Ley 7.722 : industriales juntan avales para modificaciones
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Juntan avales para modificar la ley 7.722 que restringe la minería
Fecha de Publicación: 15/04/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
A través de una petición, la UIM, entidad que agrupa al sector industrial y productivo de Mendoza, busca adhesiones para que la Casa de las Leyes trate los proyectos de cambios en la llamada ley antiminera.
La Unión Industrial de Mendoza, junto al Clúster Energético Mendoza y al Consejo Empresario Mendocino (CEM), está recolectando adhesiones para que la Legislatura provincial trate este año los proyecto de modificación a la ley provincial 7.722, también conocida como ley “antiminera”. Ya hay más de 175 entidades solicitando la modificación.
La intención de la entidad que agrupa a los sectores productivo e industrial de la provincia, es que la Casa de las Leyes le dé tratamiento a las iniciativas presentadas que buscan cambiar la norma que hoy prohíbe el desarrollo de la minería metalífera en todo el territorio mendocino.
La adhesión no sólo está dirigida a empresarios, sino también a colegios profesionales, organismos técnicos, instituciones educativas, centros de capacitación, profesionales independientes, entre otros actores de la economía provincial.
“Queremos invitarlo a que nos acompañe en una petición a nuestras autoridades, clara y contundente, a través de la instrumentación de herramientas concretas que nos permitan ampliar y diversificar nuestra matriz productiva”, detalla la iniciativa, y agrega: “La actividad (minera) se encuentra limitada y la minería metalífera, directamente prohibida por una serie de normas e impedimentos legales, que demoran o impiden las inversiones necesarias”.
En ese sentido, la petición deja en claro lo que ha ocurrido en provincias vecinas que “gozan de los beneficios del desarrollo de este sector, sin que a la fecha se comprueben los nefastos efectos anunciados. Hoy vemos cómo pymes de San Juan o Neuquén tienen crecimiento sostenido como proveedores del sector, no sólo generando trabajo sino también invirtiendo, innovando en tecnología o agrupándose entre ellas para asumir desafíos más importantes, en otros lugares del país o del mundo”.
Respecto a las inquietudes sobre el cuidado del medio ambiente que podrían tener algunos sectores de la sociedad, la petición afirma: “Estamos convencidos de que tanto desde el punto de vista legal como desde el control social está más que garantizada la posibilidad de llevar adelante, en forma compatible con un ambiente saludable, una actividad como la minera, más controlada y observada que ninguna otra en nuestra región, en el país y en el mundo”.
Asimismo, se detallan ejemplos de cómo la ley 7.722 ha prohibido sin contemplaciones una actividad que podría convertirse en la clave del desarrollo de Mendoza. También se hace referencia a cómo es imprescindible de una vez por todas ampliar la matriz productiva de la provincia, ya que los sectores tradicionales vienen mostrando signos de fatiga desde hace largo tiempo.
“Solicitamos a los legisladores de la Provincia el urgente tratamiento de los proyectos de modificación de la ley 7.722, que se encuentran actualmente en la Cámara de Senadores, a fin de lograr la reactivación en el menor tiempo posible de los demorados proyectos mineros que sin duda alguna potenciarán la actividad productiva de la Provincia e impactarán más que positivamente en la creación de empleos de alta calidad”.
El texto de la petición
Autoridades de la Legislatura Provincial,
Jefes de Bloques partidarios integrantes de la Legislatura,
Legisladores Provinciales
Presente
De nuestra mayor consideración:
En diciembre del 2018 se constituyó en la UIM el Clúster Energético de Mendoza, espacio integrado por el sector privado, organismos y reparticiones públicas, universidades y otras instituciones del sector académico y organismos de la sociedad civil, preocupados por la incesante reducción de la actividad productiva de Mendoza e interesados en su desarrollo económico y social.
La misión principal de este Clúster apunta a lograr el desarrollo de la inversión y actividad de exploración y explotación de los recursos petroleros, gasíferos, mineros y energéticos de la Provincia, convencidos de que ello beneficiará al entramado de pymes y trabajadores mendocinos que puedan consolidarse como proveedores directos o indirectos de dicho complejo industrial. Nos referimos a rubros diversos como equipamiento, construcción, transporte, insumos, servicios técnicos, recursos humanos, productos textiles, gastronomía, entre otros, ya que se tratan de actividades muy dinamizadoras que impactan en una gran parte de nuestro sistema productivo.
La actividad minera se encuentra limitada y, en particular la metalífera está prohibida por una serie de normas e impedimentos legales, que demoran o impiden las inversiones necesarias. Un ejemplo claro de esto lo constituye la Ley 7722: doce años después de su sanción ha podido confirmarse que no fue dirigida a delimitar el campo de acción del desarrollo minero en Mendoza sino directamente a prohibirlo, ya que en este lapso no ha sido aprobado ningún proyecto minero metalífero.
En el mismo período, las provincias vecinas han gozado y gozan de los beneficios del desarrollo de este sector, sin que a la fecha se comprueben los nefastos efectos anunciados. Hoy vemos como pymes de San Juan o Neuquén tienen crecimiento sostenido como proveedores del sector, no solo generando trabajo sino también invirtiendo, innovando en tecnología o agrupándose entre ellas para asumir desafíos más importantes, en otros lugares del país o del mundo.
Jamás pusimos ni pondremos en duda la absoluta preminencia de la protección al ambiente, del cuidado de los recursos hídricos y de la salud de las personas. En su gran mayoría somos pequeñas y medianas empresas familiares, con varias generaciones viviendo en el territorio provincial y con el deseo de permanecer en Mendoza. Estamos convencidos de que tanto desde el punto de vista legal como del control social está más que garantizada la posibilidad de llevar adelante, en forma compatible con un ambiente saludable, una actividad como la minera, más controlada y observada que ninguna otra en nuestra región, en el país y en el mundo.
Pero consideramos imposible el desarrollo de la la minería metalífera ya que se encuentra literalmente prohibida en base a los excesos de la legislación vigente, de la que resaltamos solo dos puntos como ejemplo:
- La Ley 7722 prohíbe el uso sustancias químicas que las define explícitamente, porque pueden contaminar el recurso hídrico o amenazar la salud pública, aún en lugares donde fácticamente sería imposible, y también extiende la prohibición a un colectivo indeterminado (“otras sustancias similares”), provocando en los hechos que no pueda usarse ningún tipo de sustancia o producto químico. Lo paradójico, es que las sustancias enumeradas, son utilizadas en otras actividades industriales o procesos productivos que se rigen por normativas vigentes en relación al cuidado de la salud o el medio ambiente.
- La misma Ley 7722 exige que, luego de cumplir con la rígida normativa ambiental, obtener una Declaración de Impacto Ambiental positiva aprobada por el Poder Ejecutivo y realizar las correspondientes audiencias públicas, los proyectos metalíferos deban pasar nuevamente por la Legislatura Provincial para su ratificación. Consideramos que resulta necesario sacar del ámbito legislativo el tratamiento de la DIA: así como el Poder Ejecutivo no puede invadir con su accionar la esfera propia y exclusiva del Legislador, éste tampoco puede invadir la esfera propia y exclusiva del Poder Ejecutivo.
Mientras tanto, las principales actividades que motorizan a la economía provincial se reducen paulatinamente afectando su capacidad de empleo y de generación de ingresos a Mendoza:
- El sector agropecuario reduce año a año su nivel de actividad y empleo, lo que impacta en la baja calidad de vida rural y profundiza la migración desde el campo a las ciudades.
- Las principales ramas industriales de Mendoza muestran una alarmante caída de todos los indicadores, salvo el de la capacidad ociosa que sube año a año.
- Solamente el turismo y algunas actividades nacientes, como las industrias creativas, pueden mostrar números positivos pero que de ninguna manera compensan la pérdida de los principales sectores ni, menos aún, generan empleos para los aproximadamente 8.000 mendocinos que, en promedio, cada año se incorporan al mercado laboral.
Sin duda alguna, el desarrollo sustentable de la actividad minera y petrolera podría haber generado en los últimos años:
- Mayor actividad económica para la provincia de Mendoza, principalmente de pymes que proveen al sector, multiplicado los empleos calificados y bien remunerados que todo este entramado productivo implica.
- El posicionamiento de la Provincia de Mendoza como un centro de investigación, desarrollo e innovación en materia de producción e industrialización de minerales, de sistemas de control y prevención, de especialización de pequeñas y medianas empresas que salieran luego al mundo a vender sus tecnologías, productos y servicios.
- El aumento de los ingresos fiscales, que hubiera fortalecido la infraestructura social de los mendocinos y mejorado las condiciones en que se desenvuelve el resto de los sectores productivos. Mendoza contaría a esta altura con una infraestructura hídrica más completa y eficiente, que hubiera acrecentado ampliamente la frontera agrícola, de haber obtenido recursos provenientes de las regalías mineras.
Somos partidarios del apoyo público a la reconversión y/o adaptación del resto de los sectores productivos de Mendoza a las nuevas realidades que nos impone una economía cada vez más globalizada. Pensamos que más que un cambio en la matriz productiva de la Provincia lo que debemos lograr entre todos es su ampliación, reforzando los motores tradicionales de la actividad económica y posibilitando la consolidación de otros nuevos.
Nuestro vecino país, Chile, es un ejemplo de cómo es posible desarrollar la minería y al mismo tiempo el sector agrícola, potenciando la economía y fortaleciendo los recursos fiscales. La minería representa el 12% del PBI, significa el 52% de las exportaciones chilenas al mundo y cuenta con 44.900 empresas mineras a los que se suman 61.837 empresas proveedoras. En el caso de Australia, la minería representa el 8,7% del PBI y el 48% de las exportaciones totales, empleando en forma directa a 173.000 trabajadores.
Por todo lo expuesto es que les solicitamos el urgente tratamiento de los proyectos de modificación de la Ley 7722, a fin de lograr la reactivación en el menor tiempo posible de los demorados proyectos mineros que sin duda alguna potenciarán la actividad productiva de la Provincia e impactarán positivamente en la creación de empleos de alta calidad.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta favorable, los saludamos atte.
Mauricio Badaloni: Presidente Unión Industrial de Mendoza
Javier Allub: Presidente Consejo Empresario Mendocino
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Fecha de Publicación: 15/04/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
A través de una petición, la UIM, entidad que agrupa al sector industrial y productivo de Mendoza, busca adhesiones para que la Casa de las Leyes trate los proyectos de cambios en la llamada ley antiminera.
La Unión Industrial de Mendoza, junto al Clúster Energético Mendoza y al Consejo Empresario Mendocino (CEM), está recolectando adhesiones para que la Legislatura provincial trate este año los proyecto de modificación a la ley provincial 7.722, también conocida como ley “antiminera”. Ya hay más de 175 entidades solicitando la modificación.
La intención de la entidad que agrupa a los sectores productivo e industrial de la provincia, es que la Casa de las Leyes le dé tratamiento a las iniciativas presentadas que buscan cambiar la norma que hoy prohíbe el desarrollo de la minería metalífera en todo el territorio mendocino.
La adhesión no sólo está dirigida a empresarios, sino también a colegios profesionales, organismos técnicos, instituciones educativas, centros de capacitación, profesionales independientes, entre otros actores de la economía provincial.
“Queremos invitarlo a que nos acompañe en una petición a nuestras autoridades, clara y contundente, a través de la instrumentación de herramientas concretas que nos permitan ampliar y diversificar nuestra matriz productiva”, detalla la iniciativa, y agrega: “La actividad (minera) se encuentra limitada y la minería metalífera, directamente prohibida por una serie de normas e impedimentos legales, que demoran o impiden las inversiones necesarias”.
En ese sentido, la petición deja en claro lo que ha ocurrido en provincias vecinas que “gozan de los beneficios del desarrollo de este sector, sin que a la fecha se comprueben los nefastos efectos anunciados. Hoy vemos cómo pymes de San Juan o Neuquén tienen crecimiento sostenido como proveedores del sector, no sólo generando trabajo sino también invirtiendo, innovando en tecnología o agrupándose entre ellas para asumir desafíos más importantes, en otros lugares del país o del mundo”.
Respecto a las inquietudes sobre el cuidado del medio ambiente que podrían tener algunos sectores de la sociedad, la petición afirma: “Estamos convencidos de que tanto desde el punto de vista legal como desde el control social está más que garantizada la posibilidad de llevar adelante, en forma compatible con un ambiente saludable, una actividad como la minera, más controlada y observada que ninguna otra en nuestra región, en el país y en el mundo”.
Asimismo, se detallan ejemplos de cómo la ley 7.722 ha prohibido sin contemplaciones una actividad que podría convertirse en la clave del desarrollo de Mendoza. También se hace referencia a cómo es imprescindible de una vez por todas ampliar la matriz productiva de la provincia, ya que los sectores tradicionales vienen mostrando signos de fatiga desde hace largo tiempo.
“Solicitamos a los legisladores de la Provincia el urgente tratamiento de los proyectos de modificación de la ley 7.722, que se encuentran actualmente en la Cámara de Senadores, a fin de lograr la reactivación en el menor tiempo posible de los demorados proyectos mineros que sin duda alguna potenciarán la actividad productiva de la Provincia e impactarán más que positivamente en la creación de empleos de alta calidad”.
El texto de la petición
Autoridades de la Legislatura Provincial,
Jefes de Bloques partidarios integrantes de la Legislatura,
Legisladores Provinciales
Presente
De nuestra mayor consideración:
En diciembre del 2018 se constituyó en la UIM el Clúster Energético de Mendoza, espacio integrado por el sector privado, organismos y reparticiones públicas, universidades y otras instituciones del sector académico y organismos de la sociedad civil, preocupados por la incesante reducción de la actividad productiva de Mendoza e interesados en su desarrollo económico y social.
La misión principal de este Clúster apunta a lograr el desarrollo de la inversión y actividad de exploración y explotación de los recursos petroleros, gasíferos, mineros y energéticos de la Provincia, convencidos de que ello beneficiará al entramado de pymes y trabajadores mendocinos que puedan consolidarse como proveedores directos o indirectos de dicho complejo industrial. Nos referimos a rubros diversos como equipamiento, construcción, transporte, insumos, servicios técnicos, recursos humanos, productos textiles, gastronomía, entre otros, ya que se tratan de actividades muy dinamizadoras que impactan en una gran parte de nuestro sistema productivo.
La actividad minera se encuentra limitada y, en particular la metalífera está prohibida por una serie de normas e impedimentos legales, que demoran o impiden las inversiones necesarias. Un ejemplo claro de esto lo constituye la Ley 7722: doce años después de su sanción ha podido confirmarse que no fue dirigida a delimitar el campo de acción del desarrollo minero en Mendoza sino directamente a prohibirlo, ya que en este lapso no ha sido aprobado ningún proyecto minero metalífero.
En el mismo período, las provincias vecinas han gozado y gozan de los beneficios del desarrollo de este sector, sin que a la fecha se comprueben los nefastos efectos anunciados. Hoy vemos como pymes de San Juan o Neuquén tienen crecimiento sostenido como proveedores del sector, no solo generando trabajo sino también invirtiendo, innovando en tecnología o agrupándose entre ellas para asumir desafíos más importantes, en otros lugares del país o del mundo.
Jamás pusimos ni pondremos en duda la absoluta preminencia de la protección al ambiente, del cuidado de los recursos hídricos y de la salud de las personas. En su gran mayoría somos pequeñas y medianas empresas familiares, con varias generaciones viviendo en el territorio provincial y con el deseo de permanecer en Mendoza. Estamos convencidos de que tanto desde el punto de vista legal como del control social está más que garantizada la posibilidad de llevar adelante, en forma compatible con un ambiente saludable, una actividad como la minera, más controlada y observada que ninguna otra en nuestra región, en el país y en el mundo.
Pero consideramos imposible el desarrollo de la la minería metalífera ya que se encuentra literalmente prohibida en base a los excesos de la legislación vigente, de la que resaltamos solo dos puntos como ejemplo:
- La Ley 7722 prohíbe el uso sustancias químicas que las define explícitamente, porque pueden contaminar el recurso hídrico o amenazar la salud pública, aún en lugares donde fácticamente sería imposible, y también extiende la prohibición a un colectivo indeterminado (“otras sustancias similares”), provocando en los hechos que no pueda usarse ningún tipo de sustancia o producto químico. Lo paradójico, es que las sustancias enumeradas, son utilizadas en otras actividades industriales o procesos productivos que se rigen por normativas vigentes en relación al cuidado de la salud o el medio ambiente.
- La misma Ley 7722 exige que, luego de cumplir con la rígida normativa ambiental, obtener una Declaración de Impacto Ambiental positiva aprobada por el Poder Ejecutivo y realizar las correspondientes audiencias públicas, los proyectos metalíferos deban pasar nuevamente por la Legislatura Provincial para su ratificación. Consideramos que resulta necesario sacar del ámbito legislativo el tratamiento de la DIA: así como el Poder Ejecutivo no puede invadir con su accionar la esfera propia y exclusiva del Legislador, éste tampoco puede invadir la esfera propia y exclusiva del Poder Ejecutivo.
Mientras tanto, las principales actividades que motorizan a la economía provincial se reducen paulatinamente afectando su capacidad de empleo y de generación de ingresos a Mendoza:
- El sector agropecuario reduce año a año su nivel de actividad y empleo, lo que impacta en la baja calidad de vida rural y profundiza la migración desde el campo a las ciudades.
- Las principales ramas industriales de Mendoza muestran una alarmante caída de todos los indicadores, salvo el de la capacidad ociosa que sube año a año.
- Solamente el turismo y algunas actividades nacientes, como las industrias creativas, pueden mostrar números positivos pero que de ninguna manera compensan la pérdida de los principales sectores ni, menos aún, generan empleos para los aproximadamente 8.000 mendocinos que, en promedio, cada año se incorporan al mercado laboral.
Sin duda alguna, el desarrollo sustentable de la actividad minera y petrolera podría haber generado en los últimos años:
- Mayor actividad económica para la provincia de Mendoza, principalmente de pymes que proveen al sector, multiplicado los empleos calificados y bien remunerados que todo este entramado productivo implica.
- El posicionamiento de la Provincia de Mendoza como un centro de investigación, desarrollo e innovación en materia de producción e industrialización de minerales, de sistemas de control y prevención, de especialización de pequeñas y medianas empresas que salieran luego al mundo a vender sus tecnologías, productos y servicios.
- El aumento de los ingresos fiscales, que hubiera fortalecido la infraestructura social de los mendocinos y mejorado las condiciones en que se desenvuelve el resto de los sectores productivos. Mendoza contaría a esta altura con una infraestructura hídrica más completa y eficiente, que hubiera acrecentado ampliamente la frontera agrícola, de haber obtenido recursos provenientes de las regalías mineras.
Somos partidarios del apoyo público a la reconversión y/o adaptación del resto de los sectores productivos de Mendoza a las nuevas realidades que nos impone una economía cada vez más globalizada. Pensamos que más que un cambio en la matriz productiva de la Provincia lo que debemos lograr entre todos es su ampliación, reforzando los motores tradicionales de la actividad económica y posibilitando la consolidación de otros nuevos.
Nuestro vecino país, Chile, es un ejemplo de cómo es posible desarrollar la minería y al mismo tiempo el sector agrícola, potenciando la economía y fortaleciendo los recursos fiscales. La minería representa el 12% del PBI, significa el 52% de las exportaciones chilenas al mundo y cuenta con 44.900 empresas mineras a los que se suman 61.837 empresas proveedoras. En el caso de Australia, la minería representa el 8,7% del PBI y el 48% de las exportaciones totales, empleando en forma directa a 173.000 trabajadores.
Por todo lo expuesto es que les solicitamos el urgente tratamiento de los proyectos de modificación de la Ley 7722, a fin de lograr la reactivación en el menor tiempo posible de los demorados proyectos mineros que sin duda alguna potenciarán la actividad productiva de la Provincia e impactarán positivamente en la creación de empleos de alta calidad.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta favorable, los saludamos atte.
Mauricio Badaloni: Presidente Unión Industrial de Mendoza
Javier Allub: Presidente Consejo Empresario Mendocino
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