Solicitan un marco laboral para las energías renovables
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El sector de energías renovables pide que se agilice la implementación de su marco laboral
Fecha de Publicación: 17/04/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
La cámara respectiva plantea un régimen de licencias especial para el personal y se focaliza en la polifuncionalidad de los empleados, apoyados en planes de capacitación profesional que permitan
realizar las tareas de un modo seguro y eficaz, entre otras cosas
Según datos oficiales, actualmente hay en Argentina 134 proyectos en marcha que significan 4.763 MW de potencia eléctrica a instalarse, de los cuales 34 se encuentran ya en operación comercial por 986 MW, mientra que los 100 restantes avanzan en su proceso de construcción.
Con presencia en prácticamente todas las provincias, hay en operación comercial y/o construcción 65 parques eólicos por 3.788,2 MW, 68 proyectos solares por 2.029,9 MW, 59 proyectos de bioenergías (biomasa, biogás y biogás de relleno sanitario) por 280,7 MW, y 14 proyectos de pequeños aprovechamientos.
Sumando todos los emprendimientos adjudicados, un informe de la Subsecretaría de Energías Renovables de la Nación estima que se crearán 17.446 trabajos directos en los próximos años.
Con esta realidad y perspectiva, la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader) elaboró en 2018 un propuesta de convenio colectivo de trabajo que permite regular las relaciones laborales que surgen de una industria en constante evolución y crecimiento.
Si bien valora que este tema se convirtió en uno de los ejes de debate en las distintas reuniones de la “Mesa Sectorial de las Energías Renovables” que encabezó el presidente Mauricio Macri, dada la velocidad con la que avanzan los proyectos, Cader ha insistido al Ministerio de la Producción que agilice el proceso de implementación del marco laboral oportunamente presentado, el cual considera que la actividad de las energías renovables merece un tratamiento específico que contemple con una mirada abarcativa y de conjunto a todas las actividades de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, sin pasar por alto las particularidades que tiene cada una de las fuentes eléctricas.
En líneas generales, el borrador del convenio plantea un régimen de licencias especial para el personal, y se focaliza en la polifuncionalidad de los empleados, apoyados en planes de capacitación profesional que permitan realizar las tareas de un modo seguro y eficaz.
Además, pone especial énfasis en el respeto por la higiene y seguridad, crea las condiciones para facilitar el crecimiento de los recursos humanos al interior de la organización y garantiza que el personal recibirá la remuneración adecuada, entre otros puntos.
Con estos objetivos, Cader considera “vital regular las distintas etapas que forman parte de un proyecto renovable: construcción, operación y mantenimiento”.
Por último, con el objetivo de profundizar en detalles entre otros temas relacionados con el desarrollo del mercado energético de fuente renovable, se le solicitó una audiencia al Ministro de la Producción, Dante Sica, para intercambiar iniciativas para el sector.
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Fecha de Publicación: 17/04/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
La cámara respectiva plantea un régimen de licencias especial para el personal y se focaliza en la polifuncionalidad de los empleados, apoyados en planes de capacitación profesional que permitan
realizar las tareas de un modo seguro y eficaz, entre otras cosas
Según datos oficiales, actualmente hay en Argentina 134 proyectos en marcha que significan 4.763 MW de potencia eléctrica a instalarse, de los cuales 34 se encuentran ya en operación comercial por 986 MW, mientra que los 100 restantes avanzan en su proceso de construcción.
Con presencia en prácticamente todas las provincias, hay en operación comercial y/o construcción 65 parques eólicos por 3.788,2 MW, 68 proyectos solares por 2.029,9 MW, 59 proyectos de bioenergías (biomasa, biogás y biogás de relleno sanitario) por 280,7 MW, y 14 proyectos de pequeños aprovechamientos.
Sumando todos los emprendimientos adjudicados, un informe de la Subsecretaría de Energías Renovables de la Nación estima que se crearán 17.446 trabajos directos en los próximos años.
Con esta realidad y perspectiva, la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader) elaboró en 2018 un propuesta de convenio colectivo de trabajo que permite regular las relaciones laborales que surgen de una industria en constante evolución y crecimiento.
Si bien valora que este tema se convirtió en uno de los ejes de debate en las distintas reuniones de la “Mesa Sectorial de las Energías Renovables” que encabezó el presidente Mauricio Macri, dada la velocidad con la que avanzan los proyectos, Cader ha insistido al Ministerio de la Producción que agilice el proceso de implementación del marco laboral oportunamente presentado, el cual considera que la actividad de las energías renovables merece un tratamiento específico que contemple con una mirada abarcativa y de conjunto a todas las actividades de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, sin pasar por alto las particularidades que tiene cada una de las fuentes eléctricas.
En líneas generales, el borrador del convenio plantea un régimen de licencias especial para el personal, y se focaliza en la polifuncionalidad de los empleados, apoyados en planes de capacitación profesional que permitan realizar las tareas de un modo seguro y eficaz.
Además, pone especial énfasis en el respeto por la higiene y seguridad, crea las condiciones para facilitar el crecimiento de los recursos humanos al interior de la organización y garantiza que el personal recibirá la remuneración adecuada, entre otros puntos.
Con estos objetivos, Cader considera “vital regular las distintas etapas que forman parte de un proyecto renovable: construcción, operación y mantenimiento”.
Por último, con el objetivo de profundizar en detalles entre otros temas relacionados con el desarrollo del mercado energético de fuente renovable, se le solicitó una audiencia al Ministro de la Producción, Dante Sica, para intercambiar iniciativas para el sector.
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Ratifican que los pedidos de cambios en la 7722 no se tratarán
Cambios en la 7.722: pese al reclamo minero, no se tratarán este año
Fecha de Publicación: 17/04/2019
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Los proyectos de modificación de la Ley 7.722, que buscan flexibilizar los límites de la minería en Mendoza, no se tratarán este año debido a las elecciones, a pesar del reclamo del sector minero realizado esta semana, según indicaron en la Legislatura.
El pedido, realizado por la Unión Industrial de Mendoza (UIM), el Clúster Energético Mendoza y el Consejo Empresario Mendocino (CEM), busca que los cambios a la ley “antiminera” se voten este año, para poder “ampliar y diversificar” la matriz productiva de la provincia, una de las consignas que más se repiten entre los pre candidatos a la gobernación.
“La actividad minera se encuentra limitada y la minería metalífera, directamente prohibida por una serie de normas e impedimentos legales, que demoran o impiden las inversiones necesarias”, aseguraron en un comunicado. Sin embargo, tanto desde el oficialismo como en la oposición explicaron que los proyectos no llegarán al recinto sino hasta después de octubre.
“No queremos que se haga sin licencia social y que tampoco se haga uso político, por eso ya aclaramos que no se tratarán hasta después de las elecciones”, advirtió Diego Costarelli, presidente del Bloque UCR en el Senado. “Se hace tanto ruido para todos lados que no queremos hacerlo sin consenso. Ya lo habíamos señalado anteriormente, incluso lo dijo el gobernador”, agregó.
Respecto a la ampliación de la matriz productiva, Costarelli criticó los planteos del peronismo. “Todos mencionan lo mismo, pero nadie dice cómo. A la hora de votar los proyectos para esto, no quieren hacerlo”, sostuvo.
Los proyectos que se estudian pertenecen a los senadores peronistas Alejandro Abraham y Juan Agulles. En ellos, se plantea ampliar los recursos químicos permitidos para utilizar en la provincia y así reactivar el sector, junto con la creación de “Parques Industriales Mineros Controlados” en las zonas o regiones con potencial a explotar. Por lo tanto, sólo quedarían prohibidos el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico.
Abraham también indicó que a pesar del pedido por un tratamiento inmediato, el clima presenta varias complejidades. “Esto hay que tratarlo sí o sí, ya tiene despacho. Lo más probable es que ocurra después de octubre, pero Mendoza necesita otras actividades urgente”, mencionó el senador.
Mientras, en la agenda legislativa hay otros asuntos que se están analizando para llevar a las comisiones, como un refuerzo a la Dirección de Minería, según adelantó Abraham, ya que permitiría un mejor manejo de la actividad por parte del Estado si la modificación prospera.
Desde el Clúster Energético Minero, Laureano Manso explicó que hay mucha variedad entre los legisladores, pero criticó el motivo por el que se demora el debate. “Se sigue con la vieja mirada de ‘primero lo político, después lo económico y el empleo’; no nos queda otra más que esperar. Entendemos que esa sea su postura como legisladores, pero para nosotros es preferible antes porque mientras tanto estamos buscando mantener las puertas abiertas del negocio”.
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Fecha de Publicación: 17/04/2019
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Los proyectos de modificación de la Ley 7.722, que buscan flexibilizar los límites de la minería en Mendoza, no se tratarán este año debido a las elecciones, a pesar del reclamo del sector minero realizado esta semana, según indicaron en la Legislatura.
El pedido, realizado por la Unión Industrial de Mendoza (UIM), el Clúster Energético Mendoza y el Consejo Empresario Mendocino (CEM), busca que los cambios a la ley “antiminera” se voten este año, para poder “ampliar y diversificar” la matriz productiva de la provincia, una de las consignas que más se repiten entre los pre candidatos a la gobernación.
“La actividad minera se encuentra limitada y la minería metalífera, directamente prohibida por una serie de normas e impedimentos legales, que demoran o impiden las inversiones necesarias”, aseguraron en un comunicado. Sin embargo, tanto desde el oficialismo como en la oposición explicaron que los proyectos no llegarán al recinto sino hasta después de octubre.
“No queremos que se haga sin licencia social y que tampoco se haga uso político, por eso ya aclaramos que no se tratarán hasta después de las elecciones”, advirtió Diego Costarelli, presidente del Bloque UCR en el Senado. “Se hace tanto ruido para todos lados que no queremos hacerlo sin consenso. Ya lo habíamos señalado anteriormente, incluso lo dijo el gobernador”, agregó.
Respecto a la ampliación de la matriz productiva, Costarelli criticó los planteos del peronismo. “Todos mencionan lo mismo, pero nadie dice cómo. A la hora de votar los proyectos para esto, no quieren hacerlo”, sostuvo.
Los proyectos que se estudian pertenecen a los senadores peronistas Alejandro Abraham y Juan Agulles. En ellos, se plantea ampliar los recursos químicos permitidos para utilizar en la provincia y así reactivar el sector, junto con la creación de “Parques Industriales Mineros Controlados” en las zonas o regiones con potencial a explotar. Por lo tanto, sólo quedarían prohibidos el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico.
Abraham también indicó que a pesar del pedido por un tratamiento inmediato, el clima presenta varias complejidades. “Esto hay que tratarlo sí o sí, ya tiene despacho. Lo más probable es que ocurra después de octubre, pero Mendoza necesita otras actividades urgente”, mencionó el senador.
Mientras, en la agenda legislativa hay otros asuntos que se están analizando para llevar a las comisiones, como un refuerzo a la Dirección de Minería, según adelantó Abraham, ya que permitiría un mejor manejo de la actividad por parte del Estado si la modificación prospera.
Desde el Clúster Energético Minero, Laureano Manso explicó que hay mucha variedad entre los legisladores, pero criticó el motivo por el que se demora el debate. “Se sigue con la vieja mirada de ‘primero lo político, después lo económico y el empleo’; no nos queda otra más que esperar. Entendemos que esa sea su postura como legisladores, pero para nosotros es preferible antes porque mientras tanto estamos buscando mantener las puertas abiertas del negocio”.
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Curtiembre clausurada en Lanús y es reincidente
Clausuraron una curtiembre de Lanús por volcar efluentes contaminantes al Riachuelo
Fecha de Publicación: 17/04/2019
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Riachuelo
La Patrulla Ambiental de ACUMAR detectó que el establecimiento Gaita se encontraba en infracción, tras haber violado una clausura preexistente, y continuaba volcando deshechos al río. Deberá pagar una multa superior a los 2 millones de pesos.
El mal olor detectado este viernes en la Ciudad de Buenos Aires llevó a la Patrulla Ambiental de ACUMAR en conjunto con el Municipio de Lanús y equipos de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires a rastrillar la zona de Valentín Alsina, en Lanús, y de Fiorito, en Lomas de Zamora, con el objetivo a las posibles fábricas en infracción.
En primera instancia, todo indicaba que una grasera que había experimentado un problema de producción había sido la causante pero al ser fiscalizada, se descartó como origen del problema.
Finalmente, luego de varias inspecciones, cerca del mediodía se detectó que la curtiembre Gaita, en Lanús era la responsable de estar vertiendo efluentes contaminantes al Riachuelo.
La empresa, además, se encontraba en doble infracción, porque sobre ella pesaba una clausura preexistente y siguió funcionando, tras romper la faja de clausura, emitiendo efluentes fuera de los parámetros permitidos.
Gaita se encarga de realizar el proceso de transformar las pieles en cuero, pero no cuenta con planta de tratamiento y los efluentes contaminantes van directo al Riachuelo. Utilizan cromo y álcido sulfúrico que podría generar olores fuertes.
La Patrulla Ambiental volvió a clausurar la planta, colocar los precintos, realizar un acta y tomar muestras de los líquidos para ser analizados en laboratorio. Gaita está catalogada como agente contaminante, y fue intimada para readecuar sus procesos productivos.
La multa que se aplicará sobre la empresa, una vez que se ratifique todo lo marcado por los inspectores, superará los 2 millones de pesos.
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Fecha de Publicación: 17/04/2019
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Riachuelo
La Patrulla Ambiental de ACUMAR detectó que el establecimiento Gaita se encontraba en infracción, tras haber violado una clausura preexistente, y continuaba volcando deshechos al río. Deberá pagar una multa superior a los 2 millones de pesos.
El mal olor detectado este viernes en la Ciudad de Buenos Aires llevó a la Patrulla Ambiental de ACUMAR en conjunto con el Municipio de Lanús y equipos de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires a rastrillar la zona de Valentín Alsina, en Lanús, y de Fiorito, en Lomas de Zamora, con el objetivo a las posibles fábricas en infracción.
En primera instancia, todo indicaba que una grasera que había experimentado un problema de producción había sido la causante pero al ser fiscalizada, se descartó como origen del problema.
Finalmente, luego de varias inspecciones, cerca del mediodía se detectó que la curtiembre Gaita, en Lanús era la responsable de estar vertiendo efluentes contaminantes al Riachuelo.
La empresa, además, se encontraba en doble infracción, porque sobre ella pesaba una clausura preexistente y siguió funcionando, tras romper la faja de clausura, emitiendo efluentes fuera de los parámetros permitidos.
Gaita se encarga de realizar el proceso de transformar las pieles en cuero, pero no cuenta con planta de tratamiento y los efluentes contaminantes van directo al Riachuelo. Utilizan cromo y álcido sulfúrico que podría generar olores fuertes.
La Patrulla Ambiental volvió a clausurar la planta, colocar los precintos, realizar un acta y tomar muestras de los líquidos para ser analizados en laboratorio. Gaita está catalogada como agente contaminante, y fue intimada para readecuar sus procesos productivos.
La multa que se aplicará sobre la empresa, una vez que se ratifique todo lo marcado por los inspectores, superará los 2 millones de pesos.
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La sangría de los bosques cordobeses no se detiene
El desmonte ilegal sigue sin erradicarse en Córdoba
Fecha de Publicación: 16/04/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En 2018 se intervinieron 7.413 hectáreas de bosque nativo, según cifras oficiales. El dato marca un descenso respecto de 2017, pero se mantiene en relación con años anteriores.
El desmonte ilegal sigue siendo una práctica difícil de erradicar de la provincia. En 2018, la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba detectó intervenciones ilegales por 7.413 hectáreas.
Equivale a una deforestación de 27,4 canchas de fútbol como la del estadio Kempes por día.
De estas 7.413 hectáreas, 3.200 estaban protegidas bajo la categoría roja, según la ley provincial de bosques 9.814. Son los sectores con monte mejor conservado y donde sólo pueden realizarse intervenciones mínimas, pero con autorización de la Secretaría de Ambiente de la Provincia.
Sin embargo, en 778 hectáreas se realizó un desmonte total, mientras que en las 2.422 hectáreas restantes las intervenciones ilegales fueron rolados para extraer renovales del bosque, desmonte selectivo de arbustos o aperturas de picadas.
Aunque con altos y bajos, los desmontes ilegales persisten en Córdoba y lejos se está del ideal de “deforestación cero”. En 2015, las intervenciones ilegales afectaron a un poco más de siete hectáreas.
En 2016, una cifra parcial (Policía Ambiental no informó todas las intervenciones en la categoría amarilla) arrojó 6.951 hectáreas. La cifra trepó a 14.427 en 2017.
Los datos del monitoreo de 2018 fueron publicados tras varios pedidos de este diario. Hay una baja respecto del año anterior, pero la cifra sigue siendo alta si se considera el escaso monte que queda en Córdoba.
Según estudios ambientales, sólo sobrevive un tres por ciento de bosque nativo bien conservado de los 12 millones de hectáreas que había a principios del siglo 20.
El bosque nativo es sinónimo de biodiversidad y de paisaje y un atributo clave para el turismo, pero también es vital para la regulación hídrica y climática de la región. “Desde el período 2014, al menos cinco mil hectáreas de bosque nativo se han desmontado de manera ilegal todos los años. Eso es preocupante”, asegura Fernando Barri, biólogo e investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba.
Y señala que a partir de 2016 comienzan a aumentar los desmontes selectivos y químicos en zona roja de parches de bosques ubicados entre la ruta 9 norte y Mar Chiquita.
“Es la zona más codiciada por el agronegocio, ya que las precipitaciones allí permiten hacer cultivos intensivos. Allí hay muy pocos parches de bosque que deberían ser conservados de manera estricta si queremos salvar su biodiversidad”, comenta el biólogo.
Barri también señala que se realizan muchas intervenciones en la zona de Quilino donde se puede implantar pasturas exóticas para alimentar el ganado.
Los cinco departamentos con más hectáreas intervenidas fueron San Justo (1.052,5 hectáreas), Tulumba (556), Ischilín (368,6), Río Seco (363,8) y Río Primero (307,3).
Hasta fines de 2015, la Policía Ambiental también publicaba las hectáreas afectadas por intervenciones autorizadas. “Ahora no hay manera de saber cuánto están autorizando y cómo inciden esas intervenciones en la superficie de bosque nativo en la provincia”, asegura Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba.
¿Y el desmonte químico?
A Kopta también le llama la atención que en 2018 no se haya detectado casi ningún predio con desmonte químico, una práctica expresamente prohibida por ley. En 2017, se detectaron 2.500 hectáreas intervenidas ilegalmente de esta forma.
Se utilizan pesticidas para matar arbustos y renoval con el objetivo de despejar el terreno para la ganadería. Sobreviven los árboles más maduros, útiles para dar sombra al ganado.
Barri asegura que el informe estaría obviando al menos un desmonte químico de 1.200 hectáreas ocurrido en un campo de “un conocido empresario ganadero”. “Los inspectores le labraron el acta en junio del año pasado, pero por alguna razón esto no ha salido a la luz”, sostiene.
Recuperación muy lenta
Barri y Kopta coinciden en que son irrisorias las accesorias de reforestación que se cumplieron el año pasado. Es que, frente a las 7.413 hectáreas desmontadas, se recuperaron cuatro predios por 32 hectáreas totales, y otros 19 infractores fueron emplazados para que remediaran el daño ambiental. Potencialmente, serían otras 1.508 hectáreas por recuperar.
“De esos miles de hectáreas que se desmontaron no se recuperó casi nada y probablemente hoy tengan cultivos, hayan pagado o no las multas”, dice Barri.
Kopta agrega: “Hay un abismo entre la superficie intervenida en forma ilegal y la que tiene accesoria de reforestación. Ante esa desproporción, quienes desmontan tienen ganada la carrera”.
Los productores rurales reclaman claridad en las normas
Luis Magliano, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, asegura que es evidente la contradicción que hay entre la ley provincial de bosque nativo (9.814, sancionada en 2010) y su reglamentación de 2011.
“Los productores no saben qué es lo que pueden hacer o no en sus predios. Quizás por ese motivo algunos pequeños productores pueden cometer alguna ilegalidad sin saberlo”, comenta.
El 80 por ciento de los productores ganaderos del norte cordobés tienen rodeos de menos de 150 animales. Magliano explica que estos ganaderos necesitan utilizar toda la superficie habilitada por ley para que la producción sea rentable, pero las contradicciones con la normativa no permiten esto.
“Hay muchas chacras que históricamente fueron intervenidas, pero realizar ahora cualquier intervención puede ser tomado como una infracción, cuando hace 20 o 50 años fueron habilitadas y ya tienen poco bosque nativo”, ejemplifica.
Además, detalla que las habilitaciones de la Secretaría de Ambiente demoran hasta un año, lo que hace inviable cualquier emprendimiento.
Magliano entiende que el gran productor puede adaptarse mejor a las normas porque tiene suficiente superficie para proteger una parte de bosque sin perder productividad.
Para el dirigente rural, esta situación está generando pobreza en el norte porque se está impidiendo que se genere trabajo rural. “Hoy no se puede hacer prácticamente nada por esta normativa”, asegura.
Y agrega: “Hay que trabajar en una nueva normativa para preservar el bosque nativo y mejorarlo porque sabemos que la ganadería de Córdoba no existiría sin árboles”.
Magliano asegura que en la última discusión se había logrado bastante coincidencia entre todos los sectores, pero luego la iniciativa se frenó.
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Fecha de Publicación: 16/04/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En 2018 se intervinieron 7.413 hectáreas de bosque nativo, según cifras oficiales. El dato marca un descenso respecto de 2017, pero se mantiene en relación con años anteriores.
El desmonte ilegal sigue siendo una práctica difícil de erradicar de la provincia. En 2018, la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba detectó intervenciones ilegales por 7.413 hectáreas.
Equivale a una deforestación de 27,4 canchas de fútbol como la del estadio Kempes por día.
De estas 7.413 hectáreas, 3.200 estaban protegidas bajo la categoría roja, según la ley provincial de bosques 9.814. Son los sectores con monte mejor conservado y donde sólo pueden realizarse intervenciones mínimas, pero con autorización de la Secretaría de Ambiente de la Provincia.
Sin embargo, en 778 hectáreas se realizó un desmonte total, mientras que en las 2.422 hectáreas restantes las intervenciones ilegales fueron rolados para extraer renovales del bosque, desmonte selectivo de arbustos o aperturas de picadas.
Aunque con altos y bajos, los desmontes ilegales persisten en Córdoba y lejos se está del ideal de “deforestación cero”. En 2015, las intervenciones ilegales afectaron a un poco más de siete hectáreas.
En 2016, una cifra parcial (Policía Ambiental no informó todas las intervenciones en la categoría amarilla) arrojó 6.951 hectáreas. La cifra trepó a 14.427 en 2017.
Los datos del monitoreo de 2018 fueron publicados tras varios pedidos de este diario. Hay una baja respecto del año anterior, pero la cifra sigue siendo alta si se considera el escaso monte que queda en Córdoba.
Según estudios ambientales, sólo sobrevive un tres por ciento de bosque nativo bien conservado de los 12 millones de hectáreas que había a principios del siglo 20.
El bosque nativo es sinónimo de biodiversidad y de paisaje y un atributo clave para el turismo, pero también es vital para la regulación hídrica y climática de la región. “Desde el período 2014, al menos cinco mil hectáreas de bosque nativo se han desmontado de manera ilegal todos los años. Eso es preocupante”, asegura Fernando Barri, biólogo e investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba.
Y señala que a partir de 2016 comienzan a aumentar los desmontes selectivos y químicos en zona roja de parches de bosques ubicados entre la ruta 9 norte y Mar Chiquita.
“Es la zona más codiciada por el agronegocio, ya que las precipitaciones allí permiten hacer cultivos intensivos. Allí hay muy pocos parches de bosque que deberían ser conservados de manera estricta si queremos salvar su biodiversidad”, comenta el biólogo.
Barri también señala que se realizan muchas intervenciones en la zona de Quilino donde se puede implantar pasturas exóticas para alimentar el ganado.
Los cinco departamentos con más hectáreas intervenidas fueron San Justo (1.052,5 hectáreas), Tulumba (556), Ischilín (368,6), Río Seco (363,8) y Río Primero (307,3).
Hasta fines de 2015, la Policía Ambiental también publicaba las hectáreas afectadas por intervenciones autorizadas. “Ahora no hay manera de saber cuánto están autorizando y cómo inciden esas intervenciones en la superficie de bosque nativo en la provincia”, asegura Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba.
¿Y el desmonte químico?
A Kopta también le llama la atención que en 2018 no se haya detectado casi ningún predio con desmonte químico, una práctica expresamente prohibida por ley. En 2017, se detectaron 2.500 hectáreas intervenidas ilegalmente de esta forma.
Se utilizan pesticidas para matar arbustos y renoval con el objetivo de despejar el terreno para la ganadería. Sobreviven los árboles más maduros, útiles para dar sombra al ganado.
Barri asegura que el informe estaría obviando al menos un desmonte químico de 1.200 hectáreas ocurrido en un campo de “un conocido empresario ganadero”. “Los inspectores le labraron el acta en junio del año pasado, pero por alguna razón esto no ha salido a la luz”, sostiene.
Recuperación muy lenta
Barri y Kopta coinciden en que son irrisorias las accesorias de reforestación que se cumplieron el año pasado. Es que, frente a las 7.413 hectáreas desmontadas, se recuperaron cuatro predios por 32 hectáreas totales, y otros 19 infractores fueron emplazados para que remediaran el daño ambiental. Potencialmente, serían otras 1.508 hectáreas por recuperar.
“De esos miles de hectáreas que se desmontaron no se recuperó casi nada y probablemente hoy tengan cultivos, hayan pagado o no las multas”, dice Barri.
Kopta agrega: “Hay un abismo entre la superficie intervenida en forma ilegal y la que tiene accesoria de reforestación. Ante esa desproporción, quienes desmontan tienen ganada la carrera”.
Los productores rurales reclaman claridad en las normas
Luis Magliano, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, asegura que es evidente la contradicción que hay entre la ley provincial de bosque nativo (9.814, sancionada en 2010) y su reglamentación de 2011.
“Los productores no saben qué es lo que pueden hacer o no en sus predios. Quizás por ese motivo algunos pequeños productores pueden cometer alguna ilegalidad sin saberlo”, comenta.
El 80 por ciento de los productores ganaderos del norte cordobés tienen rodeos de menos de 150 animales. Magliano explica que estos ganaderos necesitan utilizar toda la superficie habilitada por ley para que la producción sea rentable, pero las contradicciones con la normativa no permiten esto.
“Hay muchas chacras que históricamente fueron intervenidas, pero realizar ahora cualquier intervención puede ser tomado como una infracción, cuando hace 20 o 50 años fueron habilitadas y ya tienen poco bosque nativo”, ejemplifica.
Además, detalla que las habilitaciones de la Secretaría de Ambiente demoran hasta un año, lo que hace inviable cualquier emprendimiento.
Magliano entiende que el gran productor puede adaptarse mejor a las normas porque tiene suficiente superficie para proteger una parte de bosque sin perder productividad.
Para el dirigente rural, esta situación está generando pobreza en el norte porque se está impidiendo que se genere trabajo rural. “Hoy no se puede hacer prácticamente nada por esta normativa”, asegura.
Y agrega: “Hay que trabajar en una nueva normativa para preservar el bosque nativo y mejorarlo porque sabemos que la ganadería de Córdoba no existiría sin árboles”.
Magliano asegura que en la última discusión se había logrado bastante coincidencia entre todos los sectores, pero luego la iniciativa se frenó.
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Reclamo a nación por parte de la industria del biodiesel
Fuerte reclamo de elaboradoras de biodiesel al gobierno nacional
Fecha de Publicación: 16/04/2019
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Nacional
La Cámara que nuclea a las pymes elevó un pedido a la Secretaría de Energía de la Nación reclamando que se revean los cambios efectuados, o “comenzará la suspensión de personal”. También advierten que se tomarían “acciones legales”.
Luego de una reunión que se realizó el día de ayer, la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB), emitió una nota dirigida a la Secretaría de Energía de la Nación, en la que se denuncia que se incumplió la Ley 26.093, que fue la que en un principio dio origen a estas empresas “con el objetivo político de descentralizar la producción y desarrollar zonas remotas”.
La Cámara explica que no se respetó la publicación periódica del precio y además se modificó de manera sorpresiva la fórmula que formaba el precio del biocombustible que “permitía trabajar con cierta rentabilidad y previsibilidad”, a pesar de que venían experimentando pérdidas económicas resultado de la devaluación durante los últimos cuatro años.
Hacia el final del documento se advierte que si no se revierten las modificaciones efectuadas “se afectará en forma terminal la actividad”, con la consiguiente suspensión de personal y procedimientos preventivos de crisis. Al mismo tiempo, apuntan que “se reservan el derecho de iniciar acciones legales” por el incumplimiento por parte del gobierno de la mencionada ley.
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Fecha de Publicación: 16/04/2019
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Nacional
La Cámara que nuclea a las pymes elevó un pedido a la Secretaría de Energía de la Nación reclamando que se revean los cambios efectuados, o “comenzará la suspensión de personal”. También advierten que se tomarían “acciones legales”.
Luego de una reunión que se realizó el día de ayer, la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB), emitió una nota dirigida a la Secretaría de Energía de la Nación, en la que se denuncia que se incumplió la Ley 26.093, que fue la que en un principio dio origen a estas empresas “con el objetivo político de descentralizar la producción y desarrollar zonas remotas”.
La Cámara explica que no se respetó la publicación periódica del precio y además se modificó de manera sorpresiva la fórmula que formaba el precio del biocombustible que “permitía trabajar con cierta rentabilidad y previsibilidad”, a pesar de que venían experimentando pérdidas económicas resultado de la devaluación durante los últimos cuatro años.
Hacia el final del documento se advierte que si no se revierten las modificaciones efectuadas “se afectará en forma terminal la actividad”, con la consiguiente suspensión de personal y procedimientos preventivos de crisis. Al mismo tiempo, apuntan que “se reservan el derecho de iniciar acciones legales” por el incumplimiento por parte del gobierno de la mencionada ley.
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Chubut: acciones de restauración tras los incendios
Provincia coordina restauración de áreas afectadas por incendios forestales en la cordillera
Fecha de Publicación: 16/04/2019
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut
Las acciones comenzarán en Cholila durante Semana Santa, con una jornada de plantación y cosecha de semillas de árboles nativos, y de la que participarán voluntarios de todo el país. Hasta el momento se reforestaron 180 hectáreas.
El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de la Producción que conduce Hernán Alonso, trabaja en la campaña de restauración de áreas afectadas por incendios forestales, que se iniciará con una jornada de plantación y cosecha de semillas de árboles nativos y de la que participarán más de 100 personas, la mayoría voluntarios que llegarán desde distintos puntos del país.
La actividad, que tendrá lugar en proximidades de Cholila durante Semana Santa, se enmarca en el “Programa Integral de Manejo y Restauración de las Grandes Áreas Afectadas por Incendios Forestales en la Temporada 2014-2015”, que desde el 2017 llevan adelante la Subsecretaría de Bosques e Incendios de Chubut, el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) , el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, el Nodo Bosque Andino Patagónico de la Secretaría y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), la Fundación Bosques de la Patagonia y la Asociación Amigos de la Patagonia, que en esta oportunidad convoca a los voluntarios interesados en forestar
Cabe destacar, además, la colaboración la Municipalidad de Cholila, el Club Andino de dicha localidad, productores de la zona y numerosas instituciones educativas que acompañan con prácticas de forestación en terreno.
El “Programa Integral de Manejo y Restauración de las Grandes Areas Afectadas por Incendios Forestales en la Temporada 2014-2015”, además de las instituciones ya mencionadas, fue elaborado por técnicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF), Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), Administración de Parques Nacionales (APN); y apunta a promover la restauración de las superficies quemadas a través de la siembra y de la clausura de sectores degradados a fin de disminuir el impacto de la ganadería.
En principio, el programa asigna prioridad de intervención a 3 mil de las 40 mil hectáreas afectadas por el fuego durante esa temporada en Cholila, Epuyén, Lago Puelo y Río Turbio. Allí se ubican bosques de fundamental importancia por los servicios ambientales que proveen, entre los que destacan la regulación hídrica, la protección del suelo, la conservación de la calidad del agua, la conservación de la biodiversidad y la fijación de gases de efecto invernadero.
El Estado Provincial inició la implementación del programa en forma sistemática en 2017 asignando recursos propios y gestionando fondos para la protección de los bosques nativos y la promoción de las plantaciones ante la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Hasta el momento se plantaron 180 hectáreas con más de 80.000 plantines de especies nativas, producidos en viveros privados, estatales y escolares
de la región. Eso se hizo a lo largo de 30 jornadas de plantación, principalmente con entidades educativas, de las que
participaron más de 600 estudiantes, técnicos y personal institucional.
La reforestación requirió también del compromiso de productores afectados dispuestos a adecuar la carga ganadera en los lugares degradados por el fuego. Además, la iniciativa incluyó como actividad necesaria la cosecha de semillas de especies nativas para asegurar la producción de los plantines necesarios para dar continuidad al programa y la capacitación de los interesados en cosechar y producir.
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Fecha de Publicación: 16/04/2019
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut
Las acciones comenzarán en Cholila durante Semana Santa, con una jornada de plantación y cosecha de semillas de árboles nativos, y de la que participarán voluntarios de todo el país. Hasta el momento se reforestaron 180 hectáreas.
El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de la Producción que conduce Hernán Alonso, trabaja en la campaña de restauración de áreas afectadas por incendios forestales, que se iniciará con una jornada de plantación y cosecha de semillas de árboles nativos y de la que participarán más de 100 personas, la mayoría voluntarios que llegarán desde distintos puntos del país.
La actividad, que tendrá lugar en proximidades de Cholila durante Semana Santa, se enmarca en el “Programa Integral de Manejo y Restauración de las Grandes Áreas Afectadas por Incendios Forestales en la Temporada 2014-2015”, que desde el 2017 llevan adelante la Subsecretaría de Bosques e Incendios de Chubut, el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) , el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, el Nodo Bosque Andino Patagónico de la Secretaría y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), la Fundación Bosques de la Patagonia y la Asociación Amigos de la Patagonia, que en esta oportunidad convoca a los voluntarios interesados en forestar
Cabe destacar, además, la colaboración la Municipalidad de Cholila, el Club Andino de dicha localidad, productores de la zona y numerosas instituciones educativas que acompañan con prácticas de forestación en terreno.
El “Programa Integral de Manejo y Restauración de las Grandes Areas Afectadas por Incendios Forestales en la Temporada 2014-2015”, además de las instituciones ya mencionadas, fue elaborado por técnicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF), Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), Administración de Parques Nacionales (APN); y apunta a promover la restauración de las superficies quemadas a través de la siembra y de la clausura de sectores degradados a fin de disminuir el impacto de la ganadería.
En principio, el programa asigna prioridad de intervención a 3 mil de las 40 mil hectáreas afectadas por el fuego durante esa temporada en Cholila, Epuyén, Lago Puelo y Río Turbio. Allí se ubican bosques de fundamental importancia por los servicios ambientales que proveen, entre los que destacan la regulación hídrica, la protección del suelo, la conservación de la calidad del agua, la conservación de la biodiversidad y la fijación de gases de efecto invernadero.
El Estado Provincial inició la implementación del programa en forma sistemática en 2017 asignando recursos propios y gestionando fondos para la protección de los bosques nativos y la promoción de las plantaciones ante la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Hasta el momento se plantaron 180 hectáreas con más de 80.000 plantines de especies nativas, producidos en viveros privados, estatales y escolares
de la región. Eso se hizo a lo largo de 30 jornadas de plantación, principalmente con entidades educativas, de las que
participaron más de 600 estudiantes, técnicos y personal institucional.
La reforestación requirió también del compromiso de productores afectados dispuestos a adecuar la carga ganadera en los lugares degradados por el fuego. Además, la iniciativa incluyó como actividad necesaria la cosecha de semillas de especies nativas para asegurar la producción de los plantines necesarios para dar continuidad al programa y la capacitación de los interesados en cosechar y producir.
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Hidrocarburos contaminan el Limay
Detectan contaminación de hidrocarburos en el Limay
Fecha de Publicación: 15/04/2019
Fuente: ADN
Provincia/Región: Río Negro
La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informó que se ha detectado presencia de hidrocarburos sobre la costa del Río Limay. De esta manera, la Intendencia del organismo nacional inició el procedimiento administrativo para investigar el hecho y plantear un plan de remediación.
La información refiere a que corresponden a desperfectos en un equipo de bombeo de agua de la empresa que realiza trabajos en la ruta provincial Nº 23.
Guardaparques y personal del Departamento de Conservación y Educación Ambiental del área protegida de Parques Nacionales, se dirigieron al lugar y se se labró un acta de infracción.
También acudieron al lugar personal de la Delegación del Departamento Provincial de Aguas y de la Secretaría de Ambiente de Río Negro.
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Fecha de Publicación: 15/04/2019
Fuente: ADN
Provincia/Región: Río Negro
La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informó que se ha detectado presencia de hidrocarburos sobre la costa del Río Limay. De esta manera, la Intendencia del organismo nacional inició el procedimiento administrativo para investigar el hecho y plantear un plan de remediación.
La información refiere a que corresponden a desperfectos en un equipo de bombeo de agua de la empresa que realiza trabajos en la ruta provincial Nº 23.
Guardaparques y personal del Departamento de Conservación y Educación Ambiental del área protegida de Parques Nacionales, se dirigieron al lugar y se se labró un acta de infracción.
También acudieron al lugar personal de la Delegación del Departamento Provincial de Aguas y de la Secretaría de Ambiente de Río Negro.
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Cambio climático y agricultura, lo que se viene
Cambio climático: el gran desafío para la agricultura argentina
Fecha de Publicación: 15/04/2019
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional
Lluvias intensas y más frecuentes en el norte, inundaciones en la zona central y sequías más prolongadas en Cuyo. El cambio climático y sus efectos ya son visibles en las distintas provincias del país, los cuales -sumados a la variabilidad natural del clima-fuerzan a muchos sectores a adaptarse. Entre ellos, la agricultura tiene una doble característica: es un alto generador de emisiones contaminantes, pero también uno de los más vulnerables a los efectos del clima.
Es por ello que productores, científicos y organismos del Estado trabajan para adaptarse y reducir emisiones. El sector agrícola en la Argentina aporta 7,4 por ciento al PBI del país, el cual es alto comparado con el promedio de 5,2 por ciento del resto de América latina. La agricultura suministra alimentos básicos claves y sus exportaciones representan el 58 por ciento de las nacionales proporcionando alimento a 450 millones de personas.
Es por esa importancia económica que cualquier alteración climática no solo afecta al sector, sino que, también, a la economía a nivel general. “Un evento climático extremo puede sacar de la cancha a un productor y eso es caro para la Argentina. Si no puede subsistir, perdemos mucho conocimiento en el área en la que trabaja En los ’90 producíamos 30 millones de toneladas, hoy estamos en 140”, dice Santiago del Solar, jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria.
Las inundaciones en Santa Fe, Chaco, Corrientes y Entre Ríos dejaron miles de evacuados, así como pérdidas para el agro que todavía se están calculando. A la par, en la campaña anterior, se perdieron casi US$ 6000 millones en exportaciones de soja y maíz por las sequías.
Las pérdidas económicas se enmarcan en situaciones similares en todas las economías de los países en desarrollo, las cuales perdieron US$ 96.000 millones entre 2005y 2015 por daños a la producción agrícola y ganadera, de acuerdo con un informe de la FAO. ‘Por el cambio climático también aumentó la variabilidad climática. Se pasan de extremos secos a extremos húmedos y eso tiene un impacto fuerte, sobre todo en el norte de la Argentina. Los productores pasan en poco tiempo de sequías a inundaciones”, explica Inés Camillioni, doctora en Ciencias de la Atmósfera y autora de informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
Resultados parciales
Los resultados parciales de la campaña actual muestran algunas de esas consecuencias. En el caso del trigo, la estimación inicial de una cosecha de 19.700 millones de toneladas se redujo a 19 millones por el impacto de las heladas tardías y el granizo en Santa Fe, Córdoba y parte de Entre Ríos. En el de la soja, aun siendo cultivada, la estimación inicial de una superficie de 17,9 millones de hectáreas se redujo a 17,7 millones por las inundaciones en el norte. El hecho de que el exceso de agua haya ocurrido en regiones que aportan menos al área agrícola a nivel país evitó que las pérdidas hayan sido mayores. “Si bien redujimos la estimación de hectáreas, mantuvimos la de 53 millones de toneladas de nivel de producción. A pesar de los problemas climáticos, hay un alto potencial de rendimiento en zonas más altas que no tuvieron excesos de lluvia”, detalla Gonzalo Hermida, economista en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Cambios anticipados
Los cambios en el clima de las regiones agropecuarias de la Argentina coinciden con lo observado en la Tercera Comunicación de Cambio Climático nacional, un informe el país que presentó en 2015 en el cual se detalla los efectos del cambio climático en el país y se realizan proyecciones.
De acuerdo con la publicación, en el período 1961-2010 se observó un aumento en casi todo el país de la precipitación media a nivel anual, especialmente en el Litoral, Cuyo y el Norte. Además, en la mayor parte del área continental no patagónica, hubo un aumento de temperatura de hasta medio grado. ‘Hay una tendencia significativa de aumento de las temperaturas mínimas, lo cual afecta a muchos cultivos que necesitan de ciertas condiciones de temperatura. A la par, hay un aumento de las lluvias de verano, lo que tiene efectos negativos y positivos, y una tendencia negativa en las heladas‘, apunta Carolina Vera, investigadora del Conicet y autora del IPCC, quien resalta el aumento en la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos extremos como lluvias intensas y olas de calor, lo que puede tener efectos destructivos sobre la producción agropecuaria. A ello se suma la falta de lluvia en la región Este y los problemas que trae por falta de disponibilidad de agua para los cultivos. Es justamente por esa expansión en los extremos climáticos que la producción agropecuaria se movió a nuevas zonas. Sin embargo, las mismas tienen un elevado riesgo climático y están expuestas a sequías e inundaciones, de acuerdo con Miguel Taboada, director del Instituto de Investigación de Suelos del INTA.
“Tenemos millones de hectáreas que son planas y el agua se mueve muy poco con suelos con poco drenaje. No queda otra que hacer obras para que el agua se acumule en las partes más elevadas. La gente quiere sacar el agua de cualquier manera”, agrega.
El principal riesgo
Según datos del Banco Mundial, las inundaciones son el principal riesgo climático argentino, ya que afectan a la Pampa Húmeda, la zona con mayor concentración poblacional y de actividades productivas. En años de lluvias intensas, como 2012 y 2015, los anegamientos se pueden llevar más de un punto del PBI. ‘Casi no hay años en los que la superficie sembrada no se vea afectada por anegamientos y se reduzca la cosecha. Son excesos de agua directamente relacionados con la intensidad de la lluvia: cuando sobra el agua se nos arma un desastre‘, afirma Esteban Jobbagy, investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de San Luis.
Proyecciones
La Tercera Comunicación Nacional construyó dos escenarios: uno que corresponde a una situación de emisiones de gases de efecto invernadero (causantes del cambio climático) bajas y otro que corresponde a una situación con la tendencia actual de emisiones altas, ambos aplicados al futuro cercano (2015-2039) y al lejano (2075-2099).
Las predicciones basadas en dichos modelos muestran que la temperatura media aumentaría en todo el país en los dos escenarios, tanto para d futuro cercano como para el lejano y en ambos casos los aumentos de temperatura son mayores hacia fin de siglo. En el caso de la precipitación, los cambios proyectados no son grandes. Excepto para el escenario de altas emisiones en el futuro lejano, se ubican entre -10 y 10 por ciento de aumento. Como este podría ser el rango de las posibles fuentes de error, estas seña-les de cambio son poco relevantes.
Se estima que el incremento en la frecuencia de eventos extremos ocasione una mayor erosión por el viento y el agua, compactación del suelo, salinización y, finalmente, la desertificación, lo que pueden provocar cambios significativos en los cultivos. ‘Si todo lo que observamos ocurrió en un mundo de un grado de aumento de la temperatura, las proyecciones indican que la tasa de cambios se va a acelerar con mayor temperatura. Todo va a continuar en el futuro con más rapidez en función de los distintos escenarios‘, asegura Vera. Sin embargo, eso no implica necesariamente efectos negativos para todo el agro. El hecho de que haya más dióxido de carbono en la atmosfera y que las temperaturas sean más altas favorece la fotosíntesis, lo que permite un mayor crecimiento de determinados cultivos.
En la Tercera Comunicación, se analizaron modelos de simulación del crecimiento y desarrollo de cultivos en escenarios climáticos futuros. De allí se desprende que, en promedio y en la región pampeana, tanto el maíz como la soja se verían favorecidos. Si bien el rendimiento del cereal podría incrementarse levemente, la oleaginosa rendiría hasta un 50 por ciento más hacia fines de siglo. Con respecto al trigo y en un futuro cercano (2040) los rendimientos podrían disminuir. ‘Nos tenemos que preparar para un mundo más caliente. Estar listos para un mundo de dos grados más de temperatura no es tan difícil. En la agricultura de granos, ya hay gimnasia de los productores que se puede aprovechar‘, comenta Jobbagy.
Adaptarse a los cambios
Si bien los efectos del cambio climático pueden ser algo reciente para los productores, la variabilidad en el clima no lo es, por lo que muchos ya conocen y llevan adelante diferentes estrategias para adaptarse a lluvias, inundaciones, olas de calor y sequías, entre otros fenómenos. Tradicionalmente, muchos agricultores han utilizado técnicas consideradas climáticamente inteligentes en su esfuerzo por adaptar sus patrones de producción a las condiciones climáticas cambiantes. En muchos casos, dichas técnicas han formado parte de enfoques integrales para administrar las tierras de cultivo.
‘Hay cosas que están pasando de manera autónoma a lo que decidan las autoridades. El sector toma decisiones y se va ajustando. Entre ellos, cambiar la fecha de siembra. El sector tiene un gran poder de adaptación‘, sostiene Nicolás Lucas, director Nacional de Producciones Sostenibles en el Ministerio de Agroindustria. La siembra directa se practica en alrededor del 80 por ciento de la superficie de tierras de cultivo del país, especialmente en soja, maíz y trigo. La práctica mejora las características físicas, químicas y biológicas del suelo. Pero, debe ir acompañada por diversificación y rotación de cultivos.
Además, en el abanico de posibilidades de los productores, se incluyen la modificación de los períodos de siembra y cosecha. La introducción de variedades de semillas resistentes a la temperatura, el manejo preciso de fertilizantes, el integrado de plagas y el de posturas, con sistemas silvopastoriles. ‘Hay que estudiar el riesgo y replantear los cultivos. Es una dinámica constante que va a tener que hacer el sector de ahora en más, siempre basándose en las proyecciones a futuro‘, dice Soledad Aguilar, directora Nacional de Cambio Climático en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
*Publicado en El Cronista
Las emisiones, el reto
A la par de adaptarse a los efectos del clima, el sector agropecuario tiene por delante el desafío de reducir su nivel de emisiones. En la Argentina, el sector de agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra representa el 39,2 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero del país, de acuerdo con el último inventario.
‘A diferencia del sector de energía, en el están todas las alternativas tecnológicas para mitigar, las vacas bajas en carbono todavía no existen. Hay una barrera tecnológica y tenemos que trabajar en innovación y genética. Hay muchas medidas que sirven para reducir emisiones en el agro, pero no tanto en la ganadería‘, señala Aguilar
La mayor parte de las emisiones proviene de la conversión de ecosistemas naturales a la agricultura y de las emisiones de metano por la ganadería bovina. En ese sentido, resulta clave el control de la deforestación de bosques nativos a través de la Ley de Bosques. Asimismo, se está trabajando en un conjunto de medidas para reducir las emisiones como la rotación de cultivos, la forestación con bosque cultivado, la generación de energía a partir de biomasa y la mejora en eficiencia en la ganadería y en el uso de fertilizantes. Argentina se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 18 por ciento de manera incondicional y en 37 por ciento de manera condicional, sujeto a financiamiento internacional. A nivel mundial, el país es responsable de un 0,7 por ciento de las emisiones que contribuyen al calentamiento del planeta.
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Fecha de Publicación: 15/04/2019
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional
Lluvias intensas y más frecuentes en el norte, inundaciones en la zona central y sequías más prolongadas en Cuyo. El cambio climático y sus efectos ya son visibles en las distintas provincias del país, los cuales -sumados a la variabilidad natural del clima-fuerzan a muchos sectores a adaptarse. Entre ellos, la agricultura tiene una doble característica: es un alto generador de emisiones contaminantes, pero también uno de los más vulnerables a los efectos del clima.
Es por ello que productores, científicos y organismos del Estado trabajan para adaptarse y reducir emisiones. El sector agrícola en la Argentina aporta 7,4 por ciento al PBI del país, el cual es alto comparado con el promedio de 5,2 por ciento del resto de América latina. La agricultura suministra alimentos básicos claves y sus exportaciones representan el 58 por ciento de las nacionales proporcionando alimento a 450 millones de personas.
Es por esa importancia económica que cualquier alteración climática no solo afecta al sector, sino que, también, a la economía a nivel general. “Un evento climático extremo puede sacar de la cancha a un productor y eso es caro para la Argentina. Si no puede subsistir, perdemos mucho conocimiento en el área en la que trabaja En los ’90 producíamos 30 millones de toneladas, hoy estamos en 140”, dice Santiago del Solar, jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria.
Las inundaciones en Santa Fe, Chaco, Corrientes y Entre Ríos dejaron miles de evacuados, así como pérdidas para el agro que todavía se están calculando. A la par, en la campaña anterior, se perdieron casi US$ 6000 millones en exportaciones de soja y maíz por las sequías.
Las pérdidas económicas se enmarcan en situaciones similares en todas las economías de los países en desarrollo, las cuales perdieron US$ 96.000 millones entre 2005y 2015 por daños a la producción agrícola y ganadera, de acuerdo con un informe de la FAO. ‘Por el cambio climático también aumentó la variabilidad climática. Se pasan de extremos secos a extremos húmedos y eso tiene un impacto fuerte, sobre todo en el norte de la Argentina. Los productores pasan en poco tiempo de sequías a inundaciones”, explica Inés Camillioni, doctora en Ciencias de la Atmósfera y autora de informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
Resultados parciales
Los resultados parciales de la campaña actual muestran algunas de esas consecuencias. En el caso del trigo, la estimación inicial de una cosecha de 19.700 millones de toneladas se redujo a 19 millones por el impacto de las heladas tardías y el granizo en Santa Fe, Córdoba y parte de Entre Ríos. En el de la soja, aun siendo cultivada, la estimación inicial de una superficie de 17,9 millones de hectáreas se redujo a 17,7 millones por las inundaciones en el norte. El hecho de que el exceso de agua haya ocurrido en regiones que aportan menos al área agrícola a nivel país evitó que las pérdidas hayan sido mayores. “Si bien redujimos la estimación de hectáreas, mantuvimos la de 53 millones de toneladas de nivel de producción. A pesar de los problemas climáticos, hay un alto potencial de rendimiento en zonas más altas que no tuvieron excesos de lluvia”, detalla Gonzalo Hermida, economista en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Cambios anticipados
Los cambios en el clima de las regiones agropecuarias de la Argentina coinciden con lo observado en la Tercera Comunicación de Cambio Climático nacional, un informe el país que presentó en 2015 en el cual se detalla los efectos del cambio climático en el país y se realizan proyecciones.
De acuerdo con la publicación, en el período 1961-2010 se observó un aumento en casi todo el país de la precipitación media a nivel anual, especialmente en el Litoral, Cuyo y el Norte. Además, en la mayor parte del área continental no patagónica, hubo un aumento de temperatura de hasta medio grado. ‘Hay una tendencia significativa de aumento de las temperaturas mínimas, lo cual afecta a muchos cultivos que necesitan de ciertas condiciones de temperatura. A la par, hay un aumento de las lluvias de verano, lo que tiene efectos negativos y positivos, y una tendencia negativa en las heladas‘, apunta Carolina Vera, investigadora del Conicet y autora del IPCC, quien resalta el aumento en la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos extremos como lluvias intensas y olas de calor, lo que puede tener efectos destructivos sobre la producción agropecuaria. A ello se suma la falta de lluvia en la región Este y los problemas que trae por falta de disponibilidad de agua para los cultivos. Es justamente por esa expansión en los extremos climáticos que la producción agropecuaria se movió a nuevas zonas. Sin embargo, las mismas tienen un elevado riesgo climático y están expuestas a sequías e inundaciones, de acuerdo con Miguel Taboada, director del Instituto de Investigación de Suelos del INTA.
“Tenemos millones de hectáreas que son planas y el agua se mueve muy poco con suelos con poco drenaje. No queda otra que hacer obras para que el agua se acumule en las partes más elevadas. La gente quiere sacar el agua de cualquier manera”, agrega.
El principal riesgo
Según datos del Banco Mundial, las inundaciones son el principal riesgo climático argentino, ya que afectan a la Pampa Húmeda, la zona con mayor concentración poblacional y de actividades productivas. En años de lluvias intensas, como 2012 y 2015, los anegamientos se pueden llevar más de un punto del PBI. ‘Casi no hay años en los que la superficie sembrada no se vea afectada por anegamientos y se reduzca la cosecha. Son excesos de agua directamente relacionados con la intensidad de la lluvia: cuando sobra el agua se nos arma un desastre‘, afirma Esteban Jobbagy, investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de San Luis.
Proyecciones
La Tercera Comunicación Nacional construyó dos escenarios: uno que corresponde a una situación de emisiones de gases de efecto invernadero (causantes del cambio climático) bajas y otro que corresponde a una situación con la tendencia actual de emisiones altas, ambos aplicados al futuro cercano (2015-2039) y al lejano (2075-2099).
Las predicciones basadas en dichos modelos muestran que la temperatura media aumentaría en todo el país en los dos escenarios, tanto para d futuro cercano como para el lejano y en ambos casos los aumentos de temperatura son mayores hacia fin de siglo. En el caso de la precipitación, los cambios proyectados no son grandes. Excepto para el escenario de altas emisiones en el futuro lejano, se ubican entre -10 y 10 por ciento de aumento. Como este podría ser el rango de las posibles fuentes de error, estas seña-les de cambio son poco relevantes.
Se estima que el incremento en la frecuencia de eventos extremos ocasione una mayor erosión por el viento y el agua, compactación del suelo, salinización y, finalmente, la desertificación, lo que pueden provocar cambios significativos en los cultivos. ‘Si todo lo que observamos ocurrió en un mundo de un grado de aumento de la temperatura, las proyecciones indican que la tasa de cambios se va a acelerar con mayor temperatura. Todo va a continuar en el futuro con más rapidez en función de los distintos escenarios‘, asegura Vera. Sin embargo, eso no implica necesariamente efectos negativos para todo el agro. El hecho de que haya más dióxido de carbono en la atmosfera y que las temperaturas sean más altas favorece la fotosíntesis, lo que permite un mayor crecimiento de determinados cultivos.
En la Tercera Comunicación, se analizaron modelos de simulación del crecimiento y desarrollo de cultivos en escenarios climáticos futuros. De allí se desprende que, en promedio y en la región pampeana, tanto el maíz como la soja se verían favorecidos. Si bien el rendimiento del cereal podría incrementarse levemente, la oleaginosa rendiría hasta un 50 por ciento más hacia fines de siglo. Con respecto al trigo y en un futuro cercano (2040) los rendimientos podrían disminuir. ‘Nos tenemos que preparar para un mundo más caliente. Estar listos para un mundo de dos grados más de temperatura no es tan difícil. En la agricultura de granos, ya hay gimnasia de los productores que se puede aprovechar‘, comenta Jobbagy.
Adaptarse a los cambios
Si bien los efectos del cambio climático pueden ser algo reciente para los productores, la variabilidad en el clima no lo es, por lo que muchos ya conocen y llevan adelante diferentes estrategias para adaptarse a lluvias, inundaciones, olas de calor y sequías, entre otros fenómenos. Tradicionalmente, muchos agricultores han utilizado técnicas consideradas climáticamente inteligentes en su esfuerzo por adaptar sus patrones de producción a las condiciones climáticas cambiantes. En muchos casos, dichas técnicas han formado parte de enfoques integrales para administrar las tierras de cultivo.
‘Hay cosas que están pasando de manera autónoma a lo que decidan las autoridades. El sector toma decisiones y se va ajustando. Entre ellos, cambiar la fecha de siembra. El sector tiene un gran poder de adaptación‘, sostiene Nicolás Lucas, director Nacional de Producciones Sostenibles en el Ministerio de Agroindustria. La siembra directa se practica en alrededor del 80 por ciento de la superficie de tierras de cultivo del país, especialmente en soja, maíz y trigo. La práctica mejora las características físicas, químicas y biológicas del suelo. Pero, debe ir acompañada por diversificación y rotación de cultivos.
Además, en el abanico de posibilidades de los productores, se incluyen la modificación de los períodos de siembra y cosecha. La introducción de variedades de semillas resistentes a la temperatura, el manejo preciso de fertilizantes, el integrado de plagas y el de posturas, con sistemas silvopastoriles. ‘Hay que estudiar el riesgo y replantear los cultivos. Es una dinámica constante que va a tener que hacer el sector de ahora en más, siempre basándose en las proyecciones a futuro‘, dice Soledad Aguilar, directora Nacional de Cambio Climático en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
*Publicado en El Cronista
Las emisiones, el reto
A la par de adaptarse a los efectos del clima, el sector agropecuario tiene por delante el desafío de reducir su nivel de emisiones. En la Argentina, el sector de agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra representa el 39,2 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero del país, de acuerdo con el último inventario.
‘A diferencia del sector de energía, en el están todas las alternativas tecnológicas para mitigar, las vacas bajas en carbono todavía no existen. Hay una barrera tecnológica y tenemos que trabajar en innovación y genética. Hay muchas medidas que sirven para reducir emisiones en el agro, pero no tanto en la ganadería‘, señala Aguilar
La mayor parte de las emisiones proviene de la conversión de ecosistemas naturales a la agricultura y de las emisiones de metano por la ganadería bovina. En ese sentido, resulta clave el control de la deforestación de bosques nativos a través de la Ley de Bosques. Asimismo, se está trabajando en un conjunto de medidas para reducir las emisiones como la rotación de cultivos, la forestación con bosque cultivado, la generación de energía a partir de biomasa y la mejora en eficiencia en la ganadería y en el uso de fertilizantes. Argentina se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 18 por ciento de manera incondicional y en 37 por ciento de manera condicional, sujeto a financiamiento internacional. A nivel mundial, el país es responsable de un 0,7 por ciento de las emisiones que contribuyen al calentamiento del planeta.
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Ley 7.722 : industriales juntan avales para modificaciones
Juntan avales para modificar la ley 7.722 que restringe la minería
Fecha de Publicación: 15/04/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
A través de una petición, la UIM, entidad que agrupa al sector industrial y productivo de Mendoza, busca adhesiones para que la Casa de las Leyes trate los proyectos de cambios en la llamada ley antiminera.
La Unión Industrial de Mendoza, junto al Clúster Energético Mendoza y al Consejo Empresario Mendocino (CEM), está recolectando adhesiones para que la Legislatura provincial trate este año los proyecto de modificación a la ley provincial 7.722, también conocida como ley “antiminera”. Ya hay más de 175 entidades solicitando la modificación.
La intención de la entidad que agrupa a los sectores productivo e industrial de la provincia, es que la Casa de las Leyes le dé tratamiento a las iniciativas presentadas que buscan cambiar la norma que hoy prohíbe el desarrollo de la minería metalífera en todo el territorio mendocino.
La adhesión no sólo está dirigida a empresarios, sino también a colegios profesionales, organismos técnicos, instituciones educativas, centros de capacitación, profesionales independientes, entre otros actores de la economía provincial.
“Queremos invitarlo a que nos acompañe en una petición a nuestras autoridades, clara y contundente, a través de la instrumentación de herramientas concretas que nos permitan ampliar y diversificar nuestra matriz productiva”, detalla la iniciativa, y agrega: “La actividad (minera) se encuentra limitada y la minería metalífera, directamente prohibida por una serie de normas e impedimentos legales, que demoran o impiden las inversiones necesarias”.
En ese sentido, la petición deja en claro lo que ha ocurrido en provincias vecinas que “gozan de los beneficios del desarrollo de este sector, sin que a la fecha se comprueben los nefastos efectos anunciados. Hoy vemos cómo pymes de San Juan o Neuquén tienen crecimiento sostenido como proveedores del sector, no sólo generando trabajo sino también invirtiendo, innovando en tecnología o agrupándose entre ellas para asumir desafíos más importantes, en otros lugares del país o del mundo”.
Respecto a las inquietudes sobre el cuidado del medio ambiente que podrían tener algunos sectores de la sociedad, la petición afirma: “Estamos convencidos de que tanto desde el punto de vista legal como desde el control social está más que garantizada la posibilidad de llevar adelante, en forma compatible con un ambiente saludable, una actividad como la minera, más controlada y observada que ninguna otra en nuestra región, en el país y en el mundo”.
Asimismo, se detallan ejemplos de cómo la ley 7.722 ha prohibido sin contemplaciones una actividad que podría convertirse en la clave del desarrollo de Mendoza. También se hace referencia a cómo es imprescindible de una vez por todas ampliar la matriz productiva de la provincia, ya que los sectores tradicionales vienen mostrando signos de fatiga desde hace largo tiempo.
“Solicitamos a los legisladores de la Provincia el urgente tratamiento de los proyectos de modificación de la ley 7.722, que se encuentran actualmente en la Cámara de Senadores, a fin de lograr la reactivación en el menor tiempo posible de los demorados proyectos mineros que sin duda alguna potenciarán la actividad productiva de la Provincia e impactarán más que positivamente en la creación de empleos de alta calidad”.
El texto de la petición
Autoridades de la Legislatura Provincial,
Jefes de Bloques partidarios integrantes de la Legislatura,
Legisladores Provinciales
Presente
De nuestra mayor consideración:
En diciembre del 2018 se constituyó en la UIM el Clúster Energético de Mendoza, espacio integrado por el sector privado, organismos y reparticiones públicas, universidades y otras instituciones del sector académico y organismos de la sociedad civil, preocupados por la incesante reducción de la actividad productiva de Mendoza e interesados en su desarrollo económico y social.
La misión principal de este Clúster apunta a lograr el desarrollo de la inversión y actividad de exploración y explotación de los recursos petroleros, gasíferos, mineros y energéticos de la Provincia, convencidos de que ello beneficiará al entramado de pymes y trabajadores mendocinos que puedan consolidarse como proveedores directos o indirectos de dicho complejo industrial. Nos referimos a rubros diversos como equipamiento, construcción, transporte, insumos, servicios técnicos, recursos humanos, productos textiles, gastronomía, entre otros, ya que se tratan de actividades muy dinamizadoras que impactan en una gran parte de nuestro sistema productivo.
La actividad minera se encuentra limitada y, en particular la metalífera está prohibida por una serie de normas e impedimentos legales, que demoran o impiden las inversiones necesarias. Un ejemplo claro de esto lo constituye la Ley 7722: doce años después de su sanción ha podido confirmarse que no fue dirigida a delimitar el campo de acción del desarrollo minero en Mendoza sino directamente a prohibirlo, ya que en este lapso no ha sido aprobado ningún proyecto minero metalífero.
En el mismo período, las provincias vecinas han gozado y gozan de los beneficios del desarrollo de este sector, sin que a la fecha se comprueben los nefastos efectos anunciados. Hoy vemos como pymes de San Juan o Neuquén tienen crecimiento sostenido como proveedores del sector, no solo generando trabajo sino también invirtiendo, innovando en tecnología o agrupándose entre ellas para asumir desafíos más importantes, en otros lugares del país o del mundo.
Jamás pusimos ni pondremos en duda la absoluta preminencia de la protección al ambiente, del cuidado de los recursos hídricos y de la salud de las personas. En su gran mayoría somos pequeñas y medianas empresas familiares, con varias generaciones viviendo en el territorio provincial y con el deseo de permanecer en Mendoza. Estamos convencidos de que tanto desde el punto de vista legal como del control social está más que garantizada la posibilidad de llevar adelante, en forma compatible con un ambiente saludable, una actividad como la minera, más controlada y observada que ninguna otra en nuestra región, en el país y en el mundo.
Pero consideramos imposible el desarrollo de la la minería metalífera ya que se encuentra literalmente prohibida en base a los excesos de la legislación vigente, de la que resaltamos solo dos puntos como ejemplo:
- La Ley 7722 prohíbe el uso sustancias químicas que las define explícitamente, porque pueden contaminar el recurso hídrico o amenazar la salud pública, aún en lugares donde fácticamente sería imposible, y también extiende la prohibición a un colectivo indeterminado (“otras sustancias similares”), provocando en los hechos que no pueda usarse ningún tipo de sustancia o producto químico. Lo paradójico, es que las sustancias enumeradas, son utilizadas en otras actividades industriales o procesos productivos que se rigen por normativas vigentes en relación al cuidado de la salud o el medio ambiente.
- La misma Ley 7722 exige que, luego de cumplir con la rígida normativa ambiental, obtener una Declaración de Impacto Ambiental positiva aprobada por el Poder Ejecutivo y realizar las correspondientes audiencias públicas, los proyectos metalíferos deban pasar nuevamente por la Legislatura Provincial para su ratificación. Consideramos que resulta necesario sacar del ámbito legislativo el tratamiento de la DIA: así como el Poder Ejecutivo no puede invadir con su accionar la esfera propia y exclusiva del Legislador, éste tampoco puede invadir la esfera propia y exclusiva del Poder Ejecutivo.
Mientras tanto, las principales actividades que motorizan a la economía provincial se reducen paulatinamente afectando su capacidad de empleo y de generación de ingresos a Mendoza:
- El sector agropecuario reduce año a año su nivel de actividad y empleo, lo que impacta en la baja calidad de vida rural y profundiza la migración desde el campo a las ciudades.
- Las principales ramas industriales de Mendoza muestran una alarmante caída de todos los indicadores, salvo el de la capacidad ociosa que sube año a año.
- Solamente el turismo y algunas actividades nacientes, como las industrias creativas, pueden mostrar números positivos pero que de ninguna manera compensan la pérdida de los principales sectores ni, menos aún, generan empleos para los aproximadamente 8.000 mendocinos que, en promedio, cada año se incorporan al mercado laboral.
Sin duda alguna, el desarrollo sustentable de la actividad minera y petrolera podría haber generado en los últimos años:
- Mayor actividad económica para la provincia de Mendoza, principalmente de pymes que proveen al sector, multiplicado los empleos calificados y bien remunerados que todo este entramado productivo implica.
- El posicionamiento de la Provincia de Mendoza como un centro de investigación, desarrollo e innovación en materia de producción e industrialización de minerales, de sistemas de control y prevención, de especialización de pequeñas y medianas empresas que salieran luego al mundo a vender sus tecnologías, productos y servicios.
- El aumento de los ingresos fiscales, que hubiera fortalecido la infraestructura social de los mendocinos y mejorado las condiciones en que se desenvuelve el resto de los sectores productivos. Mendoza contaría a esta altura con una infraestructura hídrica más completa y eficiente, que hubiera acrecentado ampliamente la frontera agrícola, de haber obtenido recursos provenientes de las regalías mineras.
Somos partidarios del apoyo público a la reconversión y/o adaptación del resto de los sectores productivos de Mendoza a las nuevas realidades que nos impone una economía cada vez más globalizada. Pensamos que más que un cambio en la matriz productiva de la Provincia lo que debemos lograr entre todos es su ampliación, reforzando los motores tradicionales de la actividad económica y posibilitando la consolidación de otros nuevos.
Nuestro vecino país, Chile, es un ejemplo de cómo es posible desarrollar la minería y al mismo tiempo el sector agrícola, potenciando la economía y fortaleciendo los recursos fiscales. La minería representa el 12% del PBI, significa el 52% de las exportaciones chilenas al mundo y cuenta con 44.900 empresas mineras a los que se suman 61.837 empresas proveedoras. En el caso de Australia, la minería representa el 8,7% del PBI y el 48% de las exportaciones totales, empleando en forma directa a 173.000 trabajadores.
Por todo lo expuesto es que les solicitamos el urgente tratamiento de los proyectos de modificación de la Ley 7722, a fin de lograr la reactivación en el menor tiempo posible de los demorados proyectos mineros que sin duda alguna potenciarán la actividad productiva de la Provincia e impactarán positivamente en la creación de empleos de alta calidad.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta favorable, los saludamos atte.
Mauricio Badaloni: Presidente Unión Industrial de Mendoza
Javier Allub: Presidente Consejo Empresario Mendocino
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Fecha de Publicación: 15/04/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
A través de una petición, la UIM, entidad que agrupa al sector industrial y productivo de Mendoza, busca adhesiones para que la Casa de las Leyes trate los proyectos de cambios en la llamada ley antiminera.
La Unión Industrial de Mendoza, junto al Clúster Energético Mendoza y al Consejo Empresario Mendocino (CEM), está recolectando adhesiones para que la Legislatura provincial trate este año los proyecto de modificación a la ley provincial 7.722, también conocida como ley “antiminera”. Ya hay más de 175 entidades solicitando la modificación.
La intención de la entidad que agrupa a los sectores productivo e industrial de la provincia, es que la Casa de las Leyes le dé tratamiento a las iniciativas presentadas que buscan cambiar la norma que hoy prohíbe el desarrollo de la minería metalífera en todo el territorio mendocino.
La adhesión no sólo está dirigida a empresarios, sino también a colegios profesionales, organismos técnicos, instituciones educativas, centros de capacitación, profesionales independientes, entre otros actores de la economía provincial.
“Queremos invitarlo a que nos acompañe en una petición a nuestras autoridades, clara y contundente, a través de la instrumentación de herramientas concretas que nos permitan ampliar y diversificar nuestra matriz productiva”, detalla la iniciativa, y agrega: “La actividad (minera) se encuentra limitada y la minería metalífera, directamente prohibida por una serie de normas e impedimentos legales, que demoran o impiden las inversiones necesarias”.
En ese sentido, la petición deja en claro lo que ha ocurrido en provincias vecinas que “gozan de los beneficios del desarrollo de este sector, sin que a la fecha se comprueben los nefastos efectos anunciados. Hoy vemos cómo pymes de San Juan o Neuquén tienen crecimiento sostenido como proveedores del sector, no sólo generando trabajo sino también invirtiendo, innovando en tecnología o agrupándose entre ellas para asumir desafíos más importantes, en otros lugares del país o del mundo”.
Respecto a las inquietudes sobre el cuidado del medio ambiente que podrían tener algunos sectores de la sociedad, la petición afirma: “Estamos convencidos de que tanto desde el punto de vista legal como desde el control social está más que garantizada la posibilidad de llevar adelante, en forma compatible con un ambiente saludable, una actividad como la minera, más controlada y observada que ninguna otra en nuestra región, en el país y en el mundo”.
Asimismo, se detallan ejemplos de cómo la ley 7.722 ha prohibido sin contemplaciones una actividad que podría convertirse en la clave del desarrollo de Mendoza. También se hace referencia a cómo es imprescindible de una vez por todas ampliar la matriz productiva de la provincia, ya que los sectores tradicionales vienen mostrando signos de fatiga desde hace largo tiempo.
“Solicitamos a los legisladores de la Provincia el urgente tratamiento de los proyectos de modificación de la ley 7.722, que se encuentran actualmente en la Cámara de Senadores, a fin de lograr la reactivación en el menor tiempo posible de los demorados proyectos mineros que sin duda alguna potenciarán la actividad productiva de la Provincia e impactarán más que positivamente en la creación de empleos de alta calidad”.
El texto de la petición
Autoridades de la Legislatura Provincial,
Jefes de Bloques partidarios integrantes de la Legislatura,
Legisladores Provinciales
Presente
De nuestra mayor consideración:
En diciembre del 2018 se constituyó en la UIM el Clúster Energético de Mendoza, espacio integrado por el sector privado, organismos y reparticiones públicas, universidades y otras instituciones del sector académico y organismos de la sociedad civil, preocupados por la incesante reducción de la actividad productiva de Mendoza e interesados en su desarrollo económico y social.
La misión principal de este Clúster apunta a lograr el desarrollo de la inversión y actividad de exploración y explotación de los recursos petroleros, gasíferos, mineros y energéticos de la Provincia, convencidos de que ello beneficiará al entramado de pymes y trabajadores mendocinos que puedan consolidarse como proveedores directos o indirectos de dicho complejo industrial. Nos referimos a rubros diversos como equipamiento, construcción, transporte, insumos, servicios técnicos, recursos humanos, productos textiles, gastronomía, entre otros, ya que se tratan de actividades muy dinamizadoras que impactan en una gran parte de nuestro sistema productivo.
La actividad minera se encuentra limitada y, en particular la metalífera está prohibida por una serie de normas e impedimentos legales, que demoran o impiden las inversiones necesarias. Un ejemplo claro de esto lo constituye la Ley 7722: doce años después de su sanción ha podido confirmarse que no fue dirigida a delimitar el campo de acción del desarrollo minero en Mendoza sino directamente a prohibirlo, ya que en este lapso no ha sido aprobado ningún proyecto minero metalífero.
En el mismo período, las provincias vecinas han gozado y gozan de los beneficios del desarrollo de este sector, sin que a la fecha se comprueben los nefastos efectos anunciados. Hoy vemos como pymes de San Juan o Neuquén tienen crecimiento sostenido como proveedores del sector, no solo generando trabajo sino también invirtiendo, innovando en tecnología o agrupándose entre ellas para asumir desafíos más importantes, en otros lugares del país o del mundo.
Jamás pusimos ni pondremos en duda la absoluta preminencia de la protección al ambiente, del cuidado de los recursos hídricos y de la salud de las personas. En su gran mayoría somos pequeñas y medianas empresas familiares, con varias generaciones viviendo en el territorio provincial y con el deseo de permanecer en Mendoza. Estamos convencidos de que tanto desde el punto de vista legal como del control social está más que garantizada la posibilidad de llevar adelante, en forma compatible con un ambiente saludable, una actividad como la minera, más controlada y observada que ninguna otra en nuestra región, en el país y en el mundo.
Pero consideramos imposible el desarrollo de la la minería metalífera ya que se encuentra literalmente prohibida en base a los excesos de la legislación vigente, de la que resaltamos solo dos puntos como ejemplo:
- La Ley 7722 prohíbe el uso sustancias químicas que las define explícitamente, porque pueden contaminar el recurso hídrico o amenazar la salud pública, aún en lugares donde fácticamente sería imposible, y también extiende la prohibición a un colectivo indeterminado (“otras sustancias similares”), provocando en los hechos que no pueda usarse ningún tipo de sustancia o producto químico. Lo paradójico, es que las sustancias enumeradas, son utilizadas en otras actividades industriales o procesos productivos que se rigen por normativas vigentes en relación al cuidado de la salud o el medio ambiente.
- La misma Ley 7722 exige que, luego de cumplir con la rígida normativa ambiental, obtener una Declaración de Impacto Ambiental positiva aprobada por el Poder Ejecutivo y realizar las correspondientes audiencias públicas, los proyectos metalíferos deban pasar nuevamente por la Legislatura Provincial para su ratificación. Consideramos que resulta necesario sacar del ámbito legislativo el tratamiento de la DIA: así como el Poder Ejecutivo no puede invadir con su accionar la esfera propia y exclusiva del Legislador, éste tampoco puede invadir la esfera propia y exclusiva del Poder Ejecutivo.
Mientras tanto, las principales actividades que motorizan a la economía provincial se reducen paulatinamente afectando su capacidad de empleo y de generación de ingresos a Mendoza:
- El sector agropecuario reduce año a año su nivel de actividad y empleo, lo que impacta en la baja calidad de vida rural y profundiza la migración desde el campo a las ciudades.
- Las principales ramas industriales de Mendoza muestran una alarmante caída de todos los indicadores, salvo el de la capacidad ociosa que sube año a año.
- Solamente el turismo y algunas actividades nacientes, como las industrias creativas, pueden mostrar números positivos pero que de ninguna manera compensan la pérdida de los principales sectores ni, menos aún, generan empleos para los aproximadamente 8.000 mendocinos que, en promedio, cada año se incorporan al mercado laboral.
Sin duda alguna, el desarrollo sustentable de la actividad minera y petrolera podría haber generado en los últimos años:
- Mayor actividad económica para la provincia de Mendoza, principalmente de pymes que proveen al sector, multiplicado los empleos calificados y bien remunerados que todo este entramado productivo implica.
- El posicionamiento de la Provincia de Mendoza como un centro de investigación, desarrollo e innovación en materia de producción e industrialización de minerales, de sistemas de control y prevención, de especialización de pequeñas y medianas empresas que salieran luego al mundo a vender sus tecnologías, productos y servicios.
- El aumento de los ingresos fiscales, que hubiera fortalecido la infraestructura social de los mendocinos y mejorado las condiciones en que se desenvuelve el resto de los sectores productivos. Mendoza contaría a esta altura con una infraestructura hídrica más completa y eficiente, que hubiera acrecentado ampliamente la frontera agrícola, de haber obtenido recursos provenientes de las regalías mineras.
Somos partidarios del apoyo público a la reconversión y/o adaptación del resto de los sectores productivos de Mendoza a las nuevas realidades que nos impone una economía cada vez más globalizada. Pensamos que más que un cambio en la matriz productiva de la Provincia lo que debemos lograr entre todos es su ampliación, reforzando los motores tradicionales de la actividad económica y posibilitando la consolidación de otros nuevos.
Nuestro vecino país, Chile, es un ejemplo de cómo es posible desarrollar la minería y al mismo tiempo el sector agrícola, potenciando la economía y fortaleciendo los recursos fiscales. La minería representa el 12% del PBI, significa el 52% de las exportaciones chilenas al mundo y cuenta con 44.900 empresas mineras a los que se suman 61.837 empresas proveedoras. En el caso de Australia, la minería representa el 8,7% del PBI y el 48% de las exportaciones totales, empleando en forma directa a 173.000 trabajadores.
Por todo lo expuesto es que les solicitamos el urgente tratamiento de los proyectos de modificación de la Ley 7722, a fin de lograr la reactivación en el menor tiempo posible de los demorados proyectos mineros que sin duda alguna potenciarán la actividad productiva de la Provincia e impactarán positivamente en la creación de empleos de alta calidad.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta favorable, los saludamos atte.
Mauricio Badaloni: Presidente Unión Industrial de Mendoza
Javier Allub: Presidente Consejo Empresario Mendocino
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Agroquímicos en el agua de Pergamino
Contaminación del agua y graves problemas de salud: ordenaron suspender la fumigación con agroquímicos en Pergamino
Fecha de Publicación: 13/04/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Un fallo del juez federal Carlos Villafuerte Ruzo frenó el uso de plaguicidas en tres barrios de esa ciudad bonaerense. Además, instó al Municipio a suspender la autorización para futuras fumigaciones. Historias del drama
Una semana después de que el presidente Mauricio Macri considerara durante su visita a Entre Ríos como "irresponsable" un fallo de la Justicia que frenaba la fumigación con agroquímicos a 100 metros de las escuelas en esa provincia, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo dio otro paso en el mismo sentido. El titular del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás ordenó la suspensión urgente de la aplicación de estos plaguicidas tóxicos en campos que rodean tres barrios de Pergamino donde hay cientos de casos de adultos y niños con problemas de salud y enfermedades sin diagnóstico.
Villafuerte Ruzo además exhortó al Municipio de Pergamino, ubicado en lo que se llama el "núcleo sojero" de la pampa húmeda, a 245 kilómetros de la Capital Federal, a que de manera inmediata garantice en los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida la provisión de agua potable.
Es que en la investigación, surgida a partir de la denuncia de una vecina del barrio Villa Alicia, varios informes técnicos comprobaron que el nivel de agroquímicos en las napas de donde se abastecen los vecinos es superior al tolerado por el organismo humano.
"Se dispondrá la inmediata suspensión provisional de las aplicaciones de fumigaciones con plaguicidas, herbicidas, insecticidas, y cualquier otro paquete de agroquímicos, sea mediante fumigaciones terrestres que contenga glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo", remarcó el magistrado en su fallo.
Villafuerte Ruzo detalló los productos químicos prohibidos a partir de su firma. Se trata de Atrazina, Triticonazol, Metolaclor, Acetoclor, Clorpirifos, Glifosato, Imidacroplid, Desetil, 2.4D y "de los siguientes formulados: Roundup Full II, Roundup Max II, Roundup Ultramax".
Lo hizo específicamente sobre cuatro establecimientos rurales que lindan con las poblaciones urbanas de estos barrios. Y las medidas incluyen la suspensión provisional al Municipio para autorizar "futuras fumigaciones, tanto aéreas como terrestres".
Además, el magistrado indicó al intendente Javier Martínez (Cambiemos) que para las zonas adyacentes a los barrios involucrados, y fuera de los campos donde se restringió la fumigación, se establezca una zona de aplicación a no menos de 600 metros de distancia del ejido urbano.
Martínez, en tanto, encomendó a la UBA un estudio para determinar la calidad del agua en Pergamino, ya que los análisis previos dieron resultados dispares.
Especialistas de Conicet y del Inta-Balcarce y el especialista de la Universidad Nacional de La Plata, Damián Marino, encontraron altos niveles de agroquímicos en el agua de la zona, pero un estudio de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ASA) contradijo esos informes.
Por eso el juez Villafuerte Ruzo encomendó un nuevo análisis al equipo de Toxicología de la Corte Suprema de la Nación que, según se indica en el fallo, comunicó que sus tareas están en desarrollo y todavía no hay resultados.
Sabrina Ortiz perdió un embarazo en 2011, el mismo día que prácticamente por arriba de su casa, en el barrio Villa Alicia, frente a los campos de soja, pasó un avión fumigador. Ya tenía problemas en la piel. Y también su hija, que en ese momento tenía 10 años, y su marido.
Ella fue la que denunció las fumigaciones sobre las poblaciones urbanas y que desencadenó en este fallo de la Justicia federal. "Me constituí como querellante y expuse mi identidad. Denuncié la manipulación de residuos peligrosos y así se comprobó que existe responsabilidad de los dueños de los campos de alrededor", cuenta a Infobae la mujer, que considera el fallo como "muy positivo".
"En 2011 pierdo un embarazo intoxicada. Ese día fumigaron y empecé a brotarme, a tener dificultad respiratoria, mareos, contracciones, y a la noche terminé perdiendo el embarazo. El médico me dijo que fue por los agrotóxicos y se me vino a la cabeza la historia de Fabián Tomasi; ahí me prometí no parar jamás", revela.
"Hasta ese momento solo tenía problemas dermatológicos y respiratorios. Mi nena (tenía 10), mi esposo, mis padres, que vivían al lado de mi casa, y muchos vecinos sufrían y sufren lo mismo. Pero esta es la ciudad del núcleo sojero. Acá hablar de eso implica que te traten de loca, así me dijo quien era secretario de Salud cuando llevé los análisis de toda mi familia", dice Ortiz, con indignación.
Ella junto a otras vecinas conformaron la agrupación Madres de Barrios Fumigados de Pergamino, que empezó a activar denuncias y protestas en la ciudad y el 21 de marzo pasado reclamaron ante el Municipio y la Justicia que se declare la emergencia sanitaria. Menos de 15 días después, Villafuerte Ruzo firmó el fallo.
El drama familiar de Ortiz se replica en otros vecinos de Pergamino, uno de los distritos donde más se usan agroquímicos en toda la Provincia. Según cuenta la mujer, sus hijos tienen diez veces más de glifosato en sangre que lo que tolera el organismo humano. "El tolerado es 0,01. Y mi hija tiene 9,20 y mi hijo 10,20. Es una enormidad tremenda. Ese indice no baja, es poco lo que el cuerpo puede metabolizar", asegura, con bronca.
La hija, que hoy tiene 18 años, ya pasó por cuatro operaciones para sacarle quistes de los huesos. Su hijo hace linfoproliferación. "Tiene los ganglios agrandados en los intestinos, en el cuello, eso hace que sus sistema inmune esté activo y cuando se enferma lo debilita. Le hacen quimioterapia, tiene sangrado en orina, hace síntomas de enfermedades que no tiene", enumera Sabrina.
Las madres de los barrios fumigados de Pergamino celebran el fallo del juez, pero aseguran que viven en una comunidad que evita el tema o que incluso lo tapa. Nadie habla, cuentan, de los 48 casos de cáncer en un solo barrio.
Isaías tiene tres años y cada vez que se fumiga el campo lindero a su casa, se brota. "La medica de la sala le dijo a la mamá que fue el fiambre. La vez pasada hicieron una reunión los médicos de la sala para informar a los vecinos que nada tiene que ver sus afecciones con los agroquímicos, que se debe a otros factores como la higiene. Formaron un discurso proteccionista de los agronegocios en la salud pública municipal", protestan en su página de Facebook.
Ortiz denuncia que su lucha contra los agroquímicos trajo consecuencias oscuras, que van más allá de su salud física. "Me balearon el perro, me tiraron bidones vacíos de glifosato en la puerta de casa, me tiraron chauchas de soja en el auto. Es una cadena de mafia y complicidades. Pero lamentablemente no me voy a detener", advierte.
Además de sus problemas de piel, la mujer sufrió dos ACV isquémicos. Pero no tiene ni problemas en la sangre ni cardíacos. "Aparentemente es por una toxina del glifosato", cuenta que le dijo su médico.
Para la mujer, el Estado está ausente porque "los que lo sufrimos somos todos gente pobre, hay personas del barrio que no tienen obra social, no tienen ni para comer, por eso reclamamos que el Municipio incorpore toxicólogos especialistas".
Su situación es un reflejo de un problema de salud que afecta a toda una comunidad. A ella, el médico le recomendó una decisión drástica. "Me dijo que me mude. Y me mudé. Pero no todos pueden hacer lo mismo. Nos están matando", asegura, conmovida.
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Río Negro quiere medir sus emisiones
Cambio climático: Río Negro implementará un proyecto sobre gases de efecto invernadero
Fecha de Publicación: 13/04/2019
Fuente: Bariloche Opina
Provincia/Región: Río Negro
La Provincia apuesta a un proyecto que permitirá contar con un diagnóstico inicial de emisiones de gases de efecto invernadero por sectores. La iniciativa dará lugar al desarrollo de un Plan de Acción Provincial en materia de Cambio Climático.
La Provincia apuesta a un proyecto que permitirá contar con un diagnóstico inicial de emisiones de gases de efecto invernadero por sectores. La iniciativa dará lugar al desarrollo de un Plan de Acción Provincial en materia de Cambio Climático.
El proyecto ya fue presentado al Consejo Federal de Inversiones para su financiación. Por este motivo, la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dina Migani, se reunió con la secretaria de Programas Especiales y Enlace con CFI, Laura Perilli, para definir los pasos a seguir para la elaboración de un Inventario de Gases Efecto Invernadero (INVGEIs) para Río Negro.
“Trabajamos conjuntamente con la Fundación Bariloche en el desarrollo de la propuesta que permitirá elaborar un INVGEI para la Provincia, de acuerdo con la metodología diseñada por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), siguiendo los criterios generales de transparencia, exhaustividad, exactitud, consistencia y comparabilidad que plantean las buenas prácticas para la elaboración de INVGEIs”, explicó Migani.
A la fecha, se están cumpliendo los plazos administrativos previos a la firma del contrato que permitirá dar inicio a las actividades, que se estima que comiencen a mediados de abril.
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Fecha de Publicación: 13/04/2019
Fuente: Bariloche Opina
Provincia/Región: Río Negro
La Provincia apuesta a un proyecto que permitirá contar con un diagnóstico inicial de emisiones de gases de efecto invernadero por sectores. La iniciativa dará lugar al desarrollo de un Plan de Acción Provincial en materia de Cambio Climático.
La Provincia apuesta a un proyecto que permitirá contar con un diagnóstico inicial de emisiones de gases de efecto invernadero por sectores. La iniciativa dará lugar al desarrollo de un Plan de Acción Provincial en materia de Cambio Climático.
El proyecto ya fue presentado al Consejo Federal de Inversiones para su financiación. Por este motivo, la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dina Migani, se reunió con la secretaria de Programas Especiales y Enlace con CFI, Laura Perilli, para definir los pasos a seguir para la elaboración de un Inventario de Gases Efecto Invernadero (INVGEIs) para Río Negro.
“Trabajamos conjuntamente con la Fundación Bariloche en el desarrollo de la propuesta que permitirá elaborar un INVGEI para la Provincia, de acuerdo con la metodología diseñada por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), siguiendo los criterios generales de transparencia, exhaustividad, exactitud, consistencia y comparabilidad que plantean las buenas prácticas para la elaboración de INVGEIs”, explicó Migani.
A la fecha, se están cumpliendo los plazos administrativos previos a la firma del contrato que permitirá dar inicio a las actividades, que se estima que comiencen a mediados de abril.
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Buen desempeño de la UTN en la Shell Eco Marathon
Orgullo argentino: el equipo de la UTN de Pacheco entre los 5 mejores de América en la carrera de eficiencia energética más importante
Fecha de Publicación: 13/04/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Kiri Fan mejoró un 60 por ciento su desempeño en comparación con el año pasado. "Esto es maravilloso", aseguran los estudiantes de ingeniería. Los detalles de una carrera en la que nada fue dejado a la improvisación
En el equipo argentino están abrumados por la alegría y el orgullo: Kiri Fan logró el quinto puesto en la competencia de eficiencia energética más importante del mundo. "Es increíble, maravilloso", dicen.
El resultado del grupo de siete estudiantes de ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional de General Pacheco llega después de días de adrenalina, trabajo intenso, nervios y compañerismo bajo el cielo de California.
La Shell Eco Marathon Americas había comenzado el viernes, algo demorada por la lluvia y las nubes que nunca abandonaron el circuito Sonoma Raceway, en el norte del estado.
Desde el primer intento, el prototipo fabricado y diseñado por el equipo argentino —el único del país entre los 92 participantes— dio muestra de fiabilidad y eficiencia, la cualidad más importante en una competencia en la que es clave consumir la menor cantidad posible de energía.
En el equipo había buenas sensaciones, tras ser los primeros en superar con éxito la revisión técnica y de seguridad. Aún así, sabían que el momento de la verdad sería la carrera. Allí, podría suceder cualquier cosa: desde no alcanzar la velocidad suficiente para completar un intento válido hasta problemas técnicos. Decenas de variables en juego.
El comienzo fue prometedor: el viernes el equipo pudo dar el primer intento válido, completando las ocho vueltas (10 kilómetros) en el tiempo límite de 24 minutos. Para lograrlo los estudiantes guiaron vía radio al piloto, indicándole cuándo acelerar y la velocidad óptima. Nada fue dejado a la improvisación.
Al final del día, Kiri Fan iba segundo, con una marca de 148 kilómetros por kilowatt-hora.
El equipo, sin embargo, iba por más. Durante la noche trabajaron contrarreloj para sustituir el controlador del motor por otro más eficiente, modificaron el vehículo para reducir ulteriormente su peso y se lanzaron nuevamente a la carrera. El sábado mejoraron su marca y terminaron quintos, con un resultado final de 161 kilómetros por kilowatt-hora.
Los estudiantes de la UTN estuvieron por encima de potencias como la UNAM, la universidad más grande de México, y fueron apenas superados por equipos de universidades de renombre y con grandes presupuestos como la Universidad de Illinois, la Universidad Cornell o la canadiense Universidad de Ottawa. De los 22 equipos de la categoría prototipos eléctricos sólo 10 lograron completar al menos un intento válido.
Después de la carrera la emoción y el orgullo del equipo era palpable. "Es increíble", era la frase más escuchada.
"Estamos muy contentos", comentaron los integrantes de Kiri Fan a Infobae. "Confiamos mucho en nuestras habilidades y competencias y esto se vio reflejado en en el resultado. Haber llegado al quinto puesto es algo maravilloso".
Todos destacaron que el resultado marca una mejora en la eficiencia energética del 60 por ciento comparado con el año anterior. Y agradecieron a la UTN de Pacheco, a Shell y a Volkswagen por apoyar el proyecto.
"Cumplimos el objetivo", dijo Fidel Carril, el profesor de la Universidad que viajó a California junto a los estudiantes. "También avanzamos muchísimo como equipo. Vi a 7 personas trabajando codo a codo. Eso es impagable, sólo se aprende haciéndolo. Mejoraron porque se dieron cuenta que pueden".
Ahora, los estudiantes ya están pensando en cómo seguir mejorando. Es posible que algunos de ellos, a punto de terminar sus estudios, dejen el equipo. Pero Kiri Fan abrió camino y otros tomarán el relevo.
"Subimos la vara", concluyeron. "Tenemos muchas expectativas para el año que viene".
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Fecha de Publicación: 13/04/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Kiri Fan mejoró un 60 por ciento su desempeño en comparación con el año pasado. "Esto es maravilloso", aseguran los estudiantes de ingeniería. Los detalles de una carrera en la que nada fue dejado a la improvisación
En el equipo argentino están abrumados por la alegría y el orgullo: Kiri Fan logró el quinto puesto en la competencia de eficiencia energética más importante del mundo. "Es increíble, maravilloso", dicen.
El resultado del grupo de siete estudiantes de ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional de General Pacheco llega después de días de adrenalina, trabajo intenso, nervios y compañerismo bajo el cielo de California.
La Shell Eco Marathon Americas había comenzado el viernes, algo demorada por la lluvia y las nubes que nunca abandonaron el circuito Sonoma Raceway, en el norte del estado.
Desde el primer intento, el prototipo fabricado y diseñado por el equipo argentino —el único del país entre los 92 participantes— dio muestra de fiabilidad y eficiencia, la cualidad más importante en una competencia en la que es clave consumir la menor cantidad posible de energía.
En el equipo había buenas sensaciones, tras ser los primeros en superar con éxito la revisión técnica y de seguridad. Aún así, sabían que el momento de la verdad sería la carrera. Allí, podría suceder cualquier cosa: desde no alcanzar la velocidad suficiente para completar un intento válido hasta problemas técnicos. Decenas de variables en juego.
El comienzo fue prometedor: el viernes el equipo pudo dar el primer intento válido, completando las ocho vueltas (10 kilómetros) en el tiempo límite de 24 minutos. Para lograrlo los estudiantes guiaron vía radio al piloto, indicándole cuándo acelerar y la velocidad óptima. Nada fue dejado a la improvisación.
Al final del día, Kiri Fan iba segundo, con una marca de 148 kilómetros por kilowatt-hora.
El equipo, sin embargo, iba por más. Durante la noche trabajaron contrarreloj para sustituir el controlador del motor por otro más eficiente, modificaron el vehículo para reducir ulteriormente su peso y se lanzaron nuevamente a la carrera. El sábado mejoraron su marca y terminaron quintos, con un resultado final de 161 kilómetros por kilowatt-hora.
Los estudiantes de la UTN estuvieron por encima de potencias como la UNAM, la universidad más grande de México, y fueron apenas superados por equipos de universidades de renombre y con grandes presupuestos como la Universidad de Illinois, la Universidad Cornell o la canadiense Universidad de Ottawa. De los 22 equipos de la categoría prototipos eléctricos sólo 10 lograron completar al menos un intento válido.
Después de la carrera la emoción y el orgullo del equipo era palpable. "Es increíble", era la frase más escuchada.
"Estamos muy contentos", comentaron los integrantes de Kiri Fan a Infobae. "Confiamos mucho en nuestras habilidades y competencias y esto se vio reflejado en en el resultado. Haber llegado al quinto puesto es algo maravilloso".
Todos destacaron que el resultado marca una mejora en la eficiencia energética del 60 por ciento comparado con el año anterior. Y agradecieron a la UTN de Pacheco, a Shell y a Volkswagen por apoyar el proyecto.
"Cumplimos el objetivo", dijo Fidel Carril, el profesor de la Universidad que viajó a California junto a los estudiantes. "También avanzamos muchísimo como equipo. Vi a 7 personas trabajando codo a codo. Eso es impagable, sólo se aprende haciéndolo. Mejoraron porque se dieron cuenta que pueden".
Ahora, los estudiantes ya están pensando en cómo seguir mejorando. Es posible que algunos de ellos, a punto de terminar sus estudios, dejen el equipo. Pero Kiri Fan abrió camino y otros tomarán el relevo.
"Subimos la vara", concluyeron. "Tenemos muchas expectativas para el año que viene".
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107 plaguicidas prohibidos en otros países se usan acá
En Argentina se utilizan 107 plaguicidas prohibidos en otros países
Fecha de Publicación: 12/04/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
El ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho realizó un análisis de los agroquímicos empleados en distintos cultivos e incluyó a Misiones. Señaló que un 36% de estos productos “son altamente peligrosos”.
Un informe reveló que en la Argentina se encuentran autorizados 107 plaguicidas que son prohibidos o no autorizados en otros países, de los cuales un 36% son altamente peligrosos, según los criterios establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esta lista aumenta a un 73% si se tienen en cuenta los criterios adicionales propuestos por la Red de Acción en Plaguicidas (PAN) internacional.
Esta cifra fue revelada por el ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho, quien realizó un análisis de los agroquímicos utilizados en el país.
Detalló, además, que los principales cultivos que hacen uso de estos químicos altamente peligrosos son los de soja, maíz, trigo, cebada, girasol, arroz, hortalizas, tabaco, caña de azúcar, árboles exóticos (pinos y eucaliptos), algodón, frutales de carozos (peras y manzanas) y frutales cítricos.
Mientras que otros usos que se le dan a estos pesticidas tienen que ver con “el tratamiento de pulgas y garrapatas en perros y gatos, en el control de hierbas e insectos en parques y jardines, el control de moscas y mosquitos posibles vectores de enfermedades”.
Esto es posible, señaló el autor, debido a políticas públicas llevadas a cabo en los últimos 30 años “en las cuales prevalece la idea de incrementar la producción de los cultivos con el fin de generar saldos exportables”.
En la publicación también señaló que “la legislación relativa al registro, comercialización y aplicación de plaguicidas es incompleta, permisiva y obsoleta”.
Es que, si bien el Registro Nacional depende del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), a través de la Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos, “existen serias deficiencias” ya que no hay participación “ni de la Secretaría de Salud ni de la de Ambiente en la aprobación de los plaguicidas de uso agrícola”.
Asimismo, apunta que “la Argentina carece de una legislación integral que regule el ciclo completo de registro, comercialización y utilización de plaguicidas, por ello su regularización se realiza a través de decretos y disposiciones legales”.
En Misiones
El informe da cuenta además que “muchos de estos plaguicidas altamente peligrosos” se utilizan en cultivos como “tabaco, hortalizas y en el sector forestal”, actividades que forman parte de las economías regionales en Misiones.
Ante esta situación, el investigador expone una serie de propuestas de grupos de la sociedad civil y universidad, alternativas al uso de estos plaguicidas altamente peligrosos y basadas en los principios de la agroecología. Ésta consiste en la aplicación de agroecosistemas sustentables que permiten obtener productividad y estabilidad.
Es un enfoque económicamente viable enfatizando la agricultura en armonía con los ciclos y procesos naturales y con el enfoque político de la soberanía alimentaria y, de esta manera, promover la salud del suelo, la biodiversidad y la función del ecosistema natural.
En este sentido, se destaca la experiencia de productores de Montecarlo y Caraguatay donde, por distintos factores (como económicos, familiares, por valores o por un aumento en la demanda), han integrado cultivos incluyendo especies arbóreas con la cría de animales de distintos tipos.
Conclusiones y recomendaciones
El trabajo indica que “la situación en Argentina derivada del uso y efecto socioambiental de los plaguicidas categorizados como altamente peligrosos “es grave”, no sólo por su utilización en la mayoría de las producciones agrarias sino porque además “se manipulan las campañas sanitarias y para el tratamiento de mascotas”.
También advierte que “se carece de un marco jurídico eficaz y de la capacidad institucional para afrontar los problemas que platean los plaguicidas durante todo el ciclo de vida”.
Por todo esto, se recomienda “prohibir los plaguicidas altamente peligrosos prohibidos y/o de usos restringidos en otros países, ya que en la mayoría de los casos tal iniciativa se basa en investigaciones científicas y/o monitoreos epidemiológicos que se corresponden con criterios de preservar la salud socioambiental”.
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Fecha de Publicación: 12/04/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
El ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho realizó un análisis de los agroquímicos empleados en distintos cultivos e incluyó a Misiones. Señaló que un 36% de estos productos “son altamente peligrosos”.
Un informe reveló que en la Argentina se encuentran autorizados 107 plaguicidas que son prohibidos o no autorizados en otros países, de los cuales un 36% son altamente peligrosos, según los criterios establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esta lista aumenta a un 73% si se tienen en cuenta los criterios adicionales propuestos por la Red de Acción en Plaguicidas (PAN) internacional.
Esta cifra fue revelada por el ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho, quien realizó un análisis de los agroquímicos utilizados en el país.
Detalló, además, que los principales cultivos que hacen uso de estos químicos altamente peligrosos son los de soja, maíz, trigo, cebada, girasol, arroz, hortalizas, tabaco, caña de azúcar, árboles exóticos (pinos y eucaliptos), algodón, frutales de carozos (peras y manzanas) y frutales cítricos.
Mientras que otros usos que se le dan a estos pesticidas tienen que ver con “el tratamiento de pulgas y garrapatas en perros y gatos, en el control de hierbas e insectos en parques y jardines, el control de moscas y mosquitos posibles vectores de enfermedades”.
Esto es posible, señaló el autor, debido a políticas públicas llevadas a cabo en los últimos 30 años “en las cuales prevalece la idea de incrementar la producción de los cultivos con el fin de generar saldos exportables”.
En la publicación también señaló que “la legislación relativa al registro, comercialización y aplicación de plaguicidas es incompleta, permisiva y obsoleta”.
Es que, si bien el Registro Nacional depende del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), a través de la Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos, “existen serias deficiencias” ya que no hay participación “ni de la Secretaría de Salud ni de la de Ambiente en la aprobación de los plaguicidas de uso agrícola”.
Asimismo, apunta que “la Argentina carece de una legislación integral que regule el ciclo completo de registro, comercialización y utilización de plaguicidas, por ello su regularización se realiza a través de decretos y disposiciones legales”.
En Misiones
El informe da cuenta además que “muchos de estos plaguicidas altamente peligrosos” se utilizan en cultivos como “tabaco, hortalizas y en el sector forestal”, actividades que forman parte de las economías regionales en Misiones.
Ante esta situación, el investigador expone una serie de propuestas de grupos de la sociedad civil y universidad, alternativas al uso de estos plaguicidas altamente peligrosos y basadas en los principios de la agroecología. Ésta consiste en la aplicación de agroecosistemas sustentables que permiten obtener productividad y estabilidad.
Es un enfoque económicamente viable enfatizando la agricultura en armonía con los ciclos y procesos naturales y con el enfoque político de la soberanía alimentaria y, de esta manera, promover la salud del suelo, la biodiversidad y la función del ecosistema natural.
En este sentido, se destaca la experiencia de productores de Montecarlo y Caraguatay donde, por distintos factores (como económicos, familiares, por valores o por un aumento en la demanda), han integrado cultivos incluyendo especies arbóreas con la cría de animales de distintos tipos.
Conclusiones y recomendaciones
El trabajo indica que “la situación en Argentina derivada del uso y efecto socioambiental de los plaguicidas categorizados como altamente peligrosos “es grave”, no sólo por su utilización en la mayoría de las producciones agrarias sino porque además “se manipulan las campañas sanitarias y para el tratamiento de mascotas”.
También advierte que “se carece de un marco jurídico eficaz y de la capacidad institucional para afrontar los problemas que platean los plaguicidas durante todo el ciclo de vida”.
Por todo esto, se recomienda “prohibir los plaguicidas altamente peligrosos prohibidos y/o de usos restringidos en otros países, ya que en la mayoría de los casos tal iniciativa se basa en investigaciones científicas y/o monitoreos epidemiológicos que se corresponden con criterios de preservar la salud socioambiental”.
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Proyecto minero en Valcheta encuentra resistencias
Ambientalistas de Bariloche repudian un proyecto minero en Valcheta
Fecha de Publicación: 12/04/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Los integrantes de la organización ambientalisa Piuké protestaron frente al Centro Administrativo Provincial contra el proyecto minero “Amarillo Grande” de la empresa canadiense Blue Sky Uranium Corporation en una zona cercana a Valcheta.
Con trajes blancos y carteles con la leyenda “Agua es vida” y “No a la mina”, los ambientalistas hicieron una representación artística frente a la delegación de la Secretaría de Minería. El megáfono llamó la atención de los transeúntes que circulaban por la calle Onelli.
“En el momento en que Weretilneck anunció la central nuclear, la firma advirtió sobre el inicio del proyecto para buscar uranio y vanadio para exportar. Pero en ese contexto pasó totalmente desapercibido. Ya avanzaron con cateos y exploración y llegaron a la conclusión de que el proyecto es factible económicamente“, detalló Sergio Vázquez, de Piuké.
El emprendimento canadiense se extendería durante 13 años. La iniciativa avanza, expresaron desde Piuké, y “no hay nada que legalmente los frene; por eso pedíamos la restauración de la ley anticianuro que se derogó el 29 de diciembre del 2011“.
“Lo que dice el informe de la empresa es que no harían explosiones porque el suelo es blando pero excavarían”, cuestionó Vázquez y agregó: “Harían grandes zanjas para ir sacando todo. El tema es que después nadie se hace cargo de la remediación que es carísima. Ya hay antecedentes en Mendoza”.
Desde Piuké advirtieron que los días 4 de cada mes, habrá acciones de protesta con el lema “No a la mina” como se realiza en diversos pueblos de Chubut.
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Fecha de Publicación: 12/04/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Los integrantes de la organización ambientalisa Piuké protestaron frente al Centro Administrativo Provincial contra el proyecto minero “Amarillo Grande” de la empresa canadiense Blue Sky Uranium Corporation en una zona cercana a Valcheta.
Con trajes blancos y carteles con la leyenda “Agua es vida” y “No a la mina”, los ambientalistas hicieron una representación artística frente a la delegación de la Secretaría de Minería. El megáfono llamó la atención de los transeúntes que circulaban por la calle Onelli.
“En el momento en que Weretilneck anunció la central nuclear, la firma advirtió sobre el inicio del proyecto para buscar uranio y vanadio para exportar. Pero en ese contexto pasó totalmente desapercibido. Ya avanzaron con cateos y exploración y llegaron a la conclusión de que el proyecto es factible económicamente“, detalló Sergio Vázquez, de Piuké.
El emprendimento canadiense se extendería durante 13 años. La iniciativa avanza, expresaron desde Piuké, y “no hay nada que legalmente los frene; por eso pedíamos la restauración de la ley anticianuro que se derogó el 29 de diciembre del 2011“.
“Lo que dice el informe de la empresa es que no harían explosiones porque el suelo es blando pero excavarían”, cuestionó Vázquez y agregó: “Harían grandes zanjas para ir sacando todo. El tema es que después nadie se hace cargo de la remediación que es carísima. Ya hay antecedentes en Mendoza”.
Desde Piuké advirtieron que los días 4 de cada mes, habrá acciones de protesta con el lema “No a la mina” como se realiza en diversos pueblos de Chubut.
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Pescado podrido sin solución en Río Negro
Pescado podrido, no respetan los acuerdos por el basurero de langostinos
Fecha de Publicación: 12/04/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El predio al que se llevan los residuos de los crustáceos, en San Antonio Oeste, está en pésimo estado. La justicia intervino hace meses para distribuir roles entre las pesqueras, la fábrica de harina de pescado y las autoridades pero no se respeta.
Olores nauseabundos. Montañas de desechos acumulados al borde de las fosas dispuestas para su disposición final. Lo que sólo deberían ser cuerpos de crustáceos secos son restos de pescado y líquidos mezclados. Ése es el panorama actual en el campo ubicado a 18 km de San Antonio Oeste, por Ruta 2, al que se traslada el descarte de langostinos.
Allí, hasta septiembre del año pasado, el panorama era ordenando. Pero actualmente, la realidad es otra. No se cumple el acuerdo que se selló entre las empresas pesqueras, la fábrica de harina de pescado y las autoridades provinciales y municipales. Y, a lo largo de estos meses, se evidencia que nadie controló que ese procedimiento se llevara adelante de acuerdo a lo previsto.
La principal falla parece provenir de la fábrica de harina, que es la encargada de enviar camiones para retirar de las pesqueras los restos de crustáceos. Desde allí, debe trasladarlos a sus instalaciones y secarlos en sus hornos para que se deshidraten. Luego, llevarlos al predio citado y disponerlos en las fosas que cada empresa debe construir para su uso exclusivo. Pero eso no pasa.
“Como empresa, estamos fundidos. Nos llegan boletas de gas de hasta $600.000. Es imposible el secado del langostino que pretenden. Hay que tirar las cáscaras para que se sequen solas y después enterrarlas. De hecho, los camiones no las están volcando en las cavas sino afuera porque esos fosos están mal hechos y hubo derrumbes. Se optó porque los vehículos no se acerquen para evitar que se encajen”, manifestó Mario Domenez, uno de los titulares de la fábrica de harina.
De esta manera, el empresario reconoció que no cumple con el proceso pactado para manejar los desechos, pese a que por el traslado, secado y transporte de los restos hasta al lugar, les cobra una suma de dinero las firmas pesqueras.
“Intimamos a la firma (fábrica de harina) a cumplir con el procedimiento pactado en un acta rubricada el 17 de abril del 2018, por una nota que entregamos el jueves. La inspección dio cuenta del estado en el que se encuentra el lugar la semana pasada. Allí vimos que no se respetan los pasos pactados”, manifestó el director de medio ambiente municipal Sergio Pérez, que asumió a fines de febrero, tras una larga acefalía de esa cartera.
El acuerdo al que alude Pérez se llevó adelante para regular el manejo de los residuos de langostinos, una especie de alto valor comercial que comenzó a capturarse en el Golfo San Matías en 2015. Esa regulación fue ordenada por la Justicia, tras la presentación de un recurso de amparo (Ver Recuadro).
Lo que se definió fue que los restos de crustáceos deben arrojarse, previo secado, en las cavas que para tal fin se abrieron en un campo ubicado a 18 kilómetros. En ellas no deben tirarse desechos líquidos, para que el proceso de degradación se realice de manera adecuada. Los fosos tienen tres metros de profundidad, 4 de ancho y 100 metros de largo. Las primeras zanjas las construyó la Provincia y ahora cada empresa pesquera debe abrir las suyas a medida que se completen y cierren. Luego, se les coloca tubos para el venteo de los gases.
Estamos fundidos. Nos llegan boletas de gas de hasta 600.000 pesos. Es imposible el secado del langostino que pretenden”.
Mario Domenez, uno de los titulares de la fábrica de harina.
Las zanjas las efectúa Carlos “Ajo” Gómez, conocido militante radical, que asegura que ganó un concurso de precios de la Provincia. Cada empresa pagaba $250.000 y ahora abona cerca de $300.000 para su construcción. Hasta septiembre de 2018, se aseguraba que su acondicionamiento estaba supervisado por el área de ambiente de provincia. Ahora, se desconoce si se controla.
Intervención de la Justicia y las cosas que no mejoraron
La polémica por el manejo inadecuado de los restos de crustáceos comenzó en 2017, cuando un grupo de vecinos, alertados por los olores nauseabundos, descubrieron que detrás del cerro Banderita existía un basural a cielo abierto de desechos de langostinos.
Eso motivó la presentación de un recurso de amparo ambiental en el Juzgado Civil, Comercial, de Minería, Sucesiones y Familia N° 9 de San Antonio Oeste a cargo de la jueza Vanessa Kozaczuk.
La jueza, en su momento, citó a las empresas pesqueras, la fábrica de harina de pescado, las autoridades provinciales y municipales para convenir una serie de medidas. Entre ellas, el saneamiento del Cerro, la elección de un nuevo sitio para llevar los restos y ordenó que se arbitre un método adecuado de descarte.
En octubre de 2018, se homologó el acuerdo alcanzado y se fijaron los roles que los distintos organismos estatales y empresas privadas deberían cumplir para el cuidado del medio ambiente.
En su sentencia, la magistrada definió que la autoridad máxima de aplicación de todos estos resguardos fuese “la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, bajo apercibimiento de ley”. También habilitó la posibilidad de que participe a modo de contralor “la Defensoría del Pueblo Municipal”.
Hoy, a 7 meses de la homologación, el estado del predio da cuenta que esos pasos convenidos no se cumplen.
El campo, en la mira. Propiedad de Urcera
El acuerdo para la utilización del campo al que actualmente son destinados los desechos para su disposición final vence en noviembre, y hasta ahora, sólo existe una prórroga posible hasta enero de 2020.
Ese espacio de 5 hectáreas, a 18 km de San Antonio por Ruta 2, es propiedad de la familia Urcera y fue cedido en comodato al municipio.
Sin embargo, el acuerdo para su utilización (que consta de 9 cláusulas) fue rubricado bajo la firma TCB del empresario y padre del corredor de TC “Manu” Urcera.
Sobre la posible extensión del comodato, o su eventual caída, Sergio Pérez, director de medio ambiente municipal dijo que “hasta ahora desconozco si los Urcera querrán renovar el acuerdo. Supongo que el intendente Luis Ojeda (FPV) se volverá a contactar en breve para resolver. De no efectuarse se complicaría conseguir otro espacio” reconoció Pérez.
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Fecha de Publicación: 12/04/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El predio al que se llevan los residuos de los crustáceos, en San Antonio Oeste, está en pésimo estado. La justicia intervino hace meses para distribuir roles entre las pesqueras, la fábrica de harina de pescado y las autoridades pero no se respeta.
Olores nauseabundos. Montañas de desechos acumulados al borde de las fosas dispuestas para su disposición final. Lo que sólo deberían ser cuerpos de crustáceos secos son restos de pescado y líquidos mezclados. Ése es el panorama actual en el campo ubicado a 18 km de San Antonio Oeste, por Ruta 2, al que se traslada el descarte de langostinos.
Allí, hasta septiembre del año pasado, el panorama era ordenando. Pero actualmente, la realidad es otra. No se cumple el acuerdo que se selló entre las empresas pesqueras, la fábrica de harina de pescado y las autoridades provinciales y municipales. Y, a lo largo de estos meses, se evidencia que nadie controló que ese procedimiento se llevara adelante de acuerdo a lo previsto.
La principal falla parece provenir de la fábrica de harina, que es la encargada de enviar camiones para retirar de las pesqueras los restos de crustáceos. Desde allí, debe trasladarlos a sus instalaciones y secarlos en sus hornos para que se deshidraten. Luego, llevarlos al predio citado y disponerlos en las fosas que cada empresa debe construir para su uso exclusivo. Pero eso no pasa.
“Como empresa, estamos fundidos. Nos llegan boletas de gas de hasta $600.000. Es imposible el secado del langostino que pretenden. Hay que tirar las cáscaras para que se sequen solas y después enterrarlas. De hecho, los camiones no las están volcando en las cavas sino afuera porque esos fosos están mal hechos y hubo derrumbes. Se optó porque los vehículos no se acerquen para evitar que se encajen”, manifestó Mario Domenez, uno de los titulares de la fábrica de harina.
De esta manera, el empresario reconoció que no cumple con el proceso pactado para manejar los desechos, pese a que por el traslado, secado y transporte de los restos hasta al lugar, les cobra una suma de dinero las firmas pesqueras.
“Intimamos a la firma (fábrica de harina) a cumplir con el procedimiento pactado en un acta rubricada el 17 de abril del 2018, por una nota que entregamos el jueves. La inspección dio cuenta del estado en el que se encuentra el lugar la semana pasada. Allí vimos que no se respetan los pasos pactados”, manifestó el director de medio ambiente municipal Sergio Pérez, que asumió a fines de febrero, tras una larga acefalía de esa cartera.
El acuerdo al que alude Pérez se llevó adelante para regular el manejo de los residuos de langostinos, una especie de alto valor comercial que comenzó a capturarse en el Golfo San Matías en 2015. Esa regulación fue ordenada por la Justicia, tras la presentación de un recurso de amparo (Ver Recuadro).
Lo que se definió fue que los restos de crustáceos deben arrojarse, previo secado, en las cavas que para tal fin se abrieron en un campo ubicado a 18 kilómetros. En ellas no deben tirarse desechos líquidos, para que el proceso de degradación se realice de manera adecuada. Los fosos tienen tres metros de profundidad, 4 de ancho y 100 metros de largo. Las primeras zanjas las construyó la Provincia y ahora cada empresa pesquera debe abrir las suyas a medida que se completen y cierren. Luego, se les coloca tubos para el venteo de los gases.
Estamos fundidos. Nos llegan boletas de gas de hasta 600.000 pesos. Es imposible el secado del langostino que pretenden”.
Mario Domenez, uno de los titulares de la fábrica de harina.
Las zanjas las efectúa Carlos “Ajo” Gómez, conocido militante radical, que asegura que ganó un concurso de precios de la Provincia. Cada empresa pagaba $250.000 y ahora abona cerca de $300.000 para su construcción. Hasta septiembre de 2018, se aseguraba que su acondicionamiento estaba supervisado por el área de ambiente de provincia. Ahora, se desconoce si se controla.
Intervención de la Justicia y las cosas que no mejoraron
La polémica por el manejo inadecuado de los restos de crustáceos comenzó en 2017, cuando un grupo de vecinos, alertados por los olores nauseabundos, descubrieron que detrás del cerro Banderita existía un basural a cielo abierto de desechos de langostinos.
Eso motivó la presentación de un recurso de amparo ambiental en el Juzgado Civil, Comercial, de Minería, Sucesiones y Familia N° 9 de San Antonio Oeste a cargo de la jueza Vanessa Kozaczuk.
La jueza, en su momento, citó a las empresas pesqueras, la fábrica de harina de pescado, las autoridades provinciales y municipales para convenir una serie de medidas. Entre ellas, el saneamiento del Cerro, la elección de un nuevo sitio para llevar los restos y ordenó que se arbitre un método adecuado de descarte.
En octubre de 2018, se homologó el acuerdo alcanzado y se fijaron los roles que los distintos organismos estatales y empresas privadas deberían cumplir para el cuidado del medio ambiente.
En su sentencia, la magistrada definió que la autoridad máxima de aplicación de todos estos resguardos fuese “la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, bajo apercibimiento de ley”. También habilitó la posibilidad de que participe a modo de contralor “la Defensoría del Pueblo Municipal”.
Hoy, a 7 meses de la homologación, el estado del predio da cuenta que esos pasos convenidos no se cumplen.
El campo, en la mira. Propiedad de Urcera
El acuerdo para la utilización del campo al que actualmente son destinados los desechos para su disposición final vence en noviembre, y hasta ahora, sólo existe una prórroga posible hasta enero de 2020.
Ese espacio de 5 hectáreas, a 18 km de San Antonio por Ruta 2, es propiedad de la familia Urcera y fue cedido en comodato al municipio.
Sin embargo, el acuerdo para su utilización (que consta de 9 cláusulas) fue rubricado bajo la firma TCB del empresario y padre del corredor de TC “Manu” Urcera.
Sobre la posible extensión del comodato, o su eventual caída, Sergio Pérez, director de medio ambiente municipal dijo que “hasta ahora desconozco si los Urcera querrán renovar el acuerdo. Supongo que el intendente Luis Ojeda (FPV) se volverá a contactar en breve para resolver. De no efectuarse se complicaría conseguir otro espacio” reconoció Pérez.
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