Fumigadores también fumigados
Fumigadores cordobeses tienen la salud alterada
Fecha de Publicación: 13/06/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La exposición a agroquímicos genera síntomas y una tasa de hospitalización más alta de lo habitual. Sólo un tercio de los agroaplicadores usa la protección adecuada y apenas el 14% trabaja con una receta prescripta por un profesional.
Al menos unos cinco mil cordobeses tienen como principal actividad la fumigación terrestre en la provincia. Su contacto con estos productos es directo y deben tomar medidas de seguridad. Un estudio epidemiológico realizado por investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba y el Conicet determinó que esta población presenta riesgos en su salud por el mal manejo de los pesticidas.
Este informe fue publicado en diferentes revistas científicas como Cadernos de Saude Publica de la Fundación Oswaldo Cruz (Brasil) y en el sitio on line Intech, entre otros.
Los problemas de salud son manifestados por los propios agroaplicadores entrevistados y también están en sus genes, según análisis realizados por los científicos con el consentimiento de trabajadores.
Los investigadores, dirigidos por María Pilar Díaz, encuestaron a unos dos mil agroaplicadores y a una proporción de ellos se les realizó una extracción de sangre para estudios bioquímicos y genéticos.
Del análisis de estos datos, se desprende que sólo un tercio de los agroaplicadores utiliza los elementos de protección personal adecuados y un 14 por ciento fumiga sin protección.
También determinaron ?que es frecuente el uso de maquinaria que no posee una cabina sellada ni un filtro de aire. Una buen proporción (36 por ciento) también utiliza una mochila para fumigar.
Sólo 14 por ciento fumiga con receta fitosanitaria firmada por un ingeniero agrónomo, tal como lo exige la ley provincial 9.164. La falta de esta documentación presupone una mala administración de los productos.
A su vez, uno de cada 10 fumigadores no realiza el triple lavado de los envases de pesticidas vacíos, como lo exige la norma. Y sólo 10,5 por ciento participa de un programa para asegurar la correcta disposición final de estos envases. En muchos casos, son quemados, enterrados o vueltos a usar.
Todas estas acciones ocasionan problemas en la salud de estos trabajadores, pero también son riesgosas para otros y para el ambiente. “No usan guantes, botas o mascarillas el tiempo adecuado. Por un lado, está lo que el individuo hace, pero también hay un contexto laboral”, comenta Mariana Butinof, integrante del grupo. Detalla, por ejemplo, que estos trabajadores deberían poder cambiarse la ropa y ducharse antes de volver a su hogar. Y tener un lugar para lavar su ropa de trabajo, separada del resto.
“Eso requiere de una infraestructura que supera las prácticas individuales. Hay que trabajar a diferentes niveles para mejorar las prácticas”, señala.
Además, hay diferencias por región. En el sur y sudeste provincial, con más tradición agrícola, a veces son los propios productores quienes realizan las fumigaciones y utilizan menos protección. En el norte cordobés, en la zona de la expansión de la frontera agrícola, las aplicaciones son realizadas por empleados de empresas.
“Las grandes empresas optimizan el uso de los plaguicidas y controlan más; por lo tanto, detectamos mayores niveles de protección”, detalla Butinof.
Síntomas
Los agroaplicadores reportaron fatiga, cansancio, nervios, depresión, dolores de cabeza, mareos, vértigo y sudor excesivo luego de realizar su tarea, en niveles que van del 13 al 52 por ciento. “La exposición a agroquímicos representa un riesgo para la salud y esto se observa en los agroaplicadores”, asegura Díaz.
Según las autoras, es una población con una mayor carga de enfermedad que la de adultos varones de Córdoba. Un indicador robusto del estado de salud de una población es su tasa de hospitalización. En los adultos varones de Córdoba, esa cifra es del 0,34 por ciento. Entre los agroaplicadores, es del 5,4 por ciento, 15 veces más alta.
“También comparamos a este grupo con personas de las mismas localidades que no están expuestas laboralmente. Los agroaplicadores tienen mayor carga de enfermedad y un nivel de alteración en los resultados bioquímicos más alto”, comenta Butinof.
Sonia Muñoz, también integrante del equipo, explica que en los análisis bioquímicos lograron vincular la intensidad de exposición a agroquímicos con una mayor inhibición de enzimas. “Los agroaplicadores también tienen más daños genéticos”, asegura. Determinaron daño genético a partir de marcadores tempranos, como micronúcleos y aberraciones cromosómicas.
“En general, las personas estamos acostumbradas a trabajar hasta que nos sentimos enfermos. En estos casos, cuando la persona se siente enferma ya está bastante enferma. Estos indicadores tempranos sirven para que se tomen medidas de cuidado antes de que la persona enferme”, apunta Muñoz.
La idea es realizar un seguimiento de esta población. “Cuando se estudia la salud de los trabajadores, sucede lo que se conoce como el sesgo del trabajador sano. Las personas que están trabajando, que son las que nosotros estamos analizando, son personas sanas. Los enfermos no están trabajando. De todos modos, el hecho de encontrar indicadores tempranos que a lo largo de los años terminan por generar cáncer, nos da algunas pistas”, explica Butinof.
En tanto, Díaz agrega: “A nivel internacional, hay pruebas de que los agroquímicos pueden provocar cáncer. Para Córdoba aún no tenemos pruebas. En EE.UU. hay trabajos epidemiológicos que registran la aparición de algunos cánceres”.
Críticas a la legislación
Para los investigadores, la Provincia debería mejorar la legislación sobre agroquímicos y ejercer mejores controles.
Distancia. “La legislación se queda corta en algunos aspectos y hay que profundizar los controles. Por ejemplo, hay que revisar la distancia entre los campos que se pueden fumigar y las poblaciones”, sostiene Díaz. Butinof apunta que los municipios deberían incorporar una zona de resguardo ambiental.
Limitación. “La ley 9.164 es limitada desde esta perspectiva. Establece una distancia de 500 metros para los agroquímicos que se aplican en forma terrestre. La mayoría de la población vive a menos de 500 metros. Pero también hay otros factores a tener en cuenta, como los vientos, la temperatura y la volatilidad de los productos” sostiene.
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Fecha de Publicación: 13/06/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La exposición a agroquímicos genera síntomas y una tasa de hospitalización más alta de lo habitual. Sólo un tercio de los agroaplicadores usa la protección adecuada y apenas el 14% trabaja con una receta prescripta por un profesional.
Al menos unos cinco mil cordobeses tienen como principal actividad la fumigación terrestre en la provincia. Su contacto con estos productos es directo y deben tomar medidas de seguridad. Un estudio epidemiológico realizado por investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba y el Conicet determinó que esta población presenta riesgos en su salud por el mal manejo de los pesticidas.
Este informe fue publicado en diferentes revistas científicas como Cadernos de Saude Publica de la Fundación Oswaldo Cruz (Brasil) y en el sitio on line Intech, entre otros.
Los problemas de salud son manifestados por los propios agroaplicadores entrevistados y también están en sus genes, según análisis realizados por los científicos con el consentimiento de trabajadores.
Los investigadores, dirigidos por María Pilar Díaz, encuestaron a unos dos mil agroaplicadores y a una proporción de ellos se les realizó una extracción de sangre para estudios bioquímicos y genéticos.
Del análisis de estos datos, se desprende que sólo un tercio de los agroaplicadores utiliza los elementos de protección personal adecuados y un 14 por ciento fumiga sin protección.
También determinaron ?que es frecuente el uso de maquinaria que no posee una cabina sellada ni un filtro de aire. Una buen proporción (36 por ciento) también utiliza una mochila para fumigar.
Sólo 14 por ciento fumiga con receta fitosanitaria firmada por un ingeniero agrónomo, tal como lo exige la ley provincial 9.164. La falta de esta documentación presupone una mala administración de los productos.
A su vez, uno de cada 10 fumigadores no realiza el triple lavado de los envases de pesticidas vacíos, como lo exige la norma. Y sólo 10,5 por ciento participa de un programa para asegurar la correcta disposición final de estos envases. En muchos casos, son quemados, enterrados o vueltos a usar.
Todas estas acciones ocasionan problemas en la salud de estos trabajadores, pero también son riesgosas para otros y para el ambiente. “No usan guantes, botas o mascarillas el tiempo adecuado. Por un lado, está lo que el individuo hace, pero también hay un contexto laboral”, comenta Mariana Butinof, integrante del grupo. Detalla, por ejemplo, que estos trabajadores deberían poder cambiarse la ropa y ducharse antes de volver a su hogar. Y tener un lugar para lavar su ropa de trabajo, separada del resto.
“Eso requiere de una infraestructura que supera las prácticas individuales. Hay que trabajar a diferentes niveles para mejorar las prácticas”, señala.
Además, hay diferencias por región. En el sur y sudeste provincial, con más tradición agrícola, a veces son los propios productores quienes realizan las fumigaciones y utilizan menos protección. En el norte cordobés, en la zona de la expansión de la frontera agrícola, las aplicaciones son realizadas por empleados de empresas.
“Las grandes empresas optimizan el uso de los plaguicidas y controlan más; por lo tanto, detectamos mayores niveles de protección”, detalla Butinof.
Síntomas
Los agroaplicadores reportaron fatiga, cansancio, nervios, depresión, dolores de cabeza, mareos, vértigo y sudor excesivo luego de realizar su tarea, en niveles que van del 13 al 52 por ciento. “La exposición a agroquímicos representa un riesgo para la salud y esto se observa en los agroaplicadores”, asegura Díaz.
Según las autoras, es una población con una mayor carga de enfermedad que la de adultos varones de Córdoba. Un indicador robusto del estado de salud de una población es su tasa de hospitalización. En los adultos varones de Córdoba, esa cifra es del 0,34 por ciento. Entre los agroaplicadores, es del 5,4 por ciento, 15 veces más alta.
“También comparamos a este grupo con personas de las mismas localidades que no están expuestas laboralmente. Los agroaplicadores tienen mayor carga de enfermedad y un nivel de alteración en los resultados bioquímicos más alto”, comenta Butinof.
Sonia Muñoz, también integrante del equipo, explica que en los análisis bioquímicos lograron vincular la intensidad de exposición a agroquímicos con una mayor inhibición de enzimas. “Los agroaplicadores también tienen más daños genéticos”, asegura. Determinaron daño genético a partir de marcadores tempranos, como micronúcleos y aberraciones cromosómicas.
“En general, las personas estamos acostumbradas a trabajar hasta que nos sentimos enfermos. En estos casos, cuando la persona se siente enferma ya está bastante enferma. Estos indicadores tempranos sirven para que se tomen medidas de cuidado antes de que la persona enferme”, apunta Muñoz.
La idea es realizar un seguimiento de esta población. “Cuando se estudia la salud de los trabajadores, sucede lo que se conoce como el sesgo del trabajador sano. Las personas que están trabajando, que son las que nosotros estamos analizando, son personas sanas. Los enfermos no están trabajando. De todos modos, el hecho de encontrar indicadores tempranos que a lo largo de los años terminan por generar cáncer, nos da algunas pistas”, explica Butinof.
En tanto, Díaz agrega: “A nivel internacional, hay pruebas de que los agroquímicos pueden provocar cáncer. Para Córdoba aún no tenemos pruebas. En EE.UU. hay trabajos epidemiológicos que registran la aparición de algunos cánceres”.
Críticas a la legislación
Para los investigadores, la Provincia debería mejorar la legislación sobre agroquímicos y ejercer mejores controles.
Distancia. “La legislación se queda corta en algunos aspectos y hay que profundizar los controles. Por ejemplo, hay que revisar la distancia entre los campos que se pueden fumigar y las poblaciones”, sostiene Díaz. Butinof apunta que los municipios deberían incorporar una zona de resguardo ambiental.
Limitación. “La ley 9.164 es limitada desde esta perspectiva. Establece una distancia de 500 metros para los agroquímicos que se aplican en forma terrestre. La mayoría de la población vive a menos de 500 metros. Pero también hay otros factores a tener en cuenta, como los vientos, la temperatura y la volatilidad de los productos” sostiene.
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