Las malformaciones corresponden a datos de toda la provincia, donde –siempre según datos oficiales– se producen 17 casos por mes. La Justicia ordenó frenar las fumigaciones y exigió urgentes estudios de impacto ambiental (ver aparte).
A Iván le gustaba ver las avionetas que sobrevolaban sobre su casa. Tenía seis meses, escuchaba los motores y pedía upa para salir al patio y saludar el paso del aeroplano. Laura, la mamá, lo levantaba y llevaba al jardín para dar el gusto al bebé. Con el paso de las avionetas, Iván aprendió a saludar con la mano, se reía y festejaba el vuelo rasante. A los 2 años le detectaron leucemia. Fue trasladado de urgencia al Hospital Garrahan, padeció ocho meses de quimioterapia y dos años de tratamiento intensivo.
“Los médicos me preguntaron si vivíamos cerca de plantaciones con agroquímicos. Recién ahí me enteré de que la avioneta que saludábamos con mi bebé lo que hacía era echar veneno en el campo frente a mi casa. Se me vino el mundo abajo”, explica Laura Mazitelli, del barrio La Ralera de La Leonesa. Era 2002, Iván se recuperó, y Laura se transformó en una denunciante de los agroquímicos. La trataron de loca y opositora al desarrollo, pero los casos de cáncer se multiplicaron y los vecinos comenzaron a organizarse.
La Leonesa es una localidad de diez mil habitantes a 60 kilómetros de Resistencia. Desde hace una década denuncian el efecto sanitario de los agroquímicos utilizados en plantaciones de arroz. Apuntan al glifosato, endosulfan, metamidofos, picloran y clopirifos, entre otros químicos usados también en los cultivos de soja.
Por la movilización constante y el reclamo de estudios, el gobierno del Chaco creó por decreto el 9 de diciembre de 2009 la Comisión Provincial de Investigación de Contaminantes del Agua. Incluyó la participación del Ministerio de Salud Pública, la Administración Provincial del Agua (APA), el Ministerio de Salud de Nación, la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y el Ministerio de Producción. “Tendrá como misión receptar, estudiar, coordinar y conducir las acciones para garantizar y optimizar la contaminación de arsénico, agroquímicos y otros”, señala el breve decreto, de sólo dos páginas.
A cinco meses de su creación, la Comisión Investigadora finalizó su primer informe, que fue publicado por el periodista Brian Pellegrini, del sitio de noticias Chaco Día por Día.
“Respecto de patologías oncológicas infantiles, leucemias, tumores cerebrales y linfomas, se observa un mayor número de casos anuales a partir de 2002. En La Leonesa, en el período 2000-2009 se comprueba un incremento notable, que triplica la ocurrencia de cánceres en niños”, afirma el trabajo de la Comisión oficial, focalizado en La Leonesa.
En la década de 1990-1999 se registró un promedio de 0,2 casos por año (1 caso cada 60 meses). En tanto en el período 2000-2009 se contabilizaron 0,6 casos por año (1 caso cada 20 meses). “Los valores se encuentran por encima de lo esperado, incrementándose notablemente en los últimos diez años, período en el que los casos registrados triplican la ocurrencia de cáncer en niños menores de diez años.”
La media mundial de cáncer en menores de 15 años es de 12-14 casos cada 100.000 niños. Los datos oficiales de Chaco muestran que en La Leonesa el registro trepa a 20,2.
El informe señala la multicausalidad del cáncer, pero llama la atención: “Este incremento de la casuística coincide con la expansión de la frontera agrícola (...) vulnerando la salud de la población, debido a que las prácticas y técnicas de cultivo incluyen pulverizaciones aéreas con herbicidas cuyo principio activo es el glifosato y otros agrotóxicos.” Todas las cifras surgen del Servicio de Estadísticas del Hospital Pediátrico local y destaca que un 25 por ciento más de casos son atendidos directamente en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, por lo cual las cifras totales de casos es mayor.
Beatriz Nicolini es pediatra, trabaja desde hace 25 años con pacientes oncológicos, integra la Comisión oficial y confiesa que, “a pesar de la magnitud de las cifras”, no le asombraron los datos. “Hace tiempo que vemos cómo se multiplican los chiquitos con cáncer. Pareciera no detenerse. Y, aunque no hay una sola causa de ese incremento, los casos aumentaron al mismo tiempo que aumentaba el uso de agroquímicos, ya sea en arroceras o soja”, explica y detalla que sobresalen los casos de leucemia, seguidos por tumores cerebrales y linfomas.
“Tatiana de 5 años. Milagros de 8. María de 7. Francisco de 12. Victoria de 6. Son todos vecinos con cáncer. Y lo peor es que la lista sigue. Todas familias humildes que están pasando lo mismo que nosotros”, lamenta Laura Mazitelli, la mamá de Iván, la que llamaron “loca” y ahora reprocha: “¿Hacían falta tantos casos para reconocer que nos están envenenando?”
Las malformaciones crecieron aún más. En una década se cuadruplicaron en toda la provincia del Chaco los casos en recién nacidos. En el lapso de un año, entre 1997-1998, hubo en Chaco 24.030 nacimientos, de los cuales se contabilizaron 46 malformaciones. Una década después, en doce meses entre 2008 y 2009, se registraron menos nacimientos: 21.808, pero se multiplicaron las malformaciones: 186 casos. El informe oficial destaca que se pasó de un índice de 19,1 por cada 10.000 nacidos a 85,3.
Los datos corresponden a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de Neonatología del Hospital Perrando de Resistencia. De 1997 a 1998 hubo un promedio de 4,9 casos por mes. De 2001 a 2002 creció a 7,5 casos. Y entre 2008 y 2009 aumentó a 16,8 casos mensuales.
Desde el Ministerio de Salud de Nación informaron que no se cuenta con estadísticas nacionales sobre el tema. Desde la Comisión investigadora, una integrante –que pidió mantener el anonimato por “las enormes presiones” que están recibiendo–, consideró que “todos los firmantes del informe tenemos mucha experiencia y antecedentes en lo que estudiamos, pero las empresas arroceras y sojeras están presionando mucho al Gobierno. No sabemos cómo terminará, hay demasiados intereses en juego”.
Dos integrantes de la Comisión confirmaron que están elaborando un segundo informe que aporta estadísticas oficiales sobre el geométrico incremento, en zonas con uso de agroquímicos, de los embarazos que no llegan a término por abortos espontáneos, el aumento de problemas reproductivos en adultos y crecimiento exponencial de cáncer de mamas. No tienen fecha definida para entregarlo a las autoridades, pero alertaron sobre la posibilidad de “intromisiones en el trabajo de la Comisión”.
El primer informe fue elevado al gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, y al Ministerio de Salud provincial el 8 de abril. La investigación oficial resalta que sólo son incluidos datos del servicio de salud pública. “Tanto en datos estadísticos de enfermedades oncológicas infantiles como en malformaciones en recién nacidos no están incluidos los registros de instituciones sanitarias privadas, en los cuales las estadísticas son similares, aspecto que las aumentaría considerablemente.”
El informe de la Comisión investigadora solicita que se tomen “medidas precautorias” en La Leonesa hasta que se realice un estudio de impacto ambiental y piden que se amplíen los análisis a otras seis localidades que estarían en las mismas condiciones: Gancedo, Napenay, Santa Sylvina, Tres Isletas, Avia Terai y Colonia Elisa.
Fecha de Publicación: 14/06/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Chaco - Nacional
Una comisión conformada por el gobierno provincial analizó estadísticas en zonas con uso intensivo de agroquímicos. En una década se triplicaron los casos de cáncer en niños y cuadruplicaron los nacimientos con malformaciones.
Es la primera vez que una provincia aporta estadísticas sanitarias vinculadas con zonas con uso intensivo de agroquímicos. Los datos son contundentes y confirman las denuncias que desde hace años realizan los vecinos: los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento. Sucedió en sólo una década y corresponden a un estudio oficial de la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua del Chaco, creada por el gobernador en diciembre pasado. “Primer Informe” es el simple título del documento que fue entregado en la Casa de Gobierno provincial y en el Ministerio de Salud local. Los casos de cáncer están focalizados en la localidad de La Leonesa, cercana a Resistencia y epicentro de las denuncias por el uso de herbicidas y plaguicidas. Las malformaciones corresponden a datos de toda la provincia, donde –siempre según datos oficiales– se producen 17 casos por mes. La Justicia ordenó frenar las fumigaciones y exigió urgentes estudios de impacto ambiental (ver aparte).
A Iván le gustaba ver las avionetas que sobrevolaban sobre su casa. Tenía seis meses, escuchaba los motores y pedía upa para salir al patio y saludar el paso del aeroplano. Laura, la mamá, lo levantaba y llevaba al jardín para dar el gusto al bebé. Con el paso de las avionetas, Iván aprendió a saludar con la mano, se reía y festejaba el vuelo rasante. A los 2 años le detectaron leucemia. Fue trasladado de urgencia al Hospital Garrahan, padeció ocho meses de quimioterapia y dos años de tratamiento intensivo.
“Los médicos me preguntaron si vivíamos cerca de plantaciones con agroquímicos. Recién ahí me enteré de que la avioneta que saludábamos con mi bebé lo que hacía era echar veneno en el campo frente a mi casa. Se me vino el mundo abajo”, explica Laura Mazitelli, del barrio La Ralera de La Leonesa. Era 2002, Iván se recuperó, y Laura se transformó en una denunciante de los agroquímicos. La trataron de loca y opositora al desarrollo, pero los casos de cáncer se multiplicaron y los vecinos comenzaron a organizarse.
La Leonesa es una localidad de diez mil habitantes a 60 kilómetros de Resistencia. Desde hace una década denuncian el efecto sanitario de los agroquímicos utilizados en plantaciones de arroz. Apuntan al glifosato, endosulfan, metamidofos, picloran y clopirifos, entre otros químicos usados también en los cultivos de soja.
Por la movilización constante y el reclamo de estudios, el gobierno del Chaco creó por decreto el 9 de diciembre de 2009 la Comisión Provincial de Investigación de Contaminantes del Agua. Incluyó la participación del Ministerio de Salud Pública, la Administración Provincial del Agua (APA), el Ministerio de Salud de Nación, la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y el Ministerio de Producción. “Tendrá como misión receptar, estudiar, coordinar y conducir las acciones para garantizar y optimizar la contaminación de arsénico, agroquímicos y otros”, señala el breve decreto, de sólo dos páginas.
A cinco meses de su creación, la Comisión Investigadora finalizó su primer informe, que fue publicado por el periodista Brian Pellegrini, del sitio de noticias Chaco Día por Día.
“Respecto de patologías oncológicas infantiles, leucemias, tumores cerebrales y linfomas, se observa un mayor número de casos anuales a partir de 2002. En La Leonesa, en el período 2000-2009 se comprueba un incremento notable, que triplica la ocurrencia de cánceres en niños”, afirma el trabajo de la Comisión oficial, focalizado en La Leonesa.
En la década de 1990-1999 se registró un promedio de 0,2 casos por año (1 caso cada 60 meses). En tanto en el período 2000-2009 se contabilizaron 0,6 casos por año (1 caso cada 20 meses). “Los valores se encuentran por encima de lo esperado, incrementándose notablemente en los últimos diez años, período en el que los casos registrados triplican la ocurrencia de cáncer en niños menores de diez años.”
La media mundial de cáncer en menores de 15 años es de 12-14 casos cada 100.000 niños. Los datos oficiales de Chaco muestran que en La Leonesa el registro trepa a 20,2.
El informe señala la multicausalidad del cáncer, pero llama la atención: “Este incremento de la casuística coincide con la expansión de la frontera agrícola (...) vulnerando la salud de la población, debido a que las prácticas y técnicas de cultivo incluyen pulverizaciones aéreas con herbicidas cuyo principio activo es el glifosato y otros agrotóxicos.” Todas las cifras surgen del Servicio de Estadísticas del Hospital Pediátrico local y destaca que un 25 por ciento más de casos son atendidos directamente en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, por lo cual las cifras totales de casos es mayor.
Beatriz Nicolini es pediatra, trabaja desde hace 25 años con pacientes oncológicos, integra la Comisión oficial y confiesa que, “a pesar de la magnitud de las cifras”, no le asombraron los datos. “Hace tiempo que vemos cómo se multiplican los chiquitos con cáncer. Pareciera no detenerse. Y, aunque no hay una sola causa de ese incremento, los casos aumentaron al mismo tiempo que aumentaba el uso de agroquímicos, ya sea en arroceras o soja”, explica y detalla que sobresalen los casos de leucemia, seguidos por tumores cerebrales y linfomas.
“Tatiana de 5 años. Milagros de 8. María de 7. Francisco de 12. Victoria de 6. Son todos vecinos con cáncer. Y lo peor es que la lista sigue. Todas familias humildes que están pasando lo mismo que nosotros”, lamenta Laura Mazitelli, la mamá de Iván, la que llamaron “loca” y ahora reprocha: “¿Hacían falta tantos casos para reconocer que nos están envenenando?”
Las malformaciones crecieron aún más. En una década se cuadruplicaron en toda la provincia del Chaco los casos en recién nacidos. En el lapso de un año, entre 1997-1998, hubo en Chaco 24.030 nacimientos, de los cuales se contabilizaron 46 malformaciones. Una década después, en doce meses entre 2008 y 2009, se registraron menos nacimientos: 21.808, pero se multiplicaron las malformaciones: 186 casos. El informe oficial destaca que se pasó de un índice de 19,1 por cada 10.000 nacidos a 85,3.
Los datos corresponden a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de Neonatología del Hospital Perrando de Resistencia. De 1997 a 1998 hubo un promedio de 4,9 casos por mes. De 2001 a 2002 creció a 7,5 casos. Y entre 2008 y 2009 aumentó a 16,8 casos mensuales.
Desde el Ministerio de Salud de Nación informaron que no se cuenta con estadísticas nacionales sobre el tema. Desde la Comisión investigadora, una integrante –que pidió mantener el anonimato por “las enormes presiones” que están recibiendo–, consideró que “todos los firmantes del informe tenemos mucha experiencia y antecedentes en lo que estudiamos, pero las empresas arroceras y sojeras están presionando mucho al Gobierno. No sabemos cómo terminará, hay demasiados intereses en juego”.
Dos integrantes de la Comisión confirmaron que están elaborando un segundo informe que aporta estadísticas oficiales sobre el geométrico incremento, en zonas con uso de agroquímicos, de los embarazos que no llegan a término por abortos espontáneos, el aumento de problemas reproductivos en adultos y crecimiento exponencial de cáncer de mamas. No tienen fecha definida para entregarlo a las autoridades, pero alertaron sobre la posibilidad de “intromisiones en el trabajo de la Comisión”.
El primer informe fue elevado al gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, y al Ministerio de Salud provincial el 8 de abril. La investigación oficial resalta que sólo son incluidos datos del servicio de salud pública. “Tanto en datos estadísticos de enfermedades oncológicas infantiles como en malformaciones en recién nacidos no están incluidos los registros de instituciones sanitarias privadas, en los cuales las estadísticas son similares, aspecto que las aumentaría considerablemente.”
El informe de la Comisión investigadora solicita que se tomen “medidas precautorias” en La Leonesa hasta que se realice un estudio de impacto ambiental y piden que se amplíen los análisis a otras seis localidades que estarían en las mismas condiciones: Gancedo, Napenay, Santa Sylvina, Tres Isletas, Avia Terai y Colonia Elisa.
Gualeguaychú: levantarían el corte por dos meses
Gualeguaychú: levantarían el corte durante dos meses
Fecha de Publicación: 14/06/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
Los vecinos votarán pasado mañana esa posibilidad; a cambio piden un control dentro de la planta
La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú analiza negociar con la Casa Rosada la posibilidad de levantar temporalmente el corte de ruta que impide el paso hacia la ciudad uruguaya de Fray Bentos, bajo la condición de que el Gobierno exija el control ambiental de la pastera UPM (ex Botnia) en el interior de la planta. La decisión final sobre esta iniciativa se tomará pasado mañana, en una asamblea ampliada con todos los vecinos que quieran participar.
En la asamblea, donde no todo es monocolor, no pocos están preocupados por la denuncia penal sobre 18 delitos anunciada la semana pasada por el Gobierno. Para los más duros, en cambio, la propuesta de una tregua no es ingenua: están convencidos de que Uruguay no aceptará controlar el interior de la pastera ni su salida al río.
Lo que quedó claro es que la moción de la tregua de 60 días en el corte de ruta fue la más aplaudida anoche por los más de 100 asambleístas reunidos. Pasado mañana se discutirá abiertamente esa posibilidad.
Pero ese mismo día podría votarse también una iniciativa radicalmente diferente, que es una respuesta al Gobierno: que todos los adherentes a la asamblea se imputen los 18 delitos de la causa penal anunciada por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. De esa manera, cientos o miles de vecinos podrían convertirse en acusados por defender el medio ambiente, y no sólo una decena de los dirigentes de la asamblea, como pretende el Gobierno. Según pudo saber LA NACION, quien les habría acercado esta estrategia a los asambleístas fue Romina Picolotti, ex secretaria de Ambiente del kirchnerismo.
La moción más aplaudida anoche fue presentada por el abogado Luis Leissa, quien postuló la posibilidad de ofrecer una tregua de 60 días en el corte a condición de que la Casa Rosada presione a Uruguay para conseguir el monitoreo binacional de científicos e investigadores de universidades públicas desde dentro de la planta y directamente de sus efluentes.
Hoy, los controles ambientales se realizan a varios kilómetros (entre 3 y 7) de distancia de la planta. "Uruguay no va a aceptar, lo vamos a poner en un brete, y eso nos va a relegitimar ante la sociedad", sostuvo Leissa.
En el Gobierno ayer había un clima de euforia ante la posibilidad de que se levante el corte de ruta. En Uruguay, no descartan la posibilidad de que el presidente José Mujica termine aceptando un monitoreo en el interior de la planta si con ello se levanta el corte (de lo que se informa por separado).
Sobre esta estrategia se monta otra iniciativa analizada anoche en el refugio de Arroyo Verde, el paraje donde está ubicado el corte, sobre el kilómetro 28 de la ruta internacional 136: renovar sus contactos con la sociedad de Gualeguaychú y otras organizaciones ecológicas, luego de la escasa convocatoria que tuvo el grupo en sus últimas presentaciones.
La primera señal de esa apertura se pondrá en práctica pasado mañana, cuando inviten a todos los vecinos de Gualeguaychú a participar en una asamblea ampliada. Allí se pondrá en discusión la propuesta de levantar el corte temporalmente, aunque no será la única alternativa a discutir.
También se analizará la posibilidad de autoimputarse en la causa, además de otras opciones intermedias. Entre ellas, la anunciada por Juan Veronesi, que propuso facultar a los abogados de la asamblea y a todos los miembros que posean contactos políticos para abrir canales de diálogo con los gobiernos de la Nación y la provincia de Entre Ríos, actualmente cerrados, para frenar la causa penal.
El miércoles, estos "intermediarios" presentarán sus informes para aportar más cursos de acción a la votación general.
Levantamiento unilateral
La posibilidad de levantar unilateralmente el corte también será puesta a consideración pasado mañana, aunque fuentes locales consultadas por LA NACION le restaron chances de aceptación. Por lo menos mientras no se conozca el avance real de la denuncia del Gobierno.
Sí podría prosperar la iniciativa expuesta por Jorge Fritzler, quien sin más postuló que se convoque a una votación general en la ciudad para conocer realmente con cuánto apoyo cuenta la Asamblea Ambiental. "Que todo Gualeguaychú se exprese, para poder decir que somos tres en el corte, pero apoyados por 80.000", sostuvo, para sorprender: "Y si son más los 56 [en alusión a los comerciantes que exigieron a la Justicia la liberación del corte], nos vamos".
La votación general debería alcanzarse por una vía informal, distinta del plebiscito, recurso que ya fue desestimado en otras ocasiones, ya que no puede utilizarse para legitimar una medida ilegal, como lo es el corte.
Todas esas opciones, a su vez, serán acompañadas por otros planteos intermedios, que van desde levantar el corte y permanecer al costado de la ruta o negociar condiciones con los gobiernos de Uruguay y la Argentina pero manteniendo la barrera en Arroyo Verde.
Por lo pronto, anoche se aprobó renovar las cadenas telefónicas que hasta hoy se utilizan para mantener en alerta a la población. Según admitieron los propios asambleístas, existen sectores de la sociedad de Gualeguaychú con los que se ha perdido el contacto. La medida podría acompañarse con campañas en los distintos barrios de la ciudad para acercar la actividad de la asamblea a los vecinos.
Casi como una expresión de deseo, los asambleístas decidieron que pasado mañana votarán si invitan al Gobierno a debatir públicamente sobre Botnia. Sólo hubo una propuesta denegada: mandar una nueva carta pública a la Presidenta para advertirle sobre los riesgos de la contaminación.
Fecha de Publicación: 14/06/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
Los vecinos votarán pasado mañana esa posibilidad; a cambio piden un control dentro de la planta
La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú analiza negociar con la Casa Rosada la posibilidad de levantar temporalmente el corte de ruta que impide el paso hacia la ciudad uruguaya de Fray Bentos, bajo la condición de que el Gobierno exija el control ambiental de la pastera UPM (ex Botnia) en el interior de la planta. La decisión final sobre esta iniciativa se tomará pasado mañana, en una asamblea ampliada con todos los vecinos que quieran participar.
En la asamblea, donde no todo es monocolor, no pocos están preocupados por la denuncia penal sobre 18 delitos anunciada la semana pasada por el Gobierno. Para los más duros, en cambio, la propuesta de una tregua no es ingenua: están convencidos de que Uruguay no aceptará controlar el interior de la pastera ni su salida al río.
Lo que quedó claro es que la moción de la tregua de 60 días en el corte de ruta fue la más aplaudida anoche por los más de 100 asambleístas reunidos. Pasado mañana se discutirá abiertamente esa posibilidad.
Pero ese mismo día podría votarse también una iniciativa radicalmente diferente, que es una respuesta al Gobierno: que todos los adherentes a la asamblea se imputen los 18 delitos de la causa penal anunciada por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. De esa manera, cientos o miles de vecinos podrían convertirse en acusados por defender el medio ambiente, y no sólo una decena de los dirigentes de la asamblea, como pretende el Gobierno. Según pudo saber LA NACION, quien les habría acercado esta estrategia a los asambleístas fue Romina Picolotti, ex secretaria de Ambiente del kirchnerismo.
La moción más aplaudida anoche fue presentada por el abogado Luis Leissa, quien postuló la posibilidad de ofrecer una tregua de 60 días en el corte a condición de que la Casa Rosada presione a Uruguay para conseguir el monitoreo binacional de científicos e investigadores de universidades públicas desde dentro de la planta y directamente de sus efluentes.
Hoy, los controles ambientales se realizan a varios kilómetros (entre 3 y 7) de distancia de la planta. "Uruguay no va a aceptar, lo vamos a poner en un brete, y eso nos va a relegitimar ante la sociedad", sostuvo Leissa.
En el Gobierno ayer había un clima de euforia ante la posibilidad de que se levante el corte de ruta. En Uruguay, no descartan la posibilidad de que el presidente José Mujica termine aceptando un monitoreo en el interior de la planta si con ello se levanta el corte (de lo que se informa por separado).
Sobre esta estrategia se monta otra iniciativa analizada anoche en el refugio de Arroyo Verde, el paraje donde está ubicado el corte, sobre el kilómetro 28 de la ruta internacional 136: renovar sus contactos con la sociedad de Gualeguaychú y otras organizaciones ecológicas, luego de la escasa convocatoria que tuvo el grupo en sus últimas presentaciones.
La primera señal de esa apertura se pondrá en práctica pasado mañana, cuando inviten a todos los vecinos de Gualeguaychú a participar en una asamblea ampliada. Allí se pondrá en discusión la propuesta de levantar el corte temporalmente, aunque no será la única alternativa a discutir.
También se analizará la posibilidad de autoimputarse en la causa, además de otras opciones intermedias. Entre ellas, la anunciada por Juan Veronesi, que propuso facultar a los abogados de la asamblea y a todos los miembros que posean contactos políticos para abrir canales de diálogo con los gobiernos de la Nación y la provincia de Entre Ríos, actualmente cerrados, para frenar la causa penal.
El miércoles, estos "intermediarios" presentarán sus informes para aportar más cursos de acción a la votación general.
Levantamiento unilateral
La posibilidad de levantar unilateralmente el corte también será puesta a consideración pasado mañana, aunque fuentes locales consultadas por LA NACION le restaron chances de aceptación. Por lo menos mientras no se conozca el avance real de la denuncia del Gobierno.
Sí podría prosperar la iniciativa expuesta por Jorge Fritzler, quien sin más postuló que se convoque a una votación general en la ciudad para conocer realmente con cuánto apoyo cuenta la Asamblea Ambiental. "Que todo Gualeguaychú se exprese, para poder decir que somos tres en el corte, pero apoyados por 80.000", sostuvo, para sorprender: "Y si son más los 56 [en alusión a los comerciantes que exigieron a la Justicia la liberación del corte], nos vamos".
La votación general debería alcanzarse por una vía informal, distinta del plebiscito, recurso que ya fue desestimado en otras ocasiones, ya que no puede utilizarse para legitimar una medida ilegal, como lo es el corte.
Todas esas opciones, a su vez, serán acompañadas por otros planteos intermedios, que van desde levantar el corte y permanecer al costado de la ruta o negociar condiciones con los gobiernos de Uruguay y la Argentina pero manteniendo la barrera en Arroyo Verde.
Por lo pronto, anoche se aprobó renovar las cadenas telefónicas que hasta hoy se utilizan para mantener en alerta a la población. Según admitieron los propios asambleístas, existen sectores de la sociedad de Gualeguaychú con los que se ha perdido el contacto. La medida podría acompañarse con campañas en los distintos barrios de la ciudad para acercar la actividad de la asamblea a los vecinos.
Casi como una expresión de deseo, los asambleístas decidieron que pasado mañana votarán si invitan al Gobierno a debatir públicamente sobre Botnia. Sólo hubo una propuesta denegada: mandar una nueva carta pública a la Presidenta para advertirle sobre los riesgos de la contaminación.
PN demandará por daño a una petrolera
Parques Nacionales demandará por daño ambiental a una petrolera
Fecha de Publicación: 14/06/2010
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Lo aseguró el intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Juan Salguero, quien sostuvo que el juicio es porque una de las empresas que trabajaba en las tareas de remediación se retiró en forma unilateral.
“La empresa que produjo el accidente estaba asegurada y como parte del seguro estaba la reparación del daño”, dijo.
El intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi (PNNH), Juan Salguero, afirmó que promoverán una demanda contra la empresa Petrolera Argentina y un transportista, porque no están satisfechos con las tareas de remediación que se realizaron tras el derrame de unos 32.000 litros de combustible en un sector de la costa del lago Nahuel Huapi.
Explicó que “la empresa que produjo el accidente estaba asegurada y como parte del seguro estaba la reparación del daño ecológico causado por el derrame”.
Indicó que estaban trabajando dos empresas. Una se dedicaba a recoger el combustible del agua, “que está trabajando muy bien, pero es un trabajo lento, lleva no menos de seis meses y le faltó tiempo. Y otra empresa que unilateralmente dio por terminado los trabajos”.
Salguero afirmó que “nuestros técnicos dicen que (el trabajo) no está bien hecho, pero que todavía falta por lo menos un 20 por ciento" para llegar a lo que asegura la empresa.
El incidente ocurrió la mañana del 22 de julio de 2009, a la altura del kilómetro 25 de la Ruta Nacional 231, cuando un camión cargado con unos 34.000 litros de combustible, que se dirigía a la central térmica del EPEN en Villa La Angostura, volcó.
El acoplado quedó sobre el asfalto y derramó parte de la carga. Mientras que la cabina y el tanque quedaron semisumergidos en la costa del lago, donde vertieron miles de litros de combustible. Fue el derrame más importante que Parques tenga registrado.
“La empresa dice que completó un 80 por ciento, nosotros decimos que menos. Por lo tanto, en este momento, estamos evaluando el costo económico del daño ecológico que se produjo para hacerle cargo a la empresa a través de un juicio”, dijo Salguero.
Señaló que “nuestro juicio se lo hacemos a la petrolera, al no estar satisfechos con las reparaciones que hicieron, que son incompletas, y la empresa se retiró unilateralmente”.
Daño
Aseguró que “le comunicamos que no estábamos satisfechos; por lo tanto, ahora vamos a accionar judicialmente. Para eso necesitamos saber exactamente el daño ecológico que se produjo y hay que cuantificarlo”.
Dijo que el expediente “ya lo sacamos de la intendencia y lo pasamos al área técnica regional para que nos puedan evaluar el daño y nos sugieran un monto para salir a reclamarle a la empresa”.
Sostuvo que “el 5 de junio de este año nos comunicaron que se retiraban y nosotros estamos en desacuerdo. Ellos dicen que cumplieron, nosotros decimos que no. Sí cumplieron una parte importante, pero no terminaron de reparar a satisfacción de Parques”. “El compromiso era restaurar todo hasta el final”, aseveró.
El abogado de la intendencia del PNNH, Jorge Olguín, explicó que le pidieron a la delegación regional Patagonia -órgano técnico que evalúa el daño ambiental- que estime el cargo por daño ecológico producido.
Dijo que el expediente salió la semana pasada hacia ese organismo “y una vez que tengamos eso, valuaremos económicamente el daño y vamos a accionar contra la empresa”.
Olguín comentó que el expediente tiene mil fojas. Y señaló que se trata de un juicio ejecutivo a la empresa petrolera, el transportista y tal vez la aseguradora.
Mediciones
El biólogo de la división Manejo de Recursos de la intendencia del PNNH, Carlos Duprez, informó que en las mediciones propias y de la empresa que se hicieron en el lugar, como parte del plan de remediación, “no detectamos grandes impactos”.
“Nunca vimos peces muertos, aves muertas. En el agua nunca hubo nada que los ojos pudiesen detectar. Sí hay o hubo en la costa olor y petróleo amontonado o fuel oil sobre las rocas, pero que eso haya producido algo notorio en el agua no lo vi”, comentó Duprez.
Indicó que sobre el terraplén, donde cayó el camión, hubo algunas plantas muertas, principalmente pinos chicos.
Además, señaló que “la empresa unilateralmente” dijo que había cumplido en un 80 por ciento con la remediación y “para nosotros no está cumplido. Ni siquiera el 80 por ciento, y aunque lo estuviera no es razón como para ser tan rápida y fácilmente abandono del lugar, porque justo ahora viene la época de lluvias y hay más movimiento hídrico y puede removilizarse el combustible que esté en el terraplén contenido”.
“No nos olvidemos que el camión llevaba 34.000 litros de combustible”, recordó. “Con toda la furia, se recuperaron, dicen, de 10 a 12 mil litros que no estoy del todo seguro de que se haya recuperado ese volumen. Pero si se recuperaron 10 mil litros, 22 mil quedaron en algún lado”, advirtió.
También sostuvo que mientras la empresa indica que el 80% de esos 22 mil litros “ya se degradó, para nosotros no es así. Hay mucho combustible aún en el suelo embebido y que se puede removilizar con las lluvias”.
Fecha de Publicación: 14/06/2010
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Lo aseguró el intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Juan Salguero, quien sostuvo que el juicio es porque una de las empresas que trabajaba en las tareas de remediación se retiró en forma unilateral.
“La empresa que produjo el accidente estaba asegurada y como parte del seguro estaba la reparación del daño”, dijo.
El intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi (PNNH), Juan Salguero, afirmó que promoverán una demanda contra la empresa Petrolera Argentina y un transportista, porque no están satisfechos con las tareas de remediación que se realizaron tras el derrame de unos 32.000 litros de combustible en un sector de la costa del lago Nahuel Huapi.
Explicó que “la empresa que produjo el accidente estaba asegurada y como parte del seguro estaba la reparación del daño ecológico causado por el derrame”.
Indicó que estaban trabajando dos empresas. Una se dedicaba a recoger el combustible del agua, “que está trabajando muy bien, pero es un trabajo lento, lleva no menos de seis meses y le faltó tiempo. Y otra empresa que unilateralmente dio por terminado los trabajos”.
Salguero afirmó que “nuestros técnicos dicen que (el trabajo) no está bien hecho, pero que todavía falta por lo menos un 20 por ciento" para llegar a lo que asegura la empresa.
El incidente ocurrió la mañana del 22 de julio de 2009, a la altura del kilómetro 25 de la Ruta Nacional 231, cuando un camión cargado con unos 34.000 litros de combustible, que se dirigía a la central térmica del EPEN en Villa La Angostura, volcó.
El acoplado quedó sobre el asfalto y derramó parte de la carga. Mientras que la cabina y el tanque quedaron semisumergidos en la costa del lago, donde vertieron miles de litros de combustible. Fue el derrame más importante que Parques tenga registrado.
“La empresa dice que completó un 80 por ciento, nosotros decimos que menos. Por lo tanto, en este momento, estamos evaluando el costo económico del daño ecológico que se produjo para hacerle cargo a la empresa a través de un juicio”, dijo Salguero.
Señaló que “nuestro juicio se lo hacemos a la petrolera, al no estar satisfechos con las reparaciones que hicieron, que son incompletas, y la empresa se retiró unilateralmente”.
Daño
Aseguró que “le comunicamos que no estábamos satisfechos; por lo tanto, ahora vamos a accionar judicialmente. Para eso necesitamos saber exactamente el daño ecológico que se produjo y hay que cuantificarlo”.
Dijo que el expediente “ya lo sacamos de la intendencia y lo pasamos al área técnica regional para que nos puedan evaluar el daño y nos sugieran un monto para salir a reclamarle a la empresa”.
Sostuvo que “el 5 de junio de este año nos comunicaron que se retiraban y nosotros estamos en desacuerdo. Ellos dicen que cumplieron, nosotros decimos que no. Sí cumplieron una parte importante, pero no terminaron de reparar a satisfacción de Parques”. “El compromiso era restaurar todo hasta el final”, aseveró.
El abogado de la intendencia del PNNH, Jorge Olguín, explicó que le pidieron a la delegación regional Patagonia -órgano técnico que evalúa el daño ambiental- que estime el cargo por daño ecológico producido.
Dijo que el expediente salió la semana pasada hacia ese organismo “y una vez que tengamos eso, valuaremos económicamente el daño y vamos a accionar contra la empresa”.
Olguín comentó que el expediente tiene mil fojas. Y señaló que se trata de un juicio ejecutivo a la empresa petrolera, el transportista y tal vez la aseguradora.
Mediciones
El biólogo de la división Manejo de Recursos de la intendencia del PNNH, Carlos Duprez, informó que en las mediciones propias y de la empresa que se hicieron en el lugar, como parte del plan de remediación, “no detectamos grandes impactos”.
“Nunca vimos peces muertos, aves muertas. En el agua nunca hubo nada que los ojos pudiesen detectar. Sí hay o hubo en la costa olor y petróleo amontonado o fuel oil sobre las rocas, pero que eso haya producido algo notorio en el agua no lo vi”, comentó Duprez.
Indicó que sobre el terraplén, donde cayó el camión, hubo algunas plantas muertas, principalmente pinos chicos.
Además, señaló que “la empresa unilateralmente” dijo que había cumplido en un 80 por ciento con la remediación y “para nosotros no está cumplido. Ni siquiera el 80 por ciento, y aunque lo estuviera no es razón como para ser tan rápida y fácilmente abandono del lugar, porque justo ahora viene la época de lluvias y hay más movimiento hídrico y puede removilizarse el combustible que esté en el terraplén contenido”.
“No nos olvidemos que el camión llevaba 34.000 litros de combustible”, recordó. “Con toda la furia, se recuperaron, dicen, de 10 a 12 mil litros que no estoy del todo seguro de que se haya recuperado ese volumen. Pero si se recuperaron 10 mil litros, 22 mil quedaron en algún lado”, advirtió.
También sostuvo que mientras la empresa indica que el 80% de esos 22 mil litros “ya se degradó, para nosotros no es así. Hay mucho combustible aún en el suelo embebido y que se puede removilizar con las lluvias”.
El país volverá a enriquecer uranio
El país volverá a enriquecer uranio
Fecha de Publicación: 13/06/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) reanudó las actividades en el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu para enriquecer uranio al 4% a partir de 2011, con el objetivo estratégico de ingresar en el selecto grupo de países que cuentan con la capacidad tecnológica para desarrollar el elemento combustible de reactores de investigación y potencia.
La planta está ubicada 40 kilómetros al sudeste de Bariloche, en cercanías del río Pichileufú, y cuenta con una estructura cubierta de 30.000 m2, donde décadas atrás se desarrolló un prototipo para el enriquecimiento de uranio a través de un proceso de difusión gaseosa, que fue cerrado en 1996.
Diez años después, con el lanzamiento del Plan Nuclear, el gobierno nacional incorporó como parte de su estrategia geopolítica la reanudación del enriquecimiento de uranio a escasos niveles, avalados por el acuerdo de no proliferación, y se inició en 2007 el reacondicionamiento del Complejo Tecnológico Pilcaniyeu.
Actualmente, se incorporó un plantel de 115 personas que iniciaron la revisión total de infraestructura del complejo, el mejoramiento de las condiciones operativas con un especial interés en las medidas de seguridad que serán controladas y autorizadas por la Autoridad Regulatoria Nuclear y la Organización Internacional de Energía Atómica para la efectiva puesta en funcionamiento del proceso.
Edgardo Isnardi, gerente del complejo Pilcaniyeu, precisó a LA NACION: "Se pondrá en marcha una instalación pequeña denominada módulo [mock up], que no sirve para producir en gran escala; sirve para demostrar que enriquece, que tenemos la tecnología y un equipo preparado".
Consideró también: "La pérdida más grande de los últimos 12 años fue en recursos humanos. Hay una generación y media de científicos que no tenemos", por lo cual se requirió una fuerte apuesta a la contratación de investigadores.
Se espera que en septiembre de 2011 el mock up esté operativo con 20 difusores, aunque aún no se utilizará uranio; en el corto plazo, la planta permitirá el abastecimiento del elemento combustible para los reactores de investigación y potencia del país, que actualmente recurren a la importación de uranio enriquecido, provista por los países más desarrollados en materia nuclear.
La inversión inicial para esta primera etapa de la reactivación de la capacidad de enriquecimiento demandará 60 millones de pesos, mientras que permanece inconclusa la obra del complejo que fue construido sólo en un 35% de su proyección original.
El responsable del complejo enfatizó que la planta se pondrá en funcionamiento bajo estrictos controles de seguridad y cuidado del medio ambiente, en respuesta a los cuestionamientos de vecinos de la localidad de Pilcaniyeu (situada a 23 kilómetros del complejo), que ponían en duda los efectos de la actividad sobre el curso del río Pichileufú.
Fecha de Publicación: 13/06/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) reanudó las actividades en el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu para enriquecer uranio al 4% a partir de 2011, con el objetivo estratégico de ingresar en el selecto grupo de países que cuentan con la capacidad tecnológica para desarrollar el elemento combustible de reactores de investigación y potencia.
La planta está ubicada 40 kilómetros al sudeste de Bariloche, en cercanías del río Pichileufú, y cuenta con una estructura cubierta de 30.000 m2, donde décadas atrás se desarrolló un prototipo para el enriquecimiento de uranio a través de un proceso de difusión gaseosa, que fue cerrado en 1996.
Diez años después, con el lanzamiento del Plan Nuclear, el gobierno nacional incorporó como parte de su estrategia geopolítica la reanudación del enriquecimiento de uranio a escasos niveles, avalados por el acuerdo de no proliferación, y se inició en 2007 el reacondicionamiento del Complejo Tecnológico Pilcaniyeu.
Actualmente, se incorporó un plantel de 115 personas que iniciaron la revisión total de infraestructura del complejo, el mejoramiento de las condiciones operativas con un especial interés en las medidas de seguridad que serán controladas y autorizadas por la Autoridad Regulatoria Nuclear y la Organización Internacional de Energía Atómica para la efectiva puesta en funcionamiento del proceso.
Edgardo Isnardi, gerente del complejo Pilcaniyeu, precisó a LA NACION: "Se pondrá en marcha una instalación pequeña denominada módulo [mock up], que no sirve para producir en gran escala; sirve para demostrar que enriquece, que tenemos la tecnología y un equipo preparado".
Consideró también: "La pérdida más grande de los últimos 12 años fue en recursos humanos. Hay una generación y media de científicos que no tenemos", por lo cual se requirió una fuerte apuesta a la contratación de investigadores.
Se espera que en septiembre de 2011 el mock up esté operativo con 20 difusores, aunque aún no se utilizará uranio; en el corto plazo, la planta permitirá el abastecimiento del elemento combustible para los reactores de investigación y potencia del país, que actualmente recurren a la importación de uranio enriquecido, provista por los países más desarrollados en materia nuclear.
La inversión inicial para esta primera etapa de la reactivación de la capacidad de enriquecimiento demandará 60 millones de pesos, mientras que permanece inconclusa la obra del complejo que fue construido sólo en un 35% de su proyección original.
El responsable del complejo enfatizó que la planta se pondrá en funcionamiento bajo estrictos controles de seguridad y cuidado del medio ambiente, en respuesta a los cuestionamientos de vecinos de la localidad de Pilcaniyeu (situada a 23 kilómetros del complejo), que ponían en duda los efectos de la actividad sobre el curso del río Pichileufú.
Gobierno acelera la causa por el corte
El Gobierno acelera la causa por el corte
Fecha de Publicación: 12/06/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
Pretende que se cite a declarar y se procese a 10 asambleístas de Gualeguaychú; utilizó una ley de Onganía para fundamentar la denuncia
Tras reuniones de urgencia en medio de fuerte hermetismo, el gobierno de Cristina Kirchner firmó ayer el decreto 828/10, por el cual habilitó al procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha, a presentarse como querellante en la denuncia penal y civil que el Estado formuló el miércoles pasado contra diez asambleístas de Gualeguaychú, por el corte de la ruta 136 y del puente que une esa ciudad con Fray Bentos, en Uruguay.
Según pudo saber ayer LA NACION de altas fuentes oficiales, el Gobierno aspira ahora a que el juez federal subrogante de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, comience a citar y a procesar a los imputados lo más rápido posible, porque de ese modo -creen en la Casa Rosada- se acelerará el levantamiento del bloqueo que solucione el prolongado conflicto con Uruguay.
Ese corte, que lleva más de tres años y medio, se originó en el conflicto por la instalación de la ex pastera Botnia, ahora UPM.
La querella de Da Rocha por 18 delitos fue presentada luego de que el Gobierno se negó a desalojar la ruta -por temor a que se produjera una cruenta represión-, tal como lo estableció Pimentel en un fallo del martes último que ordenaba garantizar el libre tránsito. Ante la denuncia oficial, el juez solicitó ayer un decreto común de la Presidenta para habilitar al Estado como querellante.
La norma fue firmada así por la Presidenta y por el ministro de Justicia, Julio Alak, y enviada anoche por el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, al Boletín Oficial, donde se publicará pasado mañana. Da Rocha envió al mismo tiempo el decreto al juzgado federal para que Pimentel pueda activar las citaciones y las medidas de prueba.
La firma del decreto se decidió tras febriles reuniones entre la Presidenta, Zannini, Alak y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
Según dijeron a LA NACION dos ministros, el Poder Ejecutivo interpretaba que no era necesario el decreto, sino sólo "una formalidad". Entendía que era suficiente la querella de Da Rocha, que "como procurador representa a la Presidenta". Sin embargo, se resolvió acceder al pedido de Pimentel, que buscaría así darles solidez a sus actuaciones.
"Es una cuestión interpretativa, pero se resolvió firmarlo para darle celeridad al proceso", confió a este diario una alta fuente oficial. En la Casa Rosada se mantuvo el hermetismo acerca de la identidad de los imputados, para que no se entorpeciera la labor del juez. "Son diez los imputados", ratificó un ministro.
Onganía
El decreto 828, firmado con fecha de anteayer, 10 de junio de 2010, tiene un solo artículo: "Ratificase la presentación efectuada por el señor Procurador del Tesoro de la Nación como parte querellante en la causa número 57.839".
Entre sus fundamentos, invoca el artículo 4 de la ley 17.516, de octubre de 1967, de Juan Carlos Onganía y Guillermo Borda, que, señaló, "establece que el Estado podrá asumir el carácter de querellante cuando se cometan delitos contra la seguridad de la Nación, los poderes públicos, el orden constitucional y en los casos de delitos contra la seguridad y la tranquilidad pública".
Dice además que "corresponde garantizar el normal ejercicio de los derechos constitucionales de transitar, entrar y salir libremente por y del territorio nacional, trabajar y comerciar". Los delitos que se denuncian, agrega, son "homicidio culposo, privaciones de la libertad, amenazas calificadas, extorsión, instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del delito". En la querella sumaba otros, como daños a bienes públicos, atentado contra la vida democrática, sedición y resistencia a la autoridad.
La demanda por homicidio culposo se refiere a la muerte de Walter Maulucci, un joven de 33 años que falleció al chocar con su moto contra un acoplado cruzado sobre la ruta 136, en abril de 2009.
Por la mañana, Alak instó a la asamblea a que "reflexione rápidamente" y levante el corte, ya que "la cuestión está terminada jurídicamente". Y afirmó que el corte del puente "está generando la imposibilidad del control ambiental". Señaló que Uruguay pide el fin del bloqueo a cambio de la conformación de una comisión de científicos de ambos países.
En tanto, el presidente de Uruguay, José Mujica, señaló ayer que "esperará sentado", pero confiado en una solución al bloqueo (ver Pág. 7).
En declaraciones a Radio Del Plata, Alak le restó importancia al decreto que firmaría más tarde. "Es un trámite formal, insustancial", dijo el ministro.
"La pretensión del Estado es que el juez cite a los que lideran el bloqueo", señaló Alak. "La ley -añadió- es más fuerte que cualquier represión."
En Gualeguaychú ya hablan de "escraches" y de traidores
Los asambleístas apuntan contra los vecinos y comerciantes que se quejaban del corte
A dos metros de la barrera que corta el paso hacia Fray Bentos, un perro y una pata se disputan la comida que un jubilado les acaba de arrojar. Gana el perro, y eso parece ser lo único que distrae a los otros dos asambleístas, también jubilados, que contemplan la escena. Salvo por otro hombre mayor que mira televisión a pocos metros de allí, nadie más vigila el corte en Arroyo Verde.
La Presidenta acaba de firmar el decreto que faculta al procurador general del Tesoro, Joaquín da Rocha, a presentarse como querellante en la causa del corte de ruta.
La Gendarmería podría notificar en cualquier momento la orden previa del juez de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, de liberar el bloqueo e identificar a sus responsables. Aparentemente, nada de eso importa en Gualeguaychú. Pero sólo aparentemente.
"Estamos cumpliendo nuestro turno de siempre y mañana (por hoy) vienen los del sábado, como siempre", explica con naturalidad la jubilada encargada de levantar la barrera para los camiones y vehículos de los productores que quedaron encerrados entre el puente General San Martín y el corte de la ruta internacional 136. Que la Gendarmería, que el decreto presidencial, nada la preocupa, sostiene.
A contramano de la calma de los militantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, que desde 2003 lucha contra la instalacición y el funcionamiento de la pastera UPM (ex Botnia), sus dirigentes miran con atención lo que sucede en el juzgado de Pimentel. "Hay una tensión que por el momento está larvada, aunque un sector de los vecinos, que son los más mediáticos, no dimensione el proceso", explica uno de los referentes.
De hecho, el grupo ya intentó interiorizarse en la causa que se maneja en los tribunales de Concepción del Uruguay, para conocer quiénes son los acusados de 18 delitos penales por parte del Gobierno.
"Fuimos, pero es como disparar en la oscuridad. Hasta que no haya imputados, no vamos a poder hacer una presentación espontánea", completa el dirigente, que no oculta su ansiedad por conocer los "nombres y apellidos" a los que se refirió el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, cuando el miércoles anunció la querella.
Mientras eso no suceda, tampoco podrán elaborar una defensa caso por caso, aunque sí el planteo colectivo que anticipó LA NACION: acusar de "partícipes necesarios" de los 18 delitos penales a los funcionarios kirchneristas que, en su momento, apoyaron la permanencia de la barrera de Arroyo Verde.
El actual jefe de Gabinete es uno de los funcionarios más mencionados entre los asambleístas, en razón de su paso por los ministerios de Justicia y del Interior.
El propio juez Pimentel recordó que otros fallos anteriores destinados a liberar el cruce no fueron ejecutados por el Gobierno. Para los asambleístas, tanto la Gendarmería como el Ministerio Público Fiscal, que estuvieron bajo órbita de Fernández, fueron quienes no aplicaron esos fallos.
"Paladines de la ecología"
"Fuimos paladines de la ecología para este gobierno, que ahora nos tira por la cabeza el Código Penal", resume un asambleísta. Y recuerda que el ex presidente Néstor Kirchner llevó a sus ministros y convocó a 17 gobernadores al corsódromo de Gualeguaychú, en mayo de 2006, para apoyar la "causa nacional" contra las pasteras.
"Esta es una cuestión ambiental que atañe a los pueblos uruguayo y argentino y que la República Argentina asume como un problema propio", subrayó Kirchner en aquella oportunidad. "Tenemos razón. El derecho está de nuestro lado", concluyó.
No es la única preocupación latente en Gualeguaychú. En los últimos días se multiplicaron las voces que proponen organizar "escraches" a los vecinos y comerciantes que exigieron ante Pimentel que se levante el bloqueo. "Cuesta hacer un llamado a la prudencia, porque algunos no tienen esa templanza", analizó uno de los abogados de la asamblea.
"Traidor" es una palabra que hoy se repite en esta ciudad, tanto para referirse al kirchnerismo como a los vecinos contra el corte. Entre estos últimos también se han extremado las posiciones, al punto que algunos ahora niegan la contaminación de UPM (como sostenían antes) o consideran "maravillosa" la denuncia penal del Gobierno.
Sólo los dirigentes de este grupo vuelven a pedir cordura e insisten en que el problema sigue siendo Botnia, aunque no compartan la decisión de mantener el corte. "Si la protesta hubiera significado el desmantelamiento de Botnia, habría valido la pena la pérdida de ingresos y de trabajo para 200 familias. Pero hoy Botnia sigue a pesar del corte y sin el apoyo de los fraybentinos nada vamos a conseguir", dijo un empresario.
En algo coinciden los referentes de los dos grupos: no quieren que se registren sus identidades, para no engrosar las listas con "nombre y apellido" del Gobierno, como tampoco la temida nómina de "traidores"
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Los asambleístas afirmaron que el corte de ruta "no es un capricho"
Fecha de Publicación: 12/06/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Entre Ríos
El asambleísta Juan Ferrari, uno de los denunciados por el Gobierno nacional por encabezar el corte del puente Gualeguaychú-Fray Bentos, sostuvo que el bloqueo se hace para que las autoridades "se hagan cargo" por el funcionamiento de la planta de Botnia.
Ferrari consideró que "es muy injusto que haya tenido que salir un pueblo en defensa (del medio ambiente) de lo que tenía que haber hecho un gobierno". "Esto no es un capricho de Gualeguaychú de mantener la ruta cortada. Es un medida de fuerza que tiene una dirección: que es que el gobierno se haga cargo", apuntó el asambleísta en diálogo con radio América.
De esta manera, Ferrari le contestó al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien la semana pasada afirmó que "la Justicia va a tener que tomar cartas en el asunto" frente a las denuncias penales y civiles que presentó el Gobierno contra quienes bloquean el tránsito en el puente desde hace más de tres años. Fernández advirtió que lo que hacen los asambleístas "no es una protesta, sino un capricho".
Ferrari aclaró que toda "decisión" de los vecinos de Gualeguaychú que apoyan el bloque del corte, está a cargo "de la Asamblea".
El ordenamiento territorial en Tucumán
El ordenamiento territorial permitirá salvar el bosque nativo
Fecha de Publicación: 11/06/2010
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Las autoridades locales buscan encuadrar en la normativa nacional de régimen forestal, para obtener los presupuestos.
Tucumán está atravesando un momento histórico en términos de ordenamiento territorial. Esto representa una oportunidad única para que los distintos actores de la sociedad se reúnan en una mesa de diálogo y busquen consensos sobre cómo quieren que sea el escenario futuro de los tucumanos, afirmaron técnicos de la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, responsables de llevar adelante el proyecto.
Si bien la Ley 26.331 de presupuestos mínimos se refiere a la masa boscosa, la visión ecosistema del bosque, como un conjunto indisoluble de diversos factores (suelo, agua, aire, fauna, flora etc.) conlleva a que de dicho ordenamiento se induzca el modelo de uso de suelo del territorio, explicaron los especialistas.
Una visión sobre los planes aprobados en otras provincias (Chaco, Santiago del Estero y Salta, entre otras) permite vislumbrar que a través de esta ley se zonifica (en tres grados de protección: rojo, amarillo y verde) más del 70% u 80% del la superficie total de una provincia.
Apuntaron que esta ley es innovadora y resaltaron los siguientes: -el ordenamiento se realiza mediante un proceso de participación público, amplio y abarcativo, en donde dialogan ONGs, centros universitarios, profesionales, funcionarios y público en general.
Otro aspecto es el concepto de sustentabilidad, que obliga a compatibilizar la conservación con la producción, y romper con antiguos antagonismos. También destacan la obligatoriedad de actualizar y modificar la ley en el transcurso del tiempo para transformarla en una ley dinámica, cuyos cambios tengan de base la experiencia y los hechos. En definitiva, una ley abierta y perfectible, como lo son los ecosistemas, apuntaron los técnicos.
Oportunidades
Tucumán no posee una tradición forestal arraigada. Los cambios a nivel región y que se extienden en el país abren un abanico de oportunidades para diversificar la actividad económica a mediano y largo plazo, ya que la tendencia de un cambio ya instalado en el país es irreversible y muestra de ello es el acercamiento entre la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el ministerio de Agricultura de la Nación para desarrollar una política forestal sostenible.
Respecto de la ley 26.331 de Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, la Nación se responsabiliza de dictar los presupuestos mínimos de protección y las provincias de complementarlas. Para ello se necesita un ordenamiento del territorio respecto de masas boscosas de especies nativas. El objetivo es enriquecer, restaurar, conservar, aprovechar y manejar en forma sostenible los bosques nativos y sus servicios ambientales.
Por ello, el Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucumán invitó a participar de la audiencia pública para tratar el avance de ese ordenamiento territorial, que se realizará el lunes a las 8 en el Centro Cultural J.B. Terán (Marco Avellaneda 230). Los interesados pueden inscribirse en Córdoba 1039, planta baja, de 8 a 13 y de 17 a 20.
Fecha de Publicación: 11/06/2010
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Las autoridades locales buscan encuadrar en la normativa nacional de régimen forestal, para obtener los presupuestos.
Tucumán está atravesando un momento histórico en términos de ordenamiento territorial. Esto representa una oportunidad única para que los distintos actores de la sociedad se reúnan en una mesa de diálogo y busquen consensos sobre cómo quieren que sea el escenario futuro de los tucumanos, afirmaron técnicos de la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, responsables de llevar adelante el proyecto.
Si bien la Ley 26.331 de presupuestos mínimos se refiere a la masa boscosa, la visión ecosistema del bosque, como un conjunto indisoluble de diversos factores (suelo, agua, aire, fauna, flora etc.) conlleva a que de dicho ordenamiento se induzca el modelo de uso de suelo del territorio, explicaron los especialistas.
Una visión sobre los planes aprobados en otras provincias (Chaco, Santiago del Estero y Salta, entre otras) permite vislumbrar que a través de esta ley se zonifica (en tres grados de protección: rojo, amarillo y verde) más del 70% u 80% del la superficie total de una provincia.
Apuntaron que esta ley es innovadora y resaltaron los siguientes: -el ordenamiento se realiza mediante un proceso de participación público, amplio y abarcativo, en donde dialogan ONGs, centros universitarios, profesionales, funcionarios y público en general.
Otro aspecto es el concepto de sustentabilidad, que obliga a compatibilizar la conservación con la producción, y romper con antiguos antagonismos. También destacan la obligatoriedad de actualizar y modificar la ley en el transcurso del tiempo para transformarla en una ley dinámica, cuyos cambios tengan de base la experiencia y los hechos. En definitiva, una ley abierta y perfectible, como lo son los ecosistemas, apuntaron los técnicos.
Oportunidades
Tucumán no posee una tradición forestal arraigada. Los cambios a nivel región y que se extienden en el país abren un abanico de oportunidades para diversificar la actividad económica a mediano y largo plazo, ya que la tendencia de un cambio ya instalado en el país es irreversible y muestra de ello es el acercamiento entre la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el ministerio de Agricultura de la Nación para desarrollar una política forestal sostenible.
Respecto de la ley 26.331 de Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, la Nación se responsabiliza de dictar los presupuestos mínimos de protección y las provincias de complementarlas. Para ello se necesita un ordenamiento del territorio respecto de masas boscosas de especies nativas. El objetivo es enriquecer, restaurar, conservar, aprovechar y manejar en forma sostenible los bosques nativos y sus servicios ambientales.
Por ello, el Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucumán invitó a participar de la audiencia pública para tratar el avance de ese ordenamiento territorial, que se realizará el lunes a las 8 en el Centro Cultural J.B. Terán (Marco Avellaneda 230). Los interesados pueden inscribirse en Córdoba 1039, planta baja, de 8 a 13 y de 17 a 20.
Etiquetas:
bosques nativos,
Desmontes,
ecosistemas,
legislación y derecho ambiental,
Tucumán
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