Alerta por un protocolo que reduce a 10 metros la zona de exclusión de agroquímicos alrededor de las comunidades

Fecha de Publicación: 23/03/2022
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


Ante el anuncio realizado sobre un manual para las aplicaciones de agrotóxicos en el departamento Castellanos, se encendieron las alarmas de las agrupaciones ambientalistas
La Multisectorial “Paren de Fumigarnos” lanzó un comunicado de advertencia ante la inminente presentación de un protocolo para las aplicaciones de agroquímicos en el periurbano de comunas y municipios del departamento Castellanos. El mismo fue elaborado por la Agencia de Extensión Rural Castellanos del Instituto Nacional de Tecnología Agroalimentaria (Inta) y cuenta con apoyo del senador departamental, Alcides Calvo.
Según los creadores del protocolo “la idea es aportar una base técnica para que legislen el uso de fitosanitarios en las inmediaciones de zonas pobladas”. Sin embargo asociaciones de vecinos, gremiales, científicos y abogados ambientalistas que constituyen la Multisectorial “Paren de Fumigarnos” se mostraron preocupados ante tal proyecto que, según indicaron “ignora las evidencias científicas actuales sobre derivas e impactos en la salud, para las aplicaciones periurbanas de agrotóxicos, ya que propone llevar la distancia libre de aplicaciones a solo 10 metros de las viviendas de vecinos y vecinas, y a partir de allí hasta los 1.500 metros para aplicar productos banda verde o azul”.
La polémica surgió cuando la Agencia de Extensión Rural Castellanos del Inta elaboró el “Protocolo de Aplicaciones para Periurbanos Ampliados” para ofrecerlo como modelo a comunas y municipios del departamento con el fin “de evitar conflictos entre campo y ciudad por el uso de productos fitosanitarios”.
De acuerdo a lo expresado por un vocero de Inta en un medio periodístico santafesino, Cristian León, hay varios pueblos que ya adoptaron el protocolo y lo transformaron en ordenanza.
León, explicó que “la iniciativa es el resultado de un trabajo conjunto, realizado los últimos dos años, con el senador Alcides Calvo y los mandatarios del distrito”. Incluso aseguró que en los lugares donde se implementó “se notó una disminución de la conflictividad. Principalmente porque hay que tener informada a la población de todos estos trabajos; de que nadie quiere contaminar a nadie y que cada aplicación que se hace en el periurbano está controlada”. San Vicente es una de las ciudades donde hace más de un año rige la normativa y “no hubo más denuncias”, según León.

Sólo 10 metros
Lo primero que contempla el protocolo es la fijación de la línea agronómica, a partir de esa línea que establece legalmente el límite entre lo urbano y lo rural, los primeros 10 metros son un “área de seguridad” donde no se puede aplicar ningún agroquímico, ni químico ni biológico y donde se “debe instalar una barrera forestal”.
Luego, desde los 10 hasta los 1.500 metros, hay un área denominada “de aplicaciones restringidas”, donde sólo pueden usarse productos de banda verde o azul, entre éstos el glifosato que en Argentina aún es catalogado como “banda verde”, a pesar de su probada toxicidad e impacto negativo sobre humanos, animales y ambiente en general. También el protocolo contempla “el control absoluto de las aplicaciones por parte del Estado” a través de la figura de un “veedor municipal”.
Entre los 1.500 y hasta los 2.500 metros, se determinó un “área de responsabilidad social rural”, donde se apela a “la conciencia de productores y asesores para el uso responsable de los productos”. Es decir que se deja en manos de la buena voluntad o conciencia moral de productores y agrónomos, el uso de productos altamente peligrosos y contaminantes.
En cuanto a las aplicaciones en inmediaciones de escuelas León sostuvo que “lo fundamental es que estén avisados” y que “sólo se puede aplicar el viernes por la tardecita hasta el domingo a la tardecita”.
De acuerdo al funcionario del Inta el protocolo se hizo “con la idea de producir en forma responsable y no prohibir por prohibir” y el mismo será presentado formalmente a todos los gobiernos locales del departamento entre abril y mayo.

En alerta
El domingo último comenzó a circular el comunicado del “Paren de Fumigarnos” donde expresan algunas consideraciones que no fueron tenidas en cuenta en la elaboración del protocolo como que “el Instituto Internacional del Cáncer de la OMS ha clasificado al glifosato como ‘probable’ cancerígeno, vigente esta clasificación hasta el día de hoy. Por lo tanto, responsabilizamos a los diseñadores de dicho protocolo por los daños que ocasionará a la salud de los vecinos, al estar ampliamente demostrado el aumento de enfermedades producidas por la exposición directa e indirecta a los agrotóxicos”.
También resaltaron que “debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Santa Fe, con fecha 14 de diciembre del 2021 confirmó el fallo de un amparo ambiental que dispuso una distancia mínima de mil metros para las fumigaciones terrestres respecto de la vivienda de los demandantes” en la localidad de Zenón Pereyra, departamento Castellanos.
Por otra parte, desde la multisectorial recordaron que “se encuentra en debate un proyecto para reformar y actualizar la ley 11273/95, que contempla una zona de 1.500 metros libres de fumigaciones en resguardo de la salud de los vecinos de las 365 localidades de nuestra provincia”.
En cuanto al protocolo señalaron que “es regresivo y violatorio del marco de regulaciones generales vigentes en la República Argentina, como el artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente”, entre otras.

Criminal
Finalmente, a través del escrito expresaron que “se demanda al senador Alcides Calvo, quien avala este protocolo, como también al intendente de la ciudad de Rafaela, Luis Alberto Castellano y Concejo Municipal, a que convoque una audiencia pública para consultar a la ciudadanía sobre su opinión sobre el mismo. Entendemos que no pueden hacerse los distraídos en este debate y deben pronunciarse públicamente en contra de este protocolo (que consideramos criminal), y en defensa de la salud de la comunidad, que es su obligación”.
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