Botnia en San Pedro
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Botnia en San Pedro
Fecha de Publicación: 13/04/2008
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Buenos Aires
Una causa judicial conmociona importantes despachos de la política y los negocios. Investiga a Papel Prensa por contaminación ambiental. Hubo un allanamiento inédito. El expediente, los exámenes técnicos, las presiones, las pruebas.
En la semana que la confrontación mediática entre el Gobierno y el Grupo Clarín alcanzó su punto más alto, una investigación judicial reveló que los presuntos “enemigos” son socios y corresponsables del delito de contaminación ambiental. Así lo establecen los análisis realizados por el Instituto Nacional del Agua (INA) a pedido del Juzgado Federal Nº 1 de San Nicolás en la causa caratulada “Papel Prensa S.A.C.I.F. sobre presunta infracción a la ley 24.051”.
Los desechos industriales que esa firma (con acciones repartidas entre el Estado, Clarín y La Nación –ver páginas 6 y 7–) vuelca sobre ríos de la localidad bonaerense de San Pedro exceden diez veces el límite de materia orgánica en las aguas permitido por la legislación vigente.
Este diario constató con fuentes ligadas a la investigación que hubo presiones –que persisten– políticas y empresarias tendientes a silenciar el caso. El escándalo estalla cuando aún permanece abierto el conflicto argentino-uruguayo por la contaminación que producirá la papelera Botnia radicada en el país vecino.
LA CAUSA. Fue iniciada el 7 de septiembre de 2007 por el fiscal de San Nicolás Juan Patricio Murray, a raíz de una serie de denuncias anónimas registradas en el 0-800 de la secretaría de Medio Ambiente. “Con esos testimonios y otros elementos, consideramos que el riesgo presunto de contaminación es verosímil y decidimos promover acciones”, dijo Murray a Crítica de la Argentina.
Entre otras medidas, el fiscal solicitó y obtuvo del juez Carlos Villafuerte Russo autorización para requerir pruebas documentales “a los organismos que deberían haber ejercido el poder de policía en el ámbito de la provincia, es decir la Secretaría de Política Ambiental y la autoridad del agua bonaerense”.
Dio, además, orden de allanar Papel Prensa, un hecho inédito que encendió alarmas en los despachos más importantes de la política y los negocios. La empresa, que provee el insumo fundamental a los diarios más importantes de la Argentina, había tenido controles ambientales, intimaciones y pedidos de informes oficiales de la municipalidad de San Pedro durante 2006. Pero nunca se había avanzado tanto.
EL ALLANAMIENTO. El 12 de marzo, una equipo integrado por personal del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal, e ingenieros del Instituto Nacional del Agua (INA) y de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Medio Ambientales (UFIMA) ingresaron a la planta industrial de San Pedro. Los técnicos tomaron muestras de líquidos en el canal donde caen los efluentes industriales para luego desembocar en el río Baradero. Luego las remitieron al INA, organismo público que depende del Ministerio de Planificación Federal.
LAS PRUEBAS. El juzgado solicitó la realización de dos estudios: determinación de DBO, que mide la cantidad de oxígeno en el agua, y determinación de DQO, que mide la presencia de materia orgánica en el líquido analizado. Ambos exámenes son el primer paso para determinar el nivel de contaminación de las aguas.
“La deficiencia de oxígeno de un curso de agua puede ser motivado por la acción de una descarga contaminante con materia orgánica reductora que se oxida casi totalmente en forma rápida y materia orgánica oxidable por acción biológica”, explicó el Dr. Juan Moretton, titular de la cátedra de Higiene y Sanidad de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. “Para que el análisis sea completo, habría que realizar estudios que pesquisen la presencia de contaminantes más puntuales, como por ejemplo los clorofenoles”. (Ver reportaje aparte) Aquellos dos exámenes básicos confirmaron la existencia de contaminación en las aguas tomadas como muestra.
LAS PRESIONES. En condiciones normales, estudios de estas características se realizan en aproximadamente siete días. En la causa de Papel Prensa hubo una demora de casi un mes. Las muestras tomadas en la planta de San Pedro ingresaron al Instituto Nacional del Agua el 13 de marzo. Los resultados recién llegaron al Juzgado el viernes último. Una alta fuente de la investigación contó a este diario:
“Hubo demoras porque la empresa envió peritos, veedores, una circunstancia normal y prevista por la ley. Pero hicieron objeciones al procedimiento y hasta amenazaron con impugnarlo. Hubiera sido un disparate porque la excelencia técnica del INA está reconocida mundialmente”.
Otra fuente, en este caso del personal del INA, aportó este dato sugestivo: “Al principio, todo se desarrolló por los carriles normales, como cualquier otra prueba de las que realizamos. Pero un día cambió: las autoridades se hicieron cargo personalmente de los análisis. ‘Son órdenes de arriba’, –dijeron– es un caso muy sensible, hay mucha gente importante nerviosa”.
Gente importante que no dudó en discar los números del juzgado y la fiscalía de San Nicolás, mientras los abogados de Papel Prensa amagaban con un amparo para impedir la difusión pública de los resultados de los análisis. O, en el peor de los casos, que el resultado no se conozca hasta que la empresa anuncie un plan de reparación del posible daño ambiental.
Las hipótesis conspirativas vuelan cruzadas y contradictorias. Hay quienes sostienen que las pruebas de la contaminación pueden ser utilizadas por el Gobierno en su guerra mediática contra Clarín –en ese caso, la causa contaría con un guiño oficial–, y quienes creen que los presuntos enemigos suman esfuerzos para dormir el expediente porque ambos pagarían un alto costo político y social como corresponsables de contaminación.
EL VEREDICTO. Finalmente, el dictamen del INA llegó en sobre lacrado al Juzgado Federal Número 1. El fiscal Murray se negó a informar sobre su contenido. Dijo a Crítica de la Argentina que “si bien no estamos bajo secreto de sumario, por ahora sólo la fiscalía y la empresa denunciada pueden acceder a la documentación”. El titular del Ministerio Público explicó que “como es muy extensa y compleja, he solicitado la colaboración de la UFIMA para que nos asesore en la materia”.
Ramiro González, titular de la Unidad de Fiscales medio ambientales, confirmó que en las próximas horas se reunirá con Murray para “asistir a la investigación a fin de arribar a conclusiones que permitan disponer las acciones judiciales correspondientes”.
Más allá de la prudencia del fiscal, este diario obtuvo de fuentes políticas, empresarias y técnicas la confirmación de que los exámenes son negativos para Papel Prensa. El agua analizada contiene “parámetros químicos y orgánicos muy por encima de lo permitido por las disposiciones ambientales de la provincia de Buenos Aires” y “se trata de compuestos contaminantes del medio ambiente”.
¿Cuánto es, exactamente, “muy por encima de lo permitido”? En busca de una respuesta precisa a ese interrogante, Crítica de la Argentina contrató los servicios de un reconocido experto de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de Universidad de Buenos Aires, quien en compañía de un periodista, un fotógrafo y una escribana, tomó muestras del agua que recibe los desechos de Papel Prensa en el mismo lugar en el que la Justicia recogió las pruebas que remitió al INA. (Ver crónica aparte.)
Los resultados de la prueba indican que el nivel de contaminación es más de diez veces superior a lo permitido por la ley. “La resolución 336/03 de la provincia de Buenos Aires establece los límites permisibles de DQO para efluentes industriales. Para cursos de agua, es de 250 miligramos por litro. La muestra analizada contiene 3.150 miligramos por litro”, señala la pericia científica.
Si las presiones políticas y/o empresarias no detienen la causa, el paso siguiente deberá especificar cuáles son los contaminantes específicos para mensurar tanto el daño ambiental como el riesgo para la salud de los pobladores de la zona. Se trata de exámenes que no cuestan más de 150 pesos y cuyos resultados demoran, como mucho, cinco días.
Fecha de Publicación: 13/04/2008
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Buenos Aires
Una causa judicial conmociona importantes despachos de la política y los negocios. Investiga a Papel Prensa por contaminación ambiental. Hubo un allanamiento inédito. El expediente, los exámenes técnicos, las presiones, las pruebas.
En la semana que la confrontación mediática entre el Gobierno y el Grupo Clarín alcanzó su punto más alto, una investigación judicial reveló que los presuntos “enemigos” son socios y corresponsables del delito de contaminación ambiental. Así lo establecen los análisis realizados por el Instituto Nacional del Agua (INA) a pedido del Juzgado Federal Nº 1 de San Nicolás en la causa caratulada “Papel Prensa S.A.C.I.F. sobre presunta infracción a la ley 24.051”.
Los desechos industriales que esa firma (con acciones repartidas entre el Estado, Clarín y La Nación –ver páginas 6 y 7–) vuelca sobre ríos de la localidad bonaerense de San Pedro exceden diez veces el límite de materia orgánica en las aguas permitido por la legislación vigente.
Este diario constató con fuentes ligadas a la investigación que hubo presiones –que persisten– políticas y empresarias tendientes a silenciar el caso. El escándalo estalla cuando aún permanece abierto el conflicto argentino-uruguayo por la contaminación que producirá la papelera Botnia radicada en el país vecino.
LA CAUSA. Fue iniciada el 7 de septiembre de 2007 por el fiscal de San Nicolás Juan Patricio Murray, a raíz de una serie de denuncias anónimas registradas en el 0-800 de la secretaría de Medio Ambiente. “Con esos testimonios y otros elementos, consideramos que el riesgo presunto de contaminación es verosímil y decidimos promover acciones”, dijo Murray a Crítica de la Argentina.
Entre otras medidas, el fiscal solicitó y obtuvo del juez Carlos Villafuerte Russo autorización para requerir pruebas documentales “a los organismos que deberían haber ejercido el poder de policía en el ámbito de la provincia, es decir la Secretaría de Política Ambiental y la autoridad del agua bonaerense”.
Dio, además, orden de allanar Papel Prensa, un hecho inédito que encendió alarmas en los despachos más importantes de la política y los negocios. La empresa, que provee el insumo fundamental a los diarios más importantes de la Argentina, había tenido controles ambientales, intimaciones y pedidos de informes oficiales de la municipalidad de San Pedro durante 2006. Pero nunca se había avanzado tanto.
EL ALLANAMIENTO. El 12 de marzo, una equipo integrado por personal del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal, e ingenieros del Instituto Nacional del Agua (INA) y de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Medio Ambientales (UFIMA) ingresaron a la planta industrial de San Pedro. Los técnicos tomaron muestras de líquidos en el canal donde caen los efluentes industriales para luego desembocar en el río Baradero. Luego las remitieron al INA, organismo público que depende del Ministerio de Planificación Federal.
LAS PRUEBAS. El juzgado solicitó la realización de dos estudios: determinación de DBO, que mide la cantidad de oxígeno en el agua, y determinación de DQO, que mide la presencia de materia orgánica en el líquido analizado. Ambos exámenes son el primer paso para determinar el nivel de contaminación de las aguas.
“La deficiencia de oxígeno de un curso de agua puede ser motivado por la acción de una descarga contaminante con materia orgánica reductora que se oxida casi totalmente en forma rápida y materia orgánica oxidable por acción biológica”, explicó el Dr. Juan Moretton, titular de la cátedra de Higiene y Sanidad de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. “Para que el análisis sea completo, habría que realizar estudios que pesquisen la presencia de contaminantes más puntuales, como por ejemplo los clorofenoles”. (Ver reportaje aparte) Aquellos dos exámenes básicos confirmaron la existencia de contaminación en las aguas tomadas como muestra.
LAS PRESIONES. En condiciones normales, estudios de estas características se realizan en aproximadamente siete días. En la causa de Papel Prensa hubo una demora de casi un mes. Las muestras tomadas en la planta de San Pedro ingresaron al Instituto Nacional del Agua el 13 de marzo. Los resultados recién llegaron al Juzgado el viernes último. Una alta fuente de la investigación contó a este diario:
“Hubo demoras porque la empresa envió peritos, veedores, una circunstancia normal y prevista por la ley. Pero hicieron objeciones al procedimiento y hasta amenazaron con impugnarlo. Hubiera sido un disparate porque la excelencia técnica del INA está reconocida mundialmente”.
Otra fuente, en este caso del personal del INA, aportó este dato sugestivo: “Al principio, todo se desarrolló por los carriles normales, como cualquier otra prueba de las que realizamos. Pero un día cambió: las autoridades se hicieron cargo personalmente de los análisis. ‘Son órdenes de arriba’, –dijeron– es un caso muy sensible, hay mucha gente importante nerviosa”.
Gente importante que no dudó en discar los números del juzgado y la fiscalía de San Nicolás, mientras los abogados de Papel Prensa amagaban con un amparo para impedir la difusión pública de los resultados de los análisis. O, en el peor de los casos, que el resultado no se conozca hasta que la empresa anuncie un plan de reparación del posible daño ambiental.
Las hipótesis conspirativas vuelan cruzadas y contradictorias. Hay quienes sostienen que las pruebas de la contaminación pueden ser utilizadas por el Gobierno en su guerra mediática contra Clarín –en ese caso, la causa contaría con un guiño oficial–, y quienes creen que los presuntos enemigos suman esfuerzos para dormir el expediente porque ambos pagarían un alto costo político y social como corresponsables de contaminación.
EL VEREDICTO. Finalmente, el dictamen del INA llegó en sobre lacrado al Juzgado Federal Número 1. El fiscal Murray se negó a informar sobre su contenido. Dijo a Crítica de la Argentina que “si bien no estamos bajo secreto de sumario, por ahora sólo la fiscalía y la empresa denunciada pueden acceder a la documentación”. El titular del Ministerio Público explicó que “como es muy extensa y compleja, he solicitado la colaboración de la UFIMA para que nos asesore en la materia”.
Ramiro González, titular de la Unidad de Fiscales medio ambientales, confirmó que en las próximas horas se reunirá con Murray para “asistir a la investigación a fin de arribar a conclusiones que permitan disponer las acciones judiciales correspondientes”.
Más allá de la prudencia del fiscal, este diario obtuvo de fuentes políticas, empresarias y técnicas la confirmación de que los exámenes son negativos para Papel Prensa. El agua analizada contiene “parámetros químicos y orgánicos muy por encima de lo permitido por las disposiciones ambientales de la provincia de Buenos Aires” y “se trata de compuestos contaminantes del medio ambiente”.
¿Cuánto es, exactamente, “muy por encima de lo permitido”? En busca de una respuesta precisa a ese interrogante, Crítica de la Argentina contrató los servicios de un reconocido experto de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de Universidad de Buenos Aires, quien en compañía de un periodista, un fotógrafo y una escribana, tomó muestras del agua que recibe los desechos de Papel Prensa en el mismo lugar en el que la Justicia recogió las pruebas que remitió al INA. (Ver crónica aparte.)
Los resultados de la prueba indican que el nivel de contaminación es más de diez veces superior a lo permitido por la ley. “La resolución 336/03 de la provincia de Buenos Aires establece los límites permisibles de DQO para efluentes industriales. Para cursos de agua, es de 250 miligramos por litro. La muestra analizada contiene 3.150 miligramos por litro”, señala la pericia científica.
Si las presiones políticas y/o empresarias no detienen la causa, el paso siguiente deberá especificar cuáles son los contaminantes específicos para mensurar tanto el daño ambiental como el riesgo para la salud de los pobladores de la zona. Se trata de exámenes que no cuestan más de 150 pesos y cuyos resultados demoran, como mucho, cinco días.
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