Salta: el gobierno avala indirectamente los desmontes
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Eco Sitio |
El Gobierno se desentendió de los controles a los desmontes
Fecha de Publicación: 25/04/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
El ministro de la Producción de la provincia motivó la reacción de la ONG al afirmar que el poder de Policía de la provincia no alcanza a los desmontes durante la cuarentena.
A finales de marzo desde el Ministerio de Seguridad de la provincia se afirmó que más de 2.400 personas habían sido demoradas por violar la cuarentena. Se comunicó además que la violación de la cuarentena podría involucrar una multa de más de 6 mil pesos. El gobernador Gustavo Sáenz incluso afirmó que “capaz la única forma de que entiendan es poniéndole una sanción pecunaria" a la gente que burlaba las disposiciones.
Pero la rigidez de los procedimientos apareció laxa cuando se trató de los desmontes. “Si ese proceso (por los desmontes) ocurrió en el aislamiento pues ya es competencia de organismos judiciales nacionales porque ya estaríamos en violación a una ley que obligaba a la cuarentena, por lo que excede nuestro poder de policía", fue la respuesta del ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia, Martín de los Ríos, al ser consultado este lunes en teleconferencia por las acciones a seguir ante los desmontes que se hicieron durante la cuarentena, según denuncias realizadas por la organización ambientalista Greenpeace.
Con fotos satelitales la ONG mostró que después del 20 de marzo, cuando la cuarentena inició, se desmontaron más de 800 hectáreas en Salta. De ese total, 130 hectáreas fueron adjudicadas a una finca ubicada en el departamento San Martín de propiedad del presidente de la Sociedad Rural Salteña, Ignacio García del Río.
“Estas declaraciones lo que demuestran es que la provincia es cómplice de quienes están destruyendo los bosques en violación de la cuarentena”, dijo el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, tras escuchar las expresiones del funcionario salteño. “Obviamente que esto preocupa y más viniendo de un ministro de la Producción que viene de ese sector, está muy ligado a ese sector y pareciera que está trabajando más que como ministro de la Producción, como un dirigente del sector agropecuario”, aseveró el ambientalista.
En el currículum vitae de De los Ríos, de quien en la provincia se conocen sus vinculaciones y defensa del sector del agronegocio, surgen los fundamentos de la aserción de Giardini. En el sitio oficial del gobierno, en el cual se muestra con el tradicional poncho salteño (lo cual hizo durante un tiempo largo de su gestión como diputado), el currículum detalla en el primer párrafo que “fue el primer presidente de la Federación de Entidades Rurales de Salta, conformado por la Sociedad Rural Salteña, Prograno y la Asociación de Legumbres del NOA”. Además, fue diputado de 2016 a 2019 y reelecto ese año en listas armadas desde el PRO salteño.
En esa misma conferencia de prensa De los Ríos negó que los desmontes sean ilegales, ya que cuentan con autorizaciones emitidas por la anterior gestión y señaló que durante la gestión asumida en diciembre pasado, no se habilitó ninguno nuevo.
La diferencia con el Chaco
En las denuncias que realizó Greenpace se indicó que los desmontes realizados durante la cuarentena se habían detectado en Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa. En la vecina provincia del Chaco “van a hacer las denuncias penales y presentar las pruebas de los desmontes ilegales. Han frenado topadoras la semana pasada y están entregando y haciendo denuncia penal a quienes están deforestando. Incluso sacaron el comunicado avisando a los productores que no se puede desmontar”, dijo Giardini al comparar el accionar entre una provincia y otra.
Giardini entendió que no es menor que desde el gobierno provincial se “mire para otro lado”, más aún cuando a nivel mundial no solo rige una emergencia sanitaria sino también climática. “A las comunidades indígenas les destruyeron su casa, su farmacia, y su almacén”, afirmó. Recordó que cada vez con mayor rapidez se extinguen especies por el atentado a la biodiversidad. “No deberíamos perder ni una hectárea más”, dijo al sostener que la Ley de Bosques Nativos ya no alcanza y se debe disponer una herramienta legal para “la suspensión total de los desmontes de acá y para siempre”.
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Fecha de Publicación: 25/04/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
El ministro de la Producción de la provincia motivó la reacción de la ONG al afirmar que el poder de Policía de la provincia no alcanza a los desmontes durante la cuarentena.
A finales de marzo desde el Ministerio de Seguridad de la provincia se afirmó que más de 2.400 personas habían sido demoradas por violar la cuarentena. Se comunicó además que la violación de la cuarentena podría involucrar una multa de más de 6 mil pesos. El gobernador Gustavo Sáenz incluso afirmó que “capaz la única forma de que entiendan es poniéndole una sanción pecunaria" a la gente que burlaba las disposiciones.
Pero la rigidez de los procedimientos apareció laxa cuando se trató de los desmontes. “Si ese proceso (por los desmontes) ocurrió en el aislamiento pues ya es competencia de organismos judiciales nacionales porque ya estaríamos en violación a una ley que obligaba a la cuarentena, por lo que excede nuestro poder de policía", fue la respuesta del ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia, Martín de los Ríos, al ser consultado este lunes en teleconferencia por las acciones a seguir ante los desmontes que se hicieron durante la cuarentena, según denuncias realizadas por la organización ambientalista Greenpeace.
Con fotos satelitales la ONG mostró que después del 20 de marzo, cuando la cuarentena inició, se desmontaron más de 800 hectáreas en Salta. De ese total, 130 hectáreas fueron adjudicadas a una finca ubicada en el departamento San Martín de propiedad del presidente de la Sociedad Rural Salteña, Ignacio García del Río.
“Estas declaraciones lo que demuestran es que la provincia es cómplice de quienes están destruyendo los bosques en violación de la cuarentena”, dijo el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, tras escuchar las expresiones del funcionario salteño. “Obviamente que esto preocupa y más viniendo de un ministro de la Producción que viene de ese sector, está muy ligado a ese sector y pareciera que está trabajando más que como ministro de la Producción, como un dirigente del sector agropecuario”, aseveró el ambientalista.
En el currículum vitae de De los Ríos, de quien en la provincia se conocen sus vinculaciones y defensa del sector del agronegocio, surgen los fundamentos de la aserción de Giardini. En el sitio oficial del gobierno, en el cual se muestra con el tradicional poncho salteño (lo cual hizo durante un tiempo largo de su gestión como diputado), el currículum detalla en el primer párrafo que “fue el primer presidente de la Federación de Entidades Rurales de Salta, conformado por la Sociedad Rural Salteña, Prograno y la Asociación de Legumbres del NOA”. Además, fue diputado de 2016 a 2019 y reelecto ese año en listas armadas desde el PRO salteño.
En esa misma conferencia de prensa De los Ríos negó que los desmontes sean ilegales, ya que cuentan con autorizaciones emitidas por la anterior gestión y señaló que durante la gestión asumida en diciembre pasado, no se habilitó ninguno nuevo.
La diferencia con el Chaco
En las denuncias que realizó Greenpace se indicó que los desmontes realizados durante la cuarentena se habían detectado en Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa. En la vecina provincia del Chaco “van a hacer las denuncias penales y presentar las pruebas de los desmontes ilegales. Han frenado topadoras la semana pasada y están entregando y haciendo denuncia penal a quienes están deforestando. Incluso sacaron el comunicado avisando a los productores que no se puede desmontar”, dijo Giardini al comparar el accionar entre una provincia y otra.
Giardini entendió que no es menor que desde el gobierno provincial se “mire para otro lado”, más aún cuando a nivel mundial no solo rige una emergencia sanitaria sino también climática. “A las comunidades indígenas les destruyeron su casa, su farmacia, y su almacén”, afirmó. Recordó que cada vez con mayor rapidez se extinguen especies por el atentado a la biodiversidad. “No deberíamos perder ni una hectárea más”, dijo al sostener que la Ley de Bosques Nativos ya no alcanza y se debe disponer una herramienta legal para “la suspensión total de los desmontes de acá y para siempre”.
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