Liberaron especies en riesgo en Catamarca
08:00 | 
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Liberaron especies en riesgo de extinción
Fecha de Publicación: 15/06/2015
Fuente: Edición Nacional
Provincia/Región: Catamarca
La Dirección de Biodiversidad de la Secretaría de Estado del Ambiente de Catamarca liberó un oso melero, 13 quirquinchos, una lampalagua y varias aves en distintos lugares de la provincia entre otros animales que habían sido secuestrados en una serie de operativos.
Los 13 quirquinchos 'matacos' reinsertados habían sido secuestrados la semana pasada en un operativo realizado en el departamento La Paz.
En tanto, en la localidad de El Portezuelo (departamento de Valle Viejo, a unos 17 kilómetros al este de la capital), se hizo lo propio con tres ejemplares de las aves cantoras 'Rey del Bosque'.
Asimismo, personal de Fauna Silvestre liberó una boa lampalagua que había sido encontrada en una jaula, en una vivienda del barrio 10 Viviendas de la capital provincial.
También se hizo la suelta de un oso melero que fue encontrado en Piedra Blanca por un vecino de esa localidad; de una víbora coral y distintos ejemplares de aves: un halconcito colorado, un águila mora y un atajacaminos.
Desde la Secretaría de Ambiente recordaron a la comunidad que se encuentra totalmente prohibida la caza, tenencia y comercialización de especies de fauna silvestre.
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Fecha de Publicación: 15/06/2015
Fuente: Edición Nacional
Provincia/Región: Catamarca
La Dirección de Biodiversidad de la Secretaría de Estado del Ambiente de Catamarca liberó un oso melero, 13 quirquinchos, una lampalagua y varias aves en distintos lugares de la provincia entre otros animales que habían sido secuestrados en una serie de operativos.
Los 13 quirquinchos 'matacos' reinsertados habían sido secuestrados la semana pasada en un operativo realizado en el departamento La Paz.
En tanto, en la localidad de El Portezuelo (departamento de Valle Viejo, a unos 17 kilómetros al este de la capital), se hizo lo propio con tres ejemplares de las aves cantoras 'Rey del Bosque'.
Asimismo, personal de Fauna Silvestre liberó una boa lampalagua que había sido encontrada en una jaula, en una vivienda del barrio 10 Viviendas de la capital provincial.
También se hizo la suelta de un oso melero que fue encontrado en Piedra Blanca por un vecino de esa localidad; de una víbora coral y distintos ejemplares de aves: un halconcito colorado, un águila mora y un atajacaminos.
Desde la Secretaría de Ambiente recordaron a la comunidad que se encuentra totalmente prohibida la caza, tenencia y comercialización de especies de fauna silvestre.
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Piden “mano dura” contra el cambio climático
Cambio climático: los argentinos piden “mano dura” contra el calentamiento global
Fecha de Publicación: 15/06/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Una encuesta de la ONU muestra que en nuestro país hay opiniones más extremas sobre este tema respecto de lo que piensa el resto del planeta.
Los argentinos tienen una opinión extrema sobre el cambio climático y cómo enfrentarlo. Según una encuesta global realizada por la Convención Marco sobre Cambio Climático de la ONU, la opinión de los ciudadanos de nuestro país es más radical que la del promedio mundial. Los nacionales creen que el calentamiento global es un tema muy preocupante y que debe actuarse con urgencia a toda costa.
En nuestro país, la iniciativa Debate Ciudadano Planetario sobre Clima y Energía (World Wide Views on Climate and Energy, en inglés) fue promovida por la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático con apoyo de la Embajada de Francia y la Fundación del Consejo Danés de Tecnología. En el mundo se encuestó a 10 mil personas de 100 países, y 80 de ellas fueron argentinas.
La primera pregunta se refirió a si le preocupa el impacto del cambio climático. El 94,8 por ciento de los argentinos respondió “sí, mucho” y nadie respondió que no. A nivel mundial, las cifras fueron 78,53 por ciento y 1,86 por ciento, respectivamente. El resto optó por la opción “moderadamente”.
La iniciativa se realizó en un año clave, ya que en diciembre tendrá lugar la Conferencia de la Partes sobre Cambio Climático (COP21) en París, la cual deberá definir un acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático.
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Fecha de Publicación: 15/06/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Una encuesta de la ONU muestra que en nuestro país hay opiniones más extremas sobre este tema respecto de lo que piensa el resto del planeta.
Los argentinos tienen una opinión extrema sobre el cambio climático y cómo enfrentarlo. Según una encuesta global realizada por la Convención Marco sobre Cambio Climático de la ONU, la opinión de los ciudadanos de nuestro país es más radical que la del promedio mundial. Los nacionales creen que el calentamiento global es un tema muy preocupante y que debe actuarse con urgencia a toda costa.
En nuestro país, la iniciativa Debate Ciudadano Planetario sobre Clima y Energía (World Wide Views on Climate and Energy, en inglés) fue promovida por la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático con apoyo de la Embajada de Francia y la Fundación del Consejo Danés de Tecnología. En el mundo se encuestó a 10 mil personas de 100 países, y 80 de ellas fueron argentinas.
La primera pregunta se refirió a si le preocupa el impacto del cambio climático. El 94,8 por ciento de los argentinos respondió “sí, mucho” y nadie respondió que no. A nivel mundial, las cifras fueron 78,53 por ciento y 1,86 por ciento, respectivamente. El resto optó por la opción “moderadamente”.
La iniciativa se realizó en un año clave, ya que en diciembre tendrá lugar la Conferencia de la Partes sobre Cambio Climático (COP21) en París, la cual deberá definir un acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático.
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Córdoba: causa emblema por fumigaciones a juicio
Fumigaciones en Ituzaingó Anexo: el mal uso de agroquímicos es un peligro
Fecha de Publicación: 15/06/2015
Fuente: Día a Día Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
La causa madre por los casos de fumigaciones ilegales en barrio Ituzaingó Anexo, registradas entre los años 2003 y 2004, más otra causa por fumigaciones clandestinas en la localidad de Los Cedros, recibieron el respaldo de la Cámara de Acusaciones para una futura elevación a Juicio.
La fecha del proceso se desconoce y la defensa de los imputados puede hacer uso del recurso de casación para que el Tribunal Superior de Justicia se expida sobre el destino de la causa, pero la resolución que respalda la decisión del fiscal de instrucción y del juez de control sienta precedentes ya que justifica legalmente que el uso negligente de agroquímicos configura un delito en la medida que afecte al medioambiente y la salud pública.
“Es la aplicación inadecuada de agroquímicos la que se ajusta típicamente al verbo contaminar, en tanto y en cuento sobrepase los límites exigidos para dicha actividad. Tales límites están exigidos en las leyes que reglamentan la utilización de agroquímicos”, remarca la resolución de la Cámara.
Además, en el texto se resalta que en esta causa se cuestiona la violación de estas normativas, ya que “en es en ese punto en el cual los desechos de agroquímicos aplicados incorrectamente generan un peligro para la salud de la población”.
Carlos Matheu, el fiscal que instruyó en la causa, aseguró en diálogo con Día a Día que la decisión de la Cámara es significativa porque está justifica que los hechos que se pretenden juzgar constituyen un delito.
“Llegamos a esta instancia porque la defensa de los acusados apeló la decisión de este fiscal y del juez de control para la elevación a juicio. La palabra de la Cámara fija precedentes, jurisprudencia, para otras causas similares”, aseguró el letrado.
Pese a que no es la primera vez que en Córdoba se va a juzgar el uso irresponsable de agroquímicos, sí es la primera vez que una cámara de alto rango fija posición en el tema.
En el año 2012, un productor y un aeroaplicador fueron condenados por el mal uso de agroquímicos en barrio Ituzaingó anexo.
En esa oportunidad la Cámara de Acusaciones también habilitó el juicio pero para hacerlo se basó en cuestiones procesales y no estrictamente vinculadas al delito de contaminación ambiental.
Acusados. Dos de las personas que están imputadas por contaminación ambiental dolosa son Jorge Parra y Edgardo Pancello, quienes fueron condenados ya a tres años de prisión en la causa juzgada en 2012 por haber cometido el mismo delito en el año 2008 en Ituzaingó Anexo.
Pero esta nueva causa tiene cuatro imputados más que están vinculados a otros hechos: la aplicación negligente de plaguicidas en el año 2010 en unos campos ubicados en la localidad de Los Cedros a muy corta distancia del barrio cerrado Las Quintas Country Golf.
A los dos imputados por la causa de Ituzaingó se suman Gustavo Peralta Amaya, Fernando y Javier Amuchástegui y la ingeniera agrónoma Alejandra Mendizábal Pizzarro, todos vinculados a una aeroaplicación de agroquímicos que habría realizado la empresa de Edgardo Pancello, Afucor.
Investigación. En ambos casos, la instrucción pudo determinar que fue la aplicación negligente de agroquímicos fue la que obró en desmedro de la salud de las personas de ambos barrios.
Para el caso de Ituzaingó Anexo se realizó un estudio de biomarcadores que determinó que fueron las fumigaciones las que tuvieron mayor incidencia en el proceso de degradación de salud de los vecinos, donde se detectaron 82 casos de cáncer.
Residuos peligrosos
El delito de contaminación ambiental se encuentra enmarcado en la ley nacional 24.051 de residuos peligrosos. Dicha normativa creó un listado de las sustancias que representan un peligro para la salud en calidad de desechos, y entre estos materiales están mencionados varios agroquímicos, que son los que se habrían utilizado en la causa que se pretende juzgar.
El artículo 55 de esta ley refiere que quienes manipulen negligentemente estas sustancias recibirán penas de hasta 10 años de prisión, como lo estipula el artículo 200 del Código Penal.
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Fecha de Publicación: 15/06/2015
Fuente: Día a Día Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
La causa madre por los casos de fumigaciones ilegales en barrio Ituzaingó Anexo, registradas entre los años 2003 y 2004, más otra causa por fumigaciones clandestinas en la localidad de Los Cedros, recibieron el respaldo de la Cámara de Acusaciones para una futura elevación a Juicio.
La fecha del proceso se desconoce y la defensa de los imputados puede hacer uso del recurso de casación para que el Tribunal Superior de Justicia se expida sobre el destino de la causa, pero la resolución que respalda la decisión del fiscal de instrucción y del juez de control sienta precedentes ya que justifica legalmente que el uso negligente de agroquímicos configura un delito en la medida que afecte al medioambiente y la salud pública.
“Es la aplicación inadecuada de agroquímicos la que se ajusta típicamente al verbo contaminar, en tanto y en cuento sobrepase los límites exigidos para dicha actividad. Tales límites están exigidos en las leyes que reglamentan la utilización de agroquímicos”, remarca la resolución de la Cámara.
Además, en el texto se resalta que en esta causa se cuestiona la violación de estas normativas, ya que “en es en ese punto en el cual los desechos de agroquímicos aplicados incorrectamente generan un peligro para la salud de la población”.
Carlos Matheu, el fiscal que instruyó en la causa, aseguró en diálogo con Día a Día que la decisión de la Cámara es significativa porque está justifica que los hechos que se pretenden juzgar constituyen un delito.
“Llegamos a esta instancia porque la defensa de los acusados apeló la decisión de este fiscal y del juez de control para la elevación a juicio. La palabra de la Cámara fija precedentes, jurisprudencia, para otras causas similares”, aseguró el letrado.
Pese a que no es la primera vez que en Córdoba se va a juzgar el uso irresponsable de agroquímicos, sí es la primera vez que una cámara de alto rango fija posición en el tema.
En el año 2012, un productor y un aeroaplicador fueron condenados por el mal uso de agroquímicos en barrio Ituzaingó anexo.
En esa oportunidad la Cámara de Acusaciones también habilitó el juicio pero para hacerlo se basó en cuestiones procesales y no estrictamente vinculadas al delito de contaminación ambiental.
Acusados. Dos de las personas que están imputadas por contaminación ambiental dolosa son Jorge Parra y Edgardo Pancello, quienes fueron condenados ya a tres años de prisión en la causa juzgada en 2012 por haber cometido el mismo delito en el año 2008 en Ituzaingó Anexo.
Pero esta nueva causa tiene cuatro imputados más que están vinculados a otros hechos: la aplicación negligente de plaguicidas en el año 2010 en unos campos ubicados en la localidad de Los Cedros a muy corta distancia del barrio cerrado Las Quintas Country Golf.
A los dos imputados por la causa de Ituzaingó se suman Gustavo Peralta Amaya, Fernando y Javier Amuchástegui y la ingeniera agrónoma Alejandra Mendizábal Pizzarro, todos vinculados a una aeroaplicación de agroquímicos que habría realizado la empresa de Edgardo Pancello, Afucor.
Investigación. En ambos casos, la instrucción pudo determinar que fue la aplicación negligente de agroquímicos fue la que obró en desmedro de la salud de las personas de ambos barrios.
Para el caso de Ituzaingó Anexo se realizó un estudio de biomarcadores que determinó que fueron las fumigaciones las que tuvieron mayor incidencia en el proceso de degradación de salud de los vecinos, donde se detectaron 82 casos de cáncer.
Residuos peligrosos
El delito de contaminación ambiental se encuentra enmarcado en la ley nacional 24.051 de residuos peligrosos. Dicha normativa creó un listado de las sustancias que representan un peligro para la salud en calidad de desechos, y entre estos materiales están mencionados varios agroquímicos, que son los que se habrían utilizado en la causa que se pretende juzgar.
El artículo 55 de esta ley refiere que quienes manipulen negligentemente estas sustancias recibirán penas de hasta 10 años de prisión, como lo estipula el artículo 200 del Código Penal.
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Dura declaración de Bióloga del Conicet contra OGM
Bióloga del Conicet: "Los transgénicos son genocidas y ecocidas"
Fecha de Publicación: 14/06/2015
Fuente: BWN Argentina
Provincia/Región: Nacional
Alicia Massarini, Dra. en ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires que se desempeña como investigadora adjunta del CONICET, coautora de la séptima edición de Biología de Curtis, caracterizó a los productos transgénicos como "ecocidas y genocidas".
La científica propone que lo mejor es dejar atrás este modelo y "recuperar las producción diversificada de alimentos".
El modelo transgénico -que sigue Argentina- produce "commodities y no alimentos"
La científica fue entrevistada por La Gaceta, oportunidad en la cual advirtió que los transgénicos "no mejoran su valor nutricional", y que no solo afectan al medio ambiente y salud por el uso de agroquímicos, sino que ya existen estudios experimentales probando que su consumo a largo plazo produce enfermedades, en incluso muerte prematura.
La propaganda de Monsanto y sus cómplices es que los transgénicos "mejoran" el producto. Pero la realidad es otra.
"El discurso de quienes promovían esto fue que se mejoraría la calidad del producto, pero los transgénicos en el mercado confieren una ventaja económica al productor. No son amigables con el medio ambiente ni son alimentos", indicó la experta.
Economía
El problema con esta tecnología es que no puede ser usada para el bien porque está diseñada, pensada y usada para maximizar la ganancia económica de corporaciones extranjeras. Los cultivos orgánicos son más rentables.
"Todo lo demás se considera daños colaterales", sostuvo la Dra. En una medición realizada en el año 2014 por ArgenBío, la superficie total sembrada con transgénicos en Argentina fue de 24,3 millones de hectáreas. La científica explico que "Esto que producimos no son alimentos, sino commmodities para exportar y alimentar el ganado de los países centrales y de China. Es una falacia que se hable de que estamos contribuyendo a paliar el hambre del mundo, porque el hambre es cada vez más notable".
En una carta abierta, 1.381 científicos denunciaron el boicot de Monsanto contra el primer estudio de Gilles Eric Séralini, por lo que fue republicado en junio de 2014; ahora están investigando los graves efectos metabólicos evidenciados.
Pese a las falacias de "monsantontos" y promotores corporativos de Monsanto, en este momento los científicos no solo corroboran sino que además amplían el estudio que realizara primeramente el biólogo molecular Gilles Eric Séralini sobre la toxicología a largo plazo del maíz genéticamente modificado y su herbicida Roundup.
La transgénesis es peligrosa
"Se rompe la armonía que tiene ese genoma como sistema integrado. Esto puede traer efectos laterales no previsibles y no mensurables. Por ejemplo, la producción de proteínas o de sustancias que en el metabolismo se alteren y que funcionen como toxinas, que se puedan acumular", explicó Alicia Massarini.
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Fecha de Publicación: 14/06/2015
Fuente: BWN Argentina
Provincia/Región: Nacional
Alicia Massarini, Dra. en ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires que se desempeña como investigadora adjunta del CONICET, coautora de la séptima edición de Biología de Curtis, caracterizó a los productos transgénicos como "ecocidas y genocidas".
La científica propone que lo mejor es dejar atrás este modelo y "recuperar las producción diversificada de alimentos".
El modelo transgénico -que sigue Argentina- produce "commodities y no alimentos"
La científica fue entrevistada por La Gaceta, oportunidad en la cual advirtió que los transgénicos "no mejoran su valor nutricional", y que no solo afectan al medio ambiente y salud por el uso de agroquímicos, sino que ya existen estudios experimentales probando que su consumo a largo plazo produce enfermedades, en incluso muerte prematura.
La propaganda de Monsanto y sus cómplices es que los transgénicos "mejoran" el producto. Pero la realidad es otra.
"El discurso de quienes promovían esto fue que se mejoraría la calidad del producto, pero los transgénicos en el mercado confieren una ventaja económica al productor. No son amigables con el medio ambiente ni son alimentos", indicó la experta.
Economía
El problema con esta tecnología es que no puede ser usada para el bien porque está diseñada, pensada y usada para maximizar la ganancia económica de corporaciones extranjeras. Los cultivos orgánicos son más rentables.
"Todo lo demás se considera daños colaterales", sostuvo la Dra. En una medición realizada en el año 2014 por ArgenBío, la superficie total sembrada con transgénicos en Argentina fue de 24,3 millones de hectáreas. La científica explico que "Esto que producimos no son alimentos, sino commmodities para exportar y alimentar el ganado de los países centrales y de China. Es una falacia que se hable de que estamos contribuyendo a paliar el hambre del mundo, porque el hambre es cada vez más notable".
En una carta abierta, 1.381 científicos denunciaron el boicot de Monsanto contra el primer estudio de Gilles Eric Séralini, por lo que fue republicado en junio de 2014; ahora están investigando los graves efectos metabólicos evidenciados.
Pese a las falacias de "monsantontos" y promotores corporativos de Monsanto, en este momento los científicos no solo corroboran sino que además amplían el estudio que realizara primeramente el biólogo molecular Gilles Eric Séralini sobre la toxicología a largo plazo del maíz genéticamente modificado y su herbicida Roundup.
La transgénesis es peligrosa
"Se rompe la armonía que tiene ese genoma como sistema integrado. Esto puede traer efectos laterales no previsibles y no mensurables. Por ejemplo, la producción de proteínas o de sustancias que en el metabolismo se alteren y que funcionen como toxinas, que se puedan acumular", explicó Alicia Massarini.
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Bosque con Ganadería, integrados en Chaco
Chaco se suma al Plan para el Manejo de Bosque con Ganadería Integrada
Fecha de Publicación: 14/06/2015
Fuente: Programa INFOAMBIENTE
Provincia/Región: Chaco
Chaco se incorporó al Plan Nacional para el Manejo de Bosque con Ganadería Integrada (PNMBGI), articulado entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que conduce Sergio Lorusso, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros que dirige Aníbal Fernández, y el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Gabriel Delgado, incorporaron, tras la firma del convenio, a la provincia de Chaco al Plan Nacional para el Manejo de Bosque con Ganadería Integrada (PNMBGI).
El titular de la cartera ambiental Sergio Lorusso aseguró que “estamos firmando un convenio con las provincias donde conviven las zonas boscosas más pobladas de nuestro país, y allí la gente que tenemos la obligación de proteger, porque es fundamental que un gobierno haga crecer a su gente”.
El Convenio promueve la articulación de las políticas públicas nacionales y provinciales, con el fin de incorporar a la matriz productiva, a las actividades ganaderas en zonas de bosques nativos, cumpliendo los criterios de sustentabilidad ecológica, económica y social planteados por la Ley de Bosques Nº 26.331.
Así como Santiago del Estero, que fue la primera provincia en sumarse, ahora Chaco se incorpora al Plan Nacional para el Manejo de Bosque con Ganadería Integrada, tras la rúbrica del Subsecretario de Recursos Naturales, Luciano Olivares.
El funcionario provincial destacó que “en Chaco nos encontramos con este gran desafío en un marco complejo en el cual el factor social es clave; en el caso de la provincia de las 10 millones de hectáreas naturales que tenemos más del 50% de esa superficie está cubierta de bosques nativos, y el 90% de estos bosques nativos están concentrados en dos departamentos que son las zonas de la provincia más vulnerables como es el caso del Impenetrable”.
Además estuvieron presentes la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Nación, Silvia Révora, técnicos y funcionarios de la provincia y de la cartera ambiental nacional.
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Fecha de Publicación: 14/06/2015
Fuente: Programa INFOAMBIENTE
Provincia/Región: Chaco
Chaco se incorporó al Plan Nacional para el Manejo de Bosque con Ganadería Integrada (PNMBGI), articulado entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que conduce Sergio Lorusso, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros que dirige Aníbal Fernández, y el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Gabriel Delgado, incorporaron, tras la firma del convenio, a la provincia de Chaco al Plan Nacional para el Manejo de Bosque con Ganadería Integrada (PNMBGI).
El titular de la cartera ambiental Sergio Lorusso aseguró que “estamos firmando un convenio con las provincias donde conviven las zonas boscosas más pobladas de nuestro país, y allí la gente que tenemos la obligación de proteger, porque es fundamental que un gobierno haga crecer a su gente”.
El Convenio promueve la articulación de las políticas públicas nacionales y provinciales, con el fin de incorporar a la matriz productiva, a las actividades ganaderas en zonas de bosques nativos, cumpliendo los criterios de sustentabilidad ecológica, económica y social planteados por la Ley de Bosques Nº 26.331.
Así como Santiago del Estero, que fue la primera provincia en sumarse, ahora Chaco se incorpora al Plan Nacional para el Manejo de Bosque con Ganadería Integrada, tras la rúbrica del Subsecretario de Recursos Naturales, Luciano Olivares.
El funcionario provincial destacó que “en Chaco nos encontramos con este gran desafío en un marco complejo en el cual el factor social es clave; en el caso de la provincia de las 10 millones de hectáreas naturales que tenemos más del 50% de esa superficie está cubierta de bosques nativos, y el 90% de estos bosques nativos están concentrados en dos departamentos que son las zonas de la provincia más vulnerables como es el caso del Impenetrable”.
Además estuvieron presentes la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Nación, Silvia Révora, técnicos y funcionarios de la provincia y de la cartera ambiental nacional.
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Potasio Río Colorado reactivado
Reactivan proyecto Potasio Río Colorado
Fecha de Publicación: 14/06/2015
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza
La minera brasileña Vale comenzó la búsqueda de inversores chinos y europeos para venderles su proyecto Potasio Río Colorado en la provincia de Mendoza, después de haberlo paralizado hace más de dos años. El megaemprendimiento comprende la construcción de una vía férrea que pasará por el sur de La Pampa para llevar la producción hacia el puerto de Bahía Blanca.
Según trascendió ayer, la compañía enviará entre el 15 y el 25 de junio una misión que relevará los activos en la planta de la localidad mendocina de Malargüe y definirá una cotización atractiva para un eventual inversor que podría salir de capitales chinos o europeos. Al frente de la misión estará el británico Ken Haddow, un ex Río Tinto, la minera inglesa que inició el proyecto minero de extracción de sales de potasio antes de vendérselo a la brasileña Vale, que lo cerró hace 29 meses.
El representante de Vale en el país, Eduardo Santana, comunicó a la Secretaría de Minería de la Nación y al gobierno mendocino de Francisco "Paco" Pérez que el relevamiento será realizado este mes. Luego, el 25 de junio la misión seguirá viaje a Neuquén, La Pampa y Bahía Blanca, para ponderar en una segunda etapa el resto de los activos de la firma que van desde 800 kilómetros de línea férrea para el transporte hasta la terminal de carga y el puerto bonaerense que se construyó y no tiene uso.
Tras su ida de Río Tinto, Haddow se ha ganado fama en el mundo de la minería como "cazador de inversores" por ser un experto en el negocio, publicó el diario Los Andes de Mendoza.
El ministro de Energía mendocino, Marcos Zandomeni, dijo que "no hay una demanda mundial de potasio que haga posible la venta del proyecto tal como está", por lo que el propósito del relevamiento "sería armar algo factible de ser vendido y con capacidad de repago".
El yacimiento de Potasio Río Colorado (PRC) se encuentra en el departamento de Malargüe, al extremo sur de la provincia de Mendoza y norte de la provincia de Neuquén. El proyecto propone el uso del método de minería por disolución para traer el mineral a la superficie desde las capas de cloruro de potasio ubicadas a un kilómetro por debajo.
La empresa brasileña había comprometido inversiones por más de 2.000 millones de dólares, y llegó a ejecutar 1.200 millones de dólares. Antes de suspender la obra, dejó entrever que buscaba exenciones impositivas para abaratar costos, aunque la ley de Inversiones Mineras prevé, por ejemplo, deducir 100% de gastos, de Ganancias.
El no del Gobierno nacional y la curva descendente del precio internacional del potasio, precipitó la decisión de frenar la obra que, de acuerdo a sus cálculos, se había ejecutado en un 45%.
El Código Minero, de no mediar otras causas, prevé que un proyecto minero caduca al cabo de cuatro años de inactividad, algo que para el caso de Potasio Río Colorado se cumpliría a principios de 2017 si antes no registra movimiento o una obra de infraestructura que retrotraiga el plazo a fojas cero.
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Fecha de Publicación: 14/06/2015
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza
La minera brasileña Vale comenzó la búsqueda de inversores chinos y europeos para venderles su proyecto Potasio Río Colorado en la provincia de Mendoza, después de haberlo paralizado hace más de dos años. El megaemprendimiento comprende la construcción de una vía férrea que pasará por el sur de La Pampa para llevar la producción hacia el puerto de Bahía Blanca.
Según trascendió ayer, la compañía enviará entre el 15 y el 25 de junio una misión que relevará los activos en la planta de la localidad mendocina de Malargüe y definirá una cotización atractiva para un eventual inversor que podría salir de capitales chinos o europeos. Al frente de la misión estará el británico Ken Haddow, un ex Río Tinto, la minera inglesa que inició el proyecto minero de extracción de sales de potasio antes de vendérselo a la brasileña Vale, que lo cerró hace 29 meses.
El representante de Vale en el país, Eduardo Santana, comunicó a la Secretaría de Minería de la Nación y al gobierno mendocino de Francisco "Paco" Pérez que el relevamiento será realizado este mes. Luego, el 25 de junio la misión seguirá viaje a Neuquén, La Pampa y Bahía Blanca, para ponderar en una segunda etapa el resto de los activos de la firma que van desde 800 kilómetros de línea férrea para el transporte hasta la terminal de carga y el puerto bonaerense que se construyó y no tiene uso.
Tras su ida de Río Tinto, Haddow se ha ganado fama en el mundo de la minería como "cazador de inversores" por ser un experto en el negocio, publicó el diario Los Andes de Mendoza.
El ministro de Energía mendocino, Marcos Zandomeni, dijo que "no hay una demanda mundial de potasio que haga posible la venta del proyecto tal como está", por lo que el propósito del relevamiento "sería armar algo factible de ser vendido y con capacidad de repago".
El yacimiento de Potasio Río Colorado (PRC) se encuentra en el departamento de Malargüe, al extremo sur de la provincia de Mendoza y norte de la provincia de Neuquén. El proyecto propone el uso del método de minería por disolución para traer el mineral a la superficie desde las capas de cloruro de potasio ubicadas a un kilómetro por debajo.
La empresa brasileña había comprometido inversiones por más de 2.000 millones de dólares, y llegó a ejecutar 1.200 millones de dólares. Antes de suspender la obra, dejó entrever que buscaba exenciones impositivas para abaratar costos, aunque la ley de Inversiones Mineras prevé, por ejemplo, deducir 100% de gastos, de Ganancias.
El no del Gobierno nacional y la curva descendente del precio internacional del potasio, precipitó la decisión de frenar la obra que, de acuerdo a sus cálculos, se había ejecutado en un 45%.
El Código Minero, de no mediar otras causas, prevé que un proyecto minero caduca al cabo de cuatro años de inactividad, algo que para el caso de Potasio Río Colorado se cumpliría a principios de 2017 si antes no registra movimiento o una obra de infraestructura que retrotraiga el plazo a fojas cero.
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Fumigadores también fumigados
Fumigadores cordobeses tienen la salud alterada
Fecha de Publicación: 13/06/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La exposición a agroquímicos genera síntomas y una tasa de hospitalización más alta de lo habitual. Sólo un tercio de los agroaplicadores usa la protección adecuada y apenas el 14% trabaja con una receta prescripta por un profesional.
Al menos unos cinco mil cordobeses tienen como principal actividad la fumigación terrestre en la provincia. Su contacto con estos productos es directo y deben tomar medidas de seguridad. Un estudio epidemiológico realizado por investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba y el Conicet determinó que esta población presenta riesgos en su salud por el mal manejo de los pesticidas.
Este informe fue publicado en diferentes revistas científicas como Cadernos de Saude Publica de la Fundación Oswaldo Cruz (Brasil) y en el sitio on line Intech, entre otros.
Los problemas de salud son manifestados por los propios agroaplicadores entrevistados y también están en sus genes, según análisis realizados por los científicos con el consentimiento de trabajadores.
Los investigadores, dirigidos por María Pilar Díaz, encuestaron a unos dos mil agroaplicadores y a una proporción de ellos se les realizó una extracción de sangre para estudios bioquímicos y genéticos.
Del análisis de estos datos, se desprende que sólo un tercio de los agroaplicadores utiliza los elementos de protección personal adecuados y un 14 por ciento fumiga sin protección.
También determinaron ?que es frecuente el uso de maquinaria que no posee una cabina sellada ni un filtro de aire. Una buen proporción (36 por ciento) también utiliza una mochila para fumigar.
Sólo 14 por ciento fumiga con receta fitosanitaria firmada por un ingeniero agrónomo, tal como lo exige la ley provincial 9.164. La falta de esta documentación presupone una mala administración de los productos.
A su vez, uno de cada 10 fumigadores no realiza el triple lavado de los envases de pesticidas vacíos, como lo exige la norma. Y sólo 10,5 por ciento participa de un programa para asegurar la correcta disposición final de estos envases. En muchos casos, son quemados, enterrados o vueltos a usar.
Todas estas acciones ocasionan problemas en la salud de estos trabajadores, pero también son riesgosas para otros y para el ambiente. “No usan guantes, botas o mascarillas el tiempo adecuado. Por un lado, está lo que el individuo hace, pero también hay un contexto laboral”, comenta Mariana Butinof, integrante del grupo. Detalla, por ejemplo, que estos trabajadores deberían poder cambiarse la ropa y ducharse antes de volver a su hogar. Y tener un lugar para lavar su ropa de trabajo, separada del resto.
“Eso requiere de una infraestructura que supera las prácticas individuales. Hay que trabajar a diferentes niveles para mejorar las prácticas”, señala.
Además, hay diferencias por región. En el sur y sudeste provincial, con más tradición agrícola, a veces son los propios productores quienes realizan las fumigaciones y utilizan menos protección. En el norte cordobés, en la zona de la expansión de la frontera agrícola, las aplicaciones son realizadas por empleados de empresas.
“Las grandes empresas optimizan el uso de los plaguicidas y controlan más; por lo tanto, detectamos mayores niveles de protección”, detalla Butinof.
Síntomas
Los agroaplicadores reportaron fatiga, cansancio, nervios, depresión, dolores de cabeza, mareos, vértigo y sudor excesivo luego de realizar su tarea, en niveles que van del 13 al 52 por ciento. “La exposición a agroquímicos representa un riesgo para la salud y esto se observa en los agroaplicadores”, asegura Díaz.
Según las autoras, es una población con una mayor carga de enfermedad que la de adultos varones de Córdoba. Un indicador robusto del estado de salud de una población es su tasa de hospitalización. En los adultos varones de Córdoba, esa cifra es del 0,34 por ciento. Entre los agroaplicadores, es del 5,4 por ciento, 15 veces más alta.
“También comparamos a este grupo con personas de las mismas localidades que no están expuestas laboralmente. Los agroaplicadores tienen mayor carga de enfermedad y un nivel de alteración en los resultados bioquímicos más alto”, comenta Butinof.
Sonia Muñoz, también integrante del equipo, explica que en los análisis bioquímicos lograron vincular la intensidad de exposición a agroquímicos con una mayor inhibición de enzimas. “Los agroaplicadores también tienen más daños genéticos”, asegura. Determinaron daño genético a partir de marcadores tempranos, como micronúcleos y aberraciones cromosómicas.
“En general, las personas estamos acostumbradas a trabajar hasta que nos sentimos enfermos. En estos casos, cuando la persona se siente enferma ya está bastante enferma. Estos indicadores tempranos sirven para que se tomen medidas de cuidado antes de que la persona enferme”, apunta Muñoz.
La idea es realizar un seguimiento de esta población. “Cuando se estudia la salud de los trabajadores, sucede lo que se conoce como el sesgo del trabajador sano. Las personas que están trabajando, que son las que nosotros estamos analizando, son personas sanas. Los enfermos no están trabajando. De todos modos, el hecho de encontrar indicadores tempranos que a lo largo de los años terminan por generar cáncer, nos da algunas pistas”, explica Butinof.
En tanto, Díaz agrega: “A nivel internacional, hay pruebas de que los agroquímicos pueden provocar cáncer. Para Córdoba aún no tenemos pruebas. En EE.UU. hay trabajos epidemiológicos que registran la aparición de algunos cánceres”.
Críticas a la legislación
Para los investigadores, la Provincia debería mejorar la legislación sobre agroquímicos y ejercer mejores controles.
Distancia. “La legislación se queda corta en algunos aspectos y hay que profundizar los controles. Por ejemplo, hay que revisar la distancia entre los campos que se pueden fumigar y las poblaciones”, sostiene Díaz. Butinof apunta que los municipios deberían incorporar una zona de resguardo ambiental.
Limitación. “La ley 9.164 es limitada desde esta perspectiva. Establece una distancia de 500 metros para los agroquímicos que se aplican en forma terrestre. La mayoría de la población vive a menos de 500 metros. Pero también hay otros factores a tener en cuenta, como los vientos, la temperatura y la volatilidad de los productos” sostiene.
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Fecha de Publicación: 13/06/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La exposición a agroquímicos genera síntomas y una tasa de hospitalización más alta de lo habitual. Sólo un tercio de los agroaplicadores usa la protección adecuada y apenas el 14% trabaja con una receta prescripta por un profesional.
Al menos unos cinco mil cordobeses tienen como principal actividad la fumigación terrestre en la provincia. Su contacto con estos productos es directo y deben tomar medidas de seguridad. Un estudio epidemiológico realizado por investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba y el Conicet determinó que esta población presenta riesgos en su salud por el mal manejo de los pesticidas.
Este informe fue publicado en diferentes revistas científicas como Cadernos de Saude Publica de la Fundación Oswaldo Cruz (Brasil) y en el sitio on line Intech, entre otros.
Los problemas de salud son manifestados por los propios agroaplicadores entrevistados y también están en sus genes, según análisis realizados por los científicos con el consentimiento de trabajadores.
Los investigadores, dirigidos por María Pilar Díaz, encuestaron a unos dos mil agroaplicadores y a una proporción de ellos se les realizó una extracción de sangre para estudios bioquímicos y genéticos.
Del análisis de estos datos, se desprende que sólo un tercio de los agroaplicadores utiliza los elementos de protección personal adecuados y un 14 por ciento fumiga sin protección.
También determinaron ?que es frecuente el uso de maquinaria que no posee una cabina sellada ni un filtro de aire. Una buen proporción (36 por ciento) también utiliza una mochila para fumigar.
Sólo 14 por ciento fumiga con receta fitosanitaria firmada por un ingeniero agrónomo, tal como lo exige la ley provincial 9.164. La falta de esta documentación presupone una mala administración de los productos.
A su vez, uno de cada 10 fumigadores no realiza el triple lavado de los envases de pesticidas vacíos, como lo exige la norma. Y sólo 10,5 por ciento participa de un programa para asegurar la correcta disposición final de estos envases. En muchos casos, son quemados, enterrados o vueltos a usar.
Todas estas acciones ocasionan problemas en la salud de estos trabajadores, pero también son riesgosas para otros y para el ambiente. “No usan guantes, botas o mascarillas el tiempo adecuado. Por un lado, está lo que el individuo hace, pero también hay un contexto laboral”, comenta Mariana Butinof, integrante del grupo. Detalla, por ejemplo, que estos trabajadores deberían poder cambiarse la ropa y ducharse antes de volver a su hogar. Y tener un lugar para lavar su ropa de trabajo, separada del resto.
“Eso requiere de una infraestructura que supera las prácticas individuales. Hay que trabajar a diferentes niveles para mejorar las prácticas”, señala.
Además, hay diferencias por región. En el sur y sudeste provincial, con más tradición agrícola, a veces son los propios productores quienes realizan las fumigaciones y utilizan menos protección. En el norte cordobés, en la zona de la expansión de la frontera agrícola, las aplicaciones son realizadas por empleados de empresas.
“Las grandes empresas optimizan el uso de los plaguicidas y controlan más; por lo tanto, detectamos mayores niveles de protección”, detalla Butinof.
Síntomas
Los agroaplicadores reportaron fatiga, cansancio, nervios, depresión, dolores de cabeza, mareos, vértigo y sudor excesivo luego de realizar su tarea, en niveles que van del 13 al 52 por ciento. “La exposición a agroquímicos representa un riesgo para la salud y esto se observa en los agroaplicadores”, asegura Díaz.
Según las autoras, es una población con una mayor carga de enfermedad que la de adultos varones de Córdoba. Un indicador robusto del estado de salud de una población es su tasa de hospitalización. En los adultos varones de Córdoba, esa cifra es del 0,34 por ciento. Entre los agroaplicadores, es del 5,4 por ciento, 15 veces más alta.
“También comparamos a este grupo con personas de las mismas localidades que no están expuestas laboralmente. Los agroaplicadores tienen mayor carga de enfermedad y un nivel de alteración en los resultados bioquímicos más alto”, comenta Butinof.
Sonia Muñoz, también integrante del equipo, explica que en los análisis bioquímicos lograron vincular la intensidad de exposición a agroquímicos con una mayor inhibición de enzimas. “Los agroaplicadores también tienen más daños genéticos”, asegura. Determinaron daño genético a partir de marcadores tempranos, como micronúcleos y aberraciones cromosómicas.
“En general, las personas estamos acostumbradas a trabajar hasta que nos sentimos enfermos. En estos casos, cuando la persona se siente enferma ya está bastante enferma. Estos indicadores tempranos sirven para que se tomen medidas de cuidado antes de que la persona enferme”, apunta Muñoz.
La idea es realizar un seguimiento de esta población. “Cuando se estudia la salud de los trabajadores, sucede lo que se conoce como el sesgo del trabajador sano. Las personas que están trabajando, que son las que nosotros estamos analizando, son personas sanas. Los enfermos no están trabajando. De todos modos, el hecho de encontrar indicadores tempranos que a lo largo de los años terminan por generar cáncer, nos da algunas pistas”, explica Butinof.
En tanto, Díaz agrega: “A nivel internacional, hay pruebas de que los agroquímicos pueden provocar cáncer. Para Córdoba aún no tenemos pruebas. En EE.UU. hay trabajos epidemiológicos que registran la aparición de algunos cánceres”.
Críticas a la legislación
Para los investigadores, la Provincia debería mejorar la legislación sobre agroquímicos y ejercer mejores controles.
Distancia. “La legislación se queda corta en algunos aspectos y hay que profundizar los controles. Por ejemplo, hay que revisar la distancia entre los campos que se pueden fumigar y las poblaciones”, sostiene Díaz. Butinof apunta que los municipios deberían incorporar una zona de resguardo ambiental.
Limitación. “La ley 9.164 es limitada desde esta perspectiva. Establece una distancia de 500 metros para los agroquímicos que se aplican en forma terrestre. La mayoría de la población vive a menos de 500 metros. Pero también hay otros factores a tener en cuenta, como los vientos, la temperatura y la volatilidad de los productos” sostiene.
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Censo del Venado de las Pampas en San Luis
Medio Ambiente trabaja en el censo anual del Venado de las Pampas
Fecha de Publicación: 13/06/2015
Fuente: ANSL
Provincia/Región: San Luis
El Ministerio de Medio Ambiente avanza en un nuevo censo aéreo del Venado de las Pampas, en el sur de la provincia. Sin embargo, el equipo de Biodiversidad ya visitó el Establecimiento “El Centenario”, que alberga una parte importante del núcleo poblacional de la especie en la provincia. Allí se pudo constatar, en un relevamiento parcial terrestre, la existencia de 72 ejemplares en el tramo recorrido.
El equipo técnico del Programa Biodiversidad continúa con diversos trabajos para analizar la evolución y el estado de las poblaciones de Venado de las Pampas en la provincia, que son las más grandes que existen en Argentina. “Trabajamos junto con la doctora, Claudia Dellafiore, quien ha realizado trabajos con la especie y nos asesora sobre metodologías de muestreo. Esta orientación nos sirve para mejorar los trabajos de censos aéreos que ya realizamos el año pasado y trabajamos para repetir este año”, explicó el jefe de Programa Biodiversidad, Jorge Heider.
El objetivo del censo, que se realiza con el apoyo de la Fuerza Aérea Argentina, es conocer la realidad de la población de Venados de las Pampas en la provincia, especie insignia de San Luis, categorizada como amenazada.
Con esta tarea, el ministerio busca cotejar datos para conocer el estado actual y real de la población y emprender así acciones que permitan preservarla. Los censos se realizan en cada estación para poder conocer detalladamente el comportamiento de la especie y sus hábitats, y sobrevuelan una superficie aproximada de 450 mil hectáreas.
“Además de los censos aéreos buscamos trabajar con los productores de la zona sur, donde habita la especie, para protegerla mediante la elaboración de acciones de manejo”, señaló la ministra, Daiana Hissa.
Es con esta finalidad que se firmó con Antiguas Estancias “Don Roberto”, la más importante de la zona, un convenio para aunar esfuerzos y conservar el Venado de las Pampas. El ministerio trabaja para que todos los productores, la Comunidad Ranquel y demás vecinos de la zona (categorizada como hábitat de esta especie, protegida por la ley IX- 0311 – 2004) se sumen a cuidarla.
Venado de las Pampas: la importancia de su protección
Entre los factores que llevaron a la disminución de la especie se encuentran: el avance de la frontera agrícola-ganadera que provocó el reemplazo de su hábitat natural; la caza deportiva y comercial; la introducción de enfermedades por parte del ganado doméstico y de especies exóticas asilvestradas como los chanchos y los perros.
“Es importante protegerlos porque el Venado de las Pampas posee dos características propias de la especie, muy importantes. Primero, es endémica, es decir que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo de manera silvestre y está asociada directamente con ambientes abiertos de pastizal. Por otra parte, reviste gran importancia ecológica, debido a que estos animales son dispersores de semillas de muchas especies de plantas. Su presencia contribuye a mantener en equilibrio poblaciones de carnívoros, que son sus predadores naturales”, destacó Heider.
Un factor que también influye es que actúa como una especie paraguas, ya que al protegerlo a él estamos protegiendo el ecosistema en donde vive, otras especies y procesos ecológicos.
La innovación puntana
En agosto del año pasado, el gobernador de la Provincia, CPN Claudio Poggi, promulgó la Ley de Ampliación del Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la provincia que implicó la incorporación a la norma que regula y establece las Áreas Naturales Protegidas Públicas, sancionada en 2004, un sistema de inmuebles privados, municipales o intermunicipales.
Esta ley representa un avance en la regulación del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y brinda a los particulares la seguridad jurídica necesaria para que acuerden con el Estado provincial la incorporación de superficies privadas.
Las Áreas Naturales Protegidas Privadas implican la participación del sector privado y la sociedad civil a la problemática ambiental. Son sitios que, por decisión de su propietario y luego de la evaluación de sus recursos naturales, se encontrarán bajo modelos de manejo compatibles con la preservación, cuyas categorías van desde la conservación estricta hasta modelos productivos sustentables. Estas áreas, al tener el reconocimiento formal del Estado e incentivos establecidos por ley, se incorporan a las políticas que el Estado desarrolla para conservar el patrimonio natural de todos los puntanos.
La norma prevé, a modo de incentivo, beneficios fiscales a aquellos privados que incorporen sus inmuebles al sistema de Áreas Naturales Protegidas. En el caso de los municipios, también habrá beneficios relativos a asesoramiento técnico y otros requerimientos que puedan surgir.
“Por ejemplo, en el sur provincial ya tenemos un acuerdo con un privado en cuyas tierras vive el venado de las pampas, especie amenazada. Con este propietario se acordó que el ministerio reforzará los controles en la zona, para no sólo cuidar el venado, sino también la restante fauna del área que completa su hábitat, previniendo además el cuatrerismo y la caza furtiva. Por su parte, el privado se compromete a permitir el acceso del ministerio a su propiedad para estudios, censos y, especialmente, a preservar el hábitat natural de la especie”, explicó la ministra.
Al igual que las ya establecidas, cada una de estas Áreas Naturales Protegidas contará con un plan de manejo para un aprovechamiento sostenible. Estos espacios, manejados convenientemente, proporcionan múltiples bienes y servicios ecológicos, al mismo tiempo que preservan el patrimonio natural y cultural. Además, ofrecen oportunidades de empleo y medios alternativos de subsistencia a las personas que viven dentro y alrededor de ellas, como la producción casera, tanto de artesanías como de gastronomía local. También son centros atractivos para las investigaciones científicas de diversa índole.
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Fecha de Publicación: 13/06/2015
Fuente: ANSL
Provincia/Región: San Luis
El Ministerio de Medio Ambiente avanza en un nuevo censo aéreo del Venado de las Pampas, en el sur de la provincia. Sin embargo, el equipo de Biodiversidad ya visitó el Establecimiento “El Centenario”, que alberga una parte importante del núcleo poblacional de la especie en la provincia. Allí se pudo constatar, en un relevamiento parcial terrestre, la existencia de 72 ejemplares en el tramo recorrido.
El equipo técnico del Programa Biodiversidad continúa con diversos trabajos para analizar la evolución y el estado de las poblaciones de Venado de las Pampas en la provincia, que son las más grandes que existen en Argentina. “Trabajamos junto con la doctora, Claudia Dellafiore, quien ha realizado trabajos con la especie y nos asesora sobre metodologías de muestreo. Esta orientación nos sirve para mejorar los trabajos de censos aéreos que ya realizamos el año pasado y trabajamos para repetir este año”, explicó el jefe de Programa Biodiversidad, Jorge Heider.
El objetivo del censo, que se realiza con el apoyo de la Fuerza Aérea Argentina, es conocer la realidad de la población de Venados de las Pampas en la provincia, especie insignia de San Luis, categorizada como amenazada.
Con esta tarea, el ministerio busca cotejar datos para conocer el estado actual y real de la población y emprender así acciones que permitan preservarla. Los censos se realizan en cada estación para poder conocer detalladamente el comportamiento de la especie y sus hábitats, y sobrevuelan una superficie aproximada de 450 mil hectáreas.
“Además de los censos aéreos buscamos trabajar con los productores de la zona sur, donde habita la especie, para protegerla mediante la elaboración de acciones de manejo”, señaló la ministra, Daiana Hissa.
Es con esta finalidad que se firmó con Antiguas Estancias “Don Roberto”, la más importante de la zona, un convenio para aunar esfuerzos y conservar el Venado de las Pampas. El ministerio trabaja para que todos los productores, la Comunidad Ranquel y demás vecinos de la zona (categorizada como hábitat de esta especie, protegida por la ley IX- 0311 – 2004) se sumen a cuidarla.
Venado de las Pampas: la importancia de su protección
Entre los factores que llevaron a la disminución de la especie se encuentran: el avance de la frontera agrícola-ganadera que provocó el reemplazo de su hábitat natural; la caza deportiva y comercial; la introducción de enfermedades por parte del ganado doméstico y de especies exóticas asilvestradas como los chanchos y los perros.
“Es importante protegerlos porque el Venado de las Pampas posee dos características propias de la especie, muy importantes. Primero, es endémica, es decir que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo de manera silvestre y está asociada directamente con ambientes abiertos de pastizal. Por otra parte, reviste gran importancia ecológica, debido a que estos animales son dispersores de semillas de muchas especies de plantas. Su presencia contribuye a mantener en equilibrio poblaciones de carnívoros, que son sus predadores naturales”, destacó Heider.
Un factor que también influye es que actúa como una especie paraguas, ya que al protegerlo a él estamos protegiendo el ecosistema en donde vive, otras especies y procesos ecológicos.
La innovación puntana
En agosto del año pasado, el gobernador de la Provincia, CPN Claudio Poggi, promulgó la Ley de Ampliación del Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la provincia que implicó la incorporación a la norma que regula y establece las Áreas Naturales Protegidas Públicas, sancionada en 2004, un sistema de inmuebles privados, municipales o intermunicipales.
Esta ley representa un avance en la regulación del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y brinda a los particulares la seguridad jurídica necesaria para que acuerden con el Estado provincial la incorporación de superficies privadas.
Las Áreas Naturales Protegidas Privadas implican la participación del sector privado y la sociedad civil a la problemática ambiental. Son sitios que, por decisión de su propietario y luego de la evaluación de sus recursos naturales, se encontrarán bajo modelos de manejo compatibles con la preservación, cuyas categorías van desde la conservación estricta hasta modelos productivos sustentables. Estas áreas, al tener el reconocimiento formal del Estado e incentivos establecidos por ley, se incorporan a las políticas que el Estado desarrolla para conservar el patrimonio natural de todos los puntanos.
La norma prevé, a modo de incentivo, beneficios fiscales a aquellos privados que incorporen sus inmuebles al sistema de Áreas Naturales Protegidas. En el caso de los municipios, también habrá beneficios relativos a asesoramiento técnico y otros requerimientos que puedan surgir.
“Por ejemplo, en el sur provincial ya tenemos un acuerdo con un privado en cuyas tierras vive el venado de las pampas, especie amenazada. Con este propietario se acordó que el ministerio reforzará los controles en la zona, para no sólo cuidar el venado, sino también la restante fauna del área que completa su hábitat, previniendo además el cuatrerismo y la caza furtiva. Por su parte, el privado se compromete a permitir el acceso del ministerio a su propiedad para estudios, censos y, especialmente, a preservar el hábitat natural de la especie”, explicó la ministra.
Al igual que las ya establecidas, cada una de estas Áreas Naturales Protegidas contará con un plan de manejo para un aprovechamiento sostenible. Estos espacios, manejados convenientemente, proporcionan múltiples bienes y servicios ecológicos, al mismo tiempo que preservan el patrimonio natural y cultural. Además, ofrecen oportunidades de empleo y medios alternativos de subsistencia a las personas que viven dentro y alrededor de ellas, como la producción casera, tanto de artesanías como de gastronomía local. También son centros atractivos para las investigaciones científicas de diversa índole.
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Los beneficios de la separación de RSU en Salta
"Ahora hay menos contaminación"
Fecha de Publicación: 13/06/2015
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
La recolección selectiva tiene un aspecto ambiental y otro social. El destino final son los recuperadores de residuos, quienes hoy están constituidos como cooperativas.
Benita Fernández, presidenta de la cooperativa de Recuperadores de Residuos de Salta, en la que trabajan 63 familias, explicó en diálogo con El Tribuno que con el programa mejoró su situación. "No es que sea saludable, pero hay mucha menos contaminación al estar en el galpón bajo la sombra. Sería bueno que la Municipalidad se encargue de seguir avanzando. La cantidad de basura no es suficiente para todos", dijo.
Los recuperadores son personas que se dedicaron siempre a esto y la Municipalidad reconoció su trabajo. "Queremos que vayan avanzando y sean autosustentables, que no dependan del Estado y generen un verdadero empleo con capacidad propia", manifestó el ingeniero Urbina. Hubo un proceso de cuatro años de transformación del trabajo. Los recuperadores hicieron capacitaciones, estuvieron con representantes del Banco Mundial y vieron ejemplos de otras ciudades del mundo.
En el relleno hay dos sistemas de trabajo. Uno es el frente de descarga, adonde van a parar todos los residuos y donde están más expuestos a enfermedades. El otro es la recuperación de materiales en un galpón con mejores condiciones higiénicas. Este galpón se construyó con financiación de la Yaika y de la embajada de Japón en la Argentina. Allí tienen dos prensas para plástico y cartón y una pequeña cinta de clasificación. Se pagan el camión que saca la mercadería y el guardia de seguridad.
Las tres cooperativas son Mat-rec, Recuperadores de Residuos de Salta y Ceferino Namuncurá. Son 139 las personas que trabajan en el relleno sanitario San Javier; familias enteras que viven de la separación y venta de residuos reciclables.
Se dividen las jornadas de lunes a sábado en tres turnos rotativos de ocho horas. Venden los residuos secos a los intermediarios que la llevan a las plantas de reciclaje de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Jujuy. El precio del kilo de basura limpia y seca es para el plástico $1,70, cartón: $0,80, papel blanco: $1,40, botella de vidrio $0,40. En noviembre bajaron los precios de venta de casi todos los materiales y les explicaron que era por el precio del petróleo y por las vacaciones.
Benita Fernández tiene 14 hijos, 43 años y hace 30 que trabaja con la basura. "Sería bueno que la Municipalidad se encargue de seguir avanzando; la cantidad de basura no es suficiente para todos", dijo. Contó que por día juntan 70 kg, 100 como mucho. Juan Flores es presidente de Mat-Rec en la que trabajan 32 personas. Tiene 44 años y trabaja en el relleno sanitario hace 14. "La basura te aumenta la edad. Es un trabajo insalubre", contó.
"Con Separemos Juntos mejoró nuestra situación pero queremos más basura", dijo.
"Se juntan 700 toneladas"
Desde la Municipalidad señalaron que no bajan los costos pasar menos días. "Hemos recorrido muchísimas ciudades en Latinoamérica, y comparando el servicio es muy bueno. En muchas no hay recolección seis días a la semana", expresó Normando Zúñiga, funcionario municipal. Explicó que reducir los días no bajaría los costos. "El diseño de la recolección de residuos se da en función de la cantidad de residuos que genera una ciudad. Si con esta cantidad de camiones se reduce a tres días, hay que hacer 2 o 3 viajes por día y en vez de terminar a las 13, se termina a las 17", manifestó. Un camión tiene una capacidad de 9 m3; en los 24 recorridos que tiene la ciudad cada camión carga 8 m3.
Hoy en día, Salta genera entre 650 y 700 toneladas de basura por día. El relleno sanitario San Javier, que mide 68 hectáreas, también recepciona residuos de La Caldera, Vaqueros, San Lorenzo, Cerrillos, La Merced, Campo Quijano.
"No hay máquina que separe como lo hacen los humanos. Hay que hacer educación y reducir los volúmenes en disposición final", resaltó el ingeniero Urbina. Se presentó una ordenanza para promover la obligatoriedad del programa en los barrios en los que funciona. Con esta medida, se busca que el 10% que no lo está haciendo partícipe. Según un estudio de 2009, cada casa genera en promedio 1,55 kilos de basura por día.
Las clases altas generan 1,3 kilos y las bajas, 1,8 kilos; es decir que estas últimas generan más peso, pero menos cantidad de basura, mayormente orgánica. Organizaciones que trabajan en el tema apuntan a que cada casa procese la basura orgánica para generar compost. Luego de separar los residuos, la cantidad de basura que se evita enterrar es muchísima. Zúñiga señaló: "Los pañales descartables vienen como residuo urbano y van al relleno. La separación de esa materia es cara".
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Fecha de Publicación: 13/06/2015
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
La recolección selectiva tiene un aspecto ambiental y otro social. El destino final son los recuperadores de residuos, quienes hoy están constituidos como cooperativas.
Benita Fernández, presidenta de la cooperativa de Recuperadores de Residuos de Salta, en la que trabajan 63 familias, explicó en diálogo con El Tribuno que con el programa mejoró su situación. "No es que sea saludable, pero hay mucha menos contaminación al estar en el galpón bajo la sombra. Sería bueno que la Municipalidad se encargue de seguir avanzando. La cantidad de basura no es suficiente para todos", dijo.
Los recuperadores son personas que se dedicaron siempre a esto y la Municipalidad reconoció su trabajo. "Queremos que vayan avanzando y sean autosustentables, que no dependan del Estado y generen un verdadero empleo con capacidad propia", manifestó el ingeniero Urbina. Hubo un proceso de cuatro años de transformación del trabajo. Los recuperadores hicieron capacitaciones, estuvieron con representantes del Banco Mundial y vieron ejemplos de otras ciudades del mundo.
En el relleno hay dos sistemas de trabajo. Uno es el frente de descarga, adonde van a parar todos los residuos y donde están más expuestos a enfermedades. El otro es la recuperación de materiales en un galpón con mejores condiciones higiénicas. Este galpón se construyó con financiación de la Yaika y de la embajada de Japón en la Argentina. Allí tienen dos prensas para plástico y cartón y una pequeña cinta de clasificación. Se pagan el camión que saca la mercadería y el guardia de seguridad.
Las tres cooperativas son Mat-rec, Recuperadores de Residuos de Salta y Ceferino Namuncurá. Son 139 las personas que trabajan en el relleno sanitario San Javier; familias enteras que viven de la separación y venta de residuos reciclables.
Se dividen las jornadas de lunes a sábado en tres turnos rotativos de ocho horas. Venden los residuos secos a los intermediarios que la llevan a las plantas de reciclaje de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Jujuy. El precio del kilo de basura limpia y seca es para el plástico $1,70, cartón: $0,80, papel blanco: $1,40, botella de vidrio $0,40. En noviembre bajaron los precios de venta de casi todos los materiales y les explicaron que era por el precio del petróleo y por las vacaciones.
Benita Fernández tiene 14 hijos, 43 años y hace 30 que trabaja con la basura. "Sería bueno que la Municipalidad se encargue de seguir avanzando; la cantidad de basura no es suficiente para todos", dijo. Contó que por día juntan 70 kg, 100 como mucho. Juan Flores es presidente de Mat-Rec en la que trabajan 32 personas. Tiene 44 años y trabaja en el relleno sanitario hace 14. "La basura te aumenta la edad. Es un trabajo insalubre", contó.
"Con Separemos Juntos mejoró nuestra situación pero queremos más basura", dijo.
"Se juntan 700 toneladas"
Desde la Municipalidad señalaron que no bajan los costos pasar menos días. "Hemos recorrido muchísimas ciudades en Latinoamérica, y comparando el servicio es muy bueno. En muchas no hay recolección seis días a la semana", expresó Normando Zúñiga, funcionario municipal. Explicó que reducir los días no bajaría los costos. "El diseño de la recolección de residuos se da en función de la cantidad de residuos que genera una ciudad. Si con esta cantidad de camiones se reduce a tres días, hay que hacer 2 o 3 viajes por día y en vez de terminar a las 13, se termina a las 17", manifestó. Un camión tiene una capacidad de 9 m3; en los 24 recorridos que tiene la ciudad cada camión carga 8 m3.
Hoy en día, Salta genera entre 650 y 700 toneladas de basura por día. El relleno sanitario San Javier, que mide 68 hectáreas, también recepciona residuos de La Caldera, Vaqueros, San Lorenzo, Cerrillos, La Merced, Campo Quijano.
"No hay máquina que separe como lo hacen los humanos. Hay que hacer educación y reducir los volúmenes en disposición final", resaltó el ingeniero Urbina. Se presentó una ordenanza para promover la obligatoriedad del programa en los barrios en los que funciona. Con esta medida, se busca que el 10% que no lo está haciendo partícipe. Según un estudio de 2009, cada casa genera en promedio 1,55 kilos de basura por día.
Las clases altas generan 1,3 kilos y las bajas, 1,8 kilos; es decir que estas últimas generan más peso, pero menos cantidad de basura, mayormente orgánica. Organizaciones que trabajan en el tema apuntan a que cada casa procese la basura orgánica para generar compost. Luego de separar los residuos, la cantidad de basura que se evita enterrar es muchísima. Zúñiga señaló: "Los pañales descartables vienen como residuo urbano y van al relleno. La separación de esa materia es cara".
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DNU, Monsanto y un proyecto cuestionado
Semillas, corporaciones y un proyecto cuestionado
Fecha de Publicación: 12/06/2015
Fuente: Darío Aranda - La Vaca
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno anunció hace quince días la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para regular el cobro de regalías de la empresa Monsanto. Medida consensuada con la Asociación de Semilleros de Argentinas (ASA), que nuclea a las grandes empresas del sector. Pero esta semana explicó que no habrá decreto y, en base al mismo texto, se redactó un proyecto de ley que será enviado al Congreso Nacional. Desde 2012, el Gobierno intenta aprobar una nueva legislación de semillas, muy resistida por organizaciones sociales, campesinas y académicas. “Es un acto más del Gobierno hecho a la medida de las grandes corporaciones que hoy definen la situación económica, social, ambiental y alimentaria de Argentina”, denunciaron una veintena de organizaciones sociales, campesinas y cátedras universitarias.
Monsanto
La Presidenta viajó a Estados Unidos en junio de 2012 a una reunión del Consejo de las Américas, donde se reúne el establishment económico de ese país. Anunció en transmisión en directo la instalación de la mayor planta de maíz transgénico de Monsanto en Malvinas Argentinas (Córdoba). “Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz (…) Y además estaban muy contentos porque Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos”.
Como parte de la misma política, dos meses después, el Ministerio de Agricultura aprobó una nueva soja transgénica de la empresa. Anunciada como una “nueva generación”, llamada “RR2 Intacta”, que es resistente al herbicida glifosato y también sería resistente a insectos.
El 21 de agosto de 2012, la gacetilla de prensa del Ministerio de Agricultura tituló con una cita del vicepresidente de Monsanto, Pablo Vaquero: “Trabajamos con un Gobierno que ha abierto el diálogo”. La gacetilla oficial hacía propia la publicidad de Monsanto y resaltaba las supuestas bondades de la semilla: “Esta nueva tecnología permitirá contribuir a una mayor producción y a mejorar el medio ambiente”. El ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, celebró: “Es un día muy especial para Argentina, porque vamos por una segunda generación de soja. La biotecnología es una herramienta para el crecimiento sustentable”.
El Estado no hizo estudios propios para certificar la bondades de la nueva semilla y los expedientes de aprobación son confidenciales.
En paralelo, Monsanto comenzó a firmar contratos con productores para que éstos acepten el pago de “regalías extendidas” por la “tecnología” que llevaría la nueva semilla. Hecho no contemplado por la actual ley de semillas. Implica el pago, luego de la cosecha, de doce dólares por tonelada de soja.
El Gobierno dejó hacer
El marzo de 2015, las cuatro entidades de la Mesa de Enlace (Federación Agraria, Sociedad Rural, CRA y Coninagro) emitieron un comunicado en repudio a la actitud de la multinacional. “La empresa Monsanto pretende incluir unilateralmente una cláusula abusiva, arbitraria y compulsiva en los contratos de compra-venta de soja, por la cual los compradores (acopiadores, exportadores, industrias transformadoras) podrían retener un importe en concepto de regalías, alterando reglas, usos y costumbres del comercio de granos”, denuncia el escrito de las entidades rurales más cercanas al agronegocios.
Aclaran que están de acuerdo en el pago de “la tecnología y las mejoras genéticas”, pero consideran que el sistema impulsado por Monsanto es “inaceptable”, violatorio de la Ley de Semillas (20.247) y lo define como “inconsulto, engorroso, inaplicable, incontrolable y podría avanzar sobre los derechos de los productores”.
Ley-Decreto-Ley
En 2012 el Gobierno intentó avanzar con una nueva ley de semillas. Mantuvo reuniones con la poderosa ASA (Asociación Semilleros Argentinos), referentes de la Mesa de Enlace y sectores del agronegocios como Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa). Nunca se convocó a los movimientos campesinos, organizaciones sociales ni a sectores de la academia críticos al avance empresario sobre el agro.
Federación Agraria filtró uno de los borrador de proyecto de ley y arreciaron las críticas de sectores campesinos y organizaciones sociales. Se la bautizó “ley Monsanto). Incluso desde sectores del mismo Gobierno (el Movimiento Evita) actuaron para frenar el proyecto.
No hubo nueva ley
El 19 de mayo pasado, en un acto público y con gacetillas oficiales, el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, informaron que a la brevedad se firmaría un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que contemplaba el pago de la “tecnología” al momento de comprar la semilla y no post-cosecha (como estipulaba Monsanto en los contratos con productores). También creaba un fondo económico para fomentar la biotecnología “nacional” y un registro para que los pequeños productores puedan continuar con el “uso propio” (utilizar las semillas obtenidas de la cosecha, una práctica tan antigua como la agricultura).
Carlos Casamiquela destacó “el consenso alcanzado entre el Estado y los diversos actores”, al resaltar que “la modernización del sistema de pago”.
Los medios cercanos al Gobierno lo presentaron como una acción para frenar a Monsanto y silenciaron las críticas campesinas. Los diarios que publicitan el agronegocios fueron en la misma línea, pero destacaron que ASA (donde están las grandes semilleras) había dado el visto bueno y que, en definitiva, Monsanto cobraría por su tecnología. La multinacional explicitó su acuerdo con los dichos del Jefe de Gabinete respecto a la promoción de la biotecnología y al reconocimiento de la “propiedad intelectual” de las semillas. Pero adelantó que seguirá adelante con los contratos con productores y el pago de regalías extendidas.
El 23 de mayo, en Clarín Rural (uno de los espacios insignia del agronegocios), el jefe del suplemento, Héctor Huergo, argumentó que la industria semillera “sufre un grave deterioro” por el “uso propio” (utilización de las semillas obtenidas de la cosecha) y afirmó que “Monsanto se inmoló” al introducir su nueva soja (“RR2 Intacta”). Huergo, un gran lobista de las empresas, celebró el anuncio del Gobierno porque “reivindica la importancia del reconocimiento de la propiedad intelectual”. Pero redobló la apuesta: “La pregunta que conviene hacerse es que, tratándose de algo tan trascendente, por qué intentar resolverlo con un DNU en lugar de enviar al Congreso un proyecto de ley”.
El mismo día, pero desde La Nación Campo, el editorialista Cristian Mira fue el mismo sentido: “El conflicto revela la debilidad estructural que tiene el país por no elaborar una ley de semillas que reemplace a una norma que tiene más de 40 años y demostró su caducidad ante la transformación tecnológica. La industria de semillas, para continuar con las inversiones en mejora genética y eventos biotecnológicos, insiste en que necesita un reconocimiento a la propiedad intelectual de sus materiales. Éste es el consenso entre empresas nacionales y las multinacionales”.
El 4 de junio, Aníbal Fernández señaló que no se firmará ningún decreto. Sino que se optó por un proyecto de ley. Un día después, el secretario de Agricultura, Gabriel Delgado, confirmó en el programa de cable Bichos de Campo que se enviará un proyecto al Congreso. Explicó que tendrá el mismo contenido que contemplaba el Decreto de Necesidad y Urgencia, y resaltó que fue “consensuado con todos los actores del sector”.
Delgado, el funcionario de Agricultura más cercano a las empresas transgénicas, remarcó que “las más altas autoridades políticas” determinaron que, con el mismo mismo texto del decreto, se opte por un proyecto de ley. Y señaló que este mes será enviado al Congreso Nacional.
Otro campo
Una veintena de organizaciones nucleadas en la “Campaña contra la Nueva Ley Monsanto de Semillas” emitieron un comunicado. “No se atrevan a tocar nuestras semillas”, es el título y denuncia que el DNU-Proyecto de Ley es “un acto más del gobierno hecho a la medida de las grandes corporaciones que hoy definen la situación económica, social, ambiental y alimentaria de Argentina”.
Entre las organizaciones firmantes figuran la Red Nacional de Acción Ecologista, Asociación Campesina del Valle de Conlara (San Luis), Amigos de la Tierra, Abogados Ambientalistas, GRAIN, Frente Popular Darío Santillán, y las Cátedras de Soberanía Alimentaria de la Universidad del Comahue y de Luján. Puntualizan que la semilla de soja transgénica que originó la disputa es el primer eslabón de una política que busca la “apropiación de los bienes comunes de la naturaleza” y cuestionan que un derecho básico (el uso de semillas de la cosecha anterior) se intente legislar como si fuera un privilegio de unos pocos.
“Estos ‘eventos biotecnológicos’ sobre los que estas empresas reclaman derechos de propiedad son una apropiación de los saberes ancestrales que provienen de 10.000 años de agricultura”, denuncian y desmienten que, para el DNU o el proyecto de ley, haya habido “consenso” (como argumentó el Gobierno): “Es solo el consenso del agronegocio para seguir imponiendo sus pretensiones”.
Exigen la apertura de un debate amplio y público, en el que se privilegien los intereses de la población por sobre el de las corporaciones, rechazan los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, y proponen el fomento de semillas nativas y criollas como base de la soberanía alimentaria.
También sentaron postura, en comunicados por separado, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), el Movimiento Campesino Liberación (MCL) y la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). “La disputa es función social o su subordinación al capital financiero transnacional”, tituló el MNCI. Cuestionó que no se debata sobre la naturaleza y la función de las semillas, alertó que “subordinar la agricultura a la tecnología de las corporaciones no es solo grave para los sectores populares, sino que condiciona a todos los actores de la producción agropecuaria” y denunció que “ceder a la presión de las corporaciones y aceptar la propiedad intelectual sobre semillas es retroceder en soberanía”.
Reivindicó que el uso propio de semillas es un “derecho inalienable” para los campesinos, indígenas y agricultores familiares; y para ejercerlo “no necesitamos estar en ningún tipo de registro, ni ser tratados como excepciones a ninguna normativa”.
La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT, en el Frente Popular Darío Santillán) rechazó la posibilidad de un decreto o ley a medida de Monsanto y recordó que el Gobierno dejó sin presupuesto a la agricultura familiar (a fines de 2014 había comprometido 1500 millones anuales pero no fueron asignados). “El Agronegocio puede convivir con algunos subsidios y acciones simbólicas hacia la agricultura familiar y campesina. Pero nosotros discutimos y proponemos un modelo distinto de producción agropecuaria, tecnología, producción y transmisión de conocimiento, utilización y relación con los bienes naturales, trabajo rural, comercialización, distribución y consumo. Un modelo de soberanía popular”.
José Luis Livolti, del Movimiento Campesino Liberación, afirmó que el DNU o el proyecto de ley son la forma de reconocer la propiedad intelectual de grandes empresas sobre las semillas. “Monsanto está agradecida”, denunció. Y exigió una convocatoria amplia, “un debate nacional con todos los actores” sobre dos temas: una ley que proteja las semillas originarias y criollas, y una “nueva institucionalidad” que ponga en manos del Estado la comercialización externa de granos y carnes, pilar de un modelo agropecuario base a la agricultura familiar y la soberanía alimentaria.
El modelo
La soja abarcaba seis millones de hectáreas en 1996, cuando Felipe Solá (secretario de Agricultura de Carlos Menem) autorizó la primera soja transgénica de Argentina, de la empresa Monsanto, con uso de glifosato. En 2003 ya había 12 millones de hectáreas con el cultivo. En la actualidad llega hasta las 22 millones de hectáreas, el 60 por ciento de la tierra cultivada del país tiene un solo cultivo: soja transgénica.
El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), impulsado por el Gobierno, fue presentado en 2011 por la Presidenta. Propone aumentar un 60 por ciento la producción granaria (entre otros cultivos, soja y maíz transgénicos), llegar a 2020 con 160 millones de toneladas de granos. Lo que implica, según el mismo PEA, incluir al modelo de agronegocios 11 millones de hectáreas (que hoy están en manos de campesinos e indígenas).
Desde 1996, la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia) aprobó 31 eventos transgénicos (maíz, soja y algodón). El 77 por ciento de ellos (24) tuvieron luz verde durante el kirchnerismo. Las empresas favorecidas fueron Monsanto (12 semillas transgénicas), Syngenta (siete), Pioneer-Dupont (cuatro), Dow Agrosciences (cuatro), Bayer (dos) y Nidera y Basf (una cada empresa). En algunas casos, las semillas aprobadas son compartidas por dos compañías.
El último transgénico aprobado fue la soja de la multinacional Dow Agrosciences. No sólo le permite el uso de glifosato, sino también de los muy cuestionados agroquímicos 2-4D y glufosinato de amonio.
El Gobierno anunció la nueva soja transgénica el 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina.
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Fecha de Publicación: 12/06/2015
Fuente: Darío Aranda - La Vaca
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno anunció hace quince días la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para regular el cobro de regalías de la empresa Monsanto. Medida consensuada con la Asociación de Semilleros de Argentinas (ASA), que nuclea a las grandes empresas del sector. Pero esta semana explicó que no habrá decreto y, en base al mismo texto, se redactó un proyecto de ley que será enviado al Congreso Nacional. Desde 2012, el Gobierno intenta aprobar una nueva legislación de semillas, muy resistida por organizaciones sociales, campesinas y académicas. “Es un acto más del Gobierno hecho a la medida de las grandes corporaciones que hoy definen la situación económica, social, ambiental y alimentaria de Argentina”, denunciaron una veintena de organizaciones sociales, campesinas y cátedras universitarias.
Monsanto
La Presidenta viajó a Estados Unidos en junio de 2012 a una reunión del Consejo de las Américas, donde se reúne el establishment económico de ese país. Anunció en transmisión en directo la instalación de la mayor planta de maíz transgénico de Monsanto en Malvinas Argentinas (Córdoba). “Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz (…) Y además estaban muy contentos porque Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos”.
Como parte de la misma política, dos meses después, el Ministerio de Agricultura aprobó una nueva soja transgénica de la empresa. Anunciada como una “nueva generación”, llamada “RR2 Intacta”, que es resistente al herbicida glifosato y también sería resistente a insectos.
El 21 de agosto de 2012, la gacetilla de prensa del Ministerio de Agricultura tituló con una cita del vicepresidente de Monsanto, Pablo Vaquero: “Trabajamos con un Gobierno que ha abierto el diálogo”. La gacetilla oficial hacía propia la publicidad de Monsanto y resaltaba las supuestas bondades de la semilla: “Esta nueva tecnología permitirá contribuir a una mayor producción y a mejorar el medio ambiente”. El ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, celebró: “Es un día muy especial para Argentina, porque vamos por una segunda generación de soja. La biotecnología es una herramienta para el crecimiento sustentable”.
El Estado no hizo estudios propios para certificar la bondades de la nueva semilla y los expedientes de aprobación son confidenciales.
En paralelo, Monsanto comenzó a firmar contratos con productores para que éstos acepten el pago de “regalías extendidas” por la “tecnología” que llevaría la nueva semilla. Hecho no contemplado por la actual ley de semillas. Implica el pago, luego de la cosecha, de doce dólares por tonelada de soja.
El Gobierno dejó hacer
El marzo de 2015, las cuatro entidades de la Mesa de Enlace (Federación Agraria, Sociedad Rural, CRA y Coninagro) emitieron un comunicado en repudio a la actitud de la multinacional. “La empresa Monsanto pretende incluir unilateralmente una cláusula abusiva, arbitraria y compulsiva en los contratos de compra-venta de soja, por la cual los compradores (acopiadores, exportadores, industrias transformadoras) podrían retener un importe en concepto de regalías, alterando reglas, usos y costumbres del comercio de granos”, denuncia el escrito de las entidades rurales más cercanas al agronegocios.
Aclaran que están de acuerdo en el pago de “la tecnología y las mejoras genéticas”, pero consideran que el sistema impulsado por Monsanto es “inaceptable”, violatorio de la Ley de Semillas (20.247) y lo define como “inconsulto, engorroso, inaplicable, incontrolable y podría avanzar sobre los derechos de los productores”.
Ley-Decreto-Ley
En 2012 el Gobierno intentó avanzar con una nueva ley de semillas. Mantuvo reuniones con la poderosa ASA (Asociación Semilleros Argentinos), referentes de la Mesa de Enlace y sectores del agronegocios como Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa). Nunca se convocó a los movimientos campesinos, organizaciones sociales ni a sectores de la academia críticos al avance empresario sobre el agro.
Federación Agraria filtró uno de los borrador de proyecto de ley y arreciaron las críticas de sectores campesinos y organizaciones sociales. Se la bautizó “ley Monsanto). Incluso desde sectores del mismo Gobierno (el Movimiento Evita) actuaron para frenar el proyecto.
No hubo nueva ley
El 19 de mayo pasado, en un acto público y con gacetillas oficiales, el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, informaron que a la brevedad se firmaría un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que contemplaba el pago de la “tecnología” al momento de comprar la semilla y no post-cosecha (como estipulaba Monsanto en los contratos con productores). También creaba un fondo económico para fomentar la biotecnología “nacional” y un registro para que los pequeños productores puedan continuar con el “uso propio” (utilizar las semillas obtenidas de la cosecha, una práctica tan antigua como la agricultura).
Carlos Casamiquela destacó “el consenso alcanzado entre el Estado y los diversos actores”, al resaltar que “la modernización del sistema de pago”.
Los medios cercanos al Gobierno lo presentaron como una acción para frenar a Monsanto y silenciaron las críticas campesinas. Los diarios que publicitan el agronegocios fueron en la misma línea, pero destacaron que ASA (donde están las grandes semilleras) había dado el visto bueno y que, en definitiva, Monsanto cobraría por su tecnología. La multinacional explicitó su acuerdo con los dichos del Jefe de Gabinete respecto a la promoción de la biotecnología y al reconocimiento de la “propiedad intelectual” de las semillas. Pero adelantó que seguirá adelante con los contratos con productores y el pago de regalías extendidas.
El 23 de mayo, en Clarín Rural (uno de los espacios insignia del agronegocios), el jefe del suplemento, Héctor Huergo, argumentó que la industria semillera “sufre un grave deterioro” por el “uso propio” (utilización de las semillas obtenidas de la cosecha) y afirmó que “Monsanto se inmoló” al introducir su nueva soja (“RR2 Intacta”). Huergo, un gran lobista de las empresas, celebró el anuncio del Gobierno porque “reivindica la importancia del reconocimiento de la propiedad intelectual”. Pero redobló la apuesta: “La pregunta que conviene hacerse es que, tratándose de algo tan trascendente, por qué intentar resolverlo con un DNU en lugar de enviar al Congreso un proyecto de ley”.
El mismo día, pero desde La Nación Campo, el editorialista Cristian Mira fue el mismo sentido: “El conflicto revela la debilidad estructural que tiene el país por no elaborar una ley de semillas que reemplace a una norma que tiene más de 40 años y demostró su caducidad ante la transformación tecnológica. La industria de semillas, para continuar con las inversiones en mejora genética y eventos biotecnológicos, insiste en que necesita un reconocimiento a la propiedad intelectual de sus materiales. Éste es el consenso entre empresas nacionales y las multinacionales”.
El 4 de junio, Aníbal Fernández señaló que no se firmará ningún decreto. Sino que se optó por un proyecto de ley. Un día después, el secretario de Agricultura, Gabriel Delgado, confirmó en el programa de cable Bichos de Campo que se enviará un proyecto al Congreso. Explicó que tendrá el mismo contenido que contemplaba el Decreto de Necesidad y Urgencia, y resaltó que fue “consensuado con todos los actores del sector”.
Delgado, el funcionario de Agricultura más cercano a las empresas transgénicas, remarcó que “las más altas autoridades políticas” determinaron que, con el mismo mismo texto del decreto, se opte por un proyecto de ley. Y señaló que este mes será enviado al Congreso Nacional.
Otro campo
Una veintena de organizaciones nucleadas en la “Campaña contra la Nueva Ley Monsanto de Semillas” emitieron un comunicado. “No se atrevan a tocar nuestras semillas”, es el título y denuncia que el DNU-Proyecto de Ley es “un acto más del gobierno hecho a la medida de las grandes corporaciones que hoy definen la situación económica, social, ambiental y alimentaria de Argentina”.
Entre las organizaciones firmantes figuran la Red Nacional de Acción Ecologista, Asociación Campesina del Valle de Conlara (San Luis), Amigos de la Tierra, Abogados Ambientalistas, GRAIN, Frente Popular Darío Santillán, y las Cátedras de Soberanía Alimentaria de la Universidad del Comahue y de Luján. Puntualizan que la semilla de soja transgénica que originó la disputa es el primer eslabón de una política que busca la “apropiación de los bienes comunes de la naturaleza” y cuestionan que un derecho básico (el uso de semillas de la cosecha anterior) se intente legislar como si fuera un privilegio de unos pocos.
“Estos ‘eventos biotecnológicos’ sobre los que estas empresas reclaman derechos de propiedad son una apropiación de los saberes ancestrales que provienen de 10.000 años de agricultura”, denuncian y desmienten que, para el DNU o el proyecto de ley, haya habido “consenso” (como argumentó el Gobierno): “Es solo el consenso del agronegocio para seguir imponiendo sus pretensiones”.
Exigen la apertura de un debate amplio y público, en el que se privilegien los intereses de la población por sobre el de las corporaciones, rechazan los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, y proponen el fomento de semillas nativas y criollas como base de la soberanía alimentaria.
También sentaron postura, en comunicados por separado, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), el Movimiento Campesino Liberación (MCL) y la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). “La disputa es función social o su subordinación al capital financiero transnacional”, tituló el MNCI. Cuestionó que no se debata sobre la naturaleza y la función de las semillas, alertó que “subordinar la agricultura a la tecnología de las corporaciones no es solo grave para los sectores populares, sino que condiciona a todos los actores de la producción agropecuaria” y denunció que “ceder a la presión de las corporaciones y aceptar la propiedad intelectual sobre semillas es retroceder en soberanía”.
Reivindicó que el uso propio de semillas es un “derecho inalienable” para los campesinos, indígenas y agricultores familiares; y para ejercerlo “no necesitamos estar en ningún tipo de registro, ni ser tratados como excepciones a ninguna normativa”.
La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT, en el Frente Popular Darío Santillán) rechazó la posibilidad de un decreto o ley a medida de Monsanto y recordó que el Gobierno dejó sin presupuesto a la agricultura familiar (a fines de 2014 había comprometido 1500 millones anuales pero no fueron asignados). “El Agronegocio puede convivir con algunos subsidios y acciones simbólicas hacia la agricultura familiar y campesina. Pero nosotros discutimos y proponemos un modelo distinto de producción agropecuaria, tecnología, producción y transmisión de conocimiento, utilización y relación con los bienes naturales, trabajo rural, comercialización, distribución y consumo. Un modelo de soberanía popular”.
José Luis Livolti, del Movimiento Campesino Liberación, afirmó que el DNU o el proyecto de ley son la forma de reconocer la propiedad intelectual de grandes empresas sobre las semillas. “Monsanto está agradecida”, denunció. Y exigió una convocatoria amplia, “un debate nacional con todos los actores” sobre dos temas: una ley que proteja las semillas originarias y criollas, y una “nueva institucionalidad” que ponga en manos del Estado la comercialización externa de granos y carnes, pilar de un modelo agropecuario base a la agricultura familiar y la soberanía alimentaria.
El modelo
La soja abarcaba seis millones de hectáreas en 1996, cuando Felipe Solá (secretario de Agricultura de Carlos Menem) autorizó la primera soja transgénica de Argentina, de la empresa Monsanto, con uso de glifosato. En 2003 ya había 12 millones de hectáreas con el cultivo. En la actualidad llega hasta las 22 millones de hectáreas, el 60 por ciento de la tierra cultivada del país tiene un solo cultivo: soja transgénica.
El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), impulsado por el Gobierno, fue presentado en 2011 por la Presidenta. Propone aumentar un 60 por ciento la producción granaria (entre otros cultivos, soja y maíz transgénicos), llegar a 2020 con 160 millones de toneladas de granos. Lo que implica, según el mismo PEA, incluir al modelo de agronegocios 11 millones de hectáreas (que hoy están en manos de campesinos e indígenas).
Desde 1996, la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia) aprobó 31 eventos transgénicos (maíz, soja y algodón). El 77 por ciento de ellos (24) tuvieron luz verde durante el kirchnerismo. Las empresas favorecidas fueron Monsanto (12 semillas transgénicas), Syngenta (siete), Pioneer-Dupont (cuatro), Dow Agrosciences (cuatro), Bayer (dos) y Nidera y Basf (una cada empresa). En algunas casos, las semillas aprobadas son compartidas por dos compañías.
El último transgénico aprobado fue la soja de la multinacional Dow Agrosciences. No sólo le permite el uso de glifosato, sino también de los muy cuestionados agroquímicos 2-4D y glufosinato de amonio.
El Gobierno anunció la nueva soja transgénica el 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina.
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Proyecto de ley para un nuevo Santuario de Cetáceos
Quieren crear un santuario de cetáceos
Fecha de Publicación: 12/06/2015
Fuente: Semanario Parlamentario ( Argentina )
Provincia/Región: Nacional
La diputada Schmidt nacional Cornelia Schmidt-Liermann presenta este miércoles a las 10 un proyecto de ley para la Creación del Santuario de Cetáceos de la República Argentina. Será en la Sala 1, piso 2 del Edificio Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación.
El objetivo del Santuario es declarar a las aguas del mar territorial y la Zona Económica Exclusiva de Argentina, área protegida para los cetáceos. A su vez, establece que se prohíbe dar muerte, cazar, capturar, acosar, lastimar, tener, poseer, mantener en cautiverio, provocar varamientos en forma intencional, transportar, desembarcar, elaborar o realizar cualquier proceso de transformación, así como la importación, exportación, comercialización o almacenamiento de cualquier especie de cetáceo que habite o surque las aguas marítimas de jurisdicción nacional, ya sea que estas actividades sean realizadas desde la costa y/o desde embarcaciones de bandera nacional o extranjera.
La creación de este santuario se halla en concordancia con la política exterior de nuestro país en la Comisión Ballenera Internacional y fortalece la propuesta regional para la creación del Santuario del Atlántico Sur, al declarar las propias aguas territoriales también santuario de ballenas, al igual que ya lo han hecho la República Federativa del Brasil y la República Oriental del Uruguay que son co-patrocinantes de esta propuesta en la Comisión Ballenera Internacional.
El proyecto de ley titulado “Ley de Protección de Cetáceos” fue elaborado conjuntamente por el Instituto de Conservación de Ballenas, Fundación Agenda Antártica, Fundación Cethus, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Whale and Dolphin Conservation, Fundación Patagonia Natural y Fundación Vida Silvestre. Las organizaciones conservacionistas esperan que este proyecto pueda recibir el apoyo de todos los bloques políticos, siguiendo la tradicional política de defensa y conservación de cetáceos que la República Argentina mantiene en la Comisión Ballenera Internacional.
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Fecha de Publicación: 12/06/2015
Fuente: Semanario Parlamentario ( Argentina )
Provincia/Región: Nacional
La diputada Schmidt nacional Cornelia Schmidt-Liermann presenta este miércoles a las 10 un proyecto de ley para la Creación del Santuario de Cetáceos de la República Argentina. Será en la Sala 1, piso 2 del Edificio Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación.
El objetivo del Santuario es declarar a las aguas del mar territorial y la Zona Económica Exclusiva de Argentina, área protegida para los cetáceos. A su vez, establece que se prohíbe dar muerte, cazar, capturar, acosar, lastimar, tener, poseer, mantener en cautiverio, provocar varamientos en forma intencional, transportar, desembarcar, elaborar o realizar cualquier proceso de transformación, así como la importación, exportación, comercialización o almacenamiento de cualquier especie de cetáceo que habite o surque las aguas marítimas de jurisdicción nacional, ya sea que estas actividades sean realizadas desde la costa y/o desde embarcaciones de bandera nacional o extranjera.
La creación de este santuario se halla en concordancia con la política exterior de nuestro país en la Comisión Ballenera Internacional y fortalece la propuesta regional para la creación del Santuario del Atlántico Sur, al declarar las propias aguas territoriales también santuario de ballenas, al igual que ya lo han hecho la República Federativa del Brasil y la República Oriental del Uruguay que son co-patrocinantes de esta propuesta en la Comisión Ballenera Internacional.
El proyecto de ley titulado “Ley de Protección de Cetáceos” fue elaborado conjuntamente por el Instituto de Conservación de Ballenas, Fundación Agenda Antártica, Fundación Cethus, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Whale and Dolphin Conservation, Fundación Patagonia Natural y Fundación Vida Silvestre. Las organizaciones conservacionistas esperan que este proyecto pueda recibir el apoyo de todos los bloques políticos, siguiendo la tradicional política de defensa y conservación de cetáceos que la República Argentina mantiene en la Comisión Ballenera Internacional.
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El Frente Renovador hace negocios con humedales
Negocio en medio del humedal
Fecha de Publicación: 12/06/2015
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
Con el voto del Frente Renovador, el Concejo Deliberante autorizó la construcción de edificios de lujo en una zona de bañados naturales. El FpV se opuso y denunció que se trata de un negocio que agravará la situación en caso de inundaciones.
El Frente Renovador (FR) aprobó en el Concejo Deliberante de Tigre una excepción al código de zonificación para instalar un megaemprendimiento inmobiliario llamado Remeros Beach, Home Resort, en la localidad de Rincón de Milberg y con la única oposición del bloque del Frente para la Victoria (FpV). Desde este sector aseguraron que intentarán frenar el avance del proyecto con un recurso de amparo. El jefe del bloque del FpV, Federico Ugo, calificó la sesión como “vergonzosa” y relató que los concejales del FR “plantearon la construcción del complejo como una respuesta al gran déficit habitacional que enfrenta el distrito”.
El proyecto Remeros Beach es un complejo de 18 hectáreas que tiene en el medio una laguna de aguas cristalinas y arena blanca. La altura de los lujosos edificios de departamentos que rodean la laguna alcanza los 22 pisos. Estos valores son superiores a lo permitido por la normativa para la zona, que según Ugo es “de humedales, por lo que la construcción no podía llevarse a cabo a menos que el Concejo Deliberante aprobara la excepción a la norma, que se dio de forma automática y sin debate”.
Según el presidente del bloque del FpV, “el intendente ya aprobó la factibilidad del uso del suelo sin realizar ningún tipo de estudio de impacto ambiental”. Esta obra, que ya comenzó pese a que faltan instancias de aprobación, “afectará los bañados y humedales naturales de la zona, que absorben naturalmente el agua durante las inundaciones”. En lugar de zona de desagüe, Rincón de Milberg se convertirá, según Ugo, en “una muralla de cemento que impedirá la absorción del agua durante las lluvias y las sudestadas, por lo que complicará todavía más la problemática de las inundaciones que ya afectan a una gran porción del distrito”.
En el lugar, que está ubicado a la vera del Camino de los Remeros que conecta Tigre y Rincón de Milberg, “hace meses comenzaron los movimientos de la tierra del predio. Además, los departamentos ya se encuentran a la venta a través de la página web de la empresa Vizora Desarrollos Inmobiliarios”, contó a este diario Ugo.
Con la excepción al Código aprobada en el Concejo se autorizó a elevar la altura máxima de construcción, que era de 9 metros, para permitir el desarrollo de torres de hasta 22 pisos. Esto implica el cambio de categoría como apto para residencias.
“Una vez más, el Frente Renovador demuestra ser un resabio de la política de los ’90, aplicando proyectos de urbanismo neoliberal. Ellos confunden el progreso con estos emprendimientos inmobiliarios lujosos y exclusivos para unos pocos”, aseguró el jefe de bloque de concejales del FpV.
En la sesión, el FR argumentó que el proyecto ayudará a paliar el problema de déficit habitacional que hay en el distrito: “Tigre necesita viviendas, por eso vamos a aprobar esta ordenanza”, expresaron desde el massismo. “Es vergonzoso, este complejo está destinado a un estrato social de gran poder adquisitivo y no a aquellos que tienen verdaderos problemas habitacionales”, criticó Ugo y añadió que “desde el FPV no estamos en contra del progreso del distrito” pero este tipo de emprendimientos que “abundan en Tigre, llevan a la fragmentación urbana y refuerzan este modo injusto de gobernar que tiene el massismo”.
Además, agregó que en el distrito “tenemos miles de familias que sufren la falta de tierra, la falta de vivienda y ven crecer a sus hijos en asentamientos sin urbanizar. Noso- tros queremos un crecimiento con equilibrio y con igualdad”.
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Fecha de Publicación: 12/06/2015
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
Con el voto del Frente Renovador, el Concejo Deliberante autorizó la construcción de edificios de lujo en una zona de bañados naturales. El FpV se opuso y denunció que se trata de un negocio que agravará la situación en caso de inundaciones.
El Frente Renovador (FR) aprobó en el Concejo Deliberante de Tigre una excepción al código de zonificación para instalar un megaemprendimiento inmobiliario llamado Remeros Beach, Home Resort, en la localidad de Rincón de Milberg y con la única oposición del bloque del Frente para la Victoria (FpV). Desde este sector aseguraron que intentarán frenar el avance del proyecto con un recurso de amparo. El jefe del bloque del FpV, Federico Ugo, calificó la sesión como “vergonzosa” y relató que los concejales del FR “plantearon la construcción del complejo como una respuesta al gran déficit habitacional que enfrenta el distrito”.
El proyecto Remeros Beach es un complejo de 18 hectáreas que tiene en el medio una laguna de aguas cristalinas y arena blanca. La altura de los lujosos edificios de departamentos que rodean la laguna alcanza los 22 pisos. Estos valores son superiores a lo permitido por la normativa para la zona, que según Ugo es “de humedales, por lo que la construcción no podía llevarse a cabo a menos que el Concejo Deliberante aprobara la excepción a la norma, que se dio de forma automática y sin debate”.
Según el presidente del bloque del FpV, “el intendente ya aprobó la factibilidad del uso del suelo sin realizar ningún tipo de estudio de impacto ambiental”. Esta obra, que ya comenzó pese a que faltan instancias de aprobación, “afectará los bañados y humedales naturales de la zona, que absorben naturalmente el agua durante las inundaciones”. En lugar de zona de desagüe, Rincón de Milberg se convertirá, según Ugo, en “una muralla de cemento que impedirá la absorción del agua durante las lluvias y las sudestadas, por lo que complicará todavía más la problemática de las inundaciones que ya afectan a una gran porción del distrito”.
En el lugar, que está ubicado a la vera del Camino de los Remeros que conecta Tigre y Rincón de Milberg, “hace meses comenzaron los movimientos de la tierra del predio. Además, los departamentos ya se encuentran a la venta a través de la página web de la empresa Vizora Desarrollos Inmobiliarios”, contó a este diario Ugo.
Con la excepción al Código aprobada en el Concejo se autorizó a elevar la altura máxima de construcción, que era de 9 metros, para permitir el desarrollo de torres de hasta 22 pisos. Esto implica el cambio de categoría como apto para residencias.
“Una vez más, el Frente Renovador demuestra ser un resabio de la política de los ’90, aplicando proyectos de urbanismo neoliberal. Ellos confunden el progreso con estos emprendimientos inmobiliarios lujosos y exclusivos para unos pocos”, aseguró el jefe de bloque de concejales del FpV.
En la sesión, el FR argumentó que el proyecto ayudará a paliar el problema de déficit habitacional que hay en el distrito: “Tigre necesita viviendas, por eso vamos a aprobar esta ordenanza”, expresaron desde el massismo. “Es vergonzoso, este complejo está destinado a un estrato social de gran poder adquisitivo y no a aquellos que tienen verdaderos problemas habitacionales”, criticó Ugo y añadió que “desde el FPV no estamos en contra del progreso del distrito” pero este tipo de emprendimientos que “abundan en Tigre, llevan a la fragmentación urbana y refuerzan este modo injusto de gobernar que tiene el massismo”.
Además, agregó que en el distrito “tenemos miles de familias que sufren la falta de tierra, la falta de vivienda y ven crecer a sus hijos en asentamientos sin urbanizar. Noso- tros queremos un crecimiento con equilibrio y con igualdad”.
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Proponen prohibir desmontes en terrenos indígenas
Proponen prohibir desmontes en territorios y reservas indígenas del Chaco
Fecha de Publicación: 11/06/2015
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El legislador justicialista Orlando Charole presentó un proyecto de ley para prohibir por tiempo indeterminado actividades de desmonte y explotación forestal en territorios y tierras reservadas para las comunidades Qom, Wichí y Moqoit.
El diputado Orlando Charole es autor del proyecto de Ley 1769/15 que propicia “la protección, recuperación, y el mejoramiento del bosque nativo en los territorios y tierras reservadas a los pueblos indígenas Qom, Wichí y Moqoit en la provincia del Chaco, para que en un marco de desarrollo sostenible, el bosque cumpla con sus funciones ambientales, sociales y económicas, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades Indígenas”.
De sancionarse y promulgarse la ley, y por tiempo indeterminado, se prohibiría en los territorios y tierras reservadas, realizar actividades de deforestación, desmonte y explotación forestal en todas sus formas. En ese sentido, se pretende encomendar a La Subsecretaria de Recursos Naturales del Ministerio de Producción conjuntamente con la Dirección de Bosques, la realización de un Inventario Forestal en estos territorios y reservas indígenas.
Dicho inventario deberá reflejar la cantidad de recursos forestales existentes y no explotados a la vigencia de esta ley, determinando así la efectividad de la presente disposición normativa y la evolución de la superficie de bosques en estos territorios.
La iniciativa pretende prohibir la emisión de permisos; licencias, autorizaciones o cualquier otra modalidad de documento jurídicamente valido, que ampare la transformación, alteración o conversión de los bosques nativos que se encuentren dentro del territorio reservado a los pueblos indígenas, sin la participación previa de las comunidades afectadas.
En los fundamentos, el autor explica que “el deterioro constante del hábitat en que viven las comunidades indígenas producto de la extracción abusiva de su recurso forestal constituye uno de los fenómenos de su histórica explotación, condenándolos al trabajo forzado y desvinculándolo de todos los derechos y garantías laborales como originario de América” y que “el daño ecológico ocasionado a la madre tierra desde la conquista hasta la actualidad de manera sistemática y abusiva en todas sus formas, no fue llevado a cabo por los pueblos originarios sino por grupos imperialistas, terratenientes y saqueadores disfrazados de empresarios que a toda costa emprenden sus objetivos en complicidad con los organismos del estado, que terminan con la destrucción de los bosques y toda otra especie maderable irremplazable por muchos años como el algarrobo, quebracho blanco y colorado, lapacho, jacarandá y otras especies”.
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Fecha de Publicación: 11/06/2015
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El legislador justicialista Orlando Charole presentó un proyecto de ley para prohibir por tiempo indeterminado actividades de desmonte y explotación forestal en territorios y tierras reservadas para las comunidades Qom, Wichí y Moqoit.
El diputado Orlando Charole es autor del proyecto de Ley 1769/15 que propicia “la protección, recuperación, y el mejoramiento del bosque nativo en los territorios y tierras reservadas a los pueblos indígenas Qom, Wichí y Moqoit en la provincia del Chaco, para que en un marco de desarrollo sostenible, el bosque cumpla con sus funciones ambientales, sociales y económicas, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades Indígenas”.
De sancionarse y promulgarse la ley, y por tiempo indeterminado, se prohibiría en los territorios y tierras reservadas, realizar actividades de deforestación, desmonte y explotación forestal en todas sus formas. En ese sentido, se pretende encomendar a La Subsecretaria de Recursos Naturales del Ministerio de Producción conjuntamente con la Dirección de Bosques, la realización de un Inventario Forestal en estos territorios y reservas indígenas.
Dicho inventario deberá reflejar la cantidad de recursos forestales existentes y no explotados a la vigencia de esta ley, determinando así la efectividad de la presente disposición normativa y la evolución de la superficie de bosques en estos territorios.
La iniciativa pretende prohibir la emisión de permisos; licencias, autorizaciones o cualquier otra modalidad de documento jurídicamente valido, que ampare la transformación, alteración o conversión de los bosques nativos que se encuentren dentro del territorio reservado a los pueblos indígenas, sin la participación previa de las comunidades afectadas.
En los fundamentos, el autor explica que “el deterioro constante del hábitat en que viven las comunidades indígenas producto de la extracción abusiva de su recurso forestal constituye uno de los fenómenos de su histórica explotación, condenándolos al trabajo forzado y desvinculándolo de todos los derechos y garantías laborales como originario de América” y que “el daño ecológico ocasionado a la madre tierra desde la conquista hasta la actualidad de manera sistemática y abusiva en todas sus formas, no fue llevado a cabo por los pueblos originarios sino por grupos imperialistas, terratenientes y saqueadores disfrazados de empresarios que a toda costa emprenden sus objetivos en complicidad con los organismos del estado, que terminan con la destrucción de los bosques y toda otra especie maderable irremplazable por muchos años como el algarrobo, quebracho blanco y colorado, lapacho, jacarandá y otras especies”.
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Neuquén tiene su propio Riachuelo
Neuquén tiene su propio Riachuelo: el arroyo Durán
Fecha de Publicación: 11/06/2015
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Pese a las bajas temperaturas registradas durante esta semana, los vecinos de los barrios 30 de Octubre y Río Grande no salen del asombro ante el olor nauseabundo que despide el arroyo Durán desde hace al menos diez días. Es una situación comparable, dicen, a la del Riachuelo de Buenos Aires a causa de la contaminación y a lo putrefacto de las aguas. Esto afecta a los habitantes de estos puntos de la capital, que tuvieron que modificar en parte su modo de vida: algunos ya optan por no abrir las ventanas.
Denuncian que los efectos de la contaminación son insoportables, no sólo a la vera del arroyo, sino a unos 150 o 200 metros a ambos márgenes, desde la calle Gatica y hasta la Avenida Olascoaga.
“Dos organismos son los principales responsables: EPAS y Recursos Hídricos. No tienen que esperar a que nosotros hagamos las denuncias, ellos tienen que tener rutinas de control, sería lo normal de cualquier institución”, se lamentó Manuel Beroisa, vecino del barrio Río Grande.
Reclaman que se retome el proyecto integral de saneamiento que fue elaborado hace unos años en base a estudios del arroy,o pero que aún no se trató ni en la comisión de Medio Ambiente de la Legislatura provincial.
Beroisa explicó que los vecinos de los barrios Limay, 30 de Octubre, Río Grande e incluso Valentina Sur Rural hasta hace unos años participaban de una mesa de seguimiento de la situación del arroyo junto con los organismos provinciales, municipales y de la UNCo. Eso derivó en la necesidad de contar con un estudio integral, que establezca un proyecto para que se realicen las obras.
“Ese proyecto fue licitado en su momento y concluido en el 2011. La empresa Proar es la que terminó el estudio integral del arroyo Durán, con varias propuestas de obras, una de ellas que no requiere de gran inversión, son las zonas llamadas fuelles, receptoras de crecidas de agua, grandes depósitos de agua, hay una prevista para detrás de las 127 hectáreas de alrededor de 2 hectáreas”, señaló.
Recordó que, en su momento, la concreción de las obras, puentes incluidos, requería una inversión de 300 millones de pesos.
Beroisa se lamentó que esa mesa de trabajo permanente se haya disuelto. “No hacen relevamiento ni control. Estamos atrapados en medio de una situación ambiental compleja. Es peor que el Riachuelo, he estado ahí y el agua por lo menos corre, acá no, está detenida y es un caldo de cultivo”, aseguró.
María Mercedes Nosera puntualizó que cuando “eventualmente limpian” el Durán, “lo hacen mal” ya que ha sectores que no quedan sujetos a las tareas. “Limpian con dragas, van socavando las orillas y no en el medio, toda esa basura que queda depositada en el centro del arroyo, con un poco de agua que corra, vuelve otra vez a ensuciarlo”, apuntó.
Recordó que hace unos tres meses hicieron una limpieza ante precipitaciones inminentes, un retoque que estuvo lejos de ser la solución de fondo.
Los vecinos no sólo denunciaron el deterioro de las condiciones ambientales en las que se encuentran las zonas aledañas al arroyo, sino también la de ellos mismos.
“Sigo el comportamiento del arroyo porque vivo en frente, hay mucha fauna, y desde que está esta situación hay aves que desaparecieron. Nos costó identificar que ese olor venía del agua, estuve buscando animales muertos, que pensé que eran los causantes”, señaló Anahí Bembribe.
La mujer contó que está cansada de mantener las ventanas cerradas porque se les impregna la casa de un olor sulfuroso, “como a huevo podrido”.
“El agua permanece estancada, y a esto se agrega la falta de mantenimiento. Lamentablemente es un arroyo que está muy supeditado a la acción del EPAS y de Recursos Hídricos quienes no actúan eficientemente”, manifestó.
Los vecinos pugnan porque sea tratado el proyecto con el fin de obtener la partida presupuestaria necesaria, al tiempo que considera la posibilidad pedir la intervención de la Defensoría del Pueblo.
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Fecha de Publicación: 11/06/2015
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Pese a las bajas temperaturas registradas durante esta semana, los vecinos de los barrios 30 de Octubre y Río Grande no salen del asombro ante el olor nauseabundo que despide el arroyo Durán desde hace al menos diez días. Es una situación comparable, dicen, a la del Riachuelo de Buenos Aires a causa de la contaminación y a lo putrefacto de las aguas. Esto afecta a los habitantes de estos puntos de la capital, que tuvieron que modificar en parte su modo de vida: algunos ya optan por no abrir las ventanas.
Denuncian que los efectos de la contaminación son insoportables, no sólo a la vera del arroyo, sino a unos 150 o 200 metros a ambos márgenes, desde la calle Gatica y hasta la Avenida Olascoaga.
“Dos organismos son los principales responsables: EPAS y Recursos Hídricos. No tienen que esperar a que nosotros hagamos las denuncias, ellos tienen que tener rutinas de control, sería lo normal de cualquier institución”, se lamentó Manuel Beroisa, vecino del barrio Río Grande.
Reclaman que se retome el proyecto integral de saneamiento que fue elaborado hace unos años en base a estudios del arroy,o pero que aún no se trató ni en la comisión de Medio Ambiente de la Legislatura provincial.
Beroisa explicó que los vecinos de los barrios Limay, 30 de Octubre, Río Grande e incluso Valentina Sur Rural hasta hace unos años participaban de una mesa de seguimiento de la situación del arroyo junto con los organismos provinciales, municipales y de la UNCo. Eso derivó en la necesidad de contar con un estudio integral, que establezca un proyecto para que se realicen las obras.
“Ese proyecto fue licitado en su momento y concluido en el 2011. La empresa Proar es la que terminó el estudio integral del arroyo Durán, con varias propuestas de obras, una de ellas que no requiere de gran inversión, son las zonas llamadas fuelles, receptoras de crecidas de agua, grandes depósitos de agua, hay una prevista para detrás de las 127 hectáreas de alrededor de 2 hectáreas”, señaló.
Recordó que, en su momento, la concreción de las obras, puentes incluidos, requería una inversión de 300 millones de pesos.
Beroisa se lamentó que esa mesa de trabajo permanente se haya disuelto. “No hacen relevamiento ni control. Estamos atrapados en medio de una situación ambiental compleja. Es peor que el Riachuelo, he estado ahí y el agua por lo menos corre, acá no, está detenida y es un caldo de cultivo”, aseguró.
María Mercedes Nosera puntualizó que cuando “eventualmente limpian” el Durán, “lo hacen mal” ya que ha sectores que no quedan sujetos a las tareas. “Limpian con dragas, van socavando las orillas y no en el medio, toda esa basura que queda depositada en el centro del arroyo, con un poco de agua que corra, vuelve otra vez a ensuciarlo”, apuntó.
Recordó que hace unos tres meses hicieron una limpieza ante precipitaciones inminentes, un retoque que estuvo lejos de ser la solución de fondo.
Los vecinos no sólo denunciaron el deterioro de las condiciones ambientales en las que se encuentran las zonas aledañas al arroyo, sino también la de ellos mismos.
“Sigo el comportamiento del arroyo porque vivo en frente, hay mucha fauna, y desde que está esta situación hay aves que desaparecieron. Nos costó identificar que ese olor venía del agua, estuve buscando animales muertos, que pensé que eran los causantes”, señaló Anahí Bembribe.
La mujer contó que está cansada de mantener las ventanas cerradas porque se les impregna la casa de un olor sulfuroso, “como a huevo podrido”.
“El agua permanece estancada, y a esto se agrega la falta de mantenimiento. Lamentablemente es un arroyo que está muy supeditado a la acción del EPAS y de Recursos Hídricos quienes no actúan eficientemente”, manifestó.
Los vecinos pugnan porque sea tratado el proyecto con el fin de obtener la partida presupuestaria necesaria, al tiempo que considera la posibilidad pedir la intervención de la Defensoría del Pueblo.
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Chubut duplicó la superficie de conservación
El Gobierno logró en la actual gestión duplicar el porcentaje de hectáreas bajo conservación en Chubut
Fecha de Publicación: 11/06/2015
Fuente: Gobierno de Chubut
Provincia/Región: Chubut
Lo destacaron los representantes de Chubut que participaron en el Congreso Nacional de Administradores de Áreas Protegidas en San Juan. Diez representantes de la Secretaría de Turismo y Áreas Protegidas participaron del evento nacional.
Un equipo de 10 representantes, entre guardafaunas y miembros del equipo técnico de la Secretaría de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut, participó en San Juan del “Congreso Nacional de Administradores de Áreas Protegidas”, donde disertó el director general de Conservación de la Provincia del Chubut, Juan Arcidiácono.
Al respecto, Arcidiácono manifestó: “Chubut estuvo presente disertando sobre educación ambiental e interpretación del patrimonio como estrategia de pre-gestión de un área protegida, donde estuvimos exponiendo sobre el sistema de Áreas Protegidas de Chubut y el Plan de Conservación”.
Y destacó que “en esta gestión de Gobierno ya logramos duplicar el porcentaje de hectáreas bajo conservación, de un 6,2 a un 13,5%, y estamos con proyectos en curso que nos permitirían llegar al 30% antes de fin de año”.
Además, Arcidiácono señaló: “Más allá del número significativo, tener figuras de conservación y reconocimientos internacionales implica la posibilidad de desarrollar turística y económicamente las áreas. Un caso emblemático que tenemos en Chubut y que expusimos en San Juan fue el del Área Protegida Los Altares, en zona de Meseta, ya que a partir de la creación del área han surgido nuevos proyectos como alojamientos, emprendimientos gastronómicos o circuitos turísticos. Hoy la localidad se está preparando para recibir a los turistas y han visto un gran crecimiento en poco más de un año”.
Además valoró que “el secretario de Turismo Carlos Zonza Nigro y el gobernador Martín Buzzi han tomado a la conservación como el gran factor de desarrollo de la industria del turismo y esto se materializa en la creación de nuevas áreas protegidas, en las postulaciones ante la UNESCO para crear reservas de biósfera, en la actualización de reglamentaciones, entre otras acciones”.
Los miembros de la Secretaría de Turismo de Chubut que participaron fueron: Marcelo Franco, Oscar Ferrería, Patricio Ledesma, Paula Ciraolo, Matías Tricase, Santiago Sosa, Marcia Rafael, Raúl Cretón y Marcelo Antonin, quienes luego del Congreso realizaron una visita al Valle de la Luna donde evaluaron cuestiones vinculadas al manejo y conservación del área protegida.
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Fecha de Publicación: 11/06/2015
Fuente: Gobierno de Chubut
Provincia/Región: Chubut
Lo destacaron los representantes de Chubut que participaron en el Congreso Nacional de Administradores de Áreas Protegidas en San Juan. Diez representantes de la Secretaría de Turismo y Áreas Protegidas participaron del evento nacional.
Un equipo de 10 representantes, entre guardafaunas y miembros del equipo técnico de la Secretaría de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut, participó en San Juan del “Congreso Nacional de Administradores de Áreas Protegidas”, donde disertó el director general de Conservación de la Provincia del Chubut, Juan Arcidiácono.
Al respecto, Arcidiácono manifestó: “Chubut estuvo presente disertando sobre educación ambiental e interpretación del patrimonio como estrategia de pre-gestión de un área protegida, donde estuvimos exponiendo sobre el sistema de Áreas Protegidas de Chubut y el Plan de Conservación”.
Y destacó que “en esta gestión de Gobierno ya logramos duplicar el porcentaje de hectáreas bajo conservación, de un 6,2 a un 13,5%, y estamos con proyectos en curso que nos permitirían llegar al 30% antes de fin de año”.
Además, Arcidiácono señaló: “Más allá del número significativo, tener figuras de conservación y reconocimientos internacionales implica la posibilidad de desarrollar turística y económicamente las áreas. Un caso emblemático que tenemos en Chubut y que expusimos en San Juan fue el del Área Protegida Los Altares, en zona de Meseta, ya que a partir de la creación del área han surgido nuevos proyectos como alojamientos, emprendimientos gastronómicos o circuitos turísticos. Hoy la localidad se está preparando para recibir a los turistas y han visto un gran crecimiento en poco más de un año”.
Además valoró que “el secretario de Turismo Carlos Zonza Nigro y el gobernador Martín Buzzi han tomado a la conservación como el gran factor de desarrollo de la industria del turismo y esto se materializa en la creación de nuevas áreas protegidas, en las postulaciones ante la UNESCO para crear reservas de biósfera, en la actualización de reglamentaciones, entre otras acciones”.
Los miembros de la Secretaría de Turismo de Chubut que participaron fueron: Marcelo Franco, Oscar Ferrería, Patricio Ledesma, Paula Ciraolo, Matías Tricase, Santiago Sosa, Marcia Rafael, Raúl Cretón y Marcelo Antonin, quienes luego del Congreso realizaron una visita al Valle de la Luna donde evaluaron cuestiones vinculadas al manejo y conservación del área protegida.
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