Riachuelo : el informe no convenció a los jueces
09:01 | 
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Eco Sitio |
Las deudas pendientes en el Riachuelo
Fecha de Publicación: 17/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital -Buenos Aires
El informe presentado por los representantes nacionales, provinciales y porteños sobre lo actuado en la cuenca Matanza-Riachuelo no convenció a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que no disimularon su disconformidad durante la audiencia pública realizada ayer para interiorizarse sobre los avances en el saneamiento en ese río. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay siguieron atentamente cada una de las intervenciones y consultaron a las autoridades en reiteradas ocasiones sobre el estado actual de los trabajos en materia de relocalización de los asentamientos cercanos al Riachuelo, el monitoreo sanitario de las personas que viven en esa zona (especialmente de los niños) y el control sobre los desechos que vierten las industrias. Después de tres horas, el tribunal llamó a un cuarto intermedio para continuar el análisis en un próximo encuentro.
El hall del cuarto piso de Tribunales se vio desbordado por los asistentes que siguieron el desarrollo de la audiencia en pantalla gigante. El primer orador fue el secretario de Medio Ambiente y titular de Acumar, Juan José Mussi, destacó el acuerdo de partes entre los Estados nacional, provincial y de la Ciudad, al que calificó de trascendente para el futuro, y señaló que “todos los sectores de la cuenca pueden consensuar soluciones” a los problemas que afectan al sector. Mussi destacó el trabajo del juez federal Luis Armella, a quien la Corte le encomendó supervisar las tareas de saneamiento. “Fue el motor impulsor de esto y lo ha hecho con compromiso, idoneidad y honestidad.” El magistrado ratificó ayer la orden de desalojo de las viviendas ocupadas en el predio ubicado en las calles Lafuente, Castañares y Portela, en Flores (ver aparte).
Mussi justificó la multiplicación de basurales por dos factores: el aumento de la producción y el derrotero que deben recorrer los camiones recolectores de residuos hasta llegar a la Ceamse. “La distancia siempre fue la misma”, respondió Lorenzetti. Por diversas causas, reconoció uno de los expositores de Acumar, los sistemas de recolección actualmente no recogen el ciento por ciento de los residuos y por eso se generan los basurales a cielo abierto.
“Desde hace dos años y medio no debería haber más basurales, pero de los 141 que había en 2008 (en la cuenca del Riachuelo) pasaron a 348 en diciembre de 2010”, señaló Anselmo Sella, defensor adjunto del pueblo.
Argibay, por su parte, advirtió que “no hay un orden en las acciones previstas” y dijo que en Villa Inflamable el suministro de agua no llega en buenas condiciones. El polo petroquímico de Dock Sud fue otro de los ejes tratados en la audiencia. Sobre el traslado de las industrias, los funcionarios de la provincia de Buenos Aires argumentaron que el plan de relocalización no fue cumplido porque “las empresas presentaron diversos recursos jurídicos”.
Si bien la situación por la toma de viviendas en el Bajo Flores no fue considerada dentro de la agenda del máximo tribunal, Sella destacó la vulnerabilidad de las poblaciones ubicadas en la ribera, tanto en la provincia como en la Ciudad de Buenos Aires, y señaló que durante los desplazamientos se les debe garantizar “todos los derechos, como lo establecen los tratados internacionales”.
“Pasaron dos años y medio desde la sentencia de la Corte y prácticamente todos los plazos están vencidos. Hay muchas demoras en la ejecución de cada uno de los ítem que fijó”, remarcó.
El presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, aseguró que el atraso en las obras comprometidas “no se debe a una falta de recursos sino de problemas de gestión” y afirmó que el 92 por ciento del plan de saneamiento “no pudo ser auditado” por “falta de identificación de las partidas presupuestarias”.
El último informe presentado por Acumar el martes contabiliza 14 mil fábricas en el curso de la cuenca; 8.357 fueron fiscalizadas; 2070 tienen emanaciones gaseosas y 4627 manejan residuos peligrosos.
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Riachuelo: sospechan del uso de los fondos
Fecha de Publicación: 17/03/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital -Buenos Aires
Sólo fue posible auditar 581 millones de los 7400 millones de pesos presupuestados para sanear la cuenca Matanza-Riachuelo. Así lo afirmó ayer el auditor general de la Nación, Leandro Despouy, durante la nueva audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia para evaluar la ejecución del programa de saneamiento del Riachuelo, uno de los diez ríos más contaminados del mundo, en cuya cuenca viven 5 millones de personas.
Despouy también denunció un importante desfase entre los gastos y los plazos de ejecución de obras, la negativa del gobierno nacional de identificar las partidas y la subejecución de préstamos para el saneamiento.
Pero no fue la única sorpresa. Ninguno de los funcionarios interrogados por el alto tribunal pudo explicar si existe un programa para evaluar la salud de niños con alta concentración de plomo en sangre y si mejoraron los valores de contaminación del agua y del aire en esa zona. Es más: varios admitieron que apenas hay 34 inspectores para controlar las 14.000 empresas de la cuenca, muchas de ellas sospechadas de verter desechos contaminantes en el río.
El resultado de la audiencia de ayer, coincidían en el tribunal, fue "decepcionante", a tal punto de que una calificada fuente de la Corte expresó: "Quisimos que la Autoridad de Cuenca (Acumar), que dirige Juan José Mussi, advirtiera que le cayó una lápida. Los funcionarios provinciales dieron, al menos, unas pocas respuestas y los porteños estuvieron mejor. Pero ninguno de los sucesivos secretarios de Ambiente -Romina Picolotti, Homero Bibiloni y Juan José Mussi- hizo nada. Una vergüenza".
Pero fue Despouy quien lanzó el dato más alarmante: el auditor general afirmó que de los 7443 millones de pesos que integran el presupuesto de la Nación, la provincia, la ciudad y la Acumar "sólo pudo ser auditado el 8 por ciento". Un borrador interno de la Acumar, al que accedió La Nacion, reconoce que el Estado nacional "aún no pudo identificar sus partidas". Además, Despouy destacó que "de los préstamos del BID sólo se ejecutó el 54 por ciento".
El fastidio de los ministros de la Corte era palpable. Durante tres horas desfilaron frente al presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, y sus seis colegas: Mussi; Fabián López, subsecretario nacional de Recursos Hídricos, y varios profesionales que lo acompañaban; Alberto Fazzio, subsecretario bonaerense de Asuntos Municipales; Javier Corcuera, presidente de la Agencia de Protección Ambiental porteña; el defensor adjunto del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, y Despouy. En primera fila escuchaba el juez federal Luis Armella, a cargo de la ejecución del fallo de la Corte emitido en julio de 2008 que ordena el saneamiento del Riachuelo.
Desde hace 12 días, unas cien personas ocupan ilegalmente varios edificios de viviendas sociales en Villa Soldati, que están destinadas para los pobladores de los asentamientos El Pueblito y Luján, ubicados en la ribera del Riachuelo. El juez Armella no ha podido lograr que el gobierno nacional cumpla su orden de desalojo. Todos esperaban ver cómo podía ayudar ayer la Corte en este incumplimiento. Y fue Lorenzetti el encargado de preguntar a los funcionarios si aceptaban colaborar con el juez, una forma de encomendarles obedecer sus órdenes. La respuesta fue afirmativa.
No obstante, el desarrollo del acto trascendió la suerte de las viviendas en Villa Soldati. "Quedaron en evidencia una absoluta ineficiencia y desinterés" de los gobiernos, dijo uno de los observadores judiciales más calificados.
Ni Mussi, que se apuró para alejarse del estrado de expositores, ni ninguno de sus funcionarios explicaron al juez Juan Carlos Maqueda, por ejemplo, por qué ahora hay 68 basurales más que hace dos años. Con la recuperación económica "el consumo de los pobladores aumentó", atinó a decir uno de ellos. La Acumar había prometido en 2006 que en 2008 se iban a erradicar todos los basurales.
"¿Tienen datos de medición de contaminación de aire y agua?", preguntó insistentemente Lorenzetti. No hubo respuesta. A lo largo del acto, los funcionarios de la Acumar y del Estado nacional practicaron una suerte de juego de gran bonete: se pasaban preguntas pero nadie respondía.
La vicepresidenta de la Corte, Elena Highton, inquirió sobre la salud de los niños. La Acumar hizo un muestreo sobre 1000 chicos que viven en la ribera y detectó que el 90% tiene concentración de plomo en sangre. Uno de los funcionarios provinciales respondió que habían sido "enviados al pediatra". Pero no supo explicar si existe un programa de seguimiento. "No tienen informes de salud. Es todo muy disperso", fustigó Highton.
En tanto, la jueza Carmen Argibay fue hábil para demostrar que la Acumar sólo se preocupa por controlar la concentración de los vertidos industriales, sin interesarse por saber en cuánto exceden la capacidad de carga del río. "Ya está demasiado contaminado y la capacidad de carga está sobrepasada", se limitó a explicar otro de los oradores.
Corcuera destacó hechos extraños: dijo que la Acumar le "prohibió realizar inspecciones en industrias de la cuenca, mientras que ese organismo, que apenas tiene 34 inspectores para 14.000 industrias, hace el 53% de los controles fuera de la cuenca, por ejemplo, en Belgrano y en Núñez".
Sella resumió: "Todos los plazos para ejecutar el plan están vencidos; no hay indicadores de medición ni de calidad del aire ni del agua y la calidad de vida de los pobladores no mejoró".
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