La bajante del Río Paraná "es un auténtico holocausto ambiental"

Fecha de Publicación: 22/07/2021
Fuente: Telam
Provincia/Región: Litoral Argentino


Los expertos explicaron que  el fenómeno está ligado en parte al modelo agroproductivo argentino de expansión de la frontera agropecuaria  y el uso indiscriminado de insecticidas agrotóxicos.
 Rafael Colombo, miembro de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, aseguró este miércoles que la actual bajante del Río Paraná "es un auténtico holocausto ambiental" y que es consecuencia de la acción humana asociada a la expansión del modelo agroindustrial, sumado a los efectos del cambio climático.
"Lo que está ocurriendo en el Río Paraná es un auténtico holocausto ambiental y es el resultado directo de una serie compleja de intervenciones antrópicas asociadas a la expansión del extractivismo agroindustrial, ganadero, forestal, fluvial y minero", dijo el profesional.
 En este sentido, detalló que la bajante "está ligada al modelo agroproductivo argentino de expansión de la frontera agropecuaria, el incremento de superficies de cultivo como la soja, el maíz o el trigo, que son al mismo tiempo parte de un modelo agroindustrial que trae muchísimos impactos sobre la tierra a partir del uso de millones de litros de insecticidas agrotóxicos".
Asimismo, Colombo destacó, en diálogo con Radio Urbana, que "la hidrovía Paraná-Paraguay es el cauce de salida del 80% de las exportaciones argentinas" por lo que "navegan miles de embarcaciones que transportan millones de toneladas de mercadería año tras año".
 "Eso genera mucha presión y mucho hostigamiento sobre el río Paraná y, por supuesto, también está ligado a la pérdida y a la conservación del suelo fruto del deterioro de bosques, de la selva y los montes nativos que han generado que los suelos hayan perdido la capacidad de absorber el agua de las lluvias para poder preservarla y posteriormente derivarla a vertientes, arroyos", detalló.
Sobre esto, explicó además que "son muchas las causas que han incidido en las últimas décadas para que tengamos una situación de estrés hídrico como la que atraviesa el Río Paraná. Entre ellas, el cambio climático y la ocurrencia de eventos climatológicos extremos".
 Por esta razón, aseguró que se da cada vez más una alternancia entre sequías y lluvias concentradas y prolongadas, lo cual contribuye a la intensificación de la bajante.
En cuanto a las imágenes que circularon recientemente donde se ven bancos de arena producto de la bajante del Río Paraná, el abogado dijo que es una situación "que se está registrando en casi todo el Río Paraná que comprende varias provincias: Corrientes, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires".
Y alertó: "se han registrado niveles de bajante históricos que superan las estadísticas de por lo menos últimos 50 años".
 Sobre las consecuencias de esta situación, Colombo sostuvo que "estamos yendo hacia un proceso de sabanización de nuestros ecosistemas, es decir, se vuelven sabanas, que son ecosistemas secos, áridos, típicos de zonas tropicales y subtropicales".
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Científicxs y referentes ambientales de Argentina apoyan el Proyecto de Ley de Fomento a la Agroecología

Fecha de Publicación: 22/07/2021
Fuente: biodiversidadla.org
Provincia/Región: Nacional


"Solicitamos que las políticas públicas se orienten al reemplazo del actual modelo del agronegocio exportador por modelos de producción de alimentos sanos, basados en prácticas agroecológicas y sostenibles, beneficiosos no sólo para el ambiente sino para la sociedad toda. Consideramos que el objetivo de la Ley de Fomento de la Agroecología podría contribuir en el sentido propuesto por nuestro Colectivo por lo que expresamos nuestro apoyo a la iniciativa".
Celebramos la presentación realizada por el Diputado Leonardo Grosso y acompañado por un grupo de legisladores y de autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Ciencia y Tecnología de la Nación de la Ley de Fomento a la Agroecológica que fuera elevada recientemente para su tratamiento legislativo.
 El Colectivo Trigo Limpio, integrado por cientificxs de diversas disciplinas y referentes ambientales se ha expresado oportunamente hacia el Gobierno Nacional y luego, a través de una carta abierta a toda la sociedad, alertando sobre el peligro de profundización del actual modelo agrícola que involucra la aprobación de nuevos desarrollos biotecnológicos, como es el caso del trigo transgénico HB4, tolerante a la sequía y al herbicida glufosinato de amonio.  En cambio, solicitamos que las políticas públicas se orienten al reemplazo del actual modelo del agronegocio exportador por modelos de producción de alimentos sanos, basados en prácticas agroecológicas y sostenibles, beneficiosos no sólo para el ambiente sino para la sociedad toda. Consideramos que el objetivo de la Ley de Fomento de la Agroecología podría contribuir en el sentido propuesto por nuestro Colectivo por lo que expresamos nuestro apoyo a la iniciativa.
Esta Ley constituye un horizonte para un cambio que han venido impulsando decenas de años de lucha de las comunidades afectadas por el uso de agrotóxicos, y que reclaman cientos de publicaciones de la ciencia independiente que demuestran los impactos negativos del actual modelo agrobiotecnológico.  Creemos que la aprobación de este marco legal podría brindar una oportunidad para poner freno a un modelo basado en la producción de commodities en el marco de un capitalismo extractivista, que genera inequidad, avasalla los territorios, enferma a las comunidades y destruye los ecosistemas.
Los principios vertidos en el proyecto de ley mencionado apuntan a fortalecer la soberanía alimentaria con el apoyo a sistemas de producción que propician la obtención de alimentos sanos, ya que los modelos agroecológicos que contemplan la complejidad de los procesos ecosistémicos promueven una agricultura sin sustancias tóxicas, las que actualmente llegan a diario a nuestros cuerpos en los alimentos, el aire y el agua. La producción agroecológica resignifica el trabajo en el campo, generando mano de obra que propicia el arraigo rural. Estos aspectos socioambientales han sido continuamente desvirtuados o invisibilizados en el marco del actual modelo, por lo que su consideración en esta ley constituye un motivo de esperanza para la gestión territorial y la generación de políticas públicas sensibles a las necesidades reales de la población.
La agroecología fomenta el intercambio cultural entre productores promueve la diversidad alimentaria (por ejemplo, a través del intercambio de semillas) y brinda la posibilidad de un desarrollo con mayor resiliencia frente a la variabilidad y los eventos climáticos extremos.
Con miras a enriquecer y complementar el espíritu del actual proyecto de ley sugerimos se contemplen acciones en el marco del mismo, así como se motoricen nuevos proyectos orientados a:
- Enfatizar el propósito de generar una transformación progresiva (según principio de progresividad, art. 4, Ley 25675) del actual modelo agrícola industrial hacia el agroecológico, en un diseño temporal acordado por todos los actores sociales, académicos, económicos y políticos involucrados. Dentro de este marco, propicie el resguardo de poblados y cuerpos de agua, tanto ríos como lagunas, ubicados en áreas de siembra de monocultivos biotecnológicos, mediante la implementación de desarrollos agroecológicos que funcionen como áreas “buffer” o de transición.
- Promover el seguimiento y contención de las comunidades afectadas por enfermedades relacionadas directa e indirectamente con la actividad agrícola basada en agrotóxicos.
- Realizar un seguimiento de los patrones de contaminación territorial, fundamental herramienta para ordenar y gestionar políticas públicas de control.
- Promover la ocurrencia de zonas o municipios libres de plaguicidas y libres de transgénicos como por ejemplo lo son los actuales municipios de San Marcos Sierras (Córdoba), El Bolsón (Rio Negro) y Merlo (San Luis).
- Promover y garantizar el acceso a la tenencia de la tierra a las familias campesinas. Que se implementen y financien políticas públicas que faciliten el acceso a créditos para la compra de inmuebles rurales y la construcción de viviendas para la agricultura familiar, que posibiliten el arraigo de las familias campesinas a sus territorios.
Científicxs y referentes ambientales de Argentina apoyamos el Proyecto de Ley de Fomento a la Agroecología, por el ambiente, la salud y por la vida.
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Impulsan en Jujuy una ley provincial de Cambio Climático

Fecha de Publicación: 22/07/2021
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy


El proyecto de ley fue enviado por el Ejecutivo provincial a la Legislatura en la segunda sesión ordinaria del período legislativo y tiene por objeto establecer directrices para la política provincial para la disminución del cambio climático.
La norma busca tener políticas públicas concordantes con la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el protocolo de Kioto y el acuerdo de París, ratificados por la República Argentina, las Leyes Nacionales Nº 27.520 de "Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global", Nº 25.675 "Política Ambiental Nacional", la Constitución de la Provincia de Jujuy (artículo 22), Ley Provincial Nº 5.063 "De Protección del Medioambiente", y Decreto Nº 1169-A/2016.
En la fundamentación del mismo, el Poder Ejecutivo afirma que es firme decisión del Gobierno de la Provincia, desde diciembre del año 2015, "llevar adelante un proceso de jerarquización de la política ambiental, para promover la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, avanzar hacia un paradigma de desarrollo sustentable y abordar las consecuencias del cambio climático".
En este contexto, se tomó la decisión de construir una identidad estratégica asociada al concepto "Jujuy Verde" y consecuente con ello, con el dictado del Decreto Nº 1169- A/2016, el Poder Ejecutivo delegó en el Ministerio de Ambiente la implementación del Programa "Jujuy Verde: Carbono Neutral 2030", con proyección al año 2050, que persigue, entre otros objetivos, el compromiso de efectuar los mayores aportes para la reducción de gases de efecto invernadero.
No obstante, son conocidos por todos los daños ocasionados por distintos eventos o catástrofes naturales, a nivel mundial y regional; particularmente en nuestros países, la región NOA es una de las más afectadas por el cambio climático, de acuerdo a las conclusiones científicas realizadas por el Centro de Investigación de la Atmósfera y el Clima, que refleja un incremento de la temperatura media, siendo los cambios más marcados en las estaciones de primavera-verano.
Entre otros impactos, a modo de ejemplificativo, en nuestra provincia, pueden mencionarse que la temperatura media en aumento alcanzó el 0,7º en la provincia de Jujuy. Que la temperatura mínima aumento promedio de 0,6ºC, que en 1950-2010 mayores incrementos registrados en primavera, la disminución de los días con heladas, aumento de noches tropicales , aumentos de la precipitación anual, eventos de lluvia más intensos, en pocos días y una tendencia de más días sin lluvia.
También la prolongación del período invernal seco, el aumento promedio anual de 96m, en 2016/2017 registro de inundaciones en las localidades de Tilcara, Volcán, Tumbaya, San Francisco, Maimará, Ledesma, La Mendieta, San Salvador y Palpalá. Todo esto podría traer aparejados problemas en la disponibilidad de agua para las poblaciones, condiciones más favorables para incendios incontrolados de bosques y pasturas, y condiciones de estrés en la actividad ganadera, entre otros.
Por lo tanto, el Ejecutivo consideró que "resulta perentorio establecer un plan sobre cambio climático, para el control de las emisiones de gases de efecto invernadero, promoviendo tecnologías que no perjudiquen el clima".

Gabinete
En su primer articulo la iniciativa define el objeto de la ley, el poder “establecer directrices para la política pública provincial de cambio climático y la respuesta en materia de mitigación y adaptación, en concordancia con Tratados Internacionales, ratificados por la República Argentina, y normativa ambiental vigente”. También propone la creación de un Gabinete Interministerial de Cambio Climático integrando por todos los ministerios que integran el Poder Ejecutivo, donde se acordarán las acciones y metas, así como los procesos de monitoreo destinados a garantizar el cumplimiento de la neutralidad de carbono al año 2050.
El gabinete será presidido por el titular del Poder Ejecutivo y contará con la coordinación del Ministerio de Ambiente. Cada ministerio deberá designar un representante titular y un representante alterno. La función será articular entre las distintas áreas, colaborar en el diseño e implementación de los planes provinciales de respuesta al cambio climático.
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La generación distribuida superó los 5,2 MW a nivel nacional

Fecha de Publicación: 21/07/2021
Fuente: Diario Rïo Negro
Provincia/Región: Nacional


Con un fuerte incremento en la potencia instalada durante junio, volvió a crecer la autogeneración en el país. En total hay 503 proyectos en operación entre todas las jurisdicciones adheridas a la ley 27.424.
Tras un importante incremento en la potencia instalada durante junio, la generación distribuida finalmente rompió la barrera de los 5 MW a nivel nacional y cada vez son más los usuarios que generan su propia energía. Las perspectivas de crecimiento para los próximos meses se mantienen en lo más alto y hay otros 4,2 MW en lista de espera.
La diversificación de la matriz energética nacional ya es una realidad y de la mano de la autogeneración las energías renovables siguen ganando terreno. Según el Reporte de Avance de junio sobre la implementación de la ley nacional de Generación Distribuida que publica mensualmente la secretaria de Energía de Nación en junio se registró el segundo ingreso de potencia instalada más alto en lo que va del año.
En detalle, en el sexto mes del año se sumaron 348 kW en proyectos de generación distribuida. Y es un antecedente más que positivo teniendo en cuenta que en abril de este año se rompieron todos los récords luego del ingreso de 946 kW en un solo mes.
Este ingreso de nuevos generadores permitió que la potencia instalada total entre todas las jurisdicciones adheridas a la ley 27.424 alcance los 5.216 kW o los 5,2 MW. La buena noticia para el sector es que, hasta el mes pasado, se registraron unos 4.258 kW en proyectos que cuentan con la Reserva de Potencia aprobada, un claro indicio de cómo continuará el crecimiento.
Según los datos nacionales, hay un total de 503 proyectos que ya completaron la instalación y se convirtieron en Usuarios Generadores (Ugers).
Precisamente en junio se registró el ingreso más alto de nuevos Ugers (35) en lo que va del año, ni siquiera en abril cuando se rompió el récord de nueva potencia se sumaron tantos usuarios (22). Esto indica que el mes pasado se sumaron más usuarios residenciales que industriales o comerciales.
Vale señalar que los 4,2 MW que está en proceso de convertirse en nueva potencia instalada pertenecen a 311 proyectos.
De ese total ya hay 74 que solicitaron la instalación del medidor bidireccional que les permite comenzar a inyectar energía a la red. Este dato permite anticipar el número de nuevos usuarios que se sumarán en el cortísimo plazo.

El 22% de la potencia es residencial
De los 5.216 kW de potencia instalada que hay en el país, unos 1.150 kW –el 22%- provienen de usuarios Residenciales, mientras que unos 3.580 kW –el 70%- de usuarios Comerciales e Industriales. El 8% restante pertenece al segmento de Entes y Organismos Oficiales y a la categoría Otros.
Si lo que se valora es la cantidad de proyectos por categoría el líder es el segmento Residencial con 328 proyectos en funcionamiento en la actualidad. El segundo lugar se lo queda el Comercial e Industrial con 153 desarrollos mientras que los restantes 22 se dividen entre Entes y Organismos Oficiales y Otros.

Las provincias líderes
Dentro de las jurisdicciones que mayor proyectos y usuarios generadores tienen Córdoba es la que se lleva todos los premios. La provincia no solo tiene 282 usuarios generadores, sino que además cuenta una potencia instalada de 3.026 kW y otros 2.112 kW en trámites en curso.
En segundo lugar, se ubica la provincia de Buenos aires con 793 kW de potencia, 133 usuarios generadores y unos 864 kW entre los proyectos que están proceso. Por último el podio lo completa Mendoza que cuenta con 28 usuarios generadores, 712 kW de potencia instalada y otros 356 kW trámites en curso.
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Diputados buscan crear el Área Marina Protegida “Agujero Azul” para homenajear a los tripulantes del ARA San Juan

Fecha de Publicación: 21/07/2021
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Además, la iniciativa busca proteger la biodiversidad, fomentar la investigación científica y fortalecer la soberanía
Un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Defensa e Intereses Marítimos y Fluviales de la Cámara de Diputados trabajó sobre el proyecto de creación del Área Marina Protegida “Agujero Azul”, elaborado por la diputada Graciela Camaño, y cuenta con las firmas de los diputados Máximo Kirchner, Leonardo Grosso, Daniela Vilar y Enrique Estévez. Se trata de una superficie de 164 mil kilómetros cuadrados linderos a la Zona Económica Exclusiva, donde yacen los restos del ARA San Juan. Además de homenajear a los tripulantes del submarino, los objetivos principales del proyecto son proteger la biodiversidad marina, fomentar la investigación científica, defender los intereses argentinos sobre el mar.
La reunión estuvo presidida por los diputados Eduardo Valdés y Facundo Suarez Lastra, autoridades de la comisión de Relaciones Exteriores; los diputados Juan Aicega y Ayelén Spósito, presidente y vice de la comisión de Intereses Marítimos y Fluviales; y Carlos Fernández y Germán Martínez, titulares de la comisión de Defensa.
En la apertura, el diputado Valdés se refirió a la iniciativa: “Este proyecto defiende la soberanía e impulsa la defensa de los intereses nacionales estratégicos, en un área que se describe por su gran biodiversidad. Es una iniciativa que mira y proyecta hacia el mar”.
La autora de la iniciativa, Graciela Camaño, señaló: “Este proyecto aspira a cerrar un círculo virtuoso para la Argentina y la salud del planeta. Vemos beneficios ambientales, como la mitigación de los efectos del cambio climático, la conservación de la biodiversidad, y la protección de los ecosistemas marinos. También hay motivos económicos, como la conservación de la reserva pesquera. Se fortalece la protección de nuestra plataforma y la soberanía nacional, y se promueve la concertación en las relaciones internacionales. También fortalece el uso sustentable de nuestros recursos marinos, y asegura la renovación de los recursos”. Y agregó: “El Área Marina Protegida Agujero Azul será un merecido tributo a los tripulantes del ARA San Juan, cumpliendo el sueño de sus familiares que solicitaron en reiteradas veces el resguardo y señalamiento del área”.
Por su parte, el Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina, Daniel Filmus, sostuvo respecto del proyecto: “Esta iniciativa es plural y tiene que ver esencialmente con la soberanía y el futuro de nuestro país. Necesitamos políticas de Estado de largo plazo, que no estén atadas a calendarios electorales. Queremos una Argentina mirando al Sur, al océano, a las Malvinas, a la Antártida. Como estrategia y perspectiva de desarrollo, es central, dado que los recursos y riquezas del fondo marino son enormes. Las grandes potencias hoy miran el Atlántico Sur y nosotros tenemos que tener una presencia más fuerte. Hemos visto pesca ilegal intentando llevarse recursos que son nuestros. Buscamos defender lo que es nuestro y preservar los recursos para las futuras generaciones”. Respecto del contexto internacional en el que llega esta iniciativa, Filmus indicó: “Hay una potencia extranjera que mantiene un territorio argentino usurpado, y con este tipo de leyes reforzamos nuestra soberanía. No le vamos a pedir permiso a ninguna potencia para legislar sobre nuestro espacio nacional”.
Además, participaron de la reunión y realizaron sus aportes Carolina Vega, de la Iniciativa Pampa Azul (proyecto que nuclea siete ministerios que se propone promover la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que permitan preservar y gestionar efectivamente los bienes marinos, contribuyendo así a fortalecer la soberanía nacional sobre el mar), Paula Martinetto, Frida Armas, de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental; el Subsecretario de Pesca del Ministerio de Agricultura y Pesca de la Nación, Carlos Liberman, y la directora de Áreas Marinas Protegidas del Ministerio de Ambiente de la Nación, Mercedes Santos.
Cabe destacar que se trata de una iniciativa que reúne un amplio consenso, con aportes de distintos bloques legislativos, tanto del oficialismo como de la oposición.
El diputado Juan Aicega, del bloque PRO y presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, indicó que “es un proyecto de Ley muy importante, desde el punto de vista ambiental y económico”. Además, indicó: “Estas políticas trascienden a los sectores políticos”.
Por parte del radicalismo, el diputado Gustavo Menna, planteó: “Al prohibir la pesca por arrastre, hay que tener en cuenta la posibilidad de conflictos con países que pescan en la zona, también hay que pensar en generar alguna medida para frenar la pesca ilegal. También hay que pensar si la prohibición de la pesca por arrastre va a impactar a los barcos argentinos”.
Los diferentes bloques acordaron volver a realizar una reunión con nuevos invitados a fines de enriquecer la elaboración de un posible dictamen de consenso.
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Realizan fuerte limpieza en arroyos para evitar impacto en el Riachuelo

Fecha de Publicación: 21/07/2021
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Nacional


Con una campaña focalizada en arroyos de La Matanza, Lomas de Zamora y Esteban Echeverría buscan disminuir la cantidad de residuos que llegan al Riachuelo.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) comenzó con una serie de medidas preventivas para disminuir la contaminación del Riachuelo. Se trata de una limpieza de residuos en los arroyos Don Mario y Morales de La Matanza, en el arroyo Ortega en el municipio de Esteban Echeverría y en el arroyo Del Rey en Lomas de Zamora.
Estas intervenciones fueron diseñadas como una política de gestión que contempla una mirada integral y complementan el trabajo que Acumar lleva adelante a diario en la limpieza de espejo de agua en el cauce principal del río. Según explicaron en un comunicado oficial, "a través de la limpieza de arroyos críticos, se apunta a prevenir el daño y contener la problemática de los residuos en uno de sus principales lugares de origen, como son los arroyos críticos, para mitigar su llegada e impacto en el cauce principal del Riachuelo".
Estas tareas forman parte de un servicio estratégico de limpieza en arroyos críticos, que comienza a operar a través de una licitación que se extenderá por cuatro años, con barreras ubicadas en los arroyos y cuerpos de agua con alta incidencia en la regulación hídrica. A su vez, el servicio contará con maquinarias móviles que recorrerán los municipios de Lomas de Zamora, Ezeiza, La Matanza, Esteban Echeverría y Merlo.
Los trabajos comenzaron con la instalación de las mencionadas barreras de retención de sólidos flotantes en los arroyos Don Mario y Morales, de La Matanza, y Ortega, de Esteban Echeverría. Además un equipo móvil de limpieza operará en distintos tramos de la Cuenca para retirar residuos flotantes sobre el espejo de agua de los arroyos: Santa Catalina, Arroyo del Rey, Aguirre, Dupi, Susana, Las Víboras, el Canal Huergo y el Viejo Cauce del río Matanza en el Barrio José Hernández, de La Matanza, entre otros. Para el desarrollo de los trabajos se utilizarán maquinarias y elementos especializados como: retroexcavadoras, camiones volcadores, camiones con hidrogrúa con balde almeja, barreras flotantes de contención, embarcación del tipo tracker, minicargadoras tipo Bobcat, y obradores.
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Desmonte en Córdoba: en 2020 se deforestaron ilegalmente 4.810 hectáreas

Fecha de Publicación: 20/07/2021
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


El dato surge de los procedimientos realizados por la Policía Ambiental. Equivalen a 18 canchas de fútbol por día. Es algo más que en 2019 pero menos que en la década anterior. Lo bueno: desaparecieron los desmontes grandes y con químicos.
El desmonte ilegal en Córdoba afectó a 4.810,4 mil hectáreas de bosque nativo el año pasado, según datos oficiales de la Policía Ambiental del Ministerio de Coordinación de Córdoba.
Esto es casi un 10 por ciento más que en 2019. Ambos años representan las cifras más bajas desde que en septiembre de 2014 la Provincia comenzó con este monitoreo.
En 2015 fueron un poco más de siete mil hectáreas afectadas por prácticas no autorizadas; en 2016 fueron 6.951; en 2017, 14.427 y 7.413 hectáreas se habían afectado en 2018.
Adrián Rinaudo, director de la Policía Ambiental, explica que si bien el 2020 fue un año inusual por la pandemia, las actividades rurales no se prohibieron. “Nunca dejamos de controlar. El seguimiento satelital se siguió haciendo”, explica.
Y agrega: “Estamos conformes con lo que pudimos hacer a pesar de las limitaciones por la pandemia. Si no hubiésemos controlado, se hubiera desmontado mucho más”.
Las hectáreas intervenidas en 2020 es una superficie muy baja si se comparan con las 340 mil hectáreas afectadas por los incendios el año pasado, aunque en este caso no todo lo que se quemó fue monte nativo.
Según la Secretaría de Ambiente, fueron 39 mil las hectáreas de bosque abierto y cerrado bajo fuego el año pasado.
En provincias del norte argentino el desmonte ocurre a otras escalas. Según un informe de Greenpeace, en Santiago del Estero se desmontaron 32.776 hectáreas en 2020. En Jujuy fueron 30.071; en Salta, 20.962; en Formosa, 17.779; y en Chaco, 13.128 hectáreas. El monitoreo de la ONG no discrimina entre intervenciones legales e ilegales.
Sin embargo, es una tasa muy alta para Córdoba si se considera el escaso monte autóctono que sobrevive en la provincia. Según estudios ambientales, Córdoba solo conserva un tres por ciento de bosque nativo en buen estado de las 12 millones de hectáreas que había a principios del siglo 20.
Estos ecosistemas son sinónimos de biodiversidad y de paisaje, un atributo clave para el turismo. Pero también son vitales para la regulación hídrica y climática de la región.

18 canchas de fútbol por día
Una comparación puede servir para entender la magnitud del daño. Esas 4.810,4 hectáreas intervenidas sin autorización equivalen a una pérdida diaria de 18 canchas de fútbol como las del estadio Mario Kempes.
La Policía Ambiental determinó que hubo 1.768,6 hectáreas afectadas ubicadas en la categoría roja, según la ley provincial de bosques 9.814. Es el 36,7 por ciento del total afectado.
Esta normativa fue sancionada hace más de una década. Protege cuatro millones de hectáreas, en tres categorías, según el estado de conservación del monte. La actualización de ese mapa sigue pendiente desde hace más de cinco años.
El sector rojo es el bosque mejor conservado y donde sólo pueden realizarse intervenciones mínimas, pero con autorización de la Secretaría de Ambiente de la Provincia.
En 880 hectáreas de zona roja se realizó un desmonte total, mientras que en el resto fueron afectadas por rolado para extraer renovales del bosque, desmonte selectivo de arbustos, aperturas de picadas o intervenciones para leña. Todos estos indicadores fueron más altos que los registrados en 2019.

Balance positivo
Rinaudo rescata varios aspectos positivos después de años de monitoreo. “Las intervenciones son de menos de diez hectáreas porque se llega a tiempo antes de que sigan avanzando. Años atrás, los desmontes eran de 300 a 400 hectáreas”, detalla.
Y agrega que la mayoría de las intervenciones son en categoría amarilla por desconocimiento de la normativa o problemas en la tramitación de las autorizaciones. “Queremos salvar el monte que está pintado de rojo porque es el mejor conservado”, explica Rinaudo.
Otros aspectos positivos, según el funcionario, es que desde hace casi dos años que no se registran casos de deforestación química por la decisión de Policía Ambiental de ser severos en el control y multas para estas prácticas. “También desaparecieron las topadoras. Ahora solo se ven tractores con alguna pala delantera o maquinaria para rolado”, comenta.
La Policía Ambiental sólo informa las intervenciones no autorizadas. Pero la Secretaría de Ambiente autoriza intervenciones en predios tanto en categoría amarilla como roja. Hasta 2015 también se informaba esa superficie intervenida de manera legal.

Procedimientos
En 2019, la Policía Ambiental realizó 222 procedimientos para constatar infracciones observadas en información satelital o durante inspecciones aéreas. El año pasado fueron 157.
Según Rinaudo, el 60 por ciento de los procedimientos se deben a intentos de rolado o desmonte selectivo (por lo general al norte de Jesús María), un 20 por ciento son desmontes para extraer leña (en el sector noroeste de la provincia) y otro 20 por ciento son desmontes para loteos cerca de los centros urbanos.
Durante 2020 se secuestraron 125 toneladas de productos forestales, principalmente, leña. Se decomisaron palas frontales, tractores con frente topador, rolos, camiones y diversas herramientas manuales para extracción de leña.
“Ya tenemos pocos desmontadores seriales a los que no les importa nada y hay que quitarles las máquinas para que dejen de hacerlo”, asegura Rinaudo.



Ambientalistas denuncian que nadie detiene el “desmonte hormiga” para loteos

Aseguran que la Provincia no interviene y llega tarde y que los municipios no están preparados para enfrentar esta práctica.
El escenario del desmonte en Córdoba parece haber cambiado en los últimos años. Ya no se detectan tanto desmontes ilegales de decenas de hectáreas con fines ganaderos. Los ambientalistas denuncian que ahora avanza una deforestación “hormiga” y silenciosa para loteos de viviendas.
El motor de esto es la tendencia de mucha gente que busca escaparse de las grandes ciudades para “vivir en el campo”. Frente a ello, los municipios autorizan loteos en la zona de las sierras, a veces con desconocimiento de que están en categoría roja, donde están prohibidas según la ley de bosques.
“Cada vez hay más gente que se viene a vivir a las sierras y estamos viendo muchos loteos y apertura de calles. Realizamos las denuncias, pero no hay respuesta. La sensación es que las autoridades no tienen recursos y que no es prioridad detener este tipo de desmonte”, dice Sara Mas, integrante de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (Codebona).
Y agrega: “Hay un desmonte silencioso. Van quitando de a poco algunos árboles, pero a lo largo de un año desmontan varias hectáreas. Es un práctica que vemos en toda la zona de las sierras”.
La ambientalista entiende que Policía Ambiental tiene grandes falencias en la forma de aplicar y de llegar al lugar donde se producen estos desmontes porque le faltan recursos.
Y apunta que algunos de los incendios ocurridos el año pasado se asocian a loteos. “El objetivo es lograr un cambio en el uso del suelo con el fuego, para luego poder lotear”.
“La Provincia no tiene como prioridad el problema ambiental. Faltan leyes y un mejor control de las que ya hay. Por ejemplo, Debe mejorarse y actualizarse el mapa de la ley de bosque nativo”, dice Mas.
En tanto, Fernando Barri, biólogo y docente de la cátedra Problemática Ambiental en la Universidad Nacional de Córdoba, coincide: “Ya no se dan tantos desmontes grandes, porque son más fáciles de detectar a través de imágenes satelitales. Pero hay una pequeña sangría de bosque nativo en las zonas serranas que no se está frenando”.
Y agrega que nadie se hace responsable de este problema. “Hay una indefinición, entonces los privados avanzan con autorización o sin ella”, señala. Y explica que Ambiente de la Provincia dice que es responsabilidad de los municipios. “Es muy difícil que la Policía Ambiental pueda controlar dentro y fuera de los ejidos municipales”, asegura Barri.
“Hay una desvinculación entre lo que hacen los municipios y la Provincia”, asegura Mas.
En tanto, Barri reconoce que para muchos municipios pequeños es un tema nuevo y a veces no saben cómo actuar porque desconocen qué parte de su ejido está en zona roja, y piensan que debe intervenir Policía Ambiental o Ambiente de la Provincia.
“Hay que pensar que ese pequeño desmonte sumado en el tiempo te hace perder cientos de hectáreas en zona roja. Son sectores que ya no se pueden recuperar porque han sido urbanizadas, a diferencia del desmonte para cultivo que eventualmente puede restaurarse”, explica.
Adrián Rinaudo, director de la Policía Ambiental de la Provincia, detalla que el sistema de imágenes satelitales que utilizan para monitorear el desmonte no permite detectar intervenciones menores a una hectárea.
“Pero sabemos que el desmonte para loteos ocurre cerca de las localidades, entonces miramos atentamente esos sectores. También se reciben muchas denuncias porque ocurren en sectores poblados y la gente está atenta. Lo que hacemos es chequearlo con imágenes satelitales lo más rápido posible”, explica el funcionario.
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Realizan fuerte limpieza en arroyos para evitar impacto en el Riachuelo

Fecha de Publicación: 20/07/2021
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Riachuelo


Con una campaña focalizada en arroyos de La Matanza, Lomas de Zamora y Esteban Echeverría buscan disminuir la cantidad de residuos que llegan al Riachuelo.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) comenzó con una serie de medidas preventivas para disminuir la contaminación del Riachuelo. Se trata de una limpieza de residuos en los arroyos Don Mario y Morales de La Matanza, en el arroyo Ortega en el municipio de Esteban Echeverría y en el arroyo Del Rey en Lomas de Zamora.
Estas intervenciones fueron diseñadas como una política de gestión que contempla una mirada integral y complementan el trabajo que Acumar lleva adelante a diario en la limpieza de espejo de agua en el cauce principal del río. Según explicaron en un comunicado oficial, "a través de la limpieza de arroyos críticos, se apunta a prevenir el daño y contener la problemática de los residuos en uno de sus principales lugares de origen, como son los arroyos críticos, para mitigar su llegada e impacto en el cauce principal del Riachuelo".
Estas tareas forman parte de un servicio estratégico de limpieza en arroyos críticos, que comienza a operar a través de una licitación que se extenderá por cuatro años, con barreras ubicadas en los arroyos y cuerpos de agua con alta incidencia en la regulación hídrica. A su vez, el servicio contará con maquinarias móviles que recorrerán los municipios de Lomas de Zamora, Ezeiza, La Matanza, Esteban Echeverría y Merlo.
Los trabajos comenzaron con la instalación de las mencionadas barreras de retención de sólidos flotantes en los arroyos Don Mario y Morales, de La Matanza, y Ortega, de Esteban Echeverría. Además un equipo móvil de limpieza operará en distintos tramos de la Cuenca para retirar residuos flotantes sobre el espejo de agua de los arroyos: Santa Catalina, Arroyo del Rey, Aguirre, Dupi, Susana, Las Víboras, el Canal Huergo y el Viejo Cauce del río Matanza en el Barrio José Hernández, de La Matanza, entre otros. Para el desarrollo de los trabajos se utilizarán maquinarias y elementos especializados como: retroexcavadoras, camiones volcadores, camiones con hidrogrúa con balde almeja, barreras flotantes de contención, embarcación del tipo tracker, minicargadoras tipo Bobcat, y obradores.
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Impulsan en Jujuy una ley provincial de Cambio Climático

Fecha de Publicación: 20/07/2021
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy


El proyecto de ley fue enviado por el Ejecutivo provincial a la Legislatura en la segunda sesión ordinaria del período legislativo y tiene por objeto establecer directrices para la política provincial para la disminución del cambio climático.
La norma busca tener políticas públicas concordantes con la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el protocolo de Kioto y el acuerdo de París, ratificados por la República Argentina, las Leyes Nacionales Nº 27.520 de "Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global", Nº 25.675 "Política Ambiental Nacional", la Constitución de la Provincia de Jujuy (artículo 22), Ley Provincial Nº 5.063 "De Protección del Medioambiente", y Decreto Nº 1169-A/2016.
En la fundamentación del mismo, el Poder Ejecutivo afirma que es firme decisión del Gobierno de la Provincia, desde diciembre del año 2015, "llevar adelante un proceso de jerarquización de la política ambiental, para promover la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, avanzar hacia un paradigma de desarrollo sustentable y abordar las consecuencias del cambio climático".
En este contexto, se tomó la decisión de construir una identidad estratégica asociada al concepto "Jujuy Verde" y consecuente con ello, con el dictado del Decreto Nº 1169- A/2016, el Poder Ejecutivo delegó en el Ministerio de Ambiente la implementación del Programa "Jujuy Verde: Carbono Neutral 2030", con proyección al año 2050, que persigue, entre otros objetivos, el compromiso de efectuar los mayores aportes para la reducción de gases de efecto invernadero.
No obstante, son conocidos por todos los daños ocasionados por distintos eventos o catástrofes naturales, a nivel mundial y regional; particularmente en nuestros países, la región NOA es una de las más afectadas por el cambio climático, de acuerdo a las conclusiones científicas realizadas por el Centro de Investigación de la Atmósfera y el Clima, que refleja un incremento de la temperatura media, siendo los cambios más marcados en las estaciones de primavera-verano.
Entre otros impactos, a modo de ejemplificativo, en nuestra provincia, pueden mencionarse que la temperatura media en aumento alcanzó el 0,7º en la provincia de Jujuy. Que la temperatura mínima aumento promedio de 0,6ºC, que en 1950-2010 mayores incrementos registrados en primavera, la disminución de los días con heladas, aumento de noches tropicales , aumentos de la precipitación anual, eventos de lluvia más intensos, en pocos días y una tendencia de más días sin lluvia.
También la prolongación del período invernal seco, el aumento promedio anual de 96m, en 2016/2017 registro de inundaciones en las localidades de Tilcara, Volcán, Tumbaya, San Francisco, Maimará, Ledesma, La Mendieta, San Salvador y Palpalá. Todo esto podría traer aparejados problemas en la disponibilidad de agua para las poblaciones, condiciones más favorables para incendios incontrolados de bosques y pasturas, y condiciones de estrés en la actividad ganadera, entre otros.
Por lo tanto, el Ejecutivo consideró que "resulta perentorio establecer un plan sobre cambio climático, para el control de las emisiones de gases de efecto invernadero, promoviendo tecnologías que no perjudiquen el clima".

Gabinete
En su primer articulo la iniciativa define el objeto de la ley, el poder “establecer directrices para la política pública provincial de cambio climático y la respuesta en materia de mitigación y adaptación, en concordancia con Tratados Internacionales, ratificados por la República Argentina, y normativa ambiental vigente”. También propone la creación de un Gabinete Interministerial de Cambio Climático integrando por todos los ministerios que integran el Poder Ejecutivo, donde se acordarán las acciones y metas, así como los procesos de monitoreo destinados a garantizar el cumplimiento de la neutralidad de carbono al año 2050.
El gabinete será presidido por el titular del Poder Ejecutivo y contará con la coordinación del Ministerio de Ambiente. Cada ministerio deberá designar un representante titular y un representante alterno. La función será articular entre las distintas áreas, colaborar en el diseño e implementación de los planes provinciales de respuesta al cambio climático.
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"No hay delito": archivan una denuncia contra Cornejo y dos funcionarios por la autorización del fracking

Fecha de Publicación: 19/07/2021
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


La justicia determinó que no hubo delitos en la autorización de la primera prueba de fracking en Mendoza. La denuncia apuntaba contra funcionarios de Ambiente y también contra el ex gobernador Alfredo Cornejo. La Corte analiza otras causas, pero para anular las normas.
Hoy "Vaca Muerta" es mucho más una promesa que una realidad en Mendoza. No hay ningún proyecto de fractura hidráulica activo y los planes de inversión que algunas empresas  tenían para ejecutar se frenaron. Pero igual el debate sobre la industria petrolera y en particular el fracking está presente en Tribunales y los debates políticos. En ese plano hubo un hecho importante surgido, justamente, desde la Justicia: el ex gobernador Alfredo Cornejo, el secretario de Ambiente Humberto Mingorance y la directora de Protección Ambiental Miriam Skalany fueron exculpados y se archivó una denuncia que había en su contra por supuestas irregularidades en la autorización del primer proyecto de fracking que se realizó en Mendoza.
La denuncia había sido presentada por organizaciones defensoras del ambiente y apuntaba a que el proyecto piloto de fractura hidráulica realizado en Puesto Rojas, en Malargüe, había sido autorizada de manera irregular. La fiscal correccional Mercedes Moya ordenó el archivo de la causa porque para ella no había delito. Para tomar esa decisión cita como testimonios clave lo que dijeron otros dos ex funcionarios: Emilio Guiñazú, que tenía a cargo el área energética, y la directora del área jurídica de la Secretaría de Ambiente.
El cuestionamiento principal apuntaba a que para autorizar el fracking se había usado un método rápido de evaluación de impacto ambiental y no el proceso completo. Justamente ese fue el eje del debate: como en el área ya había actividad petrolera, el Gobierno consideró que no hacía falta realizar todo el proceso ambiental desde cero y, en cambio, un aviso de proyecto y adecuación. Por eso si bien se hizo una evaluación ambiental, no hubo audiencia pública, entre otras cosas.
La denuncia era para que se investigara si los funcionarios habían incumplido sus tareas por haber autorizado prácticas por fuera de las normas. En concreto se apuntaba al artículo 248 del Código Penal, que prevé penas de hasta dos años y una inhabilitación para ejercer cargos públicos para los funcionarios que tomen decisiones contra las normas. Para la justicia no fue así en el caso de la autorización de la exploración y explotación petrolera en Vaca Muerta. Para la fiscal, el delito que se cita requiere que haya "dolo", es decir que los funcionarios actúen con intenciones de delinquir.
Para ella las decisiones tomadas por los tres funcionarios fueron con fines lícitos y en el marco de sus funciones. "Entendemos que no resultaría configurado en el sub examen el tipo objetivo del delito previsto en el art. 248 del Código Penal conforme lo denunciado en la presente causa", dice la fiscal. Y asegura que Miriam Skalany, Mingorance y el propio Cornejo actuaron dentro del marco de sus cargos. "Tampoco se puede sostener que Alfredo Cornejo como Gobernador y máxima autoridad de la provincia haya tenido conocimiento de irregularidades con relación al caso concreto bajo análisis, ni mucho menos que haya instigado u obligado a sus inferiores a que cometan irregularidades administrativas para aprobar la citada tecnología de fractura hidráulica como se expresa en la denuncia", dice el escrito judicial.

Proyectos y litigios
Petrolera El Trébol había pedido realizar fracking en cuatro pozos que estaban en su concesión petrolera. Era el primer proyecto de exploración en la parte mendocina de Vaca Muerta. Se trata de los pozos  PETRE Md.N.CP-1013, PETRE Md.N.CP-1015, PETRE Md.N.CP-1707 e YPF. Md.Nq.PR-59. El área ya estaba a su cargo y, de hecho, hay una larga historia de explotación petrolera. La nueva concesión de El Trébol data del 2006. Pero el cambio se dio con la intención de realizar fracking para explorar la roca madre. Por eso se autorizó el proyecto piloto de cuatro pozos. La noticia se conoció a través de MDZ cuando las primera fracturas ya se habían realizado.
Luego El Trébol pidió la concesión para explotar los pozos y se le otorgó. La crisis hizo que las inversiones previstas para este año se suspendieran y se postergaran. La empresa redujo a su mínima expresión la actividad  exploratoria y postergó las inversiones. Lo mismo había pasado con otras petroleras. En los últimos días, por ejemplo, se realizó la audiencia pública para el proyecto Puesto Pozo Cercado Occidental, que es de YPF. Ese plan, que apunta a explorar un área convencional, se había prorrogado 18 meses por la crisis y la pandemia.
La resolución de la justicia sobre los tres funcionarios no es el punto final del debate. La Suprema Corte de Mendoza también analiza una denuncia que apunta a que sean declaradas inconstitucionales las resoluciones que aprobaron el fracking realizado por El Trébol y también la reglamentación específica. Allí no es una denuncia penal, sino que se busca anular las normas.
Al mismo tiempo, también están en discusión legal las ordenanzas que algunos municipios aprobaron y promulgaron para prohibir el fracking. Es lo que hicieron Lavalle y Tupungato, por ejemplo. Allí la discusión es sobre la jurisdicción: los recursos son de la provincia, pero los municipios tienen algunas potestades otorgadas por la Constitución y normas provinciales como la de Ordenamiento Territorial.  
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Reunión con comunidades por el ordenamiento de bosques

Fecha de Publicación: 19/07/2021
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


La Unidad Ejecutora a cargo de coordinar el proceso de revisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Salta (OTBN) se reunió con miembros del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas con el propósito de compartir información e interiorizarlos sobre los objetivos y modalidad de trabajo.
En primer término, abordaron los alcances de la ley de bosques Nº 26.331, la obligatoriedad de contar con el mapa de ordenamiento y su revisión periódica. Luego, especificaron el trabajo técnico y analizaron en conjunto aspectos referidos al proceso participativo a través de la consulta previa, libre e informada, que se llevará adelante en las comunidades originarias. Está previsto, según corresponda, que sea en las lenguas wichi, guaraní y castellana.
En este punto estuvieron de acuerdo en colaborar con las convocatorias a los talleres con las comunidades, virtuales o presenciales, teniendo en cuenta la conectividad y particularidades de cada pueblo.
Al respecto, el presidente del Ippis, Osvaldo Araya, perteneciente a la comunidad chané, destacó la presencia del equipo del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable en la sede del organismo, la información recibida y la posibilidad de participar activamente manifestando sus necesidades y sugerencias.
El Ippis fue invitado a formar parte del Consejo Asesor de Revisión de OTBN. Además, dialogaron sobre la posibilidad de que cada uno de los pueblos de la provincia expresen por escrito su intención de participar de dicho Consejo. El objetivo es garantizar una presencia continua de las comunidades en las mesas técnicas. Por este motivo, la misma invitación se cursó al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INAI).
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Calles atestadas de autos y contaminación: cómo se mide la calidad del aire de la Ciudad

Fecha de Publicación: 19/07/2021
Fuente: Diario Z
Provincia/Región: CABA


“La calidad del aire en la Ciudad depende del ojo con el que se mire: si uno la compara con nuestras leyes, estamos bárbaro; si lo comparamos con la OMS, no estamos tan bien, hay mucho por mejorar.” El que opina es Leonardo Serio, titular de la Cátedra de Climatología de la Facultad de Agronomía (UBA). Históricamente, la Ciudad de Buenos Aires vivió al margen de la preocupación por la calidad de su aire y de los niveles de contaminación atmosférica.
Sin embargo, alerta Serio, los estándares que se tomaban como referencia eran hasta tres veces menores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y agrega: “Con la pandemia, la situación empeoró. Por la imposibilidad de usar el transporte público, más gente usa los autos particulares. Eso termina siendo contraproducente”.
Cuáles son los principales contaminantes del aire en la Ciudad, cómo impactan en la salud, de dónde provienen la mayoría de las emisiones y qué medidas podría tomar el gobierno para mejorar la situación en el corto plazo, son algunas de las cuestiones que el investigador de la UBA repasa en esta entrevista con Diario Z.

¿Cuál es la calidad del aire que se respira en Buenos Aires?
Depende del criterio. La Ciudad tiene su legislación, que establece los límites máximos admisibles para diferentes contaminantes del aire. En base a eso, se establece un índice, que se expresa desde 0 a 1, en el 1 es el límite máximo admisible. Cuanto menor sea la concentración medida, se obtiene un valor más bajo. Si supera el límite, se obtiene un valor mayor a 1. El problema que tenemos es que esos límites máximos establecidos por ley, son bastante flexibles en comparación a lo que recomienda la OMS.

¿Por ejemplo?
Para uno de los contaminantes, que es el dióxido de nitrógeno, tenemos un límite máximo de 376 partes por millón y la OMS recomienda que ese límite sea de 200. Es decir, nuestro máximo admisible es casi el doble. Con respecto a otro contaminante, las partículas suspendidas en el aire y menores a 10 micrones, el límite nuestro es tres veces mayor al que recomienda la OMS. O sea, puede suceder que, según nuestros límites, frente a un determinado valor de concentración de un contaminante, tengamos una calidad de aire muy buena. Sin embargo, si esa misma concentración de contaminantes es comparada con el índice de la OMS, nos puede dar una situación muy mala, incluso calificada como de emergencia o de alerta. Por eso, volviendo a la pregunta, la calidad del aire en la Ciudad depende del ojo con el que se mire: si uno la compara con nuestras leyes, estamos bárbaro. Si lo comparamos con la OMS, no estamos tan bien, hay mucho por mejorar.

¿Cuáles son los principales contaminantes?
Las partículas en suspensión, el hollín, es uno de los principales contaminantes. La principal fuente es el tránsito automotor. No son sólo los escapes, las partículas también provienen de la fricción, de la abrasión de los materiales, los neumáticos, el pavimento, la acelerada y la frenada. La mayoría de los contaminantes atmosféricos de la Ciudad provienen de esas fuentes. Dentro de esos contaminantes, el que suele superar los niveles recomendados por la OMS, es el de las partículas microscópicas suspendidas en el aire. Tenemos óxidos de nitrógeno, que provienen de la combustión de los motores diésel que usan los colectivos. El otro componente que se monitorea es el monóxido de carbono, que suele dar en buenos niveles. En cambio, las industrias no aportan demasiado porque no quedan muchas industrias dentro de la Ciudad.

Hay una creencia popular de que la Ciudad tiene condiciones climáticas y geográficas que favorecen una buena calidad del aire.
Es cierto que estamos favorecidos por la geografía y la climatología. La ubicación en un área llana, a la vera del río más ancho del mundo, con vientos que -cuanto menos, durante la mitad del año- soplan desde el río hacia la ciudad. Todo eso favorece.

Si las condiciones geográficas fuesen otras, ¿la situación sería mucho peor?
Sí. Sería más parecido a lo que sucede en Santiago de Chile, México DF o San Pablo, donde la geografía es diferente, con densidades poblacionales similares, incluso menores, pero donde la situación es mucho más complicada. Entonces, nuestras condiciones le permiten a la Ciudad tener ventajas porque no se acumulan muchos de los contaminantes que se emiten.

¿Debería el gobierno empezar a preocuparse respecto de esta situación?
Es necesario que se hagan ajustes. Desde la Facultad, a partir de un trabajo de tesis de la Licenciatura en Ciencias Ambientales, mostramos cómo cambia la cosa cuando uno toma los límites de la legislación y los compara con los de la OMS. Justamente, hace pocos meses en la Legislatura se aprobó una modificación a esos límites, con el aporte que hicimos desde la Facultad. La ley fue reglamentada a fines de abril, pero se establecieron plazos escalonados, de tres a cinco años, para reducir los valores hasta equipararlos con los estándares internacionales.

¿Cómo se mide la calidad del aire en la Ciudad?
Actualmente se mide de manera continua en tres lugares que no son los adecuados. Según simulaciones que se han hecho en base a distintos modelos que permiten ver cómo es la distribución de los contaminantes de la Ciudad, en función de dónde están las fuentes y las características de los vientos, esos tres puntos no son adecuados porque allí no están las concentraciones más altas.

¿Dónde debería medirse?
Los principales centros de trasbordo, como Constitución, Retiro, Once y Liniers. También en las cercanías de las autopistas, en especial los peajes, que son uno de los puntos más contaminados.

¿Cómo impacta la calidad del aire en la vida de los habitantes?
La presencia de contaminantes en la atmósfera tienen diversos impactos en la salud. Depende del tiempo de exposición y las características propias de cada persona. Lo primero que provocan es irritación en la vista y en las vías respiratorias. A largo plazo, los estudios internacionales demuestran predisposición a tipos de enfermedades crónicas respiratorias y cardíacas. Incluso hay trabajos recientes que hablan de una mayor predisposición a contagios de Covid-19 por tener mala calidad de aire.

¿Qué se puede hacer en el corto plazo?
Hay muchas cosas positivas, creo que hay conciencia, pero no alcanza. Por ejemplo, en cuanto al tránsito, la zona del microcentro tiene limitaciones para la circulación. El ordenamiento que han hecho en algunas avenidas, también es positivo. Hay que fomentar el recambio energético, sobre todo del transporte público, hacia combustibles más limpios. Sin embargo, en este momento, por la pandemia, la situación empeoró por el desaliento al uso del transporte público que lleva a que más gente use los autos particulares. Eso termina siendo contraproducente. El tránsito en estos últimos meses está peor que nunca, a pesar de que mucha gente trabaja desde casa. Está muy difícil transitar la Ciudad porque hay muchos autos.

¿Eso lleva sí o sí a un empeoramiento de la calidad del aire?
Sí. En los primeros 40 días del confinamiento, durante 2020, fue impresionante cómo se redujo la contaminación atmosférica de la Ciudad, a niveles por debajo de la mitad de lo que teníamos habitualmente. Después, de a poco, se fue revirtiendo, en la medida en que se abrían actividades y la gente empezó a circular. Todo esto pasa por una cuestión de educación, que hay que trabajar desde las escuelas, donde muchas veces se ve como un trabajo práctico aislado. La contaminación debe ser un eje central, no sólo del aire. Alrededor de ese eje deberían girar la mayoría de los contenidos. No es complicado para un profesor de matemática adaptar las cuentas al ahorro energético, al control de emisiones. Es una idea.

¿El modo de vida y de consumo repercute en el aire que respiramos?
Absolutamente. Muchas de esas cosas la tienen más clara los chicos que los padres, que a veces hacen las cosas al revés. Mantener eso en el tiempo es clave.
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El Senado aprobó la nueva Ley de Biocombustibles, que tendrá vigencia hasta 2030

Fecha de Publicación: 17/07/2021
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional


 El Senado aprobó en la madrugada del viernes el nuevo marco regulatorio para los biocombustibles, que establece nuevos porcentajes de cortes de los combustibles de origen vegetal con la nafta y el gasoil, con vigencia hasta 2030, con el que el Gobierno espera impulsar la transición energética y que tuvo disímil acogida entre los actores del sector.
Tras un extenso debate, la Cámara alta le dio el aval al Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustible, girado por Diputados a principios de mes con 43 votos a favor y 19 votos en contra.
Esta nueva ley de fomento pauta un corte mínimo obligatorio de 12% de bioetanol y una eventual reducción al 9% con la nafta, mientras que para el gasoil el corte mínimo del biodiésel será de un 5%, con una eventual reducción al 3%.
En el caso de la caña de azúcar, deberá contemplar un mínimo de 6% de mezcla obligatoria.
De esta manera, la flamante norma reemplaza a la anterior ley de fomento de biocombustibles, que tuvo vigencia durante 15 años y que a principios de 2021 estuvo a punto de ser prorrogada por el Congreso, aunque una vez que llegó a Diputados con media sanción del Senado, dicho proyecto fue desestimado en los trabajos de comisión.
A diferencia del anterior régimen, la nueva Ley establece una disminución de cinco puntos porcentuales en el corte de biodiésel con el gasoil y, si bien mantiene el corte del bioetanol con la nafta en 12%, el 6% que corresponde a bioetanol de maíz puede verse reducido a 3%.
Asimismo, prevé exenciones relacionadas con el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las Ganancias para la adquisición de bienes de capital u obras de infraestructura y dispone que los bienes afectados no integrarán la base de imposición del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta establecido por la Ley Nº 25.063.
 También dispone que los biocombustibles no estén alcanzados por la tasa de Infraestructura Hídrica, por el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural, por el impuesto denominado "Sobre la transferencia a título oneroso o gratuito", sobre la importación de gasoil o por los tributos que en el futuro puedan sustituir o complementar a los mismos.
Tras la aprobación, el secretario de Energía, Darío Martínez, apoyó la nueva norma y sostuvo que "gracias al trabajo realizado junto con los legisladores y los actores del sector, el país cuenta con un instrumento actualizado para asumir los desafíos de la transición energética y alentar el trabajo y la producción".
En un comunicado, Martínez expresó que con esta ley se reafirma "la voluntad del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el camino de cuidar el trabajo de los argentinos y las argentinas, brindando al sector de los biocombustibles un horizonte de mediano y largo plazo para continuar su expansión, en la misma senda de la ley original".
En esa línea, el ministro de Desarrollo Productivo de Tucumán, Simón Padrós, opinó que el régimen aprobado “otorga previsibilidad a los productores e industrias azucareras de Tucumán y el NOA”.
“Es una buena noticia para Tucumán y la región del noroeste argentino, porque es donde están presentes 20 ingenios, 15 en Tucumán, tres en Jujuy y dos en Salta, y además hay 16 destiladoras de alcohol y 12 deshidratadoras”, destacó el ministro tucumano.
“La nueva ley le da previsibilidad, sustentabilidad y seguridad jurídica al sector que, por otro lado, hizo grandes inversiones durante los 15 años de vigencia de la ley anterior”, concluyó.
Para la exsecretaria de Energía de la provincia de Santa Fe y fundadora de la Liga Bioenergética, Verónica Geese, "esta no es una ley de fomento de los biocombustibles", aunque sostuvo que hay que ver cómo se reglamenta la medida.
Sin embargo, indicó que el Gobierno "no tiene el foco puesto en los biocombustibles, que si bien el sector viene golpeado de la anterior gestión gubernamental, esta decisión y este cambio de mirada respecto a ley original es bastante llamativo y hace sospechar que hubo lobby para que esto sea así. No creo que haya razones económicas. No hay ninguna razón más que el deseo del sector petrolero de recuperar parte del mercado".
Por su parte, el presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), Juan Facciano, indicó que desde la entidad empresaria consideran "clave la sanción del nuevo marco regulatorio para los biocombustibles, ya que el mismo otorgará previsibilidad y certidumbre a la industria pyme y regional de los biocombustibles".
"Tratándose de un mercado regulado por el Estado, es fundamental contar con un marco normativo a largo plazo. Esperamos que el Poder Ejecutivo Nacional promulgue y reglamente la ley en el corto plazo", concluyó.
Por último, el director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, Patrick Adam, sostuvo que "esta ley es una oportunidad perdida para desarrollar una matriz energética más limpia, diversificada y competitiva. Por la emergencia ambiental, el mundo avanza en un mayor consumo de biocombustibles y nosotros retrocedemos".
"Es el fin de una de las políticas de Estado más exitosas de las últimas décadas", aunque confió en que "el decreto reglamentario pueda direccionar aspectos clave no definidos claramente en la ley, como por ejemplo, las condiciones excepcionales que habilitarían a la Autoridad de Aplicación a promover una rebaja de la mezcla de bioetanol con combustible líquido contaminante".
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El Gobierno creó un sistema de seguimiento de los envases de agroquímicos

Fecha de Publicación: 17/07/2021
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Mediante la Resolución 369/2021 publicada en el Boletín Oficial que lleva la firma del presidente del Senasa, Carlos Paz.
Con el objetivo de hacer un seguimiento de la gestión de los envases de agroquímicos desde su origen, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) creó el Sistema Nacional de Trazabilidad de Productos Fitosanitarios en el ámbito de la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (DNIYCA). La Resolución 369/2021, publicada en el Boletín Oficial, contó con la firma del presidente del Senasa, Carlos Paz.
"Si bien desde el año 2013 existe un sistema de trazabilidad tanto para agroquímicos como para productos veterinarios, la sanción de la Ley 27.279 que establece los presupuestos mínimos para la gestión de envases vacíos de agroquímicos, generó la necesidad de reformular el sistema de trazabilidad de productos fitosanitarios con el objetivo de integrarlo a la gestión de los envases a través de las autoridades ambientales competentes", explica, el director nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimenta, Alejandro Fernández.
Fernández afirma que "además, este nuevo sistema apunta a incorporar a todos los actores de la cadena y a facilitar su operabilidad de modo tal de disponer la información en línea de los productos trazables, fortaleciendo el seguimiento que realiza Senasa a través de su Sistema de verificación, el SIFFAB."

Implementación
El Sistema es de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina, para todas las personas humanas o jurídicas que importen, exporten, sinteticen, formulen, fraccionen, distribuyan, comercialicen, depositen y/o ejerzan la tenencia, con cualquier fin de productos fitosanitarios inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal, a cargo de la Dirección de Agroquímicos y Biológicos de la Dirección Nacional de Protección Vegetal.
Desde el Senasa aclararon que queda excluido el transporte de productos fitosanitarios definidos como “Línea jardín”.
Este nuevo Sistema busca identificar los productos fitosanitarios trazables mediante un código numérico otorgado por el Senasa, a través de la Dirección de Agroquímicos y Biológicos; y a los actores del Sistema mediante su Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.).
Además, se pretende "georreferenciar cada uno de los depósitos de productos fitosanitarios que intervienen en el ámbito de aplicación del Sistema y geolocalizar los productos fitosanitarios trazables a través de la declaración que realicen los actores en el Sistema, con respecto a los movimientos que efectúen los productos a través de toda la cadena de distribución, hasta el usuario final".
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Mendoza sumará un nuevo parque solar pero hay 13 proyectos frenados

Fecha de Publicación: 17/07/2021
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


Entre 2018 y 2019 se consiguió financiamiento para 20 proyectos, a la fecha solo hay 6 operativos. Godoy Cruz, ya licita uno.
Entre 2018 y 2019, Mendoza celebraba que comenzarían a operar al menos 10 de los 20 proyectos de energía renovable que estaban en cartera, en el marco del Plan de Energías Renovables Argentina (RenovAr). La fuerte devaluación de abril de 2018 provocó retrasos y muchas empresas vieron dificultades para conseguir financiamiento a tasas adecuadas, por lo que por ahora, solo hay 6 operativos. Al que se sumará un nuevo parque solar en Godoy Cruz.
En 2018 Mendoza logró 20 proyectos de energía eléctrica con contratos de largo plazo (de 10 a 20 años) con Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) por 446 MW, y una inversión estimada en U$S 545 millones. Los mismos se pensaron para abastecer a unas 225 mil casas (con un consumo estimado en 7.000 kwh por año), y 6 de ellos ya están operativos, algunos son pequeños aprovechamientos hidroeléctricos (en Luján, Maipú y Junín), más los parques solares del Pasip y de Santa Rosa.

Godoy Cruz retoma la inversión
Ya realizaron los estudios para la pre factibilidad y los pliegos para el concurso de obra (abierto desde el 28 de Junio), para el Parque Solar Godoy Cruz del Municipio de Godoy Cruz, que se ubicará al oeste del departamento, en lo que era el basural a cielo abierto más grande de Mendoza, colindante a calle Juan Domingo Perón Norte, frente a la Estación Transformadora de Villa Hipódromo.
El llamado a concurso es para la provisión, construcción, montaje, puesta en marcha y habilitación comercial de un sistema solar fotovoltaico de Generación Distribuida de 500kWAC (mínimo). Las empresas interesadas tendrán tiempo hasta el 27 de julio para presentar ofertas (valor del pliego: u$s940), y el día 30 de julio se realizará la apertura de sobres.

Sin Renovar, con proyectos federales
Desde el área de Innovación, del ministerio de Economía de la provincia destacaron otros proyectos que benefician directamente a quienes los aplican y que se suman a la generación de energías limpias, y al aprovechamiento de los recursos renovables.
Según explicó Federico Morábito, titular de la Dirección de Innovación y Desarrollo Económico, la provincia participó de los Proyectos Federales de Innovación, en donde se presentaron 27 proyectos, y 8 fueron seleccionados.
“Se están evaluando presentaciones de la provincia valuadas en u$s20 millones. Los temas priorizados por Mendoza fueron: agua, eficiencia en su uso para consumo humano y agrícola; eficiencia energética; biotecnología; industria 4.0; y ciencia de datos”, explicó.
Asimismo, en el marco del programa “Mendoza Tec Asociativo” (con financiamiento del Banco Interamericano de desarrollo), el funcionario indicó que, se seleccionaron proyectos de eficiencia energética aplicados al agro en el Valle de Uco. Allí se instalarán paneles solares para favorecer la extracción de agua, y el uso de energía en la vivienda rural. Se estima generar inversiones en 14 establecimientos productivos seleccionados, con una inversión que supera los u$s359 mil (35% nivel de avance de obra).
“Otro proyecto a destacar fue el que presentó la Cámara de San Rafael, vinculado al uso de energías limpias para riego. Se trata de una prueba piloto que, además, permitirá medir la eficiencia energética para hacerlo extensible a otros usuarios. En este caso, el fin es la producción de forraje, y la extracción de agua para el ganado”, agregó Morabito.
La inversión en el caso de San Rafael supera los u$s 279 mil, y también en el marco de Mendoza Tec, el funcionario señaló que se presentó otro proyecto de innovación vinculado a las energías renovables que será informado en breve.

Compromiso por las energías renovables
Desde la Secretaría Energía de la Nación, aseguraron que este año, “en base a los compromisos climáticos asumidos por la Argentina, las energías renovables tendrán un sendero de crecimiento sostenido. Se priorizará la incorporación de proyectos sustentables, a costos competitivos, aportando no sólo a la producción de energía eléctrica, sino también al desarrollo del entramado productivo local y a la generación de empleo en todo el país”.
Y señalaron la participación que pueden tener los mismos usuarios en ese objetivo, de manera individual. “Los usuarios pueden optar por abastecerse a partir de fuentes renovables, toda vez que se encuentra plenamente vigente el régimen de fomento a la Generación Distribuida de la Ley 27.424. Durante el año 2021 se han puesto a disposición los instrumentos promocionales de este régimen. Al mismo tiempo, se encuentran bajo estudio nuevos esquemas de generación, transporte y distribución de la energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Está previsto que estos esquemas puedan desarrollarse sobre variantes tanto del Mercado a Término de Energía de Fuente Renovable, de las compras conjuntas de energía efectuadas por CAMMESA y la Ley 27.424 de Generación Distribuida”.
En este marco, a fines de 2020, el Gobierno Nacional informaba que, en promedio, el 9,7% de la demanda eléctrica del país fue abastecida por fuentes renovables durante el año pasado. El 8 de diciembre se alcanzó el pico histórico, cuando el 23,3% del total fue de este origen. Durante el año, se habilitaron 39 proyectos en 11 provincias, que añadieron 1.524 MW a la potencia instalada, un incremento del 58% respecto al año anterior.
Así, actualmente, se encuentran operativos 163 proyectos en el país, los cuales brindan energía a más de 4,4 millones de hogares argentinos, con una potencia total de más de 4.155 MW. De los nuevos proyectos, 11 están en la provincia de Buenos Aires (9 son de tecnología eólica y 2 de biomasa); 6 en Mendoza (5 son Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos, PAH, y 1 es de tecnología solar); 5 en Córdoba (2 de biogás, 2 de tecnología eólica y 1 de biomasa); 4 en Chubut (todos de tecnología eólica); 3 en Jujuy (todos de tecnología solar); 3 en San Luis (todos de biogás); 2 en Corrientes (ambos de biomasa); 2 en La Rioja (1 de tecnología eólica y 1 de tecnología solar); 1 en Neuquén (de tecnología eólica); 1 en San Juan (de tecnología solar) y 1 en Santa Fe (de biogás).

Usuarios generadores
De acuerdo con el Ente Provincial Regulador Eléctrico, la provincia ha sido pionera en la modernización del servicio público de distribución de energía eléctrica, con la elaboración de una normativa regulatoria única por sus características en el país, lo que permitió que a marzo del año 2021 Mendoza cuente con 313 usuarios, con una potencia total fotovoltaica solicitada para el periodo 2016/2021 de 4,7MW megavatios; lo que equivale al consumo de alrededor de 2.700 hogares, tomando como base el promedio de consumo de una familia en Mendoza (500kwh promedio por bimestre).
La generación distribuida en Mendoza representa el 76% en relación a la generación que producen los parques solares en la provincia (Parque solar del PASIP, departamento de San Martín, genera 1.2 MW, el parque solar ubicado en el departamento de Santa Rosa 5 MW).
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