Sojización y medio ambiente
18:16 | 
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Sojización y medio ambiente
Fecha de Publicación: 07/04/2008
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Nadie puede tomar muy seriamente los argumentos esgrimidos por la presidenta de la Nación y algunos miembros del gabinete, según los cuales las mayores retenciones a las exportaciones de soja obedecen a una política que busca proteger la biodiversidad. Esta justificación, que por cierto apareció tardíamente, es una nueva manera de menospreciar el ya manoseado tema ambiental en nuestro país.
Desde principios de los 90, la agricultura ha ido desplazando a la ganadería y, sin dudas, por los beneficios que otorga, la soja reemplazó al trigo, al maíz y al girasol.
La Argentina es el segundo productor mundial de soja, después de los Estados Unidos, al tiempo que la soja transgénica constituye el 60 por ciento de la producción agrícola de nuestro país.
¿Cuáles son los impactos ambientales y sociales de este fenómeno? ¿Cuáles son los beneficios para la economía de las provincias donde se siembra la soja, si tenemos en cuenta que, como país federal, los recursos naturales pertenecen a las provincias y no al Estado Nacional? ¿Cuáles son las consecuencias de la aplicación del glifosato en el suelo?
Nada de esto se analizó o por lo menos nada se exteriorizó, y cuesta creer que alguno de esos interrogantes haya sido objeto de conversaciones o consultas en el Ministerio de Economía, cuando se trataron las medidas que han generado la protesta más prolongada sufrida por el gobierno kirchnerista.
Es que no hay una discusión ambiental seria en la Argentina como no la hubo cuando las autoridades nacionales, con escaso tacto, prestaron expresa conformidad para la instalación de la pastera Botnia en Fray Bentos.
Llama la atención que por un tema ambiental hayan sido necesarios la prepotencia de los camiones de Hugo Moyano o los puñetazos de Luis D Elía, sentados ahora ambos en el palco de las autoridades nacionales, como un Aquiles del populismo. Llama también la atención, frente a un tema de profundas consecuencias ambientales, que la máxima autoridad ambiental haya tenido el escaso rol de asentir con la cabeza a los tediosos discursos de la Presidenta.
Es difícil creer que las medidas vinculadas con las retenciones apunten realmente a proteger la biodiversidad, como a atenuar la presión sobre los recursos naturales y desalentar los desmontes. Si se tratara de una política ambiental, se hubieran dado incentivos reales para evitar la "sojización": las retenciones de la soja aumentaron 9,1 puntos porcentuales para quedar en un 44,1 por ciento, y las de girasol 7,1, para alcanzar un 39,1 por ciento sobre los valores de exportación existentes al momento de lanzarse la medida. Las de trigo y las de maíz, cultivos que se pretenden fortalecer, bajaron 0,8 y 0,9 puntos porcentuales, respectivamente, para quedar en 24,2 y 27,1 por ciento. Con sólo mirar estos porcentajes se comprende que los incentivos tienen poco para motivar la protección del ambiente.
Siendo un país federal, donde los recursos pertenecen a las provincias, si las retenciones fueran menores los productores deberían tributar un mayor impuesto a las ganancias que, a diferencia de las retenciones, se coparticiparía con las provincias. Estas serían, sin duda, las indicadas para proteger, con esos fondos sus valiosos recursos naturales. No parece haber una relación ambiental entre los recursos que maneja el Estado nacional con absoluta discrecionalidad y los escasos recursos de las provincias, cada vez más dependientes del poder central.
Tampoco parece tener mayor sentido ambiental una de las medidas tomadas por el Gobierno para distender la tensión con el sector rural: aliviar los costos de flete en la región del NOA y del NEA. Esto, curiosamente, está en las antípodas del discurso de la Presidenta en uno de sus puntos más enfáticos: luchar contra la "sojización" y proteger las masas boscosas que quedan en pie en el país. Si algo impedía el avance de la frontera sojera en los bosques del NOA hasta ahora era justamente el costo de flete.
Otra vez, se ha perdido una oportunidad de analizar la dimensión ambiental con la profundidad ética que se merece. Tal vez, lo revolucionario y unificador para nuestro país hubiera sido poder discutir razonablemente una política de usos del suelo -que tanto importa a los argentinos y a las futuras generaciones de argentinos-, de un modo más inteligente. Con menos demostraciones de poder y mayor reflexión.
La sensación es que la biodiversidad importa poco, y lo poco que importa es una excusa para seguir centralizando un poder antes que para sembrar las semillas de una política de Estado en materia de protección del medio ambiente.
Fecha de Publicación: 07/04/2008
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Nadie puede tomar muy seriamente los argumentos esgrimidos por la presidenta de la Nación y algunos miembros del gabinete, según los cuales las mayores retenciones a las exportaciones de soja obedecen a una política que busca proteger la biodiversidad. Esta justificación, que por cierto apareció tardíamente, es una nueva manera de menospreciar el ya manoseado tema ambiental en nuestro país.
Desde principios de los 90, la agricultura ha ido desplazando a la ganadería y, sin dudas, por los beneficios que otorga, la soja reemplazó al trigo, al maíz y al girasol.
La Argentina es el segundo productor mundial de soja, después de los Estados Unidos, al tiempo que la soja transgénica constituye el 60 por ciento de la producción agrícola de nuestro país.
¿Cuáles son los impactos ambientales y sociales de este fenómeno? ¿Cuáles son los beneficios para la economía de las provincias donde se siembra la soja, si tenemos en cuenta que, como país federal, los recursos naturales pertenecen a las provincias y no al Estado Nacional? ¿Cuáles son las consecuencias de la aplicación del glifosato en el suelo?
Nada de esto se analizó o por lo menos nada se exteriorizó, y cuesta creer que alguno de esos interrogantes haya sido objeto de conversaciones o consultas en el Ministerio de Economía, cuando se trataron las medidas que han generado la protesta más prolongada sufrida por el gobierno kirchnerista.
Es que no hay una discusión ambiental seria en la Argentina como no la hubo cuando las autoridades nacionales, con escaso tacto, prestaron expresa conformidad para la instalación de la pastera Botnia en Fray Bentos.
Llama la atención que por un tema ambiental hayan sido necesarios la prepotencia de los camiones de Hugo Moyano o los puñetazos de Luis D Elía, sentados ahora ambos en el palco de las autoridades nacionales, como un Aquiles del populismo. Llama también la atención, frente a un tema de profundas consecuencias ambientales, que la máxima autoridad ambiental haya tenido el escaso rol de asentir con la cabeza a los tediosos discursos de la Presidenta.
Es difícil creer que las medidas vinculadas con las retenciones apunten realmente a proteger la biodiversidad, como a atenuar la presión sobre los recursos naturales y desalentar los desmontes. Si se tratara de una política ambiental, se hubieran dado incentivos reales para evitar la "sojización": las retenciones de la soja aumentaron 9,1 puntos porcentuales para quedar en un 44,1 por ciento, y las de girasol 7,1, para alcanzar un 39,1 por ciento sobre los valores de exportación existentes al momento de lanzarse la medida. Las de trigo y las de maíz, cultivos que se pretenden fortalecer, bajaron 0,8 y 0,9 puntos porcentuales, respectivamente, para quedar en 24,2 y 27,1 por ciento. Con sólo mirar estos porcentajes se comprende que los incentivos tienen poco para motivar la protección del ambiente.
Siendo un país federal, donde los recursos pertenecen a las provincias, si las retenciones fueran menores los productores deberían tributar un mayor impuesto a las ganancias que, a diferencia de las retenciones, se coparticiparía con las provincias. Estas serían, sin duda, las indicadas para proteger, con esos fondos sus valiosos recursos naturales. No parece haber una relación ambiental entre los recursos que maneja el Estado nacional con absoluta discrecionalidad y los escasos recursos de las provincias, cada vez más dependientes del poder central.
Tampoco parece tener mayor sentido ambiental una de las medidas tomadas por el Gobierno para distender la tensión con el sector rural: aliviar los costos de flete en la región del NOA y del NEA. Esto, curiosamente, está en las antípodas del discurso de la Presidenta en uno de sus puntos más enfáticos: luchar contra la "sojización" y proteger las masas boscosas que quedan en pie en el país. Si algo impedía el avance de la frontera sojera en los bosques del NOA hasta ahora era justamente el costo de flete.
Otra vez, se ha perdido una oportunidad de analizar la dimensión ambiental con la profundidad ética que se merece. Tal vez, lo revolucionario y unificador para nuestro país hubiera sido poder discutir razonablemente una política de usos del suelo -que tanto importa a los argentinos y a las futuras generaciones de argentinos-, de un modo más inteligente. Con menos demostraciones de poder y mayor reflexión.
La sensación es que la biodiversidad importa poco, y lo poco que importa es una excusa para seguir centralizando un poder antes que para sembrar las semillas de una política de Estado en materia de protección del medio ambiente.
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