Denuncia de “desastre ambiental” por derrame de hidrocarburos en el glaciar Perito Moreno

Fecha de Publicación: 08/05/2024
Fuente: Diario Crónica
Provincia/Región: Santa Cruz


El Glaciar Perito Moreno es uno de los grandes atractivos que posee nuestro país, fenómeno natural conformado por un frente de hielo que mide unos 5 kilómetros de ancho y 60 metros de alto, el que fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1981.
Pese a esa declaración y a los cuidados lógicos que demandarían del propio Gobierno nacional, el mes pasado se reportó un presunto derrame de hidrocarburos y aceites en las aguas del Lago Argentino-Brazo Rico, destacándose que si bien el incidente sucedió hace un mes, la noticia se conoció recién ahora tras un reclamo por la falta de controles por parte de las autoridades.
El hecho fue notificado el pasado 11 de abril, cuando los guardaparques del Parque Los Glaciares detectaron la presencia de dos manchas oscuras compatible con un derrame de hidrocarburos y aceites. Una de ellas se situó en el frente del glaciar, mientras que la segunda abarcó la costa del Puerto Bajo las Sombras que es utilizada por la empresa de turismo Hielo y Aventura. Frente a esto, los agentes labraron el acta correspondiente, la cual fue ingresada al sistema de Parques Nacionales de Argentina el pasado 18 de abril.
De esta manera, las autoridades dispusieron que una cuadrilla de agentes autorizados realizaran un recorrido para observar el estado en el que se encontraba el cuerpo de agua. Más tarde, el organismo de control corroboró la gravedad del asunto al señalar que la mancha también era visible desde las imágenes satelitales.
Ante la situación, se denuncia la ausencia de controles adecuados sobre las embarcaciones que circulan por el lago, señalándose que solo una empresa es la que cuenta con la concesión en el Parque Nacional Los Glaciares, para su circulación prestando servicio de traslado al turismo.
Mientras que seguramente la denuncia abrirá los controles e investigaciones pertinentes, se destaca que la mancha en forma de hilo que está frente al glaciar afectaría a las piedras, aves y plantas autóctonas, que son conocidas por ser altamente sensibles. Por este motivo, los expertos ambientales remarcaron que es vital contar con una rápida actuación ante situaciones de derrames de hidrocarburos, calificándose el hecho como “un verdadero desastre ambiental”.
En paralelo, la Asociación de guías de turismo de la provincia de Santa Cruz (AGUISAC) y la Asociación de Guías de Montaña de El Chaltén (AGMEC) enviaron un pedido de información de daño ambiental en el Lago Argentino a la administración de Parques Nacionales, con el objetivo de dimensionar los efectos que esta situación podría tener en el medio ambiente.
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Polémica en Chaco | Profesionales de Ingeniería Forestal del país piden al gobernador el veto de la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos

Fecha de Publicación: 08/05/2024
Fuente: Argentina Forestal
Provincia/Región: Nacional - Chaco


Ante el incumplimiento del Punto 4 Anexo I, Resolución 236/2012 del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), desde la Federación Argentina de Ingeniería Forestal (FAIF) solicitaron al Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco “el veto de la Ley 4005R, manifestando nuestra colaboración para el proceso de actualización”.
La Federación Argentina de Ingeniería Forestal (FAIF) –que nuclea a cinco colegios de profesionales del país- se puso a disposición del ejecutivo provincial para el asesoramiento técnico necesario que permita entender la gestión forestal sostenible y mejorar la gobernanza ambiental de la provincia.
Desde la Federación se apoyó el trabajo técnico-político que ha realizado oportunamente el Consejo Profesional de Ciencias Forestales de la Provincia de Chaco (CPCFCH), con respecto al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia del Chaco y, también las advertencias planteadas en distintos ámbitos institucionales sobre las inconsistencias técnico-normativas con respecto a la actualización del OTBN que se analizó y aprobó en la Legislatura provincial el pasado lunes.
“La aprobada, la Ley 4005R no cumple con el principio de no regresividad ambiental al modificar, en un nivel menor de categoría de conservación, a cientos de miles de hectáreas de bosques nativos que pasan de la categoría II (Amarilla) a categoría III (Verde), quedando así habilitadas al cambio de uso de suelos (CUS) para actividades agropecuarias con sus consecuentes impactos en el territorio”, remarcaron desde la FAIF, en un comunicado en el que marcan su posición de rechazo a la norma aprobada.

Fortalecer el diálogo y fomentar la gestión sostenible
La ampliación de las áreas boscosas a la categoría de conservación III (verde) generan la reducción de las áreas boscosas susceptibles de manejo sostenible (industria forestal) y a perpetuidad, con la disminución consecuente de la provisión de servicios ecosistémicos, para su goce, no solo para los chaqueños, sino también para toda la sociedad, entienden los profesionales nucleados en la FAIF.
“Los bosques recategorizados a un nivel inferior de conservación (verde), se asientan sobre un sistema de corredores biológicos regionales que dan conectividad a las distintas áreas protegidas para la conservación de flora y fauna, dónde la conectividad forestal es imprescindible. También, junto con la actividad forestal (industria forestal), estos bosques sostienen producciones asociadas como la ganadería y apicultura que son muy importantes en la economía de la región”, explican en el comunicado.
De esta manera, remarcaron la necesidad de mejorar la gestión forestal sostenible, garantizando la gobernanza ambiental en esos territorios. “En este sentido, reivindicamos la necesidad de fortalecer el diálogo institucional, destacando la buena predisposición colaborativa de nuestros colegas chaqueños, para abordar de manera mancomunada los diferentes aspectos que merecen resolución asertiva en la actualidad, que se ha evidenciado en la Mesa Técnica de la Unidad Ejecutora provincial durante el año 2021”, agregaron.
Por otra parte, ante el incumplimiento del Punto 4 Anexo I, Resolución 236/2012 del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), solicitaron al Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco “el veto de la Ley 4005R, manifestando nuestra colaboración para el proceso de actualización”.
Es necesario frenar la deforestación y poner en valor a los bosques nativos de Argentina, pues en ellos está la garantía de salvaguarda a futuro de nuestras comunidades. Para esto, es necesario tomar medidas técnico-políticas eficaces, donde los ingenieros forestales tienen un rol muy importante por su formación para la gestión forestal sostenible”, remarcaron.
Por otro lado, consideraron que “es necesario debatir y consensuar una visión forestal con los distintos actores institucionales y territoriales, que posibiliten avanzar y mejorar la formulación e implementación de una política forestal de Estado para los próximos años en provincia de Chaco y las provincias que comparten territorialmente el ecosistema forestal nativo del Parque Chaqueño. La FAIF y CPCFCH están comprometidos con la gobernanza forestal sostenible para garantizar el desarrollo del Parque Chaqueño”, concluyeron.
La federación está conformada por el Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones, el Colegio de Graduados en Ciencias Forestales de Santiago del Estero; la Asociación de Ingenieros Forestales de Chubut,; el Consejo Profesional de Ciencias Forestales del Chaco; y el Colegio de Ingenieros Forestales de Formosa.
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Parques Nacionales: Monsanto al gobierno, los privados al poder

Fecha de Publicación: 07/05/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


El gobierno nombró al frente de Conservación de Áreas Protegidas a Leonardo Sarquis, ex CEO de la empresa de agroquímicos. Recortes y ataques a un sector clave para el patrimonio del país.
Los antecedentes de Leonardo Sarquis –primero como gerente del gigante Monsanto y luego como ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal– no parecen ser los mejores argumentos para justificar su desembarco como director de Conservación de Áreas Protegidas de la Administración de Parques Nacionales (APN). O sí. “Su designación guarda lógica con el pensamiento nefasto del actual gobierno nacional, pero no deja de sorprender tanta irracionalidad institucional”, se queja el abogado ambientalista Fernando Cabaleiro. Enseguida aporta la explicación: “Sarquis fue el ideólogo de la Resolución del Veneno, que autorizó las fumigaciones con agrotóxicos a cero metros de las viviendas, las escuelas rurales, los ríos y lagunas. Y también, aunque parezca increíble, de las reservas naturales. Por eso decimos que pusieron al lobo a cuidar a las ovejas”.
Publicada en el Boletín Oficial del 17 de diciembre de 2018, la Resolución N° 246-MAGP-18 firmada por el entonces ministro Sarquis habilitaba a partir del 1° de enero de 2019 la aplicación de fitosanitarios “en los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales que comprenderán la zona de amortiguamiento”.
En febrero de 2019, luego del repudio unánime de las asambleas de vecinos y organizaciones sociales y ambientalistas, el gobierno de Vidal decidió suspender la resolución por un año. Desde entonces (y ya con Axel Kicillof en funciones) las prórrogas de la suspensión se sucedieron, evidenciando la nula voluntad política de derogarla.
“Sarquis es un lobbysta activo del agronegocio, que opera alternando las consultorías privadas y los cargos públicos, promoviendo y consolidando el modelo agroindustrial ecocida. Un genuino caso de puertas giratorias”, lo describe Cabaleiro en Naturaleza.ar, y agrega que “exhibe con auto-exaltaciones su paso como CEO de Monsanto, una empresa atravesada por el daño ambiental ocasionado a través de su paquete tecnológico para su uso en la agricultura, que comprende la utilización de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) asociados con agrotóxicos, principalmente el herbicida cancerígeno glifosato”.
Si bien se espera por un anuncio oficial, desde hace unos días Sarquis se pasea por las oficinas de Parques Nacionales. “Con la asunción del nuevo gobierno –explica una fuente– hay un caos total en el sistema de cargos de los organismos públicos. En el caso de Parques Nacionales se sabe que lo quieren desmantelar y por eso hay direcciones que todavía no tienen nombramientos. Pero mientras tanto se necesita que sigan funcionando operativamente, que alguien firme y por eso lo trajeron a Sarquis”.

Sin protección
En junio de 2022, la por entonces candidata a vicepresidente por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, fue la única diputada que votó en contra de la creación de nuevos Parques Nacionales. “Estoy a favor de proteger nuestros recursos, flora y fauna pero NO lo estoy para crear zonas donde el Estado NO ejerce la soberanía, NO protege ni avala a los guardaparques y fortalece cajas”, justificó luego en sus redes sociales. Sin darse cuenta sembró las primeras pistas de lo que sería una política de Estado en su gobierno: el desinterés por la preservación de nuestros recursos naturales.
De acuerdo a los cálculos de los propios trabajadores de Parques Nacionales, la intención de las nuevas autoridades es llegar a diciembre de 2024 con un recorte del 50% del personal. La motosierra ya se había prendido a fines de marzo, cuando no se le renovaron contratos a unos 80 trabajadores entre profesionales, técnicos y administrativos. El Parque Nacional Lanín, en Neuquén, fue el que sufrió las mayores bajas, lo que motivó una serie de protestas sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de San Martín de Los Andes.
Argentina tiene 55 áreas protegidas que resguardan el patrimonio natural y cultural del país. La conservación hoy está en peligro. También son una fuente turística, aunque el gobierno no se muestra preocupado por promover las visitas: el lunes 13 de mayo las entradas a los Parques Nacionales aumentarán un 400 por ciento.
«Iniciaremos una auditoría que revele a todos los argentinos en qué estado encontramos los parques en aspectos ambientales, sociales, económicos, el desarrollo turístico y la relación con las comunidades originarias», prometió Cristian Larsen al asumir como presidente de la APN hace un mes atrás. Al igual que con las universidades, la excusa de las «auditorías» para tapar el ajuste. Para cumplir con el propósito encomendado por Javier Milei, Larsen debió pedir licencia como miembro del directorio de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA) en representación del PRO.
Pero la designación de Larsen causó rechazo entre los trabajadores de la Televisión Pública por considerarlo “el brazo ejecutor de las políticas de Hernán Lombardi de rebaja salarial, violación de convenios y censura en TVP y Radio Nacional durante el macrismo”. Además, señalaron que “cuando ostentó el cargo de auditor interno entre 2017 y 2019 se denunciaron numerosas irregularidades que deben ser investigadas”. Sobre su rol de auditor interno de RTA, la Oficina Anticorrupción “dio cuenta de irregularidades», como fue «una activa intervención en diferentes asuntos de la gestión de dicha empresa estatal, sobre los cuales no poseía atribuciones de gestión sino de control interno, por lo que hipotéticamente habría quedado en posición de tener que controlar su propia actuación”. La “mancha” en el legajo de Larsen (un apellido que curiosamente portan decenas de trabajadores de Parques Nacionales) no alcanzó a convencerlo de bajar el perfil. En sus redes sociales se lo ve posando con el presidente y su hermana Karina, celebrando el cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner o militando el cierre de la agencia Télam.  «
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Exclusivo: Neuquén se planta y no aprobará extensiones del convencional sin plan de remediación

Fecha de Publicación: 07/05/2024
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


El ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele, anunció que un equipo especial ya audita las áreas cercanas a su vencimiento. “No vamos a avalar el ingreso de empresas que después no puedan hacerse cargo”, advirtió ante el proceso de venta de bloques que lleva adelante YPF. Reveló que son muchas las consultas de pymes extranjeras.
 Exclusivo: Neuquén se planta y no aprobará extensiones del convencional sin plan de remediación Las nuevas oficinas del ministerio de Energía y Recursos Natural de Neuquén comparten el edificio con el Instituto de Juegos de Azar (IJAN) pero si hay algo claro es que el ministro Gustavo Medele no se quiere “timbear” el futuro ambiental de la provincia. Con un pronóstico que en el caso más conservador marca que por el impulso de Vaca Muerta Neuquén duplicará la producción de petróleo en 2028, el gobierno se plantó y fijó como condición uno a las empresas que quieran extender las concesiones del convencional que presenten, y puedan financiar, un plan de remediación ambiental integral.
La postura es trascendente, ya que son 25 las concesiones hidrocarburíferas de Neuquén que vencen entre el año que viene y 2028. Pero además, en ese listado de potenciales pedidos de extensión se encuentran las 9 áreas que YPF puso a la venta a través del Proyecto Andes, una iniciativa que con un total de 30 bloques en todo el país, ya despertó el interés de más de 60 empresas y uniones empresarias.
Además de esas áreas en venta, YPF también cuenta con otros 4 bloques que la petrolera de bandera no abrió a ofertas porque buscaría renegociar o reconvertir, ya que se trata de bloques clave como Loma La Lata y Puesto Hernández.
Una situación, de cara a un vencimiento cercano, en el que también se encuentran empresas como Oilstone, Tecpetrol, Pluspetrol, TotalEnergies, Aconcagua Energía, Petróleos Sudamericanos y Petrolsur.
“Yo nací acá y voy a morir acá. Y mi mirada es más sobre el pasivo que sobre el flujo. No podemos darnos el lujo de desentendernos de ese tema número uno en todo este proceso que es el pasivo ambiental”, aseguró Medele en una entrevista en exclusiva con Energía On.
El ministro explicó ante el proceso de venta de áreas que abrió YPF que “no podemos permitir que se quede (un área) una empresa que no pueda responder a ese pasivo. Ese es el gran problema de la venta de YPF”. Y remarcó que “para nosotros la primera mirada es la del pasivo, o sea que quede bien todo eso, y después el proyecto que traiga, qué va a hacer en el campo”.
Un punto que es común a todos los pedidos de renegociación o extensión de las concesiones, sobre el que enfatizó que “cuando veamos el plan de trabajo, por ahí le vamos a decir a alguna empresa te quiero mucho, pero no te conviene, vas a volcar. Y también nuestra responsabilidad es asegurarnos que esta gente no nos deje un problema dentro de 10 años”.
Medele, quien tras una extensa carrera en la industria viene de ser vicepresidente de Excelencia y Seguridad Ocupacional de YPF, detalló que el procedimiento correcto ante la reversión de un área, la devolución ya sea en vigencia o por vencimiento de la concesión es que “el que se va tiene que limpiar ese campo, tienen que limpiar abandonando los pozos, levantando tuberías o dejándolas inertes, desarmando plantas y viendo también los derrames, los pasivos que tengan”.

Comenzaron las auditorías
Con 25 concesiones llegando a su fin antes de 2028, Medele anunció que la provincia ya tomó cartas en el asunto y creó un equipo especial interdisciplinario que ya comenzó a realizar una auditoría de las áreas, un relevamiento propio de los pasivos ambientales y los trabajos de abandono seguro que deben hacerse.
“Ya empezamos a hacer auditorías con nuestros equipos internos. Tenemos a la subsecretaría de Ambiente dentro del ministerio de Energía y estamos con Ambiente y la subsecretaría de Hidrocarburos armando equipos de trabajo de auditorías”, contó Medele.
Y sumó que “ya estamos yendo al campo, empezamos a ir hace un mes voluntariamente a ver los campos grandes. Los equipos están trabajando con nosotros para hacer un mapeo”.
La postura de Neuquén es clara: “el objetivo es tener nuestro propio diagnóstico y no esperar a que la empresa diga cuál es su plan de remediación, sino tener nuestra mirada de qué es lo que hay que hacer en los cuatro elementos que son pozos, ductos, plantas, y los derrames que haya habido”.
Lupa en lo ambiental, el punto clave para el ministro Medele.
Medele reiteró que “de esos cuatro elementos nosotros tenemos que tener nuestra mirada, nuestro inventario. Cosa que si llegan juntas cinco concesiones no colapsemos al equipo”.
“El que venga que quiera comprar por este farm out, va a tener que decir porqué está interesado en entrar acá, qué va a hacer. Porque un plan de inversión es argumentativo aunque digan 100 millones, queremos que digan qué van a hacer en barriles, y en segundo lugar cómo van a asegurar el pasivo, porque si se va YPF le deja todo el pasivo esta empresa que venga”, planteó.
El ministro de Energía remarcó que “nuestra mirada es más sobre el pasivo, porque hoy podés tener pozos con baja producción pero en algún momento van a ser un pasivo que hay que asegurar”.
Y advirtió que “en Neuquén tenemos una posición diferente tal vez a otras provincias como Santa Cruz o Chubut, nosotros con Vaca Muerta prevemos duplicar la producción a 2028, entonces es lógico que estemos más preocupados por el pasivo que por la producción, porque puede ser que el pasivo termine siendo más caro que el potencial activo en la mayoría de las concesiones viejas”.
En los últimos meses fueron varias las empresas que se acercaron al mostrador de Medele interesadas en especial por campos convencionales, ya que el funcionario marcó que “hoy no hay casi lugar en Vaca Muerta”.
“Han venido algunas empresas de México, de Brasil, de Estados Unidos a ver cómo es el convencional. Son otro tipo de empresas, especializadas en el convencional, pero hay que ver muy bien el tema del pasivo, cómo plantean resolverlo, si pueden solventarlo o si en unos años se funden y nos dejan una camioneta y un trailer como pago”, señaló.
Medele remarcó que “somos la generación que tiene que hacer esto para que quede bien, porque tenemos un modelo de crecimiento de producción con Vaca Muerta, y por eso podemos dedicarnos a dejar las cosas bien hechas”.
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Confirman altos valores de contaminación en San Nicolás tras la explosión en Atanor

Fecha de Publicación: 06/05/2024
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Buenos Aires


Greenpeace detectó atrazina en muestras tomadas en el suelo frente a la fábrica y también en viviendas y veredas cercanas a la planta
La organización ambientalista Greenpeace publicó este jueves los resultados de las muestras que un equipo tomó en San Nicolás, en cercanías de la planta de Atanor, tras la explosión de un reactor ocurrida el pasado 20 de marzo. A través de hisopados, la organización ambientalista detectó altas tasas de atrazina, un compuesto tóxico prohibido por la Unión Europea en 2004 y Estados Unidos.
El análisis de las muestras tomadas el 22 de marzo, 48 horas posteriores a la explosión, detectó atrazina en todos los puntos muestreados, en un radio que va desde los 150 a 350 metros de la planta.
Se trata de un compuesto tóxico prohibido en la Unión Europea desde 2004 y restringido en Estados Unidos. Es uno de los herbicidas más utilizados en el país. Se estima que esta sustancia puede permanecer en el ambiente hasta cien días.
Precisamente, las muestras fueron recolectadas de las paredes de las viviendas y de las veredas. También, se realizó un muestreo de suelo frente a la fábrica.

 Liberación de agrotóxicos tras la explosión en Atanor
Activistas de la organización habían visitado las inmediaciones de la planta de Atanor en la localidad bonaerense de San Nicolás luego de la explosión con liberación de agrotóxicos, que tuvo lugar el 20 de marzo de 2024, para recolectar información y testimonios sobre lo ocurrido.
Estos resultados confirmaron, una vez más, los impactos de la fabricación de atrazina en la comunidad, como vienen denunciando los vecinos desde hace años, y tal como surge de las sentencias judiciales.
 Tras la explosión de un reactor en la fábrica de agroquímicos Atanor, ubicada en San Nicolás, la Justicia ordenó este miércoles el cierre de la planta.
“Las historias de la contaminación provocada por Atanor no son recientes. Esta empresa cuenta con reiteradas denuncias de los vecinos desde hace dos décadas, algunas llegaron a la justicia por la contaminación a la que se ven expuestos”, sostuvo Leonel Mingo, coordinador de la campaña de tóxicos de Greenpeace.
“Atanor continúa con sus actividades pese a una sentencia judicial del año pasado por contaminar y provocar severos daños en la salud de las personas”, amplió.
“Estas nuevas muestras aportan datos concretos de contaminación por atrazina en San Nicolás. Vamos a seguir exponiendo la contaminación y exigiendo que se investiguen las causas y el impacto de la explosión de manera urgente”, agregó Mingo.

Atanor: resultados del análisis de las muestras
Se tomaron muestras en pared y piso de casas vecinas, al exterior de la calle, mediante hisopados.
La primera muestra arrojó 1,555 µg/cm2, mientras que la segunda fue de 1,775 µg/cm2. En tanto, en el segundo lugar se tomaron muestras mediante hisopado en la vereda frente a la planta de Atanor y muestras de suelo también en el mismo punto.
En la tercera muestra, a través de hisopado, los valores arrojaron 11,083 µg/cm2, mientras que en la cuarta el muestreo indicó 481,83 ± 60,27 µg/kg.
Estos resultados indican la mayor concentración en la muestra 3 respecto de las muestras 1 y 2, indicando la cercanía al punto donde se liberó el compuesto y reforzando los resultados de dispersión hacia el barrio donde fueron tomadas las muestras 1 y 2.
Desde Greenpeace señalaron que la muestra de suelo presenta una alta concentración, independientemente de un desvío alto producto de la heterogeneidad de la muestra.

Qué es la atrazina
La atrazina es un herbicida que se comercializa desde la década del 60. Es un compuesto tóxico que se utiliza principalmente para el control de malezas. En Argentina, es uno de los tres plaguicidas más utilizados, pese a que está prohibido en 37 países, incluida la Unión Europea.
El Ministerio de Ambiente nacional analizó en 2021 los impactos del herbicida en el ambiente y la salud y constató "los riesgos inherentes al uso de la atrazina como herbicida".
Cabe aclarar que la exposición humana a este producto químico ocurre por distintas vías y escenarios de exposición y esto puede causar una multiplicidad de efectos dañinos. Este herbicida es moderadamente persistente en suelo y agua (entre 30 y 100 días).
Greenpeace ya había denunciado penalmente a la empresa por contaminación de agua en 1998. En ese momento, Atanor contaba con una planta en Llavallol y se analizaron muestras tomadas del Arroyo Rey (parte de la cuenca Matanza - Riachuelo) mediante las cuales se constató la contaminación con elementos tóxicos.
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La Argentina pagará caro la inacción en materia ambiental

Fecha de Publicación: 06/05/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Pese a que nuestra economía depende del ambiente, no hay conciencia del valor que supone cuidar los ecosistemas
La Argentina es peculiar. Es el octavo territorio más extenso del mundo, del Trópico de Capricornio a regiones polares. Goza de una diversidad única de climas y ecoregiones: selvas, bosques, desiertos, estepas, cadenas montañosas y extensas llanuras. Integra la quinta cuenca hídrica del planeta. El agua abunda en el 30% del territorio, pero el 70% es árido o semiárido. La Cordillera de los Andes, con sus nieves y glaciares, provee el agua para la población y actividad económica de estas regiones. Posee además un extenso territorio oceánico.
La población es acotada, mal distribuida: el 92% es urbana, concentrada en pocas ciudades, entre ellas la megaurbe del AMBA, donde reside más de la tercera parte de la población del país.
La economía argentina se basa en la producción agropecuaria y derivados. La mayoría de las exportaciones tienen valor agregado bajo a medio. Hoy el valor de las materias primas es una parte cada vez menor del flujo del comercio internacional. Esta situación presiona sobre los ecosistemas del país. Incluyendo al turismo, gran parte de nuestra economía es ambiente dependiente: vendemos clima, agua y suelo. Exportamos riqueza ambiental.
Las sequías que han impactado nuestro país en los últimos 16 años –peor aún la gran sequía 2022-2023– exponen el grado de dependencia y vulnerabilidad socio-económica del modelo basado en una baja diversidad de productos primarios ante perturbaciones ambientales naturales y antropogénicas.
Dado que ambiente y clima son la esencia de nuestra economía, sería razonable pensar que el cuidado del ambiente es prioritario para los ciudadanos y toda la dirigencia. También lo sería la optimización de su uso económico, su puesta en valor para conquistar mercados.
Sin embargo, no es así. El cuidado del ambiente no es relevante para amplios sectores de la ciudadanía, aun sufriendo vulnerabilidades derivadas de la crisis ambiental.
Leyes no faltan. La Constitución de 1994 contempla el derecho al ambiente sano. De ella se desprenden un conjunto de leyes para preservar sistemas naturales. La mayoría fueron fruto de intensos debates, con aportes del sector de I+D. Leyes como la ley de presupuestos mínimos de protección de bosques nativos y la ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares proveen a la preservación de ecosistemas, garantizan la continuidad de sus servicios esenciales para la vida y el desarrollo económico. Son leyes distinguidas en Estados Unidos y Europa.
Pero lo cierto es que estas leyes no reciben los medios para su aplicación o no se las aplica correctamente o se las ignora.
Existen movimientos ambientalistas, pero varios promueven slogans desvinculados de las realidades de los ecosistemas locales y del conocimiento científico. Algunos son cooptados por ideologías partidarias. En la dirigencia se observa escaso interés en la problemática ambiental. No perciben la relación entre la crisis ambiental y la crisis socioeconómica. Algunos sectores políticos la hacen propia solo para hablar mucho, hacer poco, o encubrir destrucción ambiental.
En suma, la crisis ambiental queda inmersa en múltiples grietas, en el desconocimiento y la indiferencia de nuestra sociedad y la dirigencia público-privada.
Las soluciones para nuestro país exigen conocer la dinámica de los sistemas ambientales, la identificación de los desequilibrios y sus causas. Se necesitan sistemas de monitoreo ambiental y análisis científico propios, cuestiones caprichosamente desfinanciadas o abandonadas.
No siempre fue así. En 1872 Sarmiento aprobó por ley la creación del hoy Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tercera institución de su tipo en el mundo, y las primeras academias nacionales de ciencias. Avellaneda crea el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) en 1879. En 1903, el gobierno de Roca apoya la Campaña Antártica Nacional Escocesa y en 1904 establece la primera base antártica permanente del mundo, la Base Orcadas. Roca asienta las bases de lo que luego será el valioso sistema de parques nacionales. Son solo algunos ejemplos.

La crisis ambiental
Los problemas ambientales del país son múltiples. Veamos algunos desde la ciencia. El 30% del territorio sufre degradación de suelos de importante a severa. Tal degradación incluye diversos procesos: pérdida importante de nutrientes, erosión, desertificación. La pérdida de biodiversidad microbiana del suelo, fundamental en el ciclo de nutrientes y la fijación de dióxido de carbono atmosférico (CO2), es importante.
La crisis de los suelos se asocia con cambios en el uso de suelos: falta de gestión, destrucción de bosques y pastizales nativos. La rica biodiversidad de nuestros ecosistemas cae por la expansión sin control de la frontera agropecuaria que destruye ecosistemas sin importar las consecuencias ni siquiera para la misma producción que busca expandirse. Los mecanismos de degradación interactúan y se potencian.
La pérdida de cobertura vegetal y trama de raíces que frenan el impacto de lluvias fuertes y retienen el agua promueve la erosión. Además, acelera el escurrimiento del agua hacia las cuencas hídricas, causando inundaciones más rápidas y frecuentes o procesos de sequía más intensos, según el estado del clima. El lavado de suelos facilita la contaminación de los ríos con los múltiples productos químicos tóxicos de la actividad agraria, industrial o minera.
Ríos y napas sufren la contaminación de aguas por falta de tratamiento adecuado de efluentes urbanos e industriales. Se detectaron psicofármacos en aguas del Paraná. Los stocks de agua se están desregulando por extracción excesiva de agua de napas, derretimiento de glaciares y nieve permanentes por el calentamiento global y eventos meteorológicos y climáticos extremos cada vez más frecuentes.
La generación eléctrica con combustibles fósiles y el cambio en el uso de suelos son las principales causas del cambio climático. Tenemos emisiones de gases de efecto invernadero moderadas, similares a las de Suecia. Aquí son ineficientes y costosas por fallas sistémicas, por destrucción ambiental. Reducir estas emisiones es necesario. Pero ante cambios climáticos que ya están ocurriendo debe adaptarse la infraestructura, la vivienda, la salud, la producción. Se requiere capacidad propia para evaluar cómo serán los cambios, para diseñar políticas de adaptación eficientes. Sin estas acciones los costos sociales, las pérdidas económicas, productivas y ambientales crecen.

Revertir la tendencia
Podríamos describir otros procesos de la crisis ambiental nacional (contaminación del aire, pesca, humedales, especies foráneas, entre otros) y sus múltiples sinergias negativas. Pero es relevante considerar que también existen procesos para revertir la situación: soluciones productivas de raíz ecosistémica.
Existen técnicas que no solo cuidan el ambiente mediante actividades productivas, sino que las potencian. Productores ya aplican la ganadería regenerativa y silvoganadería en distintos puntos del país. El uso de la fauna autóctona en la industria textil, láctea y cárnica es otro ejemplo. El uso responsable con valor agregado de la biodiversidad en el sector alimenticio, farmacéutico y cosmética debería desarrollarse. El desarrollo de tecnologías de energía renovables solar, eólica y marina es esencial para el país y genera productos exportables de alto valor agregado. El rol del Estado en cuidado del entorno, certificación de calidad ambiental y desarrollo de conocimientos en favor de toda la sociedad es indeclinable.
Nos debemos un serio debate para revertir esta crisis. El cuidado ambiental es fundamental para proteger y diversificar nuestras producciones, generar empleo, valor agregado y abrir mercados. El desarrollo del conocimiento científico y técnico local es ineludible: universidades, Conicet, el INTA, el Servicio Meteorológico Nacional, el Servicio de Hidrografía Naval, la Conae. La transferencia a la sociedad, y en particular a las pymes que no pueden costearlo, es un deber. Las pymes son pilares de la economía. El conocimiento es el otro pilar.
El costo social, económico y ambiental de la inacción es mucho mayor.

Por Pablo O. Canziani
Miembro de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, investigador de la UTN/Conicet y miembro fundador del Centro Regional de Cambio Climático y Toma de Decisión de la Unesco
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Santiago del Estero: con dramáticas imágenes, denuncian un ecocidio en el Canal de la Patria y exigen que actúe la provincia

Fecha de Publicación: 04/05/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santiago del Estero


ONG ambientalistas registraron la muerte de más de 250 animales pertenecientes a más de cuarenta especies de fauna, algunas en peligro de extinción, en una obra cuestionada desde octubre
Desde mediados de octubre del año pasado hasta mediados de marzo pasado, una investigación realizada por biólogos en el Canal de la Patria, en Santiago del Estero, registra la muerte de más 250 animales pertenecientes a más de cuarenta especies de fauna silvestre. Sin embargo, las proyecciones más realistas apuntan a la muerte de miles de individuos en ese lapso de tiempo por la inoperancia oficial tras los primeros alertas, en aquella fecha.
Hoy llamado por los ambientalistas el “canal de la muerte”, se trata de una traza de 200 kilómetros hormigonados, en paralelo a otro canal de tierra histórico, que desde su inauguración en 2023 lleva agua desde Santos Lugares a Amamá, Quimilí y Tintina.
Mientras los cadáveres de animales se siguen acumulando en el lecho, las autoridades de la provincia de Santiago del Estero continúan dando las mismas explicaciones que dieran luego de que, pocos días antes de las elecciones nacionales, el año pasado se viralizaran impactantes imágenes de unos osos hormigueros y ejemplares de otras especies intentando mantenerse a flote en una de las rejas de hierro del entonces recién estrenado canal.
Consultada por LA NACION para esta nota, la directora de Bosque y Fauna provincial, Noelia Zanichelli, sugirió hablar con el subsecretario de Medio Ambiente, Carlos Salmoraighi. Este –que depende del Ministerio de Producción, Recursos Naturales, Forestación, Tierras y Medio Ambiente, y tiene bajo su órbita estudiar todos los aspectos de impacto ambiental de distintos proyectos– afirmó: “Toda obra que se ejecute en la provincia tiene que cumplir con la ley. Los responsables son los inspectores ambientales de la obra”. Y delegó la responsabilidad en el Ministerio de Obras Públicas de Santiago del Estero, “que es quien ejecuta las obras”, dijo.
LA NACION intentó hablar con el ministro de Obras Públicas, Aldo Hid, quien derivó la consulta al subsecretario del Agua, Sergio Zaltz, quien –según se informó– “se encuentra de viaje por (un) estudio médico y estaría la otra semana reintegrándose a sus funciones”.
Lo cierto es que en el lapso de tiempo en el que se desencadenó el escándalo a causa de las primeras imágenes de los osos tomadas por pobladores y el martes, en que se volvieron a ver en las redes cuerpos de animales flotando en el agua, lejos estuvo la gobernación de encontrar una solución, a pesar de afirmar por todos los medios que mientras la solución definitiva se pudiera concretar no moriría un solo animal más.
Esta vez, quienes dieron la voz de alarma fueron un grupo de biólogos, miembros del Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces de la Argentina (Cecara), becarios doctorales e investigadores del Conicet, quienes estudiando el águila coronada (Buteogallus coronatus) llegaron hasta esos parajes. Tras ser testigos de lo que sucede, resolvieron revelar la situación y luego participar a otras asociaciones civiles, como Azara, Aves Argentinas, Vida Silvestre y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). De ese trabajo, además, surgió un video que recopila y muestra el drama que se registra en la zona.
“Soy biólogo y soy becario del Conicet. Estoy trabajando con el águila coronada, una especie de ave rapaz amenazada que habita toda la zona árida del centro y norte de la Argentina –dice el español Diego Gallego García–. Este año nos financiaron la investigación de esta especie en la provincia de Santiago del Estero. Cuando se viralizaron las primeras imágenes yo estaba en la zona, y unos días después fuimos al lugar de los hechos. Al ver toda esta situación, preferimos no alzar la voz e investigar concienzudamente”.
Y agrega: “Durante los siguientes meses efectuamos una recorrida por mes, a lo largo de todo el canal, y entrevistamos a una veintena de pobladores de la zona, pidiéndoles que nos reportaran casos de ahogamientos que presenciaran. Con los datos en la mano, decidimos convocar a asociaciones ambientalistas para presentarles el caso. La Fundación Vida Silvestre decidió apersonarse en el canal para ayudarnos en el último muestreo, el de Marzo). Hasta ahora no ha habido casi medidas de mitigación de esta mortalidad, salvo la instalación de cinco escaleras en un tramo de treinta kilómetros y un camión de primeros auxilios que envió el entonces ministro Juan Cabandié, unos días antes de las elecciones“.
Según cuenta el biólogo, originario de Bilbao, desde octubre “hemos registrado más de 250 animales muertos, pertenecientes a más de cuarenta especies de fauna silvestre. El oso hormiguero, la tortuga terrestre, la mulita, el mataco bola, especies con alguna categoría de amenaza de sus poblaciones, amén del guazuncho, pecaríes de collar, zorros y hasta pumas. También se están cayendo muchos reptiles, como la boa lampalagua, y aves y animales domésticos como perros, chivas, vacas, chanchos. Este canal podría estar produciendo una extinción regional de la fauna silvestre”.
Lo curioso es que esta problemática ya es conocida desde hace décadas en al menos seis países de Europa, América del Norte y África, y en todas estas instancias las medidas de mitigación han sido insuficientes. Ya sea porque no eliminan por completo el riesgo de ahogamiento o porque generan otros efectos indeseables para la fauna silvestre, como el aislamiento de las poblaciones de las especies entre sí.
“La única solución, para detener este ecocidio, sería cerrar o entubar el canal, como ya se ha hecho con otros canales de agua en el país. Hay especies de animales cuyo estado de conservación está comprometido y un factor de mortalidad tan brusco como este podría ser el golpe de gracia para su extinción”, concluye Gallego García.
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El gobierno cortó el presupuesto para la construcción de la central nuclear Carem y 570 empleados quedaron sin trabajo

Fecha de Publicación: 04/05/2024
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Acusan un desfinanciamiento total de parte del gobierno de Milei y advierten de posibles presiones desde Estados Unidos. Se trataría del primer reactor de potencia diseñado en el país que podría llevar energía a zonas alejadas de los grandes centros urbanos o de polos fabriles e industriales con alto consumo.
El gobierno de Javier Milei asumió con un programa de fuerte ajuste presupuestario en todos los sectores del Estado, aunque sin discriminar algunas áreas de alta importancia estratégica como la nuclear, y eso es lo que se viene sintiendo en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que este 30 de abril confirmó la suspensión de la construcción de dos reactores nucleares que estaban muy avanzados y podrían generar no sólo el abastecimiento de energía a zonas alejadas de los grandes centros urbanos o de polos fabriles e industriales con alto consumo, sino que también la exportación de reactores que traerían millones de dólares al país.
En efecto, unos 570 trabajadores, obreros de la construcción, quedaron sin trabajo en la obra que sería la primera central construida íntegramente en Argentina con tecnología de vanguardia. Así lo confirmaron desde dicho organismo a PERFIL. Si bien los proyectos venían sufriendo desfinanciamiento desde gestiones anteriores a la de La Libertad Avanza, en este caso se tornó "totalmente inviable" porque con una inflación de 280% interanual, el gobierno sólo prorrogó el presupuesto de diciembre de 2022 y además congeló los fondos de un fideicomiso que sustenta la vida de estas obras. "Algo parecido a lo que pasó con universidades públicas y Conicet", precisaron.
"Por el ajuste presupuestario se suspendieron los contratos con el servicio de transporte al Centro Atómico Ezeiza y el servicio médico. Lo que imposibilitaba trabajar. Ahora fueron restituidos pero no sabemos hasta cuando", detallaron. El gobierno liberó un fondo que sólo alcanza para cubrir esas cuestiones, entre otras, pero que no cubre las deudas de los proyectos e imposibilita las tareas operativas. Con esos fondos, la CNEA estima que sólo podría llegar hasta el próximo mes de junio.
Estas condiciones impactaron en los proyectos estratégicos como la Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM) y el Reactor Argentino Multipropósito RA-10. Luego de conciliaciones obligatorias con la Secretaria de Trabajo de mediadora y meses sin respuesta de algún funcionario del gobierno, se formalizó la desvinculación primero de 69 trabajadores, luego la crisis sumó unos 100 más y la reacción de la UOCRA seccional Zárate a cargo de Julio González, sindicato que aglutinan a los trabajadores involucrados, fue exigir una respuesta concreta y evitar extender una voluntad que ya parecía tomada: suspender las obras. Al finalizar esa reunión, los 570 trabajadores de la obra del CAREM ubicada en Zárate quedaron sin trabajo.
 
La renuncia de la presidenta de la CNEA
Adriana Serquis, presidenta de la CNEA, vinculada al kirchnerismo, vio venir que la crisis que ya venían sufriendo de las gestiones del macrismo y el albertismo empeoraría con la llegada de Milei y antes del cambio de gobierno presentó su renuncia, aunque no se la aceptaban porque no conseguían un reemplazo que quisiera tomar la tarea de, indirectamente, romper estos grandes proyectos y ganarse el desprestigio entre colegas del ámbito nuclear.
En un escrito dirigido al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, precisó las cifras alarmantes del organismo: "A comienzos de año, con el secretario de Energía habíamos quedado en que el crédito que se otorgara se iba a pagar. Eso no fue cierto. Hasta el viernes, no habían pagado absolutamente nada del presupuesto 2024, excepto salarios y becas. Veníamos sobreviviendo porque nos habían pagado una deuda de 2023 (...) Después de eso, nos pagaron 3.000 millones que representan el 11% nada más de todo lo que nos deben".
Serquis agregó que "en lo que respecta a la ejecución presupuestaria, se le había asignado a la CNEA una cuota total para devengar durante todo el primer trimestre de $26.337.326.448, sin considerar los sueldos. A la fecha, sorteando muchos obstáculos presupuestarios, se ha logrado devengar $10.435.166.814 y está devengando otros $8.343.614.745 que suman $18.778.781.559 y configurarán la deuda exigible al momento. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos institucionales por ejecutar toda la cuota de gasto durante todo este primer trimestre del año, no se hicieron las transferencias de fondos para poder realizar los pagos efectivos a los proveedores, con la única excepción de las transferencias correspondientes a salarios y becas".
Asimismo, la carta de Serquis coincide con la mirada de unos 13 gerentes que firmaron el comunicado advirtiendo la situación crítica y la necesidad de fondos inmediata.
 
Argentina, entre China y Estados Unidos: las presiones geopolíticas
La otra variable que acusan desde la CNEA es sin dudas la geopolítica. Por un lado, destacaron que ya desde el gobierno de Alberto Fernández, con presencia del ex secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, la embajada de Estados Unidos había estado presente en las obras. "Antes llegó a haber más de 800 empleados", aseguraron para manifestar que desde ese entonces hubo pequeñas olas de despido de 50 personas.
Vale destacar que CAREM, al ser un proyecto de vanguardia internacional, compite justamente con dos monstruos estadounidenses: Westinghouse y General Electric, empresas de primera línea mundial. "Nuestro proyecto es uno de los mas avanzados porque empezó antes, y además se destaca que es el que menor inversión tiene", argumentaron.
Por otro lado, expresaron que "desde que vino la generala Richardson a la Argentina se cayó más puntualmente el desarrollo de esta obra". En el encuentro que la jefa de Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, tuvo en Ushuaia con el presidente Javier Milei, se dejó en claro que la principal preocupación era la actividad de la base espacial China en Neuquén. Sin embargo, hay otra gran preocupación que tienen en el Norte para con Argentina, y es el desarrollo de la cuarta central nuclear, Atucha III, donde el gigante asiático tenía interés en financiar, ya que la Argentina es el único país de la región que domina la energía nuclear, y la producción de reactores permitiría la exportación a vecinos. Uno de los compromisos que habría asumido Milei es de monitorear y disolver esas iniciativas también.

Qué son el Carem y el RA10
El Carem es el primer reactor nuclear de potencia íntegramente diseñado y construido en la Argentina, ubicado en el segmento de reactores modulares de baja y media potencia (SMR, por sus siglas en inglés).
“Esta clase de reactores tienen una gran proyección para el abastecimiento eléctrico de zonas alejadas de los grandes centros urbanos o de polos fabriles e industriales con alto consumo de energía (incluyendo la capacidad de alimentar plantas de desalinización de agua de mar)”, dice, aún, la página oficial del gobierno.
El prototipo está siendo construido en Lima, provincia de Buenos Aires. El edificio que lo contendrá comprende una superficie de 18.500 m2, de los cuales alrededor de 14.000 m2 corresponden al llamado ‘módulo nuclear’, el sector que incluye la contención del reactor, la sala de control y todos los sistemas de seguridad y de operación de la central. La obra civil comenzó el 8 de febrero de 2014, momento desde el cual el CAREM se ha constituido como el primer SMR del mundo en estar oficialmente en construcción.
Por su parte, el RA-10 es el reactor multipropósito que se desarrollaba en el Centro Atómico de Ezeiza, que permitirá cuadruplicar la producción de radioisótopos de uso médico para estudios médicos. Puede producir silicio dopado por transmutación neutrónica, un producto de alta demanda global para la producción de chips de computadoras de alta potencia, y ofrecer innumerables servicios para la ciencia y tecnología como la producción, testeado y estudio de materiales.
Este reactor estaba en un 90% realizado y a pocos meses de terminarse. Podría representar un ingreso de dólares que ayudaría, por ejemplo, a la financiación del CAREM.

¿Cuánta plata y tiempo hacen falta?
Una de las pocas voces críticas del CAREM es la de Julián Gadano, subsecretario de Energía Nuclear bajo el gobierno de Macri, época en la que los proyectos no estaban bajo la órbita de la empresa estatal Nucleoeléctrica (la cual el gobierno de Milei pretende privatizar) sino de Techint, quien cuestionó todos las barreras que viene afrontando y el tiempo y dinero que se viene gastando. Según su análisis, heredó una obra inicial que devolvió al 70% y en la última época no logró avances.
Desde la CNEA reconocen algunas problemáticas pero aseguran que es "mentira" y que fue la gestión de Serquis, ahora saliente, la que heredó una obra al 30% y que dejó al 70%. En esa línea, advierten que uno de los problemas que sufren es el desfinanciamiento y los despidos. "No es que necesitamos menos, es al revés, necesitamos más personal".
En cuanto al presupuesto, Gadano asegura que hace falta una inversión de 400 millones de dólares para terminar con la obra, mientras que Serquis habla de entre 200 y 300 millones de dólares. "Es mucho dinero, pero cuando vemos que se gastaron 600 millones de dólares en la compra de aviones F-16 entendemos que es una cuestión de elegir prioridades", lamentaron.
"Es importante entender que con estas obras terminadas, los reactores que podríamos exportar podrían ser cada uno por 4 mil millones de dólares, dinero con el cual se podría financiar todo. Incluso está previsto que podríamos capitalizar hasta un 25% de este mercado", concluyeron.
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Organizaciones denuncian los impactos ambientales que tendrá la aprobación de la Ley Bases

Fecha de Publicación: 03/05/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Un comunicado de la Fundación Ambiente y Recurso Naturales (FARN) subraya que el nuevo proyecto de ley considera la regulación ambiental como una molestia. Advierte sobre la reducción de la participación ciudadana y los privilegios otorgados a industrias extractivas.
Este martes la Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley Bases. La iniciativa del oficialismo consta de más de 200 artículos y establece la emergencia energética, económica y financiera por un período de un año. Sin embargo, En la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advirtieron que pese a que este nuevo proyecto no incluye un capítulo específico de desregulación ambiental, sí hay capítulos que plantean un riesgo en la materia. Puntualmente referidos al acceso a la energía, la protección de los bosques y el manejo del fuego.
Entre los derechos socioambientales que se perderían de convertirse en ley la iniciativa, figuran: la posible sustitución de las audiencias públicas para definir proyectos, la creación de un régimen de privilegios en materia tributaria, cambiaria y aduanera, modificaciones en la Ley de Hidrocarburos y la posible cancelación de fondos para políticas ambientales.
En “La amenaza fantasma. Un nuevo proyecto de Ley Ómnibus sin capítulo ambiental”, FARN explica: “Este nuevo proyecto sostiene una concepción en la cual la regulación ambiental es una molestia o incluso un ‘costo’. La disminución de espacios de participación ciudadana, la delegación legislativa en materia de gestión ambiental de hidrocarburos y el otorgamiento de privilegios para las industrias extractivas a través de políticas de fomento económico sin mirada social ni ambiental ponen en riesgos los derechos ambientales delas generaciones presentes y futuras”, detalla el comunicado.
Cuáles son los principales puntos de la nueva ley que afectan al ambiente

1. Audiencias públicas optativas:
El capítulo III del proyecto propone modificar la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 19.549). Al referirse a las audiencias públicas, que son instancias de participación ciudadana sobre proyectos vinculados al ambiente y el cuidado de los ecosistemas, este procedimiento “podrá ser complementado o sustituido por el mecanismo de consulta pública o el que resulte más idóneo, técnica o jurídicamente, para el logro de la mejor y más eficiente participación de los interesados y la adopción del acto de que se trate”.
“Esta modificación brindaría a las autoridades una amplia esfera discrecional para decidir si una audiencia pública tendrá lugar o será reemplazada por otro mecanismo alternativo que, fuera de la consulta pública, no está especificado por la ley”, advierte FARN.

2. Modificaciones a la Ley de Hidrocarburos:
El nuevo proyecto de Ley Bases contiene 51 modificaciones, derogaciones o nuevos artículos sobre la Ley de Hidrocarburos (Ley 17.319). “Estos cambios normativos apuntan a liberar las exportaciones y a quitar atribuciones de intervención por parte del Estado Nacional en el mercado para fijar precios y garantizar el abastecimiento energético interno”, explica FARN en el documento.
Además, detallan que el proyecto propende a flexibilizar y agilizar el acceso de las firmas a nuevas concesiones, reduce los controles y la fiscalización estatal, y fija plazos de concesión de 30 años para yacimientos no convencionales y de 35 para las plataformas offshore. Esto último contradice abiertamente los compromisos climáticos asumidos por la Argentina al ratificar el Acuerdo de París.

3. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)
El artículo 161 del proyecto de ley dispone la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Este tiene por objetivo atraer inversiones de más de US$200 millones con fines de exportación a través de una serie de beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios.
En el último documento publicado por FARN explican: “Ninguno de los artículos específicos del RIGI en la nueva Ley Ómnibus impone condiciones a las empresas beneficiarias que impliquen la presentación de Estudios de Impacto Ambiental. Tampoco establece condicionamientos a la generación de puestos de trabajo a escala local, provincial o nacional, ni se explicita ningún tipo de política de escalamiento en cadenas de valor, o transferencia de tecnología”.
”La desregulación y los beneficios otorgados por el RIGI en materia tributaria, cambiaria y regulatoria promocionan un modelo de matriz económica primario-extractivo y exportador que, a lo largo delos últimos años, tuvo como consecuencia la degradación ambiental. Este tipo de medidas económicas siempre terminan por atacar los controles ambientales e incluso reducir mecanismos de participación y, por ende, la calidad democrática”, subrayan.

4. La posible cancelación de fondos fiduciarios:
El artículo 5 del proyecto de ley faculta al Poder Ejecutivo “a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos”. Existe una multiplicidad de fondos fiduciarios, entre los que se encuentran algunos de relevancia para la política ambiental, como el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos y el Fondo Nacional del Manejo del Fuego.
Desde FARN explican que estos fondos, junto a otros orientados al Desarrollo de Energías Renovables y a la promoción de generación distribuida de energías renovables, “son pilares de las políticas ambientales”. Tienen una vital relevancia para la protección de los Bosques Nativos en el sostenimiento de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, y para dotar de herramientas presupuestarias para enfrentar los crecientes incendios en nuestro país.
“Entender a estos fondos como meras ‘cajas’ sin reconocer su importancia en términos de protección y cuidado del ambiente es un error que puede traer serias consecuencias para la preservación de los ecosistemas de nuestro país”, advierte FARN en el documento.
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Mapa de Vaca Muerta: con una plataforma geoespacial investigadores de la UNCo publican los primeros resultados    

Fecha de Publicación: 03/05/2024
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro - Neuquén


Desde la Universidad del Comahue evalúan el impacto de 23.700 pozos de petróleo y gas de Río Negro y Neuquén respecto de ríos, canales y suelos. Conocé los resultados preliminares.
Mapa de Vaca Muerta: con una plataforma geoespacial investigadores de la UNCo publican los primeros resultados Amarillo, naranja, rojo como manchas en el mapa del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, sobre la superficie de la cuenca de Vaca Muerta. La zona se tiñe de alerta a partir del trabajo de investigación y monitoreo que lleva adelante la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).
El trabajo en la región se presentó días atrás con algunos resultados determinados a partir de una nueva herramienta: la plataforma geoespacial interactiva “Observ.ar”. Sobre la base de mapas e imágenes satelitales, se pueden ver los pozos, que en la región ya son más de 23.700 entre convencionales, no convencionales y otros no informados, 18.000 en Neuquén y 5.700 en Río Negro, hasta 2023 y la gran mayoría de esas bases de operación, están en zonas agrícolas.
Los investigadores locales cuentan con la colaboración del Instituto Ambiental de Estocolmo (SEI US) con quienes mapearon indicadores socioambientales de la actividad en la zona de Vaca Muerta a partir de la proliferación de pozos de crudo, convencional y no convencional en los últimos años.
“Tenemos la certeza de que la actividad del fracking tiene una gran cantidad de impactos ambientales al suelo, al agua, a las poblaciones, lo que sucede es que cuesta documentarlas. Hemos realizado trabajos a campo de validación de los indicadores socioambientales, que están en vías de publicación”, adelantó el ingeniero agrónomo y magister en Gestión Ambiental, Agustín González, a Diario Río Negro.
El docente de la facultad explicó que en los mapas se puede observar en qué puntos se desarrolla la actividad petrolera, los pozos y a qué distancia están de los ríos, chacras, barrios y ciudades del Alto Valle. Además, es posible saber cuántos son los pozos de fracking instalados en la última década y ver por nivel de riesgo (alto, medio y bajo) las zonas más comprometidas.
Así, sistematizan datos sobre el método fractura hidráulica (fracking) y se evalúa su relación con el ambiente y los recursos naturales de la cuenca de los ríos Neuquén y Negro. El desarrollo de la plataforma geoespacial tuvo como objetivo generar datos e indicadores espaciales para cuantificar el riesgo potencial para los valles agrícolas, y así poder avanzar en la toma de decisiones, de manera responsable.
La investigación sobre la interacción entre la explotación hidrocarburífera y la producción agrícola ganadera fue presentada formalmente con todos sus componentes el 16 de abril en la facultad de Cinco Saltos y el 18 en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), Capital Federal.
En los mapas – con información y disponibles para todo público – se observa que Allen es una de las localidades de la región más expuesta a los riesgos de la actividad. Villa Manzano, Campo Grande, Barda del Medio son otros de los puntos “rojo/anaranjado” de riesgo latente.
Allen está entre las zonas de más alto riesgo por proximidad a canales de riego y entre las zonas de más alto riesgo por cercanía a localidades. En este último caso, se suma Barda del Medio y Plottier como posible localidades afectadas. Las zonas de más alto riesgo por proximidad a ríos son: Allen, Villa Manzano, Barda del Medio y Paso de los Indios.

Indicadores de riesgo: más cercanía, más impacto
El método que utilizaron los científicos para observar el posible riesgo ambiental en las cuencas hidrológicas fue a través de indicadores espaciales basados en análisis de proximidad.
“A través del uso de estos indicadores socioambientales, sobre todo de proximidad, lo que empezamos a ver es que no se está teniendo en cuenta ningún tipo de distancia entre las perforaciones y ya sea las zonas agrícolas o los centros poblados o las fuentes de agua”, resaltó González.
A medida que el pozo se habilita más cerca de la zona agrícola o de los sujetos posibles de recibir impacto, el riesgo es mayor. Entre 0 y 1 kilómetro se establece que el riesgo es alto, de 1 a 2 kilómetros el riesgo es medio, de 2 a 3 kilómetros el riesgo es bajo, según comentó el profesional.
“Nos encontramos que las perforaciones están muy cercanas al río o directamente en medio de la zona agrícola, la calle rural o la calle interna de las chacras, con distancias menores a 200 o 300 metros”,
“En el caso de Villa Manzano logramos contabilizar más de 50 fracturas en los últimos diez años en un radio de 5 kilómetros. Creemos que esto genera algún tipo de efecto (….) y que el hidrocarburo termina en el suelo o en el agua de la napa freática», dijo el agrónomo sobre el análisis de los primeros resultados.
Los investigadores también realizaron un reporte de incidentes, con notas periodísticas e información oficial y concluyeron que los lugares en donde más se reportan son los lugares donde hay más densidad de pozos.

Un aporte invaluable de la universidad pública
“Hace un año y medio que llevamos trabajando en conjunto (con el Instituto de Estocolmo)”, comentó Agustín González, docente investigador y extensionista del Departamento Recursos Naturales de la facultad.
“Toda esta investigación y desarrollo tecnológico es parte de las tareas que realizamos en la universidad, que hoy está siendo tan cuestionada y tan discutida, y es la importancia del concepto de universidades regionales. Son miles los trabajos de investigadores y extensionistas, que en general tienen que ver con el desarrollo de las sociedades y las actividades de la región”, lanzó González.
“Esto es una muestra del aporte que hacemos desde la universidad hacia el medio para poder favorecer, conocer, tomar conciencia, sobre cuestiones ambientales que nos afectan a todos”
El trabajo involucra las áreas de Climatología Agrícola, Suelos y Sociología Rural de la facultad del Comahue, bajo la gestión del decano Esteban Jokers.
La plataforma es transparente en la utilización de datos abiertos para potenciar el acceso público a la información y utiliza los métodos de análisis con softwares de código libre.

Cantidad de pozos en Río Negro y Neuquén hasta 2023
Neuquén: 18.009 pozos total general
Convencional: 12.708. No convencional: 3.072 – No informado: 2145
En los límites de Neuquén, los años de mayor crecimiento de pozos no convencionales fueron el 2014 y 2015 donde se incorporaron 727, según los registros de la investigación.
Río Negro: 5.704 pozos total general
Convencional: 4708. No convencional: 224. No informado: 705
En Río Negro, los años de mayor crecimiento de pozos no convencionales fueron 2016 y 2017 con 71 nuevos.
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Chaco aprueba una nueva ley de Ordenamiento Territorial de Bosques que permitirá el desmonte de más de un millón de hectáreas

Fecha de Publicación: 02/05/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Chaco


Así lo alertan oganizaciones sociales, y anticiparon que lo denunciarán judicialmente. En plena madrugada, la legislatura chaqueña aprobó la norma que agravará la situación del desmonte en la provincia, a partir de un mapa elaborado sin participación comunitaria y “a la medida de las tanineras y el agronegocio”.
Mientras en el Congreso Nacional se debatía y preparaba la aprobación de la Ley de Bases del presidente Javier Milei, en la Legislatura Chaqueña también tenía lugar una votación que es rechazada por una parte importante de la sociedad y puede traducirse en una fuerte violación de derechos. En plena madrugada se votó la nueva ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): organizaciones sociales advierten que permitirá el desmonte de más de un millón de hectáreas y adelantaron que llevarán el tema a la Justicia.
«Hemos aprobado con satisfacción el ordenamiento de nuestros bosques nativos, muy a pesar de los intereses supranacionales. Este ordenamiento permitirá llevar adelante proyectos agroindustriales de manera ordenada y controlada por el Estado, hasta ahora era más fácil desmontar y pagar la multa, el monte estaba librado a su suerte”, celebró el diputado provincial Samuel Vargas, del Interbloque de Juntos por el Cambio, según consignó el portal Diario Chaco.
Sin embargo, las críticas sobre este nuevo ordenamiento ya habían sido advertidas antes de la votación por organizaciones ambientalistas locales como Somos Monte Chaco y por ONG como Vida Silvestre y Greenpeace, que denunciará “en la Corte Suprema la ilegalidad del nuevo OTBN”.

De madrugada
“Lo hicieron a escondidas de la ciudadanía. Muy pocas veces se ha sesionado a la noche y justamente terminaron de votar a las 2:40 de la madrugada, cuando la mayoría de los chaqueños ya dormían”, cuestionó Débora Páez, de Somos Monte. “Lo irónico y hasta vergonzoso es que parecía una pelea de niños tirándose chicanas unos a otros mientras discutían el futuro de muchos de nosotros”, lamentó en diálogo con Tiempo.
“Con lo que se votó anoche se viola el principio de no regresividad ambiental presente desde la ley general de ambiente. También es violatorio en cuanto a los procedimientos, ya que no se realizaron los procesos participativos y técnicos que establecen la ley y el Consejo Federal de Ambiente. Es violatorio en el contenido de la norma, ya que no cumple con el requisito de no regresividad ambiental. Es violatorio de leyes internacionales”, enumeró la ambientalista.
En el mismo sentido, Greenpeace anunció que denunciará ante el máximo tribunal la “ilegalidad” de la nueva ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. “A las 2.40 de la madrugada, y de espaldas al pueblo, la legislatura de Chaco votó una ley que reduce la protección de sus bosques y permitirá el avance de las topadoras sobre territorios de campesinos e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Llevaremos la denuncia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, alertó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
“A medida de las tanineras y el agronegocio. Vamos a acompañar las acciones judiciales”, anticipó el abogado ambientalista Enrique Viale.
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques hasta fines de 2022 en Chaco se desmontaron 485.162 hectáreas. El monitoreo satelital de Greenpeace detectó la deforestación de 57.343 hectáreas sólo en 2023. “Es importante destacar la ilegalidad de la totalidad de las hectáreas desmontadas durante 2021, 2022, 2023 y lo que va de 2024, ya que los desmontes se encuentran suspendidos por la justicia provincial, desde el 16 de octubre de 2020, ante la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”, señaló esa entidad.
La organización advirtió que el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Chaco “se realizó sin participación indígena y permitirá el desmonte legal de más de un millón de hectáreas”.

Regresividad
Vida Silvestre también se pronunció contra el nuevo OTBN, porque implica “graves retrocesos e incumplimiento de la normativa nacional e internacional”.
“La norma dispone un mapa regresivo y no progresivo, yendo contra principios reconocidos por el Acuerdo de Escazú, de la Ley General del Ambiente, de la Ley de Bosques Nativos y de la normativa específica del Consejo Federal de Medioambiente (COFEMA). Por ejemplo, es alarmante que se proponga pasar a Categoría III-Verde polígonos lindantes al Parque Nacional Copo y a la Reserva Provincial la Pirámide, y cercanos al Parque Natural Provincial Loro Hablador, zonas que en el OTBN anterior están en Categoría II-Amarillo, una categoría más restrictiva. Esto implica una regresividad y no progresividad porque estas áreas, con esta nueva ley, pasan a tener menor protección, situación que se agrava teniendo en cuenta que estos polígonos rodean áreas protegidas y constituyen parte de la zona de amortiguamiento de estas áreas, impactando negativamente su integridad, conectividad y permanencia”.
También cuestionaron que se cree una Mesa de Revisión y Actualización del OTBN para revisar ese ordenamiento de forma anual, “violando la Ley 26.331 y su decreto reglamentario 91/2009 donde se establece que la actualización debe ser realizada cada 5 años. Si se da continuidad a la política ratificada con la sanción de esta ley, esto sería someter a los bosques a una revisión anual de su nivel de protección, quitando además la posibilidad de planificación a mediano plazo que la gestión forestal necesita”.
“Es de altísima gravedad aprobar un mapa que no fue validado en el marco de un proceso participativo como corresponde, mientras que se desconocen los insumos técnicos que generaron el mapa aprobado. Asimismo, nos preocupa el tratamiento irregular y exprés que se le dio al tema por parte de la legislatura chaqueña”, dijo Fernando Miñarro, director de Conservación de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
“El mapa propuesto en el proyecto 423/2024 y que fuera sancionado el 30 de abril, cambia de categoría de protección sectores de la provincia, habilitando deforestación donde antes no estaba permitido, rompiendo con el criterio de no regresión. Por ejemplo, el sector oeste de la provincia ahora incrementa el verde, dando lugar a futuros desmontes», planteó Miñarro.
Y acotó: «En definitiva, esta presentación lo único que está haciendo es poner en riesgo los escasos bosques nativos que quedan en Argentina, en una de las provincias que registra las mayores tasas de deforestación legal e ilegal. Esta actitud de los legisladores compromete fuertemente la potencialidad del país de posicionarse ante mercados internacionales que hoy exigen la tipificación del país, según su riesgo de deforestación”.
Vida Silvestre anticipó que pedirá a la Autoridad Nacional de Aplicación que la actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos no reciba la acreditación correspondiente, “por no cumplir con los Presupuestos Mínimos, establecidos por la Ley de Bosques (26.331). Por otro lado, se suma la solicitud al gobernador de la provincia de Chaco Leandro Zdero el veto de dicha ley, que en caso de ser promulgada, será pasible se afrontar reclamos ante las justicia en la jurisdicción correspondiente”.
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El costo ambiental de UPM: hidrofobia, uso excesivo del agua y contaminación

Fecha de Publicación: 02/05/2024
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos


Las operaciones del gigante mundial de la celulosa, UPM, tienen un efecto directo y comprobado sobre diferentes ecosistemas del Uruguay, muestran varios estudios, los cuales muchas veces son opacados por el efecto económico que tiene esa actividad industrial en el país.
UPM 2, ubicada en Pueblo Centenario y responsable del vertido de un millón de soda caústica al arroyo Sauce, arroja sus efluentes al Río Negro y, desde allí, los mismos llegarán hasta el Rio Uruguay, ya afectado por la contaminación proveniente de UPM Fray Bentos (ex Botnia), afectando la zona de pesquería.
El daño de los desechos que la compañía finlandesa arroja al río –ampliamente denunciado por las ciudades costeras del margen argentino- ya ha provocado afectación en los peces que lo habitan.
De acuerdo a un estudio del grupo de investigación Latitud, los peces expuestos al efluente de UPM Fray Bentos producen la mitad de huevos que lo habitual. Además, los peces macho capturados río abajo de la planta de celulosa tenían atrofia testicular.
Pero los efectos de las operaciones de UPM no solo afectan a las especies nativas, garantía de un ecosistema saludable. También son clave en profundizar una problemática que padece el Uruguay, que tiene que ver con el agua, su disponibilidad y calidad.
UPM 2, la mayor planta de celulosa del mundo, extrae diariamente 129 millones de litros de agua de Río Negro. El año pasado, en medio de la crisis hídrica y cuando el área metropolitana del país no poseía agua potable, las plantas de celulosa no sufrieron ninguna afectación en el suministro de agua.
A ello se suma una nueva alerta: el declarado estado de hidrofobia en los suelos como consecuencia de la excesiva plantación de pinos y eucaliptus para abastecer como materia prima a las dos plantas de la compañía finlandesa.
“Este hecho condiciona, por la acumulación de compuestos orgánicos la no penetración de agua de lluvias a las napas, provocando sequias de las mismas y falta de pasturas para la producción agropecuaria, y el aumento de la escorrentía y la erosión, provocan aguas sin freno que van a cañadas, arroyos y ríos provocando violentas inundaciones”, alertó la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú en base a un estudio de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República.

El derrame en Pueblo Centenario, el peor accidente químico en la historia
UPM 2 arrojó al arroyo Sauce un millón de soda caústica en un accidente que si bien ocurrió en agosto pasado, tomó estado público en octubre y fue reconocido por la empresa recién un mes después.
Las consecuencias, documentadas por el Ministerio de Ambiente, fueron pérdida de especies vegetales de flora acuática y arraigada, como así también una posible destrucción de microalgas, y la muerte de más de 250 peces.
ONG vecinales y ambientales habían denunciado desde junio pasado filtraciones en las piletas de tratamiento de la planta Paso de los Toros.
Empresa y gobierno dieron por saldada la cuestión con una multa de 182.000 dólares –inicialmente el monto era de u$s 42.000-, considerada irrisoria por los activistas que señalaron que UPM obtiene ganancias diarias por 650.000 dólares.
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Qué alertas despierta sobre el cambio climático en la Argentina un informe internacional

Fecha de Publicación: 30/04/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Dengue, trastornos neurológicos, diabetes, daño pulmonar, mortalidad por olas de calor, disminución de la mano de obra y pérdida de horas de trabajo, algunas de las incidencias negativas según Lancet Countdown Latinoamérica
Según el informe 2023 de Lancet Countdown Latinoamérica, el cambio climático ha demostrado tener en la Argentina consecuencias cuantificables tanto en la salud como en la economía. La población de bajos recursos suele sufrirlas en mayor medida. Desde 2000, las temperaturas medias de verano han ido aumentando 0.04°C por año y los registros de 2022 demuestran que son 1.2°C más elevados que los que la institución utiliza como referencia (1986-2005). Las olas de calor llegaron a generar pérdidas de 300 millones de horas laborales y de US$1.300 millones. Las precipitaciones, cada vez más frecuentes, elevaron el potencial transmisor del dengue un 18% respecto del que tenían en la década ´50.
A pesar de los datos negativos, el estudio rescata a nivel local algunas mejoras: la reducción de emisiones de gases del transporte y de la industria disminuyeron la mortalidad en un 36.9% entre 2005 y 2020. Tanto la Argentina como los demás países de América Latina deberán implementar políticas multidisciplinarias si quieren reducir los efectos que el deterioro medioambiental tiene sobre la población.
Lancet Countdown Latinoamérica es un centro de colaboración independiente y multidisciplinario que realiza desde 2022 el seguimiento de los vínculos entre la salud y el cambio climático en América Latina, una de las regiones con mayores desigualdades sociales. Depende del compromiso de 23 instituciones académicas regionales, de agencias de las Naciones Unidas y de 34 investigadores de todo el mundo. Tres especialistas argentinos participan de la iniciativa; entre ellos Marina Romanell, directora ejecutiva del Lancet Countdown Global, su predecesora a escala mundial desde 2015.
El informe 2023 de Lancet Countdown Latinoamérica resalta la importancia de las políticas climáticas intersectoriales y del fortalecimiento de los sistemas de salud. La adaptabilidad al cambio climático y la necesidad inminente de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero son otros de los puntos destacados este año. En su segunda edición, contempla además un apartado especial con datos de la Argentina.
“Los informes de Lancet son importantes porque permiten hacer un seguimiento de como los diferentes países avanzan para enfrentar los impactos del cambio climático en la salud”, dijo a LA NACION Stella Hartinger, directora de Lancet Countdown Latinoamérica.
“El estudio destaca el desafío de abordar la planificación de la salud en relación al cambio climático en el nivel subnacional”, dijo Francisco Chesini, miembro de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental y coautor del informe. “La Argentina ha realizado avances en ese sentido en Neuquén, Misiones y Tucumán, gracias a un financiamiento otorgado por el Fondo Verde para el Clima. Fue la primera vez que financió un proyecto del sector salud a nivel mundial”, indicó.

La olas de calor en la economía
Según Lancet Countdown Latinoamérica, en la Argentina las altas temperaturas son uno de los mayores problemas para la salud. Las desigualdades latentes agravan aún más su impacto.
“Cuando las temperaturas son altas, el cuerpo no puede regular bien la pérdida de calor”, dijo a LA NACION Yasna Palmeiro Silva, investigadora y coautora del informe. “Esto deriva en diversos síntomas: dolor de cabeza, desmayos, palpitaciones y calambres. Puede causar daños en los riñones y de otros órganos e incluso la muerte”, sostuvo.
Según el informe, entre 2000 y 2022, las temperaturas medias de verano aumentaron en 0.04°C cada año en la Argentina. Los registros de 2022 superaron en 1.2°C al período de referencia de la institución (1986-2005).
Los adultos mayores de 65 años experimentaron, entre 2013-2022, un 220% más de días de olas de calor que en el período de referencia, según una estimación ponderada de Lancet. En el caso de los menores de un año el aumento es de 187%.
“En el caso de la Argentina, como la población está envejeciendo rápidamente, el riesgo es mayor. La implementación de alertas tempranas por parte de los organismos oficiales y la adecuada preparación puede ayudar a reducir los daños”, sostuvo Palmeiro Silva.
La exposición al calor afecta también a la actividad económica, en la medida que perjudica la salud de los trabajadores, sus empleos y la productividad laboral. Tal como expone Lancet, entre 2013 y 2022, se perdieron en la Argentina 300 millones de horas laborales por la acción de las altas temperaturas, lo que significa un aumento del 116% en comparación con el decenio 1991-2000. Equivale a una merma potencial de ingresos de US$1.300 millones al año, concentrados principalmente en los sectores de construcción y servicios.
El potencial transmisor del dengue es también consecuencia del cambio climático. El aumento del calor provoca mayores precipitaciones y favorece la proliferación de esa infección ocasionada por el mosquito vector aún en áreas nuevas. Entre 2013 y 2022, la capacidad de transmisión de Aedes aegypti en la Argentina aumentó un 18% en comparación con el período 1951-1960.

La presión de los combustibles fósiles
Todo subsidio destinado a los combustibles fósiles implica, para Lacent Latinoamérica, utilizar fondos públicos para financiar emisiones que perjudican la salud. Tal como lo expone en su último informe, la Argentina en 2020 destinó a ese tipo de subsidios US$4.600 millones, monto que equivale a un 10.5% del gasto en salud. “Está por debajo del promedio regional (17%) y por encima de países como Ecuador (8.3%) y Chile (5,6%)”, dijo a LA NACION Oscar Melo, académico del Centro de Cambio Global de Chile y coautor del informe.
“Para lograr una transición rápida y efectiva hacia fuentes de energía más limpias, es crucial que los gobiernos cesen la promoción de la quema de combustibles fósiles a través de subsidios y, en su lugar, redirijan recursos para facilitar una transición saludable hacia la neutralidad de emisiones”, sostiene en el estudio Lancet Latinoamérica.
La baja adopción de energías renovables limpias eleva el riesgo de enfermedades y la mortalidad, y sobrecarga el sistema de salud. Afecciones respiratorias y cardiovasculares, cáncer de pulmón, diabetes, trastornos neurológicos, problemas de gestación son, según el informe, algunas de las principales dolencias que recaen luego sobre los sistemas sanitarios.
En América Latina, el uso de combustibles sólidos contaminantes para cocinar y calentar es elevado. Además, millones de personas están expuestas a niveles altos de contaminación por PM2.5 (partículas finas menores a 2.5 micrómetros que pueden penetrar los pulmones y afectar la salud).
“Si bajamos las emisiones de gases de efecto invernadero de los diferentes sectores, baja el material particulado PM2.2″, dijo Hartinger, directora de Lancet Countdown Latinoamérica.
Como dato positivo, el informe destaca que en la Argentina en 2022 el 99.9% de la población urbana y el 97.8% de la población rural dependía de combustibles limpios para cocinar. Además, la tasa de mortalidad prematura atribuible a PM2.5 derivado de combustibles fósiles disminuyó en un 36.9% entre 2005 y 2020, principalmente por reducción de emisiones del transporte y la industria.
Las políticas públicas desempeñan, según Lancet Latinoamérica, un papel crucial en la construcción de resiliencia frente a las múltiples amenazas climáticas; no solo a nivel nacional, sino también municipal. En ese sentido, el respaldo financiero, es vital para que las ciudades y poblaciones logren una buena adaptación, pero también para que puedan implementar medidas que mitiguen el cambio climático.
Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Argentina cuenta con planes y estrategias. “El Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, publicado en el Boletín Oficial mediante la Resolución Nº 146/2023, posee como enfoque transversal la salud”, dijo Camila Mercure responsable del área de política climática de FARN. “También contamos con la Estrategia Nacional de Salud y Cambio Climático, aprobada en 2023 bajo la Resolución conjunta Nº 2/2023″. El problema, tal como asegura Mercure, es que si bien varias políticas están definidas, no cuentan todavía con financiamiento.
En América Latina la interrelación de políticas públicas ambientales y sanitarias son fundamentales para lograr progresos interdisciplinarios más contundentes. Dependerán, sin embargo, de que los fondos destinados sean acordes a las necesidades.
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