Entre Ríos deberá tratar la iniciativa popular por agroquímicos
Iniciativa Popular para declarar la Emergencia Ambiental por agroquímicos
Fecha de Publicación: 15/06/2021
Fuente: Página Política
Provincia/Región: Entre Ríos
La motoriza el colectivo Basta es Basta. Se trata de la primera vez que se recurre al instrumento previsto por la Constitución reformada en 2008. Reuniendo el 2% de las voluntades del padrón, la Legislatura deberá tratar la iniciativa, aprobarla o rechazarla. El proyecto de ley, sustentado en un voluminoso trabajo de fundamentación.
La Coordinadora por una Vida Sin Agrotóxicos en Entre Ríos “Basta es Basta” encara una Iniciativa Popular para declarar la Emergencia Ambiental por agroquímicos.
Se trata de la primera vez que una organización recurre a este instrumento de participación popular que previó la Carta Magna entrerriana luego de la Convención Constituyente de 2008.
El texto de la Constitución, en el artículo 49, garantiza a “todos los habitantes mayores de dieciséis años con dos de residencia en la Provincia” el derecho de presentar “proyectos de ley ante cualquiera de las cámaras, con el 2 por ciento, como mínimo, de firmas del padrón electoral provincial”. Lo previsto es que la Legislatura le deba dar tratamiento a toda iniciativa que cumpla con los requisitos “dentro de un período de sesiones”.
El contexto en el que se presenta la propuesta es el “de la inacción de legisladores y del Poder Ejecutivo” que se demora en el tratamiento de una legislación respecto del uso de agroquímicos y del estudio del impacto de su uso en la salud de la población y el ambiente.
El proyecto de ley, con el que se inició la reunión de firmas en la provincia, declara como Actividad Peligrosa a la producción agrícola que utiliza insumos de síntesis químicas, en el artículo 1º.
En el artículo 2º declara la Emergencia Ambiental por el impacto de estos insumos por el lapso mínimo y prorrogable de dos años “por estricta aplicación del principio precautorio y en virtud de los fundamentos de la normativa”.
Se crea además un Registro Público Provincial de Establecimientos Agropecuarios y un Registro Público Provincial de Vigilancia Epidemiológica.
Se impone, mientras dura la emergencia, la Evaluación de Impacto Acumulativo y Sinérgico en todo el territorio provincial, la que deberá tener en cuenta “las diferentes matrices ambientales, sociales y productivas”.
Se contempla que el presupuesto para el cumplimiento de la presente ley surja de la asignación prevista por el Ejecutivo, además de 0,50% de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural y el 100% de la alícuota proveniente del Impuesto a los Ingresos Brutos de la comercialización de los productos de síntesis químicas, entre otros recursos.
El formulario para adherir a la iniciativa puede descargarse aquí
El texto y los fundamentos
En los fundamentos de la iniciativa, Basta es Basta acumula abundante información respecto de estudios que han dado cuenta del impacto del uso de agroquímicos en el ambiente (en el agua, el suelo, la fauna y la flora).
Citan trabajos vinculados a los efectos nocivos en la salud y particularmente con relación a la salud infantil y la del impacto de los agrotóxicos en el embrión humano. Mencionan, entre otros trabajos, los resultados de los campamentos sanitarios desarrollados por universidades públicas en territorio entrerriano y la exposición que al respecto realiza el director de Epidemiología, Diego Garcilazo, en el marco de la causa iniciada por el Foro Ecologista contra el gobierno de la provincia.
La organización remarca el “valioso instrumento de democracia directa” al que acuden con el fin de “revalorar el bien más preciado y derecho humano fundamental como la vida de los entrerrianos y entrerrianas, pero por sobre todo de nuestras generaciones futuras”.
Afirman que la propuesta “se constituye en una herramienta que significará un contrapeso ante tanta irreversibilidad de contaminación en los componentes de nuestro territorio y la vida de quienes lo habitamos”.
“Nuestra solicitud se cimienta en un interés público superior de niñas y niños por nacer, titulares de los bienes comunes hoy altamente amenazados y en el que se deberán desplegar sus derechos fundamentales a la vida, a un ambiente sano, a la salud, a la integridad física, a la educación”, apuntan en el texto.
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