Filosofía pidió romper con La Alumbrera
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Filosofía pidió romper con La Alumbrera
Fecha de Publicación: 18/03/2011
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Reclamaron que las tareas de reparación en la Facultad se hagan con fondos nacionales.
El Consejo Directivo de Filosofía y Letras se reunió ayer en una sesión extraordinaria en la sede de la Facultad de Educación Física para tratar oficialmente la crisis que la facultad atraviesa. Representantes de los estamentos docentes, estudiantiles y no-docentes aprobaron una serie de resoluciones administrativas para atender la situación de los alumnos. Otras mociones serán elevadas al rectorado y al Consejo Superior de la UNT, incluyendo la petición de romper los vínculos legales y financieros con la empresa minera La Alumbrera. La decana Judith de Babot y la vicedecana Rossana Nofal, presidieron la asamblea, con voz pero sin voto.
Por primera vez el Consejo Directivo de una facultad de la UNT se pronunció en contra de esta relación.
"Las actividades de extracción tienen un alto impacto social y medioambiental. Además, este vínculo no se traduce en ningún beneficio visible para nosotros y, aunque lo hiciera, no justifica el daño que se está haciendo", argumentó Natalia Armendáriz, presidenta del Centro de estudiantes e impulsora de la moción.
Ocho votos positivos, una abstención y ningún rechazo sirvieron para aprobar la recomendación. En la reunión se decidió solicitar a las autoridades máximas de la UNT que se declare el estado de emergencia edilicia y se le dé prioridad a la facultad en el próximo presupuesto para financiar un plan de obra integral.
"Cuando hablamos del presupuesto genuino de la Universidad, hablamos de los fondos nacionales y no de partidas propias de la UNT", puntualizó la profesora María Lenis.
A su moción se sumaron precisiones sobre el tipo de licitación para las obras, la necesidad de haber completado el sumario administrativo iniciado por el rector Juan Cerisola y la participación de todos los estamentos universitarios en los proyectos de obras. En el corto plazo, se esperará hasta que los informes técnicos se completen para reprogramar el calendario lectivo.
Mientras tanto, se suspendieron los vencimientos académicos previstos para el 31 de marzo hasta tanto no se conozca la fecha del fin del ciclo lectivo 2010. También se decidió que se habilitará una oficina para que los estudiantes puedan tramitar constancias de estudio y atender las necesidades que surjan de esta coyuntura.
Fecha de Publicación: 18/03/2011
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Reclamaron que las tareas de reparación en la Facultad se hagan con fondos nacionales.
El Consejo Directivo de Filosofía y Letras se reunió ayer en una sesión extraordinaria en la sede de la Facultad de Educación Física para tratar oficialmente la crisis que la facultad atraviesa. Representantes de los estamentos docentes, estudiantiles y no-docentes aprobaron una serie de resoluciones administrativas para atender la situación de los alumnos. Otras mociones serán elevadas al rectorado y al Consejo Superior de la UNT, incluyendo la petición de romper los vínculos legales y financieros con la empresa minera La Alumbrera. La decana Judith de Babot y la vicedecana Rossana Nofal, presidieron la asamblea, con voz pero sin voto.
Por primera vez el Consejo Directivo de una facultad de la UNT se pronunció en contra de esta relación.
"Las actividades de extracción tienen un alto impacto social y medioambiental. Además, este vínculo no se traduce en ningún beneficio visible para nosotros y, aunque lo hiciera, no justifica el daño que se está haciendo", argumentó Natalia Armendáriz, presidenta del Centro de estudiantes e impulsora de la moción.
Ocho votos positivos, una abstención y ningún rechazo sirvieron para aprobar la recomendación. En la reunión se decidió solicitar a las autoridades máximas de la UNT que se declare el estado de emergencia edilicia y se le dé prioridad a la facultad en el próximo presupuesto para financiar un plan de obra integral.
"Cuando hablamos del presupuesto genuino de la Universidad, hablamos de los fondos nacionales y no de partidas propias de la UNT", puntualizó la profesora María Lenis.
A su moción se sumaron precisiones sobre el tipo de licitación para las obras, la necesidad de haber completado el sumario administrativo iniciado por el rector Juan Cerisola y la participación de todos los estamentos universitarios en los proyectos de obras. En el corto plazo, se esperará hasta que los informes técnicos se completen para reprogramar el calendario lectivo.
Mientras tanto, se suspendieron los vencimientos académicos previstos para el 31 de marzo hasta tanto no se conozca la fecha del fin del ciclo lectivo 2010. También se decidió que se habilitará una oficina para que los estudiantes puedan tramitar constancias de estudio y atender las necesidades que surjan de esta coyuntura.
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Riachuelo : el informe no convenció a los jueces
Las deudas pendientes en el Riachuelo
Fecha de Publicación: 17/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital -Buenos Aires
El informe presentado por los representantes nacionales, provinciales y porteños sobre lo actuado en la cuenca Matanza-Riachuelo no convenció a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que no disimularon su disconformidad durante la audiencia pública realizada ayer para interiorizarse sobre los avances en el saneamiento en ese río. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay siguieron atentamente cada una de las intervenciones y consultaron a las autoridades en reiteradas ocasiones sobre el estado actual de los trabajos en materia de relocalización de los asentamientos cercanos al Riachuelo, el monitoreo sanitario de las personas que viven en esa zona (especialmente de los niños) y el control sobre los desechos que vierten las industrias. Después de tres horas, el tribunal llamó a un cuarto intermedio para continuar el análisis en un próximo encuentro.
El hall del cuarto piso de Tribunales se vio desbordado por los asistentes que siguieron el desarrollo de la audiencia en pantalla gigante. El primer orador fue el secretario de Medio Ambiente y titular de Acumar, Juan José Mussi, destacó el acuerdo de partes entre los Estados nacional, provincial y de la Ciudad, al que calificó de trascendente para el futuro, y señaló que “todos los sectores de la cuenca pueden consensuar soluciones” a los problemas que afectan al sector. Mussi destacó el trabajo del juez federal Luis Armella, a quien la Corte le encomendó supervisar las tareas de saneamiento. “Fue el motor impulsor de esto y lo ha hecho con compromiso, idoneidad y honestidad.” El magistrado ratificó ayer la orden de desalojo de las viviendas ocupadas en el predio ubicado en las calles Lafuente, Castañares y Portela, en Flores (ver aparte).
Mussi justificó la multiplicación de basurales por dos factores: el aumento de la producción y el derrotero que deben recorrer los camiones recolectores de residuos hasta llegar a la Ceamse. “La distancia siempre fue la misma”, respondió Lorenzetti. Por diversas causas, reconoció uno de los expositores de Acumar, los sistemas de recolección actualmente no recogen el ciento por ciento de los residuos y por eso se generan los basurales a cielo abierto.
“Desde hace dos años y medio no debería haber más basurales, pero de los 141 que había en 2008 (en la cuenca del Riachuelo) pasaron a 348 en diciembre de 2010”, señaló Anselmo Sella, defensor adjunto del pueblo.
Argibay, por su parte, advirtió que “no hay un orden en las acciones previstas” y dijo que en Villa Inflamable el suministro de agua no llega en buenas condiciones. El polo petroquímico de Dock Sud fue otro de los ejes tratados en la audiencia. Sobre el traslado de las industrias, los funcionarios de la provincia de Buenos Aires argumentaron que el plan de relocalización no fue cumplido porque “las empresas presentaron diversos recursos jurídicos”.
Si bien la situación por la toma de viviendas en el Bajo Flores no fue considerada dentro de la agenda del máximo tribunal, Sella destacó la vulnerabilidad de las poblaciones ubicadas en la ribera, tanto en la provincia como en la Ciudad de Buenos Aires, y señaló que durante los desplazamientos se les debe garantizar “todos los derechos, como lo establecen los tratados internacionales”.
“Pasaron dos años y medio desde la sentencia de la Corte y prácticamente todos los plazos están vencidos. Hay muchas demoras en la ejecución de cada uno de los ítem que fijó”, remarcó.
El presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, aseguró que el atraso en las obras comprometidas “no se debe a una falta de recursos sino de problemas de gestión” y afirmó que el 92 por ciento del plan de saneamiento “no pudo ser auditado” por “falta de identificación de las partidas presupuestarias”.
El último informe presentado por Acumar el martes contabiliza 14 mil fábricas en el curso de la cuenca; 8.357 fueron fiscalizadas; 2070 tienen emanaciones gaseosas y 4627 manejan residuos peligrosos.
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Riachuelo: sospechan del uso de los fondos
Fecha de Publicación: 17/03/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital -Buenos Aires
Sólo fue posible auditar 581 millones de los 7400 millones de pesos presupuestados para sanear la cuenca Matanza-Riachuelo. Así lo afirmó ayer el auditor general de la Nación, Leandro Despouy, durante la nueva audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia para evaluar la ejecución del programa de saneamiento del Riachuelo, uno de los diez ríos más contaminados del mundo, en cuya cuenca viven 5 millones de personas.
Despouy también denunció un importante desfase entre los gastos y los plazos de ejecución de obras, la negativa del gobierno nacional de identificar las partidas y la subejecución de préstamos para el saneamiento.
Pero no fue la única sorpresa. Ninguno de los funcionarios interrogados por el alto tribunal pudo explicar si existe un programa para evaluar la salud de niños con alta concentración de plomo en sangre y si mejoraron los valores de contaminación del agua y del aire en esa zona. Es más: varios admitieron que apenas hay 34 inspectores para controlar las 14.000 empresas de la cuenca, muchas de ellas sospechadas de verter desechos contaminantes en el río.
El resultado de la audiencia de ayer, coincidían en el tribunal, fue "decepcionante", a tal punto de que una calificada fuente de la Corte expresó: "Quisimos que la Autoridad de Cuenca (Acumar), que dirige Juan José Mussi, advirtiera que le cayó una lápida. Los funcionarios provinciales dieron, al menos, unas pocas respuestas y los porteños estuvieron mejor. Pero ninguno de los sucesivos secretarios de Ambiente -Romina Picolotti, Homero Bibiloni y Juan José Mussi- hizo nada. Una vergüenza".
Pero fue Despouy quien lanzó el dato más alarmante: el auditor general afirmó que de los 7443 millones de pesos que integran el presupuesto de la Nación, la provincia, la ciudad y la Acumar "sólo pudo ser auditado el 8 por ciento". Un borrador interno de la Acumar, al que accedió La Nacion, reconoce que el Estado nacional "aún no pudo identificar sus partidas". Además, Despouy destacó que "de los préstamos del BID sólo se ejecutó el 54 por ciento".
El fastidio de los ministros de la Corte era palpable. Durante tres horas desfilaron frente al presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, y sus seis colegas: Mussi; Fabián López, subsecretario nacional de Recursos Hídricos, y varios profesionales que lo acompañaban; Alberto Fazzio, subsecretario bonaerense de Asuntos Municipales; Javier Corcuera, presidente de la Agencia de Protección Ambiental porteña; el defensor adjunto del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, y Despouy. En primera fila escuchaba el juez federal Luis Armella, a cargo de la ejecución del fallo de la Corte emitido en julio de 2008 que ordena el saneamiento del Riachuelo.
Desde hace 12 días, unas cien personas ocupan ilegalmente varios edificios de viviendas sociales en Villa Soldati, que están destinadas para los pobladores de los asentamientos El Pueblito y Luján, ubicados en la ribera del Riachuelo. El juez Armella no ha podido lograr que el gobierno nacional cumpla su orden de desalojo. Todos esperaban ver cómo podía ayudar ayer la Corte en este incumplimiento. Y fue Lorenzetti el encargado de preguntar a los funcionarios si aceptaban colaborar con el juez, una forma de encomendarles obedecer sus órdenes. La respuesta fue afirmativa.
No obstante, el desarrollo del acto trascendió la suerte de las viviendas en Villa Soldati. "Quedaron en evidencia una absoluta ineficiencia y desinterés" de los gobiernos, dijo uno de los observadores judiciales más calificados.
Ni Mussi, que se apuró para alejarse del estrado de expositores, ni ninguno de sus funcionarios explicaron al juez Juan Carlos Maqueda, por ejemplo, por qué ahora hay 68 basurales más que hace dos años. Con la recuperación económica "el consumo de los pobladores aumentó", atinó a decir uno de ellos. La Acumar había prometido en 2006 que en 2008 se iban a erradicar todos los basurales.
"¿Tienen datos de medición de contaminación de aire y agua?", preguntó insistentemente Lorenzetti. No hubo respuesta. A lo largo del acto, los funcionarios de la Acumar y del Estado nacional practicaron una suerte de juego de gran bonete: se pasaban preguntas pero nadie respondía.
La vicepresidenta de la Corte, Elena Highton, inquirió sobre la salud de los niños. La Acumar hizo un muestreo sobre 1000 chicos que viven en la ribera y detectó que el 90% tiene concentración de plomo en sangre. Uno de los funcionarios provinciales respondió que habían sido "enviados al pediatra". Pero no supo explicar si existe un programa de seguimiento. "No tienen informes de salud. Es todo muy disperso", fustigó Highton.
En tanto, la jueza Carmen Argibay fue hábil para demostrar que la Acumar sólo se preocupa por controlar la concentración de los vertidos industriales, sin interesarse por saber en cuánto exceden la capacidad de carga del río. "Ya está demasiado contaminado y la capacidad de carga está sobrepasada", se limitó a explicar otro de los oradores.
Corcuera destacó hechos extraños: dijo que la Acumar le "prohibió realizar inspecciones en industrias de la cuenca, mientras que ese organismo, que apenas tiene 34 inspectores para 14.000 industrias, hace el 53% de los controles fuera de la cuenca, por ejemplo, en Belgrano y en Núñez".
Sella resumió: "Todos los plazos para ejecutar el plan están vencidos; no hay indicadores de medición ni de calidad del aire ni del agua y la calidad de vida de los pobladores no mejoró".
A punto de inaugurar Atucha II...
A punto de inaugurar Atucha II, Argentina modera su reacción
Fecha de Publicación: 17/03/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Se distancia de las potencias más alarmadas por la crisis japonesa. Y “sigue la situación”.
Quizás convendrían más preguntas que respuestas a la moderada reacción del gobierno argentino ante la tragedia nuclear que vive Japón. Lejos de los alarmantes presagios que llegan de otros rincones del planeta (por nombrar algunos, la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos advirtió ayer que el nivel de radiación en la isla era “extremadamente alto”; Francia afirmó que se estaba ante el “peor de los escenarios”; y el martes la Unión Europea consideró la situación “apocalíptica”), un comunicado de la Cancillería se limitó a informar ayer el “seguimiento permanente y pormenorizado” de los hechos.
Por su parte, la Presidencia de Brasil informó que Dilma Rousseff estaba “extremandamente preocupada por los efectos (del desastre) y sobre su propia política de energía nuclear”. Durante toda la semana otros mandatarios latinoamericanos se fueron pronunciando sobre el tema.
Lo cierto es que a meses de la inauguración de Atucha II –la tercera central nuclear que tendrá el país– y que se espera encabece la propia Cristina Kirchner, ni siquiera las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) arriesgaron un comentario sobre el empeoramiento de la situación japonesa y se optó por minimizar el riesgo de un desastre similar al de la isla en Argentina.
El país “no podría pasar por una situación similar a la que afecta las centrales nucleares de Japón porque se usa diferente tecnología y además no estamos en zona sísmica”, dijo esta semana el gerente de Relaciones Institucionales de la CNEA, Gabriel Barceló. Y ayer, el comunicado de la Cancillería sólo indicó que, a través del monitoreo de la Autoridad Regulatoria Nuclear, “los niveles de radiación detectados en el área de Tokio y sus alrededores se corresponden con valores de fondo natural de radiación”. Y que el impacto radiológico se limita a la “zona circundante a las instalaciones afectadas”. De Fukushima ni una palabra.
Clarín intentó consultar a las autoridades de la CNEA sobre el empeoramiento del escenario en Japón, pero se le informó que se buscara una respuesta “política” a través de la Secretaría de Energía.
Fuentes consultadas en el Gobierno aseguraron estar siguiendo de cerca la situación de Japón pero reconocieron la decisión de no “agitar” por razones internas . Este país es uno de los tres de Latinoamérica con autonomía nuclear, junto a Brasil y México. Algo similar en el plano informativo ocurrió bajo la administración kirchnerista cuando EE.UU. buscó imponer sanciones a Irán por su cuestionado plan nuclear.
El comunicado de ayer de la Cancillería dio cuenta de la conformación de un Grupo de Crisis, cuyos integrantes no se dieron a conocer. Y el canciller Héctor Timerman dijo durante una conferencia de prensa junto a su par uruguayo, Luis Almagro –por temas bilaterales–, que la Argentina enviaba “un médico” a Tokio para que se contacte con las autoridades de salud niponas. Fue curioso el anuncio. No se dieron precisiones.
A diferencia de otros países, el Gobierno aún no dispuso la repatriación de los argentinos que viven en Japón.
Fecha de Publicación: 17/03/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Se distancia de las potencias más alarmadas por la crisis japonesa. Y “sigue la situación”.
Quizás convendrían más preguntas que respuestas a la moderada reacción del gobierno argentino ante la tragedia nuclear que vive Japón. Lejos de los alarmantes presagios que llegan de otros rincones del planeta (por nombrar algunos, la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos advirtió ayer que el nivel de radiación en la isla era “extremadamente alto”; Francia afirmó que se estaba ante el “peor de los escenarios”; y el martes la Unión Europea consideró la situación “apocalíptica”), un comunicado de la Cancillería se limitó a informar ayer el “seguimiento permanente y pormenorizado” de los hechos.
Por su parte, la Presidencia de Brasil informó que Dilma Rousseff estaba “extremandamente preocupada por los efectos (del desastre) y sobre su propia política de energía nuclear”. Durante toda la semana otros mandatarios latinoamericanos se fueron pronunciando sobre el tema.
Lo cierto es que a meses de la inauguración de Atucha II –la tercera central nuclear que tendrá el país– y que se espera encabece la propia Cristina Kirchner, ni siquiera las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) arriesgaron un comentario sobre el empeoramiento de la situación japonesa y se optó por minimizar el riesgo de un desastre similar al de la isla en Argentina.
El país “no podría pasar por una situación similar a la que afecta las centrales nucleares de Japón porque se usa diferente tecnología y además no estamos en zona sísmica”, dijo esta semana el gerente de Relaciones Institucionales de la CNEA, Gabriel Barceló. Y ayer, el comunicado de la Cancillería sólo indicó que, a través del monitoreo de la Autoridad Regulatoria Nuclear, “los niveles de radiación detectados en el área de Tokio y sus alrededores se corresponden con valores de fondo natural de radiación”. Y que el impacto radiológico se limita a la “zona circundante a las instalaciones afectadas”. De Fukushima ni una palabra.
Clarín intentó consultar a las autoridades de la CNEA sobre el empeoramiento del escenario en Japón, pero se le informó que se buscara una respuesta “política” a través de la Secretaría de Energía.
Fuentes consultadas en el Gobierno aseguraron estar siguiendo de cerca la situación de Japón pero reconocieron la decisión de no “agitar” por razones internas . Este país es uno de los tres de Latinoamérica con autonomía nuclear, junto a Brasil y México. Algo similar en el plano informativo ocurrió bajo la administración kirchnerista cuando EE.UU. buscó imponer sanciones a Irán por su cuestionado plan nuclear.
El comunicado de ayer de la Cancillería dio cuenta de la conformación de un Grupo de Crisis, cuyos integrantes no se dieron a conocer. Y el canciller Héctor Timerman dijo durante una conferencia de prensa junto a su par uruguayo, Luis Almagro –por temas bilaterales–, que la Argentina enviaba “un médico” a Tokio para que se contacte con las autoridades de salud niponas. Fue curioso el anuncio. No se dieron precisiones.
A diferencia de otros países, el Gobierno aún no dispuso la repatriación de los argentinos que viven en Japón.
Cambios en proyecto Atucha III
Crisis de Japón forzó cambios en proyecto Atucha III
Fecha de Publicación: 16/03/2011
Fuente: NOSIS
Provincia/Región: Nacional
La crisis nuclear producida en Japón tendrá consecuencias para el Plan Nuclear de la Argentina, que persigue reducir la participación del 52 por ciento que tiene el gas natural dentro de la composición de la matriz energética nacional.
En medio de un trabajo que debería madurar en junio próximo con el lanzamiento de una licitación internacional para contratar la compra de una cuarta planta nuclear (Atucha III), que podría tener dos módulos de 1.000 MW cada uno, ya tomó cuerpo la idea de comprar reactores de uranio enriquecido, que responde a una tecnología de tercera generación.
Ello implicaría abandonar la idea de una usina de segunda generación, tal como Embalse o Atucha II, que funcionan con uranio natural, informó hoy el diario BAE, explicando que la adjudicación deberá cumplir estrictos requisitos de una abierta transferencia de tecnología, la fabricación local de elementos combustibles y amplias condiciones de financiamiento para encarar un proyecto mayor a los 5.000 millones de dólares.
El financiamiento es clave, ya que no se espera el apoyo de los organismos internacionales de crédito.
Así, la experiencia de la situación en la central atómica de Fukushima tendrá incidencia en la Argentina, porque el futuro encargo de estos dos reactores de potencia no responderá a los tipos de PHWR (agua pesada presurizada).
El sismo del pasado viernes en Japón, que alcanzó un nivel de 9 en la escala abierta de Richter, no afectó los edificios que contienen las propias unidades generadoras, pero sí las instalaciones auxiliares que permiten el funcionamiento seguro de los reactores.
Atucha I y II, y la futura tercera central, están en la localidad bonaerense de Lima, zona considerada de nula sismicidad. La central de Embalse, en Río Tercero (Córdoba), está en una zona de baja sismicidad.
Fecha de Publicación: 16/03/2011
Fuente: NOSIS
Provincia/Región: Nacional
La crisis nuclear producida en Japón tendrá consecuencias para el Plan Nuclear de la Argentina, que persigue reducir la participación del 52 por ciento que tiene el gas natural dentro de la composición de la matriz energética nacional.
En medio de un trabajo que debería madurar en junio próximo con el lanzamiento de una licitación internacional para contratar la compra de una cuarta planta nuclear (Atucha III), que podría tener dos módulos de 1.000 MW cada uno, ya tomó cuerpo la idea de comprar reactores de uranio enriquecido, que responde a una tecnología de tercera generación.
Ello implicaría abandonar la idea de una usina de segunda generación, tal como Embalse o Atucha II, que funcionan con uranio natural, informó hoy el diario BAE, explicando que la adjudicación deberá cumplir estrictos requisitos de una abierta transferencia de tecnología, la fabricación local de elementos combustibles y amplias condiciones de financiamiento para encarar un proyecto mayor a los 5.000 millones de dólares.
El financiamiento es clave, ya que no se espera el apoyo de los organismos internacionales de crédito.
Así, la experiencia de la situación en la central atómica de Fukushima tendrá incidencia en la Argentina, porque el futuro encargo de estos dos reactores de potencia no responderá a los tipos de PHWR (agua pesada presurizada).
El sismo del pasado viernes en Japón, que alcanzó un nivel de 9 en la escala abierta de Richter, no afectó los edificios que contienen las propias unidades generadoras, pero sí las instalaciones auxiliares que permiten el funcionamiento seguro de los reactores.
Atucha I y II, y la futura tercera central, están en la localidad bonaerense de Lima, zona considerada de nula sismicidad. La central de Embalse, en Río Tercero (Córdoba), está en una zona de baja sismicidad.
En pos del desarrollo sustentable.
Ambiente y Trabajo firmarán un convenio para trabajar en pos del desarrollo sustentable
Fecha de Publicación: 16/03/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
En concordancia con el Plan Integral para la Promoción del Empleo dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, mañana, en la sede de la cartera ambiental, el secretario de Ambiente de la Nación, Dr. Juan José Mussi, firmará con el secretario de Empleo, Lic. Enrique Deibe, un convenio tendiente al fortalecimiento e integración de las políticas públicas en materia de empleo y de ambiente, en el marco del desarrollo sustentable.
El acto se llevará a cabo a las 15h en la secretaría de Ambiente- sita en San Martín 451- y contará con la presencia de representantes del movimiento obrero organizado, técnicos y autoridades nacionales.
El convenio, por su parte, apunta a crear una instancia de cooperación, mutuo asesoramiento y transferencia de información científica, técnica y profesional, a la integración de grupos de trabajo de interés común y a la realización de actividades conjuntas.
En tal sentido, se busca promover el desarrollo de las competencias para la inserción de los trabajadores desocupados y la capacitación en distintas temáticas ambientales como producción limpia y residuos sólidos urbanos, entre otras, de los delegados y trabajadores.
El acuerdo se suma a las acciones que ambas dependencias de gobierno vienen llevando a cabo como la reciente incorporación de las cláusulas ambientales en los convenios colectivos de trabajo.
Fecha de Publicación: 16/03/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
En concordancia con el Plan Integral para la Promoción del Empleo dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, mañana, en la sede de la cartera ambiental, el secretario de Ambiente de la Nación, Dr. Juan José Mussi, firmará con el secretario de Empleo, Lic. Enrique Deibe, un convenio tendiente al fortalecimiento e integración de las políticas públicas en materia de empleo y de ambiente, en el marco del desarrollo sustentable.
El acto se llevará a cabo a las 15h en la secretaría de Ambiente- sita en San Martín 451- y contará con la presencia de representantes del movimiento obrero organizado, técnicos y autoridades nacionales.
El convenio, por su parte, apunta a crear una instancia de cooperación, mutuo asesoramiento y transferencia de información científica, técnica y profesional, a la integración de grupos de trabajo de interés común y a la realización de actividades conjuntas.
En tal sentido, se busca promover el desarrollo de las competencias para la inserción de los trabajadores desocupados y la capacitación en distintas temáticas ambientales como producción limpia y residuos sólidos urbanos, entre otras, de los delegados y trabajadores.
El acuerdo se suma a las acciones que ambas dependencias de gobierno vienen llevando a cabo como la reciente incorporación de las cláusulas ambientales en los convenios colectivos de trabajo.
Incertidumbre por ubicación de la planta de RSU
Crece la incertidumbre por la ubicación de la planta de residuos
Fecha de Publicación: 15/03/2011
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Buenos Aires
Desde que se abrieron los sobres del pliego de licitación para la construcción de la planta de residuos hasta el día de hoy, la pregunta sin respuesta sigue siendo la misma: cuál será el barrio platense que albergará tal establecimiento.
Como lo afirmó este medio en la edición de ayer, el diputado provincial y hermano del intendente, Gabriel Bruera, se reunió con la asamblea de Etcheverry y aseguró que la planta no se construirá en dicho territorio, con lo cual el debate se volvió a disparar sin certezas de cuándo concluirá. “Etcheverry nunca fue una posibilidad. Estamos estudiando el tema, para poder resolverlo. Estamos trabajando con la Provincia ayudando a responder el pedido de la Corte”, indicó a Hoy Sergio Federovisky, titular de la Agencia Ambiental. Asimismo, desde el oficialismo evitaron aventurar una fecha límite para realizar el anuncio tan esperado.
Por otra parte, vecinos movilizados no creen que se vuelvan a considerar las opciones ya descartadas. “Lo que dijo Bruera es que la planta no viene a ninguna zona del corredor de la ruta 2, o sea que se descarta Abasto, Olmos, Etcheverry, Poblet, entre otros. Nosotros seguimos atentos esperando que cumplan con las promesas de que la planta no va a venir a Abasto”, aseguró a Hoy Enrique Foresi, referente de la asamblea vecinal de Abasto.
Los rumores primaron sobre las certezas durante el lapso en el que se decidió que la planta central se construiría en la ciudad. Cabe recordar que, al principio de la discusión, circuló la zona de Poblet como el lugar elegido, pero la resistencia vecinal, que planteaba que se contaminaría el acuífero Puelche, impidió que tal iniciativa prosperara.
En el mismo sentido, empezó a resonar en los pasillos municipales la posibilidad de que Abasto fuera el barrio que albergaría a dicho establecimiento, idea que empezó a diluirse con una nueva negativa vecinal, que veía peligrar el desarrollo de la actividad florifrutihortícola de la región.
Más allá de las idas y vueltas, las próximas semanas serán cruciales para una decisión definitiva en lo que respecta una problemática que no afecta sólo a esa ciudad, sino al conjunto del Gran La Plata y la región.
Fecha de Publicación: 15/03/2011
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Buenos Aires
Desde que se abrieron los sobres del pliego de licitación para la construcción de la planta de residuos hasta el día de hoy, la pregunta sin respuesta sigue siendo la misma: cuál será el barrio platense que albergará tal establecimiento.
Como lo afirmó este medio en la edición de ayer, el diputado provincial y hermano del intendente, Gabriel Bruera, se reunió con la asamblea de Etcheverry y aseguró que la planta no se construirá en dicho territorio, con lo cual el debate se volvió a disparar sin certezas de cuándo concluirá. “Etcheverry nunca fue una posibilidad. Estamos estudiando el tema, para poder resolverlo. Estamos trabajando con la Provincia ayudando a responder el pedido de la Corte”, indicó a Hoy Sergio Federovisky, titular de la Agencia Ambiental. Asimismo, desde el oficialismo evitaron aventurar una fecha límite para realizar el anuncio tan esperado.
Por otra parte, vecinos movilizados no creen que se vuelvan a considerar las opciones ya descartadas. “Lo que dijo Bruera es que la planta no viene a ninguna zona del corredor de la ruta 2, o sea que se descarta Abasto, Olmos, Etcheverry, Poblet, entre otros. Nosotros seguimos atentos esperando que cumplan con las promesas de que la planta no va a venir a Abasto”, aseguró a Hoy Enrique Foresi, referente de la asamblea vecinal de Abasto.
Los rumores primaron sobre las certezas durante el lapso en el que se decidió que la planta central se construiría en la ciudad. Cabe recordar que, al principio de la discusión, circuló la zona de Poblet como el lugar elegido, pero la resistencia vecinal, que planteaba que se contaminaría el acuífero Puelche, impidió que tal iniciativa prosperara.
En el mismo sentido, empezó a resonar en los pasillos municipales la posibilidad de que Abasto fuera el barrio que albergaría a dicho establecimiento, idea que empezó a diluirse con una nueva negativa vecinal, que veía peligrar el desarrollo de la actividad florifrutihortícola de la región.
Más allá de las idas y vueltas, las próximas semanas serán cruciales para una decisión definitiva en lo que respecta una problemática que no afecta sólo a esa ciudad, sino al conjunto del Gran La Plata y la región.
Originarios Salta y Jujuy rechazan a mineras
Pueblos Originarios Salta y Jujuy rechazan a mineras
Fecha de Publicación: 15/03/2011
Fuente: NoalaMina
Provincia/Región: Salta y Jujuy
"Las comunidades aborígenes abajo firmantes habitamos desde tiempos ancestrales la cuenca de la Laguna de Guayatayoc y Salinas Grandes, todas fuimos reconocidas jurídicamente por el Estado.
Somos descendientes de los pueblos que originalmente habitaron estas tierras, y hemos aprendido de nuestros Abuelos a cuidar y proteger nuestro territorio, el cual desde el Siglo XIX forma parte del Estado argentino. Como comunidades indígenas hemos realizado permanentes reclamos para que nos titularicen las tierras que habitamos. Con alegría y esperanza hemos recibido el anuncio del reconocimiento de nuestros derechos. Imaginamos que por fin íbamos a poder concretar la plena posesión de nuestras tierras.
Sin embargo, hasta hoy no lo hemos logrado, el Gobierno Provincial no cumple con lo ordenado por la Constitución Nacional ni por la sentencia judicial que así le ordena. No obstante, seguiremos luchando, utilizando todas las herramientas jurídicas existentes hasta lograr la plena devolución y regularización de las mismas.
Durante el año pasado, con preocupación, comenzamos a ser testigos mudos de una nueva actividad en la región, nadie nos informó nada a pesar de la vigencia de derechos que exigen que nos consulten (Constitución Nacional, articulo 6 del Convenio 169 de la OIT). Nos enteramos por rumores y por los medios de prensa, que habían descubierto litio en el subsuelo de los salares de la Puna de Salta y Jujuy.
Todos los anuncios del Gobierno, daban cuenta de la importancia de este nuevo emprendimiento para la economía nacional e internacional. Sin embargo, nadie dijo nada de cómo esta nueva explotación nos puede afectar a las comunidades y a nuestro territorio: a las salinas, a las vertientes de agua, a los pastos, a nuestros ganados, a la Pacha, a nuestras costumbres y creencias,etc. En síntesis: a toda nuestra vida.
Primeramente recurrimos a las autoridades para que nos informen, pero nos dijeron que no pasaba nada. Viendo que los movimientos continuaban y el silencio también, nos reunimos todas las comunidades hermanas y comprobando que el gobierno salteño tenía igual comportamiento, en el mes de Noviembre de 2010 decidimos presentar una demanda de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Estado provincial de Jujuy, de Salta y del Estado Nacional, por: "la manifiestamente arbitraria e ilegal autorización y/o cualquier acto administrativo dictado por las autoridades respectivas de cada Provincia, que otorguen permisos de exploración y/o cateo o explotación de minerales, en el territorio habitado por las comunidades indígenas, sin haber cumplido con las normas del debido proceso y las garantías necesarias que permitan el acceso al trámite y el ejercicio cabal de sus derechos reconocidos en la Constitución Nacional e instrumentos internacionales a la consulta previa, libre e informada.
Solicitando a la Corte que disponga el cese inmediato de los trabajos y/o actividades que realicen las Empresas mineras, en la zona denunciada, hasta tanto se establezcan los mecanismos necesarias que garanticen las reglas del debido proceso".
En este momento estamos a la espera de la respuesta de la Corte. También rechazamos las citaciones que algunas comunidades compulsivamente están recibiendo de manos de las empresas mineras a una reunión en Unidad de Gestión Ambiental Minera, para tratar evaluaciones de impacto ambiental de las empresas mineras. Reiteramos, no se ha realizado la consulta previa a las comunidades a cualquier proyecto de exploración y/o prospección. También nos enteramos por medios periodísticos de la declaración de litio como recurso estratégico, sin consulta prvia a las comunidades que habitamos la zona de la cuenca Salinas Grandes".
Fecha de Publicación: 15/03/2011
Fuente: NoalaMina
Provincia/Región: Salta y Jujuy
"Las comunidades aborígenes abajo firmantes habitamos desde tiempos ancestrales la cuenca de la Laguna de Guayatayoc y Salinas Grandes, todas fuimos reconocidas jurídicamente por el Estado.
Somos descendientes de los pueblos que originalmente habitaron estas tierras, y hemos aprendido de nuestros Abuelos a cuidar y proteger nuestro territorio, el cual desde el Siglo XIX forma parte del Estado argentino. Como comunidades indígenas hemos realizado permanentes reclamos para que nos titularicen las tierras que habitamos. Con alegría y esperanza hemos recibido el anuncio del reconocimiento de nuestros derechos. Imaginamos que por fin íbamos a poder concretar la plena posesión de nuestras tierras.
Sin embargo, hasta hoy no lo hemos logrado, el Gobierno Provincial no cumple con lo ordenado por la Constitución Nacional ni por la sentencia judicial que así le ordena. No obstante, seguiremos luchando, utilizando todas las herramientas jurídicas existentes hasta lograr la plena devolución y regularización de las mismas.
Durante el año pasado, con preocupación, comenzamos a ser testigos mudos de una nueva actividad en la región, nadie nos informó nada a pesar de la vigencia de derechos que exigen que nos consulten (Constitución Nacional, articulo 6 del Convenio 169 de la OIT). Nos enteramos por rumores y por los medios de prensa, que habían descubierto litio en el subsuelo de los salares de la Puna de Salta y Jujuy.
Todos los anuncios del Gobierno, daban cuenta de la importancia de este nuevo emprendimiento para la economía nacional e internacional. Sin embargo, nadie dijo nada de cómo esta nueva explotación nos puede afectar a las comunidades y a nuestro territorio: a las salinas, a las vertientes de agua, a los pastos, a nuestros ganados, a la Pacha, a nuestras costumbres y creencias,etc. En síntesis: a toda nuestra vida.
Primeramente recurrimos a las autoridades para que nos informen, pero nos dijeron que no pasaba nada. Viendo que los movimientos continuaban y el silencio también, nos reunimos todas las comunidades hermanas y comprobando que el gobierno salteño tenía igual comportamiento, en el mes de Noviembre de 2010 decidimos presentar una demanda de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Estado provincial de Jujuy, de Salta y del Estado Nacional, por: "la manifiestamente arbitraria e ilegal autorización y/o cualquier acto administrativo dictado por las autoridades respectivas de cada Provincia, que otorguen permisos de exploración y/o cateo o explotación de minerales, en el territorio habitado por las comunidades indígenas, sin haber cumplido con las normas del debido proceso y las garantías necesarias que permitan el acceso al trámite y el ejercicio cabal de sus derechos reconocidos en la Constitución Nacional e instrumentos internacionales a la consulta previa, libre e informada.
Solicitando a la Corte que disponga el cese inmediato de los trabajos y/o actividades que realicen las Empresas mineras, en la zona denunciada, hasta tanto se establezcan los mecanismos necesarias que garanticen las reglas del debido proceso".
En este momento estamos a la espera de la respuesta de la Corte. También rechazamos las citaciones que algunas comunidades compulsivamente están recibiendo de manos de las empresas mineras a una reunión en Unidad de Gestión Ambiental Minera, para tratar evaluaciones de impacto ambiental de las empresas mineras. Reiteramos, no se ha realizado la consulta previa a las comunidades a cualquier proyecto de exploración y/o prospección. También nos enteramos por medios periodísticos de la declaración de litio como recurso estratégico, sin consulta prvia a las comunidades que habitamos la zona de la cuenca Salinas Grandes".
Polémica por las centrales argentinas
Polémica por las centrales argentinas
Fecha de Publicación: 15/03/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Los expertos destacan la seguridad de Atucha y Embalse, pero para Greenpeace hay riesgos
La emergencia nuclear que tiene en vilo a Japón y al mundo volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre el uso de la energía atómica para la generación de electricidad. La Argentina cuenta con dos centrales que están funcionando -Atucha I, en Lima, partido de Zárate, y Embalse, en Córdoba-, que proporcionan cerca del 8% de la energía distribuida por el sistema interconectado nacional. Existe una tercera central nuclear, Atucha II, en la etapa final de construcción.
Para la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), que controla y fiscaliza las aplicaciones de este tipo de energía en la Argentina, "no podría ocurrir en el país un accidente similar al que ocurrió en Japón". Sin embargo, las organizaciones ambientalistas afirman que las plantas locales no están exentas de sufrir desperfectos.
"La Argentina y sus centrales nucleares están lejos de zonas con fallas geológicas activas, como el caso de la unión de las placas tectónicas existentes en Japón. El diseño de nuestros reactores es diferente del de los reactores afectados. Por ejemplo, los nuestros poseen un circuito de moderación, lo que permite contar con un inventario de agua mucho mayor en el momento de refrigerar. Además, las centrales nucleares argentinas, por ser de uranio natural o levemente enriquecido (y no del grado de enriquecimiento como en Japón), tienen una potencia específica menor, lo que permite trabajar siempre con escenarios accidentales de evolución menor", explicó a La Nacion el ingeniero Jorge Calvo, especialista en Seguridad Nuclear de la ARN.
Y agregó: "Finalmente, hay que destacar que nuestros sistemas de contención [la protección de los reactores] son técnicamente mejores".
Críticas de ambientalistas
En Greenpeace Argentina, relativizan estos datos. "La Argentina no está exenta de los riesgos que entraña la actividad nuclear. Tanto las plantas de Embalse y Atucha I como otras instalaciones registran en su historia incidentes que han afectado a operarios y pudieron derivar en accidentes mayores. Nuestro país, como sucede en el resto del mundo, no tiene ningún plan de gestión de los residuos altamente radiactivos que, por ahora, permanecen alojados en las propias plantas. Las minas de uranio han dejado un pasivo ambiental en diferentes puntos del país que aún no ha sido resuelto, a pesar que se que ahora se quiere reactivar la minería de uranio para la exportación", sostuvo Juan Carlos Villalonga, director de campañas de Greenpeace.
Calvo indicó: "El funcionamiento de las plantas es fiscalizado de manera permanente por la ARN, mediante dos inspectores residentes en cada una de ellas. Ellos se encargan de verificar el cumplimiento de las normas relacionadas con la seguridad".
Para Rubén Darío Sbarato, físico y director de la carrera de Ciencias Ambientales de la UTN, la pregunta debe ser qué sucedió en Japón. "Al país que más investigó, que basó su sistema energético en la energía nuclear y que hasta importa desechos atómicos de otros países le está sucediendo esto. Creo que este tipo de energía, ante la crisis de combustibles fósiles, es una clara alternativa para países como los europeos, con poco territorio, donde las energías limpias no alcanzan a reemplazar al petróleo y al carbón", dijo. Sin embargo, para la Argentina, el escenario es diferente según Sbarato: "No me parece que haya que avanzar más. Tenemos un territorio extenso con buenos ríos, buenos vientos, potencial geotérmico y escasa población. Con las tres centrales que habrá es suficiente".
Villalonga fue más allá: "Lamentablemente, en estos últimos años se está reviviendo el viejo plan nuclear de la dictadura: se promete inaugurar Atucha II, un proyecto de la junta militar de 1981; se han reabierto los laboratorios de enriquecimiento de uranio en Pilcaniyeu; se pretende construir el reactor Carem, en Formosa, que deriva del proyecto de construcción de un submarino nuclear y que, modificado, se ha intentado vender desde la década del 80 como mini-central, aunque no existe mercado para él. Todos, proyectos que sólo existen mediante enormes subsidios del Estado".
Fecha de Publicación: 15/03/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Los expertos destacan la seguridad de Atucha y Embalse, pero para Greenpeace hay riesgos
La emergencia nuclear que tiene en vilo a Japón y al mundo volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre el uso de la energía atómica para la generación de electricidad. La Argentina cuenta con dos centrales que están funcionando -Atucha I, en Lima, partido de Zárate, y Embalse, en Córdoba-, que proporcionan cerca del 8% de la energía distribuida por el sistema interconectado nacional. Existe una tercera central nuclear, Atucha II, en la etapa final de construcción.
Para la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), que controla y fiscaliza las aplicaciones de este tipo de energía en la Argentina, "no podría ocurrir en el país un accidente similar al que ocurrió en Japón". Sin embargo, las organizaciones ambientalistas afirman que las plantas locales no están exentas de sufrir desperfectos.
"La Argentina y sus centrales nucleares están lejos de zonas con fallas geológicas activas, como el caso de la unión de las placas tectónicas existentes en Japón. El diseño de nuestros reactores es diferente del de los reactores afectados. Por ejemplo, los nuestros poseen un circuito de moderación, lo que permite contar con un inventario de agua mucho mayor en el momento de refrigerar. Además, las centrales nucleares argentinas, por ser de uranio natural o levemente enriquecido (y no del grado de enriquecimiento como en Japón), tienen una potencia específica menor, lo que permite trabajar siempre con escenarios accidentales de evolución menor", explicó a La Nacion el ingeniero Jorge Calvo, especialista en Seguridad Nuclear de la ARN.
Y agregó: "Finalmente, hay que destacar que nuestros sistemas de contención [la protección de los reactores] son técnicamente mejores".
Críticas de ambientalistas
En Greenpeace Argentina, relativizan estos datos. "La Argentina no está exenta de los riesgos que entraña la actividad nuclear. Tanto las plantas de Embalse y Atucha I como otras instalaciones registran en su historia incidentes que han afectado a operarios y pudieron derivar en accidentes mayores. Nuestro país, como sucede en el resto del mundo, no tiene ningún plan de gestión de los residuos altamente radiactivos que, por ahora, permanecen alojados en las propias plantas. Las minas de uranio han dejado un pasivo ambiental en diferentes puntos del país que aún no ha sido resuelto, a pesar que se que ahora se quiere reactivar la minería de uranio para la exportación", sostuvo Juan Carlos Villalonga, director de campañas de Greenpeace.
Calvo indicó: "El funcionamiento de las plantas es fiscalizado de manera permanente por la ARN, mediante dos inspectores residentes en cada una de ellas. Ellos se encargan de verificar el cumplimiento de las normas relacionadas con la seguridad".
Para Rubén Darío Sbarato, físico y director de la carrera de Ciencias Ambientales de la UTN, la pregunta debe ser qué sucedió en Japón. "Al país que más investigó, que basó su sistema energético en la energía nuclear y que hasta importa desechos atómicos de otros países le está sucediendo esto. Creo que este tipo de energía, ante la crisis de combustibles fósiles, es una clara alternativa para países como los europeos, con poco territorio, donde las energías limpias no alcanzan a reemplazar al petróleo y al carbón", dijo. Sin embargo, para la Argentina, el escenario es diferente según Sbarato: "No me parece que haya que avanzar más. Tenemos un territorio extenso con buenos ríos, buenos vientos, potencial geotérmico y escasa población. Con las tres centrales que habrá es suficiente".
Villalonga fue más allá: "Lamentablemente, en estos últimos años se está reviviendo el viejo plan nuclear de la dictadura: se promete inaugurar Atucha II, un proyecto de la junta militar de 1981; se han reabierto los laboratorios de enriquecimiento de uranio en Pilcaniyeu; se pretende construir el reactor Carem, en Formosa, que deriva del proyecto de construcción de un submarino nuclear y que, modificado, se ha intentado vender desde la década del 80 como mini-central, aunque no existe mercado para él. Todos, proyectos que sólo existen mediante enormes subsidios del Estado".
Centrales nucleares de Argentina más estables
En las centrales nucleares de Argentina no podrían pasar lo de Japón
Fecha de Publicación: 14/03/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La Comisión Nacional de Energía Atómica explicó que en el país se utiliza tecnología diferente y no se está en una zona sísmica.
Argentina no podría pasar por una situación similar a la que afecta a las centrales nucleares de Japón "porque se usa diferente tecnología y además no estamos en zona sísmica", afirmó el gerente de Relaciones Institucionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Gabriel Barceló.
El especialista descartó por estas razones que en las plantas argentinas de Atucha I (Zárate) y Embalse (Río Tercero) pueda darse la situación que se está registrando en la planta japonesa de Fukushima, con problemas para refrigerar los reactores tras el sismo de 9 grados Richter del viernes pasado.
"Lo que sucedió en el reactor donde se produjo la explosión el sábado es que debido al tsunami generado después del sismo se inundaron los motores de seguridad que permiten generar electricidad alternativa para refrigerar el núcleo del reactor", dijo Barceló.
El integrante de la CNEA subrayó que "ésto no implica que haya explotado el reactor sino partes de las zonas de contención, pero en principio hay que aclarar que los sistemas de seguridad funcionaron en todas las plantas japonesas".
Cada reactor de una planta nuclear "posee un núcleo que, simplificando muchísimo la explicación, contiene un conjunto de barras de uranio entre las cuales pasa el agua que refrigera y se lleva el calor", señaló.
"Lo que puede suceder si esta refrigeración no es la adecuada -dijo- es que estás barras se fundan entre sí, liberando gases radioactivos que serían nocivos siempre y cuando salgan del recipiente del reactor".
Barceló precisó que esto implicaría una "explosión química" y no una "explosión nuclear" y que, además, "nada de esto sucedió todavía en Fukushima, donde se encuentran trabajando para intentar garantizar la refrigeración por medios alternativos, como por ejemplo, llevando agua de mar porque la que tenían se evaporó por el gran calor".
"No existe ninguna posibilidad de que suceda lo que pasó en Chernobyl en 1986, por varias razones. Las centrales son que la tecnología del reactor es diferente y que en la planta ucraniana hubo un error humano que ocasionó un problema en el reactor, mientras que acá el factor fue externo", diferenció.
El especialista remarcó que el origen de la situación en Japón es una de las catástrofes naturales peores de la historia, que afectó a todos los aspectos de la vida en ese país, por lo que "no se trata de un error humano" vinculado a la producción de energía nuclear.
Según Barceló, el tercer motivo por el cual las consecuencias de la explosión en Chernobyl no pueden suceder en Fukushima es porque "los japoneses están actuando con un nivel de responsabilidad muy alto: de hecho, ya efectuaron la evacuación de la zona por prevención y están brindando información constantemente sobre lo que sucede".
Sobre el debate abierto acerca de si es conveniente instalar este tipo de plantas en zonas sísmicas, el miembro de la CNEA sostuvo que "si se toman las medidas de ingeniería adecuada no tendría que haber problemas".
La energía nuclear en el mundo. Consultado sobre si la situación en la planta Fukushima puede ocasionar un retroceso en el desarrollo mundial de energía nuclear, Barceló respondió "ojalá que no" y explicó las beneficios de este tipo de energía.
"El mayor problema ambiental de nuestros tiempos -dijo- es el calentamiento global producido por el efecto invernadero, cuya causa más importante es la emisión de gases por la quema de petróleo, carbón sus derivados para la obtención de energía".
Esto "conlleva a la necesidad de reemplazar la energía de fuentes fósiles y la única fuente que puede reemplazar en tiempo y forma es la energía nuclear, que además es completamente segura y no depende de factores naturales", sostuvo Barceló.
"Por supuesto que hay que buscar fuentes alternativas, pero la energía nuclear genera un volumen que no producen otras y los países -sobre todo los que estamos en vías de desarrollo- necesitamos de mucha energía para solventar la producción industrial, que a la larga mejora la calidad de vida", indicó el experto de la CNEA.
Fecha de Publicación: 14/03/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La Comisión Nacional de Energía Atómica explicó que en el país se utiliza tecnología diferente y no se está en una zona sísmica.
Argentina no podría pasar por una situación similar a la que afecta a las centrales nucleares de Japón "porque se usa diferente tecnología y además no estamos en zona sísmica", afirmó el gerente de Relaciones Institucionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Gabriel Barceló.
El especialista descartó por estas razones que en las plantas argentinas de Atucha I (Zárate) y Embalse (Río Tercero) pueda darse la situación que se está registrando en la planta japonesa de Fukushima, con problemas para refrigerar los reactores tras el sismo de 9 grados Richter del viernes pasado.
"Lo que sucedió en el reactor donde se produjo la explosión el sábado es que debido al tsunami generado después del sismo se inundaron los motores de seguridad que permiten generar electricidad alternativa para refrigerar el núcleo del reactor", dijo Barceló.
El integrante de la CNEA subrayó que "ésto no implica que haya explotado el reactor sino partes de las zonas de contención, pero en principio hay que aclarar que los sistemas de seguridad funcionaron en todas las plantas japonesas".
Cada reactor de una planta nuclear "posee un núcleo que, simplificando muchísimo la explicación, contiene un conjunto de barras de uranio entre las cuales pasa el agua que refrigera y se lleva el calor", señaló.
"Lo que puede suceder si esta refrigeración no es la adecuada -dijo- es que estás barras se fundan entre sí, liberando gases radioactivos que serían nocivos siempre y cuando salgan del recipiente del reactor".
Barceló precisó que esto implicaría una "explosión química" y no una "explosión nuclear" y que, además, "nada de esto sucedió todavía en Fukushima, donde se encuentran trabajando para intentar garantizar la refrigeración por medios alternativos, como por ejemplo, llevando agua de mar porque la que tenían se evaporó por el gran calor".
"No existe ninguna posibilidad de que suceda lo que pasó en Chernobyl en 1986, por varias razones. Las centrales son que la tecnología del reactor es diferente y que en la planta ucraniana hubo un error humano que ocasionó un problema en el reactor, mientras que acá el factor fue externo", diferenció.
El especialista remarcó que el origen de la situación en Japón es una de las catástrofes naturales peores de la historia, que afectó a todos los aspectos de la vida en ese país, por lo que "no se trata de un error humano" vinculado a la producción de energía nuclear.
Según Barceló, el tercer motivo por el cual las consecuencias de la explosión en Chernobyl no pueden suceder en Fukushima es porque "los japoneses están actuando con un nivel de responsabilidad muy alto: de hecho, ya efectuaron la evacuación de la zona por prevención y están brindando información constantemente sobre lo que sucede".
Sobre el debate abierto acerca de si es conveniente instalar este tipo de plantas en zonas sísmicas, el miembro de la CNEA sostuvo que "si se toman las medidas de ingeniería adecuada no tendría que haber problemas".
La energía nuclear en el mundo. Consultado sobre si la situación en la planta Fukushima puede ocasionar un retroceso en el desarrollo mundial de energía nuclear, Barceló respondió "ojalá que no" y explicó las beneficios de este tipo de energía.
"El mayor problema ambiental de nuestros tiempos -dijo- es el calentamiento global producido por el efecto invernadero, cuya causa más importante es la emisión de gases por la quema de petróleo, carbón sus derivados para la obtención de energía".
Esto "conlleva a la necesidad de reemplazar la energía de fuentes fósiles y la única fuente que puede reemplazar en tiempo y forma es la energía nuclear, que además es completamente segura y no depende de factores naturales", sostuvo Barceló.
"Por supuesto que hay que buscar fuentes alternativas, pero la energía nuclear genera un volumen que no producen otras y los países -sobre todo los que estamos en vías de desarrollo- necesitamos de mucha energía para solventar la producción industrial, que a la larga mejora la calidad de vida", indicó el experto de la CNEA.
Las minas no se tocan
Las minas no se tocan
Fecha de Publicación: 13/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un cable filtrado por Wikileaks revela la preocupación que causó el aumento de un impuesto del 5 al 10 por ciento sobre la minería.
Aunque el sector minero no paga retenciones del 35 por ciento como algunos productos agrícolas, ni del 45 por ciento como pagan las petroleras, y aunque en los últimos años el precio internacional de los minerales trepó a picos históricos, la Embajada de los Estados Unidos reaccionó ante el aumento de un impuesto del cinco al diez por ciento alertando sobre el fin de las inversiones en la Argentina.
Según un cable diplomático de octubre del 2007 filtrado por Wikileaks al que tuvo acceso Página/12, la embajada sondeó a distintos empresarios mineros sobre la continuidad de sus inversiones en el país y se hizo eco de sus quejas, a pesar de que las inversiones estadounidenses en la minería argentina son escasas.
La intervención de la embajada tuvo lugar después de que “contactos del sector privado” que no identifica alertaran de que el nuevo impuesto “socavaría las inversiones del sector minero y el clima de inversiones en general en la Argentina”, dice el cable firmado por el entonces embajador Earl Anthony Wayne.
Sin embargo, en los sondeos de la embajada ningún representante del sector se mostró dispuesto a retirarse del país ni a quejarse ante el Gobierno por el gravamen impuesto, quizá porque el margen de ganancia aún era amplio.
El impuesto a las exportaciones mineras que provocó la reacción de la embajada forma parte de una tendencia mundial. Según un artículo de Pablo Maas en Clarín de septiembre pasado, los gobiernos de Chile y Australia lo hicieron.
“Alrededor del mundo, está creciendo lo que los propios mineros llaman el ‘nacionalismo de los recursos’. Se trata de gobiernos, nacionales o locales, que están buscando participar con una mayor porción de la renta minera, que se ha disparado al compás del ascenso meteórico de la cotización de metales como el oro, la plata y el cobre”, dice el economista.
Mientras en Australia el nuevo gobierno impuso un gravamen del 30 por ciento a las “ganancias extraordinarias” de las mineras y en Chile Sebastián Piñera mandó un proyecto para aumentar las regalías a un mínimo de cinco por ciento, en la Argentina, hasta el impuesto que preocupó a la embajada, las mineras sólo pagaban regalías del tres por ciento a las provincias. Más aún, la ley minera de 1993, promulgada por Carlos Menem, les otorgó a los proyectos una deducción del 100 por ciento de los gastos de exploración e importaciones sin aranceles, entre otros incentivos, sin contar un compromiso de 30 años de estabilidad fiscal, que en la práctica duró catorce.
“Régimen de primer nivel”
El cable reconoce que antes de la instauración del impuesto la situación de las mineras que operan en la Argentina era prácticamente inmejorable.
“Contactos del sector privado e informes de los medios han sido más bien críticos con la manera en que el gobierno de Argentina aplicó el impuesto, argumentando que efectivamente clausura una década y media de inversión minera con un régimen impositivo de primer nivel mundial”, dice el texto.
A pesar del tono alarmista del despacho diplomático, los mismos “contactos” que se quejaron ante la embajada admitieron que el alto precio de los minerales cubría sobradamente el costo del impuesto, dice el cable: “Contactos del sector minero reconocen que la presente fortaleza del precio mundial de los minerales, particularmente del oro y del cobre, es un incentivo fuerte para permanecer en la Argentina”.
Para que no queden dudas, el autor del cable escribió que en los tres años previos a la aplicación del impuesto de 5 al 10 por ciento, el precio de los principales minerales que exporta la Argentina habían subido un 20 por ciento en el caso del oro y un 60 por ciento en el caso del cobre.
El cable también señala que la presión impositiva sobre la minería sigue siendo baja con respecto a otros productos primarios que exporta la Argentina. “El impuesto federal a las exportaciones mineras ha aumentado sustancialmente, de 0 a 5-10 por ciento, pero sigue siendo significativamente más bajo que las retenciones que se aplican a sectores agrícolas (alrededor del 28 por ciento para la soja) y a los hidrocarburos (alrededor del 45 por ciento para el crudo).”
Intereses
Sin embargo, según la embajada, la decisión de Argentina de aplicar el impuesto afectaría los intereses estadounidenses porque empresas norteamericanas son proveedoras de las mineras. “Comparados con otras firmas mineras basadas en el exterior, los intereses mineros de Estados Unidos son pequeños... Estados Unidos tiene intereses más grandes en la venta de equipos a empresas mineras operando en la Argentina, con cerca del 30 por ciento del mercado. El Servicio de Comercio Exterior estadounidense estima que en el 2006 las exportaciones de equipos mineros (a la Argentina) fueron de cerca de 125 millones de dólares. Estas exportaciones podrían verse afectadas si el nuevo impuesto minero resulta en menos inversiones.”
Según cuenta el cable, al sentirse afectada en sus intereses la embajada intentó contactarse con funcionarios argentinos para pedirles “explicaciones” sobre la decisión de aplicar el impuesto. Pero los diplomáticos fracasaron en el intento.
Así es la queja: “La Embajada ha intentado sin éxito una entrevista con el secretario de Minería Jorge Mayoral, con quien disfrutamos de una buena relación de trabajo, para que nos dé una explicación más completa. Otras embajadas cuentan lo mismo. Llamados y pedidos de reuniones por parte de la Embajada –con varios funcionarios de primer nivel del gobierno de Argentina e incluso gobernadores– han sido mayormente rechazados o no contestados”.
Fecha de Publicación: 13/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un cable filtrado por Wikileaks revela la preocupación que causó el aumento de un impuesto del 5 al 10 por ciento sobre la minería.
Aunque el sector minero no paga retenciones del 35 por ciento como algunos productos agrícolas, ni del 45 por ciento como pagan las petroleras, y aunque en los últimos años el precio internacional de los minerales trepó a picos históricos, la Embajada de los Estados Unidos reaccionó ante el aumento de un impuesto del cinco al diez por ciento alertando sobre el fin de las inversiones en la Argentina.
Según un cable diplomático de octubre del 2007 filtrado por Wikileaks al que tuvo acceso Página/12, la embajada sondeó a distintos empresarios mineros sobre la continuidad de sus inversiones en el país y se hizo eco de sus quejas, a pesar de que las inversiones estadounidenses en la minería argentina son escasas.
La intervención de la embajada tuvo lugar después de que “contactos del sector privado” que no identifica alertaran de que el nuevo impuesto “socavaría las inversiones del sector minero y el clima de inversiones en general en la Argentina”, dice el cable firmado por el entonces embajador Earl Anthony Wayne.
Sin embargo, en los sondeos de la embajada ningún representante del sector se mostró dispuesto a retirarse del país ni a quejarse ante el Gobierno por el gravamen impuesto, quizá porque el margen de ganancia aún era amplio.
El impuesto a las exportaciones mineras que provocó la reacción de la embajada forma parte de una tendencia mundial. Según un artículo de Pablo Maas en Clarín de septiembre pasado, los gobiernos de Chile y Australia lo hicieron.
“Alrededor del mundo, está creciendo lo que los propios mineros llaman el ‘nacionalismo de los recursos’. Se trata de gobiernos, nacionales o locales, que están buscando participar con una mayor porción de la renta minera, que se ha disparado al compás del ascenso meteórico de la cotización de metales como el oro, la plata y el cobre”, dice el economista.
Mientras en Australia el nuevo gobierno impuso un gravamen del 30 por ciento a las “ganancias extraordinarias” de las mineras y en Chile Sebastián Piñera mandó un proyecto para aumentar las regalías a un mínimo de cinco por ciento, en la Argentina, hasta el impuesto que preocupó a la embajada, las mineras sólo pagaban regalías del tres por ciento a las provincias. Más aún, la ley minera de 1993, promulgada por Carlos Menem, les otorgó a los proyectos una deducción del 100 por ciento de los gastos de exploración e importaciones sin aranceles, entre otros incentivos, sin contar un compromiso de 30 años de estabilidad fiscal, que en la práctica duró catorce.
“Régimen de primer nivel”
El cable reconoce que antes de la instauración del impuesto la situación de las mineras que operan en la Argentina era prácticamente inmejorable.
“Contactos del sector privado e informes de los medios han sido más bien críticos con la manera en que el gobierno de Argentina aplicó el impuesto, argumentando que efectivamente clausura una década y media de inversión minera con un régimen impositivo de primer nivel mundial”, dice el texto.
A pesar del tono alarmista del despacho diplomático, los mismos “contactos” que se quejaron ante la embajada admitieron que el alto precio de los minerales cubría sobradamente el costo del impuesto, dice el cable: “Contactos del sector minero reconocen que la presente fortaleza del precio mundial de los minerales, particularmente del oro y del cobre, es un incentivo fuerte para permanecer en la Argentina”.
Para que no queden dudas, el autor del cable escribió que en los tres años previos a la aplicación del impuesto de 5 al 10 por ciento, el precio de los principales minerales que exporta la Argentina habían subido un 20 por ciento en el caso del oro y un 60 por ciento en el caso del cobre.
El cable también señala que la presión impositiva sobre la minería sigue siendo baja con respecto a otros productos primarios que exporta la Argentina. “El impuesto federal a las exportaciones mineras ha aumentado sustancialmente, de 0 a 5-10 por ciento, pero sigue siendo significativamente más bajo que las retenciones que se aplican a sectores agrícolas (alrededor del 28 por ciento para la soja) y a los hidrocarburos (alrededor del 45 por ciento para el crudo).”
Intereses
Sin embargo, según la embajada, la decisión de Argentina de aplicar el impuesto afectaría los intereses estadounidenses porque empresas norteamericanas son proveedoras de las mineras. “Comparados con otras firmas mineras basadas en el exterior, los intereses mineros de Estados Unidos son pequeños... Estados Unidos tiene intereses más grandes en la venta de equipos a empresas mineras operando en la Argentina, con cerca del 30 por ciento del mercado. El Servicio de Comercio Exterior estadounidense estima que en el 2006 las exportaciones de equipos mineros (a la Argentina) fueron de cerca de 125 millones de dólares. Estas exportaciones podrían verse afectadas si el nuevo impuesto minero resulta en menos inversiones.”
Según cuenta el cable, al sentirse afectada en sus intereses la embajada intentó contactarse con funcionarios argentinos para pedirles “explicaciones” sobre la decisión de aplicar el impuesto. Pero los diplomáticos fracasaron en el intento.
Así es la queja: “La Embajada ha intentado sin éxito una entrevista con el secretario de Minería Jorge Mayoral, con quien disfrutamos de una buena relación de trabajo, para que nos dé una explicación más completa. Otras embajadas cuentan lo mismo. Llamados y pedidos de reuniones por parte de la Embajada –con varios funcionarios de primer nivel del gobierno de Argentina e incluso gobernadores– han sido mayormente rechazados o no contestados”.
Argentina invirtió el equivalente a 11 Atuchas
Baratta: se invirtió el equivalente a 11 Atuchas
Fecha de Publicación: 12/03/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El funcionario criticó a los ex secretarios
El Gobierno volvió ayer a cuestionar el informe de los ocho ex secretarios de Energía sobre el abastecimiento de petróleo, gas, combustibles y electricidad.
Esta vez fue el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, que centró sus objeciones en el déficit que, según los especialistas, tuvo la Argentina entre 2003 y 2010, estimado en 5300 megavatios de capacidad, que este diario comparó ayer con el equivalente a ocho centrales Atucha II.
"Desde 2003 incorporamos el equivalente a 11 centrales del tamaño de Atucha II, por lo que ese grupo de ex secretarios debería informarse mejor antes de opinar", dijo Baratta a Télam, y cuestionó además a este diario: "Es llamativo que La Nacion le dé lugar a este grupo de ex funcionarios, que entre todos casi no sumaron megavatios, y omita que ayer el sistema batió nuevamente el récord absoluto de pico de consumo, alcanzando los 20.913 megavatios a las 20.31. Es bueno recordar que, cuando asumimos en 2003, el récord era de 14.359 megavatios."
El subsecretario enumeró las medidas tomadas por el Gobierno. "El plan energético presentado en mayo de 2004 ha permitido sostener una economía que creció más de un 60 por ciento en estos años. Hemos incorporado 7390 megavatios, a partir de obras como la finalización de Yacyretá, las centrales de ciclo combinado San Martín y Belgrano, Pilar, la represa Caracoles, los programas Energía Plus y Energía Distribuida; lo que equivale a 11 centrales como Atucha II."
Daniel Montamat, uno de los autores del informe, contestó: "Incorporaron el equivalente a 8 Atuchas, no a 11, y debieron incorporar 8 más para seguir el crecimiento de la demanda y mantener el nivel de las reservas del sistema".
Fecha de Publicación: 12/03/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El funcionario criticó a los ex secretarios
El Gobierno volvió ayer a cuestionar el informe de los ocho ex secretarios de Energía sobre el abastecimiento de petróleo, gas, combustibles y electricidad.
Esta vez fue el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, que centró sus objeciones en el déficit que, según los especialistas, tuvo la Argentina entre 2003 y 2010, estimado en 5300 megavatios de capacidad, que este diario comparó ayer con el equivalente a ocho centrales Atucha II.
"Desde 2003 incorporamos el equivalente a 11 centrales del tamaño de Atucha II, por lo que ese grupo de ex secretarios debería informarse mejor antes de opinar", dijo Baratta a Télam, y cuestionó además a este diario: "Es llamativo que La Nacion le dé lugar a este grupo de ex funcionarios, que entre todos casi no sumaron megavatios, y omita que ayer el sistema batió nuevamente el récord absoluto de pico de consumo, alcanzando los 20.913 megavatios a las 20.31. Es bueno recordar que, cuando asumimos en 2003, el récord era de 14.359 megavatios."
El subsecretario enumeró las medidas tomadas por el Gobierno. "El plan energético presentado en mayo de 2004 ha permitido sostener una economía que creció más de un 60 por ciento en estos años. Hemos incorporado 7390 megavatios, a partir de obras como la finalización de Yacyretá, las centrales de ciclo combinado San Martín y Belgrano, Pilar, la represa Caracoles, los programas Energía Plus y Energía Distribuida; lo que equivale a 11 centrales como Atucha II."
Daniel Montamat, uno de los autores del informe, contestó: "Incorporaron el equivalente a 8 Atuchas, no a 11, y debieron incorporar 8 más para seguir el crecimiento de la demanda y mantener el nivel de las reservas del sistema".
Para cubrir el déficit de energía
Hacen falta ocho Atucha para cubrir el déficit de electricidad
Fecha de Publicación: 11/03/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Lo afirman ex secretarios de Energía en un duro informe; faltan inversiones por US$ 8000 millones
Acompañar la explosiva demanda eléctrica que la Argentina tuvo entre 2003 y 2010 debería haber obligado al país a instalar otros 5300 megavatios de capacidad instalada, es decir, el equivalente a lo que generan ocho centrales del tamaño de Atucha. Eso habría costado 8000 millones de dólares, bastante menos que los más de 14.000 millones que el Estado argentino destinó a subsidiar la energía desde 2004 hasta hoy, según la consultora ASAP.
Es una de las conclusiones de un crítico informe que volvió a elaborar el grupo de ocho ex secretarios de Energía que desde hace tiempo viene provocando enojo en la Casa Rosada, con documentos sobre la gestión en el abastecimiento de combustibles, petróleo, gas y electricidad. Son Alieto Guadagni, Daniel Montamat, Enrique Devoto, Jorge Lapeña, Roberto Echarte, Raúl Olocco, Julio César Aráoz y Emilio Apud, los mismos a los que, por pedido del Gobierno, la Universidad de Buenos Aires (UBA) les prohibió una presentación en abril de 2009.
El documento sostiene que la Argentina sufrió un significativo desfase en generación eléctrica entre 2003 y 2010. Es, en realidad, en cifras, lo que lleva al Gobierno todos los inviernos, desde 2007, a llamar a las industrias para que dejen de consumir electricidad en los momentos de alta demanda, tarea que suelen asumir el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el subsecretario Roberto Baratta. "Puede observarse claramente -dice el informe- que el incremento de la oferta, medido por la ampliación de la capacidad instalada (21%), ha sido menos de la mitad del incremento de la demanda (44% en el caso de la carga máxima y 41% en el caso de energía) en el período. Esta circunstancia provoca aumento de costos de funcionamiento y restricciones de oferta. Si esto no se corrigiera en el futuro -y es un imperativo categórico hacerlo-, conspiraría contra el funcionamiento del sistema productivo y también el social".
También es duro en las palabras elegidas. Afirma, por ejemplo: "La gestión de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner estuvo signada por la improvisación, la visión de corto plazo, el desaliento a la inversión; el manejo de los operadores del sector mediante subsidios; amenazas y concesiones arbitrarias; las licitaciones poco claras para favorecer a empresarios afines; el desaliento a la actividad hidrocarburífera local y la discrecionalidad en la toma de decisiones".
La difusión del trabajo provocó, como era de esperar, una respuesta del secretario de Energía, Daniel Cameron. "Parecen cronistas del diario Clarín -dijo ayer, según un cable de la agencia estatal Télam-. Es sorprendente que quienes condujeron los mayores fracasos energéticos de la Argentina sean ahora los iluminados que nos dicen lo que tenemos que hacer."
Cameron aprovechó para anunciar que Atucha II será inaugurada en septiembre próximo. Precisamente, una de las obras cuestionadas por el informe de los ex secretarios, que recuerdan que lleva dos años de retraso y que ya ha costado cuatro veces más de lo previsto. "Aún no se conoce la fecha de finalización de la central nuclear de Atucha II, anunciada para 2009, con un presupuesto original de US$ 500 millones. La información disponible indica que a la fecha ya se llevan gastados más de US$ 2000 millones".
Otra de las objeciones tiene que ver, según el texto, más con la imagen que con los hechos. "Se abusó como nunca antes de los anuncios sin fundamento técnico o económico de obras que nunca se iban a ejecutar. Fue paradigmático el antecedente que estableció el denominado «Gasoducto bolivariano» [N. de la R.: en realidad, se llamaba Gran Gasoducto del Sur], anunciado el 9/12/2005 por los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez. En otra oportunidad, también el año 2005, se anunció la construcción de una nueva refinería en la Patagonia de gran escala que ni siquiera avanzó en las etapas previas. Queda además pendiente el gasoducto GNEA, anunciado en 2004 para transportar el gas de Bolivia, cuyo inicio no se realizó".
Tema sensible: Cóndor Cliff
El texto se adentra en un tema caro a los intereses del kirchnerismo: el relato de lo que ocurre. "La estrategia comunicacional del Gobierno a lo largo de más de 7 años ha sido negar las evidencias y -sobre todo- ocultar las consecuencias de su mala gestión en el área energética. En este contexto consideramos necesario presentar a la sociedad una síntesis de los principales problemas que padece el sector y señalar los acuerdos sobre una política de Estado alternativa para superar dichos problemas."
El punto más crítico se refiere a lo que el propio informe llama "capitalismo de amigos". Cita, por ejemplo, el plan energético anunciado en 2004 por el Gobierno y su relación con una obra muy cuestionada: la usina prevista para ser construida en el río Santa Cruz, sobre la que pesan acusaciones de sobreprecios y escasa transparencia en la licitación.
"En el plan energético PEN 2004-2008 se estableció, a nuestro juicio con buen criterio, una revisión de proyectos hidroeléctricos existentes, mayores de 400 MW de potencia para «seleccionar los 3 o 4 más rentables». Sin embargo, en contra de las conclusiones de la revisión, se decidió priorizar la construcción del proyecto del río Santa Cruz, Cóndor Cliff y Barrancosa, cuando el mismo figuraba en la ponderación del inventario de la propia Secretaría de Energía en el puesto 23, postergando 22 proyectos más factibles localizados en Chubut, Neuquén, Mendoza y Río Negro."
El otro ejemplo son las áreas de explotación de hidrocarburos en Santa Cruz que se adjudicaron, por separado, Cristóbal López y Lázaro Báez. "Se ha dado de hecho un proceso no coordinado y hasta anárquico en los procesos de licitaciones de nuevas áreas provinciales, así como también de las renegociaciones de contratos vigentes antes de su vencimiento. Vaya como simple ejemplo de lo dicho que del total de las nuevas áreas petroleras licitadas en la provincia de Santa Cruz todas se adjudicaron a empresarios amigos del Gobierno luego de ser descalificadas o desalentadas empresas petroleras nacionales e internacionales con probados antecedentes en la actividad."
Fecha de Publicación: 11/03/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Lo afirman ex secretarios de Energía en un duro informe; faltan inversiones por US$ 8000 millones
Acompañar la explosiva demanda eléctrica que la Argentina tuvo entre 2003 y 2010 debería haber obligado al país a instalar otros 5300 megavatios de capacidad instalada, es decir, el equivalente a lo que generan ocho centrales del tamaño de Atucha. Eso habría costado 8000 millones de dólares, bastante menos que los más de 14.000 millones que el Estado argentino destinó a subsidiar la energía desde 2004 hasta hoy, según la consultora ASAP.
Es una de las conclusiones de un crítico informe que volvió a elaborar el grupo de ocho ex secretarios de Energía que desde hace tiempo viene provocando enojo en la Casa Rosada, con documentos sobre la gestión en el abastecimiento de combustibles, petróleo, gas y electricidad. Son Alieto Guadagni, Daniel Montamat, Enrique Devoto, Jorge Lapeña, Roberto Echarte, Raúl Olocco, Julio César Aráoz y Emilio Apud, los mismos a los que, por pedido del Gobierno, la Universidad de Buenos Aires (UBA) les prohibió una presentación en abril de 2009.
El documento sostiene que la Argentina sufrió un significativo desfase en generación eléctrica entre 2003 y 2010. Es, en realidad, en cifras, lo que lleva al Gobierno todos los inviernos, desde 2007, a llamar a las industrias para que dejen de consumir electricidad en los momentos de alta demanda, tarea que suelen asumir el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el subsecretario Roberto Baratta. "Puede observarse claramente -dice el informe- que el incremento de la oferta, medido por la ampliación de la capacidad instalada (21%), ha sido menos de la mitad del incremento de la demanda (44% en el caso de la carga máxima y 41% en el caso de energía) en el período. Esta circunstancia provoca aumento de costos de funcionamiento y restricciones de oferta. Si esto no se corrigiera en el futuro -y es un imperativo categórico hacerlo-, conspiraría contra el funcionamiento del sistema productivo y también el social".
También es duro en las palabras elegidas. Afirma, por ejemplo: "La gestión de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner estuvo signada por la improvisación, la visión de corto plazo, el desaliento a la inversión; el manejo de los operadores del sector mediante subsidios; amenazas y concesiones arbitrarias; las licitaciones poco claras para favorecer a empresarios afines; el desaliento a la actividad hidrocarburífera local y la discrecionalidad en la toma de decisiones".
La difusión del trabajo provocó, como era de esperar, una respuesta del secretario de Energía, Daniel Cameron. "Parecen cronistas del diario Clarín -dijo ayer, según un cable de la agencia estatal Télam-. Es sorprendente que quienes condujeron los mayores fracasos energéticos de la Argentina sean ahora los iluminados que nos dicen lo que tenemos que hacer."
Cameron aprovechó para anunciar que Atucha II será inaugurada en septiembre próximo. Precisamente, una de las obras cuestionadas por el informe de los ex secretarios, que recuerdan que lleva dos años de retraso y que ya ha costado cuatro veces más de lo previsto. "Aún no se conoce la fecha de finalización de la central nuclear de Atucha II, anunciada para 2009, con un presupuesto original de US$ 500 millones. La información disponible indica que a la fecha ya se llevan gastados más de US$ 2000 millones".
Otra de las objeciones tiene que ver, según el texto, más con la imagen que con los hechos. "Se abusó como nunca antes de los anuncios sin fundamento técnico o económico de obras que nunca se iban a ejecutar. Fue paradigmático el antecedente que estableció el denominado «Gasoducto bolivariano» [N. de la R.: en realidad, se llamaba Gran Gasoducto del Sur], anunciado el 9/12/2005 por los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez. En otra oportunidad, también el año 2005, se anunció la construcción de una nueva refinería en la Patagonia de gran escala que ni siquiera avanzó en las etapas previas. Queda además pendiente el gasoducto GNEA, anunciado en 2004 para transportar el gas de Bolivia, cuyo inicio no se realizó".
Tema sensible: Cóndor Cliff
El texto se adentra en un tema caro a los intereses del kirchnerismo: el relato de lo que ocurre. "La estrategia comunicacional del Gobierno a lo largo de más de 7 años ha sido negar las evidencias y -sobre todo- ocultar las consecuencias de su mala gestión en el área energética. En este contexto consideramos necesario presentar a la sociedad una síntesis de los principales problemas que padece el sector y señalar los acuerdos sobre una política de Estado alternativa para superar dichos problemas."
El punto más crítico se refiere a lo que el propio informe llama "capitalismo de amigos". Cita, por ejemplo, el plan energético anunciado en 2004 por el Gobierno y su relación con una obra muy cuestionada: la usina prevista para ser construida en el río Santa Cruz, sobre la que pesan acusaciones de sobreprecios y escasa transparencia en la licitación.
"En el plan energético PEN 2004-2008 se estableció, a nuestro juicio con buen criterio, una revisión de proyectos hidroeléctricos existentes, mayores de 400 MW de potencia para «seleccionar los 3 o 4 más rentables». Sin embargo, en contra de las conclusiones de la revisión, se decidió priorizar la construcción del proyecto del río Santa Cruz, Cóndor Cliff y Barrancosa, cuando el mismo figuraba en la ponderación del inventario de la propia Secretaría de Energía en el puesto 23, postergando 22 proyectos más factibles localizados en Chubut, Neuquén, Mendoza y Río Negro."
El otro ejemplo son las áreas de explotación de hidrocarburos en Santa Cruz que se adjudicaron, por separado, Cristóbal López y Lázaro Báez. "Se ha dado de hecho un proceso no coordinado y hasta anárquico en los procesos de licitaciones de nuevas áreas provinciales, así como también de las renegociaciones de contratos vigentes antes de su vencimiento. Vaya como simple ejemplo de lo dicho que del total de las nuevas áreas petroleras licitadas en la provincia de Santa Cruz todas se adjudicaron a empresarios amigos del Gobierno luego de ser descalificadas o desalentadas empresas petroleras nacionales e internacionales con probados antecedentes en la actividad."
Analizarán prohibir las fumigaciones aéreas
Diputados analizará en comisión un proyecto para prohibir las fumigaciones aéreas
Fecha de Publicación: 10/03/2011
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El diputado provincial Horacio Flores (PF-Basavilbaso) convocó a la Comisión de Tierras y Obras Públicas, Recursos Naturales y Medio Ambiente, para tratar el proyecto de ley del diputado Héctor de la Fuente (EED) por el que prohíbe el uso de agroquímicos en la provincia. Flores citó a sus pares para el martes a las 10 y adelantó que el texto debe ser analizado “porque es necesario tener un pronunciamiento acerca del uso de los agroquímicos”. El proyecto de De la Fuente prohíbe en todo el territorio de la provincia las pulverizaciones aéreas de plaguicidas, agrotóxicos o biocidas. Sólo quedarían exceptuadas de la restricción las fumigaciones en lugares a los que no se puede llegar por vía terrestre.
“Me preocupa el tema de las fumigaciones y el uso de los agroquímicos y más aún si tenemos en cuenta que muchas veces los que reciben su impacto son chicos que acuden a esuelas rurales”, evaluó Flores en diálogo con RecintoNet y puntualizó que “el sistema educativo no se agota en la cuestión docente o salarial, debe mirar por otros temas que hacen también a la calidad educativa”.
“Luego añadió: "Tengo especial preocupación por el tema ambiental y fundamentalmente por las consecuencias del uso indiscriminado de estos productos. Es necesario trabajar estas propuestas”, opinó Flores y recordó que las modificaciones a la Ley de Plaguicidas que aprobó Diputados nunca recibieron sanción definitiva.
La iniciativa de De la Fuente busca evitar el impacto que tiene el uso de agroquímicos sobre la salud de la población, comprobada por científicos del Conicet. Así, prohíbe la aplicación aérea de productos, químicos o biológicos, destinados al uso agropecuario en el control de insectos, ácaros, hongos o plantas silvestres, de interés agrícola y/o forestal, cualquiera sea el producto activo o formulado así como su dosis.
Además, la aplicación terrestre deberá hacerse dentro de un radio de 1.000 metros a partir del límite de las plantas urbanas y periurbanas en todo el territorio provincial.
Según su autor la idea se fundamenta en “consideraciones acerca del actual modelo productivo agrario, el que se sustenta en la producción agro-industrial de granos de generación biotecnológica o transgénicos u organismos genéticamente manipulados (OGM), lo cual conlleva la utilización de cantidades crecientes de plaguicidas que estarían afectando seriamente la salud de la población”.
Tomó como referencia los estudios realizados por el investigador del Conicet y jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA, Andrés Carrasco, quien concluyó que las “concentraciones ínfimas de glifosato” utilizadas en la agricultura “son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión” hasta interferir en los mecanismos normales del desarrollo.
Fecha de Publicación: 10/03/2011
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El diputado provincial Horacio Flores (PF-Basavilbaso) convocó a la Comisión de Tierras y Obras Públicas, Recursos Naturales y Medio Ambiente, para tratar el proyecto de ley del diputado Héctor de la Fuente (EED) por el que prohíbe el uso de agroquímicos en la provincia. Flores citó a sus pares para el martes a las 10 y adelantó que el texto debe ser analizado “porque es necesario tener un pronunciamiento acerca del uso de los agroquímicos”. El proyecto de De la Fuente prohíbe en todo el territorio de la provincia las pulverizaciones aéreas de plaguicidas, agrotóxicos o biocidas. Sólo quedarían exceptuadas de la restricción las fumigaciones en lugares a los que no se puede llegar por vía terrestre.
“Me preocupa el tema de las fumigaciones y el uso de los agroquímicos y más aún si tenemos en cuenta que muchas veces los que reciben su impacto son chicos que acuden a esuelas rurales”, evaluó Flores en diálogo con RecintoNet y puntualizó que “el sistema educativo no se agota en la cuestión docente o salarial, debe mirar por otros temas que hacen también a la calidad educativa”.
“Luego añadió: "Tengo especial preocupación por el tema ambiental y fundamentalmente por las consecuencias del uso indiscriminado de estos productos. Es necesario trabajar estas propuestas”, opinó Flores y recordó que las modificaciones a la Ley de Plaguicidas que aprobó Diputados nunca recibieron sanción definitiva.
La iniciativa de De la Fuente busca evitar el impacto que tiene el uso de agroquímicos sobre la salud de la población, comprobada por científicos del Conicet. Así, prohíbe la aplicación aérea de productos, químicos o biológicos, destinados al uso agropecuario en el control de insectos, ácaros, hongos o plantas silvestres, de interés agrícola y/o forestal, cualquiera sea el producto activo o formulado así como su dosis.
Además, la aplicación terrestre deberá hacerse dentro de un radio de 1.000 metros a partir del límite de las plantas urbanas y periurbanas en todo el territorio provincial.
Según su autor la idea se fundamenta en “consideraciones acerca del actual modelo productivo agrario, el que se sustenta en la producción agro-industrial de granos de generación biotecnológica o transgénicos u organismos genéticamente manipulados (OGM), lo cual conlleva la utilización de cantidades crecientes de plaguicidas que estarían afectando seriamente la salud de la población”.
Tomó como referencia los estudios realizados por el investigador del Conicet y jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA, Andrés Carrasco, quien concluyó que las “concentraciones ínfimas de glifosato” utilizadas en la agricultura “son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión” hasta interferir en los mecanismos normales del desarrollo.
Megafusión minera: Alumbrera y Agua Rica juntas
Planean megafusión minera por US$ 310 millones en Catamarca
Fecha de Publicación: 09/03/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Catamarca
Minera Alumbrera planea fusionarse con el proyecto de cobre y oro Agua Rica, un yacimiento vecino que también se encuentra en la provincia de Catamarca, en una operación que llegaría a los US$ 310 millones. Para ello sus principales accionistas, la suiza Xstrata Copper y la canadiense Goldcorp, suscribieron una carta de intención que le da a su filial la exclusividad para poder quedarse con el 100% de las acciones de ese proyecto, que están en manos de la firma Yamana (a su vez, tercera accionista de Minera Alumbrera).
Agua Rica está ubicada a 35 kilómetros al sudeste de la mina de cobre y oro Bajo de la Alumbrera, operada por la empresa Minera Alumbrera. Aunque ambas tienen casi el mismo tamaño, Agua Rica todavía no está en producción. Ni siquiera tiene aprobado el informe medioambiental. Había presentado uno en 2007 pero no había obtenido el visto bueno oficial. Ahora será necesario rehacer los estudios con un proyecto que unifique los dos yacimientos.
Consultado sobre la operación, Julian Rooney, directivo de Xstrata, hizo hincapié en que se trata de una “opción a cuatro años: primero hay que realizar un estudio de factibilidad para determinar si es posible hacer un proyecto conjunto entre Minera Alumbrera y Agua Rica. Hay que analizar técnicamente cuál es el costo y si es menor operando unidos que en forma independiente”, explicó a Clarín . Minera Alumbrera financiará el estudio de factibilidad y todos los costos del desarrollo.
La carta de intención le concede a Minera Alumbrera la opción exclusiva para adquirir la participación que Yamana posee en Agua Rica mediante el abono de pagos progresivos de opción por un monto máximo de hasta US$ 110 millones. “Una vez acordado proceder con la construcción, Yamana recibiría US$ 150 millones y, luego de la puesta en marcha, otros US$ 50 millones”. Además, Yamana mantendría el derecho a un pago diferido relativo al 65% de la producción de oro pagadera de Agua Rica con un máximo de 2 millones 300 mil onzas”, señala el comunicado.
Minera Alumbrera es gerenciada por Xstrata Copper, que es dueña de 50% del paquete accionario. Las firmas canadienses Goldcorp (37,5%) y Yamana (12,5%) poseen el resto del paquete. Alumbrera produce 150.000 toneladas de cobre y 450.000 onzas de oro. A valores actuales, representa unos US$ 1.500 millones anuales. Pero su vida útil se está acabando: comenzó a producir en 1997 y terminaría en 2017.
Por eso el presidente ejecutivo de Xstrata Copper, Charlie Sartain, señaló que “la opción en el proyecto Agua Rica ofrece a Minera Alumbrera una atractiva oportunidad de bajo riesgo de ampliar sus actuales operaciones, además de prolongar la actual vida útil de la mina en, al menos, 25 años ”.
Minera Alumbrera posee el derecho a explotar Bajo de la Alumbrera por un contrato suscrito con Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), la sociedad dueña de los derechos de propiedad del yacimiento. Con esta firma están haciendo trabajos de exploración de áreas cercanas para ver si pueden extender la vida útil.
Fecha de Publicación: 09/03/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Catamarca
Minera Alumbrera planea fusionarse con el proyecto de cobre y oro Agua Rica, un yacimiento vecino que también se encuentra en la provincia de Catamarca, en una operación que llegaría a los US$ 310 millones. Para ello sus principales accionistas, la suiza Xstrata Copper y la canadiense Goldcorp, suscribieron una carta de intención que le da a su filial la exclusividad para poder quedarse con el 100% de las acciones de ese proyecto, que están en manos de la firma Yamana (a su vez, tercera accionista de Minera Alumbrera).
Agua Rica está ubicada a 35 kilómetros al sudeste de la mina de cobre y oro Bajo de la Alumbrera, operada por la empresa Minera Alumbrera. Aunque ambas tienen casi el mismo tamaño, Agua Rica todavía no está en producción. Ni siquiera tiene aprobado el informe medioambiental. Había presentado uno en 2007 pero no había obtenido el visto bueno oficial. Ahora será necesario rehacer los estudios con un proyecto que unifique los dos yacimientos.
Consultado sobre la operación, Julian Rooney, directivo de Xstrata, hizo hincapié en que se trata de una “opción a cuatro años: primero hay que realizar un estudio de factibilidad para determinar si es posible hacer un proyecto conjunto entre Minera Alumbrera y Agua Rica. Hay que analizar técnicamente cuál es el costo y si es menor operando unidos que en forma independiente”, explicó a Clarín . Minera Alumbrera financiará el estudio de factibilidad y todos los costos del desarrollo.
La carta de intención le concede a Minera Alumbrera la opción exclusiva para adquirir la participación que Yamana posee en Agua Rica mediante el abono de pagos progresivos de opción por un monto máximo de hasta US$ 110 millones. “Una vez acordado proceder con la construcción, Yamana recibiría US$ 150 millones y, luego de la puesta en marcha, otros US$ 50 millones”. Además, Yamana mantendría el derecho a un pago diferido relativo al 65% de la producción de oro pagadera de Agua Rica con un máximo de 2 millones 300 mil onzas”, señala el comunicado.
Minera Alumbrera es gerenciada por Xstrata Copper, que es dueña de 50% del paquete accionario. Las firmas canadienses Goldcorp (37,5%) y Yamana (12,5%) poseen el resto del paquete. Alumbrera produce 150.000 toneladas de cobre y 450.000 onzas de oro. A valores actuales, representa unos US$ 1.500 millones anuales. Pero su vida útil se está acabando: comenzó a producir en 1997 y terminaría en 2017.
Por eso el presidente ejecutivo de Xstrata Copper, Charlie Sartain, señaló que “la opción en el proyecto Agua Rica ofrece a Minera Alumbrera una atractiva oportunidad de bajo riesgo de ampliar sus actuales operaciones, además de prolongar la actual vida útil de la mina en, al menos, 25 años ”.
Minera Alumbrera posee el derecho a explotar Bajo de la Alumbrera por un contrato suscrito con Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), la sociedad dueña de los derechos de propiedad del yacimiento. Con esta firma están haciendo trabajos de exploración de áreas cercanas para ver si pueden extender la vida útil.
Recursos naturales protegidos por ley
Recursos naturales protegidos por ley
Fecha de Publicación: 08/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La AGN viene advirtiendo sobre la necesidad de que el Congreso apruebe una ley de propiedad de la tierra. Lo sustenta en investigaciones propias que detectaron irregularidades en la transferencia de grandes extensiones a inversores extranjeros.
El debate sobre la regulación de la propiedad de la tierra es un tema de relevancia geopolítica, ya que están involucradas vastas extensiones de recursos naturales, como agua potable, hidrocarburos y la biodiversidad. Entre 2008 y 2009, la Auditoria General de la Nación publicó dos informes donde detectó varias irregularidades en la compra de campos en la región patagónica, así como también en Corrientes y Misiones, no casualmente las zonas más relevantes en cuanto a recursos naturales. Página/12 dialogó con el jefe del área de gestión ambiental de la AGN, Julio Guarido, quien señaló que es necesario considerar una ley de presupuestos mínimos para garantizar el control nacional de la tierra, recurso que hoy es controlado por mandato constitucional por las provincias.
“Cuando decimos que existe una fuerte concentración de vastas extensiones de tierras en manos extranjeras hay varios temas a considerar. Por un lado, es necesario plantear una correcta regulación de la propiedad del suelo por una lógica cuestión de soberanía. Luego hay que avanzar en una planificación y seguimiento de las actividades económicas en las zonas de frontera por su relevancia geopolítica”, explicó Guarido.
En 2008, la AGN publicó un trabajo donde se denunció una serie de irregularidades en la adquisición de tierra en zonas limítrofes de la Patagonia. Un año después, el organismo publicó otro informe sobre la compraventa de tierras en Misiones y Corrientes.
En estas zonas se concentran recursos naturales relevantes como la biodiversidad regional, variedad en vegetación de especies nativas y fundamentalmente reservorios de agua dulce ubicados en lagos, acuíferos, glaciares y nacientes de los ríos que irrigan zonas áridas y semiáridas que representan casi dos tercios del territorio argentino. “Es evidente que no son fronteras estáticas ni neutras desde lo geopolítico”, señaló Guarido.
De las 17 millones de hectáreas en manos de personas físicas o jurídicas de otros países –dato aportado por la Federación Agraria y avalado por la AGN–, un porcentaje relevante se encuentra en las llamadas “zonas de seguridad”, es decir las regiones limítrofes definidas por una extensión de 150 kilómetros en área continental y 50 kilómetros en el área marítima. Para que cualquier persona de otro país pueda adquirir porciones de tierra en las zonas de seguridad debe solicitar una autorización de previa conformidad ante el Ministerio del Interior.
Según detectó la AGN, sobre un total de 428 trámites de “previa conformidad” solicitados entre 2003 y 2007 para la región patagónica, se aprobaron sólo 137, mientras que el resto fueron validados por la “vía de la excepción”.
“Si bien la normativa vigente contempla la aprobación por vía de excepción, cabe destacar que los expedientes de personas físicas que no cumplen con los requisitos particulares exigidos resulta significativo”, indica el informe de la Auditoría publicado en 2008.
Entre las irregularidades encontradas en algunos establecimientos se destaca la falta de proyectos de inversión declarados y la copia de las escrituras correspondientes, “lo que dificulta un adecuado conocimiento de la titularidad de los inmuebles ubicados en zonas de seguridad”. A partir de 2005, el Ministerio del Interior estableció un mecanismo de consulta con la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable para determinar la existencia de bosques nativos en las tierras adquiridas, dato que no aparece en la mayoría de los expedientes analizados.
En el caso del informe publicado en 2009, donde se analizó la situación de Corrientes y Misiones, las irregularidades encontradas fueron similares a las que ocurren en las zonas de frontera patagónica. En esta región del país, la AGN encontró emprendimiento con 21.968 hectáreas (Establecimiento Loma Alta), 1990 hectáreas (Estancia La Nueva) y 948 hectáreas (Estancia San Antonio), entre otros.
“Más allá de que haya algunos problemas de control en las zonas de frontera, sí o sí debe iniciarse un trámite de permiso, algo que no ocurre en las regiones que no están dentro de las zonas de fronteras. Ahí la desinformación es peor, ya que los recursos son gestionados de manera exclusiva por las provincias”, indicó a este diario el funcionario de la AGN.
Dentro de los casos más resonantes sobre la extranjerización de la tierra se encuentran las 900.000 hectáreas en poder de la familia Benetton en el sur del país, o las 18.000 hectáreas propiedad del inglés Joe Lewis en la zona de Lago Escondido –que construyó junto a un socio local una pista de aterrizaje–. También se destaca el caso del estadounidense Douglas Tompkins con 180.000 hectáreas en Corrientes. En total, el número que se calcula en manos extranjeras asciende a las 17 millones de toneladas, lo que podría ser igual a las extensiones que ocupan las provincias de Tucumán, Misiones, Jujuy y Formosa.
“Es curioso que empresarios extranjeros quieran comprar tierras en las zonas donde están ubicados los mayores recursos naturales del país. Habría que comenzar el debate sobre la naturaleza regional de los temas ambientales, para no colisionar con un federalismo no abierto a lo que debería ser el patrimonio nacional de los recursos”, concluyó Guarido.
Fecha de Publicación: 08/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La AGN viene advirtiendo sobre la necesidad de que el Congreso apruebe una ley de propiedad de la tierra. Lo sustenta en investigaciones propias que detectaron irregularidades en la transferencia de grandes extensiones a inversores extranjeros.
El debate sobre la regulación de la propiedad de la tierra es un tema de relevancia geopolítica, ya que están involucradas vastas extensiones de recursos naturales, como agua potable, hidrocarburos y la biodiversidad. Entre 2008 y 2009, la Auditoria General de la Nación publicó dos informes donde detectó varias irregularidades en la compra de campos en la región patagónica, así como también en Corrientes y Misiones, no casualmente las zonas más relevantes en cuanto a recursos naturales. Página/12 dialogó con el jefe del área de gestión ambiental de la AGN, Julio Guarido, quien señaló que es necesario considerar una ley de presupuestos mínimos para garantizar el control nacional de la tierra, recurso que hoy es controlado por mandato constitucional por las provincias.
“Cuando decimos que existe una fuerte concentración de vastas extensiones de tierras en manos extranjeras hay varios temas a considerar. Por un lado, es necesario plantear una correcta regulación de la propiedad del suelo por una lógica cuestión de soberanía. Luego hay que avanzar en una planificación y seguimiento de las actividades económicas en las zonas de frontera por su relevancia geopolítica”, explicó Guarido.
En 2008, la AGN publicó un trabajo donde se denunció una serie de irregularidades en la adquisición de tierra en zonas limítrofes de la Patagonia. Un año después, el organismo publicó otro informe sobre la compraventa de tierras en Misiones y Corrientes.
En estas zonas se concentran recursos naturales relevantes como la biodiversidad regional, variedad en vegetación de especies nativas y fundamentalmente reservorios de agua dulce ubicados en lagos, acuíferos, glaciares y nacientes de los ríos que irrigan zonas áridas y semiáridas que representan casi dos tercios del territorio argentino. “Es evidente que no son fronteras estáticas ni neutras desde lo geopolítico”, señaló Guarido.
De las 17 millones de hectáreas en manos de personas físicas o jurídicas de otros países –dato aportado por la Federación Agraria y avalado por la AGN–, un porcentaje relevante se encuentra en las llamadas “zonas de seguridad”, es decir las regiones limítrofes definidas por una extensión de 150 kilómetros en área continental y 50 kilómetros en el área marítima. Para que cualquier persona de otro país pueda adquirir porciones de tierra en las zonas de seguridad debe solicitar una autorización de previa conformidad ante el Ministerio del Interior.
Según detectó la AGN, sobre un total de 428 trámites de “previa conformidad” solicitados entre 2003 y 2007 para la región patagónica, se aprobaron sólo 137, mientras que el resto fueron validados por la “vía de la excepción”.
“Si bien la normativa vigente contempla la aprobación por vía de excepción, cabe destacar que los expedientes de personas físicas que no cumplen con los requisitos particulares exigidos resulta significativo”, indica el informe de la Auditoría publicado en 2008.
Entre las irregularidades encontradas en algunos establecimientos se destaca la falta de proyectos de inversión declarados y la copia de las escrituras correspondientes, “lo que dificulta un adecuado conocimiento de la titularidad de los inmuebles ubicados en zonas de seguridad”. A partir de 2005, el Ministerio del Interior estableció un mecanismo de consulta con la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable para determinar la existencia de bosques nativos en las tierras adquiridas, dato que no aparece en la mayoría de los expedientes analizados.
En el caso del informe publicado en 2009, donde se analizó la situación de Corrientes y Misiones, las irregularidades encontradas fueron similares a las que ocurren en las zonas de frontera patagónica. En esta región del país, la AGN encontró emprendimiento con 21.968 hectáreas (Establecimiento Loma Alta), 1990 hectáreas (Estancia La Nueva) y 948 hectáreas (Estancia San Antonio), entre otros.
“Más allá de que haya algunos problemas de control en las zonas de frontera, sí o sí debe iniciarse un trámite de permiso, algo que no ocurre en las regiones que no están dentro de las zonas de fronteras. Ahí la desinformación es peor, ya que los recursos son gestionados de manera exclusiva por las provincias”, indicó a este diario el funcionario de la AGN.
Dentro de los casos más resonantes sobre la extranjerización de la tierra se encuentran las 900.000 hectáreas en poder de la familia Benetton en el sur del país, o las 18.000 hectáreas propiedad del inglés Joe Lewis en la zona de Lago Escondido –que construyó junto a un socio local una pista de aterrizaje–. También se destaca el caso del estadounidense Douglas Tompkins con 180.000 hectáreas en Corrientes. En total, el número que se calcula en manos extranjeras asciende a las 17 millones de toneladas, lo que podría ser igual a las extensiones que ocupan las provincias de Tucumán, Misiones, Jujuy y Formosa.
“Es curioso que empresarios extranjeros quieran comprar tierras en las zonas donde están ubicados los mayores recursos naturales del país. Habría que comenzar el debate sobre la naturaleza regional de los temas ambientales, para no colisionar con un federalismo no abierto a lo que debería ser el patrimonio nacional de los recursos”, concluyó Guarido.
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