Fauna nativa en riesgo: la mercantilización de la vida silvestre no es desarrollo

Fecha de Publicación: 18/07/2025
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro 


La reciente ley que habilita la cría y comercialización de fauna nativa en Río Negro representa un grave retroceso en soberanía y protección ambiental. Es urgente defender la biodiversidad y los derechos de las comunidades frente a este avance extractivista. 
La Legislatura de Río Negro aprobó una nueva Ley de Fauna que, lejos de ser un avance, representa un serio retroceso en materia ambiental y de soberanía sobre nuestros bienes comunes. La norma habilita la cría, comercialización y exportación de fauna nativa -incluyendo material genético- con fines comerciales. Y lo hace en un contexto de desguace institucional, debilitando los controles provinciales y desprotegiendo tanto la biodiversidad como los territorios de nuestras comunidades indígenas y rurales. 
El desmantelamiento del cuerpo de guardafaunas es un hecho alarmante. Cinco agentes y tres vehículos para custodiar más de 200.000 km2 no es un sistema de fiscalización, es una ficción. Es una puerta abierta al tráfico ilegal, a la caza furtiva y al deterioro irreversible de especies únicas de nuestro ecosistema. No estamos hablando sólo de animales: estamos hablando de equilibrio ecológico, de soberanía, de identidad y de futuro. 
Esta ley, impulsada por el Ejecutivo provincial y defendida por sectores oficialistas, no fue discutida con la profundidad que amerita. No convocó a las Universidades Nacionales, ni al CONICET, ni a las comunidades mapuche-tehuelche cuyos territorios se verán directamente afectados. ¿Cómo hablar de sustentabilidad si se excluye a quienes cuidan y habitan esos ecosistemas desde hace siglos? 
Además, al borrar los límites entre criaderos de especies nativas y cotos de caza exótica -como el habilitado por capitales de Emiratos Árabes Unidos en el Alto Chubut- la ley avanza sobre una zona gris muy peligrosa. El riesgo de convertir la Patagonia en un territorio de laboratorio y de lucro para intereses ajenos a nuestras comunidades es real. 
Sabemos que el país y la provincia atraviesan momentos difíciles. Pero el ajuste no puede hacerse sobre el patrimonio natural ni sobre los derechos colectivos. Privatizar la naturaleza no es un camino de desarrollo: es una forma encubierta de extractivismo, que termina beneficiando a unos pocos y empobreciendo a las mayorías. 
Como Senadora de la Nación, voy a seguir visibilizando este tipo de retrocesos. Porque no hay justicia social sin justicia ambiental. Y porque defender la fauna nativa es también defender nuestra historia, nuestra diversidad y la posibilidad de un futuro vivible para todos y todas. 

Por García Larraburu 

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Adiós fauna silvestre: Río Negro abre la temporada de caza

Fecha de Publicación: 18/07/2025
Fuente: Portal CanalAbierto
Provincia/Región: Río Negro 


La legislatura rionegrina aprobó una nueva ley de ¿protección? de la fauna autóctona con un trámite exprés sin consulta ni participación de la comunidad. La norma transgrede la Ley General del Ambiente y el Tratado de Escazú y pone a muchas especies a tiro de los cazadores.
“Esta ley abre de hecho la caza indiscriminada del guanaco, del choique y otras especies autóctonas porque ya no las considera caza furtiva”, sostiene en diálogo con Canal Abierto la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, respecto a la reciente sanción de una nueva ley de “des”protección de la fauna silvestre, impulsada por el gobernador Weretilneck. 
La mayoría automática de Juntos Somos Río Negro (JSRN) en la Legislatura provincial aprobó con un trámite exprés la nueva norma que según el relato oficialista tiene el objetivo de establecer un marco legal actualizado para conservar la biodiversidad y regular las actividades vinculadas al manejo de especies, como la caza y la cría en cautiverio.
La norma, cuyo texto definitivo aún no ha sido publicado, viene a reemplazar la Ley 2056 de 1985 que declaró de interés público a la fauna silvestre, creó el Fondo Provincial para la Fauna Silvestre y el Cuerpo de Guardafaunas Provincial. A su vez, la legislación sancionada en la primavera democrática post dictatorial, definía como autoridad de aplicación a la Dirección de Fauna, dependiente del Ministerio de Recursos Naturales. Desde hace más de un año, la subsecretaría de Fauna Silvestre pasó a la órbita del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, señalando el cambio de paradigma que en la nueva ley se plasma plenamente.
Desde la oposición, Odarda (Vamos con Todos), ex senadora nacional, sostuvo en el debate que la nueva ley “entiende a la fauna como objeto de explotación económica” y argumentó que “es menos protectora” que la norma que deroga lo que implica un retroceso. Obviamente, votó en contra y criticó el cambio de enfoque.  
Por su parte, el legislador Gustavo San Román de la bancada de JSRN, miembro informante, destacó que la ley define y clasifica a las especies silvestres según su estado de conservación -desde amenazadas hasta aptas para aprovechamiento sustentable- y establece procedimientos específicos para la introducción, extracción y liberación de ejemplares, así como también crea categorías claras para la cría y manejo en cautiverio.
Agregó que “se regulan con precisión las actividades de caza (denominadas “cinegéticas”), tanto deportivas como comerciales, científicas o de control poblacional, siempre bajo criterios de sostenibilidad y bienestar animal. También, se contemplan permisos especiales para casos de subsistencia en sectores vulnerables”, sostuvo en la sesión.

Objeción al tratamiento de la ley 
“Esta ley no tuvo el trámite reglamentario correspondiente”, señala Odarda. “Acá en Río Negro, un proyecto de ley se trata dos veces, en primera y segunda vuelta. Como tenemos una legislatura unicameral -no hay cámara de diputados y senadores-, los proyectos de ley primero se aprueban y luego hay un plazo para que la ciudadanía pueda opinar y hacer aportes. Después, vuelve a ser tratado en sesión legislativa y se sanciona en caso de que haya consenso o por mayoría”. 
En este caso se usó una excepción, el Ejecutivo puede presentar iniciativas con un acuerdo de ministros, que se tratan una sola vez y, ese mismo día, se convierten en ley.
De esta forma, “se limita la participación ciudadana porque no se le da la posibilidad a las organizaciones y a los ciudadanos de conocer y opinar respecto de la ley”, advierte la legisladora. “Este proyecto entró el lunes, un día antes de las comisiones, y el jueves se aprobó. No hubo tiempo de que las organizaciones proteccionistas, animalistas, ambientalistas, incluso los propios guardafaunas, que fueron los más perjudicados, se enteraran y pudieran participar”.

De la mano de Milei
En abril, poco antes del tratamiento exprés de esta ley, el Gobierno nacional autorizó la exportación de fauna silvestre, totalmente prohibida durante los últimos 40 años de democracia. “Este proyecto de ley sigue esa misma línea de flexibilización de todo lo que signifique preservación de la fauna silvestre autóctona. En este caso se cambia el paradigma de preservación a utilización comercial de la fauna silvestre”, sostiene Odarda.
A través de la Disposición 381/2025, firmada por el subsecretario de Ambiente Fernando Jorge Brom, cuyo expertise en la materia es el márketing, el Ejecutivo derogó una normativa que desde 1986 prohibía la exportación, comercialización y traslado de ejemplares vivos de fauna silvestre.

Objeciones al contenido de la ley
“En su filosofía, la ley 2056 se enfoca en el concepto de protección en sí misma de la fauna silvestre, per se, no entendida como un objeto de explotación económica. Ahí está la diferencia ¿protegemos la fauna silvestre porque hay que protegerla tal como lo requieren la Constitución Nacional y los convenios internacionales? ¿o la protegemos como una cosa, un objeto con miras a su explotación con fines de lucro? Por eso decimos que hay un cambio de paradigma, de una política pública que intenta defender la fauna, a otra que la considera como un objeto de explotación económica”, argumenta Odarda. 
La sanción de esta norma viola el Acuerdo de Escazú, un tratado regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (en América Latina y el Caribe) que desde 2020 es ley nacional (Ley 27.566). 
También viola la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) porque vulnera el principio de progresividad y de no regresión en materia ambiental. Este implica que las leyes y políticas ambientales deben avanzar hacia una mayor protección y mejora del ambiente a lo largo del tiempo, evitando retrocesos o disminuciones en los niveles de protección alcanzados. “El gobierno argumenta que la ley anterior es muy vieja, que tiene 40 años, sin embargo era mucho más proteccionista que esta ley”. 
“Estamos analizando con las distintas organizaciones judicializar esta decisión. Lo que sucede es que también han modificado el Código Procesal Constitucional, y prácticamente han eliminado de la figura del amparo colectivo que sería la herramienta fundamental para proteger un derecho colectivo como es el ambiente”, explica Odarda. “Imponen costas muy onerosas a los ciudadanos que interponen una acción de amparo para desalentar la participación ciudadana y el acceso a la justicia”.

Adiós a los guardafaunas
Actualmente el cuerpo provincial de guardafaunas cuenta con cinco trabajadores que deben abarcar un área de más de 200 mil kilómetros cuadrados con tres vehículos. El nuevo régimen sustituye la figura del guardafauna por la de inspectores de actividades comerciales “sin formación en derecho ambiental o en todo lo que tiene que ver con el conocimiento de las especies”. 
“¿Qué pasa con los actuales guardafaunas? No se sabe todavía, quedan en el aire”, advierte la exsenadora. “Actualmente son muy pocos para un territorio muy extenso, inclusive están trabajando guardafaunas honorarios, haciendo un trabajo voluntario hermosísimo y realmente efectivo. Yo denuncio en las sesiones que son muy pocos para lo que es la biodiversidad rionegrina. Imagínate que  también incluye la fauna marina, mamíferos como la ballena, delfines, las orcas, lobos marinos, etc.”
Entre sus responsabilidades está el control de 14 cotos de caza privados, según los eufemismos de la nueva ley: cotos de actividad cinegética. “Nadie conoce lo que está sucediendo en los cotos de caza. Si no hay guardafauna para inspeccionar y fiscalizar, ¿quién controla que dentro de un coto de caza no haya una especie protegida como es el huemul,  o el pudu pudu, que se comenzó a ver nuevamente”.
La nueva ley tiene como autoridad de aplicación el Ministerio de Desarrollo, poniendo de relevancia la mirada productivista que tiene la norma. Así, sale de la órbita de la ya desdibujada secretaría de Ambiente y Cambio Climático que funciona como un apéndice escuálido de la Secretaría de Energía y Ambiente. La semántica de los organigramas.

El guanaco en peligro
“Se le quitó la protección al guanaco de forma que se habilita su caza masiva. No es cierto que haya superpoblación y hay lugares donde no existen más, desde hace años se los erradicó por la caza furtiva, por la depredación que hubo sobre esta y otras especies”. 
Para la legisladora provincial, en la Legislatura se impuso el relato de un sector interesado, el de los grandes productores ovinos que hace mucho señalan al guanaco como el responsable de la desertificación de los campos. El CONICET señala que la desertificación se debe a la sobrecarga que se hace sobre los campos, al desmonte y a otras prácticas humanas. “El guanaco es una especie que ha estado toda la vida allí. Ha sido el sustento de los pueblos indígenas en toda la Patagonia y en Río Negro en particular. Decir que el guanaco es plaga es una gran mentira para justificar todo esto”.
“El resultado es la privatización de la fauna a través de los cotos de caza, que cada vez son más. Voy a presentar un proyecto para prohibirlos en Río Negro”. Y resume: “esta es una ley absolutamente regresiva en materia ambiental. Es inconstitucional por no haber garantizado la participación ciudadana ni el derecho a la información para poder legislar sobre una materia ambiental”, concluye la legisladora. 
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