Piden frenar urbanización en la cuenca del río Luján
08:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Piden el freno de obras en humedales
Fecha de Publicación: 04/06/2016
Fuente: El Civismo de Lujan
Provincia/Región: Buenos Aires
El planteo fue realizado a la jueza Arroyo Salgado, encargada de resolver una medida cautelar presentada por un fiscal en febrero. "Nuestro pedido se fundamenta en las graves consecuencias que causan estos desarrollos en el ambiente, su incidencia en las inundaciones", expresaron.
Distintas organizaciones de la cuenca del río Luján realizaron una presentación ante la jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Nº 1 de San Isidro, donde le reclaman que se expida a favor de una medida precautoria que exige el freno de toda obra en zonas de humedales. Tal solicitud fue planteada por el fiscal federal Fernando Domínguez en febrero pasado. Sin embargo, la magistrada todavía no tomó una resolución.
Por ese motivo, representantes de distintas organizaciones se hicieron presentes en la sede del Juzgado. En el texto acercado a Arroyo Salgado se le pide “la paralización precautoria de las obras de los barrios cerrados, clubes privados, construcción de infraestructura relacionada a actividades productivas y de toda obra de similares características sobre los cauces y llanuras de inundación del río Luján y de sus arroyos tributarios así como en el Delta del Paraná”.
Se destaca la adhesión al dictamen del fiscal Domínguez, aunque “sin buscar interceder en la labor de la señora juez”.
“Le informamos que hemos recurrido desde años atrás a los distintos organismos del Estado y en sus tres niveles, buscando evitar que el daño ambiental se concrete sobre bienes del dominio público natural, pero no hemos logrado hasta el momento respuestas positivas. Nuestro pedido se fundamenta en las graves consecuencias que causan estos desarrollos en el ambiente, su incidencia en las inundaciones de vastos territorios, la destrucción de vitales reservas de agua dulce, con las consiguientes severas consecuencias socioeconómicas que todo ello implica”, argumentaron las organizaciones.
Recordaron que el fiscal “manifestó que las consecuencias que ya se han producido no son ocasionales, sino que se trata de un fenómeno recurrente y exponencialmente mayor que va creciendo en intensidad en la medida en que se insiste en este tipo de emprendimientos sobre humedales, con el consiguiente descalabro ecológico”.
Por otra parte, plantearon como posibilidad la concreción de “una violación de derechos humanos de incidencia colectiva debido a que la protección del ambiente resulta ser garantía de otros derechos humanos fundamentales como el derecho al agua, el derecho a la vida y a la salud”.
“Estas obras, independientemente de su finalidad, realizan dragados, perforación de napas de agua potable, elevación de terrenos (rellenos), endicamientos (terraplenados perimetrales), perfilado de la costa, cierre de desagües naturales, apertura de cursos de agua, desmonte de bosques y destrucción de humedales, que no sólo han afectado el ambiente en general, sino que han producido graves catástrofes y, en consecuencia, han provocado la pérdida de vidas humanas, puesto en riesgo la vida y la salud de miles de familias de manera reiterada y ocasionado incalculables daños a la propiedad pública y privada”, describieron.
También de acuerdo a la presentación del fiscal Domínguez, las organizaciones plantearon que “todos los expertos manifestaron la necesidad de que se paralicen las obras y se proceda a la recomposición del ecosistema convocando a equipos interdisciplinarios”.
Ante lo expuesto, los firmantes del escrito entregado a la jueza Arroyo Salgado insistieron en la solicitud de inmediata paralización de las obras ya mencionadas, “dado que en la medida que éstas avanzan, no sólo aumentan las causas de las terribles y reiteradas inundaciones, sino que también el daño ambiental generalizado afectará cada vez más a las principales fuentes de agua dulce de millones de argentinos, entre otros daños ambientales”.
Entre las organizaciones que adhirieron a la solicitud aparece la Asamblea de Vecinos Inundados de Tigre, Inundaciones Nunca Más (espacio de Luján), las asociaciones SOS Hábitat de Mercedes, Vecinos en Defensa de Los Cardales y Río Luján (Campana), Patrimonio Natural de Pilar, Ambientalista del Partido de Escobar, Ambientalista Los Talares (Maschwitz), el Colectivo Cultural de Ingeniero Maschwitz (Escobar), la Fundación Biósfera y el Movimiento en Defensa de la Pacha – Punta Querandí (Tigre y Escobar), entre otros espacios.
También sumaron su apoyo el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Luján y el Laboratorio de Zoología Agrícola de esa casa de altos estudios.
Jorge Svatón, integrantes de Vecinos en Defensa de Cardales y Río Luján, explicó a este medio que al momento de la presentación la jueza no se encontraba en su despacho: “Nos atendió un secretario. Nos dijo que estaban estudiando qué medidas iban a tomar, no fue claro en su respuesta. Le planteamos que no se puede estudiar algo mientras siguen produciéndose daños. Justamente una medida precautoria tiene la intención de frenar lo que se está haciendo para luego estudiar el tema. El problema es que esa acción precautoria el fiscal la pidió en febrero, ya pasaron varios meses y vemos que se sigue construyendo. Lo que hicimos también fue presentar una nota de pedido de audiencia con la jueza. Hubo una evasiva, no tuvimos una respuesta contundente, no nos dejó satisfecho”.
Svatón explicó que si bien algunos municipios decidieron frenar obras en zonas de humedales, los trabajos continúan en muchos otros espacios de la cuenca. Mencionó como ejemplo el caso de Escobar, donde el nuevo intendente ordenó frenar cambios en los márgenes del río, aunque el desarrollo de un parque industrial sigue su marcha.
En cuanto a las obras que comenzó a anunciar el gobierno provincial, como respuestas a las repeticiones de inundaciones, Svatón indicó que “la situación es grave porque están queriendo avanzar sin contemplar las etapas que una licitación requiere”.
“Hay algunas obras que están reñidas con nuestra concepción de no destruir más el río. Y no se toman las medidas que son prioritarias, por ejemplo detener estos rellenos. Se va a gastar dinero en obras pero por otro lado se está permitiendo seguir rellenando, algo que es una de las causas principales en el agravamiento de las inundaciones”, explicó.
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Fecha de Publicación: 04/06/2016
Fuente: El Civismo de Lujan
Provincia/Región: Buenos Aires
El planteo fue realizado a la jueza Arroyo Salgado, encargada de resolver una medida cautelar presentada por un fiscal en febrero. "Nuestro pedido se fundamenta en las graves consecuencias que causan estos desarrollos en el ambiente, su incidencia en las inundaciones", expresaron.
Distintas organizaciones de la cuenca del río Luján realizaron una presentación ante la jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Nº 1 de San Isidro, donde le reclaman que se expida a favor de una medida precautoria que exige el freno de toda obra en zonas de humedales. Tal solicitud fue planteada por el fiscal federal Fernando Domínguez en febrero pasado. Sin embargo, la magistrada todavía no tomó una resolución.
Por ese motivo, representantes de distintas organizaciones se hicieron presentes en la sede del Juzgado. En el texto acercado a Arroyo Salgado se le pide “la paralización precautoria de las obras de los barrios cerrados, clubes privados, construcción de infraestructura relacionada a actividades productivas y de toda obra de similares características sobre los cauces y llanuras de inundación del río Luján y de sus arroyos tributarios así como en el Delta del Paraná”.
Se destaca la adhesión al dictamen del fiscal Domínguez, aunque “sin buscar interceder en la labor de la señora juez”.
“Le informamos que hemos recurrido desde años atrás a los distintos organismos del Estado y en sus tres niveles, buscando evitar que el daño ambiental se concrete sobre bienes del dominio público natural, pero no hemos logrado hasta el momento respuestas positivas. Nuestro pedido se fundamenta en las graves consecuencias que causan estos desarrollos en el ambiente, su incidencia en las inundaciones de vastos territorios, la destrucción de vitales reservas de agua dulce, con las consiguientes severas consecuencias socioeconómicas que todo ello implica”, argumentaron las organizaciones.
Recordaron que el fiscal “manifestó que las consecuencias que ya se han producido no son ocasionales, sino que se trata de un fenómeno recurrente y exponencialmente mayor que va creciendo en intensidad en la medida en que se insiste en este tipo de emprendimientos sobre humedales, con el consiguiente descalabro ecológico”.
Por otra parte, plantearon como posibilidad la concreción de “una violación de derechos humanos de incidencia colectiva debido a que la protección del ambiente resulta ser garantía de otros derechos humanos fundamentales como el derecho al agua, el derecho a la vida y a la salud”.
“Estas obras, independientemente de su finalidad, realizan dragados, perforación de napas de agua potable, elevación de terrenos (rellenos), endicamientos (terraplenados perimetrales), perfilado de la costa, cierre de desagües naturales, apertura de cursos de agua, desmonte de bosques y destrucción de humedales, que no sólo han afectado el ambiente en general, sino que han producido graves catástrofes y, en consecuencia, han provocado la pérdida de vidas humanas, puesto en riesgo la vida y la salud de miles de familias de manera reiterada y ocasionado incalculables daños a la propiedad pública y privada”, describieron.
También de acuerdo a la presentación del fiscal Domínguez, las organizaciones plantearon que “todos los expertos manifestaron la necesidad de que se paralicen las obras y se proceda a la recomposición del ecosistema convocando a equipos interdisciplinarios”.
Ante lo expuesto, los firmantes del escrito entregado a la jueza Arroyo Salgado insistieron en la solicitud de inmediata paralización de las obras ya mencionadas, “dado que en la medida que éstas avanzan, no sólo aumentan las causas de las terribles y reiteradas inundaciones, sino que también el daño ambiental generalizado afectará cada vez más a las principales fuentes de agua dulce de millones de argentinos, entre otros daños ambientales”.
Entre las organizaciones que adhirieron a la solicitud aparece la Asamblea de Vecinos Inundados de Tigre, Inundaciones Nunca Más (espacio de Luján), las asociaciones SOS Hábitat de Mercedes, Vecinos en Defensa de Los Cardales y Río Luján (Campana), Patrimonio Natural de Pilar, Ambientalista del Partido de Escobar, Ambientalista Los Talares (Maschwitz), el Colectivo Cultural de Ingeniero Maschwitz (Escobar), la Fundación Biósfera y el Movimiento en Defensa de la Pacha – Punta Querandí (Tigre y Escobar), entre otros espacios.
También sumaron su apoyo el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Luján y el Laboratorio de Zoología Agrícola de esa casa de altos estudios.
Jorge Svatón, integrantes de Vecinos en Defensa de Cardales y Río Luján, explicó a este medio que al momento de la presentación la jueza no se encontraba en su despacho: “Nos atendió un secretario. Nos dijo que estaban estudiando qué medidas iban a tomar, no fue claro en su respuesta. Le planteamos que no se puede estudiar algo mientras siguen produciéndose daños. Justamente una medida precautoria tiene la intención de frenar lo que se está haciendo para luego estudiar el tema. El problema es que esa acción precautoria el fiscal la pidió en febrero, ya pasaron varios meses y vemos que se sigue construyendo. Lo que hicimos también fue presentar una nota de pedido de audiencia con la jueza. Hubo una evasiva, no tuvimos una respuesta contundente, no nos dejó satisfecho”.
Svatón explicó que si bien algunos municipios decidieron frenar obras en zonas de humedales, los trabajos continúan en muchos otros espacios de la cuenca. Mencionó como ejemplo el caso de Escobar, donde el nuevo intendente ordenó frenar cambios en los márgenes del río, aunque el desarrollo de un parque industrial sigue su marcha.
En cuanto a las obras que comenzó a anunciar el gobierno provincial, como respuestas a las repeticiones de inundaciones, Svatón indicó que “la situación es grave porque están queriendo avanzar sin contemplar las etapas que una licitación requiere”.
“Hay algunas obras que están reñidas con nuestra concepción de no destruir más el río. Y no se toman las medidas que son prioritarias, por ejemplo detener estos rellenos. Se va a gastar dinero en obras pero por otro lado se está permitiendo seguir rellenando, algo que es una de las causas principales en el agravamiento de las inundaciones”, explicó.
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