Los bosques nativos nacionales en emergencia
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Los bosques nativos, riqueza nacional en emergencia
Fecha de Publicación: 17/01/2020
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Argentina se ha convertido en el primer país de América Latina en otorgar recursos financieros a las provincias para que se fortalezcan institucionalmente y compensen a quienes conservan y manejan sustentablemente sus bosques nativos, destinando parte de ese financiamiento a las comunidades aborígenes y criollas, para la realización de las actividades pertinentes y una gestión responsable de sus recursos naturales.
La Ley de Bosques establece que las provincias deberán realizar el Ordenamiento Territorial de sus bosques nativos y, de esta manera, proteger las especies de flora y fauna que habitan en los bosques; prevenir las inundaciones, la erosión, los incendios; evitar el avance de la desertificación; asegurar la calidad del agua que consumimos y del aire que respiramos; garantizar que los bienes y servicios que ofrecen los bosques (madera, leña, frutos, miel, alimentos, medicamentos, turismo, recreación) estén disponibles hoy y mañana; y al mismo tiempo preservar la identidad cultural de los pueblos que viven en y de los bosques.
Ésta ley es una herramienta que debe ser aplicada adecuadamente para asegurar la conservación de nuestros bosques. Principalmente en las provincias de la región del Chaco (Chaco, Formosa, Salta, Santiago del Estero, San Luis); de la Selva Paranaense (Misiones); y de Tierra del Fuego, con el propósito de promover su uso sustentable a largo plazo.
Una de las grandes riquezas de nuestro país es el quebracho colorado, que se encuentra en las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y en el norte de Santa Fe y Entre Ríos. Por su resistente madera y su alto concentrado de tanino (la sustancia que se emplea para convertir la piel animal en cuero), generó un boom industrial que provocó su sobrexplotación, condición que la llevó al estado actual de vulnerabilidad. Esto motivó a científicos del Conicet a desarrollar proyectos de mejoramiento genético y planes de reforestación, en el marco de las estrategias de recuperación de bosques nativos, que permitan evitar su desaparición.
No sólo es el quebracho: Argentina se encuentra en emergencia forestal. Con este diagnóstico, alertamos sobre la deforestación en el norte del país, donde cuatro provincias concentran el 80% de los desmontes, y el 36,3% de la superficie deforestada el año pasado en Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta fue en bosques nativos.
Los incendios y el avance de la frontera agropecuaria para el cultivo de soja transgénica son las principales causas de la pérdida de esas grandes reservas naturales que señalamos. La fragmentación de los bosques, no solo el desmonte, impide la vida animal y vegetal en un ecosistema continuo. Un yaguareté, por ejemplo, necesitará de 11.000 hectáreas para vivir en un buen estado de conservación.
Que la deforestación haya disminuido es una buena noticia, pero que casi el 40% sea ilegal es muy malo. Eso se debe a que las multas son irrisorias y, salvo excepciones, no se reforestan los desmontes ilegales, porque muchas veces los gobiernos violan la norma a favor de grandes empresas. Es hora de que la Argentina debata el desmonte ilegal, el otorgamiento de los permisos para deforestar en zonas protegidas y el incendio intencional como delito penal ambiental y se obligue a los responsables a restaurar los bosques nativos. Para el desarrollo nacional, es claro que el conocimiento y en particular la educación en ciencia juega un papel central. Un Estado presente y con visión de futuro que crea en los proyectos más allá de su fin inmediato, podría descubrir aplicaciones beneficiosas para el medio ambiente.
Quiero terminar invitándolos a pensar cuál sería la segunda “Arca de Noé” que debemos comenzar a imaginar, y a construirla antes que sea demasiado tarde.
Por Norma Cadoppi Frigerio - Presidente de la Fundación Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional
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Fecha de Publicación: 17/01/2020
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Argentina se ha convertido en el primer país de América Latina en otorgar recursos financieros a las provincias para que se fortalezcan institucionalmente y compensen a quienes conservan y manejan sustentablemente sus bosques nativos, destinando parte de ese financiamiento a las comunidades aborígenes y criollas, para la realización de las actividades pertinentes y una gestión responsable de sus recursos naturales.
La Ley de Bosques establece que las provincias deberán realizar el Ordenamiento Territorial de sus bosques nativos y, de esta manera, proteger las especies de flora y fauna que habitan en los bosques; prevenir las inundaciones, la erosión, los incendios; evitar el avance de la desertificación; asegurar la calidad del agua que consumimos y del aire que respiramos; garantizar que los bienes y servicios que ofrecen los bosques (madera, leña, frutos, miel, alimentos, medicamentos, turismo, recreación) estén disponibles hoy y mañana; y al mismo tiempo preservar la identidad cultural de los pueblos que viven en y de los bosques.
Ésta ley es una herramienta que debe ser aplicada adecuadamente para asegurar la conservación de nuestros bosques. Principalmente en las provincias de la región del Chaco (Chaco, Formosa, Salta, Santiago del Estero, San Luis); de la Selva Paranaense (Misiones); y de Tierra del Fuego, con el propósito de promover su uso sustentable a largo plazo.
Una de las grandes riquezas de nuestro país es el quebracho colorado, que se encuentra en las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y en el norte de Santa Fe y Entre Ríos. Por su resistente madera y su alto concentrado de tanino (la sustancia que se emplea para convertir la piel animal en cuero), generó un boom industrial que provocó su sobrexplotación, condición que la llevó al estado actual de vulnerabilidad. Esto motivó a científicos del Conicet a desarrollar proyectos de mejoramiento genético y planes de reforestación, en el marco de las estrategias de recuperación de bosques nativos, que permitan evitar su desaparición.
No sólo es el quebracho: Argentina se encuentra en emergencia forestal. Con este diagnóstico, alertamos sobre la deforestación en el norte del país, donde cuatro provincias concentran el 80% de los desmontes, y el 36,3% de la superficie deforestada el año pasado en Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta fue en bosques nativos.
Los incendios y el avance de la frontera agropecuaria para el cultivo de soja transgénica son las principales causas de la pérdida de esas grandes reservas naturales que señalamos. La fragmentación de los bosques, no solo el desmonte, impide la vida animal y vegetal en un ecosistema continuo. Un yaguareté, por ejemplo, necesitará de 11.000 hectáreas para vivir en un buen estado de conservación.
Que la deforestación haya disminuido es una buena noticia, pero que casi el 40% sea ilegal es muy malo. Eso se debe a que las multas son irrisorias y, salvo excepciones, no se reforestan los desmontes ilegales, porque muchas veces los gobiernos violan la norma a favor de grandes empresas. Es hora de que la Argentina debata el desmonte ilegal, el otorgamiento de los permisos para deforestar en zonas protegidas y el incendio intencional como delito penal ambiental y se obligue a los responsables a restaurar los bosques nativos. Para el desarrollo nacional, es claro que el conocimiento y en particular la educación en ciencia juega un papel central. Un Estado presente y con visión de futuro que crea en los proyectos más allá de su fin inmediato, podría descubrir aplicaciones beneficiosas para el medio ambiente.
Quiero terminar invitándolos a pensar cuál sería la segunda “Arca de Noé” que debemos comenzar a imaginar, y a construirla antes que sea demasiado tarde.
Por Norma Cadoppi Frigerio - Presidente de la Fundación Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional
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Conflicto por fumigaciones entre Tucumán y Santiago
Aviones tucumanos fumigan con agrotóxicos localidades del noroeste santiagueño
Fecha de Publicación: 17/01/2020
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
La población de Pozo Hondo se encuentra en alerta por enfermedades y culpan al agrotóxico de las fumigaciones. El padre Sergio Raffaelli encabeza la lucha a favor de los pobladores afectados.
Pobladores de Pozo Hondo y lugares aledaños del departamento Jiménez no la están pasando nada bien. Afirman que ésta es la peor época del año y en la que se exacerban los “síntomas del envenenamiento: problemas respiratorios, manchas en la piel, partos espontáneos, chiquitos con malformaciones”. Todo ello, afirman, a causa de la actividad sojera de la zona, puntualmente de la fumigación de los campos con sustancias agrotóxicas.
Como si la salud de la población no fuera suficientemente alarmante ya, relatan que también se mueren sus animales y sus sembradíos se secan enseguida. Por ello, se encuentran en alerta y abiertamente en lucha contra la desmedida aplicación de las peligrosas sustancias tóxicas en campos muy cercanos a viviendas, escuelas y pobladores en general, que están seguros que aspiran involuntariamente esos venenos, especialmente en época estival, cuando arrecian las fumigaciones.
El cura del pueblo, padre Sergio Marcelo Raffaelli, es una de las personas que se encuentra al frente de reuniones que se vienen desarrollando con el objetivo de ponerle fin a esta situación que provocó enormes inconvenientes de salud en varias personas de la zona desde hace varios años.
“En el pueblo estamos preocupados, en la zona suele llover desde noviembre hasta abril, y se siembra soja, los productores fumigan con las avionetas y largan un tóxico que genera enfermedades de distintos tipos en los pobladores. Se produce una contaminación en la gente, es un tema grave, la gente tiene los recipientes donde juntan agua al aire libre para beber, los animales toman agua en la represa contaminada, y esos animales después se lo comen, los utensilios están en una mesa bajo el árbol, lo poco que siembran se les quema enseguida, entonces se ve afectado el modelo de vida de producción de las familias de la zona. Lo más preocupante es el problema de salud de esas familias”, expresó con tono preocupado el padre.
Raffaelli es párroco de la parroquia La Merced; su trabajo pastoral llega a todos los parajes del departamento. “Con los vecinos hemos logrado armar una mesa de tierra en la parroquia donde nos reunimos mensualmente con las comunidades campesinas, el Inta, el comité de Emergencia. En la última reunión nos acompañó la fiscal federal, Dra. Indiana Garzón, el fiscal de la jurisdicción Río Hondo Jiménez, Dr. Ignacio Guzmán, y el Dr. Santucho de la Defensoría del Pueblo, el defensor adjunto de Niñez y Adolescencia por el tema de las escuelas y el derecho a la salud de los niños. Es una mesa ampliada. Tenemos pensado para el mes de febrero tener una reunión con la Secretaría de Agricultura de la Provincia que es el órgano de control y aplicación y cuenta con las normativas para regular el uso de las herramientas que deben utilizar para la fumigación”, amplió.
“Me cuesta creer que esta gente sea empresaria, la gente de bien da trabajo y persigue una función social, estos son especuladores financieros que poco tienen que ver con un trabajo empresarial. La Dra. Garzón les tomó la denuncia de los vecinos afectados, quienes dieron nombres de las fincas, empresarios. Los campos están ubicados en el límite de los departamentos Jiménez y Río Hondo y la provincia de Tucumán. Las fincas grandes abarcan las dos provincias. La mayoría de las avionetas son de Tucumán, despegan desde la vecina provincia. La fiscal Garzón nos manifestó que la Justicia Federal puede intervenir en este tipo de situaciones. Levantó todos elementos que le sirven como materia de denuncia para realizar allanamientos, investigar y pedir informes”, explicó el sacerdote.
Por último, el padre Raffaelli concluyó: “Estamos esperanzados de que esto tiene que parar, tenemos familias preocupadas por el deterioro de la salud, los agentes sanitarios de la zona pudieron registrar casos de niños que nacen con malformaciones, problemas respiratorios, enfermedad de la piel, la muerte de los animales. Sabemos que estamos luchando contra empresas grandes, pero seguiremos dando batalla”.
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Fecha de Publicación: 17/01/2020
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
La población de Pozo Hondo se encuentra en alerta por enfermedades y culpan al agrotóxico de las fumigaciones. El padre Sergio Raffaelli encabeza la lucha a favor de los pobladores afectados.
Pobladores de Pozo Hondo y lugares aledaños del departamento Jiménez no la están pasando nada bien. Afirman que ésta es la peor época del año y en la que se exacerban los “síntomas del envenenamiento: problemas respiratorios, manchas en la piel, partos espontáneos, chiquitos con malformaciones”. Todo ello, afirman, a causa de la actividad sojera de la zona, puntualmente de la fumigación de los campos con sustancias agrotóxicas.
Como si la salud de la población no fuera suficientemente alarmante ya, relatan que también se mueren sus animales y sus sembradíos se secan enseguida. Por ello, se encuentran en alerta y abiertamente en lucha contra la desmedida aplicación de las peligrosas sustancias tóxicas en campos muy cercanos a viviendas, escuelas y pobladores en general, que están seguros que aspiran involuntariamente esos venenos, especialmente en época estival, cuando arrecian las fumigaciones.
El cura del pueblo, padre Sergio Marcelo Raffaelli, es una de las personas que se encuentra al frente de reuniones que se vienen desarrollando con el objetivo de ponerle fin a esta situación que provocó enormes inconvenientes de salud en varias personas de la zona desde hace varios años.
“En el pueblo estamos preocupados, en la zona suele llover desde noviembre hasta abril, y se siembra soja, los productores fumigan con las avionetas y largan un tóxico que genera enfermedades de distintos tipos en los pobladores. Se produce una contaminación en la gente, es un tema grave, la gente tiene los recipientes donde juntan agua al aire libre para beber, los animales toman agua en la represa contaminada, y esos animales después se lo comen, los utensilios están en una mesa bajo el árbol, lo poco que siembran se les quema enseguida, entonces se ve afectado el modelo de vida de producción de las familias de la zona. Lo más preocupante es el problema de salud de esas familias”, expresó con tono preocupado el padre.
Raffaelli es párroco de la parroquia La Merced; su trabajo pastoral llega a todos los parajes del departamento. “Con los vecinos hemos logrado armar una mesa de tierra en la parroquia donde nos reunimos mensualmente con las comunidades campesinas, el Inta, el comité de Emergencia. En la última reunión nos acompañó la fiscal federal, Dra. Indiana Garzón, el fiscal de la jurisdicción Río Hondo Jiménez, Dr. Ignacio Guzmán, y el Dr. Santucho de la Defensoría del Pueblo, el defensor adjunto de Niñez y Adolescencia por el tema de las escuelas y el derecho a la salud de los niños. Es una mesa ampliada. Tenemos pensado para el mes de febrero tener una reunión con la Secretaría de Agricultura de la Provincia que es el órgano de control y aplicación y cuenta con las normativas para regular el uso de las herramientas que deben utilizar para la fumigación”, amplió.
“Me cuesta creer que esta gente sea empresaria, la gente de bien da trabajo y persigue una función social, estos son especuladores financieros que poco tienen que ver con un trabajo empresarial. La Dra. Garzón les tomó la denuncia de los vecinos afectados, quienes dieron nombres de las fincas, empresarios. Los campos están ubicados en el límite de los departamentos Jiménez y Río Hondo y la provincia de Tucumán. Las fincas grandes abarcan las dos provincias. La mayoría de las avionetas son de Tucumán, despegan desde la vecina provincia. La fiscal Garzón nos manifestó que la Justicia Federal puede intervenir en este tipo de situaciones. Levantó todos elementos que le sirven como materia de denuncia para realizar allanamientos, investigar y pedir informes”, explicó el sacerdote.
Por último, el padre Raffaelli concluyó: “Estamos esperanzados de que esto tiene que parar, tenemos familias preocupadas por el deterioro de la salud, los agentes sanitarios de la zona pudieron registrar casos de niños que nacen con malformaciones, problemas respiratorios, enfermedad de la piel, la muerte de los animales. Sabemos que estamos luchando contra empresas grandes, pero seguiremos dando batalla”.
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El impacto de los incendios de Australia en Argentina
Cambio Climático: ¿Qué efectos tienen en Argentina los incendios en Australia?
Fecha de Publicación: 17/01/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Lo sucedido en Australia encendió las alarmas domésticas y empujó a una pregunta. ¿Cuáles son los efectos del cambio climático y el calentamiento global en un país como Argentina? Los especialistas consultados por Página|12 consideran que la tendencia del calentamiento global se agudiza a partir de eventos de impacto global como los incendios en Australia , Amazonia y California, que al mismo tiempo son resultado de políticas negacionistas como las que llevan adelante Donald Trump y Jair Bolsonaro. También sostienen la necesidad de que las sociedades se comprometan en los cambios necesarios.
“Si solo nos ceñimos a la temperatura, podemos decir que en los últimos 60 años, la Patagonia experimentó un incremento del orden de un grado y el centro-norte del país de medio grado -explica Inés Camilloni, doctora por la Universidad de Buenos Aires en el área de Ciencias de la Atmósfera e Investigadora del Conicet en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera-. En cuanto a lluvias, en el Litoral y la Pampa húmeda, aumentaron un 30%; situación que convirtió a esa porción del territorio, junto a algunos sectores de Brasil y parte de Uruguay, en una de las zonas donde más aumentaron las precipitaciones a nivel mundial. En Cuyo, por el contrario, disminuyeron. Las temperaturas más altas explican la retracción de la mayor parte de los glaciares de Argentina, salvo el Perito Moreno, y la disminución de los caudales de los ríos que provienen de agua de deshielos”.
“Lo que ocurre –continúa Camilloni– es que cambió la frecuencia de los eventos extremos. Las olas de calor se volvieron más asiduas, suelen durar más y alcanzan valores extremos; las lluvias se producen más espaciadas pero exhiben una intensidad creciente”, detalla Camilloni. Ello provoca un conflicto para ciudades como las argentinas con una densidad poblacional considerable, cuyas infraestructuras no están preparadas para soportar tanta cantidad de agua en tan poco tiempo. La Ciudad de Buenos Aires cuenta con la capacidad de evacuar agua en aquellos eventos en los que no llueve más de 30 milímetros en una hora. A partir de ahí, cuando se cruza esa franja, comienzan los problemas. “Desde los 60’s hasta la fecha se triplicó la ocurrencia de este tipo de eventos. Ello implica la necesidad urgente de mejoras en la infraestructura y la transformación de los sistemas de desagüe”, advierte.
Para colmo, llegó el verano y las olas de calor se hacen sentir. Hace seis años hubo una que, según Carolina Vera, doctora con orientación en Ciencias de la Atmósfera, especialista internacional en el estudio de Cambio Climático, quedó en el recuerdo. Al menos se estacionó en la memoria de los científicos que la estudiaron en detalle. “En diciembre de 2013, por ejemplo, vivimos una experiencia muy impactante en la que tuvimos 18 días con temperaturas altísimas. Fue cuando colapsó el sistema de electricidad en Buenos Aires. La tendencia a una mayor aridez combinado con el cambio en el uso de la tierra favorece las condiciones para la emergencia de fenómenos dramáticos, como pueden ser los incendios”. Y completa: “No solo se incendia el Amazonas o Australia, sino también ocurre en vastas regiones de nuestro país, desde Buenos Aires, pasando por Córdoba o La Pampa”, plantea Vera que, además, actualmente se encuentra a cargo de la Unidad de Gabinete del flamante Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.
El conflicto que ocasiona el deterioro del ambiente fue reconocido por los referentes de la mayor parte de las naciones que habitan el globo. Para sortear tal escenario, los países consensuan estrategias a dos niveles: global y local. No obstante, a pesar del diagnóstico, las cosas no marchan del todo bien. Los actores más poderosos son los que más gases de efecto invernadero emiten y, paradójicamente, invierten migajas en la reversión del problema. Temen, a veces de manera tácita y otras lo expresan a viva voz, que sus economías –basadas en matrices energéticas alimentadas a partir de combustibles fósiles– se desplomen. En efecto, los compromisos discursivos se materializan en instrumentos y declaraciones que rara vez se traducen en acciones concretas.
El último gran antecedente de consenso para la acción estuvo plasmado en la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, de la que Vera fue promotora. Junto a otros expertos del ámbito se embarcaron en un ambicioso proyecto que procuraba analizar las señales de variación de cambio climático en el país desde 1960 hasta el 2010. Realizaron mediciones, de acuerdo a proyecciones sobre las emisiones de gases a futuro, y examinaron cuánto aumentaría la temperatura y cómo se robustecería el proceso de calentamiento global. Como resultado pudieron comprobar que, a fines de siglo XXI y en un escenario de grandes emisiones, una de las zonas del planeta con los aumentos más significativos de temperatura sería el noroeste argentino. Esta región, según las conclusiones proyectadas, registrará un incremento que oscilará entre los 3 y 4 grados.
El calentamiento global es uno de los tantos modos en que se expresa el Cambio Climático. Los seres humanos son los responsables de encender la hornalla que calienta más y más el ambiente, una olla que se presta a hervir en un futuro cada vez más cercano. Aunque los gases se emitan en China, en Estados Unidos o Europa Occidental (entre los tres explican la mitad de las emisiones totales), la atmósfera los difunde en el término de semanas por todo el planeta. Lo que contamina un país afecta a todos. El Cambio Climático, a su vez, es un proceso de variación significativa del clima, calculada durante un largo período de tiempo. Sin embargo, no siempre pudo medirse. Recién hacia finales del siglo XIX los expertos consiguieron diseñar instrumentos de medición confiables con el propósito de evaluar la transformación que percibían pero no podían documentar con precisión.
En la actualidad, las variaciones en el clima y los efectos del calentamiento global se exploran a partir de las observaciones y el examen de datos. Las temperaturas pero también la lluvia, la velocidad del viento, la nubosidad y la presión evolucionaron a través del tiempo. “Trabajamos con bases de datos de observaciones para la detección del cambio climático. Se trata de identificar cómo se modificó el clima a lo largo del tiempo en un lugar y una región determinada. Recurrimos a datos provistos por el Servicio Meteorológico, a información satelital y a una combinación robusta de fuentes para saber qué es lo que ocurre. Cuando buscamos trazar proyecciones, trabajamos con simulaciones que nos permiten pensar cómo podría ser la actividad del ser humano en el futuro, su emisión de dióxido de carbono, su participación en actividades como la deforestación y los cambios del suelo”, relata Camilloni.
Negacionismo de primera
En un marco de capitalismo agresivo como el actual, la protección de los ecosistemas y de los valores naturales es concebida por algunas figuras de relevancia internacional como un obstáculo para el progreso. Desde este prisma, mirada peligrosa si las hay, observan la realidad algunos de los mandatarios más importantes del mundo. El vecino Jair Bolsonaro resta importancia a los incendios que durante 2019 barrieron con 900 mil hectáreas de bosque nativo del Amazonas y Donald Trump hace lo propio con el avance incontrolable de los fuegos que, en California, calcinaron una superficie similar que ronda las 800 mil hectáreas. A este dúo cercano de negacionistas del Cambio Climático se suma Scott Morrison, el Primer Ministro australiano, país que por estos días afronta una de las peores catástrofes ambientales en su historia.
Trump fue el primero en quedarse ciego. En 2017 quitó a EEUU del Acuerdo de París contra el Cambio Climático, pese a comandar el ranking como el principal emisor de gases de efectos invernadero. Su decisión no escapa a una controversia: aunque parezca una broma Estados Unidos es uno de los principales financiadores de las investigaciones y los eventos científicos sobre Cambio Climático. Las razones de la salida son obvias. Existe una industria muy potente, con fuerte capacidad de lobby, que creció sobre la base de la explotación de los combustibles fósiles y le conviene desmarcar el uso intensivo del petróleo como responsable principal del cambio climático. Trump, Bolsonaro y Morrison constituyen voces minoritarias pero fuertes a nivel geopolítico y con presencia en la arena global. Afortunadamente, también hay de las otras. En poco tiempo, la activista sueca de 17 años recién cumplidos, Greta Thunberg, ha adquirido fama mundial por demostrar una notable capacidad de aglutinar reclamos que hasta la fecha se encontraban desperdigados. Así, con efecto rebote, se articularon a la luz de su eco las voces de agrupaciones que interpelan las acciones de los gobernantes de turno y denuncian las negligencias que se cometen en cada caso. La “Red jóvenes por el clima” constituye un caso valioso al respecto.
En este marco, presentada la contienda, vale preguntarse: ¿en el pasado hubo cambio climático? Sí, pero el uso intensivo de los combustibles fósiles modificó –radicalmente– el paisaje. Las transformaciones demuestran una aceleración tan importante que produce vértigo. Las actividades que emplean petróleo, gas y carbón, así como los procesos de cambio en el uso del suelo generan buena parte de las emisiones. Cuando se reemplaza la cobertura natural por espacios construidos con cemento, hormigón, asfalto, o bien, cuando se sustituye a los pastizales por producciones agrícolas también se modifica el sistema climático.
Para colmo, las consecuencias del cambio climático se articulan en cascada. Con el aumento progresivo de la temperatura se trastoca todo el equilibrio aparente. Los eventos extremos se manifiestan con más intensidad; se multiplican las olas de calor; las lluvias más copiosas producen inundaciones de película; las tendencias a la disminución progresiva en otras regiones conducen a sequías y desertificación; se derriten a mayor velocidad los hielos y glaciares; se incrementa el dióxido de carbono en la atmósfera, que ocasiona la acidificación de los océanos, que conduce a los corales a una situación de riesgo de extinción.
Existen objetivos mundiales a los que Argentina suscribe, a través de cumbres y eventos internacionales. La delimitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, por caso, supone una de las líneas a la que tradicionalmente la mayoría de los países adhiere, excepto EEUU. Por otro lado, existen estrategias locales de mitigación que se deben implementar, necesariamente, teniendo en cuenta las características específicas de los territorios nacionales. En este caso, el propósito más urgente se relaciona con minimizar los daños que trae aparejados el cambio climático. La “adaptación al cambio” suele ser la meta principal.
Desde esta perspectiva, los manuales de políticas en el área detallan recetas de platos revestidos de condimentos distintos pero que saben similar. A saber: se podría gestionar la capacitación de los productores agrícolas para que adecuen las fechas de sus cosechas y las siembras en función del clima; fomentar que los municipios cuenten con sistemas de alerta temprana ante eventos extremos; brindar seguros frente a sequías e inundaciones; planificar obras de canalización y desagüe; así como también códigos de edificación en las ciudades.
“En general, las naciones más perjudicadas por el cambio climático son las menos responsables -asegura Camilloni-. Por eso es que siempre que se debate acerca de estas temáticas, se deben discutir cuestiones como la equidad, la justicia, el crecimiento y el desarrollo sostenible. No solo se trata de una decisión de los políticos, también requiere de una iniciativa de transformación que compromete a toda la sociedad. Es necesario evaluar los riesgos que ocasionan el aumento de la temperatura, las condiciones de adaptabilidad, las estrategias que podemos desarrollar al respecto, saber quiénes pagarán los costos de adaptación. Son aspectos que se deben reconocer en un debate que nos debería incluir a todos los ciudadanos”.
La articulación de acciones entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación junto al de Medioambiente es clave. Como la urgencia de la crisis no puede esperar, los titulares de las respectivas carteras ya realizaron reuniones para poner manos a la obra. “Hemos tenido encuentros muy fructíferos con el equipo de Juan Cabandié -agregó Vera-. Somos conscientes de que las propuestas surgen como resultado entre los aportes que provienen del conocimiento científico y de otros saberes, como los locales y originarios, que son muy valiosos y debemos incorporarlos a la agenda. Cuando los problemas son socioambientales necesitamos establecer diálogos amplios pero bien fundamentados. Desde la comunidad científica tenemos mucho para aportar, hay un montón de grupos que en todo el país han desarrollado herramientas para combatir el cambio climático”.
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Fecha de Publicación: 17/01/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Lo sucedido en Australia encendió las alarmas domésticas y empujó a una pregunta. ¿Cuáles son los efectos del cambio climático y el calentamiento global en un país como Argentina? Los especialistas consultados por Página|12 consideran que la tendencia del calentamiento global se agudiza a partir de eventos de impacto global como los incendios en Australia , Amazonia y California, que al mismo tiempo son resultado de políticas negacionistas como las que llevan adelante Donald Trump y Jair Bolsonaro. También sostienen la necesidad de que las sociedades se comprometan en los cambios necesarios.
“Si solo nos ceñimos a la temperatura, podemos decir que en los últimos 60 años, la Patagonia experimentó un incremento del orden de un grado y el centro-norte del país de medio grado -explica Inés Camilloni, doctora por la Universidad de Buenos Aires en el área de Ciencias de la Atmósfera e Investigadora del Conicet en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera-. En cuanto a lluvias, en el Litoral y la Pampa húmeda, aumentaron un 30%; situación que convirtió a esa porción del territorio, junto a algunos sectores de Brasil y parte de Uruguay, en una de las zonas donde más aumentaron las precipitaciones a nivel mundial. En Cuyo, por el contrario, disminuyeron. Las temperaturas más altas explican la retracción de la mayor parte de los glaciares de Argentina, salvo el Perito Moreno, y la disminución de los caudales de los ríos que provienen de agua de deshielos”.
“Lo que ocurre –continúa Camilloni– es que cambió la frecuencia de los eventos extremos. Las olas de calor se volvieron más asiduas, suelen durar más y alcanzan valores extremos; las lluvias se producen más espaciadas pero exhiben una intensidad creciente”, detalla Camilloni. Ello provoca un conflicto para ciudades como las argentinas con una densidad poblacional considerable, cuyas infraestructuras no están preparadas para soportar tanta cantidad de agua en tan poco tiempo. La Ciudad de Buenos Aires cuenta con la capacidad de evacuar agua en aquellos eventos en los que no llueve más de 30 milímetros en una hora. A partir de ahí, cuando se cruza esa franja, comienzan los problemas. “Desde los 60’s hasta la fecha se triplicó la ocurrencia de este tipo de eventos. Ello implica la necesidad urgente de mejoras en la infraestructura y la transformación de los sistemas de desagüe”, advierte.
Para colmo, llegó el verano y las olas de calor se hacen sentir. Hace seis años hubo una que, según Carolina Vera, doctora con orientación en Ciencias de la Atmósfera, especialista internacional en el estudio de Cambio Climático, quedó en el recuerdo. Al menos se estacionó en la memoria de los científicos que la estudiaron en detalle. “En diciembre de 2013, por ejemplo, vivimos una experiencia muy impactante en la que tuvimos 18 días con temperaturas altísimas. Fue cuando colapsó el sistema de electricidad en Buenos Aires. La tendencia a una mayor aridez combinado con el cambio en el uso de la tierra favorece las condiciones para la emergencia de fenómenos dramáticos, como pueden ser los incendios”. Y completa: “No solo se incendia el Amazonas o Australia, sino también ocurre en vastas regiones de nuestro país, desde Buenos Aires, pasando por Córdoba o La Pampa”, plantea Vera que, además, actualmente se encuentra a cargo de la Unidad de Gabinete del flamante Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.
El conflicto que ocasiona el deterioro del ambiente fue reconocido por los referentes de la mayor parte de las naciones que habitan el globo. Para sortear tal escenario, los países consensuan estrategias a dos niveles: global y local. No obstante, a pesar del diagnóstico, las cosas no marchan del todo bien. Los actores más poderosos son los que más gases de efecto invernadero emiten y, paradójicamente, invierten migajas en la reversión del problema. Temen, a veces de manera tácita y otras lo expresan a viva voz, que sus economías –basadas en matrices energéticas alimentadas a partir de combustibles fósiles– se desplomen. En efecto, los compromisos discursivos se materializan en instrumentos y declaraciones que rara vez se traducen en acciones concretas.
El último gran antecedente de consenso para la acción estuvo plasmado en la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, de la que Vera fue promotora. Junto a otros expertos del ámbito se embarcaron en un ambicioso proyecto que procuraba analizar las señales de variación de cambio climático en el país desde 1960 hasta el 2010. Realizaron mediciones, de acuerdo a proyecciones sobre las emisiones de gases a futuro, y examinaron cuánto aumentaría la temperatura y cómo se robustecería el proceso de calentamiento global. Como resultado pudieron comprobar que, a fines de siglo XXI y en un escenario de grandes emisiones, una de las zonas del planeta con los aumentos más significativos de temperatura sería el noroeste argentino. Esta región, según las conclusiones proyectadas, registrará un incremento que oscilará entre los 3 y 4 grados.
El calentamiento global es uno de los tantos modos en que se expresa el Cambio Climático. Los seres humanos son los responsables de encender la hornalla que calienta más y más el ambiente, una olla que se presta a hervir en un futuro cada vez más cercano. Aunque los gases se emitan en China, en Estados Unidos o Europa Occidental (entre los tres explican la mitad de las emisiones totales), la atmósfera los difunde en el término de semanas por todo el planeta. Lo que contamina un país afecta a todos. El Cambio Climático, a su vez, es un proceso de variación significativa del clima, calculada durante un largo período de tiempo. Sin embargo, no siempre pudo medirse. Recién hacia finales del siglo XIX los expertos consiguieron diseñar instrumentos de medición confiables con el propósito de evaluar la transformación que percibían pero no podían documentar con precisión.
En la actualidad, las variaciones en el clima y los efectos del calentamiento global se exploran a partir de las observaciones y el examen de datos. Las temperaturas pero también la lluvia, la velocidad del viento, la nubosidad y la presión evolucionaron a través del tiempo. “Trabajamos con bases de datos de observaciones para la detección del cambio climático. Se trata de identificar cómo se modificó el clima a lo largo del tiempo en un lugar y una región determinada. Recurrimos a datos provistos por el Servicio Meteorológico, a información satelital y a una combinación robusta de fuentes para saber qué es lo que ocurre. Cuando buscamos trazar proyecciones, trabajamos con simulaciones que nos permiten pensar cómo podría ser la actividad del ser humano en el futuro, su emisión de dióxido de carbono, su participación en actividades como la deforestación y los cambios del suelo”, relata Camilloni.
Negacionismo de primera
En un marco de capitalismo agresivo como el actual, la protección de los ecosistemas y de los valores naturales es concebida por algunas figuras de relevancia internacional como un obstáculo para el progreso. Desde este prisma, mirada peligrosa si las hay, observan la realidad algunos de los mandatarios más importantes del mundo. El vecino Jair Bolsonaro resta importancia a los incendios que durante 2019 barrieron con 900 mil hectáreas de bosque nativo del Amazonas y Donald Trump hace lo propio con el avance incontrolable de los fuegos que, en California, calcinaron una superficie similar que ronda las 800 mil hectáreas. A este dúo cercano de negacionistas del Cambio Climático se suma Scott Morrison, el Primer Ministro australiano, país que por estos días afronta una de las peores catástrofes ambientales en su historia.
Trump fue el primero en quedarse ciego. En 2017 quitó a EEUU del Acuerdo de París contra el Cambio Climático, pese a comandar el ranking como el principal emisor de gases de efectos invernadero. Su decisión no escapa a una controversia: aunque parezca una broma Estados Unidos es uno de los principales financiadores de las investigaciones y los eventos científicos sobre Cambio Climático. Las razones de la salida son obvias. Existe una industria muy potente, con fuerte capacidad de lobby, que creció sobre la base de la explotación de los combustibles fósiles y le conviene desmarcar el uso intensivo del petróleo como responsable principal del cambio climático. Trump, Bolsonaro y Morrison constituyen voces minoritarias pero fuertes a nivel geopolítico y con presencia en la arena global. Afortunadamente, también hay de las otras. En poco tiempo, la activista sueca de 17 años recién cumplidos, Greta Thunberg, ha adquirido fama mundial por demostrar una notable capacidad de aglutinar reclamos que hasta la fecha se encontraban desperdigados. Así, con efecto rebote, se articularon a la luz de su eco las voces de agrupaciones que interpelan las acciones de los gobernantes de turno y denuncian las negligencias que se cometen en cada caso. La “Red jóvenes por el clima” constituye un caso valioso al respecto.
En este marco, presentada la contienda, vale preguntarse: ¿en el pasado hubo cambio climático? Sí, pero el uso intensivo de los combustibles fósiles modificó –radicalmente– el paisaje. Las transformaciones demuestran una aceleración tan importante que produce vértigo. Las actividades que emplean petróleo, gas y carbón, así como los procesos de cambio en el uso del suelo generan buena parte de las emisiones. Cuando se reemplaza la cobertura natural por espacios construidos con cemento, hormigón, asfalto, o bien, cuando se sustituye a los pastizales por producciones agrícolas también se modifica el sistema climático.
Para colmo, las consecuencias del cambio climático se articulan en cascada. Con el aumento progresivo de la temperatura se trastoca todo el equilibrio aparente. Los eventos extremos se manifiestan con más intensidad; se multiplican las olas de calor; las lluvias más copiosas producen inundaciones de película; las tendencias a la disminución progresiva en otras regiones conducen a sequías y desertificación; se derriten a mayor velocidad los hielos y glaciares; se incrementa el dióxido de carbono en la atmósfera, que ocasiona la acidificación de los océanos, que conduce a los corales a una situación de riesgo de extinción.
Existen objetivos mundiales a los que Argentina suscribe, a través de cumbres y eventos internacionales. La delimitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, por caso, supone una de las líneas a la que tradicionalmente la mayoría de los países adhiere, excepto EEUU. Por otro lado, existen estrategias locales de mitigación que se deben implementar, necesariamente, teniendo en cuenta las características específicas de los territorios nacionales. En este caso, el propósito más urgente se relaciona con minimizar los daños que trae aparejados el cambio climático. La “adaptación al cambio” suele ser la meta principal.
Desde esta perspectiva, los manuales de políticas en el área detallan recetas de platos revestidos de condimentos distintos pero que saben similar. A saber: se podría gestionar la capacitación de los productores agrícolas para que adecuen las fechas de sus cosechas y las siembras en función del clima; fomentar que los municipios cuenten con sistemas de alerta temprana ante eventos extremos; brindar seguros frente a sequías e inundaciones; planificar obras de canalización y desagüe; así como también códigos de edificación en las ciudades.
“En general, las naciones más perjudicadas por el cambio climático son las menos responsables -asegura Camilloni-. Por eso es que siempre que se debate acerca de estas temáticas, se deben discutir cuestiones como la equidad, la justicia, el crecimiento y el desarrollo sostenible. No solo se trata de una decisión de los políticos, también requiere de una iniciativa de transformación que compromete a toda la sociedad. Es necesario evaluar los riesgos que ocasionan el aumento de la temperatura, las condiciones de adaptabilidad, las estrategias que podemos desarrollar al respecto, saber quiénes pagarán los costos de adaptación. Son aspectos que se deben reconocer en un debate que nos debería incluir a todos los ciudadanos”.
La articulación de acciones entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación junto al de Medioambiente es clave. Como la urgencia de la crisis no puede esperar, los titulares de las respectivas carteras ya realizaron reuniones para poner manos a la obra. “Hemos tenido encuentros muy fructíferos con el equipo de Juan Cabandié -agregó Vera-. Somos conscientes de que las propuestas surgen como resultado entre los aportes que provienen del conocimiento científico y de otros saberes, como los locales y originarios, que son muy valiosos y debemos incorporarlos a la agenda. Cuando los problemas son socioambientales necesitamos establecer diálogos amplios pero bien fundamentados. Desde la comunidad científica tenemos mucho para aportar, hay un montón de grupos que en todo el país han desarrollado herramientas para combatir el cambio climático”.
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Nuestra fauna marina en peligro
La fauna marina argentina, en peligro: cuáles son las principales amenazas
Fecha de Publicación: 16/01/2020
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Según un informe de la Fundación Mundo Marino, el año pasado asistieron a 400 animales. El impacto del plástico, la sobrepesca y el cambio climático.
El plástico, ese elemento tan presente en nuestras vidas cotidianas, nos simplifica muchas cuestiones diarias a los humanos, pero es una de las mayores amenazas para ciertos animales. Por ejemplo, para los millones de ellos que habitan nuestros mares. Así lo relevó el último informe anual de la Fundación Mundo Marino, que determinó que la contaminación, junto con la falta de alimento, son las principales problemas que afectaron a los animales marinos durante 2019.
El último año, la fundación asistió a 401 animales. De estos, 153 pudieron ser reinsertados a su hábitat luego de atravesar un proceso de rehabilitación. El resto, fueron hallados muertos o murieron por las afecciones que los hicieron ingresar al centro de rescate, donde hoy 15 aves y reptiles marinos están aún recibiendo asistencia.
La falta de alimento fue la principal causa de asistencia para la fauna marina. Más de 140 animales presentaron desnutrición, seguidos de deshidratación e hipotermia. Según explicaron en Mundo Marino, la fuente de hidratación de los animales marinos son los alimentos sólidos que ingieren, por eso cuando les falta su comida (principalmente pescado) también se deshidratan.
“La falta de alimento puede tener varias causas, entre ellas, la sobrepesca y la emergencia climática que altera las rutas habituales de las presas. Lo que sí es claro, es que estos animales con estos cuadros son centinelas de lo que ocurre en el mar. Su cuadro fisiológico alterado nos indica que algo malo está ocurriendo mar adentro y no lo estamos pudiendo ver”, explica Sergio Rodríguez Heredia, biólogo y jefe del centro de rescate de la fundación. Durante el año pasado, estos cuadros se agravaron en los pingüinos, especialmente los de la especie magallánica: creció un 128% la cantidad de animales que necesitaron asistencia, un total de 121.
Respecto de la basura en el océano, los expertos de la fundación relevaron que 40 animales directamente debieron ser asistidos por esta causa y señalaron al plástico como el principal problema. En particular con las tortugas marinas, plantearon que "la interacción negativa" se manifiesta en estos animales "de manera explícita" porque lo ingieren al confundirlo con su alimento, medusas y fauna gelatinosa. Este dato se confirma a lo largo de los años: el 97% de las tortugas que ingresan a la fundación tienen algún tipo de plástico en su sistema digestivo.
“La ingesta de plástico en gran cantidad por parte de una tortuga marina, además de poder provocar una obstrucción intestinal, les genera un cuadro de 'chaleco salvavidas' por la cantidad de gases que comienzan a generar. Así, se les ve afectada su capacidad de inmersión y de buceo, tanto para buscar presas y alimentarse como para buscar temperaturas más aptas”, detalla Karina Álvarez, bióloga y responsable de Conservación de la institución de San Clemente.
Las redes de pesca son otro gran riesgo. También son muy afectadas por el "enmalle", como se llama a la captura no deseada en estas redes, las tortugas marinas y el delfín franciscana. Desde la fundación explican que una de las causas con los reptiles es que se superponen la zona de alimentación estacional de tres especies de tortugas marinas con aguas costeras de la provincia de Buenos Aires aprovechadas también por flotas pesqueras, según surge de los estudios de monitoreo satelital. En el caso de los delfines, en 2019 registraron 21 muertes.
La especie se encuentra en un gran estado de vulnerabilidad porque habita aguas poco profundas cercanas a la costa, lo que lo expone a la interacción humana. Es muy vulnerable tanto al enmalle en redes de pesca como a la contaminación química y a la ingesta de basura: según un estudio liderado por el biólogo Pablo Denuncio, del grupo de Investigación sobre Biología, Ecología y Conservación de mamíferos marinos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el 30% de los animales de esta especie analizados en la región bonaerense había ingerido accidentalmente basura marina.
Según la edición del censo de basura costera que se realizó en 2019 y que viene organizando Mundo Marino en conjunto con otras organizaciones hace cuatro años, el 80% de los residuos registrados en 20 localidades de la costa bonaerense está constituido por plástico.
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Fecha de Publicación: 16/01/2020
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Según un informe de la Fundación Mundo Marino, el año pasado asistieron a 400 animales. El impacto del plástico, la sobrepesca y el cambio climático.
El plástico, ese elemento tan presente en nuestras vidas cotidianas, nos simplifica muchas cuestiones diarias a los humanos, pero es una de las mayores amenazas para ciertos animales. Por ejemplo, para los millones de ellos que habitan nuestros mares. Así lo relevó el último informe anual de la Fundación Mundo Marino, que determinó que la contaminación, junto con la falta de alimento, son las principales problemas que afectaron a los animales marinos durante 2019.
El último año, la fundación asistió a 401 animales. De estos, 153 pudieron ser reinsertados a su hábitat luego de atravesar un proceso de rehabilitación. El resto, fueron hallados muertos o murieron por las afecciones que los hicieron ingresar al centro de rescate, donde hoy 15 aves y reptiles marinos están aún recibiendo asistencia.
La falta de alimento fue la principal causa de asistencia para la fauna marina. Más de 140 animales presentaron desnutrición, seguidos de deshidratación e hipotermia. Según explicaron en Mundo Marino, la fuente de hidratación de los animales marinos son los alimentos sólidos que ingieren, por eso cuando les falta su comida (principalmente pescado) también se deshidratan.
“La falta de alimento puede tener varias causas, entre ellas, la sobrepesca y la emergencia climática que altera las rutas habituales de las presas. Lo que sí es claro, es que estos animales con estos cuadros son centinelas de lo que ocurre en el mar. Su cuadro fisiológico alterado nos indica que algo malo está ocurriendo mar adentro y no lo estamos pudiendo ver”, explica Sergio Rodríguez Heredia, biólogo y jefe del centro de rescate de la fundación. Durante el año pasado, estos cuadros se agravaron en los pingüinos, especialmente los de la especie magallánica: creció un 128% la cantidad de animales que necesitaron asistencia, un total de 121.
Respecto de la basura en el océano, los expertos de la fundación relevaron que 40 animales directamente debieron ser asistidos por esta causa y señalaron al plástico como el principal problema. En particular con las tortugas marinas, plantearon que "la interacción negativa" se manifiesta en estos animales "de manera explícita" porque lo ingieren al confundirlo con su alimento, medusas y fauna gelatinosa. Este dato se confirma a lo largo de los años: el 97% de las tortugas que ingresan a la fundación tienen algún tipo de plástico en su sistema digestivo.
“La ingesta de plástico en gran cantidad por parte de una tortuga marina, además de poder provocar una obstrucción intestinal, les genera un cuadro de 'chaleco salvavidas' por la cantidad de gases que comienzan a generar. Así, se les ve afectada su capacidad de inmersión y de buceo, tanto para buscar presas y alimentarse como para buscar temperaturas más aptas”, detalla Karina Álvarez, bióloga y responsable de Conservación de la institución de San Clemente.
Las redes de pesca son otro gran riesgo. También son muy afectadas por el "enmalle", como se llama a la captura no deseada en estas redes, las tortugas marinas y el delfín franciscana. Desde la fundación explican que una de las causas con los reptiles es que se superponen la zona de alimentación estacional de tres especies de tortugas marinas con aguas costeras de la provincia de Buenos Aires aprovechadas también por flotas pesqueras, según surge de los estudios de monitoreo satelital. En el caso de los delfines, en 2019 registraron 21 muertes.
La especie se encuentra en un gran estado de vulnerabilidad porque habita aguas poco profundas cercanas a la costa, lo que lo expone a la interacción humana. Es muy vulnerable tanto al enmalle en redes de pesca como a la contaminación química y a la ingesta de basura: según un estudio liderado por el biólogo Pablo Denuncio, del grupo de Investigación sobre Biología, Ecología y Conservación de mamíferos marinos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el 30% de los animales de esta especie analizados en la región bonaerense había ingerido accidentalmente basura marina.
Según la edición del censo de basura costera que se realizó en 2019 y que viene organizando Mundo Marino en conjunto con otras organizaciones hace cuatro años, el 80% de los residuos registrados en 20 localidades de la costa bonaerense está constituido por plástico.
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Crítico informe oficinal sobre transgénicos en Argentina
Presentan informe crítico sobre uso de transgénicos
Fecha de Publicación: 16/01/2020
Fuente: InfoRegión
Provincia/Región: Nacional
El informe «Recursos genéticos y organismos genéticamente modificados» de la Auditoria General de la Nación (AGN) confirmó que el Estado argentino aprueba los transgénicos sin tener en cuenta los impactos sociales y ambientales, lo cual pone en riesgo la biodiversidad.
En Argentina se han aprobado 60 transgénicos, que ocupan más de 30 millones de hectáreas. Ellos han sido aceptados en base a estudios realizados por las mismas empresas que los venden.
Ello resulta poco transparente, desatiende convenios internacionacionales, vulnera leyes ambientales y viola los derechos de los pueblos indígenas.
La investigación de la AGN afirma también lo mismo que denuncian desde hace décadas las organizaciones campesinas y sociambientales.
Con el sustento del informe la AGN ha solicitado que la Dirección de Biotecnología y la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia) hagan públicas las decisiones respecto a los pedidos de aprobación de transgénicos, que dé participación a la ciudadanía y realice consultas púbicas.
Asimismo, solicita que se dé especial participación, incluso con representantes dentro de la Conabia, a los pueblos originarios y a comunidades locales «a fines de considerar la perspectiva social en las evaluaciones impacto de los transgénicos».
Organismos genéticamente modificados
«Recursos genéticos y organismos genéticamente modificados» analizó la actuación del Ministerio de Agroindustria y de la Secretaría de Ambiente en el periodo de 2015 y 2018.
Además, contiene un apartado especial sobre la forma en que se aprueban los transgénicos en Argentina, a cargo de la Dirección de Biotecnología y de la Conabia.
«Argentina no cuenta con un marco de referencia teórico-metodológico para garantizar el uso seguro y sustentable de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM)», afirma la Auditoria General de la Nación.
La AGN detalla que se vulnera el principio precautorio establecido en la Ley General del Ambiente (25.675) y, en el plano internacional, se desoye el Protocolo de Cartagena —instrumento internacional que regula los organismos producto de la biotecnología—.
Asimismo, refiere que la Dirección de Biotecnología, a cargo de Martín Lema, quién también dirige la Conabia, suministró a la AGN información «en formato borrador» y «ambigua» referida al proceso de autorización de los transgénicos.
El informe cuestiona que la Dirección de Biotecnología ni siquiera cuenta con un manual de procedimientos para realizar la evaluación de las solicitudes presentadas por las compañías que pretenden permisos de liberación experimental de OGM, primera fase del proceso para la autorización de transgénicos.
Los campesinos tenían razón
Desde hace años, distintos académicos críticos, organizaciones campesinas y asambleas socioambientales han cuestionado que el Gobierno argentino apruebe los transgénicos en base a los publicitado por las campañas.
Bayer/Monsanto (o Syngenta o Bioceres) es un claro ejemplo, pues presenta al mercado una soja o maíz transgénico, y aportan al expediente supuestos estudios de inocuidad que los funcionarios argentinos aprueban sin corroborar si es o no verdad.
«La Conabia no realiza análisis experimentales sobre los materiales a aprobar. Las evaluaciones de riesgo ambiental son de tipo documental, realizadas en base a la información técnico científica remitida por el solicitante (la empresa) a modo de declaración jurada», destaca la Auditoría.
De igual manera, tampoco existe un procedimiento gubernamental de chequeo de información: «No se encuentran normalizados los criterios para la realización de las verificaciones realizadas por la Conabia respecto falsedad o inexactitud de la información que presenta el solicitante».
Historia de los transgénicos en Argentina
En Argentina, se han aprobado desde 1996 a la actualidad 60 eventos transgénicos como los de soja, maíz, papa, algodón, cártamo y alfalfa.
Las empresas beneficiadas son Syngenta, Bayer-Monsanto, Bioceres/Indear, Dow Agroscience, Tecnoplant, Pioneer y Nidera, entre otras.
Así, la aprobación de semillas transgénicas es el primer paso de una cadena que luego incluye desmontes, desalojos, uso masivo de agrotóxicos, agotamiento de suelos, concentración de tierras en pocas manos.
Por su parte, Carla Poth, docente e investigadora de la Universidad de General Sarmiento, realizó una tesis doctoral donde hizo foco en la forma de aprobar los transgénicos en Argentina.
«El marco regulatorio de aprobación de OGM es muy deficiente pero no por ignorancia, sino por complicidad. La conformación de la Conabia, con cámaras empresarias y científicos afines, priorizan los intereses y ganancias privadas por sobre los afectados por estas tecnologías. No hay una sola voz crítica dentro de la Conabia».
Así, la investigadora recordó que al momento de aprobar un transgénico el Estado no considera el uso de agrotóxicos que acompaña la semilla, no mide el impacto ambiental —en bosques, animales, aire, agua, suelos— y tampoco se evalúa el impacto en los alimentos.
«La Conabia tiene una mirada cortoplacista, totalmente afín al mercado, donde se prioriza la necesidad comercial y no de la población», afirmó Poth.
La Conabia no cuenta con participación ciudadana
La AGN confirma que la Conabia actúa en las sombras, sin ningún tipo de participación ciudadana.
«Las decisiones tomadas por la Dirección de Biotecnología y la Conabia para autorizar la liberación experimental de OGM no son publicadas para conocimiento de la población».
Tan desprolija es la forma de aprobar los transgénicos que la Auditoría cuestiona que ni siquiera se especifica qué dependencias del Servicio de Sanidad Agroalimentaria (Senasa) y el Instituto Nacional de Semillas (Inase) deben controlar la experimentación de OGM. Como tampoco se explica cuáles son los aspectos a controlar y los criterios a tener en cuenta.
La AGN afirma que, ante las irregularidades y los baches de información, «se afecta la transparencia del procedimiento de aprobación».
A pesar de ello, la Conabia es fundamental en la aprobación de transgénicos debido a que realiza la «evaluación técnica-científica» de las semillas presentadas.
La Conabia se creó en 1991 y durante 23 años, hasta el 2014, su composición fue secreta. Nadie podía saber quiénes autorizaban las semillas clave del agro. El periódico Mu (de la Cooperativa La Vaca) obtuvo en 2014 el listado secreto: eran 34 integrantes confirmados, 26 pertenecían a las empresas o tenían conflictos de intereses.
Ahora, la Auditoría General de la Nación suma un dato insólito: el quórum de la Conabia se obtiene con solo cinco integrantes presentes. Un puñado de personas puede decidir qué nueva semilla inundará los campos argentinos. La AGN cuestiona que la Dirección de Biotecnología no proveyó el listado de integrantes actuales.
La Auditoría resalta la preocupación de la ausencia total de control por parte Estado luego de la aprobación de los transgénicos. Lo que se aprueba en las oficinas del Ministerio de Agricultura luego no es evaluado por su impacto real en los campos.
«El marco regulatorio no prevé el monitoreo de los impactos de los OGM posteriores a su liberación comercial, contrariamente a lo previsto en los principios de la política ambiental establecidos en la Ley 25.675. Tampoco se encontró evidencia de la realización de monitoreo de los impactos sociales, económicos y ambientales de la utilización de OGM en los agroecosistemas», precisa la AGN.
Además de violar leyes nacionales, la forma de aprobar los transgénicos incumple tratados internacionales.
«Argentina no ha adoptado los dos instrumentos internacionales de referencia. El Protocolos de Cartagena y el Protocolo de Nagoya Kuala Lumpur, pese a la importancia que tienen las actividades con transgénicos en todo el territorio nacional», se destaca en las conclusiones del informe.
Descarga el informe completo de la AGN aquí.
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Fecha de Publicación: 16/01/2020
Fuente: InfoRegión
Provincia/Región: Nacional
El informe «Recursos genéticos y organismos genéticamente modificados» de la Auditoria General de la Nación (AGN) confirmó que el Estado argentino aprueba los transgénicos sin tener en cuenta los impactos sociales y ambientales, lo cual pone en riesgo la biodiversidad.
En Argentina se han aprobado 60 transgénicos, que ocupan más de 30 millones de hectáreas. Ellos han sido aceptados en base a estudios realizados por las mismas empresas que los venden.
Ello resulta poco transparente, desatiende convenios internacionacionales, vulnera leyes ambientales y viola los derechos de los pueblos indígenas.
La investigación de la AGN afirma también lo mismo que denuncian desde hace décadas las organizaciones campesinas y sociambientales.
Con el sustento del informe la AGN ha solicitado que la Dirección de Biotecnología y la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia) hagan públicas las decisiones respecto a los pedidos de aprobación de transgénicos, que dé participación a la ciudadanía y realice consultas púbicas.
Asimismo, solicita que se dé especial participación, incluso con representantes dentro de la Conabia, a los pueblos originarios y a comunidades locales «a fines de considerar la perspectiva social en las evaluaciones impacto de los transgénicos».
Organismos genéticamente modificados
«Recursos genéticos y organismos genéticamente modificados» analizó la actuación del Ministerio de Agroindustria y de la Secretaría de Ambiente en el periodo de 2015 y 2018.
Además, contiene un apartado especial sobre la forma en que se aprueban los transgénicos en Argentina, a cargo de la Dirección de Biotecnología y de la Conabia.
«Argentina no cuenta con un marco de referencia teórico-metodológico para garantizar el uso seguro y sustentable de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM)», afirma la Auditoria General de la Nación.
La AGN detalla que se vulnera el principio precautorio establecido en la Ley General del Ambiente (25.675) y, en el plano internacional, se desoye el Protocolo de Cartagena —instrumento internacional que regula los organismos producto de la biotecnología—.
Asimismo, refiere que la Dirección de Biotecnología, a cargo de Martín Lema, quién también dirige la Conabia, suministró a la AGN información «en formato borrador» y «ambigua» referida al proceso de autorización de los transgénicos.
El informe cuestiona que la Dirección de Biotecnología ni siquiera cuenta con un manual de procedimientos para realizar la evaluación de las solicitudes presentadas por las compañías que pretenden permisos de liberación experimental de OGM, primera fase del proceso para la autorización de transgénicos.
Los campesinos tenían razón
Desde hace años, distintos académicos críticos, organizaciones campesinas y asambleas socioambientales han cuestionado que el Gobierno argentino apruebe los transgénicos en base a los publicitado por las campañas.
Bayer/Monsanto (o Syngenta o Bioceres) es un claro ejemplo, pues presenta al mercado una soja o maíz transgénico, y aportan al expediente supuestos estudios de inocuidad que los funcionarios argentinos aprueban sin corroborar si es o no verdad.
«La Conabia no realiza análisis experimentales sobre los materiales a aprobar. Las evaluaciones de riesgo ambiental son de tipo documental, realizadas en base a la información técnico científica remitida por el solicitante (la empresa) a modo de declaración jurada», destaca la Auditoría.
De igual manera, tampoco existe un procedimiento gubernamental de chequeo de información: «No se encuentran normalizados los criterios para la realización de las verificaciones realizadas por la Conabia respecto falsedad o inexactitud de la información que presenta el solicitante».
Historia de los transgénicos en Argentina
En Argentina, se han aprobado desde 1996 a la actualidad 60 eventos transgénicos como los de soja, maíz, papa, algodón, cártamo y alfalfa.
Las empresas beneficiadas son Syngenta, Bayer-Monsanto, Bioceres/Indear, Dow Agroscience, Tecnoplant, Pioneer y Nidera, entre otras.
Así, la aprobación de semillas transgénicas es el primer paso de una cadena que luego incluye desmontes, desalojos, uso masivo de agrotóxicos, agotamiento de suelos, concentración de tierras en pocas manos.
Por su parte, Carla Poth, docente e investigadora de la Universidad de General Sarmiento, realizó una tesis doctoral donde hizo foco en la forma de aprobar los transgénicos en Argentina.
«El marco regulatorio de aprobación de OGM es muy deficiente pero no por ignorancia, sino por complicidad. La conformación de la Conabia, con cámaras empresarias y científicos afines, priorizan los intereses y ganancias privadas por sobre los afectados por estas tecnologías. No hay una sola voz crítica dentro de la Conabia».
Así, la investigadora recordó que al momento de aprobar un transgénico el Estado no considera el uso de agrotóxicos que acompaña la semilla, no mide el impacto ambiental —en bosques, animales, aire, agua, suelos— y tampoco se evalúa el impacto en los alimentos.
«La Conabia tiene una mirada cortoplacista, totalmente afín al mercado, donde se prioriza la necesidad comercial y no de la población», afirmó Poth.
La Conabia no cuenta con participación ciudadana
La AGN confirma que la Conabia actúa en las sombras, sin ningún tipo de participación ciudadana.
«Las decisiones tomadas por la Dirección de Biotecnología y la Conabia para autorizar la liberación experimental de OGM no son publicadas para conocimiento de la población».
Tan desprolija es la forma de aprobar los transgénicos que la Auditoría cuestiona que ni siquiera se especifica qué dependencias del Servicio de Sanidad Agroalimentaria (Senasa) y el Instituto Nacional de Semillas (Inase) deben controlar la experimentación de OGM. Como tampoco se explica cuáles son los aspectos a controlar y los criterios a tener en cuenta.
La AGN afirma que, ante las irregularidades y los baches de información, «se afecta la transparencia del procedimiento de aprobación».
A pesar de ello, la Conabia es fundamental en la aprobación de transgénicos debido a que realiza la «evaluación técnica-científica» de las semillas presentadas.
La Conabia se creó en 1991 y durante 23 años, hasta el 2014, su composición fue secreta. Nadie podía saber quiénes autorizaban las semillas clave del agro. El periódico Mu (de la Cooperativa La Vaca) obtuvo en 2014 el listado secreto: eran 34 integrantes confirmados, 26 pertenecían a las empresas o tenían conflictos de intereses.
Ahora, la Auditoría General de la Nación suma un dato insólito: el quórum de la Conabia se obtiene con solo cinco integrantes presentes. Un puñado de personas puede decidir qué nueva semilla inundará los campos argentinos. La AGN cuestiona que la Dirección de Biotecnología no proveyó el listado de integrantes actuales.
La Auditoría resalta la preocupación de la ausencia total de control por parte Estado luego de la aprobación de los transgénicos. Lo que se aprueba en las oficinas del Ministerio de Agricultura luego no es evaluado por su impacto real en los campos.
«El marco regulatorio no prevé el monitoreo de los impactos de los OGM posteriores a su liberación comercial, contrariamente a lo previsto en los principios de la política ambiental establecidos en la Ley 25.675. Tampoco se encontró evidencia de la realización de monitoreo de los impactos sociales, económicos y ambientales de la utilización de OGM en los agroecosistemas», precisa la AGN.
Además de violar leyes nacionales, la forma de aprobar los transgénicos incumple tratados internacionales.
«Argentina no ha adoptado los dos instrumentos internacionales de referencia. El Protocolos de Cartagena y el Protocolo de Nagoya Kuala Lumpur, pese a la importancia que tienen las actividades con transgénicos en todo el territorio nacional», se destaca en las conclusiones del informe.
Descarga el informe completo de la AGN aquí.
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Misiones suma herramientas para control de deforestación
Ecología: desde febrero se utilizarán herramientas tecnológicas para preservar las áreas protegidas y evitar la extracción ilegal de madera
Fecha de Publicación: 16/01/2020
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
El ministro Mario Vialey destacó que la prevención utilizando alta tecnología es una de las premisas formuladas por el gobernador Oscar Herrera Ahuad. Además, ratificó que la Reserva ”Campo San Juan” no será un parque nacional porque Misiones no cederá la jurisdicción , que debe hacerse por ley provincial.
El ministro de Ecología de Misiones, Mario Vialey, adelantó que desde el mes de febrero próximo la cartera a su cargo comenzará a utilizar herramientas tecnológicas con el fin de optimizar recursos y ofrecer respuestas inmediatas para preservar las áreas protegidas de la provincia y luchar contra la extracción ilegal de madera nativa.
El funcionario señaló que la medida fue una de las dos premisas especiales que le formuló el gobernador Oscar Herrera Ahuad cuando lo convocó para integrar el nuevo gabinete, el 10 de diciembre.
“Oscar, desde el primer día que me llama y me convoca, me pidió dos objetivos muy fuertes: uno el tema de la prevención y tener tecnología para que podamos trabajar rápidamente y llegar antes del hecho. Patrullajes permanentes y apoyados por la tecnología, para eso Marandú está mejorando la conectividad en todas las delegaciones y parques provinciales para tener una comunicación rápida. Si nosotros vemos un movimiento de maquinarias que van hacia un monte, ya tenemos que saber si ese equipamiento tiene todos los permisos, si tiene un plan de manejo del bosque y no llegar tarde, como dice el gobernador, una vez que se tumbaron los árboles y se perdieron 300 o 400 años de historia de ese árbol”, afirmó Vialey en una entrevista en Misiones Online TV.
El exintendente de Apóstoles agregó que la otra premisa que el gobernador impulsó es la de una guía electrónica para el seguimiento de los expedientes que se originan en el ministerio, que contiene información sobre la cantidad de metros de la variedad y especie del monte que se va extraer y explicó que antes del plan, los técnicos del ministerio revisaron y marcaron para habilitar. “Eso está dentro de los que es el ordenamiento territorial y son áreas marcadas en Misiones porque hay una ley que ampara para hacer ese aprovechamiento. Una vez que tengamos eso trabajamos con el Sistema de Administración y Verificación forestal donde va estar en un sistema informático y nosotros vamos a poder verificar. Va ir desapareciendo el manual”, adelantó y agregó que como cartera de Ecología deben ser los primeros en eliminar el uso del papel.
Vialey reveló que también se pondrá a disposición una aplicación que se podrá instalar en los teléfonos inteligentes, herramienta que fue pedida por la Dirección de Bosques. “Algo que nos faltaba y la dirección de Bosques no estaba pidiendo que es un sistema que va estar en aplicaciones móviles de celulares con código QR que complementa esto, que es identificar el bosque, georeferenciar el árbol y automáticamente se genera un remito digital. Cuando se va trasladando la madera automáticamente se saca una foto al camión, se envía a la red y sabemos si está autorizado. Esto va estar apoyado con la participación ciudadana, ya estamos recibiendo, nos mandan videos y fotos. Hace muy poco en la zona sur se hizo un operativo porque un vecino denunció. La policía fue y constató, pidió el apoyo a Ecología y en forma conjunta secuestramos la madera que estaban extrayendo y no había ningún plan”, recordó el ministro.
En ese sentido, el funcionario destacó la conciencia de preservación que observa en los misioneros y el compromiso con el medio ambiente que manifiestan. “Nosotros desde el ministerio tenemos que dar respuestas rápidas a esa ayuda que nos están haciendo porque también son los que están cuidando el ambiente y son los que nos llaman e informan y tenemos que actuar rápidamente”, afirmó.
Vialey además sostuvo que junto a los ministerios de Agricultura Familiar y Agro y Producción trabajarán en conjunto para darle sustentabilidad a las familias que viven en inmediaciones de los bosques nativos y que en la reunión del Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema) se conversó sobre los recursos que no llegan a las provincias a pesar de la ley de Bosques que busca dar incentivos económicos a los propietarios de las tierras para que continúen con la preservación. “Estamos planificando para estar con cada una de las áreas pero llegar rápido, no podemos demorar. La demora en esta toma de decisiones de darle soluciones a un productor hace que si nosotros demoramos mucho terminamos en una situación peor que es la que no quiere nadie”, afirmó.
En tanto Marandú, también proveerá al ministerio a su cargo un sistema electrónico de los expedientes. “Ya hablamos con la gente de Marandú que tiene un sistema electrónico de expediente. Nosotros como ministerio de Ecología tenemos que ser los primeros del papel cero. Lo que estoy pidiendo es que también tengamos la firma digital. Vamos a tratar de achicar lo máximo que podamos los expedientes y los pedidos que hacen las consultoras ambientales. Yo pedí como objetivo comenzar a poner a prueba el sistema y después habrá unos meses de implementación y ajuste. La decisión que se tomó´ es que en la primer semana de febrero ya estemos implementando esto”, adelantó y concluyó con una reflexión. “Si trabajamos entre todos vamos a poder conservar ese 72% de selva paranaense original que tenemos. Y eso es muy importante y muy valioso para la humanidad”, indicó.
Campo San Juan
Vialey afirmó que durante la reunión de la Cofema, Misiones planteó la imposibilidad de que la reserva del Campo San Juan pase a manos de la Nación para crear un nuevo parque nacional, a pesar de que la Entidad Binacional Yacyretá cedió esos terrenos al gobierno central durante la presidencia del expresidente Mauricio Macri. “En la primera reunión del Cofema yo planteo el tema Campo San Juan y fue unánime que eso no puede ser. Primer paso para que sea parque nacional, la provincia tiene que ceder la jurisdicción a la nación, por ley provincial. Eso nos pone tranquilos de que no va salir porque por más que le ceda las tierras, no va tener la jurisdicción. Por lo tanto ya tenemos una ventaja muy grande. Eso tiene que ser de los misioneros. Sigue siendo de los misioneros porque está dentro de la jurisdicción misionera”, argumentó.
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Fecha de Publicación: 16/01/2020
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
El ministro Mario Vialey destacó que la prevención utilizando alta tecnología es una de las premisas formuladas por el gobernador Oscar Herrera Ahuad. Además, ratificó que la Reserva ”Campo San Juan” no será un parque nacional porque Misiones no cederá la jurisdicción , que debe hacerse por ley provincial.
El ministro de Ecología de Misiones, Mario Vialey, adelantó que desde el mes de febrero próximo la cartera a su cargo comenzará a utilizar herramientas tecnológicas con el fin de optimizar recursos y ofrecer respuestas inmediatas para preservar las áreas protegidas de la provincia y luchar contra la extracción ilegal de madera nativa.
El funcionario señaló que la medida fue una de las dos premisas especiales que le formuló el gobernador Oscar Herrera Ahuad cuando lo convocó para integrar el nuevo gabinete, el 10 de diciembre.
“Oscar, desde el primer día que me llama y me convoca, me pidió dos objetivos muy fuertes: uno el tema de la prevención y tener tecnología para que podamos trabajar rápidamente y llegar antes del hecho. Patrullajes permanentes y apoyados por la tecnología, para eso Marandú está mejorando la conectividad en todas las delegaciones y parques provinciales para tener una comunicación rápida. Si nosotros vemos un movimiento de maquinarias que van hacia un monte, ya tenemos que saber si ese equipamiento tiene todos los permisos, si tiene un plan de manejo del bosque y no llegar tarde, como dice el gobernador, una vez que se tumbaron los árboles y se perdieron 300 o 400 años de historia de ese árbol”, afirmó Vialey en una entrevista en Misiones Online TV.
El exintendente de Apóstoles agregó que la otra premisa que el gobernador impulsó es la de una guía electrónica para el seguimiento de los expedientes que se originan en el ministerio, que contiene información sobre la cantidad de metros de la variedad y especie del monte que se va extraer y explicó que antes del plan, los técnicos del ministerio revisaron y marcaron para habilitar. “Eso está dentro de los que es el ordenamiento territorial y son áreas marcadas en Misiones porque hay una ley que ampara para hacer ese aprovechamiento. Una vez que tengamos eso trabajamos con el Sistema de Administración y Verificación forestal donde va estar en un sistema informático y nosotros vamos a poder verificar. Va ir desapareciendo el manual”, adelantó y agregó que como cartera de Ecología deben ser los primeros en eliminar el uso del papel.
Vialey reveló que también se pondrá a disposición una aplicación que se podrá instalar en los teléfonos inteligentes, herramienta que fue pedida por la Dirección de Bosques. “Algo que nos faltaba y la dirección de Bosques no estaba pidiendo que es un sistema que va estar en aplicaciones móviles de celulares con código QR que complementa esto, que es identificar el bosque, georeferenciar el árbol y automáticamente se genera un remito digital. Cuando se va trasladando la madera automáticamente se saca una foto al camión, se envía a la red y sabemos si está autorizado. Esto va estar apoyado con la participación ciudadana, ya estamos recibiendo, nos mandan videos y fotos. Hace muy poco en la zona sur se hizo un operativo porque un vecino denunció. La policía fue y constató, pidió el apoyo a Ecología y en forma conjunta secuestramos la madera que estaban extrayendo y no había ningún plan”, recordó el ministro.
En ese sentido, el funcionario destacó la conciencia de preservación que observa en los misioneros y el compromiso con el medio ambiente que manifiestan. “Nosotros desde el ministerio tenemos que dar respuestas rápidas a esa ayuda que nos están haciendo porque también son los que están cuidando el ambiente y son los que nos llaman e informan y tenemos que actuar rápidamente”, afirmó.
Vialey además sostuvo que junto a los ministerios de Agricultura Familiar y Agro y Producción trabajarán en conjunto para darle sustentabilidad a las familias que viven en inmediaciones de los bosques nativos y que en la reunión del Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema) se conversó sobre los recursos que no llegan a las provincias a pesar de la ley de Bosques que busca dar incentivos económicos a los propietarios de las tierras para que continúen con la preservación. “Estamos planificando para estar con cada una de las áreas pero llegar rápido, no podemos demorar. La demora en esta toma de decisiones de darle soluciones a un productor hace que si nosotros demoramos mucho terminamos en una situación peor que es la que no quiere nadie”, afirmó.
En tanto Marandú, también proveerá al ministerio a su cargo un sistema electrónico de los expedientes. “Ya hablamos con la gente de Marandú que tiene un sistema electrónico de expediente. Nosotros como ministerio de Ecología tenemos que ser los primeros del papel cero. Lo que estoy pidiendo es que también tengamos la firma digital. Vamos a tratar de achicar lo máximo que podamos los expedientes y los pedidos que hacen las consultoras ambientales. Yo pedí como objetivo comenzar a poner a prueba el sistema y después habrá unos meses de implementación y ajuste. La decisión que se tomó´ es que en la primer semana de febrero ya estemos implementando esto”, adelantó y concluyó con una reflexión. “Si trabajamos entre todos vamos a poder conservar ese 72% de selva paranaense original que tenemos. Y eso es muy importante y muy valioso para la humanidad”, indicó.
Campo San Juan
Vialey afirmó que durante la reunión de la Cofema, Misiones planteó la imposibilidad de que la reserva del Campo San Juan pase a manos de la Nación para crear un nuevo parque nacional, a pesar de que la Entidad Binacional Yacyretá cedió esos terrenos al gobierno central durante la presidencia del expresidente Mauricio Macri. “En la primera reunión del Cofema yo planteo el tema Campo San Juan y fue unánime que eso no puede ser. Primer paso para que sea parque nacional, la provincia tiene que ceder la jurisdicción a la nación, por ley provincial. Eso nos pone tranquilos de que no va salir porque por más que le ceda las tierras, no va tener la jurisdicción. Por lo tanto ya tenemos una ventaja muy grande. Eso tiene que ser de los misioneros. Sigue siendo de los misioneros porque está dentro de la jurisdicción misionera”, argumentó.
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Chubut: Se aleja la modificación de la ley minera
El gobernador Arcioni cada vez más aislado al querer impulsar la minería
Fecha de Publicación: 15/01/2020
Fuente: El Agora
Provincia/Región: Chubut
Mariano Arcioni quiere incentivar la minería en Chubut pero además del rechazo popular, existe una intensa oposición política encabezada por el vicegobernador Ricardo Sastre, de la que participan cada vez más sectores del peronismo.
El plan minero de Arcioni no deja de sumar rechazos aunque todavía no haya una medida o proyecto concreto. No obstante, los dichos del Secretario de Gobierno, Carlos Reilly, quien manifestó días atrás que buscan modificar la ley 5.001 que prohibe la minería desde 2003 en Chubut.
“La minería es la columna vertebral de un plan estratégico de crecimiento económico y desarrollo social” manifestó Reilly y rápidamente Arcioni tuvo que bajarle el tono a los dichos de su funcionario, que comenzaron a enardecer la oposición.
Los legisladores nacionales del Frente de Todos que representan a Chubut también se oponen a la minería en la provincia patagónica, de igual modo que un sector oficialista de la Legislatura provincial, y el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, hermano del vicegobernador.
Arcioni desmintió que su gobierno pretende modificar la ley 5.001 pero adelantó que piensa habilitar la minería en la zona de la meseta: “Hay que dejar en claro que no queremos una minería que contamine, no queremos minería en la Cordillera, no queremos con cianuro, eso que quede claro”.
Por su parte, el mismo vicegobernador Sastre remarcó: “El PUEBLO de Chubut se ha expresado en contra del desarrollo minero y comprendo que #NoEsNo. En la clase dirigencial debe haber una fuerte autocrítica. Chubut tiene otras alternativas de desarrollo que pueden llevarse adelante con responsabilidad y eficiencia, sin poner en riesgo el agua, y nuestro medio ambiente!”.
A nadie escapa que Sastre posee una gran influencia en la Legislatura, el ámbito donde debería aprobarse una modificación de la Ley 5001.
Como si fuera poco, el kirchnerismo también se opone según los planteos de la senadora Nancy González y del diputado Santiago Igón, de La Cámpora. Ambos se mostraron con carteles contra la minería.
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Fecha de Publicación: 15/01/2020
Fuente: El Agora
Provincia/Región: Chubut
Mariano Arcioni quiere incentivar la minería en Chubut pero además del rechazo popular, existe una intensa oposición política encabezada por el vicegobernador Ricardo Sastre, de la que participan cada vez más sectores del peronismo.
El plan minero de Arcioni no deja de sumar rechazos aunque todavía no haya una medida o proyecto concreto. No obstante, los dichos del Secretario de Gobierno, Carlos Reilly, quien manifestó días atrás que buscan modificar la ley 5.001 que prohibe la minería desde 2003 en Chubut.
“La minería es la columna vertebral de un plan estratégico de crecimiento económico y desarrollo social” manifestó Reilly y rápidamente Arcioni tuvo que bajarle el tono a los dichos de su funcionario, que comenzaron a enardecer la oposición.
Los legisladores nacionales del Frente de Todos que representan a Chubut también se oponen a la minería en la provincia patagónica, de igual modo que un sector oficialista de la Legislatura provincial, y el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, hermano del vicegobernador.
Arcioni desmintió que su gobierno pretende modificar la ley 5.001 pero adelantó que piensa habilitar la minería en la zona de la meseta: “Hay que dejar en claro que no queremos una minería que contamine, no queremos minería en la Cordillera, no queremos con cianuro, eso que quede claro”.
Por su parte, el mismo vicegobernador Sastre remarcó: “El PUEBLO de Chubut se ha expresado en contra del desarrollo minero y comprendo que #NoEsNo. En la clase dirigencial debe haber una fuerte autocrítica. Chubut tiene otras alternativas de desarrollo que pueden llevarse adelante con responsabilidad y eficiencia, sin poner en riesgo el agua, y nuestro medio ambiente!”.
A nadie escapa que Sastre posee una gran influencia en la Legislatura, el ámbito donde debería aprobarse una modificación de la Ley 5001.
Como si fuera poco, el kirchnerismo también se opone según los planteos de la senadora Nancy González y del diputado Santiago Igón, de La Cámpora. Ambos se mostraron con carteles contra la minería.
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Córdoba: tres especies en riesgo por la crisis climática
Crisis climática: tres especies de las Sierras de Córdoba están en riesgo de desaparecer
Fecha de Publicación: 15/01/2020
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El calentamiento global provocaría una pérdida total de la reducida región en la que habitan estos anfibios. Se suma a la amenaza de una predadora exótica e invasora: la trucha. Científicos proponen acciones locales para mejorar su conservación.
La crisis climática que está provocando el ser humano ya tiene en la mira quizás a sus primeras víctimas cordobesas: un grupo de anfibios que sólo viven en las zonas altas de las Sierras.
Un estudio local prevé que para 2050 los cambios en el hábitat provocados por el calentamiento global pondrían en riesgo a estos sapos, ranas y escuerzos.
El trabajo fue realizado por investigadores del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (Idea) del Conicet y del Centro de Zoología Aplicada de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). En las Sierras de Córdoba viven ocho anfibios endémicos, de los cuales tres perderían su hábitat dentro de 30 años si el calentamiento global continúa avanzando.
Para el análisis se tuvieron en cuenta los 156 registros científicos de los ocho anfibios endémicos de las Sierras de Córdoba. Se los georreferenció para conocer su distribución.
“Generamos modelos de distribución potencial en el presente y también en dos escenarios futuros para 2050”, explica Maximiliano Cordier, autor principal del trabajo que se publicó hace unos días en la revista científica Amphibia-Reptilia, de la Sociedad Europea de Herpetología.
“Estos escenarios suponen que en un futuro los niveles de emisión continuarían de acuerdo con los actuales. A nuestro criterio, son escenarios balanceados que intentan reflejar de forma realista lo que puede llegar a pasar sin ser muy conservador ni muy exagerado”, explica Cordier.
El biólogo aclara que no están estimando directamente la posibilidad de extinción, sino que sirven para determinar qué sitios son actualmente adecuados climáticamente y cómo cambiará eso con el calentamiento global.
Por especie
La ranita de Achala (Pleurodema sp.) registraría una pérdida total de su hábitat en los dos escenarios a 2050. Lo mismo ocurrirá para la distribución del escuercito de Achala (Odontophrynus achalensis).
En el caso del sapito de Achala (Rhinella achalensis), el estudio arroja una pérdida total de su hábitat en un escenario futuro y una reducción del 72,2 por ciento en el otro.
La rana trepadora cordobesa (Boana cordobae, video de abajo) sufriría una reducción de su hábitat de por lo menos el 61 por ciento. El sapito de colores y otro del género Melanophryniscus también registrarían una restricción del 56,3 por ciento.
El escuercito de Córdoba sería el menos afectado porque incluso podría ampliar su hábitat debido a un calentamiento global moderado como el que estiman estos dos escenarios para 2050.
Impacto trófico
Julián Lescano, biólogo del Idea que colaboró en el trabajo, detalla el impacto trófico de la potencial extinción de estas especies.
“Los anfibios adultos son grandes consumidores de insectos y de otros animales pequeños. Al mismo tiempo, forman parte de las cadenas tróficas como presas. Hay algunas serpientes endémicas de las Sierras que comen casi exclusivamente anfibios”, dice.
Además, explica que las larvas de estos anfibios son grandes consumidoras de algas y de materia orgánica en los cuerpos de agua.
Modelo sencillo
El biólogo Javier Nori, otro autor del trabajo, explica que el calentamiento global hará que las condiciones habitables para estas especies suban en el gradiente altitudinal.
“Por este motivo, las condiciones habitables se achican o desaparecen para las especies que habitan la cima de las Sierras”, asegura.
Nori entiende que, si bien el trabajo se hizo con anfibios endémicos, es esperable que la respuesta sea muy similar para otros grupos de animales que sólo viven en las Sierras.
“Esperamos achicamientos significativos de los espacios habitables para los microendemismos de altura, especialmente aquellos que alcanzan las mayores altitudes y poseen las distribuciones más restringidas”, detalla.
Pero aclara que se trata de un modelo sencillo, ya que no considera otros factores que incidirían en la adaptación de estas especies, como cuestiones fisiológicas o comportamentales.
Otras amenazas
Sin embargo, la crisis climática no es el único drama para estos anfibios. También reciben la presión por la presencia de peces exóticos, como la trucha, que se alimentan de sus larvas y por el avance de enfermedades emergentes propias de sapos, de escuerzos y de ranas.
“El impacto de las truchas es contundente y muy significativo. Hoy es la principal amenaza”, dice Lescano.
Y agrega: “Ninguna de estas amenazas actúa por separado. Eventualmente las especies pueden ser más susceptibles a un factor que a otro e incluso pueden existir efectos sinérgicos entre el cambio climático, las enfermedades y la invasión de exóticas”.
Más allá de que la crisis climática reclama una solución global, Nori detalla que existen acciones que se pueden realizar a escala local.
Algunos ejemplos de acciones locales son:
- Proteger las cabeceras de cuencas y sitios altos donde habitan los endemismos.
- Controlar la invasión y evitar nuevas introducciones de peces exóticos.
- Promover las actividades de educación ambiental para sensibilizar a la población local, a tomadores de decisiones y a turistas.
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Fecha de Publicación: 15/01/2020
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El calentamiento global provocaría una pérdida total de la reducida región en la que habitan estos anfibios. Se suma a la amenaza de una predadora exótica e invasora: la trucha. Científicos proponen acciones locales para mejorar su conservación.
La crisis climática que está provocando el ser humano ya tiene en la mira quizás a sus primeras víctimas cordobesas: un grupo de anfibios que sólo viven en las zonas altas de las Sierras.
Un estudio local prevé que para 2050 los cambios en el hábitat provocados por el calentamiento global pondrían en riesgo a estos sapos, ranas y escuerzos.
El trabajo fue realizado por investigadores del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (Idea) del Conicet y del Centro de Zoología Aplicada de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). En las Sierras de Córdoba viven ocho anfibios endémicos, de los cuales tres perderían su hábitat dentro de 30 años si el calentamiento global continúa avanzando.
Para el análisis se tuvieron en cuenta los 156 registros científicos de los ocho anfibios endémicos de las Sierras de Córdoba. Se los georreferenció para conocer su distribución.
“Generamos modelos de distribución potencial en el presente y también en dos escenarios futuros para 2050”, explica Maximiliano Cordier, autor principal del trabajo que se publicó hace unos días en la revista científica Amphibia-Reptilia, de la Sociedad Europea de Herpetología.
“Estos escenarios suponen que en un futuro los niveles de emisión continuarían de acuerdo con los actuales. A nuestro criterio, son escenarios balanceados que intentan reflejar de forma realista lo que puede llegar a pasar sin ser muy conservador ni muy exagerado”, explica Cordier.
El biólogo aclara que no están estimando directamente la posibilidad de extinción, sino que sirven para determinar qué sitios son actualmente adecuados climáticamente y cómo cambiará eso con el calentamiento global.
Por especie
La ranita de Achala (Pleurodema sp.) registraría una pérdida total de su hábitat en los dos escenarios a 2050. Lo mismo ocurrirá para la distribución del escuercito de Achala (Odontophrynus achalensis).
En el caso del sapito de Achala (Rhinella achalensis), el estudio arroja una pérdida total de su hábitat en un escenario futuro y una reducción del 72,2 por ciento en el otro.
La rana trepadora cordobesa (Boana cordobae, video de abajo) sufriría una reducción de su hábitat de por lo menos el 61 por ciento. El sapito de colores y otro del género Melanophryniscus también registrarían una restricción del 56,3 por ciento.
El escuercito de Córdoba sería el menos afectado porque incluso podría ampliar su hábitat debido a un calentamiento global moderado como el que estiman estos dos escenarios para 2050.
Impacto trófico
Julián Lescano, biólogo del Idea que colaboró en el trabajo, detalla el impacto trófico de la potencial extinción de estas especies.
“Los anfibios adultos son grandes consumidores de insectos y de otros animales pequeños. Al mismo tiempo, forman parte de las cadenas tróficas como presas. Hay algunas serpientes endémicas de las Sierras que comen casi exclusivamente anfibios”, dice.
Además, explica que las larvas de estos anfibios son grandes consumidoras de algas y de materia orgánica en los cuerpos de agua.
Modelo sencillo
El biólogo Javier Nori, otro autor del trabajo, explica que el calentamiento global hará que las condiciones habitables para estas especies suban en el gradiente altitudinal.
“Por este motivo, las condiciones habitables se achican o desaparecen para las especies que habitan la cima de las Sierras”, asegura.
Nori entiende que, si bien el trabajo se hizo con anfibios endémicos, es esperable que la respuesta sea muy similar para otros grupos de animales que sólo viven en las Sierras.
“Esperamos achicamientos significativos de los espacios habitables para los microendemismos de altura, especialmente aquellos que alcanzan las mayores altitudes y poseen las distribuciones más restringidas”, detalla.
Pero aclara que se trata de un modelo sencillo, ya que no considera otros factores que incidirían en la adaptación de estas especies, como cuestiones fisiológicas o comportamentales.
Otras amenazas
Sin embargo, la crisis climática no es el único drama para estos anfibios. También reciben la presión por la presencia de peces exóticos, como la trucha, que se alimentan de sus larvas y por el avance de enfermedades emergentes propias de sapos, de escuerzos y de ranas.
“El impacto de las truchas es contundente y muy significativo. Hoy es la principal amenaza”, dice Lescano.
Y agrega: “Ninguna de estas amenazas actúa por separado. Eventualmente las especies pueden ser más susceptibles a un factor que a otro e incluso pueden existir efectos sinérgicos entre el cambio climático, las enfermedades y la invasión de exóticas”.
Más allá de que la crisis climática reclama una solución global, Nori detalla que existen acciones que se pueden realizar a escala local.
Algunos ejemplos de acciones locales son:
- Proteger las cabeceras de cuencas y sitios altos donde habitan los endemismos.
- Controlar la invasión y evitar nuevas introducciones de peces exóticos.
- Promover las actividades de educación ambiental para sensibilizar a la población local, a tomadores de decisiones y a turistas.
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750 kilómetros a remo para parar la contaminación de ríos
Remaron más de 750 kilómetros para frenar la contaminación de los ríos Negro y Limay
Fecha de Publicación: 15/01/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Bajo una torrencial lluvia arribó a Viedma la expedición “Salvemos los Ríos”. Este martes continuará la travesía que intentará arribar a El Cóndor. Mirá las fotos.
Unos 30 kilómetros restan para completar la segunda edición de la expedición “Salvemos los Ríos”. Este lunes arribaron a la capital rionegrina con el claro mensaje de frenar los contaminantes que se vierten en los ríos Negro y Limay durante el trayecto.
El periplo inició en el río Limay de Neuquén y si bien resta completar los más de 30 kilómetros de los 770 kilómetros de recorrido, ayer la travesía ambiental realizada por el grupo “Salvemos los Ríos” intentaba llevarle la nota a la gobernadora Arabela Carreras.
La misma nota ya fue entregada al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, donde la agrupación pide que trabajen en conjunto por la salud de los ríos, en procura del objetivo del vertido cero.
"Presentamos más de 1.800 firmas pidiendo que considere analizar el dictado del Vertido Cero a los cuerpos de agua en nuestro territorio", indicó el grupo ambientalista.
Para esta travesía, se realizaron casi 750 kilómetros, divididas en 11 paradas tras el duro trayecto. Este último tramo fue uno de los más duros por la torrencial lluvia, aunque para fortuna de la agrupación arribaron a tiempo a Viedma.
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Fecha de Publicación: 15/01/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Bajo una torrencial lluvia arribó a Viedma la expedición “Salvemos los Ríos”. Este martes continuará la travesía que intentará arribar a El Cóndor. Mirá las fotos.
Unos 30 kilómetros restan para completar la segunda edición de la expedición “Salvemos los Ríos”. Este lunes arribaron a la capital rionegrina con el claro mensaje de frenar los contaminantes que se vierten en los ríos Negro y Limay durante el trayecto.
El periplo inició en el río Limay de Neuquén y si bien resta completar los más de 30 kilómetros de los 770 kilómetros de recorrido, ayer la travesía ambiental realizada por el grupo “Salvemos los Ríos” intentaba llevarle la nota a la gobernadora Arabela Carreras.
La misma nota ya fue entregada al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, donde la agrupación pide que trabajen en conjunto por la salud de los ríos, en procura del objetivo del vertido cero.
"Presentamos más de 1.800 firmas pidiendo que considere analizar el dictado del Vertido Cero a los cuerpos de agua en nuestro territorio", indicó el grupo ambientalista.
Para esta travesía, se realizaron casi 750 kilómetros, divididas en 11 paradas tras el duro trayecto. Este último tramo fue uno de los más duros por la torrencial lluvia, aunque para fortuna de la agrupación arribaron a tiempo a Viedma.
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El gato andino reapareció en Mendoza
Sorpresa en Mendoza: reapareció el felino más amenazado del continente
Fecha de Publicación: 14/01/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Mendoza
Tras 12 años de búsqueda, bajo un plan interinstitucional de seguimiento, reapareció en esta provincia un animal en vías de extinción, el felino más amenazado en el continente americano: el gato andino.
El sorpresivo avistaje se produjo en la Reserva Natural Villavicencio (RNV). Las tareas de vigilancia son llevadas a cabo por la Alianza Gato Andino, el sitio RAMSAR Villavicencio de la Fundación Villavicencio y la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, a través de la Dirección de Recursos Naturales, las cuales consisten en estaciones para el registro de presencia, utilizando cámaras trampa dentro del área protegida.
De acuerdo con los estudiosos de la fauna silvestre, el gato andino ( Leopardus jacobita) es un felino solitario de tamaño pequeño, un poco más grande que un gato doméstico, que habita en ambientes áridos, desde el centro de Perú hasta Mendoza y Neuquén en Argentina. Asimismo, se mueve por sitios aislados, con afloramientos rocosos donde habita su presa principal, el chinchillón ( Lagidiumviscacia).
"Esta dependencia de los roquedales, que están naturalmente aislados en el paisaje, asociada al difícil acceso y al carácter huidizo natural de los pequeños felinos, han hecho que sea una especie muy poco conocida a nivel mundial y se considera amenazada de extinción en toda su distribución. Las principales amenazas para la conservación de este elusivo felino en la región son la cacería por parte de los pobladores, ya sea por represalia o provocada por perros sin control, y el desarrollo de actividades de industrias extractivas que no incluyen a la especie en sus estudios de impacto ambiental", indicaron desde Ambiente.
Actualmente, el gato andino está considerado en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y es felino más amenazado del continente americano.
Vale recordar que en septiembre del 2008 se produjo un avistamiento dentro de la misma reserva, el cual fue luego confirmado por imágenes de cámaras trampa. Sin embargo, fue imposible conocer si correspondía a un animal residente o a un dispersante, ya que nunca se volvió a registrar su presencia en la reserva. Luego, en el 2012, la Alianza Gato Andino (AGA) publicó estudios referentes a la diversidad genética de la especie a escala global.
Por tal motivo, los resultados de los estudios colocaron a la RNV como un lugar de "importancia especial", ya que se encuentra en "zona de transición" entre la Unidad Evolutiva Significativa del norte de Argentina y la que se encuentra ubicada hacia el sur. "Esta información alienta a que los esfuerzos de conservación de estas poblaciones son considerablemente importantes para la perpetuidad de la especie", explicaron las autoridades.
De esta manera, con el fin de lograr la confirmación de la presencia de gato andino en la reserva y poder recolectar muestras para ser sometidas a análisis genéticos, comenzó un trabajo colaborativo entre todos los actores interesados. En julio del año 2019 se colocaron cámaras-trampa en diversas zonas de la reserva priorizando áreas donde hubiera mayores probabilidades de obtener registros de presencia de la especie.
"Gracias al trabajo colaborativo entre el sector privado, gubernamental y una organización internacional sin fines de lucro, se identificaron claramente dos individuos de gato andino. El reconocimiento de estos animales en el área reafirma la presencia de la especie en esta zona", indicó Humberto Mingorance, secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza.
Silvina Giudici, responsable de la RNV, expresó: "Este hallazgo nos trae muchas esperanzas y confirma que estamos en buen camino, y que el compromiso de conservación con el que Aguas Danone de Argentina trabaja desde hace ya 20 años nos demuestra, una vez más, la importancia de proteger nuestras riquezas naturales". En este sentido, agregó: "Esto se da en el marco de todas las acciones que realizamos desde Fundación Villavicencio para la protección y conservación de la reserva. Es así como en los últimos 10 año logramos eliminar los incendios forestales, bajar significativamente el impacto de la basura y prohibir el ingreso de cazadores furtivos y tramperos. Fue gracias al trabajo de nuestro personal en campo, a un área técnica dedicada a monitorear y lograr eficacia en el manejo del área, como así también a la educación de nuestros visitantes con cartelería en ruta, educación ambiental otorgada por nuestros guías intérpretes, y nuestro programa de Educación Ambiental".
Sobre el trabajo realizado en conjunto con la Asociación del Gato Andino (AGA) y el Ministerio de Ambiente provincial, afirmó: "La acción colaborativa e interinstitucional es para nosotros la base de nuestro trabajo, tanto con el Estado como con las universidades y el sector científico. Este es un ejemplo más de que se pueden lograr excelentes resultados trabajando en conjunto".
Por su parte, la Dirección de Recursos Naturales Renovables advierte a la población que los animales de fauna silvestre no pueden recibir el trato de las mascotas. Por tal motivo, recuerda que aquellos que se encuentren en presencia o conviviendo con la fauna silvestre se interioricen del daño que sus acciones pueden causar a estos ejemplares y el riesgo al equilibrio del Ecosistema que esto conlleva. Vale recordar que el comercio y tenencia están prohibidos por la normativa en materia de fauna silvestre: Ley Nacional 22421, de adhesión 4602 y 7308, reglamentada por el Decreto 1890/05.
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Fecha de Publicación: 14/01/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Mendoza
Tras 12 años de búsqueda, bajo un plan interinstitucional de seguimiento, reapareció en esta provincia un animal en vías de extinción, el felino más amenazado en el continente americano: el gato andino.
El sorpresivo avistaje se produjo en la Reserva Natural Villavicencio (RNV). Las tareas de vigilancia son llevadas a cabo por la Alianza Gato Andino, el sitio RAMSAR Villavicencio de la Fundación Villavicencio y la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, a través de la Dirección de Recursos Naturales, las cuales consisten en estaciones para el registro de presencia, utilizando cámaras trampa dentro del área protegida.
De acuerdo con los estudiosos de la fauna silvestre, el gato andino ( Leopardus jacobita) es un felino solitario de tamaño pequeño, un poco más grande que un gato doméstico, que habita en ambientes áridos, desde el centro de Perú hasta Mendoza y Neuquén en Argentina. Asimismo, se mueve por sitios aislados, con afloramientos rocosos donde habita su presa principal, el chinchillón ( Lagidiumviscacia).
"Esta dependencia de los roquedales, que están naturalmente aislados en el paisaje, asociada al difícil acceso y al carácter huidizo natural de los pequeños felinos, han hecho que sea una especie muy poco conocida a nivel mundial y se considera amenazada de extinción en toda su distribución. Las principales amenazas para la conservación de este elusivo felino en la región son la cacería por parte de los pobladores, ya sea por represalia o provocada por perros sin control, y el desarrollo de actividades de industrias extractivas que no incluyen a la especie en sus estudios de impacto ambiental", indicaron desde Ambiente.
Actualmente, el gato andino está considerado en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y es felino más amenazado del continente americano.
Vale recordar que en septiembre del 2008 se produjo un avistamiento dentro de la misma reserva, el cual fue luego confirmado por imágenes de cámaras trampa. Sin embargo, fue imposible conocer si correspondía a un animal residente o a un dispersante, ya que nunca se volvió a registrar su presencia en la reserva. Luego, en el 2012, la Alianza Gato Andino (AGA) publicó estudios referentes a la diversidad genética de la especie a escala global.
Por tal motivo, los resultados de los estudios colocaron a la RNV como un lugar de "importancia especial", ya que se encuentra en "zona de transición" entre la Unidad Evolutiva Significativa del norte de Argentina y la que se encuentra ubicada hacia el sur. "Esta información alienta a que los esfuerzos de conservación de estas poblaciones son considerablemente importantes para la perpetuidad de la especie", explicaron las autoridades.
De esta manera, con el fin de lograr la confirmación de la presencia de gato andino en la reserva y poder recolectar muestras para ser sometidas a análisis genéticos, comenzó un trabajo colaborativo entre todos los actores interesados. En julio del año 2019 se colocaron cámaras-trampa en diversas zonas de la reserva priorizando áreas donde hubiera mayores probabilidades de obtener registros de presencia de la especie.
"Gracias al trabajo colaborativo entre el sector privado, gubernamental y una organización internacional sin fines de lucro, se identificaron claramente dos individuos de gato andino. El reconocimiento de estos animales en el área reafirma la presencia de la especie en esta zona", indicó Humberto Mingorance, secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza.
Silvina Giudici, responsable de la RNV, expresó: "Este hallazgo nos trae muchas esperanzas y confirma que estamos en buen camino, y que el compromiso de conservación con el que Aguas Danone de Argentina trabaja desde hace ya 20 años nos demuestra, una vez más, la importancia de proteger nuestras riquezas naturales". En este sentido, agregó: "Esto se da en el marco de todas las acciones que realizamos desde Fundación Villavicencio para la protección y conservación de la reserva. Es así como en los últimos 10 año logramos eliminar los incendios forestales, bajar significativamente el impacto de la basura y prohibir el ingreso de cazadores furtivos y tramperos. Fue gracias al trabajo de nuestro personal en campo, a un área técnica dedicada a monitorear y lograr eficacia en el manejo del área, como así también a la educación de nuestros visitantes con cartelería en ruta, educación ambiental otorgada por nuestros guías intérpretes, y nuestro programa de Educación Ambiental".
Sobre el trabajo realizado en conjunto con la Asociación del Gato Andino (AGA) y el Ministerio de Ambiente provincial, afirmó: "La acción colaborativa e interinstitucional es para nosotros la base de nuestro trabajo, tanto con el Estado como con las universidades y el sector científico. Este es un ejemplo más de que se pueden lograr excelentes resultados trabajando en conjunto".
Por su parte, la Dirección de Recursos Naturales Renovables advierte a la población que los animales de fauna silvestre no pueden recibir el trato de las mascotas. Por tal motivo, recuerda que aquellos que se encuentren en presencia o conviviendo con la fauna silvestre se interioricen del daño que sus acciones pueden causar a estos ejemplares y el riesgo al equilibrio del Ecosistema que esto conlleva. Vale recordar que el comercio y tenencia están prohibidos por la normativa en materia de fauna silvestre: Ley Nacional 22421, de adhesión 4602 y 7308, reglamentada por el Decreto 1890/05.
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Denuncian desmontes en el sur tucumano
Ambientalistas denuncian desmonte en áreas protegidas del sur tucumano
Fecha de Publicación: 14/01/2020
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Aseguran que están arrasando con el bosque nativo en la zona de El Corralito y La Calera a unos 10 Km. al oeste de Juan Bautista Alberdi. Denuncian usurpaciones de tierras privadas para plantar citrus.
Para la agrupación ambientalista Fundación Ave Fénix, esta practica es de viaja data y ya fue denunciada en otros momentos. “En varias oportunidades hemos recibido denuncias, en este caso, de los habitantes de la zona de El Corralito y en La Calera pero también de otras partes del sur tucumano sobre talas ilegales y usurpación de tierra privadas para la colocación de citrus”, señalaron, desde la Fundación.
Ahora la preocupación se centra, porque aparecieron videos y fotos de desmontes en La Calera en el departamento Alberdi, presuntamente, dentro del área roja contemplada en la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
La ley establece tres tipos de zonas: La zona roja, en donde no está permitido realizar ninguna intervención productiva. Una zona amarilla, que está habilitada a emprendimientos silvopastoriles o turísticos y la zona verde, en donde si bien se puede autorizar un cambio de uso de suelo, se analiza distintos factores antes de darle viabilidad a un proyecto.
“La Calera y otras tierras están en áreas comprendidas por la Categoría I (roja), es decir sectores de muy alto valor de conservación que no deben desmontarse para mantenerse como bosque, es decir, no se pueden tocar”, explicó, a primerafuente, Gustavo Masmud, de la Fundación Ave Fénix.
El ambientalista, explicó además, que todo el material recogido por la organización referido a videos y fotos de los desmontes, fue debidamente enviando a las autoridades a la Secretaria de Medio Ambiente de la provincia y a la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos.
“Desde hace tiempo que venimos denunciando esta grave problemática. Las autoridades de la provincia, dentro del área que le compete, ya saben de esta situación. Pero nuestro deber es seguir denunciando y acompañando a los vecinos, porque esto es realmente grave. Parece que no toman conciencia del cambio climático que hay en el mundo, lo que sucede con las inundaciones, terremotos y los incendios forestales”, remarcó Masmud.
Reunión con autoridades del municipio de Alberdi
Preocupados, la Fundación Ave Fénix, durante la semana pasada, se reunió con funcionarios de de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Juan Bautista Alberdi, para colocar este problema de dentro de la agenda de esta cartera.
“Nos reunimos con Hugo Rodríguez, director de Medio Ambiente de la Municipalidad para plantearle esta problemática. Los vecinos de esta ciudad están muy preocupados por la tala indiscriminada y descontrolada de árboles. Ellos saben que en esta época del año sufren las inundaciones producto de estas prácticas prohibidas”, remarcaron los ambientalistas.
En tanto, desde Prensa Municipalidad de Alberdi hicieron publicó el cónclave, a través de la cuenta oficial del Factbook, donde se comprometieron a trabajar juntos por una cuidad sustentable.
“Con el fin de conformar una Mesa de Gestión y trabajar en conjunto continuamos las reuniones con organizaciones interesadas en el cuidado del medio ambiente. Nos reunimos con representantes de la Fundación Ecológica Ave Fénix, se trataron temas como el cumplimiento de la ley de bosques y la disposición final de los residuos de la industria azucarera. Trabajemos juntos por una ciudad sustentable”, reza la publicación. /por Rafael Medina-Horacio Arias: (video).
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Fecha de Publicación: 14/01/2020
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Aseguran que están arrasando con el bosque nativo en la zona de El Corralito y La Calera a unos 10 Km. al oeste de Juan Bautista Alberdi. Denuncian usurpaciones de tierras privadas para plantar citrus.
Para la agrupación ambientalista Fundación Ave Fénix, esta practica es de viaja data y ya fue denunciada en otros momentos. “En varias oportunidades hemos recibido denuncias, en este caso, de los habitantes de la zona de El Corralito y en La Calera pero también de otras partes del sur tucumano sobre talas ilegales y usurpación de tierra privadas para la colocación de citrus”, señalaron, desde la Fundación.
Ahora la preocupación se centra, porque aparecieron videos y fotos de desmontes en La Calera en el departamento Alberdi, presuntamente, dentro del área roja contemplada en la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
La ley establece tres tipos de zonas: La zona roja, en donde no está permitido realizar ninguna intervención productiva. Una zona amarilla, que está habilitada a emprendimientos silvopastoriles o turísticos y la zona verde, en donde si bien se puede autorizar un cambio de uso de suelo, se analiza distintos factores antes de darle viabilidad a un proyecto.
“La Calera y otras tierras están en áreas comprendidas por la Categoría I (roja), es decir sectores de muy alto valor de conservación que no deben desmontarse para mantenerse como bosque, es decir, no se pueden tocar”, explicó, a primerafuente, Gustavo Masmud, de la Fundación Ave Fénix.
El ambientalista, explicó además, que todo el material recogido por la organización referido a videos y fotos de los desmontes, fue debidamente enviando a las autoridades a la Secretaria de Medio Ambiente de la provincia y a la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos.
“Desde hace tiempo que venimos denunciando esta grave problemática. Las autoridades de la provincia, dentro del área que le compete, ya saben de esta situación. Pero nuestro deber es seguir denunciando y acompañando a los vecinos, porque esto es realmente grave. Parece que no toman conciencia del cambio climático que hay en el mundo, lo que sucede con las inundaciones, terremotos y los incendios forestales”, remarcó Masmud.
Reunión con autoridades del municipio de Alberdi
Preocupados, la Fundación Ave Fénix, durante la semana pasada, se reunió con funcionarios de de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Juan Bautista Alberdi, para colocar este problema de dentro de la agenda de esta cartera.
“Nos reunimos con Hugo Rodríguez, director de Medio Ambiente de la Municipalidad para plantearle esta problemática. Los vecinos de esta ciudad están muy preocupados por la tala indiscriminada y descontrolada de árboles. Ellos saben que en esta época del año sufren las inundaciones producto de estas prácticas prohibidas”, remarcaron los ambientalistas.
En tanto, desde Prensa Municipalidad de Alberdi hicieron publicó el cónclave, a través de la cuenta oficial del Factbook, donde se comprometieron a trabajar juntos por una cuidad sustentable.
“Con el fin de conformar una Mesa de Gestión y trabajar en conjunto continuamos las reuniones con organizaciones interesadas en el cuidado del medio ambiente. Nos reunimos con representantes de la Fundación Ecológica Ave Fénix, se trataron temas como el cumplimiento de la ley de bosques y la disposición final de los residuos de la industria azucarera. Trabajemos juntos por una ciudad sustentable”, reza la publicación. /por Rafael Medina-Horacio Arias: (video).
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Chubut apunta a la alerta temprana por el cambio climático
Cambio Climático: Chubut desarrollará un Sistema de Alerta Temprana
Fecha de Publicación: 14/01/2020
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
En el marco de desarrollo de políticas de Estado para paliar los efectos del Cambio Climático, el Gobierno del Chubut, el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, se encuentra trabajando en las bases de implementación de una red remota de monitoreo y alerta ambiental, denominada Sistema de Alerta Temprana (SAT); como también en los lineamientos metodológicos para la ejecución de planes de acción ante desastres específicos para las ciudades de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Trelew, Rawson y Esquel.
Bases de implementación
Al respecto, el ministro Eduardo Arzani manifestó que “la semana pasada en una reunión que tuve con el Intendente de Comodoro Rivadavia, le comunicamos que el proyecto ya cuenta con financiamiento, y que en las próximas semanas los equipos técnicos iban a entrar en contacto con Defensa Civil y con cada una de las áreas pertinentes de los cinco municipios”.
“El trabajo se realizará durante los próximos meses e incluirá el relevamiento y mapeo detallado del estado actual de situación de la gestión municipal de las ciudades identificadas -con especial relación a su capacidad de respuesta a desastres de origen natural o antrópico-, incluyendo la existencia de sistemas de monitoreo, planes de respuesta adecuado o planes de contingencia, mapas de riesgos así como equipamiento existente en materia de estaciones y sensores de medición de variables meteorológicas, hidrológicas y ambientales”, explicó el titular de la cartera Ambiental.
Asimismo, Arzani sostuvo que “en paralelo, se identificarán las áreas de mayor vulnerabilidad ante desastres naturales, como inundaciones o aluviones, entre otros; ante sucesos antrópicos, como derrames químicos o incendios; y capacidad de resiliencia a los cambios climáticos”, y agregó que “las líneas de base permitirán el desarrollo de planes de acción municipales que comprendan la implementación del SAT y protocolos de actuación adaptados a las necesidades de cada ciudad, los cuales, a su vez, deben ser acompañados de capacitaciones a profesionales, funcionarios técnicos y políticos, y referentes de la sociedad civil para la implementación y la puesta en marcha efectiva de todo lo desarrollado”.
Alerta, Acción y Capacitación
El proyecto de implementación del SAT está cofinanciado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y contará con especialistas de ciencias naturales y sociales, y expertos en informática y cambio climático. Actualmente, el SAT se constituye en una herramienta esencial para cualquier estrategia de adaptación a eventos extremos. Representa un conjunto de procedimientos e instrumentos mediante los cuales se estudia una amenaza o evento adverso de carácter previsible, se recolectan y procesan datos para obtener información que permita realizar pronósticos temporales sobre su acción y posibles efectos. Da la posibilidad de conocer anticipadamente y con cierto nivel de certeza en qué tiempo y espacio, una amenaza de tipo natural puede desencadenar situaciones potencialmente peligrosas.
La eficacia de estos sistemas se basa en el conocimiento de la existencia de riesgos y en la activa participación de la comunidad. Para ello se debe involucrar la educación como factor indispensable para la toma de conciencia ciudadana y diseminación eficiente de las alertas. Por ello, resulta fundamental conjugar la implementación del SAT con Planes de Acción minuciosos que contemplen no sólo los distintos riesgos y amenazas, sino también el mapeo y estrategia de comunicación y actuación articulada entre las diferentes comunidades y todos los actores involucrados.
Políticas frente al Cambio climático
En ese contexto, Arzani aseveró que “más allá de las diferentes proyecciones para cada región en particular, los impactos presentes y futuros de los cambios en los patrones climáticos afectarán a todos los países y ciudades por igual. La Provincia del Chubut no es ni será la excepción”, y subrayó que “hace años se observan los impactos y efectos más extremos y tangibles como inundaciones o incendios. Por eso, la prevención debe convertirse en una de las principales políticas de Estado”. “Luego de la firma y adhesión de la provincia a fines del 2019 a los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030 (ODS), la agenda vinculada al cambio climático, toma un lugar central en nuestra gestión”, finalizó el
Ministro de Ambiente.
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Fecha de Publicación: 14/01/2020
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
En el marco de desarrollo de políticas de Estado para paliar los efectos del Cambio Climático, el Gobierno del Chubut, el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, se encuentra trabajando en las bases de implementación de una red remota de monitoreo y alerta ambiental, denominada Sistema de Alerta Temprana (SAT); como también en los lineamientos metodológicos para la ejecución de planes de acción ante desastres específicos para las ciudades de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Trelew, Rawson y Esquel.
Bases de implementación
Al respecto, el ministro Eduardo Arzani manifestó que “la semana pasada en una reunión que tuve con el Intendente de Comodoro Rivadavia, le comunicamos que el proyecto ya cuenta con financiamiento, y que en las próximas semanas los equipos técnicos iban a entrar en contacto con Defensa Civil y con cada una de las áreas pertinentes de los cinco municipios”.
“El trabajo se realizará durante los próximos meses e incluirá el relevamiento y mapeo detallado del estado actual de situación de la gestión municipal de las ciudades identificadas -con especial relación a su capacidad de respuesta a desastres de origen natural o antrópico-, incluyendo la existencia de sistemas de monitoreo, planes de respuesta adecuado o planes de contingencia, mapas de riesgos así como equipamiento existente en materia de estaciones y sensores de medición de variables meteorológicas, hidrológicas y ambientales”, explicó el titular de la cartera Ambiental.
Asimismo, Arzani sostuvo que “en paralelo, se identificarán las áreas de mayor vulnerabilidad ante desastres naturales, como inundaciones o aluviones, entre otros; ante sucesos antrópicos, como derrames químicos o incendios; y capacidad de resiliencia a los cambios climáticos”, y agregó que “las líneas de base permitirán el desarrollo de planes de acción municipales que comprendan la implementación del SAT y protocolos de actuación adaptados a las necesidades de cada ciudad, los cuales, a su vez, deben ser acompañados de capacitaciones a profesionales, funcionarios técnicos y políticos, y referentes de la sociedad civil para la implementación y la puesta en marcha efectiva de todo lo desarrollado”.
Alerta, Acción y Capacitación
El proyecto de implementación del SAT está cofinanciado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y contará con especialistas de ciencias naturales y sociales, y expertos en informática y cambio climático. Actualmente, el SAT se constituye en una herramienta esencial para cualquier estrategia de adaptación a eventos extremos. Representa un conjunto de procedimientos e instrumentos mediante los cuales se estudia una amenaza o evento adverso de carácter previsible, se recolectan y procesan datos para obtener información que permita realizar pronósticos temporales sobre su acción y posibles efectos. Da la posibilidad de conocer anticipadamente y con cierto nivel de certeza en qué tiempo y espacio, una amenaza de tipo natural puede desencadenar situaciones potencialmente peligrosas.
La eficacia de estos sistemas se basa en el conocimiento de la existencia de riesgos y en la activa participación de la comunidad. Para ello se debe involucrar la educación como factor indispensable para la toma de conciencia ciudadana y diseminación eficiente de las alertas. Por ello, resulta fundamental conjugar la implementación del SAT con Planes de Acción minuciosos que contemplen no sólo los distintos riesgos y amenazas, sino también el mapeo y estrategia de comunicación y actuación articulada entre las diferentes comunidades y todos los actores involucrados.
Políticas frente al Cambio climático
En ese contexto, Arzani aseveró que “más allá de las diferentes proyecciones para cada región en particular, los impactos presentes y futuros de los cambios en los patrones climáticos afectarán a todos los países y ciudades por igual. La Provincia del Chubut no es ni será la excepción”, y subrayó que “hace años se observan los impactos y efectos más extremos y tangibles como inundaciones o incendios. Por eso, la prevención debe convertirse en una de las principales políticas de Estado”. “Luego de la firma y adhesión de la provincia a fines del 2019 a los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030 (ODS), la agenda vinculada al cambio climático, toma un lugar central en nuestra gestión”, finalizó el
Ministro de Ambiente.
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¿Es posible una minería sustentable?
¿Es posible una minería sustentable?
Fecha de Publicación: 13/01/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
El desafío que tiene el gobierno es crear instituciones y procesos que permitan construir un acuerdo social que sirva de base para el desarrollo de la actividad de manera sustentable. La minería puede ser plataforma de desarrollo de otras actividades dinámicas, como las de conocimiento, con un gran potencial exportador.
La minería en Argentina está de nuevo en el centro de la discusión. Se enfrentan dos posiciones opuestas en relación a los efectos que ésta tendría en el desarrollo del país. Una de ellas se centra en sus potenciales efectos negativos, por ejemplo, en el medio ambiente y en otras actividades como la agricultura, con la que compite por el uso de recursos escasos como el agua. La otra, rescata supuestos impactos positivos en el desarrollo económico, a través de la generación de divisas, impuestos, empleo y el fomento de otras actividades vinculadas. Las posiciones parecen irreconciliables y las posibilidades de desarrollar la actividad cada vez más lejanas.
El desafío al que se enfrenta el gobierno actual en este escenario no es el de elegir una u otra posición, y convencer a un sector de la sociedad o al otro. Ambas posturas deben ser consideradas. Abundan ejemplos de impactos positivos en el desarrollo económico en países como Canadá, Estados Unidos, Australia y Sudáfrica, como de efectos negativos de todo tipo. Uno muy cercano y reciente es la contaminación con cianuro, por un derrame en la mina Veladero, de cinco ríos en la provincia de San Juan.
El verdadero desafío que tiene el gobierno, entonces, es crear las instituciones y los procesos que permitan construir un acuerdo social que sirva de base para el desarrollo de la actividad de manera sustentable.
Ahora bien: ¿Por qué es tan importante llegar a un acuerdo social sobre el tema minería? ¿Puede llegarse a un acuerdo social sobre temas tan controversiales? ¿Cómo se llega a estos acuerdos? ¿Es un plebiscito el camino o hay otros más prometedores? ¿Podría en base a estos acuerdos realmente desarrollarse una minería sustentable?
La realidad es que la economía argentina necesita divisas. Las crisis recurrentes de balanza de pagos lo demuestran. El país históricamente exporta poco y sus exportaciones están concentradas en un sector: el agrícola, el que disfruta de un poder económico y político excesivo. Esta situación crónica es agravada actualmente, además, por la abultada deuda externa contraída durante el último gobierno, la cual se paga en dólares.
Cualquier actividad capaz de exportar y generar divisas, desafiando al mismo tiempo la supremacía del campo, será vista por el gobierno actual, por lo tanto, sin dudas, con ojos positivos. El sector minero es un excelente candidato, con un gran potencial comparable al de Chile (e.g. Pascua-Lama) hasta ahora inexplotado: Argentina exporta la décima parte que el país vecino.
Con las políticas correctas, además, ya es aceptado que la minería puede ser plataforma de desarrollo de otras actividades dinámicas, como las de conocimiento, con un gran potencial exportador. El ejemplo de Australia, donde se desarrolló una industria de tecnologías de la información que hoy exporta más que la minería es excelente. Finalmente, en la medida que se localiza en algunas de las provincias menos desarrolladas, esta actividad tiene también el potencial de contribuir al desarrollo local, lo cual parece crucial en un país con fuertes disparidades regionales como el nuestro.
Parece claro, sin embargo, que sin acuerdo social, construido de manera legítima, no hay posibilidades para el desarrollo de esta actividad en un país como Argentina, con menos del 30 por ciento de sus recursos conocidos explotados y ocho provincias que prohíben o limitan la actividad.
Los enfoques utilizados generalmente por las grandes empresas para ganar la denominada “licencia social” (permiso de las comunidades para operar) están mostrando resultados pobres. De hecho, hay más de 21 proyectos parados por conflictos sociales. Un plebiscito tampoco resuelve el conflicto, ya que simplemente hace que se imponga una visión sobre la otra.
Es necesario y urgente, por lo tanto , que desde el gobierno se generen las instituciones y procesos que sirvan para involucrar a diferentes sectores de la sociedad, tanto a nivel nacional como local, en la toma de decisiones con respecto a la minería. Estas instituciones deberían ser capaces de incidir en todos los temas que importan. Deberían, por ejemplo, poder redefinir radicalmente los modelos actuales de explotación con los cuales unas pocas empresas se llevan los beneficios y la mayor parte de la sociedad paga los costos ambientales. No hay ninguna posibilidad de que la actividad minera sea sustentable si las decisiones no se toman colectivamente, a través de un diálogo que reconozca tanto los potenciales efectos positivos como los negativos, quiénes ganan y pierden en diferentes escenarios y cómo se pueden revertir estos efectos.
El diálogo además debería tener objetivos transformadores. El trabajo llevado adelante por las empresas y los gobiernos para construir licencia social tiene como objetivo en general convencer, “educar”. El enfoque es asistencialista. No es sorprendente por lo tanto que la sociedad civil, informada, organizada y movilizada, no responda positivamente.
Un gobierno progresista como el de Alberto Fernández tiene la oportunidad y la obligación de utilizar otros enfoques, ser innovador y ambicioso. La aspiración en el mediano plazo debería ser incentivar cambios profundos, no solo en los modelos de gestión y distribución de rentas e ingresos; sino también en las tecnologías utilizadas y permitidas para operar. Sabemos de experiencias históricas en que las tecnologías se transforman y redireccionan a partir regulaciones, muchas de las cuales han surgido como respuesta a la presión social.
Así, el conflicto por el intento de reforma de la la ley 7722 en Mendoza, la que cuidando un recurso tan preciado como el agua, prohíbe la utilización de sustancia tóxicas en la minería metalífera, más que una limitación a la actividad, debería verse como una oportunidad para el cambio, si es trabajada socialmente con miras a que tenga un efecto transformador incentivando la búsqueda de métodos alternativos. El sistema legislativo, el cual le otorga un poder significativo a representantes temporarios, no debería tener la responsabilidad modificar leyes de esta naturaleza, con efectos de largo plazo irreversibles. Se debeos pensar otras alternativas.
Los procesos participativos puede derivar en resultados sorprendentes. La experiencia que están transitando otros países como los europeos, utilizando instituciones y procesos participativos a nivel regional para incentivar transformaciones hacia la sustentabilidad que aborden los desafíos del cambio climático, es alentadora.
En procesos que convocan e involucran amplios sectores de la sociedad, utilizando metodologías participativas de vanguardia, las que atienden cuestiones centrales como la diferencia de poder entre los actores, se ha logrado redefinir objetivos y pilotear políticas claves para iniciar procesos de transformación hacia la sustentabilidad con acuerdos entre los distintos tipos de actores, en principio, inesperados.
Por Anabel Marin
Conicet/CENIT-UNSAM EEyN.
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Fecha de Publicación: 13/01/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
El desafío que tiene el gobierno es crear instituciones y procesos que permitan construir un acuerdo social que sirva de base para el desarrollo de la actividad de manera sustentable. La minería puede ser plataforma de desarrollo de otras actividades dinámicas, como las de conocimiento, con un gran potencial exportador.
La minería en Argentina está de nuevo en el centro de la discusión. Se enfrentan dos posiciones opuestas en relación a los efectos que ésta tendría en el desarrollo del país. Una de ellas se centra en sus potenciales efectos negativos, por ejemplo, en el medio ambiente y en otras actividades como la agricultura, con la que compite por el uso de recursos escasos como el agua. La otra, rescata supuestos impactos positivos en el desarrollo económico, a través de la generación de divisas, impuestos, empleo y el fomento de otras actividades vinculadas. Las posiciones parecen irreconciliables y las posibilidades de desarrollar la actividad cada vez más lejanas.
El desafío al que se enfrenta el gobierno actual en este escenario no es el de elegir una u otra posición, y convencer a un sector de la sociedad o al otro. Ambas posturas deben ser consideradas. Abundan ejemplos de impactos positivos en el desarrollo económico en países como Canadá, Estados Unidos, Australia y Sudáfrica, como de efectos negativos de todo tipo. Uno muy cercano y reciente es la contaminación con cianuro, por un derrame en la mina Veladero, de cinco ríos en la provincia de San Juan.
El verdadero desafío que tiene el gobierno, entonces, es crear las instituciones y los procesos que permitan construir un acuerdo social que sirva de base para el desarrollo de la actividad de manera sustentable.
Ahora bien: ¿Por qué es tan importante llegar a un acuerdo social sobre el tema minería? ¿Puede llegarse a un acuerdo social sobre temas tan controversiales? ¿Cómo se llega a estos acuerdos? ¿Es un plebiscito el camino o hay otros más prometedores? ¿Podría en base a estos acuerdos realmente desarrollarse una minería sustentable?
La realidad es que la economía argentina necesita divisas. Las crisis recurrentes de balanza de pagos lo demuestran. El país históricamente exporta poco y sus exportaciones están concentradas en un sector: el agrícola, el que disfruta de un poder económico y político excesivo. Esta situación crónica es agravada actualmente, además, por la abultada deuda externa contraída durante el último gobierno, la cual se paga en dólares.
Cualquier actividad capaz de exportar y generar divisas, desafiando al mismo tiempo la supremacía del campo, será vista por el gobierno actual, por lo tanto, sin dudas, con ojos positivos. El sector minero es un excelente candidato, con un gran potencial comparable al de Chile (e.g. Pascua-Lama) hasta ahora inexplotado: Argentina exporta la décima parte que el país vecino.
Con las políticas correctas, además, ya es aceptado que la minería puede ser plataforma de desarrollo de otras actividades dinámicas, como las de conocimiento, con un gran potencial exportador. El ejemplo de Australia, donde se desarrolló una industria de tecnologías de la información que hoy exporta más que la minería es excelente. Finalmente, en la medida que se localiza en algunas de las provincias menos desarrolladas, esta actividad tiene también el potencial de contribuir al desarrollo local, lo cual parece crucial en un país con fuertes disparidades regionales como el nuestro.
Parece claro, sin embargo, que sin acuerdo social, construido de manera legítima, no hay posibilidades para el desarrollo de esta actividad en un país como Argentina, con menos del 30 por ciento de sus recursos conocidos explotados y ocho provincias que prohíben o limitan la actividad.
Los enfoques utilizados generalmente por las grandes empresas para ganar la denominada “licencia social” (permiso de las comunidades para operar) están mostrando resultados pobres. De hecho, hay más de 21 proyectos parados por conflictos sociales. Un plebiscito tampoco resuelve el conflicto, ya que simplemente hace que se imponga una visión sobre la otra.
Es necesario y urgente, por lo tanto , que desde el gobierno se generen las instituciones y procesos que sirvan para involucrar a diferentes sectores de la sociedad, tanto a nivel nacional como local, en la toma de decisiones con respecto a la minería. Estas instituciones deberían ser capaces de incidir en todos los temas que importan. Deberían, por ejemplo, poder redefinir radicalmente los modelos actuales de explotación con los cuales unas pocas empresas se llevan los beneficios y la mayor parte de la sociedad paga los costos ambientales. No hay ninguna posibilidad de que la actividad minera sea sustentable si las decisiones no se toman colectivamente, a través de un diálogo que reconozca tanto los potenciales efectos positivos como los negativos, quiénes ganan y pierden en diferentes escenarios y cómo se pueden revertir estos efectos.
El diálogo además debería tener objetivos transformadores. El trabajo llevado adelante por las empresas y los gobiernos para construir licencia social tiene como objetivo en general convencer, “educar”. El enfoque es asistencialista. No es sorprendente por lo tanto que la sociedad civil, informada, organizada y movilizada, no responda positivamente.
Un gobierno progresista como el de Alberto Fernández tiene la oportunidad y la obligación de utilizar otros enfoques, ser innovador y ambicioso. La aspiración en el mediano plazo debería ser incentivar cambios profundos, no solo en los modelos de gestión y distribución de rentas e ingresos; sino también en las tecnologías utilizadas y permitidas para operar. Sabemos de experiencias históricas en que las tecnologías se transforman y redireccionan a partir regulaciones, muchas de las cuales han surgido como respuesta a la presión social.
Así, el conflicto por el intento de reforma de la la ley 7722 en Mendoza, la que cuidando un recurso tan preciado como el agua, prohíbe la utilización de sustancia tóxicas en la minería metalífera, más que una limitación a la actividad, debería verse como una oportunidad para el cambio, si es trabajada socialmente con miras a que tenga un efecto transformador incentivando la búsqueda de métodos alternativos. El sistema legislativo, el cual le otorga un poder significativo a representantes temporarios, no debería tener la responsabilidad modificar leyes de esta naturaleza, con efectos de largo plazo irreversibles. Se debeos pensar otras alternativas.
Los procesos participativos puede derivar en resultados sorprendentes. La experiencia que están transitando otros países como los europeos, utilizando instituciones y procesos participativos a nivel regional para incentivar transformaciones hacia la sustentabilidad que aborden los desafíos del cambio climático, es alentadora.
En procesos que convocan e involucran amplios sectores de la sociedad, utilizando metodologías participativas de vanguardia, las que atienden cuestiones centrales como la diferencia de poder entre los actores, se ha logrado redefinir objetivos y pilotear políticas claves para iniciar procesos de transformación hacia la sustentabilidad con acuerdos entre los distintos tipos de actores, en principio, inesperados.
Por Anabel Marin
Conicet/CENIT-UNSAM EEyN.
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Mendoza busca reactivar la mina Potasio Río Colorado
El pacto confidencial entre Vale y Mendoza para reactivar una mina
Fecha de Publicación: 13/01/2020
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
El Gobierno firmó el año pasado un acuerdo de confidencialidad con Vale para cruzar información sensible del proyecto Potasio Río Colorado. Buscan que la empresa brasileña transfiera las acciones del proyecto, con todos los activos. Así, Vale evitaría que le quiten los derechos mineros o sanciones.
La Provincia busca reactivar la mina Potasio Río Colorado, en Malargüe, pero antes de ello necesita retomar el poder sobre los derechos mineros y la infraestructura que la empresa brasileña Vale dejó en el Sur cuando abandonó la mina. El camino para la reactivación es complejo. Ante los problemas de la empresa Vale, Mendoza eligió la negociación antes que la sanción y por eso para retomar el poder sobre el Gobierno no le quitará la concesión a la empresa brasileña sino que buscarán una transferencia de acciones del proyecto de manera “gratuita”.
Así está establecido en el acuerdo que firmaron el año pasado para avanzar en las negociaciones y que tiene una particularidad. Ese contrato tiene cláusulas secretas e información confidencial que el Estado local se comprometió a cumplir. Se trata de información técnica, financiera y hasta de los problemas potenciales que tiene el emprendimiento que, según Vale, no pueden difundirse porque podrían complicar cualquier negociación. La Provincia solicitó informes detallados como parte de una auditoría realizada sobre el emprendimiento.
El Gobierno apuesta a que Potasio Río Colorado sea explotada, aunque con un proyecto menor al original. Para ello están avanzadas las negociaciones con la empresa estatal china Shanghai Potash, que explota esos recursos pero además investiga y desarrolla tecnología. Antes, el Estado debe recuperar los derechos.
Desde que Vale abandonó la mina logró sortear las sanciones que podían caberle, como la quita de la concesión minera; derecho que podría haber perdido hace tiempo. Eso ocurrió gracias a los acuerdos que firmaron Vale y Mendoza para intentar replanificar el proyecto y que generaron un “nuevo comienzo”. En 2016, por ejemplo, se firmó un acta donde se acordaban los parámetros económicos y de rentabilidad de “un complejo industrial destinado a la producción de cloruro de potasio”. Es decir, lo mismo que antes pero de otra magnitud. La intención era buscar financistas. Un año después, la empresa presentó el estudio de factibilidad económica. El análisis determinó que el proyecto debía avanzar cuando cambien las condiciones y que “no era conveniente avanzar con la búsqueda del inversor”.
Las condiciones económicas no se modificaron y se vencen los plazos: había dos años para hallar una salida con el proyecto aún en manos de Vale, pero nunca se concretó. Por eso la alternativa más firme es “la posibilidad que las acciones de PRC sean trasferidas a la Provincia”. Es decir, que Vale no sea sancionada y que no pierda los derechos mineros, sino que como empresa le pase a la Provincia el paquete. Eso incluye los derechos y la infraestructura montada en Malargüe. Si eso ocurre, la Empresa Mendocina de Energía podría ser el destinatario de las acciones. Rodolfo Suarez tiene en carpeta la creación de una empresa provincial de minería. Claro que esa idea era cuando el plan de desarrollar la minería estaba vigente, antes del rechazo social a la modificación de la ley 7722.
Para analizar las alternativas, Vale abrió la caja negra de Potasio Río Colorado. Es decir, toda la información comercial, impositiva, laboral, judicial, técnica, ambiental y todo lo referido al proyecto. Pero esa documentación es clasificada y el Gobierno aseguró confidencialidad. “Por el mencionado Acuerdo de Confidencialidad, la Provincia se obliga a mantener y guardar en estricta reserva y absoluta confidencialidad toda la información escrita u oral que Potasio Río Colorado entregue con posterioridad a la vigencia de este acuerdo y cualquier negociación relacionada a la transferencia de las acciones de la Empresa a la Provincia para que ésta promueva la reactivación del proyecto minero Potasio Rio Colorado, mediante la transferencia posterior de las acciones a algún inversor vinculado o no a la Provincia”, dice el Decreto donde se ratifica el acuerdo de secretismo informativo.
La historia de un proyecto trunco
Potasio Río Colorado es un hito en la historia de Mendoza dentro de los intentos de desarrollo de la minería. El yacimiento es uno de los más importantes del mundo y es rico en potasio, un fertilizante que tuvo un alto valor pero ahora está depreciado.
Primero estuvo a cargo de la empresa inglesa Río Tinto, que avanzó en el desarrollo técnico, la factibilidad económica y también ambiental. Incluso hubo ambientalistas mendocinos que viajaron al Reino Unido para explicar su posición sobre la minería y en particular sobre PRC. Esa empresa luego vendió todo a Vale, la empresa brasileña que era una de las más grandes del mundo y que ahora está en decadencia por problemas financieros y ambientales.
La construcción de la mina comenzó y era una de las inversiones más grandes del país. Un consorcio que estaba formado, entre otros, la empresa Odebrecht estaba a cargo de la obra civil y una red de empresas mendocinas se unió. Más de 3 mil personas trabajaban en la construcción. El Estado, incluso, cobró regalías por adelantado y un “fondo solidario” que se había creado. Pero todo de derrumbó de un día para otro de manera dramática: el gobernador de Mendoza se enteró de rebote, pues la empresa informó que se iba a Presidencia de la Nación.
La idea proyectada pro Shanghai Potash es construir una planta piloto para producir un 5% de lo que Vale había previsto originalmente. El proyecto original preveía extraer y exportar 4 millones de toneladas de potasio. Ahora extraerían 200 mil toneladas al año, pero con la posibilidad de industrializar una parte de ese mineral en Mendoza.
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Fecha de Publicación: 13/01/2020
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
El Gobierno firmó el año pasado un acuerdo de confidencialidad con Vale para cruzar información sensible del proyecto Potasio Río Colorado. Buscan que la empresa brasileña transfiera las acciones del proyecto, con todos los activos. Así, Vale evitaría que le quiten los derechos mineros o sanciones.
La Provincia busca reactivar la mina Potasio Río Colorado, en Malargüe, pero antes de ello necesita retomar el poder sobre los derechos mineros y la infraestructura que la empresa brasileña Vale dejó en el Sur cuando abandonó la mina. El camino para la reactivación es complejo. Ante los problemas de la empresa Vale, Mendoza eligió la negociación antes que la sanción y por eso para retomar el poder sobre el Gobierno no le quitará la concesión a la empresa brasileña sino que buscarán una transferencia de acciones del proyecto de manera “gratuita”.
Así está establecido en el acuerdo que firmaron el año pasado para avanzar en las negociaciones y que tiene una particularidad. Ese contrato tiene cláusulas secretas e información confidencial que el Estado local se comprometió a cumplir. Se trata de información técnica, financiera y hasta de los problemas potenciales que tiene el emprendimiento que, según Vale, no pueden difundirse porque podrían complicar cualquier negociación. La Provincia solicitó informes detallados como parte de una auditoría realizada sobre el emprendimiento.
El Gobierno apuesta a que Potasio Río Colorado sea explotada, aunque con un proyecto menor al original. Para ello están avanzadas las negociaciones con la empresa estatal china Shanghai Potash, que explota esos recursos pero además investiga y desarrolla tecnología. Antes, el Estado debe recuperar los derechos.
Desde que Vale abandonó la mina logró sortear las sanciones que podían caberle, como la quita de la concesión minera; derecho que podría haber perdido hace tiempo. Eso ocurrió gracias a los acuerdos que firmaron Vale y Mendoza para intentar replanificar el proyecto y que generaron un “nuevo comienzo”. En 2016, por ejemplo, se firmó un acta donde se acordaban los parámetros económicos y de rentabilidad de “un complejo industrial destinado a la producción de cloruro de potasio”. Es decir, lo mismo que antes pero de otra magnitud. La intención era buscar financistas. Un año después, la empresa presentó el estudio de factibilidad económica. El análisis determinó que el proyecto debía avanzar cuando cambien las condiciones y que “no era conveniente avanzar con la búsqueda del inversor”.
Las condiciones económicas no se modificaron y se vencen los plazos: había dos años para hallar una salida con el proyecto aún en manos de Vale, pero nunca se concretó. Por eso la alternativa más firme es “la posibilidad que las acciones de PRC sean trasferidas a la Provincia”. Es decir, que Vale no sea sancionada y que no pierda los derechos mineros, sino que como empresa le pase a la Provincia el paquete. Eso incluye los derechos y la infraestructura montada en Malargüe. Si eso ocurre, la Empresa Mendocina de Energía podría ser el destinatario de las acciones. Rodolfo Suarez tiene en carpeta la creación de una empresa provincial de minería. Claro que esa idea era cuando el plan de desarrollar la minería estaba vigente, antes del rechazo social a la modificación de la ley 7722.
Para analizar las alternativas, Vale abrió la caja negra de Potasio Río Colorado. Es decir, toda la información comercial, impositiva, laboral, judicial, técnica, ambiental y todo lo referido al proyecto. Pero esa documentación es clasificada y el Gobierno aseguró confidencialidad. “Por el mencionado Acuerdo de Confidencialidad, la Provincia se obliga a mantener y guardar en estricta reserva y absoluta confidencialidad toda la información escrita u oral que Potasio Río Colorado entregue con posterioridad a la vigencia de este acuerdo y cualquier negociación relacionada a la transferencia de las acciones de la Empresa a la Provincia para que ésta promueva la reactivación del proyecto minero Potasio Rio Colorado, mediante la transferencia posterior de las acciones a algún inversor vinculado o no a la Provincia”, dice el Decreto donde se ratifica el acuerdo de secretismo informativo.
La historia de un proyecto trunco
Potasio Río Colorado es un hito en la historia de Mendoza dentro de los intentos de desarrollo de la minería. El yacimiento es uno de los más importantes del mundo y es rico en potasio, un fertilizante que tuvo un alto valor pero ahora está depreciado.
Primero estuvo a cargo de la empresa inglesa Río Tinto, que avanzó en el desarrollo técnico, la factibilidad económica y también ambiental. Incluso hubo ambientalistas mendocinos que viajaron al Reino Unido para explicar su posición sobre la minería y en particular sobre PRC. Esa empresa luego vendió todo a Vale, la empresa brasileña que era una de las más grandes del mundo y que ahora está en decadencia por problemas financieros y ambientales.
La construcción de la mina comenzó y era una de las inversiones más grandes del país. Un consorcio que estaba formado, entre otros, la empresa Odebrecht estaba a cargo de la obra civil y una red de empresas mendocinas se unió. Más de 3 mil personas trabajaban en la construcción. El Estado, incluso, cobró regalías por adelantado y un “fondo solidario” que se había creado. Pero todo de derrumbó de un día para otro de manera dramática: el gobernador de Mendoza se enteró de rebote, pues la empresa informó que se iba a Presidencia de la Nación.
La idea proyectada pro Shanghai Potash es construir una planta piloto para producir un 5% de lo que Vale había previsto originalmente. El proyecto original preveía extraer y exportar 4 millones de toneladas de potasio. Ahora extraerían 200 mil toneladas al año, pero con la posibilidad de industrializar una parte de ese mineral en Mendoza.
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La Pampa: aumentó el rescate de fauna
«Tiene más presión de captura y tráfico»
Fecha de Publicación: 13/01/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
La Dirección de Recursos Naturales de La Pampa informó que durante el año 2019 se rescataron más de 270 animales de fauna silvestre que estaban en cautiverio en la provincia. «Una de las especies que más hemos rescatado es el cardenal amarillo, que es una de las aves con mayor presión de captura y de tráfico», aseguró Federico Bruno, subdirector de Recursos Naturales.
En diálogo con Radio Noticias, el funcionario también explicó que, además del cardenal, han rescatado aves rapaces, tortugas, zorros e incluso animales exóticos. «En Quemú-Quemú dimos con un coleccionista de fauna exótica que tenía alrededor de 50 ejemplares de víboras, boas, alacranes y hasta cucarachas de Madagascar, todo de manera irregular, comprados en lugares que se dedican al tráfico», comentó.
Al ser consultado respecto del proceso de rescate, Bruno expresó que «no es sencillo, tiene que haber entrega voluntaria y si no tenemos que ir con una orden de allanamiento». Y agregó que reciben cerca de seis denuncias semanales, aunque suele pasar que se confunden cardenales con canarios, que sí se pueden tener en cautiverio.
Tortugas.
Un dato llamativo en cuanto al cautiverio de tortugas, es que, según Bruno, «después que salió la canción Manuelita, de María Elena Walsh, la demanda de tortugas en los grandes centros urbanos creció un 70 por ciento».
También explicó que la tenencia de estos animales en cautiverio tiene consecuencias como la descalcificación: «Naturalizamos que comen lechuga y zapallo, pero en la naturaleza no comen nada de eso, su alimentación va desde cactus hasta carroña».
Dijo además que, al ser especies longevas, suelen vivir más que el dueño original. «Nos están trayendo muchas tortugas cuando el abuelo se muere y el nieto sabe que está mal tenerlas y las trae», ejemplificó.
Reinserción.
El funcionario también contó que tras las tareas de rescate se hace una revisión sanitaria para ver en qué condiciones están los animales y evaluar cuándo es más factible liberarlos en su hábitat. Explicó que algunas especies, con excepción de los pájaros que comen semillas, necesitan ser entrenados para luego liberarlos. «Suele pasar que encuentran un águila, lo sacan del nido para llevarlo a jaula y cuando los rescatamos es muy difícil que vuelva a la naturaleza porque no se saben adaptar», sostuvo.
En ese sentido, indicó que les tienen que enseñar a cazar para que puedan alimentarse. «Trabajamos con el grupo de cetrería de Colonia Barón y hemos liberado muchas especies incluso con radiotransmisores para ver qué movimientos tenían», afirmó.
Educación.
Uno de los lineamientos que trabaja el área es la educación y concientización ambiental, por ejemplo, con charlas en escuelas. «Como anécdota, en 2016 salimos a las escuelas y los chicos nos decían que conocían al cardenal por tenerlo en jaula. Vimos que teníamos que revertir esa situación, que sepan que no se puede tener en jaula, promoviendo que los chicos puedan decirle a sus padres que el animal debe estar en libertad», sostuvo Bruno.
Y cerró: «Eso llevó a que hayan muchas más denuncias de gente que tenía animales en cautiverio, sobre todo de tráfico, de venta de esos animales».
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Fecha de Publicación: 13/01/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
La Dirección de Recursos Naturales de La Pampa informó que durante el año 2019 se rescataron más de 270 animales de fauna silvestre que estaban en cautiverio en la provincia. «Una de las especies que más hemos rescatado es el cardenal amarillo, que es una de las aves con mayor presión de captura y de tráfico», aseguró Federico Bruno, subdirector de Recursos Naturales.
En diálogo con Radio Noticias, el funcionario también explicó que, además del cardenal, han rescatado aves rapaces, tortugas, zorros e incluso animales exóticos. «En Quemú-Quemú dimos con un coleccionista de fauna exótica que tenía alrededor de 50 ejemplares de víboras, boas, alacranes y hasta cucarachas de Madagascar, todo de manera irregular, comprados en lugares que se dedican al tráfico», comentó.
Al ser consultado respecto del proceso de rescate, Bruno expresó que «no es sencillo, tiene que haber entrega voluntaria y si no tenemos que ir con una orden de allanamiento». Y agregó que reciben cerca de seis denuncias semanales, aunque suele pasar que se confunden cardenales con canarios, que sí se pueden tener en cautiverio.
Tortugas.
Un dato llamativo en cuanto al cautiverio de tortugas, es que, según Bruno, «después que salió la canción Manuelita, de María Elena Walsh, la demanda de tortugas en los grandes centros urbanos creció un 70 por ciento».
También explicó que la tenencia de estos animales en cautiverio tiene consecuencias como la descalcificación: «Naturalizamos que comen lechuga y zapallo, pero en la naturaleza no comen nada de eso, su alimentación va desde cactus hasta carroña».
Dijo además que, al ser especies longevas, suelen vivir más que el dueño original. «Nos están trayendo muchas tortugas cuando el abuelo se muere y el nieto sabe que está mal tenerlas y las trae», ejemplificó.
Reinserción.
El funcionario también contó que tras las tareas de rescate se hace una revisión sanitaria para ver en qué condiciones están los animales y evaluar cuándo es más factible liberarlos en su hábitat. Explicó que algunas especies, con excepción de los pájaros que comen semillas, necesitan ser entrenados para luego liberarlos. «Suele pasar que encuentran un águila, lo sacan del nido para llevarlo a jaula y cuando los rescatamos es muy difícil que vuelva a la naturaleza porque no se saben adaptar», sostuvo.
En ese sentido, indicó que les tienen que enseñar a cazar para que puedan alimentarse. «Trabajamos con el grupo de cetrería de Colonia Barón y hemos liberado muchas especies incluso con radiotransmisores para ver qué movimientos tenían», afirmó.
Educación.
Uno de los lineamientos que trabaja el área es la educación y concientización ambiental, por ejemplo, con charlas en escuelas. «Como anécdota, en 2016 salimos a las escuelas y los chicos nos decían que conocían al cardenal por tenerlo en jaula. Vimos que teníamos que revertir esa situación, que sepan que no se puede tener en jaula, promoviendo que los chicos puedan decirle a sus padres que el animal debe estar en libertad», sostuvo Bruno.
Y cerró: «Eso llevó a que hayan muchas más denuncias de gente que tenía animales en cautiverio, sobre todo de tráfico, de venta de esos animales».
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