Increíble: en vez de desalojar sojero sacan a campesinos
08:43 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Denuncian penalmente a responsables del desalojo de campesinos en Piquillín
Fecha de Publicación: 25/04/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
La jueza admitió que no había orden de desterrar a las familias sino al empresario explotador del campo. Una multitud apoyó ayer a los damnificados en Monte Cristo.
Tras el violento desalojo de cuatro familias de un campo en cercanías a Piquillín, los campesinos denunciaron penalmente a los responsables del procedimiento irregular.
Los acusados son la supuesta propietaria del terreno, Sara Jabase y el oficial de Justicia que actuó sin orden judicial y, en uno de los casos, sin la presencia de un adulto a quien notificar del procedimiento.
Al respecto la jueza aseguró que la orden judicial de desalojo emitida era contra el empresario explotador de los campos, y no contra las familias, que nunca fueron identificados dentro de la propiedad ni formaban parte del juicio. Sin embargo, el oficial de justicia actuó sobre ellos ordenando la destrucción de las viviendas.
Por otro lado, una multitud de vecinos, campesinos y organizaciones se manifestó ayer en Monte Cristo exigiendo la restitución de las tierras y las viviendas a las familias desalojadas. Pedía además, el desprocesamiento de los detenidos en la causa.
En este marco, los abogados de los campesinos damnificados hicieron un pedido de nulidad del procedimiento de lanzamiento de de-
salojo.
La abogada del Movimiento Campesino, Mariana Romano, señaló que “se trata de una denuncia penal contra los encargados del desalojo a saber la supuesta propietaria del terreno, Sara Jabase y el oficial de justicia”.
La acusación es por “falsedad ideológica ya que mintió en el proceso. Por un lado el oficial de justicia dijo que ellos eran empleados del demandado y era mentira, además, llenó el acta con datos falsos”.
Por su parte, José González, miembro de una de las familias de-
salojadas, dijo que la convocatoria tuvo por objetivo protestar “porque hemos sido echados sin motivo”.
“Nos dicen que estábamos ocupando una propiedad privada cuando nuestra familia hace 150 años que está ahí, queremos una solución es un hecho de injusticia enorme”, añadió.
Los damnificados son la familias González y Bulchi, quienes explotaban el campo con la crianza de animales y plantación de calabazas y sorgo para su venta. “Es poco, pero es con lo que vivíamos, necesitamos nuestros animales para subsistir”, dijo González.
Sobre la detención cuando intentaron recuperar los campos, señaló: “nunca estuvimos presos ni tuvimos ningún problema con la policía, imaginen lo que fue para nosotros que nos pinten los dedos”.
El 11 de abril pasado en un irregular procedimiento, desalojaron a cuatro familias de un campo ubicado en el paraje Tres Esquinas, en en departamento Río Primero. Allí destruyeron las viviendas y tiraron las pertenencias a la calle.
Ayer exigían la “inmediata restitución de las tierras a las familias desalojadas, construcción de nuevas viviendas y pleno goce de las producciones que estaban en marcha hasta el día del despojo. Además, el desprocesamiento de las 16 personas que fueron imputadas por resistir al atropello de los derechos básicos de todo ser humano”.
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Fecha de Publicación: 25/04/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
La jueza admitió que no había orden de desterrar a las familias sino al empresario explotador del campo. Una multitud apoyó ayer a los damnificados en Monte Cristo.Tras el violento desalojo de cuatro familias de un campo en cercanías a Piquillín, los campesinos denunciaron penalmente a los responsables del procedimiento irregular.
Los acusados son la supuesta propietaria del terreno, Sara Jabase y el oficial de Justicia que actuó sin orden judicial y, en uno de los casos, sin la presencia de un adulto a quien notificar del procedimiento.
Al respecto la jueza aseguró que la orden judicial de desalojo emitida era contra el empresario explotador de los campos, y no contra las familias, que nunca fueron identificados dentro de la propiedad ni formaban parte del juicio. Sin embargo, el oficial de justicia actuó sobre ellos ordenando la destrucción de las viviendas.
Por otro lado, una multitud de vecinos, campesinos y organizaciones se manifestó ayer en Monte Cristo exigiendo la restitución de las tierras y las viviendas a las familias desalojadas. Pedía además, el desprocesamiento de los detenidos en la causa.
En este marco, los abogados de los campesinos damnificados hicieron un pedido de nulidad del procedimiento de lanzamiento de de-
salojo.
La abogada del Movimiento Campesino, Mariana Romano, señaló que “se trata de una denuncia penal contra los encargados del desalojo a saber la supuesta propietaria del terreno, Sara Jabase y el oficial de justicia”.
La acusación es por “falsedad ideológica ya que mintió en el proceso. Por un lado el oficial de justicia dijo que ellos eran empleados del demandado y era mentira, además, llenó el acta con datos falsos”.
Por su parte, José González, miembro de una de las familias de-
salojadas, dijo que la convocatoria tuvo por objetivo protestar “porque hemos sido echados sin motivo”.
“Nos dicen que estábamos ocupando una propiedad privada cuando nuestra familia hace 150 años que está ahí, queremos una solución es un hecho de injusticia enorme”, añadió.
Los damnificados son la familias González y Bulchi, quienes explotaban el campo con la crianza de animales y plantación de calabazas y sorgo para su venta. “Es poco, pero es con lo que vivíamos, necesitamos nuestros animales para subsistir”, dijo González.
Sobre la detención cuando intentaron recuperar los campos, señaló: “nunca estuvimos presos ni tuvimos ningún problema con la policía, imaginen lo que fue para nosotros que nos pinten los dedos”.
El 11 de abril pasado en un irregular procedimiento, desalojaron a cuatro familias de un campo ubicado en el paraje Tres Esquinas, en en departamento Río Primero. Allí destruyeron las viviendas y tiraron las pertenencias a la calle.
Ayer exigían la “inmediata restitución de las tierras a las familias desalojadas, construcción de nuevas viviendas y pleno goce de las producciones que estaban en marcha hasta el día del despojo. Además, el desprocesamiento de las 16 personas que fueron imputadas por resistir al atropello de los derechos básicos de todo ser humano”.
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