El macrismo quiere "compensar" a las mineras
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El plan oficial para contrarrestar el impacto de las retenciones mineras
Fecha de Publicación: 26/01/2019
Fuente: EcoJournal
Provincia/Región: Nacional
Desde la Secretaría de Política Minera comenzaron a implementar un plan regulatorio y de gestión que busca atenuar el efecto en el sector de las retenciones a las exportaciones que impuso el gobierno. Buscan “eliminar cargas innecesarias”.
El gobierno nacional impuso retenciones a las exportaciones en septiembre de 2018, una decisión que tomó en medio de la crisis cambiaria y económica acorde con las exigencias del FMI para que la Argentina cumpla con uno de sus requisitos de déficit fiscal cero. Las retenciones de 4 pesos por cada dólar exportado del país en bienes primarios provocó cambios en distintos sectores económicos, entre ellos el minero.
Este tributo, que fue anunciado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, comenzó en septiembre pasado y concluye el 31 de diciembre de 2020. Para contrarrestar sus efectos, en la Secretaría de Política Minera, que conduce Carolina Sánchez, comenzaron a implementar una serie de atenuantes para que el sector no sufra fuertes golpes.
En concreto, el Poder Ejecutivo busca agilizar mecanismos y nuevos procedimientos para favorecer a los beneficiarios de la Ley 24.196 de inversiones mineras. Cerca de la Secretaría de Minería, dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo, a cargo de Dante Sica, señalaron a Econojournal que la idea es ir tomando medidas “pensando en la simplificación y modificación de normas regulatorias para brindar simpleza, claridad y precisión”.
El objetivo es “compensar” las retenciones a las exportaciones para mejorar la competitividad del sector, afectado por esta medida. Para esto, buscarán “eliminar cargas innecesarias” en cuanto a normas y procedimientos para los beneficiarios de la ley de inversiones mineras.
El plan comenzó el 2 de enero con la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 30/2019, firmada por Carolina Sánchez. Allí se aprobó “el procedimiento de inscripción en el Registro de la Ley de Inversiones Mineras”. En los considerandos del texto oficial se afirma que, luego de que se analizaron las exigencias requeridas a los beneficiarios, el régimen especial de fomento a las inversiones mineras “debe establecer una mejora en la tramitación de la solicitud para la inscripción” al registro, “con el objeto de simplificar la tramitación en un único cuerpo normativo que conlleve a la facilitación, celeridad, transparencia y modernización”.
En total, van a ser alrededor de cinco resoluciones que irán saliendo en los próximos meses. Todas estas reformas tienen el mismo objetivo: contrarrestar las retenciones a las exportaciones en la minería para que este sector vuelva a tener la competitividad que tenía antes de la medida impulsada por Dujovne.
La reforma quizá más contundente (y que se conoce hasta el momento) tiene que ver las declaraciones juradas. En la secretaría hablan de “presunción de buena fe”, que tiene que ver con “invertir la carga” que viene teniendo el sector privado. El plan oficial promueve que sea la propia empresa la que debe declarar verazmente los datos de las propias compañías “y no el Estado quien las persiga para que lo hagan”. “La administración pública debe entenderlo así en pos de la agilidad y eficiencia de los procesos”, señalaron a Econojournal.
Esta medida apunta a que en el procedimiento de presentación de declaraciones juradas tenga menos peso el mecanismo de multas y de sanciones que, incluso, llegan hasta la pérdida del beneficio del régimen de fomento de la ley. Desde la secretaría argumentan que esto va a permitir “mayor fluidez y veracidad en los datos presentados por las empresas”.
El plan que impulsa la Secretaría de Minería también la incorporación de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) para permitir “el acceso y tramitación digital completa, remota, simple, automática e instantánea”, indicaron desde el ministerio de Producción.
A su vez, se eliminaron las exigencias de distintos requisitos con el objetivo de “reducir cargas agilizando la gestión y dotando de transparencia a los procesos administrativos” y “evitando la pérdida de tiempo”. Además, en Minería buscan lograr “mayor interoperabilidad de los sistemas e intercambio de información intra y extra organismos del Estado para evitar solicitar documentación al administrado que ya se encuentra en poder de la Administración Pública”.
Altas y bajas al registro de la Ley de Inversiones Mineras
Desde la Secretaría de Minería también se implementó una revisión del procedimiento para la inscripción y mantenimiento de las empresas en el registro de la Ley de Inversiones Mineras. Se incorporó en la regulación “aquellos casos en que las empresas inscritas modifiquen su denominación, tipo societario o decidan reorganizar la sociedad en los términos de la Ley de Impuesto a las Ganancias”.
A su vez, con el objetivo de “depurar y actualizar el registro”, se reguló un procedimiento de “bajas”, destinado a aquellas empresas que nunca utilizaron los beneficios del régimen o que dejaron de cumplir con los requisitos “por un lapso temporal prolongado como para dejar en evidencia la falta de interés en la utilización efectiva del régimen”.
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Fecha de Publicación: 26/01/2019
Fuente: EcoJournal
Provincia/Región: Nacional
Desde la Secretaría de Política Minera comenzaron a implementar un plan regulatorio y de gestión que busca atenuar el efecto en el sector de las retenciones a las exportaciones que impuso el gobierno. Buscan “eliminar cargas innecesarias”.
El gobierno nacional impuso retenciones a las exportaciones en septiembre de 2018, una decisión que tomó en medio de la crisis cambiaria y económica acorde con las exigencias del FMI para que la Argentina cumpla con uno de sus requisitos de déficit fiscal cero. Las retenciones de 4 pesos por cada dólar exportado del país en bienes primarios provocó cambios en distintos sectores económicos, entre ellos el minero.
Este tributo, que fue anunciado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, comenzó en septiembre pasado y concluye el 31 de diciembre de 2020. Para contrarrestar sus efectos, en la Secretaría de Política Minera, que conduce Carolina Sánchez, comenzaron a implementar una serie de atenuantes para que el sector no sufra fuertes golpes.
En concreto, el Poder Ejecutivo busca agilizar mecanismos y nuevos procedimientos para favorecer a los beneficiarios de la Ley 24.196 de inversiones mineras. Cerca de la Secretaría de Minería, dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo, a cargo de Dante Sica, señalaron a Econojournal que la idea es ir tomando medidas “pensando en la simplificación y modificación de normas regulatorias para brindar simpleza, claridad y precisión”.
El objetivo es “compensar” las retenciones a las exportaciones para mejorar la competitividad del sector, afectado por esta medida. Para esto, buscarán “eliminar cargas innecesarias” en cuanto a normas y procedimientos para los beneficiarios de la ley de inversiones mineras.
El plan comenzó el 2 de enero con la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 30/2019, firmada por Carolina Sánchez. Allí se aprobó “el procedimiento de inscripción en el Registro de la Ley de Inversiones Mineras”. En los considerandos del texto oficial se afirma que, luego de que se analizaron las exigencias requeridas a los beneficiarios, el régimen especial de fomento a las inversiones mineras “debe establecer una mejora en la tramitación de la solicitud para la inscripción” al registro, “con el objeto de simplificar la tramitación en un único cuerpo normativo que conlleve a la facilitación, celeridad, transparencia y modernización”.
En total, van a ser alrededor de cinco resoluciones que irán saliendo en los próximos meses. Todas estas reformas tienen el mismo objetivo: contrarrestar las retenciones a las exportaciones en la minería para que este sector vuelva a tener la competitividad que tenía antes de la medida impulsada por Dujovne.
La reforma quizá más contundente (y que se conoce hasta el momento) tiene que ver las declaraciones juradas. En la secretaría hablan de “presunción de buena fe”, que tiene que ver con “invertir la carga” que viene teniendo el sector privado. El plan oficial promueve que sea la propia empresa la que debe declarar verazmente los datos de las propias compañías “y no el Estado quien las persiga para que lo hagan”. “La administración pública debe entenderlo así en pos de la agilidad y eficiencia de los procesos”, señalaron a Econojournal.
Esta medida apunta a que en el procedimiento de presentación de declaraciones juradas tenga menos peso el mecanismo de multas y de sanciones que, incluso, llegan hasta la pérdida del beneficio del régimen de fomento de la ley. Desde la secretaría argumentan que esto va a permitir “mayor fluidez y veracidad en los datos presentados por las empresas”.
El plan que impulsa la Secretaría de Minería también la incorporación de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) para permitir “el acceso y tramitación digital completa, remota, simple, automática e instantánea”, indicaron desde el ministerio de Producción.
A su vez, se eliminaron las exigencias de distintos requisitos con el objetivo de “reducir cargas agilizando la gestión y dotando de transparencia a los procesos administrativos” y “evitando la pérdida de tiempo”. Además, en Minería buscan lograr “mayor interoperabilidad de los sistemas e intercambio de información intra y extra organismos del Estado para evitar solicitar documentación al administrado que ya se encuentra en poder de la Administración Pública”.
Altas y bajas al registro de la Ley de Inversiones Mineras
Desde la Secretaría de Minería también se implementó una revisión del procedimiento para la inscripción y mantenimiento de las empresas en el registro de la Ley de Inversiones Mineras. Se incorporó en la regulación “aquellos casos en que las empresas inscritas modifiquen su denominación, tipo societario o decidan reorganizar la sociedad en los términos de la Ley de Impuesto a las Ganancias”.
A su vez, con el objetivo de “depurar y actualizar el registro”, se reguló un procedimiento de “bajas”, destinado a aquellas empresas que nunca utilizaron los beneficios del régimen o que dejaron de cumplir con los requisitos “por un lapso temporal prolongado como para dejar en evidencia la falta de interés en la utilización efectiva del régimen”.
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