La Alumbrera: revocan sobreseimiento a ex directivo
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Procesan nuevamente a un exCEO de Minera La Alumbrera
Fecha de Publicación: 19/04/2019
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
El Juzgado Federal Nº2 de Tucumán revocó el sobreseimiento de Julian Patricio Rooney luego de hace lugar a una apelación presentada por un grupo ecologista.
El Juzgado Federal Número 2 de Tucumán revocó el sobreseimiento del exCEO de Minera La Alumbrera Julian Rooney, luego de hacer lugar a una apelación presentada por una organización ecologista tucumana, PRO ECO Grupo Ecologista.
El exjefe corporativo volvió a ser procesado por el delito contaminación en la provincia, y junto a Raúl Pedro Mentz se suma a los directivos señalados en la causa que inició en 1999 por el tratamiento de residuos extraídos en Catamarca, pero que eran tratados en plantas que la compañía tenía en Tucumán.
Rooney había sido procesado en 2006 y sobreseído en 2016, lo que provocó que la organización ecologista, que actúa como querellante en la causa apeló esa medida, luego la cámara requirió nuevamente su procesamiento y el juzgado Nro. 2 solicitó además otros informes adicionales al Comité de Cuencas Salí Dulce, al Instituto Miguel Lillo y la Dirección de Minería de Tucumán, lo que profundizó el procesamiento de Rooney.
“Lo importante de este fallo, que justamente ya son dos los procesados por el delito de contaminación ambiental y que están en infracción al artículo 55, de la ley nacional 24051, que es una ley de residuos peligrosos que es la que controla a nivel nacional todos los efluentes industriales y de metales pesados”, explicó Freddy Carbonel, integrante de PRO ECO Grupo Ecologista.
Acerca de los puntos sobresalientes del fallo, Carbonel destaca que “allí se anuncia que si bien Roomey no era un partícipe directo, pero fue un partícipe primario, como lo llama la justicia. El estaba encargado de las finanzas, pero no tenía que dejar de lado los aspectos ambientales de esa explotación en Catamarca y en Tucumán”.
“Ellos dicen que no contaminan porque se ampara en una legislación provincial de Tucumán. Esta ley está hecha su medida, porque permite el volcado de efluentes de la minería y de otras industrias pesadas de Tucumán. Esas leyes son inconstitucionales bajo el amparo de la ley nacional. Esto lo venimos denunciando y justamente este fallo a nivel federal nos marca que la ley 24.051 es la que se debe aplicar y por la cual se procesa a estos ex gerentes corporativos de La Alumbrera”, agregó el ecologista al sitio Canal Abierto.
Y cerró: “otra cosa fundamental que hizo el juez es marcar claramente que este es un delito de peligro y no un delito concreto. Es un delito que puede afectar a la salud y al ambiente. Y es un delito continuado y eso queda claro en el fallo, dado que la explotación se realizó entre 1997 y 2018”.
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Fecha de Publicación: 19/04/2019
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
El Juzgado Federal Nº2 de Tucumán revocó el sobreseimiento de Julian Patricio Rooney luego de hace lugar a una apelación presentada por un grupo ecologista.
El Juzgado Federal Número 2 de Tucumán revocó el sobreseimiento del exCEO de Minera La Alumbrera Julian Rooney, luego de hacer lugar a una apelación presentada por una organización ecologista tucumana, PRO ECO Grupo Ecologista.
El exjefe corporativo volvió a ser procesado por el delito contaminación en la provincia, y junto a Raúl Pedro Mentz se suma a los directivos señalados en la causa que inició en 1999 por el tratamiento de residuos extraídos en Catamarca, pero que eran tratados en plantas que la compañía tenía en Tucumán.
Rooney había sido procesado en 2006 y sobreseído en 2016, lo que provocó que la organización ecologista, que actúa como querellante en la causa apeló esa medida, luego la cámara requirió nuevamente su procesamiento y el juzgado Nro. 2 solicitó además otros informes adicionales al Comité de Cuencas Salí Dulce, al Instituto Miguel Lillo y la Dirección de Minería de Tucumán, lo que profundizó el procesamiento de Rooney.
“Lo importante de este fallo, que justamente ya son dos los procesados por el delito de contaminación ambiental y que están en infracción al artículo 55, de la ley nacional 24051, que es una ley de residuos peligrosos que es la que controla a nivel nacional todos los efluentes industriales y de metales pesados”, explicó Freddy Carbonel, integrante de PRO ECO Grupo Ecologista.
Acerca de los puntos sobresalientes del fallo, Carbonel destaca que “allí se anuncia que si bien Roomey no era un partícipe directo, pero fue un partícipe primario, como lo llama la justicia. El estaba encargado de las finanzas, pero no tenía que dejar de lado los aspectos ambientales de esa explotación en Catamarca y en Tucumán”.
“Ellos dicen que no contaminan porque se ampara en una legislación provincial de Tucumán. Esta ley está hecha su medida, porque permite el volcado de efluentes de la minería y de otras industrias pesadas de Tucumán. Esas leyes son inconstitucionales bajo el amparo de la ley nacional. Esto lo venimos denunciando y justamente este fallo a nivel federal nos marca que la ley 24.051 es la que se debe aplicar y por la cual se procesa a estos ex gerentes corporativos de La Alumbrera”, agregó el ecologista al sitio Canal Abierto.
Y cerró: “otra cosa fundamental que hizo el juez es marcar claramente que este es un delito de peligro y no un delito concreto. Es un delito que puede afectar a la salud y al ambiente. Y es un delito continuado y eso queda claro en el fallo, dado que la explotación se realizó entre 1997 y 2018”.
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Tucumán
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Megabasural salteño inspeccionado por la justicia
Vertedero San Javier: la inspección verificó las denuncias hechas por contaminación
Fecha de Publicación: 19/04/2019
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
En el marco de un amparo ambiental contra la empresa Agrotécnica Fueguina, el juez a cargo, Marcelo Domínguez, realizó una inspección ocular en el Vertedero San Javier, de la zona sur de Salta.
En 2016 la empresa Agrotécnica Fueguina extendió su contrato con la Municipalidad de Salta y se comprometió a construir el módulo San Javier N° 4 y ejecutar un plan de contingencia y saneamiento del módulo N°1. El incumplimiento de estos ítems derivó en la investigación que se lleva a la empresa.
Jorgelina Franco, ex concejal del Partido Obrero y vecina del barrio Solidaridad, denunció a la empresa por violar su contrato y contaminar al medio ambiente.
Al finalizar la inspección el Juez informó el proceso de investigación es "complejo" ya que requiere de pruebas que no se han producido porque no son fáciles de obtener, debido "a la falta de especialistas".
En representación de vecinos afectados, Jorgelina contó que esperan tener un resultado objetivo ya que la visita no hizo más que comprobar las denuncias hechas contra la empresa: “Todo lo que se planteó en el juicio continúa igual que en un principio. No se avanzó en nada”, afirmó.
Por su parte Cristina Foffani, concejal del Partido Obrero, aseguró a LA GACETA que presentarán un informe escrito para dar el paso legal, solicitando al Intendente que inicie el funcionamiento de la cuarta trinchera en 30 días.
La funcionaria apuntó directamente contra la empresa por ser responsable de un desastre ambiental.
Además, hizo hincapié en la cantidad de dinero que Agrotecnica recibe para cumplir con el contrato: “Les pagan dos millones a diario y no quieren gastar en inversiones, mientras que esto significa un aumento de las enfermedades. Es un contrato, la empresa está cobrando por eso”, dijo.
Agrotecnica Fueguina, por su parte, se limito a emitir palabras al respecto, exponiendo que se recibió al juez y se respondió a todos sus requerimientos.
El vertedero barrial
Mal olor, plásticos que llegan con el viento, animales muertos, ratas y niños con enfermedades dérmicas son algunas de los problemas que poseen las familias que viven alrededor del Vertedero.
Barrios que están a dos cuadras del San Javier parecieran ser, en sí mismos, un basural.
Cansada de ver cómo la gente tira basura a metros de su casa, Beatriz Vásquez, contó a LA GACETA que el barrio Solidaridad nunca cambió en los 15 años que lleva allí.
“Cuando llueve fuerte no se puede aguantar el olor ni sentado afuera”, contó apuntando al basural que está frente a su casa. Además, se mostró asustada porque frecuentemente encuentra ratas y víboras de gran tamaño.
Beatriz tiene nietos y recordó una frase que su hijo le dijo después de haberse acercado a las puertas del Vertedero: “He salido casi llorando, es mi hija la que he visto ahí, mamá. Toda sucia y embarrada. Los chiquitos están ahí metidos”, le dijo luego de observar a una niña juntando basura con su mamá.
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Fecha de Publicación: 19/04/2019
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
En el marco de un amparo ambiental contra la empresa Agrotécnica Fueguina, el juez a cargo, Marcelo Domínguez, realizó una inspección ocular en el Vertedero San Javier, de la zona sur de Salta.
En 2016 la empresa Agrotécnica Fueguina extendió su contrato con la Municipalidad de Salta y se comprometió a construir el módulo San Javier N° 4 y ejecutar un plan de contingencia y saneamiento del módulo N°1. El incumplimiento de estos ítems derivó en la investigación que se lleva a la empresa.
Jorgelina Franco, ex concejal del Partido Obrero y vecina del barrio Solidaridad, denunció a la empresa por violar su contrato y contaminar al medio ambiente.
Al finalizar la inspección el Juez informó el proceso de investigación es "complejo" ya que requiere de pruebas que no se han producido porque no son fáciles de obtener, debido "a la falta de especialistas".
En representación de vecinos afectados, Jorgelina contó que esperan tener un resultado objetivo ya que la visita no hizo más que comprobar las denuncias hechas contra la empresa: “Todo lo que se planteó en el juicio continúa igual que en un principio. No se avanzó en nada”, afirmó.
Por su parte Cristina Foffani, concejal del Partido Obrero, aseguró a LA GACETA que presentarán un informe escrito para dar el paso legal, solicitando al Intendente que inicie el funcionamiento de la cuarta trinchera en 30 días.
La funcionaria apuntó directamente contra la empresa por ser responsable de un desastre ambiental.
Además, hizo hincapié en la cantidad de dinero que Agrotecnica recibe para cumplir con el contrato: “Les pagan dos millones a diario y no quieren gastar en inversiones, mientras que esto significa un aumento de las enfermedades. Es un contrato, la empresa está cobrando por eso”, dijo.
Agrotecnica Fueguina, por su parte, se limito a emitir palabras al respecto, exponiendo que se recibió al juez y se respondió a todos sus requerimientos.
El vertedero barrial
Mal olor, plásticos que llegan con el viento, animales muertos, ratas y niños con enfermedades dérmicas son algunas de los problemas que poseen las familias que viven alrededor del Vertedero.
Barrios que están a dos cuadras del San Javier parecieran ser, en sí mismos, un basural.
Cansada de ver cómo la gente tira basura a metros de su casa, Beatriz Vásquez, contó a LA GACETA que el barrio Solidaridad nunca cambió en los 15 años que lleva allí.
“Cuando llueve fuerte no se puede aguantar el olor ni sentado afuera”, contó apuntando al basural que está frente a su casa. Además, se mostró asustada porque frecuentemente encuentra ratas y víboras de gran tamaño.
Beatriz tiene nietos y recordó una frase que su hijo le dijo después de haberse acercado a las puertas del Vertedero: “He salido casi llorando, es mi hija la que he visto ahí, mamá. Toda sucia y embarrada. Los chiquitos están ahí metidos”, le dijo luego de observar a una niña juntando basura con su mamá.
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Furtivos matan una pareja de guanacos en Mendoza
Dos cazadores furtivos mataron a una pareja de guanacos en Uspallata
Fecha de Publicación: 19/04/2019
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
La Policía Rural detuvo a dos cazadores furtivos que acababan de matar a una pareja de guanacos, con el agravante de que la hembra estaba preñada.
Los efectivos estaban pratrullando por la ruta 7 cuando a la altura de la calle Alojamientos en Uspallata, divisaron una camioneta Ford 350 color celeste con actitud sospechosa, cuando requisaron el vehículo se encontraron con los cuerpos de los guanacos en la parte trasera.
El conductor del rodado se llama Carlos Jesús Pastan y su acompañante Carlos Cayetano Dinamo, de 34 y 37, respectivamente. Los efectivos también le secuestraron una carabina 2.23 Remington.
Alertados por la presencia sospechosa de esta camioneta con los dos individuos, lugareños llamaron al 911 dando la novedad. A pocos minutos la Policía arribó al lugar y los detuvo. Cuando requisaron la Ford 350 encontraron a la pareja de guanacos con los impactos de la carabina.
A ambos individuos se les aplicará la ley Nacional 22.421 de conservación de fauna y la ley provincial 4602 de protección y conservación de la fauna silvestre.
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Fecha de Publicación: 19/04/2019
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
La Policía Rural detuvo a dos cazadores furtivos que acababan de matar a una pareja de guanacos, con el agravante de que la hembra estaba preñada.
Los efectivos estaban pratrullando por la ruta 7 cuando a la altura de la calle Alojamientos en Uspallata, divisaron una camioneta Ford 350 color celeste con actitud sospechosa, cuando requisaron el vehículo se encontraron con los cuerpos de los guanacos en la parte trasera.
El conductor del rodado se llama Carlos Jesús Pastan y su acompañante Carlos Cayetano Dinamo, de 34 y 37, respectivamente. Los efectivos también le secuestraron una carabina 2.23 Remington.
Alertados por la presencia sospechosa de esta camioneta con los dos individuos, lugareños llamaron al 911 dando la novedad. A pocos minutos la Policía arribó al lugar y los detuvo. Cuando requisaron la Ford 350 encontraron a la pareja de guanacos con los impactos de la carabina.
A ambos individuos se les aplicará la ley Nacional 22.421 de conservación de fauna y la ley provincial 4602 de protección y conservación de la fauna silvestre.
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Chubut: nuevamente insistirán con la minería
Minería: Se volverá a presentar la iniciativa popular
Fecha de Publicación: 18/04/2019
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut
En este sentido, el diputado agrego: "Tomamos la decisión de volverlo a presentar para que tenga estado parlamentario, y para que en esta coyuntura que tiene la provincia donde en los próximos meses va a renovar sus autoridades, obligar -un poco- a los candidatos a emitir opinión al respecto y actuar en consecuencia.
El proyecto "fue bastardeado en la legislatura y debía ser aprobado en su momento" sostuvó Albaini
"Lo he dicho en su momento que el gobernador Mariano Arcioni tiene la fuerte decisión de hacer minería en Chubut"
En contraposición a lo que dijo Arcioni, dijo que: "Existe la posibilidad de que Linares se convierta en el garante de la cuestión ambiental minera en la provincia. Tiene los diputados para apoyar esta ley"
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Macri busca el voto agrotóxico
Voto agrotóxico: con una prédica antiecologista, Macri seduce al ruralista duro en las provinciales
Fecha de Publicación: 18/04/2019
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
El tenor del mensaje no llamó tanto la atención como la investidura de quien lo emitió.
La postura de Cambiemos de incentivar el uso de agrotóxicos ya era harto conocida a partir de pronunciamientos vía las carteras de Agroindustria, Ciencia, Ambiente e incluso Salud, y de gestiones provinciales como la que encabeza María Eugenia Vidal. Pero las críticas recientes de Mauricio Macri al amparo que protege de las fumigaciones a las escuelas rurales de Entre Ríos acentuaron la discusión en torno al modelo agroindustrial predominante.
Muy cerca de la Casa Rosada, voces consultadas por iProfesional señalaron que el mensaje del Presidente "no estaba en la agenda original" prevista en la visita a esa provincia. Pero, que pasado el mediodía del 4 de abril, Macri decidió avanzar con sus comentarios tras un encuentro a puertas cerradas con los popes de la Sociedad Rural en Gualeguaychú.
Fue en ese contexto que, en conferencia de prensa, el primer mandatario tildó de "irresponsable" la decisión de la Justicia de declarar inconstitucional un decreto provincial que permitía aplicar plaguicidas como el cancerígeno glifosato junto a los establecimientos educativos.
Pero ese súbito sentar posición concretado por el Presidente -reconocen entre las filas del oficialismo- lejos estuvo de representar un antojo inconexo. Por el contrario, distintas fuentes de Cambiemos interpeladas por este medio reconocieron que las palabras de Macri se corresponden con la estrategia del Gobierno de salir a captar el voto del ruralista "duro" ante la inminente contienda electoral que se abre en Entre Ríos.
En esa provincia, el próximo domingo 14 se realizarán las PASO, mientras que la elección para definir quién comandará la Gobernación del distrito se llevará a cabo a principios del mes de junio.
Tras la magra cosecha de votos obtenida en las primarias celebradas recientemente en La Pampa, San Juan, Chubut, Río Negro y Neuquén, para Macri y sus equipos alzarse con un triunfo en Entre Ríos pasó a transformarse en prioridad.
En la vereda opuesta a la posición del Gobierno de promover las fumigaciones, referentes del ambientalismo y de la alternativa de producción agroecológica –esto es, sin venenos–, e incluso representantes del gobierno municipal de Gualeguaychú, también coincidieron en el tinte proselitista de las declaraciones del primer mandatario.
Entre Ríos es, en este momento, el territorio donde más se discute el perfil de la producción agropecuaria que predomina en la Argentina. Y la ciudad de Gualeguaychú en particular viene motorizando programas como el PSSA (Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana) con el objetivo de afianzar un modelo de labor agrícola que excluye las fumigaciones con plaguicidas. El gesto de Macri, otra vez, tuvo muy poco de casual.
Pelearle a Bordet
Hasta la sucesión de fallos judiciales en contra, el gobernador entrerriano Gustavo Bordet –que en junio buscará su reelección– venía garantizándole una actividad sin sobresaltos a quienes basan la actividad agropecuaria en el uso de semillas modificadas genéticamente –sobre todo soja y maíz transgénicos– y la aplicación de agrotóxicos.
Pero los reveses en la Corte Suprema de la provincia inauguraron una grieta creciente entre las organizaciones del campo y la Gobernación: los productores comenzaron a restarle confianza al mandatario justicialista.
"Algunos empezaron a catalogar a Bordet de tibio o blando, aunque siempre estuvo de acuerdo con las fumigaciones", reconoció ante iProfesional un dirigente local cercano a Federación Agraria Argentina (FAA).
En torno a esa entidad señalan que los equipos del macrismo rápidamente observaron esa diferencia como una oportunidad, y de ahí la prédica del Presidente en sintonía con el malestar del sector agroindustrial.
"Hay una intencionalidad política a tono con la relevancia que este Gobierno le ha dado al campo. En muchos aspectos, Cambiemos le otorgó más importancia a la actividad aunque también hay sectores donde existe el malestar, sobre todo en ciertas economías regionales. En un momento en que se le echa en cara las retenciones, Macri se pronunció sobre un tema que tiene preocupados a los productores", dijo a este medio Gustavo López, titular de la consultora AgriTrend.
"Quizás lo hizo como una manera de bajar la queja ante ciertas decisiones que el campo le critica a Cambiemos. O, en todo caso, como un gesto anticipado, un guiño, en la previa a alguna nueva medida que el Gobierno pueda estar evaluando y que el macrismo ya sabe que le caerá pésimo al sector. Esto último lo sabremos en el corto plazo", agregó.
Macri explicitó su molestia ante la renovada protección legal a las escuelas en un acto en el que se mostró acompañado por Atilio Benedetti, diputado nacional por Entre Ríos, y Gustavo Hein, intendente de Basavilbaso y presidente del PRO en esa provincia. La dupla en cuestión encabezará la fórmula con la que Cambiemos pretenderá hacerse con la Gobernación en las próximas elecciones.
"Sin dejar de considerar lo grave de tener a un presidente que apoya de esta forma el uso de agrotóxicos, lo que hizo Macri en Gualeguaychú fue un acto de campaña. Salió a buscar los votos de los productores más alineados con el modelo consagrado. Y lo llevó a cabo en la ciudad que más promueve la agroecología, como un desafío", comentó a iProfesional el médico entrerriano Damián Verzeñassi, director del Instituto de Salud Socio Ambiental dependiente de la Facultad de Medicina de Rosario.
"Con su mensaje buscó mostrar a Bordet como un actor flojo en la lucha contra los ecologistas. Macri habló con la intención de instalar que él es el único que puede garantizarle continuidad a los ruralistas que fumigan", añadió. Experto en el diagnóstico de problemáticas sanitarias derivadas del uso de plaguicidas, Verzeñassi es un especialista de consulta permanente por parte de Naciones Unidas y el Parlamento Europeo.
Desde la misma Gualeguaychú su viceintendente, Jorge Maradey, también interpretó los comentarios del Presidente como un recurso "para volver a ganarse los votos del campo en Entre Ríos".
"Apuntó al negocio, la rentabilidad y otras cuestiones, en lugar de darle prioridad a la salud de las personas. Su postura fue la de instalar que los límites al uso de venenos atentan contra la productividad, siendo que la agroecología genera un número mucho más amplio de puestos de trabajo sin esa carga tóxica. La queja en términos productivos tampoco tiene sentido ya que la cosecha viene rompiendo récords", sostuvo ante iProfesional.
Borrar la alternativa
En su crítica a la decisión de la Justicia que aleja las fumigaciones de las escuelas rurales, Macri argumentó que dejar de aplicar glifosato y otros plaguicidas junto a los establecimientos implica para Entre Ríos la pérdida del 20% de su capacidad agroindustrial. El dato en cuestión surge del seno de la Federación Agraria, aunque la entidad jamás explicó cómo arribó a ese porcentaje.
Eduardo Cerdá es ingeniero agrónomo y titular de RENAMA, red que aglutina a casi 15 municipios y unos 150 productores que desarrollan agroecología en la Argentina. A nivel país, este sistema de cultivo sustentable ya suma más de 85.000 hectáreas productivas y en la última década aceleró su expansión. Entre los distritos alineados en RENAMA se ubica Gualeguaychú, sitio elegido por el Presidente para ejercer su reciente defensa a las pulverizaciones con plaguicidas.
Consultado por iProfesional respecto del mensaje emitido por el primer mandatario, Cerdá sostuvo que, más allá de la prédica electoral de ocasión, volvió a quedar a la vista que para el Gobierno la única actividad agrícola digna de promoción corresponde a aquella que emplea agrotóxicos.
"Gualeguaychú es uno de los municipios que inicia RENAMA junto con Guaminí. Por supuesto que hay una intencionalidad en el mensaje. Al mismo tiempo, Macri insiste con que la única manera de tener mayor producción es usando plaguicidas, algo que es totalmente falso. En sus palabras queda en evidencia el lobby empresarial que busca mantener la venta de ese tipo de productos", dijo.
Algo similar opinó Javier Souza Casadinho, también ingeniero agrónomo y, además, docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
"Hay estrategias agroecológicas que nos permiten incluso incrementar la rentabilidad sin usar plaguicidas. Fuera de eso, hay que repensar estrategias en la actividad agraria y no supeditar la salud a cuestiones económicas. Sobre todo en la cuestión de las escuelas, tenemos que proteger a los niños. Exponerlos a los agrotóxicos es hipotecar sus vidas", expresó ante iProfesional.
A fines de marzo, la Justicia de Entre Ríos admitió un amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y el sindicato docente AGMER, y estableció la nulidad del decreto provincial 4407 que habilitaba las fumigaciones con agrotóxicos cerca de las escuelas rurales.
Producto de esta decisión, quedaron vigentes sendas distancias de aplicación que alcanzan a los 1.000 metros para las prácticas terrestres y 3.000 en el caso de las aéreas, además del veto total a las pulverizaciones en horario escolar.
Publicado el 2 de enero en el boletín oficial de Entre Ríos, el decreto 4407 achicaba a sólo 100 metros la distancia de fumigación entre el límite de los establecimientos educativos y los lotes productivos.
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Fecha de Publicación: 18/04/2019
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
El tenor del mensaje no llamó tanto la atención como la investidura de quien lo emitió.
La postura de Cambiemos de incentivar el uso de agrotóxicos ya era harto conocida a partir de pronunciamientos vía las carteras de Agroindustria, Ciencia, Ambiente e incluso Salud, y de gestiones provinciales como la que encabeza María Eugenia Vidal. Pero las críticas recientes de Mauricio Macri al amparo que protege de las fumigaciones a las escuelas rurales de Entre Ríos acentuaron la discusión en torno al modelo agroindustrial predominante.
Muy cerca de la Casa Rosada, voces consultadas por iProfesional señalaron que el mensaje del Presidente "no estaba en la agenda original" prevista en la visita a esa provincia. Pero, que pasado el mediodía del 4 de abril, Macri decidió avanzar con sus comentarios tras un encuentro a puertas cerradas con los popes de la Sociedad Rural en Gualeguaychú.
Fue en ese contexto que, en conferencia de prensa, el primer mandatario tildó de "irresponsable" la decisión de la Justicia de declarar inconstitucional un decreto provincial que permitía aplicar plaguicidas como el cancerígeno glifosato junto a los establecimientos educativos.
Pero ese súbito sentar posición concretado por el Presidente -reconocen entre las filas del oficialismo- lejos estuvo de representar un antojo inconexo. Por el contrario, distintas fuentes de Cambiemos interpeladas por este medio reconocieron que las palabras de Macri se corresponden con la estrategia del Gobierno de salir a captar el voto del ruralista "duro" ante la inminente contienda electoral que se abre en Entre Ríos.
En esa provincia, el próximo domingo 14 se realizarán las PASO, mientras que la elección para definir quién comandará la Gobernación del distrito se llevará a cabo a principios del mes de junio.
Tras la magra cosecha de votos obtenida en las primarias celebradas recientemente en La Pampa, San Juan, Chubut, Río Negro y Neuquén, para Macri y sus equipos alzarse con un triunfo en Entre Ríos pasó a transformarse en prioridad.
En la vereda opuesta a la posición del Gobierno de promover las fumigaciones, referentes del ambientalismo y de la alternativa de producción agroecológica –esto es, sin venenos–, e incluso representantes del gobierno municipal de Gualeguaychú, también coincidieron en el tinte proselitista de las declaraciones del primer mandatario.
Entre Ríos es, en este momento, el territorio donde más se discute el perfil de la producción agropecuaria que predomina en la Argentina. Y la ciudad de Gualeguaychú en particular viene motorizando programas como el PSSA (Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana) con el objetivo de afianzar un modelo de labor agrícola que excluye las fumigaciones con plaguicidas. El gesto de Macri, otra vez, tuvo muy poco de casual.
Pelearle a Bordet
Hasta la sucesión de fallos judiciales en contra, el gobernador entrerriano Gustavo Bordet –que en junio buscará su reelección– venía garantizándole una actividad sin sobresaltos a quienes basan la actividad agropecuaria en el uso de semillas modificadas genéticamente –sobre todo soja y maíz transgénicos– y la aplicación de agrotóxicos.
Pero los reveses en la Corte Suprema de la provincia inauguraron una grieta creciente entre las organizaciones del campo y la Gobernación: los productores comenzaron a restarle confianza al mandatario justicialista.
"Algunos empezaron a catalogar a Bordet de tibio o blando, aunque siempre estuvo de acuerdo con las fumigaciones", reconoció ante iProfesional un dirigente local cercano a Federación Agraria Argentina (FAA).
En torno a esa entidad señalan que los equipos del macrismo rápidamente observaron esa diferencia como una oportunidad, y de ahí la prédica del Presidente en sintonía con el malestar del sector agroindustrial.
"Hay una intencionalidad política a tono con la relevancia que este Gobierno le ha dado al campo. En muchos aspectos, Cambiemos le otorgó más importancia a la actividad aunque también hay sectores donde existe el malestar, sobre todo en ciertas economías regionales. En un momento en que se le echa en cara las retenciones, Macri se pronunció sobre un tema que tiene preocupados a los productores", dijo a este medio Gustavo López, titular de la consultora AgriTrend.
"Quizás lo hizo como una manera de bajar la queja ante ciertas decisiones que el campo le critica a Cambiemos. O, en todo caso, como un gesto anticipado, un guiño, en la previa a alguna nueva medida que el Gobierno pueda estar evaluando y que el macrismo ya sabe que le caerá pésimo al sector. Esto último lo sabremos en el corto plazo", agregó.
Macri explicitó su molestia ante la renovada protección legal a las escuelas en un acto en el que se mostró acompañado por Atilio Benedetti, diputado nacional por Entre Ríos, y Gustavo Hein, intendente de Basavilbaso y presidente del PRO en esa provincia. La dupla en cuestión encabezará la fórmula con la que Cambiemos pretenderá hacerse con la Gobernación en las próximas elecciones.
"Sin dejar de considerar lo grave de tener a un presidente que apoya de esta forma el uso de agrotóxicos, lo que hizo Macri en Gualeguaychú fue un acto de campaña. Salió a buscar los votos de los productores más alineados con el modelo consagrado. Y lo llevó a cabo en la ciudad que más promueve la agroecología, como un desafío", comentó a iProfesional el médico entrerriano Damián Verzeñassi, director del Instituto de Salud Socio Ambiental dependiente de la Facultad de Medicina de Rosario.
"Con su mensaje buscó mostrar a Bordet como un actor flojo en la lucha contra los ecologistas. Macri habló con la intención de instalar que él es el único que puede garantizarle continuidad a los ruralistas que fumigan", añadió. Experto en el diagnóstico de problemáticas sanitarias derivadas del uso de plaguicidas, Verzeñassi es un especialista de consulta permanente por parte de Naciones Unidas y el Parlamento Europeo.
Desde la misma Gualeguaychú su viceintendente, Jorge Maradey, también interpretó los comentarios del Presidente como un recurso "para volver a ganarse los votos del campo en Entre Ríos".
"Apuntó al negocio, la rentabilidad y otras cuestiones, en lugar de darle prioridad a la salud de las personas. Su postura fue la de instalar que los límites al uso de venenos atentan contra la productividad, siendo que la agroecología genera un número mucho más amplio de puestos de trabajo sin esa carga tóxica. La queja en términos productivos tampoco tiene sentido ya que la cosecha viene rompiendo récords", sostuvo ante iProfesional.
Borrar la alternativa
En su crítica a la decisión de la Justicia que aleja las fumigaciones de las escuelas rurales, Macri argumentó que dejar de aplicar glifosato y otros plaguicidas junto a los establecimientos implica para Entre Ríos la pérdida del 20% de su capacidad agroindustrial. El dato en cuestión surge del seno de la Federación Agraria, aunque la entidad jamás explicó cómo arribó a ese porcentaje.
Eduardo Cerdá es ingeniero agrónomo y titular de RENAMA, red que aglutina a casi 15 municipios y unos 150 productores que desarrollan agroecología en la Argentina. A nivel país, este sistema de cultivo sustentable ya suma más de 85.000 hectáreas productivas y en la última década aceleró su expansión. Entre los distritos alineados en RENAMA se ubica Gualeguaychú, sitio elegido por el Presidente para ejercer su reciente defensa a las pulverizaciones con plaguicidas.
Consultado por iProfesional respecto del mensaje emitido por el primer mandatario, Cerdá sostuvo que, más allá de la prédica electoral de ocasión, volvió a quedar a la vista que para el Gobierno la única actividad agrícola digna de promoción corresponde a aquella que emplea agrotóxicos.
"Gualeguaychú es uno de los municipios que inicia RENAMA junto con Guaminí. Por supuesto que hay una intencionalidad en el mensaje. Al mismo tiempo, Macri insiste con que la única manera de tener mayor producción es usando plaguicidas, algo que es totalmente falso. En sus palabras queda en evidencia el lobby empresarial que busca mantener la venta de ese tipo de productos", dijo.
Algo similar opinó Javier Souza Casadinho, también ingeniero agrónomo y, además, docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
"Hay estrategias agroecológicas que nos permiten incluso incrementar la rentabilidad sin usar plaguicidas. Fuera de eso, hay que repensar estrategias en la actividad agraria y no supeditar la salud a cuestiones económicas. Sobre todo en la cuestión de las escuelas, tenemos que proteger a los niños. Exponerlos a los agrotóxicos es hipotecar sus vidas", expresó ante iProfesional.
A fines de marzo, la Justicia de Entre Ríos admitió un amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y el sindicato docente AGMER, y estableció la nulidad del decreto provincial 4407 que habilitaba las fumigaciones con agrotóxicos cerca de las escuelas rurales.
Producto de esta decisión, quedaron vigentes sendas distancias de aplicación que alcanzan a los 1.000 metros para las prácticas terrestres y 3.000 en el caso de las aéreas, además del veto total a las pulverizaciones en horario escolar.
Publicado el 2 de enero en el boletín oficial de Entre Ríos, el decreto 4407 achicaba a sólo 100 metros la distancia de fumigación entre el límite de los establecimientos educativos y los lotes productivos.
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Ciervo de los pantanos: reintroducción en El Impenetrable
Buscan reintroducir el ciervo de los pantanos en El Impenetrable con ejemplares del Iberá
Fecha de Publicación: 18/04/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Chaco
La Secretaría de Ambiente de la Nación autorizó el traslado de 60 ciervos de los pantanos en un plazo de seis años desde los Esteros del Iberá en la provincia de Corrientes al bosque El Impenetrable en el Chaco, en el marco de un plan de reintroducción de esa especie autóctona, según una resolución publicada oficialmente hoy.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Sergio Bergman, autorizó el tránsito interprovincial de 60 ejemplares, en el marco de la propuesta de reintroducción experimental de ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus) en el Parque Nacional El Impenetrable del Chaco, elaborado por la fundación The Conservation Land Trust.
La medida fue tomada en virtud de la necesidad de una excepción a una serie de prohibiciones vigentes en materia de traslado de ejemplares de la fauna autóctona, la que fue avalada legal y técnicamente por la Secretaría de Ambiente así como por la Administración de Parques Nacionales, según señala la resolución.
La decisión tomada por Bergman exceptúa de la prohibición de tránsito interprovincial establecida en el artículo 2º de la Resolución de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca Nº 62 de fecha 31 de enero de 1986, y artículo 1º de la Resolución de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable Nº 513 de fecha 24 de abril de 2007.
Una estimación indica que por rutas nacionales y provinciales en Corrientes y Chaco, el recorrido alcanzaría casi 800 kilómetros desde la zona de reservas donde se encuentra el parque nacional Iberá, hasta El Impenetrable.
La fundación The Conservation Land Trust donó recientemente al Estado Nacional la superficie en la que está establecido el parque nacional Iberá, donde desarrolla una serie de proyectos para la reintroducción de fauna autóctona extinta o en peligro de extinción, como el yagüareté. (Télam)
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Fecha de Publicación: 18/04/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Chaco
La Secretaría de Ambiente de la Nación autorizó el traslado de 60 ciervos de los pantanos en un plazo de seis años desde los Esteros del Iberá en la provincia de Corrientes al bosque El Impenetrable en el Chaco, en el marco de un plan de reintroducción de esa especie autóctona, según una resolución publicada oficialmente hoy.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Sergio Bergman, autorizó el tránsito interprovincial de 60 ejemplares, en el marco de la propuesta de reintroducción experimental de ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus) en el Parque Nacional El Impenetrable del Chaco, elaborado por la fundación The Conservation Land Trust.
La medida fue tomada en virtud de la necesidad de una excepción a una serie de prohibiciones vigentes en materia de traslado de ejemplares de la fauna autóctona, la que fue avalada legal y técnicamente por la Secretaría de Ambiente así como por la Administración de Parques Nacionales, según señala la resolución.
La decisión tomada por Bergman exceptúa de la prohibición de tránsito interprovincial establecida en el artículo 2º de la Resolución de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca Nº 62 de fecha 31 de enero de 1986, y artículo 1º de la Resolución de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable Nº 513 de fecha 24 de abril de 2007.
Una estimación indica que por rutas nacionales y provinciales en Corrientes y Chaco, el recorrido alcanzaría casi 800 kilómetros desde la zona de reservas donde se encuentra el parque nacional Iberá, hasta El Impenetrable.
La fundación The Conservation Land Trust donó recientemente al Estado Nacional la superficie en la que está establecido el parque nacional Iberá, donde desarrolla una serie de proyectos para la reintroducción de fauna autóctona extinta o en peligro de extinción, como el yagüareté. (Télam)
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Solicitan un marco laboral para las energías renovables
El sector de energías renovables pide que se agilice la implementación de su marco laboral
Fecha de Publicación: 17/04/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
La cámara respectiva plantea un régimen de licencias especial para el personal y se focaliza en la polifuncionalidad de los empleados, apoyados en planes de capacitación profesional que permitan
realizar las tareas de un modo seguro y eficaz, entre otras cosas
Según datos oficiales, actualmente hay en Argentina 134 proyectos en marcha que significan 4.763 MW de potencia eléctrica a instalarse, de los cuales 34 se encuentran ya en operación comercial por 986 MW, mientra que los 100 restantes avanzan en su proceso de construcción.
Con presencia en prácticamente todas las provincias, hay en operación comercial y/o construcción 65 parques eólicos por 3.788,2 MW, 68 proyectos solares por 2.029,9 MW, 59 proyectos de bioenergías (biomasa, biogás y biogás de relleno sanitario) por 280,7 MW, y 14 proyectos de pequeños aprovechamientos.
Sumando todos los emprendimientos adjudicados, un informe de la Subsecretaría de Energías Renovables de la Nación estima que se crearán 17.446 trabajos directos en los próximos años.
Con esta realidad y perspectiva, la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader) elaboró en 2018 un propuesta de convenio colectivo de trabajo que permite regular las relaciones laborales que surgen de una industria en constante evolución y crecimiento.
Si bien valora que este tema se convirtió en uno de los ejes de debate en las distintas reuniones de la “Mesa Sectorial de las Energías Renovables” que encabezó el presidente Mauricio Macri, dada la velocidad con la que avanzan los proyectos, Cader ha insistido al Ministerio de la Producción que agilice el proceso de implementación del marco laboral oportunamente presentado, el cual considera que la actividad de las energías renovables merece un tratamiento específico que contemple con una mirada abarcativa y de conjunto a todas las actividades de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, sin pasar por alto las particularidades que tiene cada una de las fuentes eléctricas.
En líneas generales, el borrador del convenio plantea un régimen de licencias especial para el personal, y se focaliza en la polifuncionalidad de los empleados, apoyados en planes de capacitación profesional que permitan realizar las tareas de un modo seguro y eficaz.
Además, pone especial énfasis en el respeto por la higiene y seguridad, crea las condiciones para facilitar el crecimiento de los recursos humanos al interior de la organización y garantiza que el personal recibirá la remuneración adecuada, entre otros puntos.
Con estos objetivos, Cader considera “vital regular las distintas etapas que forman parte de un proyecto renovable: construcción, operación y mantenimiento”.
Por último, con el objetivo de profundizar en detalles entre otros temas relacionados con el desarrollo del mercado energético de fuente renovable, se le solicitó una audiencia al Ministro de la Producción, Dante Sica, para intercambiar iniciativas para el sector.
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Fecha de Publicación: 17/04/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
La cámara respectiva plantea un régimen de licencias especial para el personal y se focaliza en la polifuncionalidad de los empleados, apoyados en planes de capacitación profesional que permitan
realizar las tareas de un modo seguro y eficaz, entre otras cosas
Según datos oficiales, actualmente hay en Argentina 134 proyectos en marcha que significan 4.763 MW de potencia eléctrica a instalarse, de los cuales 34 se encuentran ya en operación comercial por 986 MW, mientra que los 100 restantes avanzan en su proceso de construcción.
Con presencia en prácticamente todas las provincias, hay en operación comercial y/o construcción 65 parques eólicos por 3.788,2 MW, 68 proyectos solares por 2.029,9 MW, 59 proyectos de bioenergías (biomasa, biogás y biogás de relleno sanitario) por 280,7 MW, y 14 proyectos de pequeños aprovechamientos.
Sumando todos los emprendimientos adjudicados, un informe de la Subsecretaría de Energías Renovables de la Nación estima que se crearán 17.446 trabajos directos en los próximos años.
Con esta realidad y perspectiva, la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader) elaboró en 2018 un propuesta de convenio colectivo de trabajo que permite regular las relaciones laborales que surgen de una industria en constante evolución y crecimiento.
Si bien valora que este tema se convirtió en uno de los ejes de debate en las distintas reuniones de la “Mesa Sectorial de las Energías Renovables” que encabezó el presidente Mauricio Macri, dada la velocidad con la que avanzan los proyectos, Cader ha insistido al Ministerio de la Producción que agilice el proceso de implementación del marco laboral oportunamente presentado, el cual considera que la actividad de las energías renovables merece un tratamiento específico que contemple con una mirada abarcativa y de conjunto a todas las actividades de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, sin pasar por alto las particularidades que tiene cada una de las fuentes eléctricas.
En líneas generales, el borrador del convenio plantea un régimen de licencias especial para el personal, y se focaliza en la polifuncionalidad de los empleados, apoyados en planes de capacitación profesional que permitan realizar las tareas de un modo seguro y eficaz.
Además, pone especial énfasis en el respeto por la higiene y seguridad, crea las condiciones para facilitar el crecimiento de los recursos humanos al interior de la organización y garantiza que el personal recibirá la remuneración adecuada, entre otros puntos.
Con estos objetivos, Cader considera “vital regular las distintas etapas que forman parte de un proyecto renovable: construcción, operación y mantenimiento”.
Por último, con el objetivo de profundizar en detalles entre otros temas relacionados con el desarrollo del mercado energético de fuente renovable, se le solicitó una audiencia al Ministro de la Producción, Dante Sica, para intercambiar iniciativas para el sector.
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Ratifican que los pedidos de cambios en la 7722 no se tratarán
Cambios en la 7.722: pese al reclamo minero, no se tratarán este año
Fecha de Publicación: 17/04/2019
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Los proyectos de modificación de la Ley 7.722, que buscan flexibilizar los límites de la minería en Mendoza, no se tratarán este año debido a las elecciones, a pesar del reclamo del sector minero realizado esta semana, según indicaron en la Legislatura.
El pedido, realizado por la Unión Industrial de Mendoza (UIM), el Clúster Energético Mendoza y el Consejo Empresario Mendocino (CEM), busca que los cambios a la ley “antiminera” se voten este año, para poder “ampliar y diversificar” la matriz productiva de la provincia, una de las consignas que más se repiten entre los pre candidatos a la gobernación.
“La actividad minera se encuentra limitada y la minería metalífera, directamente prohibida por una serie de normas e impedimentos legales, que demoran o impiden las inversiones necesarias”, aseguraron en un comunicado. Sin embargo, tanto desde el oficialismo como en la oposición explicaron que los proyectos no llegarán al recinto sino hasta después de octubre.
“No queremos que se haga sin licencia social y que tampoco se haga uso político, por eso ya aclaramos que no se tratarán hasta después de las elecciones”, advirtió Diego Costarelli, presidente del Bloque UCR en el Senado. “Se hace tanto ruido para todos lados que no queremos hacerlo sin consenso. Ya lo habíamos señalado anteriormente, incluso lo dijo el gobernador”, agregó.
Respecto a la ampliación de la matriz productiva, Costarelli criticó los planteos del peronismo. “Todos mencionan lo mismo, pero nadie dice cómo. A la hora de votar los proyectos para esto, no quieren hacerlo”, sostuvo.
Los proyectos que se estudian pertenecen a los senadores peronistas Alejandro Abraham y Juan Agulles. En ellos, se plantea ampliar los recursos químicos permitidos para utilizar en la provincia y así reactivar el sector, junto con la creación de “Parques Industriales Mineros Controlados” en las zonas o regiones con potencial a explotar. Por lo tanto, sólo quedarían prohibidos el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico.
Abraham también indicó que a pesar del pedido por un tratamiento inmediato, el clima presenta varias complejidades. “Esto hay que tratarlo sí o sí, ya tiene despacho. Lo más probable es que ocurra después de octubre, pero Mendoza necesita otras actividades urgente”, mencionó el senador.
Mientras, en la agenda legislativa hay otros asuntos que se están analizando para llevar a las comisiones, como un refuerzo a la Dirección de Minería, según adelantó Abraham, ya que permitiría un mejor manejo de la actividad por parte del Estado si la modificación prospera.
Desde el Clúster Energético Minero, Laureano Manso explicó que hay mucha variedad entre los legisladores, pero criticó el motivo por el que se demora el debate. “Se sigue con la vieja mirada de ‘primero lo político, después lo económico y el empleo’; no nos queda otra más que esperar. Entendemos que esa sea su postura como legisladores, pero para nosotros es preferible antes porque mientras tanto estamos buscando mantener las puertas abiertas del negocio”.
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Fecha de Publicación: 17/04/2019
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Los proyectos de modificación de la Ley 7.722, que buscan flexibilizar los límites de la minería en Mendoza, no se tratarán este año debido a las elecciones, a pesar del reclamo del sector minero realizado esta semana, según indicaron en la Legislatura.
El pedido, realizado por la Unión Industrial de Mendoza (UIM), el Clúster Energético Mendoza y el Consejo Empresario Mendocino (CEM), busca que los cambios a la ley “antiminera” se voten este año, para poder “ampliar y diversificar” la matriz productiva de la provincia, una de las consignas que más se repiten entre los pre candidatos a la gobernación.
“La actividad minera se encuentra limitada y la minería metalífera, directamente prohibida por una serie de normas e impedimentos legales, que demoran o impiden las inversiones necesarias”, aseguraron en un comunicado. Sin embargo, tanto desde el oficialismo como en la oposición explicaron que los proyectos no llegarán al recinto sino hasta después de octubre.
“No queremos que se haga sin licencia social y que tampoco se haga uso político, por eso ya aclaramos que no se tratarán hasta después de las elecciones”, advirtió Diego Costarelli, presidente del Bloque UCR en el Senado. “Se hace tanto ruido para todos lados que no queremos hacerlo sin consenso. Ya lo habíamos señalado anteriormente, incluso lo dijo el gobernador”, agregó.
Respecto a la ampliación de la matriz productiva, Costarelli criticó los planteos del peronismo. “Todos mencionan lo mismo, pero nadie dice cómo. A la hora de votar los proyectos para esto, no quieren hacerlo”, sostuvo.
Los proyectos que se estudian pertenecen a los senadores peronistas Alejandro Abraham y Juan Agulles. En ellos, se plantea ampliar los recursos químicos permitidos para utilizar en la provincia y así reactivar el sector, junto con la creación de “Parques Industriales Mineros Controlados” en las zonas o regiones con potencial a explotar. Por lo tanto, sólo quedarían prohibidos el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico.
Abraham también indicó que a pesar del pedido por un tratamiento inmediato, el clima presenta varias complejidades. “Esto hay que tratarlo sí o sí, ya tiene despacho. Lo más probable es que ocurra después de octubre, pero Mendoza necesita otras actividades urgente”, mencionó el senador.
Mientras, en la agenda legislativa hay otros asuntos que se están analizando para llevar a las comisiones, como un refuerzo a la Dirección de Minería, según adelantó Abraham, ya que permitiría un mejor manejo de la actividad por parte del Estado si la modificación prospera.
Desde el Clúster Energético Minero, Laureano Manso explicó que hay mucha variedad entre los legisladores, pero criticó el motivo por el que se demora el debate. “Se sigue con la vieja mirada de ‘primero lo político, después lo económico y el empleo’; no nos queda otra más que esperar. Entendemos que esa sea su postura como legisladores, pero para nosotros es preferible antes porque mientras tanto estamos buscando mantener las puertas abiertas del negocio”.
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Curtiembre clausurada en Lanús y es reincidente
Clausuraron una curtiembre de Lanús por volcar efluentes contaminantes al Riachuelo
Fecha de Publicación: 17/04/2019
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Riachuelo
La Patrulla Ambiental de ACUMAR detectó que el establecimiento Gaita se encontraba en infracción, tras haber violado una clausura preexistente, y continuaba volcando deshechos al río. Deberá pagar una multa superior a los 2 millones de pesos.
El mal olor detectado este viernes en la Ciudad de Buenos Aires llevó a la Patrulla Ambiental de ACUMAR en conjunto con el Municipio de Lanús y equipos de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires a rastrillar la zona de Valentín Alsina, en Lanús, y de Fiorito, en Lomas de Zamora, con el objetivo a las posibles fábricas en infracción.
En primera instancia, todo indicaba que una grasera que había experimentado un problema de producción había sido la causante pero al ser fiscalizada, se descartó como origen del problema.
Finalmente, luego de varias inspecciones, cerca del mediodía se detectó que la curtiembre Gaita, en Lanús era la responsable de estar vertiendo efluentes contaminantes al Riachuelo.
La empresa, además, se encontraba en doble infracción, porque sobre ella pesaba una clausura preexistente y siguió funcionando, tras romper la faja de clausura, emitiendo efluentes fuera de los parámetros permitidos.
Gaita se encarga de realizar el proceso de transformar las pieles en cuero, pero no cuenta con planta de tratamiento y los efluentes contaminantes van directo al Riachuelo. Utilizan cromo y álcido sulfúrico que podría generar olores fuertes.
La Patrulla Ambiental volvió a clausurar la planta, colocar los precintos, realizar un acta y tomar muestras de los líquidos para ser analizados en laboratorio. Gaita está catalogada como agente contaminante, y fue intimada para readecuar sus procesos productivos.
La multa que se aplicará sobre la empresa, una vez que se ratifique todo lo marcado por los inspectores, superará los 2 millones de pesos.
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Fecha de Publicación: 17/04/2019
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Riachuelo
La Patrulla Ambiental de ACUMAR detectó que el establecimiento Gaita se encontraba en infracción, tras haber violado una clausura preexistente, y continuaba volcando deshechos al río. Deberá pagar una multa superior a los 2 millones de pesos.
El mal olor detectado este viernes en la Ciudad de Buenos Aires llevó a la Patrulla Ambiental de ACUMAR en conjunto con el Municipio de Lanús y equipos de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires a rastrillar la zona de Valentín Alsina, en Lanús, y de Fiorito, en Lomas de Zamora, con el objetivo a las posibles fábricas en infracción.
En primera instancia, todo indicaba que una grasera que había experimentado un problema de producción había sido la causante pero al ser fiscalizada, se descartó como origen del problema.
Finalmente, luego de varias inspecciones, cerca del mediodía se detectó que la curtiembre Gaita, en Lanús era la responsable de estar vertiendo efluentes contaminantes al Riachuelo.
La empresa, además, se encontraba en doble infracción, porque sobre ella pesaba una clausura preexistente y siguió funcionando, tras romper la faja de clausura, emitiendo efluentes fuera de los parámetros permitidos.
Gaita se encarga de realizar el proceso de transformar las pieles en cuero, pero no cuenta con planta de tratamiento y los efluentes contaminantes van directo al Riachuelo. Utilizan cromo y álcido sulfúrico que podría generar olores fuertes.
La Patrulla Ambiental volvió a clausurar la planta, colocar los precintos, realizar un acta y tomar muestras de los líquidos para ser analizados en laboratorio. Gaita está catalogada como agente contaminante, y fue intimada para readecuar sus procesos productivos.
La multa que se aplicará sobre la empresa, una vez que se ratifique todo lo marcado por los inspectores, superará los 2 millones de pesos.
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La sangría de los bosques cordobeses no se detiene
El desmonte ilegal sigue sin erradicarse en Córdoba
Fecha de Publicación: 16/04/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En 2018 se intervinieron 7.413 hectáreas de bosque nativo, según cifras oficiales. El dato marca un descenso respecto de 2017, pero se mantiene en relación con años anteriores.
El desmonte ilegal sigue siendo una práctica difícil de erradicar de la provincia. En 2018, la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba detectó intervenciones ilegales por 7.413 hectáreas.
Equivale a una deforestación de 27,4 canchas de fútbol como la del estadio Kempes por día.
De estas 7.413 hectáreas, 3.200 estaban protegidas bajo la categoría roja, según la ley provincial de bosques 9.814. Son los sectores con monte mejor conservado y donde sólo pueden realizarse intervenciones mínimas, pero con autorización de la Secretaría de Ambiente de la Provincia.
Sin embargo, en 778 hectáreas se realizó un desmonte total, mientras que en las 2.422 hectáreas restantes las intervenciones ilegales fueron rolados para extraer renovales del bosque, desmonte selectivo de arbustos o aperturas de picadas.
Aunque con altos y bajos, los desmontes ilegales persisten en Córdoba y lejos se está del ideal de “deforestación cero”. En 2015, las intervenciones ilegales afectaron a un poco más de siete hectáreas.
En 2016, una cifra parcial (Policía Ambiental no informó todas las intervenciones en la categoría amarilla) arrojó 6.951 hectáreas. La cifra trepó a 14.427 en 2017.
Los datos del monitoreo de 2018 fueron publicados tras varios pedidos de este diario. Hay una baja respecto del año anterior, pero la cifra sigue siendo alta si se considera el escaso monte que queda en Córdoba.
Según estudios ambientales, sólo sobrevive un tres por ciento de bosque nativo bien conservado de los 12 millones de hectáreas que había a principios del siglo 20.
El bosque nativo es sinónimo de biodiversidad y de paisaje y un atributo clave para el turismo, pero también es vital para la regulación hídrica y climática de la región. “Desde el período 2014, al menos cinco mil hectáreas de bosque nativo se han desmontado de manera ilegal todos los años. Eso es preocupante”, asegura Fernando Barri, biólogo e investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba.
Y señala que a partir de 2016 comienzan a aumentar los desmontes selectivos y químicos en zona roja de parches de bosques ubicados entre la ruta 9 norte y Mar Chiquita.
“Es la zona más codiciada por el agronegocio, ya que las precipitaciones allí permiten hacer cultivos intensivos. Allí hay muy pocos parches de bosque que deberían ser conservados de manera estricta si queremos salvar su biodiversidad”, comenta el biólogo.
Barri también señala que se realizan muchas intervenciones en la zona de Quilino donde se puede implantar pasturas exóticas para alimentar el ganado.
Los cinco departamentos con más hectáreas intervenidas fueron San Justo (1.052,5 hectáreas), Tulumba (556), Ischilín (368,6), Río Seco (363,8) y Río Primero (307,3).
Hasta fines de 2015, la Policía Ambiental también publicaba las hectáreas afectadas por intervenciones autorizadas. “Ahora no hay manera de saber cuánto están autorizando y cómo inciden esas intervenciones en la superficie de bosque nativo en la provincia”, asegura Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba.
¿Y el desmonte químico?
A Kopta también le llama la atención que en 2018 no se haya detectado casi ningún predio con desmonte químico, una práctica expresamente prohibida por ley. En 2017, se detectaron 2.500 hectáreas intervenidas ilegalmente de esta forma.
Se utilizan pesticidas para matar arbustos y renoval con el objetivo de despejar el terreno para la ganadería. Sobreviven los árboles más maduros, útiles para dar sombra al ganado.
Barri asegura que el informe estaría obviando al menos un desmonte químico de 1.200 hectáreas ocurrido en un campo de “un conocido empresario ganadero”. “Los inspectores le labraron el acta en junio del año pasado, pero por alguna razón esto no ha salido a la luz”, sostiene.
Recuperación muy lenta
Barri y Kopta coinciden en que son irrisorias las accesorias de reforestación que se cumplieron el año pasado. Es que, frente a las 7.413 hectáreas desmontadas, se recuperaron cuatro predios por 32 hectáreas totales, y otros 19 infractores fueron emplazados para que remediaran el daño ambiental. Potencialmente, serían otras 1.508 hectáreas por recuperar.
“De esos miles de hectáreas que se desmontaron no se recuperó casi nada y probablemente hoy tengan cultivos, hayan pagado o no las multas”, dice Barri.
Kopta agrega: “Hay un abismo entre la superficie intervenida en forma ilegal y la que tiene accesoria de reforestación. Ante esa desproporción, quienes desmontan tienen ganada la carrera”.
Los productores rurales reclaman claridad en las normas
Luis Magliano, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, asegura que es evidente la contradicción que hay entre la ley provincial de bosque nativo (9.814, sancionada en 2010) y su reglamentación de 2011.
“Los productores no saben qué es lo que pueden hacer o no en sus predios. Quizás por ese motivo algunos pequeños productores pueden cometer alguna ilegalidad sin saberlo”, comenta.
El 80 por ciento de los productores ganaderos del norte cordobés tienen rodeos de menos de 150 animales. Magliano explica que estos ganaderos necesitan utilizar toda la superficie habilitada por ley para que la producción sea rentable, pero las contradicciones con la normativa no permiten esto.
“Hay muchas chacras que históricamente fueron intervenidas, pero realizar ahora cualquier intervención puede ser tomado como una infracción, cuando hace 20 o 50 años fueron habilitadas y ya tienen poco bosque nativo”, ejemplifica.
Además, detalla que las habilitaciones de la Secretaría de Ambiente demoran hasta un año, lo que hace inviable cualquier emprendimiento.
Magliano entiende que el gran productor puede adaptarse mejor a las normas porque tiene suficiente superficie para proteger una parte de bosque sin perder productividad.
Para el dirigente rural, esta situación está generando pobreza en el norte porque se está impidiendo que se genere trabajo rural. “Hoy no se puede hacer prácticamente nada por esta normativa”, asegura.
Y agrega: “Hay que trabajar en una nueva normativa para preservar el bosque nativo y mejorarlo porque sabemos que la ganadería de Córdoba no existiría sin árboles”.
Magliano asegura que en la última discusión se había logrado bastante coincidencia entre todos los sectores, pero luego la iniciativa se frenó.
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Fecha de Publicación: 16/04/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En 2018 se intervinieron 7.413 hectáreas de bosque nativo, según cifras oficiales. El dato marca un descenso respecto de 2017, pero se mantiene en relación con años anteriores.
El desmonte ilegal sigue siendo una práctica difícil de erradicar de la provincia. En 2018, la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba detectó intervenciones ilegales por 7.413 hectáreas.
Equivale a una deforestación de 27,4 canchas de fútbol como la del estadio Kempes por día.
De estas 7.413 hectáreas, 3.200 estaban protegidas bajo la categoría roja, según la ley provincial de bosques 9.814. Son los sectores con monte mejor conservado y donde sólo pueden realizarse intervenciones mínimas, pero con autorización de la Secretaría de Ambiente de la Provincia.
Sin embargo, en 778 hectáreas se realizó un desmonte total, mientras que en las 2.422 hectáreas restantes las intervenciones ilegales fueron rolados para extraer renovales del bosque, desmonte selectivo de arbustos o aperturas de picadas.
Aunque con altos y bajos, los desmontes ilegales persisten en Córdoba y lejos se está del ideal de “deforestación cero”. En 2015, las intervenciones ilegales afectaron a un poco más de siete hectáreas.
En 2016, una cifra parcial (Policía Ambiental no informó todas las intervenciones en la categoría amarilla) arrojó 6.951 hectáreas. La cifra trepó a 14.427 en 2017.
Los datos del monitoreo de 2018 fueron publicados tras varios pedidos de este diario. Hay una baja respecto del año anterior, pero la cifra sigue siendo alta si se considera el escaso monte que queda en Córdoba.
Según estudios ambientales, sólo sobrevive un tres por ciento de bosque nativo bien conservado de los 12 millones de hectáreas que había a principios del siglo 20.
El bosque nativo es sinónimo de biodiversidad y de paisaje y un atributo clave para el turismo, pero también es vital para la regulación hídrica y climática de la región. “Desde el período 2014, al menos cinco mil hectáreas de bosque nativo se han desmontado de manera ilegal todos los años. Eso es preocupante”, asegura Fernando Barri, biólogo e investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba.
Y señala que a partir de 2016 comienzan a aumentar los desmontes selectivos y químicos en zona roja de parches de bosques ubicados entre la ruta 9 norte y Mar Chiquita.
“Es la zona más codiciada por el agronegocio, ya que las precipitaciones allí permiten hacer cultivos intensivos. Allí hay muy pocos parches de bosque que deberían ser conservados de manera estricta si queremos salvar su biodiversidad”, comenta el biólogo.
Barri también señala que se realizan muchas intervenciones en la zona de Quilino donde se puede implantar pasturas exóticas para alimentar el ganado.
Los cinco departamentos con más hectáreas intervenidas fueron San Justo (1.052,5 hectáreas), Tulumba (556), Ischilín (368,6), Río Seco (363,8) y Río Primero (307,3).
Hasta fines de 2015, la Policía Ambiental también publicaba las hectáreas afectadas por intervenciones autorizadas. “Ahora no hay manera de saber cuánto están autorizando y cómo inciden esas intervenciones en la superficie de bosque nativo en la provincia”, asegura Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba.
¿Y el desmonte químico?
A Kopta también le llama la atención que en 2018 no se haya detectado casi ningún predio con desmonte químico, una práctica expresamente prohibida por ley. En 2017, se detectaron 2.500 hectáreas intervenidas ilegalmente de esta forma.
Se utilizan pesticidas para matar arbustos y renoval con el objetivo de despejar el terreno para la ganadería. Sobreviven los árboles más maduros, útiles para dar sombra al ganado.
Barri asegura que el informe estaría obviando al menos un desmonte químico de 1.200 hectáreas ocurrido en un campo de “un conocido empresario ganadero”. “Los inspectores le labraron el acta en junio del año pasado, pero por alguna razón esto no ha salido a la luz”, sostiene.
Recuperación muy lenta
Barri y Kopta coinciden en que son irrisorias las accesorias de reforestación que se cumplieron el año pasado. Es que, frente a las 7.413 hectáreas desmontadas, se recuperaron cuatro predios por 32 hectáreas totales, y otros 19 infractores fueron emplazados para que remediaran el daño ambiental. Potencialmente, serían otras 1.508 hectáreas por recuperar.
“De esos miles de hectáreas que se desmontaron no se recuperó casi nada y probablemente hoy tengan cultivos, hayan pagado o no las multas”, dice Barri.
Kopta agrega: “Hay un abismo entre la superficie intervenida en forma ilegal y la que tiene accesoria de reforestación. Ante esa desproporción, quienes desmontan tienen ganada la carrera”.
Los productores rurales reclaman claridad en las normas
Luis Magliano, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, asegura que es evidente la contradicción que hay entre la ley provincial de bosque nativo (9.814, sancionada en 2010) y su reglamentación de 2011.
“Los productores no saben qué es lo que pueden hacer o no en sus predios. Quizás por ese motivo algunos pequeños productores pueden cometer alguna ilegalidad sin saberlo”, comenta.
El 80 por ciento de los productores ganaderos del norte cordobés tienen rodeos de menos de 150 animales. Magliano explica que estos ganaderos necesitan utilizar toda la superficie habilitada por ley para que la producción sea rentable, pero las contradicciones con la normativa no permiten esto.
“Hay muchas chacras que históricamente fueron intervenidas, pero realizar ahora cualquier intervención puede ser tomado como una infracción, cuando hace 20 o 50 años fueron habilitadas y ya tienen poco bosque nativo”, ejemplifica.
Además, detalla que las habilitaciones de la Secretaría de Ambiente demoran hasta un año, lo que hace inviable cualquier emprendimiento.
Magliano entiende que el gran productor puede adaptarse mejor a las normas porque tiene suficiente superficie para proteger una parte de bosque sin perder productividad.
Para el dirigente rural, esta situación está generando pobreza en el norte porque se está impidiendo que se genere trabajo rural. “Hoy no se puede hacer prácticamente nada por esta normativa”, asegura.
Y agrega: “Hay que trabajar en una nueva normativa para preservar el bosque nativo y mejorarlo porque sabemos que la ganadería de Córdoba no existiría sin árboles”.
Magliano asegura que en la última discusión se había logrado bastante coincidencia entre todos los sectores, pero luego la iniciativa se frenó.
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Reclamo a nación por parte de la industria del biodiesel
Fuerte reclamo de elaboradoras de biodiesel al gobierno nacional
Fecha de Publicación: 16/04/2019
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Nacional
La Cámara que nuclea a las pymes elevó un pedido a la Secretaría de Energía de la Nación reclamando que se revean los cambios efectuados, o “comenzará la suspensión de personal”. También advierten que se tomarían “acciones legales”.
Luego de una reunión que se realizó el día de ayer, la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB), emitió una nota dirigida a la Secretaría de Energía de la Nación, en la que se denuncia que se incumplió la Ley 26.093, que fue la que en un principio dio origen a estas empresas “con el objetivo político de descentralizar la producción y desarrollar zonas remotas”.
La Cámara explica que no se respetó la publicación periódica del precio y además se modificó de manera sorpresiva la fórmula que formaba el precio del biocombustible que “permitía trabajar con cierta rentabilidad y previsibilidad”, a pesar de que venían experimentando pérdidas económicas resultado de la devaluación durante los últimos cuatro años.
Hacia el final del documento se advierte que si no se revierten las modificaciones efectuadas “se afectará en forma terminal la actividad”, con la consiguiente suspensión de personal y procedimientos preventivos de crisis. Al mismo tiempo, apuntan que “se reservan el derecho de iniciar acciones legales” por el incumplimiento por parte del gobierno de la mencionada ley.
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Fecha de Publicación: 16/04/2019
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Nacional
La Cámara que nuclea a las pymes elevó un pedido a la Secretaría de Energía de la Nación reclamando que se revean los cambios efectuados, o “comenzará la suspensión de personal”. También advierten que se tomarían “acciones legales”.
Luego de una reunión que se realizó el día de ayer, la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB), emitió una nota dirigida a la Secretaría de Energía de la Nación, en la que se denuncia que se incumplió la Ley 26.093, que fue la que en un principio dio origen a estas empresas “con el objetivo político de descentralizar la producción y desarrollar zonas remotas”.
La Cámara explica que no se respetó la publicación periódica del precio y además se modificó de manera sorpresiva la fórmula que formaba el precio del biocombustible que “permitía trabajar con cierta rentabilidad y previsibilidad”, a pesar de que venían experimentando pérdidas económicas resultado de la devaluación durante los últimos cuatro años.
Hacia el final del documento se advierte que si no se revierten las modificaciones efectuadas “se afectará en forma terminal la actividad”, con la consiguiente suspensión de personal y procedimientos preventivos de crisis. Al mismo tiempo, apuntan que “se reservan el derecho de iniciar acciones legales” por el incumplimiento por parte del gobierno de la mencionada ley.
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Chubut: acciones de restauración tras los incendios
Provincia coordina restauración de áreas afectadas por incendios forestales en la cordillera
Fecha de Publicación: 16/04/2019
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut
Las acciones comenzarán en Cholila durante Semana Santa, con una jornada de plantación y cosecha de semillas de árboles nativos, y de la que participarán voluntarios de todo el país. Hasta el momento se reforestaron 180 hectáreas.
El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de la Producción que conduce Hernán Alonso, trabaja en la campaña de restauración de áreas afectadas por incendios forestales, que se iniciará con una jornada de plantación y cosecha de semillas de árboles nativos y de la que participarán más de 100 personas, la mayoría voluntarios que llegarán desde distintos puntos del país.
La actividad, que tendrá lugar en proximidades de Cholila durante Semana Santa, se enmarca en el “Programa Integral de Manejo y Restauración de las Grandes Áreas Afectadas por Incendios Forestales en la Temporada 2014-2015”, que desde el 2017 llevan adelante la Subsecretaría de Bosques e Incendios de Chubut, el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) , el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, el Nodo Bosque Andino Patagónico de la Secretaría y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), la Fundación Bosques de la Patagonia y la Asociación Amigos de la Patagonia, que en esta oportunidad convoca a los voluntarios interesados en forestar
Cabe destacar, además, la colaboración la Municipalidad de Cholila, el Club Andino de dicha localidad, productores de la zona y numerosas instituciones educativas que acompañan con prácticas de forestación en terreno.
El “Programa Integral de Manejo y Restauración de las Grandes Areas Afectadas por Incendios Forestales en la Temporada 2014-2015”, además de las instituciones ya mencionadas, fue elaborado por técnicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF), Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), Administración de Parques Nacionales (APN); y apunta a promover la restauración de las superficies quemadas a través de la siembra y de la clausura de sectores degradados a fin de disminuir el impacto de la ganadería.
En principio, el programa asigna prioridad de intervención a 3 mil de las 40 mil hectáreas afectadas por el fuego durante esa temporada en Cholila, Epuyén, Lago Puelo y Río Turbio. Allí se ubican bosques de fundamental importancia por los servicios ambientales que proveen, entre los que destacan la regulación hídrica, la protección del suelo, la conservación de la calidad del agua, la conservación de la biodiversidad y la fijación de gases de efecto invernadero.
El Estado Provincial inició la implementación del programa en forma sistemática en 2017 asignando recursos propios y gestionando fondos para la protección de los bosques nativos y la promoción de las plantaciones ante la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Hasta el momento se plantaron 180 hectáreas con más de 80.000 plantines de especies nativas, producidos en viveros privados, estatales y escolares
de la región. Eso se hizo a lo largo de 30 jornadas de plantación, principalmente con entidades educativas, de las que
participaron más de 600 estudiantes, técnicos y personal institucional.
La reforestación requirió también del compromiso de productores afectados dispuestos a adecuar la carga ganadera en los lugares degradados por el fuego. Además, la iniciativa incluyó como actividad necesaria la cosecha de semillas de especies nativas para asegurar la producción de los plantines necesarios para dar continuidad al programa y la capacitación de los interesados en cosechar y producir.
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Fecha de Publicación: 16/04/2019
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut
Las acciones comenzarán en Cholila durante Semana Santa, con una jornada de plantación y cosecha de semillas de árboles nativos, y de la que participarán voluntarios de todo el país. Hasta el momento se reforestaron 180 hectáreas.
El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de la Producción que conduce Hernán Alonso, trabaja en la campaña de restauración de áreas afectadas por incendios forestales, que se iniciará con una jornada de plantación y cosecha de semillas de árboles nativos y de la que participarán más de 100 personas, la mayoría voluntarios que llegarán desde distintos puntos del país.
La actividad, que tendrá lugar en proximidades de Cholila durante Semana Santa, se enmarca en el “Programa Integral de Manejo y Restauración de las Grandes Áreas Afectadas por Incendios Forestales en la Temporada 2014-2015”, que desde el 2017 llevan adelante la Subsecretaría de Bosques e Incendios de Chubut, el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) , el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, el Nodo Bosque Andino Patagónico de la Secretaría y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), la Fundación Bosques de la Patagonia y la Asociación Amigos de la Patagonia, que en esta oportunidad convoca a los voluntarios interesados en forestar
Cabe destacar, además, la colaboración la Municipalidad de Cholila, el Club Andino de dicha localidad, productores de la zona y numerosas instituciones educativas que acompañan con prácticas de forestación en terreno.
El “Programa Integral de Manejo y Restauración de las Grandes Areas Afectadas por Incendios Forestales en la Temporada 2014-2015”, además de las instituciones ya mencionadas, fue elaborado por técnicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF), Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), Administración de Parques Nacionales (APN); y apunta a promover la restauración de las superficies quemadas a través de la siembra y de la clausura de sectores degradados a fin de disminuir el impacto de la ganadería.
En principio, el programa asigna prioridad de intervención a 3 mil de las 40 mil hectáreas afectadas por el fuego durante esa temporada en Cholila, Epuyén, Lago Puelo y Río Turbio. Allí se ubican bosques de fundamental importancia por los servicios ambientales que proveen, entre los que destacan la regulación hídrica, la protección del suelo, la conservación de la calidad del agua, la conservación de la biodiversidad y la fijación de gases de efecto invernadero.
El Estado Provincial inició la implementación del programa en forma sistemática en 2017 asignando recursos propios y gestionando fondos para la protección de los bosques nativos y la promoción de las plantaciones ante la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Hasta el momento se plantaron 180 hectáreas con más de 80.000 plantines de especies nativas, producidos en viveros privados, estatales y escolares
de la región. Eso se hizo a lo largo de 30 jornadas de plantación, principalmente con entidades educativas, de las que
participaron más de 600 estudiantes, técnicos y personal institucional.
La reforestación requirió también del compromiso de productores afectados dispuestos a adecuar la carga ganadera en los lugares degradados por el fuego. Además, la iniciativa incluyó como actividad necesaria la cosecha de semillas de especies nativas para asegurar la producción de los plantines necesarios para dar continuidad al programa y la capacitación de los interesados en cosechar y producir.
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Hidrocarburos contaminan el Limay
Detectan contaminación de hidrocarburos en el Limay
Fecha de Publicación: 15/04/2019
Fuente: ADN
Provincia/Región: Río Negro
La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informó que se ha detectado presencia de hidrocarburos sobre la costa del Río Limay. De esta manera, la Intendencia del organismo nacional inició el procedimiento administrativo para investigar el hecho y plantear un plan de remediación.
La información refiere a que corresponden a desperfectos en un equipo de bombeo de agua de la empresa que realiza trabajos en la ruta provincial Nº 23.
Guardaparques y personal del Departamento de Conservación y Educación Ambiental del área protegida de Parques Nacionales, se dirigieron al lugar y se se labró un acta de infracción.
También acudieron al lugar personal de la Delegación del Departamento Provincial de Aguas y de la Secretaría de Ambiente de Río Negro.
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Fecha de Publicación: 15/04/2019
Fuente: ADN
Provincia/Región: Río Negro
La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informó que se ha detectado presencia de hidrocarburos sobre la costa del Río Limay. De esta manera, la Intendencia del organismo nacional inició el procedimiento administrativo para investigar el hecho y plantear un plan de remediación.
La información refiere a que corresponden a desperfectos en un equipo de bombeo de agua de la empresa que realiza trabajos en la ruta provincial Nº 23.
Guardaparques y personal del Departamento de Conservación y Educación Ambiental del área protegida de Parques Nacionales, se dirigieron al lugar y se se labró un acta de infracción.
También acudieron al lugar personal de la Delegación del Departamento Provincial de Aguas y de la Secretaría de Ambiente de Río Negro.
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Cambio climático y agricultura, lo que se viene
Cambio climático: el gran desafío para la agricultura argentina
Fecha de Publicación: 15/04/2019
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional
Lluvias intensas y más frecuentes en el norte, inundaciones en la zona central y sequías más prolongadas en Cuyo. El cambio climático y sus efectos ya son visibles en las distintas provincias del país, los cuales -sumados a la variabilidad natural del clima-fuerzan a muchos sectores a adaptarse. Entre ellos, la agricultura tiene una doble característica: es un alto generador de emisiones contaminantes, pero también uno de los más vulnerables a los efectos del clima.
Es por ello que productores, científicos y organismos del Estado trabajan para adaptarse y reducir emisiones. El sector agrícola en la Argentina aporta 7,4 por ciento al PBI del país, el cual es alto comparado con el promedio de 5,2 por ciento del resto de América latina. La agricultura suministra alimentos básicos claves y sus exportaciones representan el 58 por ciento de las nacionales proporcionando alimento a 450 millones de personas.
Es por esa importancia económica que cualquier alteración climática no solo afecta al sector, sino que, también, a la economía a nivel general. “Un evento climático extremo puede sacar de la cancha a un productor y eso es caro para la Argentina. Si no puede subsistir, perdemos mucho conocimiento en el área en la que trabaja En los ’90 producíamos 30 millones de toneladas, hoy estamos en 140”, dice Santiago del Solar, jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria.
Las inundaciones en Santa Fe, Chaco, Corrientes y Entre Ríos dejaron miles de evacuados, así como pérdidas para el agro que todavía se están calculando. A la par, en la campaña anterior, se perdieron casi US$ 6000 millones en exportaciones de soja y maíz por las sequías.
Las pérdidas económicas se enmarcan en situaciones similares en todas las economías de los países en desarrollo, las cuales perdieron US$ 96.000 millones entre 2005y 2015 por daños a la producción agrícola y ganadera, de acuerdo con un informe de la FAO. ‘Por el cambio climático también aumentó la variabilidad climática. Se pasan de extremos secos a extremos húmedos y eso tiene un impacto fuerte, sobre todo en el norte de la Argentina. Los productores pasan en poco tiempo de sequías a inundaciones”, explica Inés Camillioni, doctora en Ciencias de la Atmósfera y autora de informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
Resultados parciales
Los resultados parciales de la campaña actual muestran algunas de esas consecuencias. En el caso del trigo, la estimación inicial de una cosecha de 19.700 millones de toneladas se redujo a 19 millones por el impacto de las heladas tardías y el granizo en Santa Fe, Córdoba y parte de Entre Ríos. En el de la soja, aun siendo cultivada, la estimación inicial de una superficie de 17,9 millones de hectáreas se redujo a 17,7 millones por las inundaciones en el norte. El hecho de que el exceso de agua haya ocurrido en regiones que aportan menos al área agrícola a nivel país evitó que las pérdidas hayan sido mayores. “Si bien redujimos la estimación de hectáreas, mantuvimos la de 53 millones de toneladas de nivel de producción. A pesar de los problemas climáticos, hay un alto potencial de rendimiento en zonas más altas que no tuvieron excesos de lluvia”, detalla Gonzalo Hermida, economista en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Cambios anticipados
Los cambios en el clima de las regiones agropecuarias de la Argentina coinciden con lo observado en la Tercera Comunicación de Cambio Climático nacional, un informe el país que presentó en 2015 en el cual se detalla los efectos del cambio climático en el país y se realizan proyecciones.
De acuerdo con la publicación, en el período 1961-2010 se observó un aumento en casi todo el país de la precipitación media a nivel anual, especialmente en el Litoral, Cuyo y el Norte. Además, en la mayor parte del área continental no patagónica, hubo un aumento de temperatura de hasta medio grado. ‘Hay una tendencia significativa de aumento de las temperaturas mínimas, lo cual afecta a muchos cultivos que necesitan de ciertas condiciones de temperatura. A la par, hay un aumento de las lluvias de verano, lo que tiene efectos negativos y positivos, y una tendencia negativa en las heladas‘, apunta Carolina Vera, investigadora del Conicet y autora del IPCC, quien resalta el aumento en la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos extremos como lluvias intensas y olas de calor, lo que puede tener efectos destructivos sobre la producción agropecuaria. A ello se suma la falta de lluvia en la región Este y los problemas que trae por falta de disponibilidad de agua para los cultivos. Es justamente por esa expansión en los extremos climáticos que la producción agropecuaria se movió a nuevas zonas. Sin embargo, las mismas tienen un elevado riesgo climático y están expuestas a sequías e inundaciones, de acuerdo con Miguel Taboada, director del Instituto de Investigación de Suelos del INTA.
“Tenemos millones de hectáreas que son planas y el agua se mueve muy poco con suelos con poco drenaje. No queda otra que hacer obras para que el agua se acumule en las partes más elevadas. La gente quiere sacar el agua de cualquier manera”, agrega.
El principal riesgo
Según datos del Banco Mundial, las inundaciones son el principal riesgo climático argentino, ya que afectan a la Pampa Húmeda, la zona con mayor concentración poblacional y de actividades productivas. En años de lluvias intensas, como 2012 y 2015, los anegamientos se pueden llevar más de un punto del PBI. ‘Casi no hay años en los que la superficie sembrada no se vea afectada por anegamientos y se reduzca la cosecha. Son excesos de agua directamente relacionados con la intensidad de la lluvia: cuando sobra el agua se nos arma un desastre‘, afirma Esteban Jobbagy, investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de San Luis.
Proyecciones
La Tercera Comunicación Nacional construyó dos escenarios: uno que corresponde a una situación de emisiones de gases de efecto invernadero (causantes del cambio climático) bajas y otro que corresponde a una situación con la tendencia actual de emisiones altas, ambos aplicados al futuro cercano (2015-2039) y al lejano (2075-2099).
Las predicciones basadas en dichos modelos muestran que la temperatura media aumentaría en todo el país en los dos escenarios, tanto para d futuro cercano como para el lejano y en ambos casos los aumentos de temperatura son mayores hacia fin de siglo. En el caso de la precipitación, los cambios proyectados no son grandes. Excepto para el escenario de altas emisiones en el futuro lejano, se ubican entre -10 y 10 por ciento de aumento. Como este podría ser el rango de las posibles fuentes de error, estas seña-les de cambio son poco relevantes.
Se estima que el incremento en la frecuencia de eventos extremos ocasione una mayor erosión por el viento y el agua, compactación del suelo, salinización y, finalmente, la desertificación, lo que pueden provocar cambios significativos en los cultivos. ‘Si todo lo que observamos ocurrió en un mundo de un grado de aumento de la temperatura, las proyecciones indican que la tasa de cambios se va a acelerar con mayor temperatura. Todo va a continuar en el futuro con más rapidez en función de los distintos escenarios‘, asegura Vera. Sin embargo, eso no implica necesariamente efectos negativos para todo el agro. El hecho de que haya más dióxido de carbono en la atmosfera y que las temperaturas sean más altas favorece la fotosíntesis, lo que permite un mayor crecimiento de determinados cultivos.
En la Tercera Comunicación, se analizaron modelos de simulación del crecimiento y desarrollo de cultivos en escenarios climáticos futuros. De allí se desprende que, en promedio y en la región pampeana, tanto el maíz como la soja se verían favorecidos. Si bien el rendimiento del cereal podría incrementarse levemente, la oleaginosa rendiría hasta un 50 por ciento más hacia fines de siglo. Con respecto al trigo y en un futuro cercano (2040) los rendimientos podrían disminuir. ‘Nos tenemos que preparar para un mundo más caliente. Estar listos para un mundo de dos grados más de temperatura no es tan difícil. En la agricultura de granos, ya hay gimnasia de los productores que se puede aprovechar‘, comenta Jobbagy.
Adaptarse a los cambios
Si bien los efectos del cambio climático pueden ser algo reciente para los productores, la variabilidad en el clima no lo es, por lo que muchos ya conocen y llevan adelante diferentes estrategias para adaptarse a lluvias, inundaciones, olas de calor y sequías, entre otros fenómenos. Tradicionalmente, muchos agricultores han utilizado técnicas consideradas climáticamente inteligentes en su esfuerzo por adaptar sus patrones de producción a las condiciones climáticas cambiantes. En muchos casos, dichas técnicas han formado parte de enfoques integrales para administrar las tierras de cultivo.
‘Hay cosas que están pasando de manera autónoma a lo que decidan las autoridades. El sector toma decisiones y se va ajustando. Entre ellos, cambiar la fecha de siembra. El sector tiene un gran poder de adaptación‘, sostiene Nicolás Lucas, director Nacional de Producciones Sostenibles en el Ministerio de Agroindustria. La siembra directa se practica en alrededor del 80 por ciento de la superficie de tierras de cultivo del país, especialmente en soja, maíz y trigo. La práctica mejora las características físicas, químicas y biológicas del suelo. Pero, debe ir acompañada por diversificación y rotación de cultivos.
Además, en el abanico de posibilidades de los productores, se incluyen la modificación de los períodos de siembra y cosecha. La introducción de variedades de semillas resistentes a la temperatura, el manejo preciso de fertilizantes, el integrado de plagas y el de posturas, con sistemas silvopastoriles. ‘Hay que estudiar el riesgo y replantear los cultivos. Es una dinámica constante que va a tener que hacer el sector de ahora en más, siempre basándose en las proyecciones a futuro‘, dice Soledad Aguilar, directora Nacional de Cambio Climático en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
*Publicado en El Cronista
Las emisiones, el reto
A la par de adaptarse a los efectos del clima, el sector agropecuario tiene por delante el desafío de reducir su nivel de emisiones. En la Argentina, el sector de agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra representa el 39,2 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero del país, de acuerdo con el último inventario.
‘A diferencia del sector de energía, en el están todas las alternativas tecnológicas para mitigar, las vacas bajas en carbono todavía no existen. Hay una barrera tecnológica y tenemos que trabajar en innovación y genética. Hay muchas medidas que sirven para reducir emisiones en el agro, pero no tanto en la ganadería‘, señala Aguilar
La mayor parte de las emisiones proviene de la conversión de ecosistemas naturales a la agricultura y de las emisiones de metano por la ganadería bovina. En ese sentido, resulta clave el control de la deforestación de bosques nativos a través de la Ley de Bosques. Asimismo, se está trabajando en un conjunto de medidas para reducir las emisiones como la rotación de cultivos, la forestación con bosque cultivado, la generación de energía a partir de biomasa y la mejora en eficiencia en la ganadería y en el uso de fertilizantes. Argentina se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 18 por ciento de manera incondicional y en 37 por ciento de manera condicional, sujeto a financiamiento internacional. A nivel mundial, el país es responsable de un 0,7 por ciento de las emisiones que contribuyen al calentamiento del planeta.
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Fecha de Publicación: 15/04/2019
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional
Lluvias intensas y más frecuentes en el norte, inundaciones en la zona central y sequías más prolongadas en Cuyo. El cambio climático y sus efectos ya son visibles en las distintas provincias del país, los cuales -sumados a la variabilidad natural del clima-fuerzan a muchos sectores a adaptarse. Entre ellos, la agricultura tiene una doble característica: es un alto generador de emisiones contaminantes, pero también uno de los más vulnerables a los efectos del clima.
Es por ello que productores, científicos y organismos del Estado trabajan para adaptarse y reducir emisiones. El sector agrícola en la Argentina aporta 7,4 por ciento al PBI del país, el cual es alto comparado con el promedio de 5,2 por ciento del resto de América latina. La agricultura suministra alimentos básicos claves y sus exportaciones representan el 58 por ciento de las nacionales proporcionando alimento a 450 millones de personas.
Es por esa importancia económica que cualquier alteración climática no solo afecta al sector, sino que, también, a la economía a nivel general. “Un evento climático extremo puede sacar de la cancha a un productor y eso es caro para la Argentina. Si no puede subsistir, perdemos mucho conocimiento en el área en la que trabaja En los ’90 producíamos 30 millones de toneladas, hoy estamos en 140”, dice Santiago del Solar, jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria.
Las inundaciones en Santa Fe, Chaco, Corrientes y Entre Ríos dejaron miles de evacuados, así como pérdidas para el agro que todavía se están calculando. A la par, en la campaña anterior, se perdieron casi US$ 6000 millones en exportaciones de soja y maíz por las sequías.
Las pérdidas económicas se enmarcan en situaciones similares en todas las economías de los países en desarrollo, las cuales perdieron US$ 96.000 millones entre 2005y 2015 por daños a la producción agrícola y ganadera, de acuerdo con un informe de la FAO. ‘Por el cambio climático también aumentó la variabilidad climática. Se pasan de extremos secos a extremos húmedos y eso tiene un impacto fuerte, sobre todo en el norte de la Argentina. Los productores pasan en poco tiempo de sequías a inundaciones”, explica Inés Camillioni, doctora en Ciencias de la Atmósfera y autora de informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
Resultados parciales
Los resultados parciales de la campaña actual muestran algunas de esas consecuencias. En el caso del trigo, la estimación inicial de una cosecha de 19.700 millones de toneladas se redujo a 19 millones por el impacto de las heladas tardías y el granizo en Santa Fe, Córdoba y parte de Entre Ríos. En el de la soja, aun siendo cultivada, la estimación inicial de una superficie de 17,9 millones de hectáreas se redujo a 17,7 millones por las inundaciones en el norte. El hecho de que el exceso de agua haya ocurrido en regiones que aportan menos al área agrícola a nivel país evitó que las pérdidas hayan sido mayores. “Si bien redujimos la estimación de hectáreas, mantuvimos la de 53 millones de toneladas de nivel de producción. A pesar de los problemas climáticos, hay un alto potencial de rendimiento en zonas más altas que no tuvieron excesos de lluvia”, detalla Gonzalo Hermida, economista en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Cambios anticipados
Los cambios en el clima de las regiones agropecuarias de la Argentina coinciden con lo observado en la Tercera Comunicación de Cambio Climático nacional, un informe el país que presentó en 2015 en el cual se detalla los efectos del cambio climático en el país y se realizan proyecciones.
De acuerdo con la publicación, en el período 1961-2010 se observó un aumento en casi todo el país de la precipitación media a nivel anual, especialmente en el Litoral, Cuyo y el Norte. Además, en la mayor parte del área continental no patagónica, hubo un aumento de temperatura de hasta medio grado. ‘Hay una tendencia significativa de aumento de las temperaturas mínimas, lo cual afecta a muchos cultivos que necesitan de ciertas condiciones de temperatura. A la par, hay un aumento de las lluvias de verano, lo que tiene efectos negativos y positivos, y una tendencia negativa en las heladas‘, apunta Carolina Vera, investigadora del Conicet y autora del IPCC, quien resalta el aumento en la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos extremos como lluvias intensas y olas de calor, lo que puede tener efectos destructivos sobre la producción agropecuaria. A ello se suma la falta de lluvia en la región Este y los problemas que trae por falta de disponibilidad de agua para los cultivos. Es justamente por esa expansión en los extremos climáticos que la producción agropecuaria se movió a nuevas zonas. Sin embargo, las mismas tienen un elevado riesgo climático y están expuestas a sequías e inundaciones, de acuerdo con Miguel Taboada, director del Instituto de Investigación de Suelos del INTA.
“Tenemos millones de hectáreas que son planas y el agua se mueve muy poco con suelos con poco drenaje. No queda otra que hacer obras para que el agua se acumule en las partes más elevadas. La gente quiere sacar el agua de cualquier manera”, agrega.
El principal riesgo
Según datos del Banco Mundial, las inundaciones son el principal riesgo climático argentino, ya que afectan a la Pampa Húmeda, la zona con mayor concentración poblacional y de actividades productivas. En años de lluvias intensas, como 2012 y 2015, los anegamientos se pueden llevar más de un punto del PBI. ‘Casi no hay años en los que la superficie sembrada no se vea afectada por anegamientos y se reduzca la cosecha. Son excesos de agua directamente relacionados con la intensidad de la lluvia: cuando sobra el agua se nos arma un desastre‘, afirma Esteban Jobbagy, investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de San Luis.
Proyecciones
La Tercera Comunicación Nacional construyó dos escenarios: uno que corresponde a una situación de emisiones de gases de efecto invernadero (causantes del cambio climático) bajas y otro que corresponde a una situación con la tendencia actual de emisiones altas, ambos aplicados al futuro cercano (2015-2039) y al lejano (2075-2099).
Las predicciones basadas en dichos modelos muestran que la temperatura media aumentaría en todo el país en los dos escenarios, tanto para d futuro cercano como para el lejano y en ambos casos los aumentos de temperatura son mayores hacia fin de siglo. En el caso de la precipitación, los cambios proyectados no son grandes. Excepto para el escenario de altas emisiones en el futuro lejano, se ubican entre -10 y 10 por ciento de aumento. Como este podría ser el rango de las posibles fuentes de error, estas seña-les de cambio son poco relevantes.
Se estima que el incremento en la frecuencia de eventos extremos ocasione una mayor erosión por el viento y el agua, compactación del suelo, salinización y, finalmente, la desertificación, lo que pueden provocar cambios significativos en los cultivos. ‘Si todo lo que observamos ocurrió en un mundo de un grado de aumento de la temperatura, las proyecciones indican que la tasa de cambios se va a acelerar con mayor temperatura. Todo va a continuar en el futuro con más rapidez en función de los distintos escenarios‘, asegura Vera. Sin embargo, eso no implica necesariamente efectos negativos para todo el agro. El hecho de que haya más dióxido de carbono en la atmosfera y que las temperaturas sean más altas favorece la fotosíntesis, lo que permite un mayor crecimiento de determinados cultivos.
En la Tercera Comunicación, se analizaron modelos de simulación del crecimiento y desarrollo de cultivos en escenarios climáticos futuros. De allí se desprende que, en promedio y en la región pampeana, tanto el maíz como la soja se verían favorecidos. Si bien el rendimiento del cereal podría incrementarse levemente, la oleaginosa rendiría hasta un 50 por ciento más hacia fines de siglo. Con respecto al trigo y en un futuro cercano (2040) los rendimientos podrían disminuir. ‘Nos tenemos que preparar para un mundo más caliente. Estar listos para un mundo de dos grados más de temperatura no es tan difícil. En la agricultura de granos, ya hay gimnasia de los productores que se puede aprovechar‘, comenta Jobbagy.
Adaptarse a los cambios
Si bien los efectos del cambio climático pueden ser algo reciente para los productores, la variabilidad en el clima no lo es, por lo que muchos ya conocen y llevan adelante diferentes estrategias para adaptarse a lluvias, inundaciones, olas de calor y sequías, entre otros fenómenos. Tradicionalmente, muchos agricultores han utilizado técnicas consideradas climáticamente inteligentes en su esfuerzo por adaptar sus patrones de producción a las condiciones climáticas cambiantes. En muchos casos, dichas técnicas han formado parte de enfoques integrales para administrar las tierras de cultivo.
‘Hay cosas que están pasando de manera autónoma a lo que decidan las autoridades. El sector toma decisiones y se va ajustando. Entre ellos, cambiar la fecha de siembra. El sector tiene un gran poder de adaptación‘, sostiene Nicolás Lucas, director Nacional de Producciones Sostenibles en el Ministerio de Agroindustria. La siembra directa se practica en alrededor del 80 por ciento de la superficie de tierras de cultivo del país, especialmente en soja, maíz y trigo. La práctica mejora las características físicas, químicas y biológicas del suelo. Pero, debe ir acompañada por diversificación y rotación de cultivos.
Además, en el abanico de posibilidades de los productores, se incluyen la modificación de los períodos de siembra y cosecha. La introducción de variedades de semillas resistentes a la temperatura, el manejo preciso de fertilizantes, el integrado de plagas y el de posturas, con sistemas silvopastoriles. ‘Hay que estudiar el riesgo y replantear los cultivos. Es una dinámica constante que va a tener que hacer el sector de ahora en más, siempre basándose en las proyecciones a futuro‘, dice Soledad Aguilar, directora Nacional de Cambio Climático en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
*Publicado en El Cronista
Las emisiones, el reto
A la par de adaptarse a los efectos del clima, el sector agropecuario tiene por delante el desafío de reducir su nivel de emisiones. En la Argentina, el sector de agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra representa el 39,2 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero del país, de acuerdo con el último inventario.
‘A diferencia del sector de energía, en el están todas las alternativas tecnológicas para mitigar, las vacas bajas en carbono todavía no existen. Hay una barrera tecnológica y tenemos que trabajar en innovación y genética. Hay muchas medidas que sirven para reducir emisiones en el agro, pero no tanto en la ganadería‘, señala Aguilar
La mayor parte de las emisiones proviene de la conversión de ecosistemas naturales a la agricultura y de las emisiones de metano por la ganadería bovina. En ese sentido, resulta clave el control de la deforestación de bosques nativos a través de la Ley de Bosques. Asimismo, se está trabajando en un conjunto de medidas para reducir las emisiones como la rotación de cultivos, la forestación con bosque cultivado, la generación de energía a partir de biomasa y la mejora en eficiencia en la ganadería y en el uso de fertilizantes. Argentina se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 18 por ciento de manera incondicional y en 37 por ciento de manera condicional, sujeto a financiamiento internacional. A nivel mundial, el país es responsable de un 0,7 por ciento de las emisiones que contribuyen al calentamiento del planeta.
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Ley 7.722 : industriales juntan avales para modificaciones
Juntan avales para modificar la ley 7.722 que restringe la minería
Fecha de Publicación: 15/04/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
A través de una petición, la UIM, entidad que agrupa al sector industrial y productivo de Mendoza, busca adhesiones para que la Casa de las Leyes trate los proyectos de cambios en la llamada ley antiminera.
La Unión Industrial de Mendoza, junto al Clúster Energético Mendoza y al Consejo Empresario Mendocino (CEM), está recolectando adhesiones para que la Legislatura provincial trate este año los proyecto de modificación a la ley provincial 7.722, también conocida como ley “antiminera”. Ya hay más de 175 entidades solicitando la modificación.
La intención de la entidad que agrupa a los sectores productivo e industrial de la provincia, es que la Casa de las Leyes le dé tratamiento a las iniciativas presentadas que buscan cambiar la norma que hoy prohíbe el desarrollo de la minería metalífera en todo el territorio mendocino.
La adhesión no sólo está dirigida a empresarios, sino también a colegios profesionales, organismos técnicos, instituciones educativas, centros de capacitación, profesionales independientes, entre otros actores de la economía provincial.
“Queremos invitarlo a que nos acompañe en una petición a nuestras autoridades, clara y contundente, a través de la instrumentación de herramientas concretas que nos permitan ampliar y diversificar nuestra matriz productiva”, detalla la iniciativa, y agrega: “La actividad (minera) se encuentra limitada y la minería metalífera, directamente prohibida por una serie de normas e impedimentos legales, que demoran o impiden las inversiones necesarias”.
En ese sentido, la petición deja en claro lo que ha ocurrido en provincias vecinas que “gozan de los beneficios del desarrollo de este sector, sin que a la fecha se comprueben los nefastos efectos anunciados. Hoy vemos cómo pymes de San Juan o Neuquén tienen crecimiento sostenido como proveedores del sector, no sólo generando trabajo sino también invirtiendo, innovando en tecnología o agrupándose entre ellas para asumir desafíos más importantes, en otros lugares del país o del mundo”.
Respecto a las inquietudes sobre el cuidado del medio ambiente que podrían tener algunos sectores de la sociedad, la petición afirma: “Estamos convencidos de que tanto desde el punto de vista legal como desde el control social está más que garantizada la posibilidad de llevar adelante, en forma compatible con un ambiente saludable, una actividad como la minera, más controlada y observada que ninguna otra en nuestra región, en el país y en el mundo”.
Asimismo, se detallan ejemplos de cómo la ley 7.722 ha prohibido sin contemplaciones una actividad que podría convertirse en la clave del desarrollo de Mendoza. También se hace referencia a cómo es imprescindible de una vez por todas ampliar la matriz productiva de la provincia, ya que los sectores tradicionales vienen mostrando signos de fatiga desde hace largo tiempo.
“Solicitamos a los legisladores de la Provincia el urgente tratamiento de los proyectos de modificación de la ley 7.722, que se encuentran actualmente en la Cámara de Senadores, a fin de lograr la reactivación en el menor tiempo posible de los demorados proyectos mineros que sin duda alguna potenciarán la actividad productiva de la Provincia e impactarán más que positivamente en la creación de empleos de alta calidad”.
El texto de la petición
Autoridades de la Legislatura Provincial,
Jefes de Bloques partidarios integrantes de la Legislatura,
Legisladores Provinciales
Presente
De nuestra mayor consideración:
En diciembre del 2018 se constituyó en la UIM el Clúster Energético de Mendoza, espacio integrado por el sector privado, organismos y reparticiones públicas, universidades y otras instituciones del sector académico y organismos de la sociedad civil, preocupados por la incesante reducción de la actividad productiva de Mendoza e interesados en su desarrollo económico y social.
La misión principal de este Clúster apunta a lograr el desarrollo de la inversión y actividad de exploración y explotación de los recursos petroleros, gasíferos, mineros y energéticos de la Provincia, convencidos de que ello beneficiará al entramado de pymes y trabajadores mendocinos que puedan consolidarse como proveedores directos o indirectos de dicho complejo industrial. Nos referimos a rubros diversos como equipamiento, construcción, transporte, insumos, servicios técnicos, recursos humanos, productos textiles, gastronomía, entre otros, ya que se tratan de actividades muy dinamizadoras que impactan en una gran parte de nuestro sistema productivo.
La actividad minera se encuentra limitada y, en particular la metalífera está prohibida por una serie de normas e impedimentos legales, que demoran o impiden las inversiones necesarias. Un ejemplo claro de esto lo constituye la Ley 7722: doce años después de su sanción ha podido confirmarse que no fue dirigida a delimitar el campo de acción del desarrollo minero en Mendoza sino directamente a prohibirlo, ya que en este lapso no ha sido aprobado ningún proyecto minero metalífero.
En el mismo período, las provincias vecinas han gozado y gozan de los beneficios del desarrollo de este sector, sin que a la fecha se comprueben los nefastos efectos anunciados. Hoy vemos como pymes de San Juan o Neuquén tienen crecimiento sostenido como proveedores del sector, no solo generando trabajo sino también invirtiendo, innovando en tecnología o agrupándose entre ellas para asumir desafíos más importantes, en otros lugares del país o del mundo.
Jamás pusimos ni pondremos en duda la absoluta preminencia de la protección al ambiente, del cuidado de los recursos hídricos y de la salud de las personas. En su gran mayoría somos pequeñas y medianas empresas familiares, con varias generaciones viviendo en el territorio provincial y con el deseo de permanecer en Mendoza. Estamos convencidos de que tanto desde el punto de vista legal como del control social está más que garantizada la posibilidad de llevar adelante, en forma compatible con un ambiente saludable, una actividad como la minera, más controlada y observada que ninguna otra en nuestra región, en el país y en el mundo.
Pero consideramos imposible el desarrollo de la la minería metalífera ya que se encuentra literalmente prohibida en base a los excesos de la legislación vigente, de la que resaltamos solo dos puntos como ejemplo:
- La Ley 7722 prohíbe el uso sustancias químicas que las define explícitamente, porque pueden contaminar el recurso hídrico o amenazar la salud pública, aún en lugares donde fácticamente sería imposible, y también extiende la prohibición a un colectivo indeterminado (“otras sustancias similares”), provocando en los hechos que no pueda usarse ningún tipo de sustancia o producto químico. Lo paradójico, es que las sustancias enumeradas, son utilizadas en otras actividades industriales o procesos productivos que se rigen por normativas vigentes en relación al cuidado de la salud o el medio ambiente.
- La misma Ley 7722 exige que, luego de cumplir con la rígida normativa ambiental, obtener una Declaración de Impacto Ambiental positiva aprobada por el Poder Ejecutivo y realizar las correspondientes audiencias públicas, los proyectos metalíferos deban pasar nuevamente por la Legislatura Provincial para su ratificación. Consideramos que resulta necesario sacar del ámbito legislativo el tratamiento de la DIA: así como el Poder Ejecutivo no puede invadir con su accionar la esfera propia y exclusiva del Legislador, éste tampoco puede invadir la esfera propia y exclusiva del Poder Ejecutivo.
Mientras tanto, las principales actividades que motorizan a la economía provincial se reducen paulatinamente afectando su capacidad de empleo y de generación de ingresos a Mendoza:
- El sector agropecuario reduce año a año su nivel de actividad y empleo, lo que impacta en la baja calidad de vida rural y profundiza la migración desde el campo a las ciudades.
- Las principales ramas industriales de Mendoza muestran una alarmante caída de todos los indicadores, salvo el de la capacidad ociosa que sube año a año.
- Solamente el turismo y algunas actividades nacientes, como las industrias creativas, pueden mostrar números positivos pero que de ninguna manera compensan la pérdida de los principales sectores ni, menos aún, generan empleos para los aproximadamente 8.000 mendocinos que, en promedio, cada año se incorporan al mercado laboral.
Sin duda alguna, el desarrollo sustentable de la actividad minera y petrolera podría haber generado en los últimos años:
- Mayor actividad económica para la provincia de Mendoza, principalmente de pymes que proveen al sector, multiplicado los empleos calificados y bien remunerados que todo este entramado productivo implica.
- El posicionamiento de la Provincia de Mendoza como un centro de investigación, desarrollo e innovación en materia de producción e industrialización de minerales, de sistemas de control y prevención, de especialización de pequeñas y medianas empresas que salieran luego al mundo a vender sus tecnologías, productos y servicios.
- El aumento de los ingresos fiscales, que hubiera fortalecido la infraestructura social de los mendocinos y mejorado las condiciones en que se desenvuelve el resto de los sectores productivos. Mendoza contaría a esta altura con una infraestructura hídrica más completa y eficiente, que hubiera acrecentado ampliamente la frontera agrícola, de haber obtenido recursos provenientes de las regalías mineras.
Somos partidarios del apoyo público a la reconversión y/o adaptación del resto de los sectores productivos de Mendoza a las nuevas realidades que nos impone una economía cada vez más globalizada. Pensamos que más que un cambio en la matriz productiva de la Provincia lo que debemos lograr entre todos es su ampliación, reforzando los motores tradicionales de la actividad económica y posibilitando la consolidación de otros nuevos.
Nuestro vecino país, Chile, es un ejemplo de cómo es posible desarrollar la minería y al mismo tiempo el sector agrícola, potenciando la economía y fortaleciendo los recursos fiscales. La minería representa el 12% del PBI, significa el 52% de las exportaciones chilenas al mundo y cuenta con 44.900 empresas mineras a los que se suman 61.837 empresas proveedoras. En el caso de Australia, la minería representa el 8,7% del PBI y el 48% de las exportaciones totales, empleando en forma directa a 173.000 trabajadores.
Por todo lo expuesto es que les solicitamos el urgente tratamiento de los proyectos de modificación de la Ley 7722, a fin de lograr la reactivación en el menor tiempo posible de los demorados proyectos mineros que sin duda alguna potenciarán la actividad productiva de la Provincia e impactarán positivamente en la creación de empleos de alta calidad.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta favorable, los saludamos atte.
Mauricio Badaloni: Presidente Unión Industrial de Mendoza
Javier Allub: Presidente Consejo Empresario Mendocino
.
Fecha de Publicación: 15/04/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
A través de una petición, la UIM, entidad que agrupa al sector industrial y productivo de Mendoza, busca adhesiones para que la Casa de las Leyes trate los proyectos de cambios en la llamada ley antiminera.
La Unión Industrial de Mendoza, junto al Clúster Energético Mendoza y al Consejo Empresario Mendocino (CEM), está recolectando adhesiones para que la Legislatura provincial trate este año los proyecto de modificación a la ley provincial 7.722, también conocida como ley “antiminera”. Ya hay más de 175 entidades solicitando la modificación.
La intención de la entidad que agrupa a los sectores productivo e industrial de la provincia, es que la Casa de las Leyes le dé tratamiento a las iniciativas presentadas que buscan cambiar la norma que hoy prohíbe el desarrollo de la minería metalífera en todo el territorio mendocino.
La adhesión no sólo está dirigida a empresarios, sino también a colegios profesionales, organismos técnicos, instituciones educativas, centros de capacitación, profesionales independientes, entre otros actores de la economía provincial.
“Queremos invitarlo a que nos acompañe en una petición a nuestras autoridades, clara y contundente, a través de la instrumentación de herramientas concretas que nos permitan ampliar y diversificar nuestra matriz productiva”, detalla la iniciativa, y agrega: “La actividad (minera) se encuentra limitada y la minería metalífera, directamente prohibida por una serie de normas e impedimentos legales, que demoran o impiden las inversiones necesarias”.
En ese sentido, la petición deja en claro lo que ha ocurrido en provincias vecinas que “gozan de los beneficios del desarrollo de este sector, sin que a la fecha se comprueben los nefastos efectos anunciados. Hoy vemos cómo pymes de San Juan o Neuquén tienen crecimiento sostenido como proveedores del sector, no sólo generando trabajo sino también invirtiendo, innovando en tecnología o agrupándose entre ellas para asumir desafíos más importantes, en otros lugares del país o del mundo”.
Respecto a las inquietudes sobre el cuidado del medio ambiente que podrían tener algunos sectores de la sociedad, la petición afirma: “Estamos convencidos de que tanto desde el punto de vista legal como desde el control social está más que garantizada la posibilidad de llevar adelante, en forma compatible con un ambiente saludable, una actividad como la minera, más controlada y observada que ninguna otra en nuestra región, en el país y en el mundo”.
Asimismo, se detallan ejemplos de cómo la ley 7.722 ha prohibido sin contemplaciones una actividad que podría convertirse en la clave del desarrollo de Mendoza. También se hace referencia a cómo es imprescindible de una vez por todas ampliar la matriz productiva de la provincia, ya que los sectores tradicionales vienen mostrando signos de fatiga desde hace largo tiempo.
“Solicitamos a los legisladores de la Provincia el urgente tratamiento de los proyectos de modificación de la ley 7.722, que se encuentran actualmente en la Cámara de Senadores, a fin de lograr la reactivación en el menor tiempo posible de los demorados proyectos mineros que sin duda alguna potenciarán la actividad productiva de la Provincia e impactarán más que positivamente en la creación de empleos de alta calidad”.
El texto de la petición
Autoridades de la Legislatura Provincial,
Jefes de Bloques partidarios integrantes de la Legislatura,
Legisladores Provinciales
Presente
De nuestra mayor consideración:
En diciembre del 2018 se constituyó en la UIM el Clúster Energético de Mendoza, espacio integrado por el sector privado, organismos y reparticiones públicas, universidades y otras instituciones del sector académico y organismos de la sociedad civil, preocupados por la incesante reducción de la actividad productiva de Mendoza e interesados en su desarrollo económico y social.
La misión principal de este Clúster apunta a lograr el desarrollo de la inversión y actividad de exploración y explotación de los recursos petroleros, gasíferos, mineros y energéticos de la Provincia, convencidos de que ello beneficiará al entramado de pymes y trabajadores mendocinos que puedan consolidarse como proveedores directos o indirectos de dicho complejo industrial. Nos referimos a rubros diversos como equipamiento, construcción, transporte, insumos, servicios técnicos, recursos humanos, productos textiles, gastronomía, entre otros, ya que se tratan de actividades muy dinamizadoras que impactan en una gran parte de nuestro sistema productivo.
La actividad minera se encuentra limitada y, en particular la metalífera está prohibida por una serie de normas e impedimentos legales, que demoran o impiden las inversiones necesarias. Un ejemplo claro de esto lo constituye la Ley 7722: doce años después de su sanción ha podido confirmarse que no fue dirigida a delimitar el campo de acción del desarrollo minero en Mendoza sino directamente a prohibirlo, ya que en este lapso no ha sido aprobado ningún proyecto minero metalífero.
En el mismo período, las provincias vecinas han gozado y gozan de los beneficios del desarrollo de este sector, sin que a la fecha se comprueben los nefastos efectos anunciados. Hoy vemos como pymes de San Juan o Neuquén tienen crecimiento sostenido como proveedores del sector, no solo generando trabajo sino también invirtiendo, innovando en tecnología o agrupándose entre ellas para asumir desafíos más importantes, en otros lugares del país o del mundo.
Jamás pusimos ni pondremos en duda la absoluta preminencia de la protección al ambiente, del cuidado de los recursos hídricos y de la salud de las personas. En su gran mayoría somos pequeñas y medianas empresas familiares, con varias generaciones viviendo en el territorio provincial y con el deseo de permanecer en Mendoza. Estamos convencidos de que tanto desde el punto de vista legal como del control social está más que garantizada la posibilidad de llevar adelante, en forma compatible con un ambiente saludable, una actividad como la minera, más controlada y observada que ninguna otra en nuestra región, en el país y en el mundo.
Pero consideramos imposible el desarrollo de la la minería metalífera ya que se encuentra literalmente prohibida en base a los excesos de la legislación vigente, de la que resaltamos solo dos puntos como ejemplo:
- La Ley 7722 prohíbe el uso sustancias químicas que las define explícitamente, porque pueden contaminar el recurso hídrico o amenazar la salud pública, aún en lugares donde fácticamente sería imposible, y también extiende la prohibición a un colectivo indeterminado (“otras sustancias similares”), provocando en los hechos que no pueda usarse ningún tipo de sustancia o producto químico. Lo paradójico, es que las sustancias enumeradas, son utilizadas en otras actividades industriales o procesos productivos que se rigen por normativas vigentes en relación al cuidado de la salud o el medio ambiente.
- La misma Ley 7722 exige que, luego de cumplir con la rígida normativa ambiental, obtener una Declaración de Impacto Ambiental positiva aprobada por el Poder Ejecutivo y realizar las correspondientes audiencias públicas, los proyectos metalíferos deban pasar nuevamente por la Legislatura Provincial para su ratificación. Consideramos que resulta necesario sacar del ámbito legislativo el tratamiento de la DIA: así como el Poder Ejecutivo no puede invadir con su accionar la esfera propia y exclusiva del Legislador, éste tampoco puede invadir la esfera propia y exclusiva del Poder Ejecutivo.
Mientras tanto, las principales actividades que motorizan a la economía provincial se reducen paulatinamente afectando su capacidad de empleo y de generación de ingresos a Mendoza:
- El sector agropecuario reduce año a año su nivel de actividad y empleo, lo que impacta en la baja calidad de vida rural y profundiza la migración desde el campo a las ciudades.
- Las principales ramas industriales de Mendoza muestran una alarmante caída de todos los indicadores, salvo el de la capacidad ociosa que sube año a año.
- Solamente el turismo y algunas actividades nacientes, como las industrias creativas, pueden mostrar números positivos pero que de ninguna manera compensan la pérdida de los principales sectores ni, menos aún, generan empleos para los aproximadamente 8.000 mendocinos que, en promedio, cada año se incorporan al mercado laboral.
Sin duda alguna, el desarrollo sustentable de la actividad minera y petrolera podría haber generado en los últimos años:
- Mayor actividad económica para la provincia de Mendoza, principalmente de pymes que proveen al sector, multiplicado los empleos calificados y bien remunerados que todo este entramado productivo implica.
- El posicionamiento de la Provincia de Mendoza como un centro de investigación, desarrollo e innovación en materia de producción e industrialización de minerales, de sistemas de control y prevención, de especialización de pequeñas y medianas empresas que salieran luego al mundo a vender sus tecnologías, productos y servicios.
- El aumento de los ingresos fiscales, que hubiera fortalecido la infraestructura social de los mendocinos y mejorado las condiciones en que se desenvuelve el resto de los sectores productivos. Mendoza contaría a esta altura con una infraestructura hídrica más completa y eficiente, que hubiera acrecentado ampliamente la frontera agrícola, de haber obtenido recursos provenientes de las regalías mineras.
Somos partidarios del apoyo público a la reconversión y/o adaptación del resto de los sectores productivos de Mendoza a las nuevas realidades que nos impone una economía cada vez más globalizada. Pensamos que más que un cambio en la matriz productiva de la Provincia lo que debemos lograr entre todos es su ampliación, reforzando los motores tradicionales de la actividad económica y posibilitando la consolidación de otros nuevos.
Nuestro vecino país, Chile, es un ejemplo de cómo es posible desarrollar la minería y al mismo tiempo el sector agrícola, potenciando la economía y fortaleciendo los recursos fiscales. La minería representa el 12% del PBI, significa el 52% de las exportaciones chilenas al mundo y cuenta con 44.900 empresas mineras a los que se suman 61.837 empresas proveedoras. En el caso de Australia, la minería representa el 8,7% del PBI y el 48% de las exportaciones totales, empleando en forma directa a 173.000 trabajadores.
Por todo lo expuesto es que les solicitamos el urgente tratamiento de los proyectos de modificación de la Ley 7722, a fin de lograr la reactivación en el menor tiempo posible de los demorados proyectos mineros que sin duda alguna potenciarán la actividad productiva de la Provincia e impactarán positivamente en la creación de empleos de alta calidad.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta favorable, los saludamos atte.
Mauricio Badaloni: Presidente Unión Industrial de Mendoza
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