ACUMAR relocaliza pobladores de la Villa 21-24
08:59 | 
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ACUMAR comenzó a relocalizar las primeras familias de la Villa 21-24
Fecha de Publicación: 18/09/2013
Fuente: Portal Contacto Político
Provincia/Región: Riachuelo
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), en un operativo conjunto con el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, comenzó esta mañana a relocalizar a las primeras 50 familias de la Villa 21-24.
CABA, martes 17 de septiembre de 2013. El operativo se enmarca en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo, que contempla de manera prioritaria la relocalización de las familias que viven en las márgenes del Riachuelo, ocupando el Camino de Sirga, y que se encuentran en riesgo ambiental y de salud.
Las primeras 50 familias que vivían en las adyacencias de las calles Pedro Luján y Zabaletta comenzaron esta mañana la mudanza, que se desarrollará en forma paulatina a lo largo de la semana, hacia el complejo habitacional de Castañares y General Paz, en el barrio de Mataderos.
Hoy se relocalizaron 18 familias que esta noche podrán dormir en sus nuevas viviendas, con todos los servicios.
La relocalización de la Villa 21-24 es una de las últimas que se realizan en el marco del Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo y la más grande en número de familias, ya que en total deberán mudarse más de 1300 familias. A la fecha se relocalizaron 439 familias de las márgenes del Riachuelo en los municipios de Avellaneda, Lomas de Zamora, La Matanza y CABA.
En tanto, en los municipios de Avellaneda, Lomas de Zamora y La Matanza las relocalizaciones realizadas cumplieron con la liberación total del Camino de Sirga.
El programa de relocalizaciones forma parte del Plan Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos que lleva adelante el Gobierno Nacional y que prevé la construcción de soluciones habitacionales dentro y fuera de la cuenca.
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Fecha de Publicación: 18/09/2013
Fuente: Portal Contacto Político
Provincia/Región: Riachuelo
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), en un operativo conjunto con el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, comenzó esta mañana a relocalizar a las primeras 50 familias de la Villa 21-24.
CABA, martes 17 de septiembre de 2013. El operativo se enmarca en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo, que contempla de manera prioritaria la relocalización de las familias que viven en las márgenes del Riachuelo, ocupando el Camino de Sirga, y que se encuentran en riesgo ambiental y de salud.
Las primeras 50 familias que vivían en las adyacencias de las calles Pedro Luján y Zabaletta comenzaron esta mañana la mudanza, que se desarrollará en forma paulatina a lo largo de la semana, hacia el complejo habitacional de Castañares y General Paz, en el barrio de Mataderos.
Hoy se relocalizaron 18 familias que esta noche podrán dormir en sus nuevas viviendas, con todos los servicios.
La relocalización de la Villa 21-24 es una de las últimas que se realizan en el marco del Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo y la más grande en número de familias, ya que en total deberán mudarse más de 1300 familias. A la fecha se relocalizaron 439 familias de las márgenes del Riachuelo en los municipios de Avellaneda, Lomas de Zamora, La Matanza y CABA.
En tanto, en los municipios de Avellaneda, Lomas de Zamora y La Matanza las relocalizaciones realizadas cumplieron con la liberación total del Camino de Sirga.
El programa de relocalizaciones forma parte del Plan Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos que lleva adelante el Gobierno Nacional y que prevé la construcción de soluciones habitacionales dentro y fuera de la cuenca.
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Ley de Bosques: quinto año que no se cumple la ley
Aerolíneas pierde en 60 días el equivalente al desfinanciado fondo de protección de bosques
Fecha de Publicación: 17/09/2013
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Nacional
Así se desprende del Presupuesto oficial para 2014 que prevé destinar a dicho fondo apenas $ 230 millones. Éste año la línea aérea de bandera tendrá un déficit de $ 1432 millones. De esta forma se violaría por quinto año consecutivo la Ley de Bosques. La medida perjudica a las provincias más pobres del país.
El Gobierno nacional violará en 2014 por quinto año consecutivo lo establecido por la Ley 26.331 sancionada en 2007 -más conocida como Ley de Bosques- que dispone la creación de un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos en todo el país.
Así se desprende del proyecto de Ley de Presupuesto Nacional para el año próximo que comenzó a debatirse la semana pasada en la Cámara de Diputados y que asigna una partida para proteger los bosques de apenas $ 230 millones.
La cuestión es que, según pudo comentaron a La Política Online varios especialistas en el tema, el Presupuesto oficial del 2014 debería destinar una suma no menor a los $ 3400 millones para ese propósito.
Esto porque la Ley dispone que dicho fondo debe ser integrado por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto” y por “el 2% de las retenciones a las exportaciones agrícolas correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.
En este sentido, el 0,3% del Presupuesto Nacional 2014 equivale a un monto de $ 2578 millones, mientras que, en concepto de retenciones agroindustriales, deberían sumarse al menos otros $ 830 millones, según indica el sitio valorsoja.com.
“Con estos fondos que prevé el kirchnerismo no se podrá cubrir las necesidades de las provincias, y lo único que se va a lograr es que los propietarios sigan desmontando los campos para ponerlos en producción”, comentó a LPO el diputado Ricardo Buryaile.
Cabe mencionar que la Ley de Bosques tiene como objetivo compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial de las jurisdicciones, no puedan poner en producción los territorios en cuestión.
Para tener una idea de lo que significan los $ 230 millones que el Gobierno piensa destinar al fondo de conservación de bosques, cabe aclarar que en 2013 Aerolíneas Argentinas tendrá un déficit de $ 250 millones, según estimó Mariano Recalde.
Es decir, al tipo de cambio oficial actual -$ 5,73-, la aerolínea de bandera perderá este año unos $ 1432 millones (serían $ 3,9 millones por día que en tan solo dos meses o 60 días alcanza lo que se prevé destinar en un año a los bosques).
Incumplimiento sistemático
No es la primera vez que el Congreso violaría la Ley de Bosques: el Presupuesto 2010 implementó un Fondo de Conservación por $ 300 millones, cuando la asignación a las provincias debería haber sido de al menos $ 1300 millones.
En tanto, en 2011, al no haber Presupuesto Nacional (no fue aprobado ese año en el Congreso por la mayoría opositora), sólo hubiese correspondido aplicar al fondo la partida derivada de las retenciones agroindustriales (alrededor de $ 500 millones).
Finalmente, en 2012 y 2013 el fondo tendría que haber sido de alrededor de $ 2200 y $ 2600 millones respectivamente. Pero la Secretaría de Ambiente apenas pagó $ 97.5 millones en 2010, $ 218.5 millones en 2011 y $ 103.1 millones en 2012.
Por último, las provincias más perjudicadas por el incumplimiento de la norma son Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, cuyas administraciones están alineadas al kirchnerismo y aún no han hecho, ni lo harán, reclamo alguno.
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Fecha de Publicación: 17/09/2013
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Nacional
Así se desprende del Presupuesto oficial para 2014 que prevé destinar a dicho fondo apenas $ 230 millones. Éste año la línea aérea de bandera tendrá un déficit de $ 1432 millones. De esta forma se violaría por quinto año consecutivo la Ley de Bosques. La medida perjudica a las provincias más pobres del país.
El Gobierno nacional violará en 2014 por quinto año consecutivo lo establecido por la Ley 26.331 sancionada en 2007 -más conocida como Ley de Bosques- que dispone la creación de un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos en todo el país.
Así se desprende del proyecto de Ley de Presupuesto Nacional para el año próximo que comenzó a debatirse la semana pasada en la Cámara de Diputados y que asigna una partida para proteger los bosques de apenas $ 230 millones.
La cuestión es que, según pudo comentaron a La Política Online varios especialistas en el tema, el Presupuesto oficial del 2014 debería destinar una suma no menor a los $ 3400 millones para ese propósito.
Esto porque la Ley dispone que dicho fondo debe ser integrado por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto” y por “el 2% de las retenciones a las exportaciones agrícolas correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.
En este sentido, el 0,3% del Presupuesto Nacional 2014 equivale a un monto de $ 2578 millones, mientras que, en concepto de retenciones agroindustriales, deberían sumarse al menos otros $ 830 millones, según indica el sitio valorsoja.com.
“Con estos fondos que prevé el kirchnerismo no se podrá cubrir las necesidades de las provincias, y lo único que se va a lograr es que los propietarios sigan desmontando los campos para ponerlos en producción”, comentó a LPO el diputado Ricardo Buryaile.
Cabe mencionar que la Ley de Bosques tiene como objetivo compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial de las jurisdicciones, no puedan poner en producción los territorios en cuestión.
Para tener una idea de lo que significan los $ 230 millones que el Gobierno piensa destinar al fondo de conservación de bosques, cabe aclarar que en 2013 Aerolíneas Argentinas tendrá un déficit de $ 250 millones, según estimó Mariano Recalde.
Es decir, al tipo de cambio oficial actual -$ 5,73-, la aerolínea de bandera perderá este año unos $ 1432 millones (serían $ 3,9 millones por día que en tan solo dos meses o 60 días alcanza lo que se prevé destinar en un año a los bosques).
Incumplimiento sistemático
No es la primera vez que el Congreso violaría la Ley de Bosques: el Presupuesto 2010 implementó un Fondo de Conservación por $ 300 millones, cuando la asignación a las provincias debería haber sido de al menos $ 1300 millones.
En tanto, en 2011, al no haber Presupuesto Nacional (no fue aprobado ese año en el Congreso por la mayoría opositora), sólo hubiese correspondido aplicar al fondo la partida derivada de las retenciones agroindustriales (alrededor de $ 500 millones).
Finalmente, en 2012 y 2013 el fondo tendría que haber sido de alrededor de $ 2200 y $ 2600 millones respectivamente. Pero la Secretaría de Ambiente apenas pagó $ 97.5 millones en 2010, $ 218.5 millones en 2011 y $ 103.1 millones en 2012.
Por último, las provincias más perjudicadas por el incumplimiento de la norma son Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, cuyas administraciones están alineadas al kirchnerismo y aún no han hecho, ni lo harán, reclamo alguno.
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La terrible situación de los bosques cordobeses
No es lo mismo Córdoba sin bosque
Fecha de Publicación: 17/09/2013
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Córdoba
La última semana, hubo graves incendios en gran parte del noroeste y centro argentino, donde la provincia de Córdoba fue una de las más afectadas. Especialistas señalan que la deforestación de los últimos años incidió en el ciclo hidrológico, generando más sequías y un proceso creciente de desertificación.
Por otro lado, el fuego beneficiaría intereses económicos para extender la frontera agropecuaria y emprendimientos inmobiliarios sobre zonas protegidas como "amarillas" por el ordenamiento provincial de la Ley de Bosques. Hablamos al respecto con el biólogo Federico Kopta, referente de la Asociación Civil Foro Ambiental Córdoba.
En los últimos días, numerosos incendios se propagaron en Salta, Tucumán, San Luis, Neuquén, Río Negro, Jujuy y Mendoza. En Córdoba llegaron a abarcar casi la mitad de la provincia. Afortunadamente, para este fin de semana se esperan lluvias prolongadas y una baja en las temperaturas que ayudaría a aplacar los focos.
Desde una perspectiva ambiental, distintas voces señalaron que las causas principales de estos incendios -más allá de quien los haya iniciado- fueron los fuertes vientos y las sequías de los últimos meses, agravados por los desmontes y el monocultivo de árboles, soja y maíz. En este sentido es importante recordar que el Plan Agroalimentario tiene como meta aumentar un 50% la producción de granos para 2020, lo cual propiciaría una expansión de la superficie sembrada en detrimento de los bosques nativos del país.
Particularmente en Córdoba, el 70% de su territorio era bosque nativo y "en la actualidad, sólo queda aproximadamente el 5% la superficie original: cerca de 600.000 hectáreas", denunció Greenpeace en reclamo de una política provincial firme. El Gobernador José Manuel de la Sota, aseguró que "será difícil controlar las llamas si no hay lluvia". Pero una vez que se termine el incendio, ¿se soluciona realmente el problema?
Consecuencias. El biólogo Federico Kopta, referente de la Asociación Civil Foro Ambiental Córdoba, explicó a ComAmbiental que los bosques son importantes porque ayudan a regular el ciclo del agua, protegen el suelo de la erosión pluvial y actúan como esponjas recargando lentamente las napas subterráneas. Por eso, tras los incendios, "puede haber problemas de potabilización de agua" a la vez que la acumulación de sedimentos en los lagos podría hacer proliferar algas y luego aumentar la mortandad de peces.
Kopta aclaró también que la recuperación de los pastizales quemados tardará entre tres y cinco años, siempre que no se haya perdido suelo fértil y no haya quedado la roca al descubierto porque entonces el daño sería irreversible. En el caso de los bosques, puede tardar entre 30 y 50 años dependiendo del grado de afectación.
(I) Responsables. Las autoridades cordobesas presumen que hubo intencionalidad en varios de los focos ignífugos y hasta el momento hay doce detenidos. Las investigaciones deben avanzar, pero podrían no ser "locos incendiarios", sino actuar a conciencia para servir a un fin económico mayor. También debemos recordar que Córdoba sufre con mucha periodicidad incendios de este tipo.
En la línea de sospechas, el mes pasado el diario La Voz del Interior expuso una inconsistencia en los mapas de ordenamiento territorial de Córdoba en torno a los bosques categorizados como de "conservación intermedia" o "zona amarilla". El mapa de la Provincia marca una superficie de 4 millones de hectáreas que no se pueden desmontar sin autorización pertinente, mientras que el de la Secretaría de Ambiente de la Nación señala 400 mil hectáreas, es decir un 88% menos por proteger.
Otra irregularidad gira en torno a un decreto provincial cuestionado por organizaciones ambientalistas y ruralistas porque se firmó a espaldas de la ciudadanía y sin el trámite legislativo correspondiente. Además demoró más de 10 meses en publicarse en el boletín oficial, lo cual podría haber facilitado desmontes prohibidos por la Ley de Bosques.
Al respecto, el economista Antonio Brailovsky propuso que el Código Civil incorpore que la propiedad privada sea sobre un terreno "pero no del bosque" que pudiera haber sobre él. "El bosque nativo tiene que ser del Estado y a partir de allí, el Estado tiene que gestionar de qué manera se utiliza el bosque".
Por su parte, la Asamblea de Villa Giardino, Córdoba, compartió un comunicado movilizador. Este es un fragmento:
"La gravísima sequía se debe a una potente combinación de causas naturales y humanas, eso ya lo sabemos claramente. Sabemos también que nos queda menos bosque nativo provincial (casi nada) y que la continuación de los desmontes para sembrar soja o crear nuevos loteos es una política supuestamente “productiva”.
¿Por qué no se instalan más puestos de vigilancia y detección temprana de incendios? ¿Por qué no se les paga a los bomberos y se contrata más cantidad? ¿Por qué no frenamos el proceso de desertificación de la provincia y del país? Podemos hacerlo, si terminamos de entender que la democracia participativa se construye participando."
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Fecha de Publicación: 17/09/2013
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Córdoba
La última semana, hubo graves incendios en gran parte del noroeste y centro argentino, donde la provincia de Córdoba fue una de las más afectadas. Especialistas señalan que la deforestación de los últimos años incidió en el ciclo hidrológico, generando más sequías y un proceso creciente de desertificación.
Por otro lado, el fuego beneficiaría intereses económicos para extender la frontera agropecuaria y emprendimientos inmobiliarios sobre zonas protegidas como "amarillas" por el ordenamiento provincial de la Ley de Bosques. Hablamos al respecto con el biólogo Federico Kopta, referente de la Asociación Civil Foro Ambiental Córdoba.
En los últimos días, numerosos incendios se propagaron en Salta, Tucumán, San Luis, Neuquén, Río Negro, Jujuy y Mendoza. En Córdoba llegaron a abarcar casi la mitad de la provincia. Afortunadamente, para este fin de semana se esperan lluvias prolongadas y una baja en las temperaturas que ayudaría a aplacar los focos.
Desde una perspectiva ambiental, distintas voces señalaron que las causas principales de estos incendios -más allá de quien los haya iniciado- fueron los fuertes vientos y las sequías de los últimos meses, agravados por los desmontes y el monocultivo de árboles, soja y maíz. En este sentido es importante recordar que el Plan Agroalimentario tiene como meta aumentar un 50% la producción de granos para 2020, lo cual propiciaría una expansión de la superficie sembrada en detrimento de los bosques nativos del país.
Particularmente en Córdoba, el 70% de su territorio era bosque nativo y "en la actualidad, sólo queda aproximadamente el 5% la superficie original: cerca de 600.000 hectáreas", denunció Greenpeace en reclamo de una política provincial firme. El Gobernador José Manuel de la Sota, aseguró que "será difícil controlar las llamas si no hay lluvia". Pero una vez que se termine el incendio, ¿se soluciona realmente el problema?
Consecuencias. El biólogo Federico Kopta, referente de la Asociación Civil Foro Ambiental Córdoba, explicó a ComAmbiental que los bosques son importantes porque ayudan a regular el ciclo del agua, protegen el suelo de la erosión pluvial y actúan como esponjas recargando lentamente las napas subterráneas. Por eso, tras los incendios, "puede haber problemas de potabilización de agua" a la vez que la acumulación de sedimentos en los lagos podría hacer proliferar algas y luego aumentar la mortandad de peces.
Kopta aclaró también que la recuperación de los pastizales quemados tardará entre tres y cinco años, siempre que no se haya perdido suelo fértil y no haya quedado la roca al descubierto porque entonces el daño sería irreversible. En el caso de los bosques, puede tardar entre 30 y 50 años dependiendo del grado de afectación.
(I) Responsables. Las autoridades cordobesas presumen que hubo intencionalidad en varios de los focos ignífugos y hasta el momento hay doce detenidos. Las investigaciones deben avanzar, pero podrían no ser "locos incendiarios", sino actuar a conciencia para servir a un fin económico mayor. También debemos recordar que Córdoba sufre con mucha periodicidad incendios de este tipo.
En la línea de sospechas, el mes pasado el diario La Voz del Interior expuso una inconsistencia en los mapas de ordenamiento territorial de Córdoba en torno a los bosques categorizados como de "conservación intermedia" o "zona amarilla". El mapa de la Provincia marca una superficie de 4 millones de hectáreas que no se pueden desmontar sin autorización pertinente, mientras que el de la Secretaría de Ambiente de la Nación señala 400 mil hectáreas, es decir un 88% menos por proteger.
Otra irregularidad gira en torno a un decreto provincial cuestionado por organizaciones ambientalistas y ruralistas porque se firmó a espaldas de la ciudadanía y sin el trámite legislativo correspondiente. Además demoró más de 10 meses en publicarse en el boletín oficial, lo cual podría haber facilitado desmontes prohibidos por la Ley de Bosques.
Al respecto, el economista Antonio Brailovsky propuso que el Código Civil incorpore que la propiedad privada sea sobre un terreno "pero no del bosque" que pudiera haber sobre él. "El bosque nativo tiene que ser del Estado y a partir de allí, el Estado tiene que gestionar de qué manera se utiliza el bosque".
Por su parte, la Asamblea de Villa Giardino, Córdoba, compartió un comunicado movilizador. Este es un fragmento:
"La gravísima sequía se debe a una potente combinación de causas naturales y humanas, eso ya lo sabemos claramente. Sabemos también que nos queda menos bosque nativo provincial (casi nada) y que la continuación de los desmontes para sembrar soja o crear nuevos loteos es una política supuestamente “productiva”.
¿Por qué no se instalan más puestos de vigilancia y detección temprana de incendios? ¿Por qué no se les paga a los bomberos y se contrata más cantidad? ¿Por qué no frenamos el proceso de desertificación de la provincia y del país? Podemos hacerlo, si terminamos de entender que la democracia participativa se construye participando."
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Duros cuestionamientos a técnicos de IANIGLIA
Sostienen en Andalgalá que 'los técnicos del IANIGLIA son de quinta'
Fecha de Publicación: 17/09/2013
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Catamarca
Por la verificación de glaciares y ambiente periglaciar en el área de influencia del proyecto Agua Rica, según el cronograma que trajeron del trabajo realizado en los tres días que estuvieron en el cerro, relevaron apenas un 25 %, pero lo mas grave de la situación, es que "los Técnicos enviados por el IANIGLA, son de quinta" menciono, ya que la Bióloga y el Geógrafo que vinieron, son apenas Becarios, demostrando un despropósito total del Instituto, y que la profesional que realmente tendría que haber subido, es la Doctora Analía Ahumada, que finalmente "no subió y se fue".
Antes de dar comienzo a la caminata 199 en contra de la Minería a cielo abierto en Andalgalà alrededor de la Plaza Principal, el Profesor Roberto Cecenarro se dirigió a los asambleístas y expreso:
Con respecto a la escalada que realizaron los técnicos del IANIGLA a sectores del cerro Aconquija, Cecenarro menciono que el día jueves se reunieron en la Asamblea el Algarrobo con el Técnico Pablo Toranzo y Doctor Carlos Seara, (Comisión representante de la comuna en el relevamiento de Peri glaciares y Glaciares), para tener una idea precisa del trabajo realizado.
Dijo que no le sorprende lo sucedido con los Técnicos del IANIGLA, porque tenía en claro lo que finalmente aconteció. Por un lado, el descontento que poseían por el hecho de haber promovido a través del Concejo Deliberante y la Municipalidad de Andalgalà, "El pedido de que se cumpla la ley de presupuestos mínimos de la protección de Glaciares y de Ambiente Peri Glaciares", que vale destacar, fue inédito en el País, y eso "los puso locos" según dijo, para nosotros fue una fortaleza, demostrándoles así, la diferencia que tiene una comunidad que se moviliza y defiende su medio ambiente, a otras que se quedan calladas.
Cecenarro, al referirse a los técnicos del IANIGLA dijo "Demostraron estar molestos porque los estamos pinchando permanentemente, y a pesar de esta situación ellos siguen trabajando con el criterio de siempre, con la mentira, la complicidad del Gobierno Nacional , Provincial y la Empresas Mineras".
Según el cronograma que trajeron del trabajo realizado en los tres días que estuvieron en el cerro, relevaron apenas un 25 %, pero lo mas grave de la situación, es que "los Técnicos enviados por el IANIGLA, son de quinta" menciono, ya que la Bióloga y el Geógrafo que vinieron, son apenas Becarios, demostrando un despropósito total del Instituto, y que la profesional que realmente tendría que haber subido, es la Doctora Analía Ahumada, que finalmente "no subió y se fue".
"Nosotros como asamblea lo analizaremos e iniciaremos las Acciones Judiciales como corresponde, ya que esto estuvo peligrosamente planificado, los Técnicos del IANIGLA trajeron su cronograma basado exclusivamente en el tema de los Glaciares, que según conocemos apenas llega a un 2 %, desestimando lo que realmente nos importa a nosotros, la zona Peri Glaciar, que comprende aproximadamente un 70 % del total del territorio y es lo nos interesa y vamos a denunciar" aseveró Cecenarro.
"Desde la parte Judicial presentaremos una medida cautelar, para paralizar inmediatamente a la empresa minera, ya que arriba son prácticamente autopistas, infligiendo la ley, que en todo este tiempo no los autorizaba a trabajar, y según los técnicos enviados por la comuna, acompañando a los del Instituto en carácter de veedores, mencionaron haber visto muchísimos caminos rompiendo y cortando la zona peri glaciar y Glaciar, lo cual ya es un delito gravísimo, y esto está documentado y fotografiado, por lo cual nos movilizaremos para realizar las denuncias puntuales"
"El IANIGLA tiene la obligación de presentar el informe en el Municipio, que todavía no lo entregaron, porque según expresaron no tuvieron el tiempo necesario para terminarlo; la próxima semana estaría ya en condiciones de ser exhibido y con ese documento empezaremos las demandas de inmediato, no dejaremos pasar demasiado tiempo".
Dijo Cecenarro, "la base, la fuerza de la lucha es esto, la convocatoria, la movilización del pueblo y no callarse, y esto es lo que les molesta y que en su momento les dará un parate".
Finalmente invito para este próximo sábado, a la marcha Nº: 200, que marcará un icono de esta lucha, a partir de la Hora 19 en la plaza principal, donde menciono que actuarán varios artísticos locales y de otros puntos del País como Córdoba y La Rioja.
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Fecha de Publicación: 17/09/2013
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Catamarca
Por la verificación de glaciares y ambiente periglaciar en el área de influencia del proyecto Agua Rica, según el cronograma que trajeron del trabajo realizado en los tres días que estuvieron en el cerro, relevaron apenas un 25 %, pero lo mas grave de la situación, es que "los Técnicos enviados por el IANIGLA, son de quinta" menciono, ya que la Bióloga y el Geógrafo que vinieron, son apenas Becarios, demostrando un despropósito total del Instituto, y que la profesional que realmente tendría que haber subido, es la Doctora Analía Ahumada, que finalmente "no subió y se fue".
Antes de dar comienzo a la caminata 199 en contra de la Minería a cielo abierto en Andalgalà alrededor de la Plaza Principal, el Profesor Roberto Cecenarro se dirigió a los asambleístas y expreso:
Con respecto a la escalada que realizaron los técnicos del IANIGLA a sectores del cerro Aconquija, Cecenarro menciono que el día jueves se reunieron en la Asamblea el Algarrobo con el Técnico Pablo Toranzo y Doctor Carlos Seara, (Comisión representante de la comuna en el relevamiento de Peri glaciares y Glaciares), para tener una idea precisa del trabajo realizado.
Dijo que no le sorprende lo sucedido con los Técnicos del IANIGLA, porque tenía en claro lo que finalmente aconteció. Por un lado, el descontento que poseían por el hecho de haber promovido a través del Concejo Deliberante y la Municipalidad de Andalgalà, "El pedido de que se cumpla la ley de presupuestos mínimos de la protección de Glaciares y de Ambiente Peri Glaciares", que vale destacar, fue inédito en el País, y eso "los puso locos" según dijo, para nosotros fue una fortaleza, demostrándoles así, la diferencia que tiene una comunidad que se moviliza y defiende su medio ambiente, a otras que se quedan calladas.
Cecenarro, al referirse a los técnicos del IANIGLA dijo "Demostraron estar molestos porque los estamos pinchando permanentemente, y a pesar de esta situación ellos siguen trabajando con el criterio de siempre, con la mentira, la complicidad del Gobierno Nacional , Provincial y la Empresas Mineras".
Según el cronograma que trajeron del trabajo realizado en los tres días que estuvieron en el cerro, relevaron apenas un 25 %, pero lo mas grave de la situación, es que "los Técnicos enviados por el IANIGLA, son de quinta" menciono, ya que la Bióloga y el Geógrafo que vinieron, son apenas Becarios, demostrando un despropósito total del Instituto, y que la profesional que realmente tendría que haber subido, es la Doctora Analía Ahumada, que finalmente "no subió y se fue".
"Nosotros como asamblea lo analizaremos e iniciaremos las Acciones Judiciales como corresponde, ya que esto estuvo peligrosamente planificado, los Técnicos del IANIGLA trajeron su cronograma basado exclusivamente en el tema de los Glaciares, que según conocemos apenas llega a un 2 %, desestimando lo que realmente nos importa a nosotros, la zona Peri Glaciar, que comprende aproximadamente un 70 % del total del territorio y es lo nos interesa y vamos a denunciar" aseveró Cecenarro.
"Desde la parte Judicial presentaremos una medida cautelar, para paralizar inmediatamente a la empresa minera, ya que arriba son prácticamente autopistas, infligiendo la ley, que en todo este tiempo no los autorizaba a trabajar, y según los técnicos enviados por la comuna, acompañando a los del Instituto en carácter de veedores, mencionaron haber visto muchísimos caminos rompiendo y cortando la zona peri glaciar y Glaciar, lo cual ya es un delito gravísimo, y esto está documentado y fotografiado, por lo cual nos movilizaremos para realizar las denuncias puntuales"
"El IANIGLA tiene la obligación de presentar el informe en el Municipio, que todavía no lo entregaron, porque según expresaron no tuvieron el tiempo necesario para terminarlo; la próxima semana estaría ya en condiciones de ser exhibido y con ese documento empezaremos las demandas de inmediato, no dejaremos pasar demasiado tiempo".
Dijo Cecenarro, "la base, la fuerza de la lucha es esto, la convocatoria, la movilización del pueblo y no callarse, y esto es lo que les molesta y que en su momento les dará un parate".
Finalmente invito para este próximo sábado, a la marcha Nº: 200, que marcará un icono de esta lucha, a partir de la Hora 19 en la plaza principal, donde menciono que actuarán varios artísticos locales y de otros puntos del País como Córdoba y La Rioja.
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Operativos por desmontes ilegales en Chaco
Secuestran topadora que desmontaba casi 100 hectáreas en plena zona amarilla
Fecha de Publicación: 16/09/2013
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Una topadora que había desmontado sin permisos casi 100 hectáreas de monte en la zona norte de Los Frentones fue secuestrada por orden judicial ante un pedido de inspectores de la Dirección de Bosques del Chaco, que a partir de datos e imágenes satelitales determinaron la existencia de un desmonte y pidieron autorización al juzgado de Paz de esa localidad.
Con esa herramienta judicial en mano, procedieron a efectuar un allanamiento a un predio ubicado al norte de Los Frentones, en plena zona amarilla, que comprende sectores de bosques de mediano valor de conservación que, aunque puedan estar actualmente degradados, a través de acciones de restauración pueden alcanzar un valor alto de conservación, permitiendo un aprovechamiento sostenible, además del turismo y la investigación científica.
El portón de acceso estaba con candado, el que fue retirado al contar con una orden de allanamiento al predio.
Allí se procedió a inhabilitar una topadora, una D8 guardada en el galpón del establecimiento con la cual el titular de la misma (oriundo de la provincia de Buenos Aires) había desmontado sin permiso 95 hectáreas.
La zona amarilla comprende aproximadamente el 56 % de los bosques de la provincia, una gran superficie de 3.921.282 hectáreas, localizadas sobre todo en el Noroeste provincial, de las cuales 2.277.415 hectáreas corresponden a bosques a conservar por su tamaño, homogeneidad y ubicación geográfica. Estos bosques constituyen además un corredor biológico que abarca provincias limítrofes y áreas protegidas provinciales y nacionales.
En la provincia del Chaco hay un total de 417 topadoras de diferentes potencias que operan o están en condiciones de operar, según un informe al que tuvo acceso NORTE.
La presencia de topadoras en el Chaco ha sido siempre motivo de alarma en sectores ambientalistas, en tanto que desde las organizaciones que nuclean a los productores forestales se establece que forman parte del parque de maquinarias destinadas a la actividad del sector, en un marco regulado por los Estados provincial y nacional a través de sus distintos organismos como la Dirección de Bosques, responsable del otorgamiento de los permisos correspondientes.
De las 417 topadoras que hay en la provincia, 46 son de baja potencia, 252 son de mediana potencia y 119 son las de grandes dimensiones. Son, precisamente, las grandes maquinarias, son las que más daños hacen al suelo. Estas topadoras grandes no debieran trabajar ni en los desmontes, son muy pesadas para los suelos y poco maniobrables.
Por otra parte, los tractores con pala son 44 y se encuentran diseminados en distintos de la provincia del Chaco.
Las topadoras están distribuidas de esta manera: Tres Isletas y Juan José Castelli 7, Pampa del infierno 5, Sáenz Peña y Pampa del Indio 4, Los Frentones 3, Villa Berthet y Villa Río Bermejito 2 y Presidencia de la Plaza, Quitilipi, Taco Pozo, General San Martín, Charata, Las Poncheras, Colonia Elisa y Villa Ángela 1.
La producción forestal en la provincia sigue siendo uno de los fundamentos de la economía por su valor agregado, y tiene en sí misma diversas aplicaciones como la industria de la madera, la tánica, la producción de carbón vegetal y también la industria del mueble.
La existencia de permisos forestales de aprovechamiento, no obstante, no implica que no se estén realizando tareas de desmonte clandestinas, y prueba de ello, la misma Dirección de Bosques realizó números operativos, incluso junto a la Dirección de Trabajo, la AFIP y hasta la Dirección de Fauna con Gendarmería Nacional, según recordaron ayer desde el organismo que depende de la cartera de la Producción.
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Fecha de Publicación: 16/09/2013
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Una topadora que había desmontado sin permisos casi 100 hectáreas de monte en la zona norte de Los Frentones fue secuestrada por orden judicial ante un pedido de inspectores de la Dirección de Bosques del Chaco, que a partir de datos e imágenes satelitales determinaron la existencia de un desmonte y pidieron autorización al juzgado de Paz de esa localidad.
Con esa herramienta judicial en mano, procedieron a efectuar un allanamiento a un predio ubicado al norte de Los Frentones, en plena zona amarilla, que comprende sectores de bosques de mediano valor de conservación que, aunque puedan estar actualmente degradados, a través de acciones de restauración pueden alcanzar un valor alto de conservación, permitiendo un aprovechamiento sostenible, además del turismo y la investigación científica.
El portón de acceso estaba con candado, el que fue retirado al contar con una orden de allanamiento al predio.
Allí se procedió a inhabilitar una topadora, una D8 guardada en el galpón del establecimiento con la cual el titular de la misma (oriundo de la provincia de Buenos Aires) había desmontado sin permiso 95 hectáreas.
La zona amarilla comprende aproximadamente el 56 % de los bosques de la provincia, una gran superficie de 3.921.282 hectáreas, localizadas sobre todo en el Noroeste provincial, de las cuales 2.277.415 hectáreas corresponden a bosques a conservar por su tamaño, homogeneidad y ubicación geográfica. Estos bosques constituyen además un corredor biológico que abarca provincias limítrofes y áreas protegidas provinciales y nacionales.
En la provincia del Chaco hay un total de 417 topadoras de diferentes potencias que operan o están en condiciones de operar, según un informe al que tuvo acceso NORTE.
La presencia de topadoras en el Chaco ha sido siempre motivo de alarma en sectores ambientalistas, en tanto que desde las organizaciones que nuclean a los productores forestales se establece que forman parte del parque de maquinarias destinadas a la actividad del sector, en un marco regulado por los Estados provincial y nacional a través de sus distintos organismos como la Dirección de Bosques, responsable del otorgamiento de los permisos correspondientes.
De las 417 topadoras que hay en la provincia, 46 son de baja potencia, 252 son de mediana potencia y 119 son las de grandes dimensiones. Son, precisamente, las grandes maquinarias, son las que más daños hacen al suelo. Estas topadoras grandes no debieran trabajar ni en los desmontes, son muy pesadas para los suelos y poco maniobrables.
Por otra parte, los tractores con pala son 44 y se encuentran diseminados en distintos de la provincia del Chaco.
Las topadoras están distribuidas de esta manera: Tres Isletas y Juan José Castelli 7, Pampa del infierno 5, Sáenz Peña y Pampa del Indio 4, Los Frentones 3, Villa Berthet y Villa Río Bermejito 2 y Presidencia de la Plaza, Quitilipi, Taco Pozo, General San Martín, Charata, Las Poncheras, Colonia Elisa y Villa Ángela 1.
La producción forestal en la provincia sigue siendo uno de los fundamentos de la economía por su valor agregado, y tiene en sí misma diversas aplicaciones como la industria de la madera, la tánica, la producción de carbón vegetal y también la industria del mueble.
La existencia de permisos forestales de aprovechamiento, no obstante, no implica que no se estén realizando tareas de desmonte clandestinas, y prueba de ello, la misma Dirección de Bosques realizó números operativos, incluso junto a la Dirección de Trabajo, la AFIP y hasta la Dirección de Fauna con Gendarmería Nacional, según recordaron ayer desde el organismo que depende de la cartera de la Producción.
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Sistema de certificación de casas sustentables
Primer sistema argentino para certificar casas sustentables
Fecha de Publicación: 16/09/2013
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba
A través de mediciones valora el uso eficiente y racional del agua, la energía y los materiales. Pretende alcanzar prácticas de construcción adecuadas para el uso de los recursos no renovables. Esta semana presentan oficialmente la iniciativa.
Un grupo de arquitectos cordobeses creó el primer Sistema de Etiquetación Edilicia Sustentable del país. Se trata de una certificación que obtendrán aquellas viviendas que logren mediciones positivas respecto a seis aspectos, entre ellas eficiencia en el uso del agua, energía y materiales.
La iniciativa fue del equipo de Etiquetación del Instituto de Arquitectura Sustentable del Colegio de Arquitectos de la Provincia, que se planteó como objetivo fomentar prácticas profesionales adecuadas, un uso eficiente de los recursos no renovables y considerable ahorro de consumos.
A través de mediciones puntuales “se podrá conocer, por ejemplo, la performance energética de lo que se consume en un edificio y la eficiencia generalizada de dicha construcción”, explicó a Comercio y Justicia Edgardo Suárez, subdirector del equipo creador del sistema que será presentado oficialmente el próximo jueves 19 de septiembre en la sede colegial.
El sistema de clasificación, pionero en Argentina, medirá en principio nuevas edificaciones con fines de vivienda familiar, casas y edificios privados. En una segunda etapa avanzará sobre edificios públicos, como escuelas y hospitales.
Según definieron los arquitectos, el sistema evaluará la construcción en relación con seis etiquetas. Una de ellas es la energía, sobre la que evalúa la eficiencia del uso y también el empleo de recursos ilimitados, como el sol y el viento, para generar energía.
Otra medición a certificar es el agua. En este caso, mide la eficiencia del uso y además los métodos que se usaron para reutilizar las aguas grises y negras.
También valora los materiales empleados en la casa. Se indaga sobre qué productos se usaron para construir y qué recaudos tomó la empresa que los fabrica para no dañar el ambiente.
Asimismo, apunta a la selección del lugar donde se emplaza la obra; qué tipo de medidas de recuperación y conservación del medio se han aplicado, si se puso en valor el ambiente construido y cuál fue el grado de contaminación, entre otros.
La variable “calidad ambiental” también está en el protocolo. Mediante ella se estudia principalmente el nivel de confort térmico, acústico y lumínico que provee la vivienda a las personas que la habitan y al entorno que la circunda. Por último, la certificación mide cuáles son las buenas prácticas constructivas empleadas, cómo es el uso del edificio una vez que comienza a funcionar y analiza qué destino se le dio a los escombros, entre otros.
Simulador on line
Suárez señaló que en un principio los arquitectos podrán acceder a la aplicación de esta herramienta a través de una simulación on line que estará colgada en la página web www.colegio-arquitectos.com.ar Allí podrán verificar si el edificio que están construyendo alcanzará la certificación sustentable.
Finalmente, recalcó que la intención es generar que haya un mejoramiento en las prácticas de la construcción en Córdoba. Adelantó que aquellas viviendas que quieran certificar podrán hacerlo a un bajo costo (actualmente están fijándolo). Reconoció que en esta materia Argentina viene rezagada, ya que que en otros países -como España-, para otorgar el final de obra es obligatorio contar con la calificación del relevamiento energético sustentable.
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San Juan busca crear otra área protegida
Comenzaron los trabajos para sumar otra área protegida
Fecha de Publicación: 16/09/2013
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Se trata del predio donde ayer plantaron 18.000 árboles, en las márgenes del río San Juan desde el Puente de Alto de Sierra hacia el Este. La Secretaria de Medio Ambiente quiere tener una nueva área para el año que viene.
La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan ya comenzó con los trabajos para sumar una nueva área protegida en la provincia. Es que hay comenzaron a plantar unos 18.000 árboles sobre las márgenes del Río San Juan, desde el Puente de Alto de Sierra hacia el Este, en San Martín.
Raúl Tello explicó ante los medios que “nuestra intensión es sumar un pulmón verde más para la provincia. La idea es que esto sea un área protegida y que abarque todo el Río San Juan. Queremos mejorar paulatinamente las márgenes del río hasta llegar al bajo segura, donde queremos desarrollar un plan de trabajo”.
Por su parte, el director de arbolado público, Osvaldo Olmo, manifestó que “los ejemplares elegidos en esta ocasión son acacias, aguaribay y algarrobos; hubo además un trabajo de recuperación de especies como casuarinas, sauces y eucaliptus. La idea es convertir a la zona en un gran pulmón verde para los departamentos 9 de Julio, San Martín y Santa Lucía”, expresó el director.
Además, Raúl Tello, explicó que “la política de este gobierno es cuidar el agua y forestar. Este espacio será para recreación. La pretensión es que para el 2014 lleguemos al millón de especies plantadas”, concluyó el funcionario.
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Fecha de Publicación: 16/09/2013
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Se trata del predio donde ayer plantaron 18.000 árboles, en las márgenes del río San Juan desde el Puente de Alto de Sierra hacia el Este. La Secretaria de Medio Ambiente quiere tener una nueva área para el año que viene.
La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan ya comenzó con los trabajos para sumar una nueva área protegida en la provincia. Es que hay comenzaron a plantar unos 18.000 árboles sobre las márgenes del Río San Juan, desde el Puente de Alto de Sierra hacia el Este, en San Martín.
Raúl Tello explicó ante los medios que “nuestra intensión es sumar un pulmón verde más para la provincia. La idea es que esto sea un área protegida y que abarque todo el Río San Juan. Queremos mejorar paulatinamente las márgenes del río hasta llegar al bajo segura, donde queremos desarrollar un plan de trabajo”.
Por su parte, el director de arbolado público, Osvaldo Olmo, manifestó que “los ejemplares elegidos en esta ocasión son acacias, aguaribay y algarrobos; hubo además un trabajo de recuperación de especies como casuarinas, sauces y eucaliptus. La idea es convertir a la zona en un gran pulmón verde para los departamentos 9 de Julio, San Martín y Santa Lucía”, expresó el director.
Además, Raúl Tello, explicó que “la política de este gobierno es cuidar el agua y forestar. Este espacio será para recreación. La pretensión es que para el 2014 lleguemos al millón de especies plantadas”, concluyó el funcionario.
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Lo que tardará en recomoponerse las sierras cordobesas
30 años para resurguir de las cenizas
Fecha de Publicación: 15/09/2013
Fuente: Día a Día
Provincia/Región: Córdoba
Ése es el tiempo que llevará recuperar los matorrales perdidos por las llamas. En dos años recién el verde le ganará al negro.
“Que 20 años no es nada” reza la letra de un famoso tango. Sin embargo para las maltratadas sierras cordobesas, ese tiempo será una eternidad. Especialistas consultados calculan al menos 30 años para recuperar las especies de árboles perdidas en el incendio que arrasó más de 50 mil hectáreas de la provincia. Y al menos dos para que el verde de los pastizales comience a ganarle al tétrico negro de los incendios.
“Todo depende de la superficie quemada, de la temperatura alcanzada y de las especies de ese lugar. Por lo general, los pastizales son las especies que más rápido se recuperan, por su capacidad de adaptación. El problema son los árboles nativos, el suelo y el agua”, informa Federico Kopta, integrante del Foro Ambiental Córdoba.
El tiempo para recuperar lo perdido es una de las formas de calcular los daños. Es estimativo porque los incendios no son un evento ocasional en Córdoba. Ocurren todos los años, en distintas intensidades. Pero las estrategias de remediación deben comenzar ahora mismo, coinciden todos, para reducir el impacto de las pérdidas en los principales recursos que tiene la provincia.
El suelo es uno de ellos. Adriana Abril, doctora en Biología de la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), explica: “El fuego afecta la materia orgánica del suelo. Es toda la superficie que aporta los nutrientes para que la vegetación se desarrolle. Además de la fertilidad, es la que permite retener el agua de las lluvias. Sin este sustento, hay mayor peligro de inundación”.
La especialista dirigió trabajos que midieron el suelo en la zona de Chancaní. “Los datos provisorios indican que después de un incendio se pierde hasta dos centímetros de suelo. Con cada incendio, los suelos van perdiendo más su capacidad de producción”. Sembrar pastizales en esas superficies y evitar el ganado en áreas quemadas son soluciones que no pueden esperar (ver aparte).
Sin paraguas. Las llamas arrasan con todo lo que se les cruza en el camino. Troncos partidos y quemados son postales de la desolación. “La vegetación cumple muchas funciones en las sierras– agrega Kopta–. Evita que las gotas de lluvia impacten sobre el suelo y se disgreguen. Impide que el suelo sea arrasado, pendiente abajo. Y retiene el agua en las napas subterráneas para que tengamos provisión en estaciones secas”.
Para Ana Cingolani –doctora en Biología y miembro de la Cátedra de Biogeografía de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC– cuanto menos bosque, más chances de incendio. “Podríamos controlar la extensión de las llamas si armásemos cortinas con árboles nativos. El fuego tiende a evitar los bosques frondosos porque debajo de cada árbol hay vegetación que no son pastizales. El problema es que estas especies nunca alcanzan altura. Porque hay incendios cada dos por tres”.
Qué hacer
Sembrar pastizales autóctonos. Adriana Abril, doctora en Biología, recomienda desparramar semillas de pastizales para cubrir lo antes posible el suelo y evitar que éste se pierda. Una buena opción sería hacerlo mediante un avión. No se recomiendan pastizales exóticos.
Reforestar con especies autóctonas. Esto será posible recién después de haber recuperado la fertilidad del suelo. Ana Cingolani, doctora en Biología, recomienda sembrar especies autóctonas como molles, manzanilla de campo, tala y espinillos. Lo ideal es formar cortinas de árboles altos. Estos actúan como barrera ante los incendios.
Qué no hacer
Reforestar con especies exóticas. Los árboles que no son oriundos de esta región le quitan fuerza a los nativos. Crecen más rápido porque tienen menos plagas y compiten por el aire y el agua. No se recomienda reforestar con pinos. Sus raíces absorben mucha agua y la resina avivan las llamas de un incendio.
Permitir el pastoreo en zonas quemadas. Las vacas y otro tipo de ganado favorece la erosión del suelo. Primero, porque comen la materia orgánica que puede servir para recuperarlo. Y además, porque al pisarlo adelanta el proceso de erosión. Lo ideal sería suspender la ganadería en las zonas que han sido incendiadas.
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Fecha de Publicación: 15/09/2013
Fuente: Día a Día
Provincia/Región: Córdoba
Ése es el tiempo que llevará recuperar los matorrales perdidos por las llamas. En dos años recién el verde le ganará al negro.
“Que 20 años no es nada” reza la letra de un famoso tango. Sin embargo para las maltratadas sierras cordobesas, ese tiempo será una eternidad. Especialistas consultados calculan al menos 30 años para recuperar las especies de árboles perdidas en el incendio que arrasó más de 50 mil hectáreas de la provincia. Y al menos dos para que el verde de los pastizales comience a ganarle al tétrico negro de los incendios.
“Todo depende de la superficie quemada, de la temperatura alcanzada y de las especies de ese lugar. Por lo general, los pastizales son las especies que más rápido se recuperan, por su capacidad de adaptación. El problema son los árboles nativos, el suelo y el agua”, informa Federico Kopta, integrante del Foro Ambiental Córdoba.
El tiempo para recuperar lo perdido es una de las formas de calcular los daños. Es estimativo porque los incendios no son un evento ocasional en Córdoba. Ocurren todos los años, en distintas intensidades. Pero las estrategias de remediación deben comenzar ahora mismo, coinciden todos, para reducir el impacto de las pérdidas en los principales recursos que tiene la provincia.
El suelo es uno de ellos. Adriana Abril, doctora en Biología de la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), explica: “El fuego afecta la materia orgánica del suelo. Es toda la superficie que aporta los nutrientes para que la vegetación se desarrolle. Además de la fertilidad, es la que permite retener el agua de las lluvias. Sin este sustento, hay mayor peligro de inundación”.
La especialista dirigió trabajos que midieron el suelo en la zona de Chancaní. “Los datos provisorios indican que después de un incendio se pierde hasta dos centímetros de suelo. Con cada incendio, los suelos van perdiendo más su capacidad de producción”. Sembrar pastizales en esas superficies y evitar el ganado en áreas quemadas son soluciones que no pueden esperar (ver aparte).
Sin paraguas. Las llamas arrasan con todo lo que se les cruza en el camino. Troncos partidos y quemados son postales de la desolación. “La vegetación cumple muchas funciones en las sierras– agrega Kopta–. Evita que las gotas de lluvia impacten sobre el suelo y se disgreguen. Impide que el suelo sea arrasado, pendiente abajo. Y retiene el agua en las napas subterráneas para que tengamos provisión en estaciones secas”.
Para Ana Cingolani –doctora en Biología y miembro de la Cátedra de Biogeografía de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC– cuanto menos bosque, más chances de incendio. “Podríamos controlar la extensión de las llamas si armásemos cortinas con árboles nativos. El fuego tiende a evitar los bosques frondosos porque debajo de cada árbol hay vegetación que no son pastizales. El problema es que estas especies nunca alcanzan altura. Porque hay incendios cada dos por tres”.
Qué hacer
Sembrar pastizales autóctonos. Adriana Abril, doctora en Biología, recomienda desparramar semillas de pastizales para cubrir lo antes posible el suelo y evitar que éste se pierda. Una buena opción sería hacerlo mediante un avión. No se recomiendan pastizales exóticos.
Reforestar con especies autóctonas. Esto será posible recién después de haber recuperado la fertilidad del suelo. Ana Cingolani, doctora en Biología, recomienda sembrar especies autóctonas como molles, manzanilla de campo, tala y espinillos. Lo ideal es formar cortinas de árboles altos. Estos actúan como barrera ante los incendios.
Qué no hacer
Reforestar con especies exóticas. Los árboles que no son oriundos de esta región le quitan fuerza a los nativos. Crecen más rápido porque tienen menos plagas y compiten por el aire y el agua. No se recomienda reforestar con pinos. Sus raíces absorben mucha agua y la resina avivan las llamas de un incendio.
Permitir el pastoreo en zonas quemadas. Las vacas y otro tipo de ganado favorece la erosión del suelo. Primero, porque comen la materia orgánica que puede servir para recuperarlo. Y además, porque al pisarlo adelanta el proceso de erosión. Lo ideal sería suspender la ganadería en las zonas que han sido incendiadas.
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Otra causa que pone en riesgo a Pascua Lama
La otra batalla judicial que podría poner fin a Pascua Lama el proyecto de Barrick Gold
Fecha de Publicación: 15/09/2013
Fuente: El Ciudadano (Chile)
Provincia/Región: San Juan
A la ya conocida disputa ambiental que enfrenta este millonario proyecto minero, se suma ahora una contienda por la propiedad de algunas pertenencias mineras involucradas en éste. Ayer la abogada querellante en esta causa expuso los antecedentes ante la comisión investigadora de la Cámara.
“Este proyecto nos tiene acostumbrado a tantas irregularidades”, dice el diputado Enrique Accorsi (PPD), miembro de la comisión investigadora por el caso Pascua Lama, luego de que ayer la abogada Bárbara Salinas les expusiera sobre una arista más de los conflictos que afectan al proyecto minero, pero que se arrastra desde antes que en 2006 la Comisión Regional del Medio Ambiente de Atacama lo aprobara con más de 400 condiciones.
En diciembre de 1997, Chile y Argentina suscribieron el Tratado sobre Integración y Complementación Minera, que fue promulgado el 2000. En éste se establece un marco jurídico para regir el negocio minero en la frontera de ambos países. Luego, en 2004, firmaron un protocolo adicional al tratado para el proyecto Pascua Lama, en cuyos anexos se establecieron las concesiones que a noviembre de 2003 tenía Barrick Gold en cada país.
¿El problema? De las 193 concesiones de explotación de Minera Nevada Spa (subsidaria de Barrick Gold en Chile) que se incluyen en el anexo, 12 se encuentran en una disputa legal y desde el 2001 existe una medida precautoria dictada por el 14° Juzgado Civil de Santiago. Esta consiste en la prohibición de celebrar cualquier acto o contrato sobre ellas. Al día de hoy, sigue vigente, dice Salinas, que representa a la compañía canadiense Mountainstar Gold.
“Nadie puede ejercer derecho sobre un bien que está en disputa”, agrega, y asegura que pese a ello “Barrick o Minera Nevada Spa celebra un contrato, y lo más grave de todo, es que lo hace con el Estado de Chile”.
La abogada además explica que “Pascua Lama no solamente tiene serios problemas de carácter ambiental, sino además tiene un vicio de legalidad en su origen”, y esto “da lugar a anular” el protocolo que impulsó el proyecto. En junio pasado presentó una querella en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago por falsificación y/o uso malicioso de instrumento público.
“Minera Nevada Spa o sus representantes legales hicieron una declaración falsa al sostener que las pertenencias mineras son de su propiedad, en circunstancias que no lo son porque, a lo menos, están disputa”, sostiene la abogada, quien también tiene entre sus clientes a los accionistas minoritarios de La Polar.
La querella fue declarada admisible por la justicia y está siendo investigada por la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte.
La otra historia
Desde 2011, la canadiense Mountainstar Gold tiene un contrato de opción de compra respecto de las pertenencias mineras en disputa con Jorge Lopehandía, quien desde el 2001 está envuelto en un pleito legal con Minera Nevada por la propiedad de éstas. Esta causa fue tomada en 2011 por el abogado Juan Guillermo Torres, quien además, en julio del año pasado, presentó en el 23° Juzgado Civil de Santiago una demanda de nulidad de derecho público respecto del protocolo que impulsó Pascua Lama, donde comparece el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Si bien Barrick Gold aclara que no se pronuncia sobre procesos legales en curso, asegura, a través de una declaración a El Dínamo, que “nuestro silencio no debe ser malinterpretado”, ya que la compañía “confía” en el sistema legal chileno. Sostiene que cree “firmemente” que todas las acciones pendientes que “involucran al señor Jorge Lopehandía y Mountainstar Gold carecen de mérito”.
Asimismo, agrega que no pretende responder de forma continua al “permanente bombardeo de declaraciones falsas, inexactas y engañosas” emitidas por ambos, y prevé que a medida que la justicia se pronuncie “la posición de Barrick prevalecerá”.
Según los antecedentes recabados por Torres en los expedientes, Minera Nevada tendría desde 1978 unas concesiones mineras que sólo le permitirían explotar sustancias no metálicas en la comuna de Alto del Carmen, específicamente sales y nitratos. En 1996, su cliente Jorge Lopehandía decidió tramitar unas concesiones en ese mismo terreno, pero que sí le permitían explotar minerales metálicos, como oro, plata y cobre.
De haberse concretado, los dos habrían trabajado en el lugar, explica el abogado, y de acuerdo a la legislación de la época, en el caso de que Barrick hubiese extraído sustancias mineras metálicas, tendría que separarlas y Lopehandía debería haber pagado lo que correspondía por concepto de extracción.
Sin embargo, durante la tramitación de esas solicitudes, Torres asegura que Barrick se acercó a negociar con Lopehandía la compraventa de esas concesiones, y en 1997 celebraron un contrato por una suma, la que posteriormente no habría sido respetada. Por este motivo, se decidió buscar la nulidad del contrato de compraventa, argumentando que “existiría falta de precio”, lo que, explica el abogado, es un elemento esencial en un contrato de ese tipo.
Para evitar que las propiedades fueran transferidas a otra persona o empresa, lo primero que hizo Lopehandía fue presentar la medida precautoria que sigue vigente. Torres asegura que, para que se mantenga así, es porque “debe tener un trasfondo de hecho y jurídico importante”. El caso aún se está tramitando en la Corte de Apelaciones de Santiago y es probable que llegue a la Corte Suprema.
Respecto de la otra causa que lleva Torres, y donde busca la nulidad de derecho público del decreto que promulgó el protocolo de Pascua Lama, asegura que tras dejarlo sin efecto “se anula completamente porque está viciado el acto jurídico administrativo”. Consultado sobre esto, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) prefirió no hacer declaraciones.
La comisión investigadora
La abogada Bárbara Salinas, que representa a la canadiense Mountainstar Gold, cuenta que pidió comparecer ante la comisión investigadora de la Cámara, que preside el diputado Giovanni Calderón (UDI), para solicitarle que se hiciera cargo de estos antecedentes, ya que “no afecta solamente al medio ambiente sino que a la institucionalidad chilena”.
“Esto es un vicio de origen”, recalca Salinas, y asegura que quizás no tendría por qué estarse discutiendo si se revoca o no la calificación de autorización ambiental de Pascua Lama cuando “esto partió mal desde el inicio”.
La comisión solicitó una serie de oficios, entre ellos uno a la Superintendencia de Medioambiente (SMA), explica la abogada, para que informe por qué se aprobó la calificación ambiental en circunstancias que existen litigios pendientes. Asimismo, se acordó oficiar al Conservador de Minas de Vallenar para que informe quiénes serían los titulares de las pertenencias mineras.
Por su parte, el diputado Accorsi explicó que si bien la disputa de las propiedades es un tema entre privados, “los antecedentes que nos entregó nos preocupan mucho porque lo que ellos están diciendo es que los terrenos donde se está implementando la faena minera de Barrick no serían de Barrick”. Agrega que si esto resultara cierto “sería una tremenda gravedad para el proyecto”.
El diputado Calderón -que fue consultado por El Dínamo antes de que la abogada compareciera ante la comisión, pero que ella misma había puesto al tanto de los antecedentes- coincide que en que si se determina que las propiedades pertenecen a terceros “naturalmente que afectará el que Minera Nevada las siga explotando”.
Calderón sostiene que “si se cometió alguna irregularidad fue de las autoridades de la época que suscribieron una serie de documentos públicos, los que permitieron llevar adelante el proyecto. Pero hay que hablar en condicional porque nada de esto está probado”. Agrega que la intervención de las autoridades públicas se produce para la autorización de una serie de permisos sectoriales y medidas en el entendido que “Minera Nevada era la propietaria de los derechos”.
El recurso de protección
Ayer la abogada Salinas expuso además los antecedentes relativos al recurso de protección que presentó el lunes de la semana pasada contra Pascua Lama, en la Corte de Apelaciones de Copiapó, por la ejecución de 16 de obras que a, su juicio, no han sido autorizadas por la SMA.
La comisión también ofició a este organismo para que informe al respecto. Pese a que el recurso aún no ha sido acogido a trámite, el diputado Accorsi explica que “lo tuvimos presente como un antecedente más de toda estas supuestas irregularidades”.
Y agrega que fiscalizarán la respuesta dada por la SMA respecto si “dio permisos para hacer algunas faenas que no estaban contempladas en el dictamen de la Corte de Apelaciones, que fue bien clara respecto de lo que podían y no podían hacer”.
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Fecha de Publicación: 15/09/2013
Fuente: El Ciudadano (Chile)
Provincia/Región: San Juan
A la ya conocida disputa ambiental que enfrenta este millonario proyecto minero, se suma ahora una contienda por la propiedad de algunas pertenencias mineras involucradas en éste. Ayer la abogada querellante en esta causa expuso los antecedentes ante la comisión investigadora de la Cámara.“Este proyecto nos tiene acostumbrado a tantas irregularidades”, dice el diputado Enrique Accorsi (PPD), miembro de la comisión investigadora por el caso Pascua Lama, luego de que ayer la abogada Bárbara Salinas les expusiera sobre una arista más de los conflictos que afectan al proyecto minero, pero que se arrastra desde antes que en 2006 la Comisión Regional del Medio Ambiente de Atacama lo aprobara con más de 400 condiciones.
En diciembre de 1997, Chile y Argentina suscribieron el Tratado sobre Integración y Complementación Minera, que fue promulgado el 2000. En éste se establece un marco jurídico para regir el negocio minero en la frontera de ambos países. Luego, en 2004, firmaron un protocolo adicional al tratado para el proyecto Pascua Lama, en cuyos anexos se establecieron las concesiones que a noviembre de 2003 tenía Barrick Gold en cada país.
¿El problema? De las 193 concesiones de explotación de Minera Nevada Spa (subsidaria de Barrick Gold en Chile) que se incluyen en el anexo, 12 se encuentran en una disputa legal y desde el 2001 existe una medida precautoria dictada por el 14° Juzgado Civil de Santiago. Esta consiste en la prohibición de celebrar cualquier acto o contrato sobre ellas. Al día de hoy, sigue vigente, dice Salinas, que representa a la compañía canadiense Mountainstar Gold.
“Nadie puede ejercer derecho sobre un bien que está en disputa”, agrega, y asegura que pese a ello “Barrick o Minera Nevada Spa celebra un contrato, y lo más grave de todo, es que lo hace con el Estado de Chile”.
La abogada además explica que “Pascua Lama no solamente tiene serios problemas de carácter ambiental, sino además tiene un vicio de legalidad en su origen”, y esto “da lugar a anular” el protocolo que impulsó el proyecto. En junio pasado presentó una querella en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago por falsificación y/o uso malicioso de instrumento público.
“Minera Nevada Spa o sus representantes legales hicieron una declaración falsa al sostener que las pertenencias mineras son de su propiedad, en circunstancias que no lo son porque, a lo menos, están disputa”, sostiene la abogada, quien también tiene entre sus clientes a los accionistas minoritarios de La Polar.
La querella fue declarada admisible por la justicia y está siendo investigada por la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte.
La otra historia
Desde 2011, la canadiense Mountainstar Gold tiene un contrato de opción de compra respecto de las pertenencias mineras en disputa con Jorge Lopehandía, quien desde el 2001 está envuelto en un pleito legal con Minera Nevada por la propiedad de éstas. Esta causa fue tomada en 2011 por el abogado Juan Guillermo Torres, quien además, en julio del año pasado, presentó en el 23° Juzgado Civil de Santiago una demanda de nulidad de derecho público respecto del protocolo que impulsó Pascua Lama, donde comparece el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Si bien Barrick Gold aclara que no se pronuncia sobre procesos legales en curso, asegura, a través de una declaración a El Dínamo, que “nuestro silencio no debe ser malinterpretado”, ya que la compañía “confía” en el sistema legal chileno. Sostiene que cree “firmemente” que todas las acciones pendientes que “involucran al señor Jorge Lopehandía y Mountainstar Gold carecen de mérito”.
Asimismo, agrega que no pretende responder de forma continua al “permanente bombardeo de declaraciones falsas, inexactas y engañosas” emitidas por ambos, y prevé que a medida que la justicia se pronuncie “la posición de Barrick prevalecerá”.
Según los antecedentes recabados por Torres en los expedientes, Minera Nevada tendría desde 1978 unas concesiones mineras que sólo le permitirían explotar sustancias no metálicas en la comuna de Alto del Carmen, específicamente sales y nitratos. En 1996, su cliente Jorge Lopehandía decidió tramitar unas concesiones en ese mismo terreno, pero que sí le permitían explotar minerales metálicos, como oro, plata y cobre.
De haberse concretado, los dos habrían trabajado en el lugar, explica el abogado, y de acuerdo a la legislación de la época, en el caso de que Barrick hubiese extraído sustancias mineras metálicas, tendría que separarlas y Lopehandía debería haber pagado lo que correspondía por concepto de extracción.
Sin embargo, durante la tramitación de esas solicitudes, Torres asegura que Barrick se acercó a negociar con Lopehandía la compraventa de esas concesiones, y en 1997 celebraron un contrato por una suma, la que posteriormente no habría sido respetada. Por este motivo, se decidió buscar la nulidad del contrato de compraventa, argumentando que “existiría falta de precio”, lo que, explica el abogado, es un elemento esencial en un contrato de ese tipo.
Para evitar que las propiedades fueran transferidas a otra persona o empresa, lo primero que hizo Lopehandía fue presentar la medida precautoria que sigue vigente. Torres asegura que, para que se mantenga así, es porque “debe tener un trasfondo de hecho y jurídico importante”. El caso aún se está tramitando en la Corte de Apelaciones de Santiago y es probable que llegue a la Corte Suprema.
Respecto de la otra causa que lleva Torres, y donde busca la nulidad de derecho público del decreto que promulgó el protocolo de Pascua Lama, asegura que tras dejarlo sin efecto “se anula completamente porque está viciado el acto jurídico administrativo”. Consultado sobre esto, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) prefirió no hacer declaraciones.
La comisión investigadora
La abogada Bárbara Salinas, que representa a la canadiense Mountainstar Gold, cuenta que pidió comparecer ante la comisión investigadora de la Cámara, que preside el diputado Giovanni Calderón (UDI), para solicitarle que se hiciera cargo de estos antecedentes, ya que “no afecta solamente al medio ambiente sino que a la institucionalidad chilena”.
“Esto es un vicio de origen”, recalca Salinas, y asegura que quizás no tendría por qué estarse discutiendo si se revoca o no la calificación de autorización ambiental de Pascua Lama cuando “esto partió mal desde el inicio”.
La comisión solicitó una serie de oficios, entre ellos uno a la Superintendencia de Medioambiente (SMA), explica la abogada, para que informe por qué se aprobó la calificación ambiental en circunstancias que existen litigios pendientes. Asimismo, se acordó oficiar al Conservador de Minas de Vallenar para que informe quiénes serían los titulares de las pertenencias mineras.
Por su parte, el diputado Accorsi explicó que si bien la disputa de las propiedades es un tema entre privados, “los antecedentes que nos entregó nos preocupan mucho porque lo que ellos están diciendo es que los terrenos donde se está implementando la faena minera de Barrick no serían de Barrick”. Agrega que si esto resultara cierto “sería una tremenda gravedad para el proyecto”.
El diputado Calderón -que fue consultado por El Dínamo antes de que la abogada compareciera ante la comisión, pero que ella misma había puesto al tanto de los antecedentes- coincide que en que si se determina que las propiedades pertenecen a terceros “naturalmente que afectará el que Minera Nevada las siga explotando”.
Calderón sostiene que “si se cometió alguna irregularidad fue de las autoridades de la época que suscribieron una serie de documentos públicos, los que permitieron llevar adelante el proyecto. Pero hay que hablar en condicional porque nada de esto está probado”. Agrega que la intervención de las autoridades públicas se produce para la autorización de una serie de permisos sectoriales y medidas en el entendido que “Minera Nevada era la propietaria de los derechos”.
El recurso de protección
Ayer la abogada Salinas expuso además los antecedentes relativos al recurso de protección que presentó el lunes de la semana pasada contra Pascua Lama, en la Corte de Apelaciones de Copiapó, por la ejecución de 16 de obras que a, su juicio, no han sido autorizadas por la SMA.
La comisión también ofició a este organismo para que informe al respecto. Pese a que el recurso aún no ha sido acogido a trámite, el diputado Accorsi explica que “lo tuvimos presente como un antecedente más de toda estas supuestas irregularidades”.
Y agrega que fiscalizarán la respuesta dada por la SMA respecto si “dio permisos para hacer algunas faenas que no estaban contempladas en el dictamen de la Corte de Apelaciones, que fue bien clara respecto de lo que podían y no podían hacer”.
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Barrick Gold,
legislación y derecho ambiental,
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Pascua Lama,
San Juan
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Quieren conocer los datos del monitoreos a UPM
Piden al gobierno que gestione la difusión de los monitoreos a UPM
Fecha de Publicación: 14/09/2013
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Nacional
El bloque de diputados radicales solicitó al gobierno que gestione ante Nación la instrumentación de las medidas pertinentes para que la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) difunda los monitoreos del Comité Binacional.
Piden al gobierno que gestione la difusión de los monitoreos a UPM
Mediante el proyecto que ingresó en la sesión del martes, los legisladores buscan conocer el estado ambiental del cauce frente al funcionamiento de UPM (ex Botnia).
También pidieron al Ejecutivo entrerriano que “publique y actualice” en su sitio web toda la información disponible referida al programa de seguimiento de la pastera. Ingresó a Diputados un proyecto de resolución del radicalismo, donde se solicitó al Ejecutivo que gestione la instrumentación de las directivas pertinentes ante la delegación argentina en la CARU para que “haga pública toda la información ambiental obtenida por el Comité Científico Binacional”.
A su vez, se pidió que “publique y actualice” en su sitio oficial en Internet toda la información disponible referida al programa de seguimiento de UPM, tanto de sus efluentes líquidos como de las emisiones gaseosas y de las condiciones ambientales del río Uruguay, supo APF.
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Fecha de Publicación: 14/09/2013
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Nacional
El bloque de diputados radicales solicitó al gobierno que gestione ante Nación la instrumentación de las medidas pertinentes para que la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) difunda los monitoreos del Comité Binacional.Piden al gobierno que gestione la difusión de los monitoreos a UPM
Mediante el proyecto que ingresó en la sesión del martes, los legisladores buscan conocer el estado ambiental del cauce frente al funcionamiento de UPM (ex Botnia).
También pidieron al Ejecutivo entrerriano que “publique y actualice” en su sitio web toda la información disponible referida al programa de seguimiento de la pastera. Ingresó a Diputados un proyecto de resolución del radicalismo, donde se solicitó al Ejecutivo que gestione la instrumentación de las directivas pertinentes ante la delegación argentina en la CARU para que “haga pública toda la información ambiental obtenida por el Comité Científico Binacional”.
A su vez, se pidió que “publique y actualice” en su sitio oficial en Internet toda la información disponible referida al programa de seguimiento de UPM, tanto de sus efluentes líquidos como de las emisiones gaseosas y de las condiciones ambientales del río Uruguay, supo APF.
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La ONU firmó un acuerdo con San Juan sobre minería
Más controles sobre la minería
Fecha de Publicación: 14/09/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: San Juan
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmó un acuerdo con el gobierno de San Juan para que el organismo supranacional audite legal y ambientalmente cuatro emprendimientos mineros. La supervisión a cargo de los especialistas de la ONU se concentrará en los proyectos de Pascua Lama –todavía en construcción–, Veladero, Casposo y Gualcamayo. La primera etapa de las auditorías tomará 16 meses. Se trata de proyectos mineros desarrollados en la provincia que fueron cuestionados por diferentes organizaciones no gubernamentales y asambleas populares.
“Frente a quienes tienen dudas y hacen planteos, respondemos prendiendo todas las luces sobre esta actividad que ha permitido que San Juan sea la provincia que más creció en Argentina. A la duda sana le respondemos acordando con organismos pertenecientes a la ONU para que nos guíen en fortalecer el camino de controlar la actividad minera”, consideró el gobernador sanjuanino, José Luis Gioja. “No queremos esconder nada y estamos seguros de que trabajamos correctamente. Nos comprometemos a abrir todo para que todos vean y para que a través de este organismo mundial tengamos todos los datos que existen para ratificar que la minería que hacemos es riqueza transformada en desarrollo”, ponderó el mandatario provincial.
El objetivo del programa de auditorías es producir una evaluación de terceros sobre el desempeño de las operaciones en cumplimiento con los estándares ambientales y requisitos legales de la provincia de San Juan. El proyecto de evaluación de los emprendimientos mineros se llevará adelante en el marco del PNUD y requerirá la asistencia técnica y colaboración del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma). “Tengan la seguridad de que vamos a invertir todo nuestro esfuerzo y compromiso para asegurar estos servicios para que la gestión minera sea sostenible en San Juan”, afirmó la directora regional del Pnuma, Mara Murillo.
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Fecha de Publicación: 14/09/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: San Juan
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmó un acuerdo con el gobierno de San Juan para que el organismo supranacional audite legal y ambientalmente cuatro emprendimientos mineros. La supervisión a cargo de los especialistas de la ONU se concentrará en los proyectos de Pascua Lama –todavía en construcción–, Veladero, Casposo y Gualcamayo. La primera etapa de las auditorías tomará 16 meses. Se trata de proyectos mineros desarrollados en la provincia que fueron cuestionados por diferentes organizaciones no gubernamentales y asambleas populares.
“Frente a quienes tienen dudas y hacen planteos, respondemos prendiendo todas las luces sobre esta actividad que ha permitido que San Juan sea la provincia que más creció en Argentina. A la duda sana le respondemos acordando con organismos pertenecientes a la ONU para que nos guíen en fortalecer el camino de controlar la actividad minera”, consideró el gobernador sanjuanino, José Luis Gioja. “No queremos esconder nada y estamos seguros de que trabajamos correctamente. Nos comprometemos a abrir todo para que todos vean y para que a través de este organismo mundial tengamos todos los datos que existen para ratificar que la minería que hacemos es riqueza transformada en desarrollo”, ponderó el mandatario provincial.
El objetivo del programa de auditorías es producir una evaluación de terceros sobre el desempeño de las operaciones en cumplimiento con los estándares ambientales y requisitos legales de la provincia de San Juan. El proyecto de evaluación de los emprendimientos mineros se llevará adelante en el marco del PNUD y requerirá la asistencia técnica y colaboración del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma). “Tengan la seguridad de que vamos a invertir todo nuestro esfuerzo y compromiso para asegurar estos servicios para que la gestión minera sea sostenible en San Juan”, afirmó la directora regional del Pnuma, Mara Murillo.
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Gobierno de Salta reconoce desmontes fuera de ley
Ambiente de Salta reconoció que autoriza desmontes, contrariando Ley de Bosques
Fecha de Publicación: 13/09/2013
Fuente: FM Alba
Provincia/Región: Salta
El Secretario de Ambiente de Salta reconoció que autoriza desmontes donde la Ley de Bosques no lo permite, a solicitud de los terratenientes. Además, admitió que facilita el acceso a fondos para la protección de las escasas áreas que esos propietarios no deforestan, según un informe de Greenpeace difundido hoy jueves.
En una carta enviada a la Greenpeace, el titular de la cartera ambiental salteña; Gustavo Paul; reconoció que, a solicitud de los propietarios de las tierras, modifica lo establecido en la normativa nacional para aprobar desmontes en zonas protegidas. Además, informó que, como una parte de las fincas a desmontarse quedarán como reserva, los bosques remanentes “son sujetos de interés por parte de la aplicación de los fondos de la Ley de Bosques”. (1)
“El gobierno de Urtubey no sólo admite que autoriza desmontes donde la Ley no lo permite, sino que les facilita a los terratenientes desmontadores obtener dinero por los pocos bosques que dejan en pie. Esto es una verdadera estafa a las organizaciones sociales y al millón y medio de argentinos que impulsamos la sanción de la Ley de Bosques”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El envío del gobierno salteño fue en respuesta a un pedido de la organización para que no se autorice el desmonte de más de 7.000 hectáreas para ganadería intensiva en la finca La Peregrina: “No es aceptable que esta zona boscosa, excelente muestra de Chaco Seco, que fue categorizada como zona Amarilla, de manera inadvertida se convierta de la noche a la mañana en zona Verde al único fin de permitirse su destrucción”, expresaba el documento.
La finca, de 14.516 hectáreas, es propiedad del empresario uruguayo Bruno Mauricio Varela Marin; quien compró a mediados de 2007 (en plena discusión parlamentaria de la Ley de Bosques) a la compañía Cresud, una porción de la finca “Los Pozos”, de 262.000 hectáreas, ubicada al sur de la localidad de Rivadavia.
En un informe difundido recientemente Greenpeace demuestra, en base a datos oficiales, propios y de organizaciones sociales, que desde la sanción de la Ley de Bosques, a fines del 2007, en Salta se deforestaron más de 350.000 hectáreas, 100.000 en zonas protegidas, principalmente a causa de la expansión de la frontera agrícola y ganadera.
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Fecha de Publicación: 13/09/2013
Fuente: FM Alba
Provincia/Región: Salta
El Secretario de Ambiente de Salta reconoció que autoriza desmontes donde la Ley de Bosques no lo permite, a solicitud de los terratenientes. Además, admitió que facilita el acceso a fondos para la protección de las escasas áreas que esos propietarios no deforestan, según un informe de Greenpeace difundido hoy jueves.En una carta enviada a la Greenpeace, el titular de la cartera ambiental salteña; Gustavo Paul; reconoció que, a solicitud de los propietarios de las tierras, modifica lo establecido en la normativa nacional para aprobar desmontes en zonas protegidas. Además, informó que, como una parte de las fincas a desmontarse quedarán como reserva, los bosques remanentes “son sujetos de interés por parte de la aplicación de los fondos de la Ley de Bosques”. (1)
“El gobierno de Urtubey no sólo admite que autoriza desmontes donde la Ley no lo permite, sino que les facilita a los terratenientes desmontadores obtener dinero por los pocos bosques que dejan en pie. Esto es una verdadera estafa a las organizaciones sociales y al millón y medio de argentinos que impulsamos la sanción de la Ley de Bosques”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El envío del gobierno salteño fue en respuesta a un pedido de la organización para que no se autorice el desmonte de más de 7.000 hectáreas para ganadería intensiva en la finca La Peregrina: “No es aceptable que esta zona boscosa, excelente muestra de Chaco Seco, que fue categorizada como zona Amarilla, de manera inadvertida se convierta de la noche a la mañana en zona Verde al único fin de permitirse su destrucción”, expresaba el documento.
La finca, de 14.516 hectáreas, es propiedad del empresario uruguayo Bruno Mauricio Varela Marin; quien compró a mediados de 2007 (en plena discusión parlamentaria de la Ley de Bosques) a la compañía Cresud, una porción de la finca “Los Pozos”, de 262.000 hectáreas, ubicada al sur de la localidad de Rivadavia.
En un informe difundido recientemente Greenpeace demuestra, en base a datos oficiales, propios y de organizaciones sociales, que desde la sanción de la Ley de Bosques, a fines del 2007, en Salta se deforestaron más de 350.000 hectáreas, 100.000 en zonas protegidas, principalmente a causa de la expansión de la frontera agrícola y ganadera.
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Incendios y el otro drama: la fauna
Aguas Blancas: mataron un Yaguareté que buscaba refugio
Fecha de Publicación: 13/09/2013
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Los incendios forestales en el norte de Salta están haciendo estragos en la flora y en la fauna de la región. Un Yaguareté, al verse rodeado por el humo y el fuego que avanzaba sobre la zona donde se encontraba, bajó hasta el río Bermejo para tomar agua y refugiarse de los incendios. “El animal en un momento se puso violento y representaba una amenaza para los vecinos que tuvieron que sacrificarlo”, explicó la docente Mónica Ovejero, quien presenció todo lo sucedido.
Según comentó la maestra, los lugareños de fincas cercanas al río Bermejo observaron con asombro como el animal se acercaba a la zona urbana. Una vez que tomó agua se puso violento y esto hizo que los lugareños decidieran sacrificarlo. “Había otro igual, pero se ocultó en las inmediaciones” indicó un alumno del Colegio 5059 testigo del suceso. “Pero en cualquier momento va aparecer porque el incendio avanza”, señaló. La gente, ante esta situación, está atenta a la llegada de más animales de esta especie protegida.
“En la plaza veo dos tucanes”
Un médico del Hospital “Eva Perón” de Hipólito Yrigoyen se lamentó del daño que provoca en la salud de la gente el humo y el fuego por los incendios forestales, pero también sobre el medioambiente y la ecología.
Enrique Medina no sólo confirmaba el aumento de pacientes por esas causas apuntadas, sino que también lamentaba el daño que estos incendios provocan en el ecosistema de la región. “Desde mi consultorio veo dos tucanes en la plaza central”, dijo el profesional , confirmando los daños que está sufriendo la fauna silvestre. Se sabe que los tucanes abundan en el norte selvático de la provincia, pero es muy poco común verlos en una plaza pública en pleno centro de una ciudad, pero el fuego está haciendo que los animales busquen refugio en lugares más seguros.
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Fecha de Publicación: 13/09/2013
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Los incendios forestales en el norte de Salta están haciendo estragos en la flora y en la fauna de la región. Un Yaguareté, al verse rodeado por el humo y el fuego que avanzaba sobre la zona donde se encontraba, bajó hasta el río Bermejo para tomar agua y refugiarse de los incendios. “El animal en un momento se puso violento y representaba una amenaza para los vecinos que tuvieron que sacrificarlo”, explicó la docente Mónica Ovejero, quien presenció todo lo sucedido.Según comentó la maestra, los lugareños de fincas cercanas al río Bermejo observaron con asombro como el animal se acercaba a la zona urbana. Una vez que tomó agua se puso violento y esto hizo que los lugareños decidieran sacrificarlo. “Había otro igual, pero se ocultó en las inmediaciones” indicó un alumno del Colegio 5059 testigo del suceso. “Pero en cualquier momento va aparecer porque el incendio avanza”, señaló. La gente, ante esta situación, está atenta a la llegada de más animales de esta especie protegida.
“En la plaza veo dos tucanes”
Un médico del Hospital “Eva Perón” de Hipólito Yrigoyen se lamentó del daño que provoca en la salud de la gente el humo y el fuego por los incendios forestales, pero también sobre el medioambiente y la ecología.
Enrique Medina no sólo confirmaba el aumento de pacientes por esas causas apuntadas, sino que también lamentaba el daño que estos incendios provocan en el ecosistema de la región. “Desde mi consultorio veo dos tucanes en la plaza central”, dijo el profesional , confirmando los daños que está sufriendo la fauna silvestre. Se sabe que los tucanes abundan en el norte selvático de la provincia, pero es muy poco común verlos en una plaza pública en pleno centro de una ciudad, pero el fuego está haciendo que los animales busquen refugio en lugares más seguros.
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CSJ se declara incompetente por daño ambiental minero
Minería a Corte cerrada
Fecha de Publicación: 13/09/2013
Fuente: Diario Judicial
Provincia/Región: San Juan - Nacional
La Corte Suprema rechazó la competencia originaria para entender en un amparo por daño ambiental contra un proyecto minero en San Juan. Para el Máximo Tribunal, "procede en aquellos casos en que, además de una provincia, es parte un ciudadano extranjero siempre que se trate de una 'causa civil'".
Habitantes de la localidad de Santa Clara, departamento de Felipe Varela, Provincia de La Rioja, promovieron una demanda por daño ambiental colectivo contra Minas Argentinas S.A. (MASA), subsidiaria de la canadiense Yamana Gold, en su carácter de concesionaria de la explotación del proyecto minero denominado "Gualcamayo" ubicado en la Provincia de San Juan, y contra dicha Provincia, por ser la concedente.
Según los amparistas, la demandada practicaba minería "a cielo abierto", lo que, para ellos era una actividad "altamente riesgos a que conlleva de modo intrínseco la afectación del medio ambiente del área en que se sitúa por las descargas de residuos peligrosos que se producen en los recursos hídricos", entre otros males.
Los demandantes, además, señalaron que el foco de explotación se encontraba a diez kilómetros de la localidad riojana, lo que implicaría la contaminación de las aguas de las que se sirve la población para vivir.
Por último, solicitaron que se extienda la condena al holding de empresas que explotaba el emprendimiento minero, y requirieron a la Corte suprema que se avoque al conocimiento de la causa, al entender que el caso encuadraba dentro de las causales para la declaración de su competencia originaria.
En un fallo suscripto por los ministros Elena Highton, Carmen Argibay, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Santiago Petracchi, el Máximo Tribunal consignó que la causa "Flores Nuñez, Roberto Ramón c/ San Juan, Provincia de y otros s/ Daño ambiental", no se trataba de un caso que requiera su competencia originaria.
Los magistrados, en principio señalaron que "al ser la parte demandada una provincia y en atención a que el artículo 7°, segunda parte, de la LGA establece la competencia de los tribunales federales cuando la demanda trata sobre la afectación (degradación o contaminación) de 'recursos ambientales interjurisdiccionales'", debía examinarse, en primer lugar, si concurría este último supuesto.
Dado que, si se configurase, "sería la Corte Suprema el único tribunal federal competente". Ello, debido a que existía "una imposibilidad primaria de obligar a una provincia a comparecer ante los magistrados federales inferiores en razón de su investidura", siendo que esa restricción sólo cedería, cuando opera una prórroga de jurisdicción.
Para la Corte, el intento de fundar la competencia originaria en la Ley General de Ambiente, no podía prosperar ya que no bastaba "con la mera afirmación de una afectación ambiental interjurisdiccional. Debido a que "tal afirmación debe contar con algún respaldo en elementos objetivos que permitan al Tribunal formarse un juicio al respecto".
Para los integrantes del Tribunal "no se ha demostrado que la actividad desarrollada por las empresas demandadas pudiera afectar al ambiente más allá de los límites territoriales sanjuaninos".
El Tribunal señaló que tampoco se daba la otra causal de competencia originaria, la que "procede en aquellos casos en que, además de una provincia, es parte un ciudadano extranjero siempre que se trate de una 'causa civil'"
Ello, debido a que "se trata de un litigio que habrá de resolverse sobre la base de actos y normas que forman parte del derecho público provincial".
"En estos supuestos la distinta nacionalidad cede ante el principio superior de la autonomía provincial, de manera de no perturbar su administración interna", concluyó la Corte.
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Fecha de Publicación: 13/09/2013
Fuente: Diario Judicial
Provincia/Región: San Juan - Nacional
La Corte Suprema rechazó la competencia originaria para entender en un amparo por daño ambiental contra un proyecto minero en San Juan. Para el Máximo Tribunal, "procede en aquellos casos en que, además de una provincia, es parte un ciudadano extranjero siempre que se trate de una 'causa civil'".
Habitantes de la localidad de Santa Clara, departamento de Felipe Varela, Provincia de La Rioja, promovieron una demanda por daño ambiental colectivo contra Minas Argentinas S.A. (MASA), subsidiaria de la canadiense Yamana Gold, en su carácter de concesionaria de la explotación del proyecto minero denominado "Gualcamayo" ubicado en la Provincia de San Juan, y contra dicha Provincia, por ser la concedente.
Según los amparistas, la demandada practicaba minería "a cielo abierto", lo que, para ellos era una actividad "altamente riesgos a que conlleva de modo intrínseco la afectación del medio ambiente del área en que se sitúa por las descargas de residuos peligrosos que se producen en los recursos hídricos", entre otros males.
Los demandantes, además, señalaron que el foco de explotación se encontraba a diez kilómetros de la localidad riojana, lo que implicaría la contaminación de las aguas de las que se sirve la población para vivir.
Por último, solicitaron que se extienda la condena al holding de empresas que explotaba el emprendimiento minero, y requirieron a la Corte suprema que se avoque al conocimiento de la causa, al entender que el caso encuadraba dentro de las causales para la declaración de su competencia originaria.
En un fallo suscripto por los ministros Elena Highton, Carmen Argibay, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Santiago Petracchi, el Máximo Tribunal consignó que la causa "Flores Nuñez, Roberto Ramón c/ San Juan, Provincia de y otros s/ Daño ambiental", no se trataba de un caso que requiera su competencia originaria.
Los magistrados, en principio señalaron que "al ser la parte demandada una provincia y en atención a que el artículo 7°, segunda parte, de la LGA establece la competencia de los tribunales federales cuando la demanda trata sobre la afectación (degradación o contaminación) de 'recursos ambientales interjurisdiccionales'", debía examinarse, en primer lugar, si concurría este último supuesto.
Dado que, si se configurase, "sería la Corte Suprema el único tribunal federal competente". Ello, debido a que existía "una imposibilidad primaria de obligar a una provincia a comparecer ante los magistrados federales inferiores en razón de su investidura", siendo que esa restricción sólo cedería, cuando opera una prórroga de jurisdicción.
Para la Corte, el intento de fundar la competencia originaria en la Ley General de Ambiente, no podía prosperar ya que no bastaba "con la mera afirmación de una afectación ambiental interjurisdiccional. Debido a que "tal afirmación debe contar con algún respaldo en elementos objetivos que permitan al Tribunal formarse un juicio al respecto".
Para los integrantes del Tribunal "no se ha demostrado que la actividad desarrollada por las empresas demandadas pudiera afectar al ambiente más allá de los límites territoriales sanjuaninos".
El Tribunal señaló que tampoco se daba la otra causal de competencia originaria, la que "procede en aquellos casos en que, además de una provincia, es parte un ciudadano extranjero siempre que se trate de una 'causa civil'"
Ello, debido a que "se trata de un litigio que habrá de resolverse sobre la base de actos y normas que forman parte del derecho público provincial".
"En estos supuestos la distinta nacionalidad cede ante el principio superior de la autonomía provincial, de manera de no perturbar su administración interna", concluyó la Corte.
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Tucumán: denuncian desidia por agroquímicos
Niños envenenados con agrotóxicos en el Tucumán de Alperovich
Fecha de Publicación: 12/09/2013
Fuente: Contexto
Provincia/Región: Tucumán
La Fundación Ecológica Ave Fénix denunció una gravísima situación de contaminación y falta de agua que afecta a familias muy pobres en el paraje La Soledad, comuna Gobernador Piedrabuena, Burruyacu.
Gustavo Adolfo Masmud, presidente de la entidad, indicó que el pasado mes de julio realizaron un relevamiento en la zona, llegando a las siguientes conclusiones:
La población de La Soledad vive en unas diez viviendas al extremas precarias, en las que habitan más de un grupo familiar por cada casa, algunas de las cuales están a punto de caerse.
La población de La Soledad no posee servicios públicos básicos para todo ser humano, empezando por el agua. Por eso, están condenados a esperar que el delegado comunal Sergio Apestey les envíe agua.
La gente del lugar cuenta que los días jueves llega un camión cisterna llevando agua, “pero no todos los jueves”, puesto que a veces el delegado comunal parece olvidarse de La Soledad y el agua no aparece.
De esta manera, el delegado Apestey incumple su obligación legal de velar por la salud pública de estas personas, que además de vivir sumidos en las mayores carencias ni siquiera disponen de agua potable. Tampoco se ha previsto instalarles tanques Tinacos, para reservar el agua, que no pueden ser adquiridos por los pobladores.
“Esta total negligencia y abandono de personas por parte del Estado en la persona del delegado comunal llevó a que las familias no tuvieran más opción que utilizar como reservorios de agua para consumo los recipientes vacíos (o tal vez no) de agroquímicos que son utilizados en las fincas del lugar, y con los cuales se los fumiga a diario”, indicó Masmud.
“Grande y muy penosa fue nuestra sorpresa al ver en los patios de las precarias viviendas, a la intemperie, un total de 60 bidones blancos, celestes y oscuros de agroquímicos, llenos de agua para ser consumida por las familias.”
“Por el uso continuo, los recipientes ya no poseen los marbetes con la información necesaria con las que son vendidos a los productores. Los marbetes indican si los productos son altamente tóxicos. Todo indica que sí, porque estos bidones tienen grabadas en relieve las marcas, el nombre del producto y la advertencia de que su contenido es un veneno. También se advierte que la reutilización esta PROHIBIDA”, añadió Masmud.
“Ante la criminal negligencia del Delegado Comunal, decidimos intimarlo bajo apercibimiento de iniciar acciones legales si no cumplía lo encomendado, para que en forma inmediata reemplazara esos bidones por tanques de agua. La carta documento fue recibida por la Comuna el 9 de agosto de 2013, según el aviso de retorno.”
“El 1 de septiembre los integrantes de la Fundación se presentaron nuevamente en La Soledad para constatar si la Comuna había reemplazado esos bidones, sin embargo todo seguía igual.”
“La presencia de muchos chicos en edad escolar, 36 aproximadamente, en su mayoría niñas, y otros recién nacidos en el lugar hace que la situación sea de extrema gravedad. Esos envases que han contenido agrotóxicos no debían estar al alcance de nadie, porque no son reutilizables y mucho menos para acumular agua para consumo humano. Esto demuestra que la autoridad de aplicación de la normativa que es la Dirección de Agricultura está ausente como representante del Estado y como garante de Derechos Humanos”, afirmó Masmud.
“Lo mismo sucede con el comisionado rural de Gobernador Piedrabuena, Sergio Apestey, que siendo responsable de la salud pública de su pueblo, les deposita el agua para consumo humano en bidones que contenían agrotóxicos. El interrogante que surge es si la salud de la población, especialmente de los niños, niñas y mujeres, como así también, de las futuras generaciones o su descendencia, no estaría comprometida ya.”
“La situación de las familias de La Soledad como de muchas otras familias olvidadas en algún rincón de Tucumán, no está en la agenda del gobierno. Son discriminados por su situación social. Solo esperamos que esta vez se haga justicia por el bien de las generaciones presentes y futuras de esta localidad de nuestra provincia”, finalizó Masmud.
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Fecha de Publicación: 12/09/2013
Fuente: Contexto
Provincia/Región: Tucumán
La Fundación Ecológica Ave Fénix denunció una gravísima situación de contaminación y falta de agua que afecta a familias muy pobres en el paraje La Soledad, comuna Gobernador Piedrabuena, Burruyacu.Gustavo Adolfo Masmud, presidente de la entidad, indicó que el pasado mes de julio realizaron un relevamiento en la zona, llegando a las siguientes conclusiones:
La población de La Soledad vive en unas diez viviendas al extremas precarias, en las que habitan más de un grupo familiar por cada casa, algunas de las cuales están a punto de caerse.
La población de La Soledad no posee servicios públicos básicos para todo ser humano, empezando por el agua. Por eso, están condenados a esperar que el delegado comunal Sergio Apestey les envíe agua.
La gente del lugar cuenta que los días jueves llega un camión cisterna llevando agua, “pero no todos los jueves”, puesto que a veces el delegado comunal parece olvidarse de La Soledad y el agua no aparece.
De esta manera, el delegado Apestey incumple su obligación legal de velar por la salud pública de estas personas, que además de vivir sumidos en las mayores carencias ni siquiera disponen de agua potable. Tampoco se ha previsto instalarles tanques Tinacos, para reservar el agua, que no pueden ser adquiridos por los pobladores.
“Esta total negligencia y abandono de personas por parte del Estado en la persona del delegado comunal llevó a que las familias no tuvieran más opción que utilizar como reservorios de agua para consumo los recipientes vacíos (o tal vez no) de agroquímicos que son utilizados en las fincas del lugar, y con los cuales se los fumiga a diario”, indicó Masmud.
“Grande y muy penosa fue nuestra sorpresa al ver en los patios de las precarias viviendas, a la intemperie, un total de 60 bidones blancos, celestes y oscuros de agroquímicos, llenos de agua para ser consumida por las familias.”
“Por el uso continuo, los recipientes ya no poseen los marbetes con la información necesaria con las que son vendidos a los productores. Los marbetes indican si los productos son altamente tóxicos. Todo indica que sí, porque estos bidones tienen grabadas en relieve las marcas, el nombre del producto y la advertencia de que su contenido es un veneno. También se advierte que la reutilización esta PROHIBIDA”, añadió Masmud.
“Ante la criminal negligencia del Delegado Comunal, decidimos intimarlo bajo apercibimiento de iniciar acciones legales si no cumplía lo encomendado, para que en forma inmediata reemplazara esos bidones por tanques de agua. La carta documento fue recibida por la Comuna el 9 de agosto de 2013, según el aviso de retorno.”
“El 1 de septiembre los integrantes de la Fundación se presentaron nuevamente en La Soledad para constatar si la Comuna había reemplazado esos bidones, sin embargo todo seguía igual.”
“La presencia de muchos chicos en edad escolar, 36 aproximadamente, en su mayoría niñas, y otros recién nacidos en el lugar hace que la situación sea de extrema gravedad. Esos envases que han contenido agrotóxicos no debían estar al alcance de nadie, porque no son reutilizables y mucho menos para acumular agua para consumo humano. Esto demuestra que la autoridad de aplicación de la normativa que es la Dirección de Agricultura está ausente como representante del Estado y como garante de Derechos Humanos”, afirmó Masmud.
“Lo mismo sucede con el comisionado rural de Gobernador Piedrabuena, Sergio Apestey, que siendo responsable de la salud pública de su pueblo, les deposita el agua para consumo humano en bidones que contenían agrotóxicos. El interrogante que surge es si la salud de la población, especialmente de los niños, niñas y mujeres, como así también, de las futuras generaciones o su descendencia, no estaría comprometida ya.”
“La situación de las familias de La Soledad como de muchas otras familias olvidadas en algún rincón de Tucumán, no está en la agenda del gobierno. Son discriminados por su situación social. Solo esperamos que esta vez se haga justicia por el bien de las generaciones presentes y futuras de esta localidad de nuestra provincia”, finalizó Masmud.
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