Argentina tendrá por su propia lista roja de plantas en peligro
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Argentina tendrá por primera vez su lista roja de plantas en peligro de extinción
Fecha de Publicación: 22/07/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Nacional
Argentina tendrá por primera vez una "lista roja" con el registro sobre las plantas que se encuentran en peligro de extinción y así se sabrá cuales de las 10.213 especies que existen en el país podrían desaparecer, según confirmaron en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Instituto de Botánica Darwinion (IBODA).
"En la Argentina aún no tememos un inventario nacional de biodiversidad, pero estamos dando un primer paso para categorizar toda la flora vascular (es decir la mayoría, las que poseen raíz, tallo y hoja) del país con la que sabremos su localización, cantidad y si corren riesgo para generar medidas que ayuden a su conservación", indicó a Télam Diego Moreno, secretario de Política ambiental de la Secretaría de Ambiente.
Alberto De Magistris, ingeniero agrónomo y doctor de Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), le dijo a Télam que "cerca de 500 especies vegetales, aproximadamente, se encuentran en peligro de extinción en el país y el principal factor que colabora es el avance de la frontera agropecuaria, el uso de semillas transgénicas y la contaminación de agro químicos, porque reducen los lugares naturales en los que circulan las especies".
El 10 de agosto del año pasado se realizó la primera reunión organizativa con especialistas botánicos y biólogos de todo el país, el IBODA y Ambiente para comenzar la categorización de las especies vasculares del país de acuerdo a su estado de conservación, cuyos resultados preliminares se darán a conocer a fin de este año, según fuentes de Ambiente.
"Hay 10.213 especies en flora nativa en el país, según los últimos datos que relevamos con la Secretaría de Ambiente, y aún estamos trabajando en el listado Rojo de especies vasculares", indicó a Télam Fernando Zuloaga, titular del IBODA.
Ese listado implica "una instancia superadora" a la ya existente de plantas endémicas (propias del lugar) de la Argentina, porque abarca toda la flora nativa.
Hasta el momento, las únicas especies que se habían logrado catalogar son las 1.744 plantas registradas en la Lista Roja Preliminar de las Plantas Endémicas de la Argentina (PlanEAr) elaborada por la Universidad Nacional del Sur (UNS), creada por una resolución del año 2010.
Con el nuevo listado que está elaborando la secretaría de Ambiente, las categorías en las que se dividirá la flora argentina, según parámetros de la institución global Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), serán: Extintas, en peligro crítico de extinción, en peligro, vulnerable, casi amenazada, preocupación menor, datos insuficientes y no evaluados.
Especialistas consideran el listado de categorización de flora "un gran paso" porque permitirá evaluar los factores que inciden en su deterioro y reveer políticas públicas en favor de su conservación.
Realizar un inventario, identificar su territorio, saber si es propiedad privada o estatal y establecer qué posibilidades hay de hacer una reserva (si se cuenta con la concesión del lugar por parte del Estado) o un refugio de vida silvestre, son algunas de las medidas, mencionadas por De Magistris, que apuntarían a la protección de las especies.
Según estudios internacionales, existen 298 mil especies de flora en el mundo y de las 28287 evaluadas, casi la mitad, 13677, se encuentran con algún nivel de peligro.
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Remediación de Sierra Pintada tuvo su aval ambiental
Aval ambiental a la remediación de Sierra Pintada
Fecha de Publicación: 22/07/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La secretaría de Ambiente provincial otorgó la Declaración de Impacto Ambiental que habilita a la CNEA a iniciar los trabajos en el complejo minero fabril de San Rafael.
A través de la Resolución 259, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial (Sayot) de la provincia otorgó a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al proyecto de Remediación Ambiental del Complejo Minero Fabril San Rafael (Cmfsr) – Fase 1.
Según lo establece la resolución emitida hoy por la Provincia, la CNEA deberá proceder a gestionar las tareas de remediación del agua de cantera, los residuos sólidos y los efluentes contenidos en el dique de evaporación DN3B hacia los diques DN 8 y 9. Además, se designa a la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI) de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), San Rafael, como auditor de las tareas que se realicen.
Para llegar a esta instancia, la CNEA cumplió con distintos requerimientos, cumpliendo con el procedimiento de Evaluación Ambiental, incluyendo la realización de una Audiencia Pública el día 9 de enero de 2019 y una Audiencia Pública Complementaria el 30 de abril de 2019, donde más de 120 oradores presentaron su posición respecto al proyecto de remediación ambiental.
Sobre el proyecto
La remediación ambiental del CMFSR se desarrollará en el sitio ubicado en el Distrito de Cuadro Benegas, Departamento de San Rafael. Tiene como objetivo mejorar la calidad del agua de cantera minimizando la concentración de uranio, radio y arsénico y gestionar en forma segura y definitiva los residuos sólidos.
Los pasivos ambientales están controlados a través de exhaustivos monitoreos radiológicos y convencionales – que incluyen agua superficial y subterránea, sedimentos, suelo y aire - , pero que son necesarios sanear para asegurar la protección de las personas y el ambiente a largo plazo, en forma segura y sostenible.
Estas medidas, esencialmente, son la aplicación de distintas tecnologías que permitirán minimizar la concentración de uranio, radio y arsénico en el agua de cantera y extraer el uranio existente que se encuentra dentro de tambores. Para ello, por un lado, se utilizará la planta de tratamiento, que se encuentra en el predio, y, por otro, se aprovechará la construcción de un moderno dique con un sistema de múltiples barreras que permitirá concluir con la primera etapa de la remediación de los pasivos ambientales.
La remediación ambiental propuesta por la CNEA constituye una continuidad de la política institucional en la materia, ya que se aplicarán técnicas, metodologías y procedimientos que están a la vanguardia de la gestión de sitios donde se realizaron actividades mineras.
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Fecha de Publicación: 22/07/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La secretaría de Ambiente provincial otorgó la Declaración de Impacto Ambiental que habilita a la CNEA a iniciar los trabajos en el complejo minero fabril de San Rafael.
A través de la Resolución 259, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial (Sayot) de la provincia otorgó a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al proyecto de Remediación Ambiental del Complejo Minero Fabril San Rafael (Cmfsr) – Fase 1.
Según lo establece la resolución emitida hoy por la Provincia, la CNEA deberá proceder a gestionar las tareas de remediación del agua de cantera, los residuos sólidos y los efluentes contenidos en el dique de evaporación DN3B hacia los diques DN 8 y 9. Además, se designa a la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI) de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), San Rafael, como auditor de las tareas que se realicen.
Para llegar a esta instancia, la CNEA cumplió con distintos requerimientos, cumpliendo con el procedimiento de Evaluación Ambiental, incluyendo la realización de una Audiencia Pública el día 9 de enero de 2019 y una Audiencia Pública Complementaria el 30 de abril de 2019, donde más de 120 oradores presentaron su posición respecto al proyecto de remediación ambiental.
Sobre el proyecto
La remediación ambiental del CMFSR se desarrollará en el sitio ubicado en el Distrito de Cuadro Benegas, Departamento de San Rafael. Tiene como objetivo mejorar la calidad del agua de cantera minimizando la concentración de uranio, radio y arsénico y gestionar en forma segura y definitiva los residuos sólidos.
Los pasivos ambientales están controlados a través de exhaustivos monitoreos radiológicos y convencionales – que incluyen agua superficial y subterránea, sedimentos, suelo y aire - , pero que son necesarios sanear para asegurar la protección de las personas y el ambiente a largo plazo, en forma segura y sostenible.
Estas medidas, esencialmente, son la aplicación de distintas tecnologías que permitirán minimizar la concentración de uranio, radio y arsénico en el agua de cantera y extraer el uranio existente que se encuentra dentro de tambores. Para ello, por un lado, se utilizará la planta de tratamiento, que se encuentra en el predio, y, por otro, se aprovechará la construcción de un moderno dique con un sistema de múltiples barreras que permitirá concluir con la primera etapa de la remediación de los pasivos ambientales.
La remediación ambiental propuesta por la CNEA constituye una continuidad de la política institucional en la materia, ya que se aplicarán técnicas, metodologías y procedimientos que están a la vanguardia de la gestión de sitios donde se realizaron actividades mineras.
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El biogás también prendió en RenovAr
Biogás: los proyectos con efluentes porcinos y desechos agrícolas para la ronda 3 de RenovAr
Fecha de Publicación: 22/07/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Tres propuestas cordobesas para generar energía a partir del biogás se presentaron en la ronda 3 de RenovAr . Son los de la Compañía Anglo Córdoba de Tierras, que ofertó un MW en Villa de María de Río Seco, en el norte de Córdoba ; 1,20 MW de Golosinas O.E.N.P, Arinco SRL, Frigorífico Sudeste SA, Enrique Jonneret e Hijos SA y Cleanergy Renovables SA en Bell Ville (sudeste provincial), y un MW, deLa Paloma Bioenergía en Serrano (al sur).
Desde la Compañía Anglo Córdoba de Tierras, una empresa agropecuaria e industrial con 30 años de trayectoria, explicaron a LA NACION que el proyecto del biodigestor en Villa de María de Río Seco está vinculado a la granja de cerdos de 500 madres que tienen en el lugar y apunta al autoabastecimiento, al menos en una primera instancia.
"Se producirá energía con los efluentes porcinos y con los del feedlot", indicaron. El criadero funciona en la estancia Las Pencas, donde, además, hacen ganado ovino y agricultura "sustentable y certificada". La estrategia del grupo, señalaron, es seguir creciendo a partir de agregar valor en origen a la cadena productiva.
En Bell Ville la iniciativa es para la generación y producción de energía a través de la digestión anaeróbica de biomasa. La propuesta ya fue declarada de interés municipal y reúne a empresas de diferentes sectores económicos de la ciudad que buscaron, de manera conjunta, aumentar la capacidad de respuesta a los problemas ambientales.
Para la generación harán un aprovechamiento energético de los residuos orgánicos y, además, producirán fertilizantes. También prevén el tratamiento de las aguas residuales de alta carga orgánica.
Por su parte, La Paloma Bioenergía aprovechará los desechos agrícolas para producir biogás y transformarlo en 1 MW de energía. En ese caso, Aldo Longo, dueño de la planta, firmó un acuerdo con la empresa provincial de energía EPEC para conectarse a la red de la cooperativa para inyectar energía. De esta forma, en una segunda etapa, podrá comercializarla en el Mercado Eléctrico Mayorista.
En Renovar 3, además de estos tres proyectos de Córdoba, hay dos eólicos (Adelia María, de 12,6 MW; y General Levalle, de 12,9 MW) y una mini central hidroeléctrica (La Calera, de 3 MW).
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Fecha de Publicación: 22/07/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Tres propuestas cordobesas para generar energía a partir del biogás se presentaron en la ronda 3 de RenovAr . Son los de la Compañía Anglo Córdoba de Tierras, que ofertó un MW en Villa de María de Río Seco, en el norte de Córdoba ; 1,20 MW de Golosinas O.E.N.P, Arinco SRL, Frigorífico Sudeste SA, Enrique Jonneret e Hijos SA y Cleanergy Renovables SA en Bell Ville (sudeste provincial), y un MW, deLa Paloma Bioenergía en Serrano (al sur).
Desde la Compañía Anglo Córdoba de Tierras, una empresa agropecuaria e industrial con 30 años de trayectoria, explicaron a LA NACION que el proyecto del biodigestor en Villa de María de Río Seco está vinculado a la granja de cerdos de 500 madres que tienen en el lugar y apunta al autoabastecimiento, al menos en una primera instancia.
"Se producirá energía con los efluentes porcinos y con los del feedlot", indicaron. El criadero funciona en la estancia Las Pencas, donde, además, hacen ganado ovino y agricultura "sustentable y certificada". La estrategia del grupo, señalaron, es seguir creciendo a partir de agregar valor en origen a la cadena productiva.
En Bell Ville la iniciativa es para la generación y producción de energía a través de la digestión anaeróbica de biomasa. La propuesta ya fue declarada de interés municipal y reúne a empresas de diferentes sectores económicos de la ciudad que buscaron, de manera conjunta, aumentar la capacidad de respuesta a los problemas ambientales.
Para la generación harán un aprovechamiento energético de los residuos orgánicos y, además, producirán fertilizantes. También prevén el tratamiento de las aguas residuales de alta carga orgánica.
Por su parte, La Paloma Bioenergía aprovechará los desechos agrícolas para producir biogás y transformarlo en 1 MW de energía. En ese caso, Aldo Longo, dueño de la planta, firmó un acuerdo con la empresa provincial de energía EPEC para conectarse a la red de la cooperativa para inyectar energía. De esta forma, en una segunda etapa, podrá comercializarla en el Mercado Eléctrico Mayorista.
En Renovar 3, además de estos tres proyectos de Córdoba, hay dos eólicos (Adelia María, de 12,6 MW; y General Levalle, de 12,9 MW) y una mini central hidroeléctrica (La Calera, de 3 MW).
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Vaca Muerta y el lento traslado de los residuos
El "lado B" de Vaca Muerta: el lento traslado de los residuos petroleros
Fecha de Publicación: 20/07/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
El cierre de las plantas tratadoras en el Parque Industrial descomprimió las críticas y la presión social, pero la mudanza demandará no menos de cinco años. Se moverán 200 mil toneladas de áridos por las rutas de la región para su disposición final.
El “lado B” de Vaca Muerta es ese que huele mal, el de los piletones viscosos y las chimeneas de humaredas ennegrecidas. Son las empresas tratadoras de residuos peligrosos las que deben ocuparse de la “basura” que genera la industria hidrocarburífera y las que aún siguen bajo escrutinio vecinal por las consecuencias que generó una ubicación incómoda en el ejido de la ciudad.
Las principales firmas de este tipo en el Parque Industrial de Neuquén, Comarsa e Indarsa, ya mudaron el grueso de sus instalaciones a Añelo, aunque el proceso de traslado se les viene haciendo lento a los vecinos de la capital. Recién en el 2022, se promete, estará completo.
En las afueras de Comarsa, los paredones no alcanzan a cubrir los 300.000 metros cúbicos de material contaminado que la empresa tiene que tratar para completar el saneamiento del predio y concentrarse en su nueva planta, a unos 100 kilómetros de allí. En Indarsa, aún se apilan tachos y bidones con líquidos y aceites que dejó el tratamiento. Aún mantiene un horno de incineración para ocuparse del stock remanente que “sí, está tirando humo”, reconocieron desde la Subsecretaría de Ambiente. No es del tipo que se emanaba en Comarsa, empresa que también se ocupa del proceso de desorción del “cutting” (recortes de perforación), de mayor volumen y peligrosidad.
“Ya tenemos cerrado el PIN, lo único que nos quedó es la actividad de remediación y en Añelo ya estamos con los hornos pirolíticos funcionando y estamos encendiendo el horno desorbedor y tratando líquidos”, explicó Héctor Basilotta, director de Comarsa. Dijo que hace unos tres meses están tratando residuos sólidos contaminados y que comenzaron “hace poco” a recibir el “cutting”, pero recién podrán comenzar a tratarlo dentro de unos 30 días.
A la empresa le quedaron 300.000 metros cúbicos acopiados que dividirá en dos técnicas para completar el desalojo en la capital. Unos 100.000 se tratarán a través de biorremediación, proceso que, según Ambiente, “es muy aceptado pero lleva años y no es el mejor para zonas frías como esta”. Los otros 200.000 metros cúbicos se enviarán al relleno de seguridad que la empresa Servicios Ambientales Neuquén montó a 10 kilómetros de Añelo, en la zona conocida como Bajada de Mono.
Cada camión tiene capacidad para transportar un máximo de 23 metros cúbicos, por lo que serán unos 8.700 los que se subirán a las rutas petroleras en los próximos tres años para trasladar el material.
Basilotta que cuando las tierras queden saneadas decidirán qué hacer con el predio desocupado. “Esas tierras son nuestras y lo que hagamos ahí no tendrá nada que ver con esta actividad de ahora”, planteó.
El empresario dijo que la inversión para mudarse fue “millonaria” y todavía no concluyó. “Sufrimos una presión social importante, en muchos casos injusta, que conllevó al cierre. En Añelo somos la única planta que está dentro de la normativa vigente de estar a 8 kilómetros del ejido urbano”, aseguró.
Esto es así porque otra de las empresas remediadoras, Treater, se encuentra dentro del ejido de Añelo y lo mismo ocurre con Indarsa, cuyo traslado fue al Parque Industrial de esa ciudad.
Treater fue puesta en la mira el último año a raíz de las denuncias de Greenpeace y la Confederación Mapuche por supuestas irregularidades en la impermeabilización de los piletones donde se descargan los residuos peligrosos. Las primeras pericias ordenadas por la justicia arrojaron valores normales de contaminación, por debajo de lo tolerable, aunque la fiscalía anticipó que ordenaría “contrapruebas”.
En el caso de Indarsa, si bien esta empresa no fue la que concentró los rechazos de vecinos de la meseta cuando se reclamaron los traslados, sí tuvo un episodio crítico cuando, en 2014, ocurrió un derrame de líquidos con hidrocarburos que se extendió por un “río” de más de 300 metros. Por ese incidente se le cobró una multa de 2 millones de pesos que, luego de recurrirse en varias instancias, quedó firme y “fue ejecutada por la fiscalía de Estado”, según informaron desde Ambiente.
Los funcionarios consultados aclararon que el predio de la empresa en Añelo era preexistente a la norma que previó la distancia de 8 kilómetros para las tratadoras. “No se le puede exigir a una empresa que se vaya por una ley anterior a su instalación”, plantearon.
Indarsa fue una de las empresas que aportó a la campaña a gobernador de Omar Gutiérrez. Fueron 50.000 pesos a través de diez aportes de 5.000, según informó el Movimiento Popular Neuquino en su rendición de gastos a la justicia electoral.
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Fecha de Publicación: 20/07/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
El cierre de las plantas tratadoras en el Parque Industrial descomprimió las críticas y la presión social, pero la mudanza demandará no menos de cinco años. Se moverán 200 mil toneladas de áridos por las rutas de la región para su disposición final.
El “lado B” de Vaca Muerta es ese que huele mal, el de los piletones viscosos y las chimeneas de humaredas ennegrecidas. Son las empresas tratadoras de residuos peligrosos las que deben ocuparse de la “basura” que genera la industria hidrocarburífera y las que aún siguen bajo escrutinio vecinal por las consecuencias que generó una ubicación incómoda en el ejido de la ciudad.
Las principales firmas de este tipo en el Parque Industrial de Neuquén, Comarsa e Indarsa, ya mudaron el grueso de sus instalaciones a Añelo, aunque el proceso de traslado se les viene haciendo lento a los vecinos de la capital. Recién en el 2022, se promete, estará completo.
En las afueras de Comarsa, los paredones no alcanzan a cubrir los 300.000 metros cúbicos de material contaminado que la empresa tiene que tratar para completar el saneamiento del predio y concentrarse en su nueva planta, a unos 100 kilómetros de allí. En Indarsa, aún se apilan tachos y bidones con líquidos y aceites que dejó el tratamiento. Aún mantiene un horno de incineración para ocuparse del stock remanente que “sí, está tirando humo”, reconocieron desde la Subsecretaría de Ambiente. No es del tipo que se emanaba en Comarsa, empresa que también se ocupa del proceso de desorción del “cutting” (recortes de perforación), de mayor volumen y peligrosidad.
“Ya tenemos cerrado el PIN, lo único que nos quedó es la actividad de remediación y en Añelo ya estamos con los hornos pirolíticos funcionando y estamos encendiendo el horno desorbedor y tratando líquidos”, explicó Héctor Basilotta, director de Comarsa. Dijo que hace unos tres meses están tratando residuos sólidos contaminados y que comenzaron “hace poco” a recibir el “cutting”, pero recién podrán comenzar a tratarlo dentro de unos 30 días.
A la empresa le quedaron 300.000 metros cúbicos acopiados que dividirá en dos técnicas para completar el desalojo en la capital. Unos 100.000 se tratarán a través de biorremediación, proceso que, según Ambiente, “es muy aceptado pero lleva años y no es el mejor para zonas frías como esta”. Los otros 200.000 metros cúbicos se enviarán al relleno de seguridad que la empresa Servicios Ambientales Neuquén montó a 10 kilómetros de Añelo, en la zona conocida como Bajada de Mono.
Cada camión tiene capacidad para transportar un máximo de 23 metros cúbicos, por lo que serán unos 8.700 los que se subirán a las rutas petroleras en los próximos tres años para trasladar el material.
Basilotta que cuando las tierras queden saneadas decidirán qué hacer con el predio desocupado. “Esas tierras son nuestras y lo que hagamos ahí no tendrá nada que ver con esta actividad de ahora”, planteó.
El empresario dijo que la inversión para mudarse fue “millonaria” y todavía no concluyó. “Sufrimos una presión social importante, en muchos casos injusta, que conllevó al cierre. En Añelo somos la única planta que está dentro de la normativa vigente de estar a 8 kilómetros del ejido urbano”, aseguró.
Esto es así porque otra de las empresas remediadoras, Treater, se encuentra dentro del ejido de Añelo y lo mismo ocurre con Indarsa, cuyo traslado fue al Parque Industrial de esa ciudad.
Treater fue puesta en la mira el último año a raíz de las denuncias de Greenpeace y la Confederación Mapuche por supuestas irregularidades en la impermeabilización de los piletones donde se descargan los residuos peligrosos. Las primeras pericias ordenadas por la justicia arrojaron valores normales de contaminación, por debajo de lo tolerable, aunque la fiscalía anticipó que ordenaría “contrapruebas”.
En el caso de Indarsa, si bien esta empresa no fue la que concentró los rechazos de vecinos de la meseta cuando se reclamaron los traslados, sí tuvo un episodio crítico cuando, en 2014, ocurrió un derrame de líquidos con hidrocarburos que se extendió por un “río” de más de 300 metros. Por ese incidente se le cobró una multa de 2 millones de pesos que, luego de recurrirse en varias instancias, quedó firme y “fue ejecutada por la fiscalía de Estado”, según informaron desde Ambiente.
Los funcionarios consultados aclararon que el predio de la empresa en Añelo era preexistente a la norma que previó la distancia de 8 kilómetros para las tratadoras. “No se le puede exigir a una empresa que se vaya por una ley anterior a su instalación”, plantearon.
Indarsa fue una de las empresas que aportó a la campaña a gobernador de Omar Gutiérrez. Fueron 50.000 pesos a través de diez aportes de 5.000, según informó el Movimiento Popular Neuquino en su rendición de gastos a la justicia electoral.
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Chaco: ONG se suma a la lucha judicial por los desmontes
Somos Monte se mete de lleno en la lucha judicial por los bosques nativos
Fecha de Publicación: 20/07/2019
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
La organización se presentó como “Amigos del tribunal” en la causa que busca frenar los desmontes en zonas amarillas.
A través de un escrito presentado en el Juzgado Civil N° 21, a cargo de Julián Flores, la organización Somos Monte solicita participar como ‘Amigos del Tribunal‘ en la causa impulsada por el defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco, Gustavo Corregido, para frenar los desmontes en zonas amarillas.
La presentación solicita que se haga lugar a la acción de amparo del Defensor del Pueblo y se disponga la ‘prohibición absoluta‘ de autorización de cambio de uso de suelo, recategorización, desmonte en cualquiera de las tres categorías del Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (OTBN), sancionado por la Ley 1762-R; que en etapa de ejecución de sentencia se proceda a realizar el inventario del bosque nativo de la provincia; y que se proceda a organizar el proceso de actualización del OTBN ‘con control judicial y de los intervinientes en el presente proceso‘.
Pero además, Somos Monte pidió que ‘en función de la naturaleza de los derechos en juego, oportunamente, se convoque audiencia pública‘. Para la organización ambientalista, están dadas las condiciones para que se ‘declare la nulidad‘ de los permisos otorgados hasta la fecha para desmontes en zona amarilla -Categoría II- a escala predial vigentes por ‘no cumplir con las prescripciones de la ley 26.331‘.
En este sentido expuso que la Provincia del Chaco es una de las jurisdicciones que ‘más bosque nativo ha perdido‘, unas 72.536 hectáreas, de las cuales 40.756 fueron en zonas protegidas, tal como figura en el informe de la organización Greneenpeace llamado ‘Desmontes S.A Informe Final Chaco 2018‘ que da cuenta de que ‘entre enero y octubre de 2018 en la provincia de Chaco se desmontaron 31.372 hectáreas, de las cuales 13.571 eran de bosques protegidos‘.
‘Nos interesa poner de relieve que el desmonte del bosque nativo en la Provincia del Chaco es claramente un proceso: proceso social, económico, político, cultural que se agudiza a partir de los finales de la década del 90 del siglo pasado con la aprobación, introducción y consolidación del denominado modelo sojero‘, plantea el escrito presentado por Somos Monte.
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Fecha de Publicación: 20/07/2019
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
La organización se presentó como “Amigos del tribunal” en la causa que busca frenar los desmontes en zonas amarillas.
A través de un escrito presentado en el Juzgado Civil N° 21, a cargo de Julián Flores, la organización Somos Monte solicita participar como ‘Amigos del Tribunal‘ en la causa impulsada por el defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco, Gustavo Corregido, para frenar los desmontes en zonas amarillas.
La presentación solicita que se haga lugar a la acción de amparo del Defensor del Pueblo y se disponga la ‘prohibición absoluta‘ de autorización de cambio de uso de suelo, recategorización, desmonte en cualquiera de las tres categorías del Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (OTBN), sancionado por la Ley 1762-R; que en etapa de ejecución de sentencia se proceda a realizar el inventario del bosque nativo de la provincia; y que se proceda a organizar el proceso de actualización del OTBN ‘con control judicial y de los intervinientes en el presente proceso‘.
Pero además, Somos Monte pidió que ‘en función de la naturaleza de los derechos en juego, oportunamente, se convoque audiencia pública‘. Para la organización ambientalista, están dadas las condiciones para que se ‘declare la nulidad‘ de los permisos otorgados hasta la fecha para desmontes en zona amarilla -Categoría II- a escala predial vigentes por ‘no cumplir con las prescripciones de la ley 26.331‘.
En este sentido expuso que la Provincia del Chaco es una de las jurisdicciones que ‘más bosque nativo ha perdido‘, unas 72.536 hectáreas, de las cuales 40.756 fueron en zonas protegidas, tal como figura en el informe de la organización Greneenpeace llamado ‘Desmontes S.A Informe Final Chaco 2018‘ que da cuenta de que ‘entre enero y octubre de 2018 en la provincia de Chaco se desmontaron 31.372 hectáreas, de las cuales 13.571 eran de bosques protegidos‘.
‘Nos interesa poner de relieve que el desmonte del bosque nativo en la Provincia del Chaco es claramente un proceso: proceso social, económico, político, cultural que se agudiza a partir de los finales de la década del 90 del siglo pasado con la aprobación, introducción y consolidación del denominado modelo sojero‘, plantea el escrito presentado por Somos Monte.
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Etiquetas:
bosques nativos,
Chaco,
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ecosistemas,
legislación y derecho ambiental
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Media sanción para la “Emergencia climática” en la Argentina
El Senado le dio media sanción a un proyecto que declara la “Emergencia climática” en la Argentina
Fecha de Publicación: 19/07/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
También aprobó un proyecto que fija “obligaciones concretas” para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
El Senado aprobó esta tarde y giró a la cámara de Diputados un proyecto de ley de lucha contra el cambio climático, al tiempo que declaró la "Emergencia climática y ecológica" en el territorio argentino.
El proyecto "establece herramientas para que la Argentina se adapte al cambio climático y fija obligaciones concretas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero", precisó el senador Fernando "Pino" Solanas, impulsor de la iniciativa.
Por su parte, la declaración de "Emergencia climática y ecológica" en la Argentina fue propuesta por la agrupación "Jóvenes por el clima" y tras ser impulsada por Solanas, recibió el aval de la Cámara alta.
“La consecuencias del cambio climático sobre la naturaleza y las condiciones climáticas son brutales. Hay una suerte de resistencia que no acepta que el cambio climático es la mayor amenaza que tiene hoy la humanidad. Si seguimos a este ritmo las aguas seguirán subiendo, desparecerán las islas y las ciudades ribereñas estarán amenazadas, dijo el legislador.
El aval del Senado se da luego de distintas movilizaciones de jóvenes para exigirle a los gobernantes "medidas concretas" de lucha contra el cambio climático. La más importante se dio en marzo, frente al Congreso: por primera vez de modo organizado, chicos y chicas de entre 13 y 25 años se movilizaron para reclamar medidas urgentes que eviten la destrucción del ambiente.
El proyecto aprobado por el Senado, en esa línea, busca establecer estrategias y medidas relativas al estudio del impacto, la vulnerabilidad y las actividades de adaptación al cambio climático que puedan garantizar el comportamiento humano y de los ecosistemas.
"Somos el 17° país en declarar la Emergencia Climática y Ecológica y el primero en Latinoamérica. Estoy muy emocionado porque hoy pudimos sacar estos dos proyectos con los cuales trabajamos muy intensamente", agregó Solanas.
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Investigan si pingüinos crestados están afectados por el CC
Estudian cómo afecta el cambio climático a la población de pingüinos crestados
Fecha de Publicación: 19/07/2019
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Nacional
Andrea Raya Rey, investigadora independiente del CONICET en el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC, CONICET) y su dirigido, Nicolás Lois, becario del CONICET en el Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA, CONICET-UBA), participaron de una investigación publicada en noviembre pasado en la revista Scientific Reports. Se trata de una colaboración internacional para el estudio genético de los pingüinos crestados. “Los Eudyptes se distribuyen principalmente en islas subantárticas y este estudio incluye las especies Penacho Amarillo, Macaroni y Real”, describe Lois.
Afectados por el calentamiento global
Los pingüinos crestados vienen sufriendo considerables mermas poblacionales atribuidas principalmente al cambio climático. En Malvinas, por ejemplo, desde la década del ´70 se perdió entre el 70 y el 80 por ciento de la población de Pingüinos Penacho Amarillo del Sur. De hecho, “esta especie está catalogada como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés), y se declaró la importancia de su estudio y protección”, cuenta Raya Rey. No obstante, son estudiados por muy pocos equipos a nivel mundial, dentro de los cuales el CADIC tiene una gran relevancia.
“Utilizamos análisis genéticos que no se asocian a ningún rasgo físico de los pingüinos. Es decir que cuando encontramos diferencias en la información genética sabemos que son cambios que sucedieron al azar y nos permiten estimar la magnitud de las diferencias entre las poblaciones. Estas diferencias pueden ser sutiles y nos interesa saber cuál es la escala a la que se observan, lo que resulta sumamente valioso principalmente en relación a la conservación de especies vulnerables”, explica Lois.
Principales hallazgos
Hace tiempo se discute en la comunidad científica si dentro de los pingüinos Penacho Amarillo existen dos o tres especies. En este trabajo, los investigadores encontraron evidencias genéticas que apoyan que sea un complejo de tres especies. Sin embargo, no se encontró este tipo de diferenciación en las otras especies en estudio, los pingüinos Macaroni y Real. “Este hallazgo tiene grandes implicancias para la conservación de las especies. En este momento nos encontramos analizando en mayor detalle lo que sucede en las poblaciones del Océano Atlántico Sudoccidental, y los resultados hasta el momento refuerzan aún más esta
separación.”, acota Raya Rey.
La segregación genética se produce luego de un transcurso prolongado de tiempo en el que diferentes colonias han estado sometidas a condiciones disímiles, sin tener contacto – o muy bajo – entre sí. Sin embargo, estos pingüinos presentan una gran dispersión, son capaces de moverse grandes distancias, por lo que no sería esperable que se de este fenómeno. Lo que se observa en la naturaleza es que algunas especies presentan mayor diferenciación genética que otras, aún teniendo la capacidad de dispersarse entre poblaciones.
Una posible explicación puede encontrarse dentro de la propia investigación. Los frentes marinos aparecen como una fuerza limitante de la dispersión de especies que restringen el intercambio genético. Por ejemplo, existen especies que habitan al sur del Frente Polar Antártico y no las encontramos en el Frente Subtropical debido a las particularidades de cada masa de agua, especialmente en términos de temperatura, salinidad y, por ende, de los ecosistemas que se generan en cada una de ellas.
En el caso que individuos de una población cruzaran alguno de estos frentes y fundaran allí una colonia se verían sometidos a condiciones muy diferentes de las anteriores. De sobrevivir –gracias a la enorme plasticidad característica de estos pingüinos– y si no volvieran a cruzarse con individuos de sus colonias originales, podrían comenzar a diferenciarse hasta conformar una nueva especie. Esto está propuesto para otras especies de aves marinas, pero aún no fue estudiado en el pingüino de penacho amarillo sino que es simplemente una hipótesis a analizar.
Conservación
Tal como se comentó al comienzo de la nota, los Pingüinos Crestados han sido declarados en su mayoría como especies vulnerables y, en algunos casos, en peligro de extinción, ya que se registran disminuciones continuas en sus poblaciones, su éxito reproductivo y la supervivencia en los primeros años son muy bajos. Esto, sumado a los numerosos cambios que viene sufriendo el entorno en el que viven, hace aún más importante establecer mejores pautas para su conservación.
En este sentido, la publicación en cuestión es muy relevante. “La biodiversidad se plasma en tres niveles: ecosistémico, poblacional y genético. Los estudios en este último nivel -que es el menos conocido- resultan claves a la hora de plantear estrategias de conservación. En el caso del Penacho Amarillo, en particular, es fundamental determinar si es un complejo de dos o tres especies, ya que el número de individuos de cada uno de estos grupos se modifica, con grandes implicancias en el grado de vulnerabilidad, lo cual ameritará redefinir o al menos repensar el estado de conservación de cada una de ellas. Si tenemos un número x
de individuos-mil, por ejemplo- dividido en dos especies, cada una tendría un promedio de 500 ejemplares; mientras que si se dividen en tres especies, el número de pingüinos que integran cada una, se reducirá considerablemente y aumentará el riesgo de que alguna desaparezca”, explica Raya Rey.
“Los pingüinos crestados son muy plásticos a la hora de adaptarse a diferentes condiciones ambientales y de abundancias de presas, lo que constituye una característica favorable en el marco de cambio global actual. Estamos tratando de determinar el nivel de plasticidad de estos individuos en las diferentes colonias. Estos resultados acoplados a los genéticos, nos permitirán entender cuáles son las poblaciones más susceptibles e importantes para su conservación a nivel regional. Las colaboraciones internacionales permiten que trabajos a escala local y regional tengan también un impacto en la conservación de las especies a nivel global”, concluye Lois.
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Fecha de Publicación: 19/07/2019
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Nacional
Andrea Raya Rey, investigadora independiente del CONICET en el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC, CONICET) y su dirigido, Nicolás Lois, becario del CONICET en el Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA, CONICET-UBA), participaron de una investigación publicada en noviembre pasado en la revista Scientific Reports. Se trata de una colaboración internacional para el estudio genético de los pingüinos crestados. “Los Eudyptes se distribuyen principalmente en islas subantárticas y este estudio incluye las especies Penacho Amarillo, Macaroni y Real”, describe Lois.
Afectados por el calentamiento global
Los pingüinos crestados vienen sufriendo considerables mermas poblacionales atribuidas principalmente al cambio climático. En Malvinas, por ejemplo, desde la década del ´70 se perdió entre el 70 y el 80 por ciento de la población de Pingüinos Penacho Amarillo del Sur. De hecho, “esta especie está catalogada como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés), y se declaró la importancia de su estudio y protección”, cuenta Raya Rey. No obstante, son estudiados por muy pocos equipos a nivel mundial, dentro de los cuales el CADIC tiene una gran relevancia.
“Utilizamos análisis genéticos que no se asocian a ningún rasgo físico de los pingüinos. Es decir que cuando encontramos diferencias en la información genética sabemos que son cambios que sucedieron al azar y nos permiten estimar la magnitud de las diferencias entre las poblaciones. Estas diferencias pueden ser sutiles y nos interesa saber cuál es la escala a la que se observan, lo que resulta sumamente valioso principalmente en relación a la conservación de especies vulnerables”, explica Lois.
Principales hallazgos
Hace tiempo se discute en la comunidad científica si dentro de los pingüinos Penacho Amarillo existen dos o tres especies. En este trabajo, los investigadores encontraron evidencias genéticas que apoyan que sea un complejo de tres especies. Sin embargo, no se encontró este tipo de diferenciación en las otras especies en estudio, los pingüinos Macaroni y Real. “Este hallazgo tiene grandes implicancias para la conservación de las especies. En este momento nos encontramos analizando en mayor detalle lo que sucede en las poblaciones del Océano Atlántico Sudoccidental, y los resultados hasta el momento refuerzan aún más esta
separación.”, acota Raya Rey.
La segregación genética se produce luego de un transcurso prolongado de tiempo en el que diferentes colonias han estado sometidas a condiciones disímiles, sin tener contacto – o muy bajo – entre sí. Sin embargo, estos pingüinos presentan una gran dispersión, son capaces de moverse grandes distancias, por lo que no sería esperable que se de este fenómeno. Lo que se observa en la naturaleza es que algunas especies presentan mayor diferenciación genética que otras, aún teniendo la capacidad de dispersarse entre poblaciones.
Una posible explicación puede encontrarse dentro de la propia investigación. Los frentes marinos aparecen como una fuerza limitante de la dispersión de especies que restringen el intercambio genético. Por ejemplo, existen especies que habitan al sur del Frente Polar Antártico y no las encontramos en el Frente Subtropical debido a las particularidades de cada masa de agua, especialmente en términos de temperatura, salinidad y, por ende, de los ecosistemas que se generan en cada una de ellas.
En el caso que individuos de una población cruzaran alguno de estos frentes y fundaran allí una colonia se verían sometidos a condiciones muy diferentes de las anteriores. De sobrevivir –gracias a la enorme plasticidad característica de estos pingüinos– y si no volvieran a cruzarse con individuos de sus colonias originales, podrían comenzar a diferenciarse hasta conformar una nueva especie. Esto está propuesto para otras especies de aves marinas, pero aún no fue estudiado en el pingüino de penacho amarillo sino que es simplemente una hipótesis a analizar.
Conservación
Tal como se comentó al comienzo de la nota, los Pingüinos Crestados han sido declarados en su mayoría como especies vulnerables y, en algunos casos, en peligro de extinción, ya que se registran disminuciones continuas en sus poblaciones, su éxito reproductivo y la supervivencia en los primeros años son muy bajos. Esto, sumado a los numerosos cambios que viene sufriendo el entorno en el que viven, hace aún más importante establecer mejores pautas para su conservación.
En este sentido, la publicación en cuestión es muy relevante. “La biodiversidad se plasma en tres niveles: ecosistémico, poblacional y genético. Los estudios en este último nivel -que es el menos conocido- resultan claves a la hora de plantear estrategias de conservación. En el caso del Penacho Amarillo, en particular, es fundamental determinar si es un complejo de dos o tres especies, ya que el número de individuos de cada uno de estos grupos se modifica, con grandes implicancias en el grado de vulnerabilidad, lo cual ameritará redefinir o al menos repensar el estado de conservación de cada una de ellas. Si tenemos un número x
de individuos-mil, por ejemplo- dividido en dos especies, cada una tendría un promedio de 500 ejemplares; mientras que si se dividen en tres especies, el número de pingüinos que integran cada una, se reducirá considerablemente y aumentará el riesgo de que alguna desaparezca”, explica Raya Rey.
“Los pingüinos crestados son muy plásticos a la hora de adaptarse a diferentes condiciones ambientales y de abundancias de presas, lo que constituye una característica favorable en el marco de cambio global actual. Estamos tratando de determinar el nivel de plasticidad de estos individuos en las diferentes colonias. Estos resultados acoplados a los genéticos, nos permitirán entender cuáles son las poblaciones más susceptibles e importantes para su conservación a nivel regional. Las colaboraciones internacionales permiten que trabajos a escala local y regional tengan también un impacto en la conservación de las especies a nivel global”, concluye Lois.
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Denuncia en justicia para que no se usen ríos para el fracking
Piden no uso de ríos para el fracking
Fecha de Publicación: 19/07/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Patagonia
Un ciudadano de Patagones presentó una denuncia en el Juzgado Federal de Viedma por el uso del agua de los ríos Limay, Neuquén, Negro y Colorado para realizar el proceso de fractura hidráulica. La acción es por la posible comisión del delito de contaminación de las cuencas.
Según informó el portal Agencia Digital de Noticias, el 13 de junio la Fiscalía Federal de Viedma recibió la denuncia de Elvio Mendioroz para investigar y llegar a una conclusión que podría ser, entre otras, una medida cautelar contra las empresas que trabajan en Río Negro y Neuquén, especialmente en Vaca Muerta.
«No estamos planteando frenar el fracking sino evitar que se haga con agua, con el agua de las cuencas de nuestros ríos», planteó Mendioroz en diálogo con la radio de FM El Rayo, de la ciudad de Viedma. «Agua por petróleo, no», sentenció el vecino, quien reflexionó que «el agua en esencia y prioridad es fuente de vida y para la vida, no más».
Mendioroz planteó que el uso del agua de ríos para fractura hidráulica afecta el principio de «incongruencia» que invoca el artículo 41 de la Constitución Nacional.
El derrame de agua de producción ocurrido a fines de junio en el yacimiento mendocino de Cerro Mollar alcanzó los 4.000 litros, según confirmó el Departamento General de Irrigación de Mendoza. El líquido llegó hasta el arroyo El Alamo, que es un cauce que no está conectado con el río Atuel, como se informó en primer término.
Jorge Fernández, jefe de Zona de Riego de Irrigación en Malargüe, fue quien brindó detalles sobre el incidente e informó que se aplicará una multa a la empresa Phoenix, operadora del yacimiento.
Fernández explicó que «cuando se extrae el petróleo, viene con cierta cantidad de agua, entonces a través de un proceso se separa esa agua, que es un resto que queda, se vuelve a inyectar al estrato del cual ha sido extraído, a través de unos pozos inyectores». El agua llega a los pozos inyectores a través de unas conducciones y en una de esas hubo una pinchadura que produjo un derrame estimado en aproximadamente 4 mil litros».
El líquido derramado llegó al arroyo El Manzano, que es afluente de El Alamo. «Para la actividad petrolera es un incidente de carácter medio por el volumen derramado, pero para nosotros, si bien no se puede determinar con exactitud cuánto de esos 4 mil litros llegaron hasta el arroyo, es una situación grave», indicó el inspector. Para despejar dudas, Fernández contestó que «el arroyo El Alamo no tiene nada que ver con el río Atuel, por eso la actuación sobre el incidente pertenece a la cuenca del río Malargüe».
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Fecha de Publicación: 19/07/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Patagonia
Un ciudadano de Patagones presentó una denuncia en el Juzgado Federal de Viedma por el uso del agua de los ríos Limay, Neuquén, Negro y Colorado para realizar el proceso de fractura hidráulica. La acción es por la posible comisión del delito de contaminación de las cuencas.
Según informó el portal Agencia Digital de Noticias, el 13 de junio la Fiscalía Federal de Viedma recibió la denuncia de Elvio Mendioroz para investigar y llegar a una conclusión que podría ser, entre otras, una medida cautelar contra las empresas que trabajan en Río Negro y Neuquén, especialmente en Vaca Muerta.
«No estamos planteando frenar el fracking sino evitar que se haga con agua, con el agua de las cuencas de nuestros ríos», planteó Mendioroz en diálogo con la radio de FM El Rayo, de la ciudad de Viedma. «Agua por petróleo, no», sentenció el vecino, quien reflexionó que «el agua en esencia y prioridad es fuente de vida y para la vida, no más».
Mendioroz planteó que el uso del agua de ríos para fractura hidráulica afecta el principio de «incongruencia» que invoca el artículo 41 de la Constitución Nacional.
El derrame de agua de producción ocurrido a fines de junio en el yacimiento mendocino de Cerro Mollar alcanzó los 4.000 litros, según confirmó el Departamento General de Irrigación de Mendoza. El líquido llegó hasta el arroyo El Alamo, que es un cauce que no está conectado con el río Atuel, como se informó en primer término.
Jorge Fernández, jefe de Zona de Riego de Irrigación en Malargüe, fue quien brindó detalles sobre el incidente e informó que se aplicará una multa a la empresa Phoenix, operadora del yacimiento.
Fernández explicó que «cuando se extrae el petróleo, viene con cierta cantidad de agua, entonces a través de un proceso se separa esa agua, que es un resto que queda, se vuelve a inyectar al estrato del cual ha sido extraído, a través de unos pozos inyectores». El agua llega a los pozos inyectores a través de unas conducciones y en una de esas hubo una pinchadura que produjo un derrame estimado en aproximadamente 4 mil litros».
El líquido derramado llegó al arroyo El Manzano, que es afluente de El Alamo. «Para la actividad petrolera es un incidente de carácter medio por el volumen derramado, pero para nosotros, si bien no se puede determinar con exactitud cuánto de esos 4 mil litros llegaron hasta el arroyo, es una situación grave», indicó el inspector. Para despejar dudas, Fernández contestó que «el arroyo El Alamo no tiene nada que ver con el río Atuel, por eso la actuación sobre el incidente pertenece a la cuenca del río Malargüe».
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Agroquímicos: alerta en Entre Ríos por modificación de norma
Bordet firmaría esta semana la nueva reglamentación para aplicar agrotóxicos
Fecha de Publicación: 18/07/2019
Fuente: Analisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El nuevo decreto que modificaría las distancias permitidas para la aplicación de agroquímicos alrededor de escuelas rurales, está listo para ser firmado por el gobernador Gustavo Bordet. Así lo adelantó la ministra de Gobierno, Rosario Romero, en una visita a Gualeguaychú. “Estamos a la espera de la firma del gobernador”, dijo a R2820.
Cabe recordar que el miércoles pasado, productores convocados por la Mesa de Enlace de Entre Ríos se movilizaron hasta el ingreso Túnel Subfluvial para reclamar "una medida superadora" por parte del Ejecutivo.
"En el nuevo decreto ha trabajado mucho el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y también el ministerio de Economía a través del área de Producción. El secretario Álvaro Gabás fue quién estuvo trabajando en la letra de la nueva reglamentación y ha buscado apoyatura de las universidades, organismos tecnológicos y formados científicamente en el tema como INTA", sumó.
Al respecto, Rodríguez Signes informó: "El proyecto del nuevo decreto fue elaborado por mi persona, sobre la base de muchos informes que pedimos, de información recabada con datos científicos y entrevistas con profesionales del tema. Hicimos lo mejor que pudimos y, como todo decreto, llevará la firma del Gobernador y del ministro del área, en este caso, es el ministro de Economía Hugo Ballay porque la Secretaría de Producción depende de esa cartera".
También el fiscal de Estado ratificó que "esta semana el gobernador tendrá el decreto en su despacho seguro", aunque reconoció: "No sé si lo firmará inmediatamente". Luego agregó que las distancias son un "tema sensible y prefiero que el mandatario tenga primero la información como corresponde".
Rodríguez Signes confió que el criterio general del decreto "radica en intensificar los controles en el uso de los plaguicidas. Para establecer las distancias se tuvieron en cuenta todos los trabajos del INTA sobre las derivas y las distancias propuestas exceden las que están contenidas en las buenas prácticas agrícolas".
En paralelo, Romero recalcó que lo fundamental pasa por las medidas de control sobre las aplicaciones, el registro de las máquinas y empresas aplicadoras, los productos usados y sobre todo la emisión de las recetas agronómicas. "Los controles de parte del Estado provincial deben ser eficientes", expuso.
La ministra adelantó que "creo que el gobernador Gustavo Bordet estará firmando el decreto esta semana. Yo estuve la semana pasada interesada en la cuestión y me dijeron que estaba terminándose. Se esperaba un informe del Ministerio de Salud y la ministra Sonia Velázquez me dijo que ya estaba cumplimentado".
Cabe destacar que continúa vigente el fallo que prohíbe las fumigaciones con agroquímicos a menos de mil metros de distancia de las escuelas rurales, para las terrestres, y a menos de tres mil metros para las aéreas. Así lo confirmó el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) -en base al fallo del camarista Oscar Benedetto- declarando la nulidad del decreto 4407 previamente emitido por la Gobernación.
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Córdoba: empresas no quieren cumplir con normativa ambiental
El G-6 pide reabrir la discusión sobre la licencia ambiental
Fecha de Publicación: 18/07/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
“El que se quema con leche ve una vaca y llora”, asegura un viejo y corroborado dicho popular.
Después de la frustrada radicación de una semillera en Malvinas Argentinas y de otros planteos vinculados con el impacto ambiental de actividades, tanto privadas como públicas, los empresarios cordobeses no quieren correr el riesgo de nuevas frustraciones.
Toda la actividad económica –con escasas excepciones– quedó supeditada al cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley provincial 10.208 y de los decretos reglamentarios que regulan la política ambiental en el territorio. Pero el alto estándar de exigencias del conjunto de la normativa genera preocupación por el freno que puede implicar a nuevos proyectos de inversión o, incluso, a algunos ya concretados que, tal como están las cosas, deberían desinvertir.
En el fragor de la crisis de Monsanto, el llamado Grupo de los Seis (G-6), que reúne a las principales organizaciones gremial-empresariales de la industria, el comercio, la construcción y los servicios, alertó sobre el desincentivo para las empresas que implicaba dar marcha atrás con la radicación de la semillera, como finalmente ocurrió.
Ahora, con esa experiencia y con nuevos casos, como el de la planta de Porta Hermanos o la habilitación de loteos, la entidad apunta a tratar de compatibilizar con el sector público un esquema más flexible de aplicación de las regulaciones.
Para ello, el lunes está prevista una reunión de dirigentes del G-6 (dos por entidad miembro) con el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, y su equipo de colaboradores en la temática.
El G-6 acuerda en que la ley sancionada en 2014 cumple estándares internacionales. El punto es la necesidad de compatibilizar los propósitos enunciados en la normativa “con la realidad productiva del país”, comentó una fuente con conocimiento del análisis que se efectúa a nivel empresarial.
Un dirigente industrial consultado por La Voz consideró que la aplicación de la normativa es en extremo “delicada” para las fábricas. “No es sencillo cumplimentar cada uno de los requisitos, menos sencillo es atravesar una audiencia pública y finalmente, si el tema se politiza, se convierte en un problema con resultado incierto”, comentó ayer. Los plazos de los llamados “sistemas de gestión ambiental” y las audiencias públicas son dos de los ítems más calientes. En apenas tres a seis meses, el interesado en conseguir licencia para un proyecto debe entregar toda la documentación con los estudios correspondientes para que no caduque el trámite.
En el G-6 existe la convicción de que el cumplimiento de la norma “genera una pérdida de oportunidades para la provincia”, comentaron interlocutores consultados ayer. “Tenemos casos en los que se habla de dejar de invertir para no tener que atravesar por una audiencia pública”, dijo otra fuente. “Es otro costo Córdoba que no está a la vista”, agregó.
Si bien en una primera lectura puede entenderse que los casos más comprometidos son aquellos vinculados con la actividad química, petroquímica, minería, desarrollos forestales o las relacionadas con el uso de acuíferos, otras ramas se encuentran también entre la espada y la pared.
Por caso, los emprendimientos inmobiliarios que se desarrollen sobre superficies mayores a las tres hectáreas deben cumplimentar la norma y atravesar por audiencias públicas.
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Fecha de Publicación: 18/07/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
“El que se quema con leche ve una vaca y llora”, asegura un viejo y corroborado dicho popular.
Después de la frustrada radicación de una semillera en Malvinas Argentinas y de otros planteos vinculados con el impacto ambiental de actividades, tanto privadas como públicas, los empresarios cordobeses no quieren correr el riesgo de nuevas frustraciones.
Toda la actividad económica –con escasas excepciones– quedó supeditada al cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley provincial 10.208 y de los decretos reglamentarios que regulan la política ambiental en el territorio. Pero el alto estándar de exigencias del conjunto de la normativa genera preocupación por el freno que puede implicar a nuevos proyectos de inversión o, incluso, a algunos ya concretados que, tal como están las cosas, deberían desinvertir.
En el fragor de la crisis de Monsanto, el llamado Grupo de los Seis (G-6), que reúne a las principales organizaciones gremial-empresariales de la industria, el comercio, la construcción y los servicios, alertó sobre el desincentivo para las empresas que implicaba dar marcha atrás con la radicación de la semillera, como finalmente ocurrió.
Ahora, con esa experiencia y con nuevos casos, como el de la planta de Porta Hermanos o la habilitación de loteos, la entidad apunta a tratar de compatibilizar con el sector público un esquema más flexible de aplicación de las regulaciones.
Para ello, el lunes está prevista una reunión de dirigentes del G-6 (dos por entidad miembro) con el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, y su equipo de colaboradores en la temática.
El G-6 acuerda en que la ley sancionada en 2014 cumple estándares internacionales. El punto es la necesidad de compatibilizar los propósitos enunciados en la normativa “con la realidad productiva del país”, comentó una fuente con conocimiento del análisis que se efectúa a nivel empresarial.
Un dirigente industrial consultado por La Voz consideró que la aplicación de la normativa es en extremo “delicada” para las fábricas. “No es sencillo cumplimentar cada uno de los requisitos, menos sencillo es atravesar una audiencia pública y finalmente, si el tema se politiza, se convierte en un problema con resultado incierto”, comentó ayer. Los plazos de los llamados “sistemas de gestión ambiental” y las audiencias públicas son dos de los ítems más calientes. En apenas tres a seis meses, el interesado en conseguir licencia para un proyecto debe entregar toda la documentación con los estudios correspondientes para que no caduque el trámite.
En el G-6 existe la convicción de que el cumplimiento de la norma “genera una pérdida de oportunidades para la provincia”, comentaron interlocutores consultados ayer. “Tenemos casos en los que se habla de dejar de invertir para no tener que atravesar por una audiencia pública”, dijo otra fuente. “Es otro costo Córdoba que no está a la vista”, agregó.
Si bien en una primera lectura puede entenderse que los casos más comprometidos son aquellos vinculados con la actividad química, petroquímica, minería, desarrollos forestales o las relacionadas con el uso de acuíferos, otras ramas se encuentran también entre la espada y la pared.
Por caso, los emprendimientos inmobiliarios que se desarrollen sobre superficies mayores a las tres hectáreas deben cumplimentar la norma y atravesar por audiencias públicas.
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Ya hay 1.300 micros que funcionan con biodiesel
Más de 1.300 micros ya funcionan en la Argentina con biodiesel 100 por ciento puro
Fecha de Publicación: 18/07/2019
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
En la Argentina ya hay funcionando más de 1.300 micros de pasajeros impulsados únicamente con biodiesel.
Así lo afirmó a iProfesional Verónica Geese, secretaria de Estado de la Energía de Santa Fe, provincia pionera en la difusión de este combustible derivado del aceite de soja y de energías limpias.
Según la funcionaria, solo entre Rosario y Santa Fe hay 900 buses que utilizan únicamente "bio" al 100%, es decir, sin el agregado de gasoil. En tanto que en Córdoba hay otros 400, al tiempo que se suman unos 30 más en Tucumán.
Sin embargo, se espera que estas cifras se superen rápidamente: "Prevemos que el número se irá ampliando en los próximos meses", apuntó Geese.
En el caso de la provincia de Santa Fe, de hecho, se proyecta que unas 1.100 unidades estarán funcionando con "B100" antes de que finalice este año.
Esto se debe a que el gobierno de Miguel Lifschitz –que viene impulsando con fuerza el cambio hacia una matriz energética amigable con el medioambiente- viene alentando a que la flota de transporte de pasajeros de la provincia funcione con biodiesel 100% puro y, con ese objetivo, emitió una resolución por la cual mantendrá el subsidio a aquellas empresas que abandonen el uso del gasoil y migren hacia el "bio".
"Al día de hoy, de los 75 millones de litros anuales de gasoil que consumía el transporte, ya hemos logrado reemplazar el 50% con biodiesel", apuntó Geese.
"Un aspecto muy importante es que los motores funcionan perfectamente con el biocombustible puro. Hemos realizado estudios, seguimos protocolos e hicimos auditorías y hemos demostrado que no hubo ningún desperfecto a lo largo de esta experiencia", recalcó la funcionaria.
Un punto clave es la reducción de costos que logran las empresas: actualmente, por cada litro que del combustible fósil que reemplazan, ahorran unos $10.
A esto se suman otros beneficios no menores: por un lado, una mayor complementación para la cadena productiva de soja y, además, la posibilidad de contar con un aire mucho más limpio.
Sucede que los efectos positivos son concretos: cada colectivo que utiliza B100 reduce la contaminación ambiental en el orden de las 8,5 toneladas de dióxido de carbono por mes.
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Fecha de Publicación: 18/07/2019
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
En la Argentina ya hay funcionando más de 1.300 micros de pasajeros impulsados únicamente con biodiesel.
Así lo afirmó a iProfesional Verónica Geese, secretaria de Estado de la Energía de Santa Fe, provincia pionera en la difusión de este combustible derivado del aceite de soja y de energías limpias.
Según la funcionaria, solo entre Rosario y Santa Fe hay 900 buses que utilizan únicamente "bio" al 100%, es decir, sin el agregado de gasoil. En tanto que en Córdoba hay otros 400, al tiempo que se suman unos 30 más en Tucumán.
Sin embargo, se espera que estas cifras se superen rápidamente: "Prevemos que el número se irá ampliando en los próximos meses", apuntó Geese.
En el caso de la provincia de Santa Fe, de hecho, se proyecta que unas 1.100 unidades estarán funcionando con "B100" antes de que finalice este año.
Esto se debe a que el gobierno de Miguel Lifschitz –que viene impulsando con fuerza el cambio hacia una matriz energética amigable con el medioambiente- viene alentando a que la flota de transporte de pasajeros de la provincia funcione con biodiesel 100% puro y, con ese objetivo, emitió una resolución por la cual mantendrá el subsidio a aquellas empresas que abandonen el uso del gasoil y migren hacia el "bio".
"Al día de hoy, de los 75 millones de litros anuales de gasoil que consumía el transporte, ya hemos logrado reemplazar el 50% con biodiesel", apuntó Geese.
"Un aspecto muy importante es que los motores funcionan perfectamente con el biocombustible puro. Hemos realizado estudios, seguimos protocolos e hicimos auditorías y hemos demostrado que no hubo ningún desperfecto a lo largo de esta experiencia", recalcó la funcionaria.
Un punto clave es la reducción de costos que logran las empresas: actualmente, por cada litro que del combustible fósil que reemplazan, ahorran unos $10.
A esto se suman otros beneficios no menores: por un lado, una mayor complementación para la cadena productiva de soja y, además, la posibilidad de contar con un aire mucho más limpio.
Sucede que los efectos positivos son concretos: cada colectivo que utiliza B100 reduce la contaminación ambiental en el orden de las 8,5 toneladas de dióxido de carbono por mes.
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Audiencia por el Riachuelo: más de lo mismo y enojo de vecinos
Reunión por el Riachuelo: entre la indignación de los vecinos y las explicaciones de los funcionarios
Fecha de Publicación: 17/07/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
"Estoy indignada. Me voy. Esta audiencia es una mentira. En once años, no mejoró en nada la calidad de vida de la gente que vive en el Riachuelo. Es más, diría que empeoró, porque la contaminación industrial se incrementó y no se controla". Quien sale de la quinta audiencia pública por el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo con esa estrepitosa declaración es Beatriz Mendoza, la vecina que hace 11 años le dio el nombre al fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó a los gobiernos nacional, provincial y de la Ciudad llevar adelante obras para sanear el Riachuelo.
El fallo Mendoza se convirtió en un hito en el derecho ambiental: por primera vez la Justicia apuntaba a los responsables no de la contaminación sino de las pésimas condiciones de vida de los habitantes de la cuenca y mandaba a los gobiernos a tomar acciones concretas para cambiar esa realidad. Pero, a once años de ese fallo histórico los cambios no llegaron, según denuncian Mendoza y muchos de los vecinos que esta mañana participaron de la audiencia pública.
El contrapunto era evidente entre los funcionarios que presentaban obras y avances como hitos en la historia del sanitarismo argentino y los vecinos y representantes de las organizaciones sociales que hablaban desde el hartazgo para decir que los cambios no se veían. Incluso hubo un vecino que se quebró y terminó su presentación entre lágrimas.
"Ayer llovió y el agua está al borde de nuestra casa. Nos seguimos inundando porque las obras en el arroyo Santa Catalina no se hacen. Los basurales, dicen que los sacaron pero cuando venía para acá veía basura cada 50 metros. Basta de mandarnos chapas y colchones cuando nos inundamos. Necesitamos que no nos abandonen", dijo Ramón Acosta, un vecino que forma parte del foro hídrico de Lomas de Zamora. "Hace poco vinieron a mi casa a hacer un censo con vecinos, pero las preguntas eran muy básicas. No se interesaron en la salud. No preguntaron cuántos casos de cáncer hubo en las familias, son muchos", apuntó Natalia Noga, su esposa.
La voz de las autoridades
"El fallo Mendoza lleva 11 años y cuando se plantea así, la gente internaliza que no se hizo nada. Y no es cierto. Eso es una prueba de que esta es una política de Estado y que los proyectos son a largo plazo", argumenta Lucas Figueras, presidente de la Acumar, el ente tripartito que integran Nación, provincia y ciudad de Buenos Aires y que está mandado por la Corte a sanear el Riachuelo.
Figueras asumió hace cuatro meses, después de la renuncia de la directora anterior, que recibió fuertes cuestionamientos por los pocos avances que hace dos años fueron estimados por el cuerpo colegiado de organizaciones que creó la Corte para monitorear las obras. Sólo se avanzó en el 20% del plan, se dijo entonces. El año pasado, las críticas fueron a que los informes presentados por Acumar eran inconsistentes y no les permitían evaluar los avances, que a juzgar por la opinión de los vecinos no les estaban cambiando la calidad de vida a la gente.
"No podemos hablar de plazos. Todas las políticas públicas que se hicieron hasta ahora con el Riachuelo fracasaron. Esta es la primera vez que se está trabajando en serio. La obra del colector del margen izquierdo y la construcción del emisario van a permitir para 2021 o 2022 reducir un 50% el problema de contaminación de la cuenca. Y esa obra tiene un 50% de avance", asegura Figueras. Es decir, que hasta ahora, el avance rondaría el 25%, número que no es enunciado oficialmente por los funcionarios.
"Sólo el 5 % de la contaminación del Riachuelo y su cuenca proviene de las industrias. Y en ese sentido se están haciendo obras que serán de gran importancia, como la planta de tratamiento de efluentes conjunta en Lanús y otras", dice Figueras. "El 95% de la contaminación del río tiene que ver con vertidos cloacales y a eso hay que sumarle el problema de los residuos sólidos urbanos", apunta el director de Acumar.
Cuando distintos funcionarios planearon números similares en la audiencia pública, hubo indignación entre los vecinos presentes. Uno de los funcionarios contó que se habían cerrado los dos macrobasurales que quedaban en la cuenca: los de Marcos Paz y el de Cañuelas. Pero, en algunos casos, todavía subsisten los microbasurales en las márgenes, dijo y mostró fotos de cómo se habían hecho limpieza de los terrenos en la zona y a los tres días estaba otra vez lleno de montañas de basura.
"Siempre se responsabiliza al vecino, pero yo me pregunto qué haría cualquier vecino si saca la basura y no se la pasan a recolectar. ¿Dónde la lleva? En mi barrio, el camión recolector pasa tres veces por semana, cuando en el centro pasa todos los días. Lo mismo se dice de las cloacas. Se están haciendo obras de plantas de tratamientos. Pero la conexión domiciliaria va a quedar a cargo de los vecinos. Prometen créditos y subsidios, pero piensen qué muchos somos vecinos que no podemos pagar una tarifa social, si van a esperar solucionar la contaminación cloacal con obras que paguen los vecinos, estamos hechos", dice Sergio González, vecino de Lanús que participó como orador.
"Nosotros vamos a tener en cuenta las posibilidades de cada vecino, y se prevén subsidios para quienes no puedan pagar. En dos años ya se conectaron más de mil hogares con subsidios del 100% a la red", apunta Figueras. Un número que contrasta contra los casi 2,2 millones de habitantes de la cuenca que no tienen cloacas.
Un funcionario proyectó los números y los plazos de conexión a las 15 plantas de tratamiento de desechos cloacales: once están en servicio, dos proyectadas, una en obra y una planificada. Un vecino le contestó que era una utopía. Una de las plantas en funcionamiento, la de Lanús, conectará a las cloacas a unos 90.000 vecinos. Hoy, sólo 7000 vecinos están conectados. "Y 4000 de ellos son vecinos porteños, no del partido", denunció González.
"Estamos cansados de escuchar siempre los mismos argumentos. En cada audiencia se habla de lo mismo. Se habla de obras, como si el objetivo del saneamiento del Riachuelo fuera descontaminar un río. Lo que el fallo de la Corte ordenó es un abordaje integral. El problema no es un río, no es el agua, es la sociedad que vive en un territorio", apunta Horacio Corti, defensor general del Ministerio Público de la Ciudad.
"Siguen haciendo diagnósticos técnicos sin entender el verdadero problema. A otras audiencias veníamos preocupados, ahora venimos angustiados. Porque vemos que no hay una decisión política de sanear el Riachuelo. La gestión de Acumar oscila entre subejecución y desfinanciamiento. En este informe que nos presentan no tenemos datos, no se puede realizar un control. No sabemos si se tira más plomo o benceno. La Corte produjo un diseño institucional de cómo sanear el Riachuelo. Hoy ese diseño no existe. Para controlar que se cumpla el fallo se creó un cuerpo colegiado, formado por organizaciones ambientales y vecinales y presidida por la Defensoría del Pueblo de la Nación. Pero como no tenemos un defensor, no hay quién lidere esa defensa. Y la Corte no hace nada. Sólo manda una vez al año un pedido al Congreso para que se designe un defensor", advirtió Fernando Fimognare, de la Defensoría del Pueblo porteña.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales es una de las cinco organizaciones que conforman el cuerpo colegiado, junto a Greenpeace, el Cels, la Comisión de Vecinos de La Boca y la Asociación Civil de Derechos Humanos que son responsables de monitorear el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (Pisa) que surgió a partir del fallo de la Corte. "No entiendo para qué es esta audiencia. ¿Para qué venimos? ¿Para escucharlos actualizar el estado del Pisa? Nosotros venimos a repetir lo mismo que en las audiencias anteriores. Porque muy poco ha cambiado, no se está avanzando", aseguró Santiago Cane, de Farn. "Acumar coordina la política pública de limpieza del Riachuelo. ¿Quién la define? Los gobiernos, que son los condenados en el fallo de la Corte, a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Esa política no se ve", aseguró el representante de Farn.
"Usted va a terminar procesado por inacción, porque no hace nada por la contaminación del aire y del agua", terminó su presentación, indignado, Raul Estrada Oyuela, de la Asociación de Vecinos de La Boca, parte del cuerpo colegiado, apuntando al director de Acumar.
"Le pusieron mi nombre a uno de los caños de la obra del margen izquierdo del Riachuelo. Soy el emisario Beatriz Mendoza, cosa que me indignó. Soy el nombre de un fallo histórico. Pero sabés qué es lo triste. Que eso no le cambió la vida a nadie. Cuando la Corte se pronunció, me llené de esperanzas. Pero ahora veo que la gente vive igual o peor. Y la Corte no hace nada. No exige el cumplimiento del fallo. La Acumar y todos los funcionarios juegan a la obsolescencia, a decir que están haciendo mucho pero que no se ve. El problema es que la contaminación es un ente abstracto. Y sus consecuencias no se ven, hasta que llega una inundación como la de La Plata y se cobra muchas vidas. Es lamentable", asegura Mendoza, mientras sale del Centro Metropolitano de Diseño donde se realizó la audiencia.
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Fecha de Publicación: 17/07/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
"Estoy indignada. Me voy. Esta audiencia es una mentira. En once años, no mejoró en nada la calidad de vida de la gente que vive en el Riachuelo. Es más, diría que empeoró, porque la contaminación industrial se incrementó y no se controla". Quien sale de la quinta audiencia pública por el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo con esa estrepitosa declaración es Beatriz Mendoza, la vecina que hace 11 años le dio el nombre al fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó a los gobiernos nacional, provincial y de la Ciudad llevar adelante obras para sanear el Riachuelo.
El fallo Mendoza se convirtió en un hito en el derecho ambiental: por primera vez la Justicia apuntaba a los responsables no de la contaminación sino de las pésimas condiciones de vida de los habitantes de la cuenca y mandaba a los gobiernos a tomar acciones concretas para cambiar esa realidad. Pero, a once años de ese fallo histórico los cambios no llegaron, según denuncian Mendoza y muchos de los vecinos que esta mañana participaron de la audiencia pública.
El contrapunto era evidente entre los funcionarios que presentaban obras y avances como hitos en la historia del sanitarismo argentino y los vecinos y representantes de las organizaciones sociales que hablaban desde el hartazgo para decir que los cambios no se veían. Incluso hubo un vecino que se quebró y terminó su presentación entre lágrimas.
"Ayer llovió y el agua está al borde de nuestra casa. Nos seguimos inundando porque las obras en el arroyo Santa Catalina no se hacen. Los basurales, dicen que los sacaron pero cuando venía para acá veía basura cada 50 metros. Basta de mandarnos chapas y colchones cuando nos inundamos. Necesitamos que no nos abandonen", dijo Ramón Acosta, un vecino que forma parte del foro hídrico de Lomas de Zamora. "Hace poco vinieron a mi casa a hacer un censo con vecinos, pero las preguntas eran muy básicas. No se interesaron en la salud. No preguntaron cuántos casos de cáncer hubo en las familias, son muchos", apuntó Natalia Noga, su esposa.
La voz de las autoridades
"El fallo Mendoza lleva 11 años y cuando se plantea así, la gente internaliza que no se hizo nada. Y no es cierto. Eso es una prueba de que esta es una política de Estado y que los proyectos son a largo plazo", argumenta Lucas Figueras, presidente de la Acumar, el ente tripartito que integran Nación, provincia y ciudad de Buenos Aires y que está mandado por la Corte a sanear el Riachuelo.
Figueras asumió hace cuatro meses, después de la renuncia de la directora anterior, que recibió fuertes cuestionamientos por los pocos avances que hace dos años fueron estimados por el cuerpo colegiado de organizaciones que creó la Corte para monitorear las obras. Sólo se avanzó en el 20% del plan, se dijo entonces. El año pasado, las críticas fueron a que los informes presentados por Acumar eran inconsistentes y no les permitían evaluar los avances, que a juzgar por la opinión de los vecinos no les estaban cambiando la calidad de vida a la gente.
"No podemos hablar de plazos. Todas las políticas públicas que se hicieron hasta ahora con el Riachuelo fracasaron. Esta es la primera vez que se está trabajando en serio. La obra del colector del margen izquierdo y la construcción del emisario van a permitir para 2021 o 2022 reducir un 50% el problema de contaminación de la cuenca. Y esa obra tiene un 50% de avance", asegura Figueras. Es decir, que hasta ahora, el avance rondaría el 25%, número que no es enunciado oficialmente por los funcionarios.
"Sólo el 5 % de la contaminación del Riachuelo y su cuenca proviene de las industrias. Y en ese sentido se están haciendo obras que serán de gran importancia, como la planta de tratamiento de efluentes conjunta en Lanús y otras", dice Figueras. "El 95% de la contaminación del río tiene que ver con vertidos cloacales y a eso hay que sumarle el problema de los residuos sólidos urbanos", apunta el director de Acumar.
Cuando distintos funcionarios planearon números similares en la audiencia pública, hubo indignación entre los vecinos presentes. Uno de los funcionarios contó que se habían cerrado los dos macrobasurales que quedaban en la cuenca: los de Marcos Paz y el de Cañuelas. Pero, en algunos casos, todavía subsisten los microbasurales en las márgenes, dijo y mostró fotos de cómo se habían hecho limpieza de los terrenos en la zona y a los tres días estaba otra vez lleno de montañas de basura.
"Siempre se responsabiliza al vecino, pero yo me pregunto qué haría cualquier vecino si saca la basura y no se la pasan a recolectar. ¿Dónde la lleva? En mi barrio, el camión recolector pasa tres veces por semana, cuando en el centro pasa todos los días. Lo mismo se dice de las cloacas. Se están haciendo obras de plantas de tratamientos. Pero la conexión domiciliaria va a quedar a cargo de los vecinos. Prometen créditos y subsidios, pero piensen qué muchos somos vecinos que no podemos pagar una tarifa social, si van a esperar solucionar la contaminación cloacal con obras que paguen los vecinos, estamos hechos", dice Sergio González, vecino de Lanús que participó como orador.
"Nosotros vamos a tener en cuenta las posibilidades de cada vecino, y se prevén subsidios para quienes no puedan pagar. En dos años ya se conectaron más de mil hogares con subsidios del 100% a la red", apunta Figueras. Un número que contrasta contra los casi 2,2 millones de habitantes de la cuenca que no tienen cloacas.
Un funcionario proyectó los números y los plazos de conexión a las 15 plantas de tratamiento de desechos cloacales: once están en servicio, dos proyectadas, una en obra y una planificada. Un vecino le contestó que era una utopía. Una de las plantas en funcionamiento, la de Lanús, conectará a las cloacas a unos 90.000 vecinos. Hoy, sólo 7000 vecinos están conectados. "Y 4000 de ellos son vecinos porteños, no del partido", denunció González.
"Estamos cansados de escuchar siempre los mismos argumentos. En cada audiencia se habla de lo mismo. Se habla de obras, como si el objetivo del saneamiento del Riachuelo fuera descontaminar un río. Lo que el fallo de la Corte ordenó es un abordaje integral. El problema no es un río, no es el agua, es la sociedad que vive en un territorio", apunta Horacio Corti, defensor general del Ministerio Público de la Ciudad.
"Siguen haciendo diagnósticos técnicos sin entender el verdadero problema. A otras audiencias veníamos preocupados, ahora venimos angustiados. Porque vemos que no hay una decisión política de sanear el Riachuelo. La gestión de Acumar oscila entre subejecución y desfinanciamiento. En este informe que nos presentan no tenemos datos, no se puede realizar un control. No sabemos si se tira más plomo o benceno. La Corte produjo un diseño institucional de cómo sanear el Riachuelo. Hoy ese diseño no existe. Para controlar que se cumpla el fallo se creó un cuerpo colegiado, formado por organizaciones ambientales y vecinales y presidida por la Defensoría del Pueblo de la Nación. Pero como no tenemos un defensor, no hay quién lidere esa defensa. Y la Corte no hace nada. Sólo manda una vez al año un pedido al Congreso para que se designe un defensor", advirtió Fernando Fimognare, de la Defensoría del Pueblo porteña.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales es una de las cinco organizaciones que conforman el cuerpo colegiado, junto a Greenpeace, el Cels, la Comisión de Vecinos de La Boca y la Asociación Civil de Derechos Humanos que son responsables de monitorear el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (Pisa) que surgió a partir del fallo de la Corte. "No entiendo para qué es esta audiencia. ¿Para qué venimos? ¿Para escucharlos actualizar el estado del Pisa? Nosotros venimos a repetir lo mismo que en las audiencias anteriores. Porque muy poco ha cambiado, no se está avanzando", aseguró Santiago Cane, de Farn. "Acumar coordina la política pública de limpieza del Riachuelo. ¿Quién la define? Los gobiernos, que son los condenados en el fallo de la Corte, a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Esa política no se ve", aseguró el representante de Farn.
"Usted va a terminar procesado por inacción, porque no hace nada por la contaminación del aire y del agua", terminó su presentación, indignado, Raul Estrada Oyuela, de la Asociación de Vecinos de La Boca, parte del cuerpo colegiado, apuntando al director de Acumar.
"Le pusieron mi nombre a uno de los caños de la obra del margen izquierdo del Riachuelo. Soy el emisario Beatriz Mendoza, cosa que me indignó. Soy el nombre de un fallo histórico. Pero sabés qué es lo triste. Que eso no le cambió la vida a nadie. Cuando la Corte se pronunció, me llené de esperanzas. Pero ahora veo que la gente vive igual o peor. Y la Corte no hace nada. No exige el cumplimiento del fallo. La Acumar y todos los funcionarios juegan a la obsolescencia, a decir que están haciendo mucho pero que no se ve. El problema es que la contaminación es un ente abstracto. Y sus consecuencias no se ven, hasta que llega una inundación como la de La Plata y se cobra muchas vidas. Es lamentable", asegura Mendoza, mientras sale del Centro Metropolitano de Diseño donde se realizó la audiencia.
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Vaca Muerta: la justicia ordena informar el impacto
La Justicia ordenó a YPF informar sobre el impacto ambiental de Vaca Muerta
Fecha de Publicación: 17/07/2019
Fuente: Cba24N
Provincia/Región: Neuquén
La Jueza Federal Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, a cargo del Juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°8 de Capital Federal, hizo lugar a la acción presentada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y ordenó a YPF a que en el plazo de 30 días hábiles brinde la información de carácter ambiental vinculada a las actividades que dicha empresa ejecuta en el yacimiento de Vaca Muerta, en la Provincia de Neuquén.
La demanda se inició luego de que la fundación solicitara en dos oportunidades la información referida, en el marco de lo normado por la Ley General del Ambiente y la Ley de Acceso a Información Pública Ambiental, negándose la empresa a brindarla bajo el fundamento de que se encuentra alcanzada por la excepción que rige para las sociedades anónimas sujetas al régimen de oferta pública.
En la sentencia, la Jueza destaca la importancia del derecho de acceso a la información pública, el que resulta trascendental para la vigencia del Estado de Derecho y a los fines de la transparencia en la gestión democrática; y, sobre el derecho de acceso a la información ambiental en particular, sostiene que es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la protección del medio ambiente, en su triple dimensión: la participación, el acceso a la información pública en sí y la obligación de los estados de garantizar la plena vigencia de dicha accesibilidad.
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Fecha de Publicación: 17/07/2019
Fuente: Cba24N
Provincia/Región: Neuquén
La Jueza Federal Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, a cargo del Juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°8 de Capital Federal, hizo lugar a la acción presentada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y ordenó a YPF a que en el plazo de 30 días hábiles brinde la información de carácter ambiental vinculada a las actividades que dicha empresa ejecuta en el yacimiento de Vaca Muerta, en la Provincia de Neuquén.
La demanda se inició luego de que la fundación solicitara en dos oportunidades la información referida, en el marco de lo normado por la Ley General del Ambiente y la Ley de Acceso a Información Pública Ambiental, negándose la empresa a brindarla bajo el fundamento de que se encuentra alcanzada por la excepción que rige para las sociedades anónimas sujetas al régimen de oferta pública.
En la sentencia, la Jueza destaca la importancia del derecho de acceso a la información pública, el que resulta trascendental para la vigencia del Estado de Derecho y a los fines de la transparencia en la gestión democrática; y, sobre el derecho de acceso a la información ambiental en particular, sostiene que es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la protección del medio ambiente, en su triple dimensión: la participación, el acceso a la información pública en sí y la obligación de los estados de garantizar la plena vigencia de dicha accesibilidad.
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Asambleas jujeñas piden ser escuchadas por el litio
Litio y extractivismo: las asambleas jujeñas se movilizan y reclaman que se escuche su voz
Fecha de Publicación: 17/07/2019
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Jujuy
El litio y otros minerales son uno de los negocios más rentables para las empresas trasnacionales y Argentina cuenta con una de las leyes más flexibles de la región. En ese marco las comunidades buscan proteger su territorio de daños irreparables.
La provincia de Jujuy avanza con una amplia agenda extractivista a todo vapor: nuevos proyectos, sumados a otros que vienen desde varios años atrás que el gobierno de Gerardo Morales impulsa con fuerza. La polémica acompaña a estos emprendimientos, por un lado, los pasivos ambientales que anteriores experiencias han dejado en los territorios que explotaron, pero también la falta de consultas, previas, libres e informadas a las comunidades originarias que obliga la ley. Por otro lado, los puestos de trabajo que implican estos desarrollos mineros hace que una parte de la población no los vea con malos ojos y desatienda el costo ambiental a mediano y largo plazo.
A lo largo y ancho de la Puna, inclusive en las poblaciones de la Quebrada de Humahuaca, asambleas ambientales de comunidades y pobladores han vuelto a despertar alarmados por estos proyectos. “Las asambleas tienen una dinámica en directa relación con los avances mineros –cuenta a Tiempo un asambleísta de Abrapampa–, en toda la Puna empezamos a juntarnos especialmente cuando hay movimientos en el territorio, como ahora está pasando con algunos proyectos y emprendimientos con minería de litio”.
En enero y febrero, las comunidades empezaron con medidas concretas de resistencia, como los cortes de la Ruta 52 de comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Este sábado 6 de julio en la localidad de Pozo Colorado, se realizó una asamblea que además contó con representantes de la Comunidad de Mudana y Cimarrones (de la Asamblea de Autoconvocados de Huacalera), Ayllu Inti Yaku Apu Coyamboy (de Coranzuli) que también se encuentran amenazadas por proyectos extractivos en sus territorios.
En la Puna, las asambleas vienen trabajando desde antes de 2011 en defensa del territorio. Toda esa experiencia acumulada es la que intentan articular en los diferentes espacios. Aunque a veces parecen hibernar, de repente se reavivan ante algún hecho puntual, como sucedió en enero y febrero de este año en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc cuando expulsaron a Ekekos S.A. y AIS Resources Limited de su territorio. En ese momento, las asambleas emitieron un comunicado en el que expresaron “que el gobierno sepa de una vez por todas que no vamos a aceptar ninguna exploración ni explotación de minera de litio y que no hay vuelta atrás, que no esté llamando a mesas chicas ni reuniones para convencer a dirigentes. Y que si intenta ingresar otra empresa vamos a tomar posición y vamos a sacarlos”.
La asamblea del último sábado ratificó el documento del 22 febrero en uno de cuyos puntos dice que “ninguna comunidad en particular está autorizada a aprobar, autorizar ni mantener negocios vinculados a actividades que afecten negativamente al territorio”.
Un reclamo de las asambleas es que los gobiernos no respetan el territorio comunitario, “nunca lo han hecho, pero las comunidades ya han conformado un protocolo de consulta, que salió con mucho de trabajo de asamblea. Y desde la gestión Morales, al que se le regaló un ejemplar, nunca, nunca se nos llamó y vemos como los intereses de los gobiernos y de las empresas priman más que los de los dueños verdaderos del territorio”, declaran. El protocolo se llama Kachi Yupi, y el gobernador Gerardo Morales supo prometer sacarlo por decreto y reglamentarlo, hasta la fecha eso no sucedió. Sin embargo, la consulta previa, libre e informada se encuentra en el convenio 169 de la OIT y se incorporó por ley nacional en 1992.
La voz de las asambleas no encuentra suficiente eco en los medios de comunicación, enfrentan intereses varias veces millonarios y aunque son los únicos que se encuentran en el territorio no son tomados como interlocutores válidos hasta que logran una acción de gran visibilización. El gobernador Morales, por su parte, mantiene su gran apuesta por el litio, según sus estimados unos 2.000 millones de dólares llegaron a la provincia interesados especialmente por la flexibilidad de la legislación nacional. China está entre los países con mayor interés, al punto que Morales ya realizó tres viajes al país asiático y se reunió con su presidente durante la cumbre del G20 que se realizó en Buenos Aires.
Argentina posee el costo de producción más bajo del denominado triángulo del litio (el NOA junto con Bolivia y norte de Chile poseen más del 75% de las reservas del mundo), que se relaciona con el modo de explotación por medio de la evaporación de agua para producir el carbonato de litio. El agua dulce en la región es un bien precioso y escaso. “Ahora la gente empieza a ver consecuencias ambientales de otros proyectos que avanzaron. En el litio, el problema es el uso del agua que cambia el sistema de la salina, las imágenes del impacto visual ya son elocuentes”, cuenta Enrique, de la Biblioteca Andina Ñawpayachaykuna , quien sigue el proceso de cerca.
Otro punto de alerta en el caso de minería de otros metales es Rinconada, con minas Chinchillas (SSR Mining Puna) que a fines del 2018 empezó la explotación a cielo abierto de plomo, plata y zinc, luego del cierre de Mina Pirquitas en 2016. En esa zona las comunidades tienen una tradición minera a lo que se suma la estrategia del gobierno y de las empresas de convencer a la población por medio de las fuentes de trabajo que generan estos proyectos. “Nosotros comprendemos la necesidad de trabajar. Incluso se ve una suerte de enfrentamiento generacional, con la gente mayor que tienen experiencia en las consecuencias, porque cerca de Rinconada hay pasivos ambientales que no han sido remediados, que están activos, como mina La pulpera, Minera Aguilar (que contaminó el río Yacoraite, que desemboca en el río Grande de Jujuy), Mina Loma Blanca, Mina Providencia, que son emprendimientos pequeños”.
El más emblemático de estos proyectos es la mina Pan de azúcar. Los relatos coinciden en que al llegar al lugar se siente el olor a plomo. Ese pasivo ambiental drena y en época de lluvia va por distintos arroyos y ríos durante el verano a desembocar en la laguna de Pozuelos, que es un Monumento Natural Nacional. “Los estudios de 2016 y 2017 ya detectaron una subida del ph del agua”, cuentan los asambleístas.
El ruido que producen estos emprendimientos de litio y otros metales hace que la gente se empiece juntar, los rumores llegan hasta la misma Quebrada de Humahuaca. Hasta los turistas que pasan por ese territorio se ven interpelados por carteles, llamados a asambleas, megáfonos. La asamblea de Huacalera está muy activa en la zona, en el documento del último sábado reafirmaron que los datos de catastro minero de la provincia de Jujuy el gobierno ofrece múltiples proyectos mineros en esa zona.
Al no tener información directa, fuera de la que brinda la página web, es la experiencia la que les reclama atención. “Cuando empezamos a ver movimiento de maquinarias o empiezan a dar vuelta las camionetas de las mineras ya sabemos que están por emprender algo. De la noche a la mañana te construyen o arreglan caminos. Por eso el tema de la consulta es tan importante. Por ejemplo eso pasó en la mina de cobre que había cerrado en Rumicruz que los puneños se alertaron al ver que el Estado de repente comenzó a arreglar un camino. Algo parecido pasa en Huacalera, y lo más probable es que estén buscando realizar exploraciones en la zona”.
Ya desde Purmamarca arranca la movilización asamblearia, los vecinos autoconvocados de allí impidieron hace no mucho la privatización del cerro De los siete colores y el Camino de los colorados. Aún están peleando por el agua, dado que hay una obra en marcha que toma agua de Laguna La Doncella para enviarla a otros sitios de la provincia. “Desconocemos aún los fines reales de este emprendimiento”, aseguran y desde su sitio en la red Facebook denuncian: “Aquí la consulta libre, previa e informada jamás existió y se alteró un patrimonio ecológico de forma irreversible”.
“En concreto lo que nos moviliza es la defensa del territorio de la Pachamama”, dicen desde Abra Pampa, una de las poblaciones más emblemáticas en cuanto a daño ambiental. Niños y adultos de esa localidad tenían niveles de plomo nocivos para la salud en su sangre a más de 20 años de que se fuera una minera de allí.
Pese a las largas distancias, a los impedimentos impuestos por los gobiernos nacional y provincial y a la falta de información, las comunidades y los asambleístas de la Puna se están movilizando, compartiendo experiencias, autogestionándose y articulando entre ellas ante el avance de la minería extractiva.
En junio, la empresa de capitales mixtos Jemse se asoció con la italiana Seri para desarrollar una fábrica para ensamblar baterías de litio en la localidad de Perico, donde ya construyeron un aeropuerto. Esto por su puesto no quita que las regalías que quedan en Jujuy, como en el resto de las provincias, sigue siendo del 3 por ciento de boca de mina, el ínimo de la región. Los otros tres países del triángulo del litio participan fuertemente de la lógica extractivista pero desde otra mirada. El Estado chileno concentra la producción y ha reducido las licencias en la zona cordillerana y Bolivia ha nacionalizado sus yacimientos.
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Fecha de Publicación: 17/07/2019
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Jujuy
El litio y otros minerales son uno de los negocios más rentables para las empresas trasnacionales y Argentina cuenta con una de las leyes más flexibles de la región. En ese marco las comunidades buscan proteger su territorio de daños irreparables.
La provincia de Jujuy avanza con una amplia agenda extractivista a todo vapor: nuevos proyectos, sumados a otros que vienen desde varios años atrás que el gobierno de Gerardo Morales impulsa con fuerza. La polémica acompaña a estos emprendimientos, por un lado, los pasivos ambientales que anteriores experiencias han dejado en los territorios que explotaron, pero también la falta de consultas, previas, libres e informadas a las comunidades originarias que obliga la ley. Por otro lado, los puestos de trabajo que implican estos desarrollos mineros hace que una parte de la población no los vea con malos ojos y desatienda el costo ambiental a mediano y largo plazo.
A lo largo y ancho de la Puna, inclusive en las poblaciones de la Quebrada de Humahuaca, asambleas ambientales de comunidades y pobladores han vuelto a despertar alarmados por estos proyectos. “Las asambleas tienen una dinámica en directa relación con los avances mineros –cuenta a Tiempo un asambleísta de Abrapampa–, en toda la Puna empezamos a juntarnos especialmente cuando hay movimientos en el territorio, como ahora está pasando con algunos proyectos y emprendimientos con minería de litio”.
En enero y febrero, las comunidades empezaron con medidas concretas de resistencia, como los cortes de la Ruta 52 de comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Este sábado 6 de julio en la localidad de Pozo Colorado, se realizó una asamblea que además contó con representantes de la Comunidad de Mudana y Cimarrones (de la Asamblea de Autoconvocados de Huacalera), Ayllu Inti Yaku Apu Coyamboy (de Coranzuli) que también se encuentran amenazadas por proyectos extractivos en sus territorios.
En la Puna, las asambleas vienen trabajando desde antes de 2011 en defensa del territorio. Toda esa experiencia acumulada es la que intentan articular en los diferentes espacios. Aunque a veces parecen hibernar, de repente se reavivan ante algún hecho puntual, como sucedió en enero y febrero de este año en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc cuando expulsaron a Ekekos S.A. y AIS Resources Limited de su territorio. En ese momento, las asambleas emitieron un comunicado en el que expresaron “que el gobierno sepa de una vez por todas que no vamos a aceptar ninguna exploración ni explotación de minera de litio y que no hay vuelta atrás, que no esté llamando a mesas chicas ni reuniones para convencer a dirigentes. Y que si intenta ingresar otra empresa vamos a tomar posición y vamos a sacarlos”.
La asamblea del último sábado ratificó el documento del 22 febrero en uno de cuyos puntos dice que “ninguna comunidad en particular está autorizada a aprobar, autorizar ni mantener negocios vinculados a actividades que afecten negativamente al territorio”.
Un reclamo de las asambleas es que los gobiernos no respetan el territorio comunitario, “nunca lo han hecho, pero las comunidades ya han conformado un protocolo de consulta, que salió con mucho de trabajo de asamblea. Y desde la gestión Morales, al que se le regaló un ejemplar, nunca, nunca se nos llamó y vemos como los intereses de los gobiernos y de las empresas priman más que los de los dueños verdaderos del territorio”, declaran. El protocolo se llama Kachi Yupi, y el gobernador Gerardo Morales supo prometer sacarlo por decreto y reglamentarlo, hasta la fecha eso no sucedió. Sin embargo, la consulta previa, libre e informada se encuentra en el convenio 169 de la OIT y se incorporó por ley nacional en 1992.
La voz de las asambleas no encuentra suficiente eco en los medios de comunicación, enfrentan intereses varias veces millonarios y aunque son los únicos que se encuentran en el territorio no son tomados como interlocutores válidos hasta que logran una acción de gran visibilización. El gobernador Morales, por su parte, mantiene su gran apuesta por el litio, según sus estimados unos 2.000 millones de dólares llegaron a la provincia interesados especialmente por la flexibilidad de la legislación nacional. China está entre los países con mayor interés, al punto que Morales ya realizó tres viajes al país asiático y se reunió con su presidente durante la cumbre del G20 que se realizó en Buenos Aires.
Argentina posee el costo de producción más bajo del denominado triángulo del litio (el NOA junto con Bolivia y norte de Chile poseen más del 75% de las reservas del mundo), que se relaciona con el modo de explotación por medio de la evaporación de agua para producir el carbonato de litio. El agua dulce en la región es un bien precioso y escaso. “Ahora la gente empieza a ver consecuencias ambientales de otros proyectos que avanzaron. En el litio, el problema es el uso del agua que cambia el sistema de la salina, las imágenes del impacto visual ya son elocuentes”, cuenta Enrique, de la Biblioteca Andina Ñawpayachaykuna , quien sigue el proceso de cerca.
Otro punto de alerta en el caso de minería de otros metales es Rinconada, con minas Chinchillas (SSR Mining Puna) que a fines del 2018 empezó la explotación a cielo abierto de plomo, plata y zinc, luego del cierre de Mina Pirquitas en 2016. En esa zona las comunidades tienen una tradición minera a lo que se suma la estrategia del gobierno y de las empresas de convencer a la población por medio de las fuentes de trabajo que generan estos proyectos. “Nosotros comprendemos la necesidad de trabajar. Incluso se ve una suerte de enfrentamiento generacional, con la gente mayor que tienen experiencia en las consecuencias, porque cerca de Rinconada hay pasivos ambientales que no han sido remediados, que están activos, como mina La pulpera, Minera Aguilar (que contaminó el río Yacoraite, que desemboca en el río Grande de Jujuy), Mina Loma Blanca, Mina Providencia, que son emprendimientos pequeños”.
El más emblemático de estos proyectos es la mina Pan de azúcar. Los relatos coinciden en que al llegar al lugar se siente el olor a plomo. Ese pasivo ambiental drena y en época de lluvia va por distintos arroyos y ríos durante el verano a desembocar en la laguna de Pozuelos, que es un Monumento Natural Nacional. “Los estudios de 2016 y 2017 ya detectaron una subida del ph del agua”, cuentan los asambleístas.
El ruido que producen estos emprendimientos de litio y otros metales hace que la gente se empiece juntar, los rumores llegan hasta la misma Quebrada de Humahuaca. Hasta los turistas que pasan por ese territorio se ven interpelados por carteles, llamados a asambleas, megáfonos. La asamblea de Huacalera está muy activa en la zona, en el documento del último sábado reafirmaron que los datos de catastro minero de la provincia de Jujuy el gobierno ofrece múltiples proyectos mineros en esa zona.
Al no tener información directa, fuera de la que brinda la página web, es la experiencia la que les reclama atención. “Cuando empezamos a ver movimiento de maquinarias o empiezan a dar vuelta las camionetas de las mineras ya sabemos que están por emprender algo. De la noche a la mañana te construyen o arreglan caminos. Por eso el tema de la consulta es tan importante. Por ejemplo eso pasó en la mina de cobre que había cerrado en Rumicruz que los puneños se alertaron al ver que el Estado de repente comenzó a arreglar un camino. Algo parecido pasa en Huacalera, y lo más probable es que estén buscando realizar exploraciones en la zona”.
Ya desde Purmamarca arranca la movilización asamblearia, los vecinos autoconvocados de allí impidieron hace no mucho la privatización del cerro De los siete colores y el Camino de los colorados. Aún están peleando por el agua, dado que hay una obra en marcha que toma agua de Laguna La Doncella para enviarla a otros sitios de la provincia. “Desconocemos aún los fines reales de este emprendimiento”, aseguran y desde su sitio en la red Facebook denuncian: “Aquí la consulta libre, previa e informada jamás existió y se alteró un patrimonio ecológico de forma irreversible”.
“En concreto lo que nos moviliza es la defensa del territorio de la Pachamama”, dicen desde Abra Pampa, una de las poblaciones más emblemáticas en cuanto a daño ambiental. Niños y adultos de esa localidad tenían niveles de plomo nocivos para la salud en su sangre a más de 20 años de que se fuera una minera de allí.
Pese a las largas distancias, a los impedimentos impuestos por los gobiernos nacional y provincial y a la falta de información, las comunidades y los asambleístas de la Puna se están movilizando, compartiendo experiencias, autogestionándose y articulando entre ellas ante el avance de la minería extractiva.
En junio, la empresa de capitales mixtos Jemse se asoció con la italiana Seri para desarrollar una fábrica para ensamblar baterías de litio en la localidad de Perico, donde ya construyeron un aeropuerto. Esto por su puesto no quita que las regalías que quedan en Jujuy, como en el resto de las provincias, sigue siendo del 3 por ciento de boca de mina, el ínimo de la región. Los otros tres países del triángulo del litio participan fuertemente de la lógica extractivista pero desde otra mirada. El Estado chileno concentra la producción y ha reducido las licencias en la zona cordillerana y Bolivia ha nacionalizado sus yacimientos.
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La Capital Federal tendrá temperaturas como Sidney
Cambio climático: Buenos Aires tendrá temperaturas similares a Sidney
Fecha de Publicación: 16/07/2019
Fuente: Telefe Noticias
Provincia/Región: Capital Federal
En esa ciudad australiana, el invierno no es tan crudo y la temperatura para esa época del año suele variar entre los 13 y 24 grados.
Un nuevo estudio estima el impacto futuro del cambio climático en las ciudades. La investigación fue realizada por Crowther Lab, un grupo de investigación que forma parte de la Universidad EHT Zurich de Suiza.
El estudio calculó aumentos probables de temperatura en 520 ciudades de más de un millón de habitantes para 2050.
Tanto Buenos Aires como Montevideo tendrán las temperaturas de Sidney. El informe también estima el aumento de temperatura previsto para el mes más caliente del año y el promedio anual para 2050 en cada ciudad.
En esa ciudad australiana, el invierno no es tan crudo y la temperatura para esa época del año suele variar entre los 13 y 24 grados.
La temperatura media anual en Sídney es de 18,5 grados, mientras que en Buenos Aires es de 17,5.
El Crowther Lab es un grupo de investigación dirigido por el científico británico Thomas Crowther, profesor de Ecología de Sistemas en la Universidad EHT Zurich.
El informe señala que los aumentos de temperatura estarán acompañados de otros problemas, como lluvias más intensas y períodos de sequía más severos.
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Fecha de Publicación: 16/07/2019
Fuente: Telefe Noticias
Provincia/Región: Capital Federal
En esa ciudad australiana, el invierno no es tan crudo y la temperatura para esa época del año suele variar entre los 13 y 24 grados.
Un nuevo estudio estima el impacto futuro del cambio climático en las ciudades. La investigación fue realizada por Crowther Lab, un grupo de investigación que forma parte de la Universidad EHT Zurich de Suiza.
El estudio calculó aumentos probables de temperatura en 520 ciudades de más de un millón de habitantes para 2050.
Tanto Buenos Aires como Montevideo tendrán las temperaturas de Sidney. El informe también estima el aumento de temperatura previsto para el mes más caliente del año y el promedio anual para 2050 en cada ciudad.
En esa ciudad australiana, el invierno no es tan crudo y la temperatura para esa época del año suele variar entre los 13 y 24 grados.
La temperatura media anual en Sídney es de 18,5 grados, mientras que en Buenos Aires es de 17,5.
El Crowther Lab es un grupo de investigación dirigido por el científico británico Thomas Crowther, profesor de Ecología de Sistemas en la Universidad EHT Zurich.
El informe señala que los aumentos de temperatura estarán acompañados de otros problemas, como lluvias más intensas y períodos de sequía más severos.
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