Estudian la incidencia del fuego en los humedales del río Paraná

Fecha de Publicación: 24/01/2024
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Litoral Argentino


El objetivo de la investigación es contribuir a la preservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos de los humedales. La iniciativa es desarrollada especialistas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral junto a otras instituciones académicas, científico-técnicas y organismos gubernamentales.
En los últimos años, los incendios a nivel mundial y en la Argentina han aumentado en cantidad e intensidad. En el país, se han extendido a ecosistemas de humedales, comprometiendo su biodiversidad y servicios ecosistémicos. Además, los humedales asociados a la dinámica del río Paraná atravesaron una situación hidrológica crítica sin precedentes en los últimos 50 años. Niveles de agua muy bajos en todo el sistema de cauces, gran cantidad de ambientes acuáticos secos y material vegetal muerto en pie (combustible) en exceso, desencadenaron gran parte de los incendios registrados en los últimos tres años.
Para estudiar esta problemática y contribuir a la preservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos de los humedales del río Paraná, un grupo interdisciplinario e intersectorial de especialistas lleva adelante tres proyectos de investigación, que tienen sede en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral (Fich-UNL).
"El objetivo central es desarrollar una nueva visión y capacidades de manejo integral, coordinado e intersectorial del fuego, en lugar de solo combatirlo. Esto requiere la inclusión de múltiples perspectivas, destrezas y conocimientos de actores del sector académico y de defensa civil, así como de las prácticas tradicionales de uso del fuego de las comunidades que históricamente han habitado los territorios comprendidos en los humedales del Paraná", explicó Zuleica Marchetti, docente e investigadora de la Fich y directora de los proyectos.

Gestión integral y participativa
Si bien la problemática de los incendios estuvo casi siempre circunscripta a los ecosistemas boscosos del centro y sur de nuestro país, desde el 2004 comenzó a despertar el interés del ámbito académico vinculado al estudio de los ecosistemas de humedales.
"Los humedales constituyen ambientes únicos, que brindan una importante cantidad de bienes y servicios ambientales de los cuales se beneficia la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, retienen contaminantes, mejoran la calidad del agua, disminuyen la erosión y el efecto de las inundaciones en regiones aledañas, secuestran carbono, producen materia prima, entre otros", comentó Marchetti.
Por esta importancia vital y para protegerlos ante la incidencia del fuego, los proyectos proponen medidas de gestión integral y participativa, que incluyan saberes locales, académicos y brigadistas, que contribuyan a un manejo adaptativo del fuego sostenible socio-ecológicamente.
En este sentido, entre otras actividades que contemplan los proyectos, se prevé generar ámbitos transdisciplinarios de discusión y entrevistas con productores, comunidades locales y actores sociales involucrados, así como realizar quemas científicas controladas en un sector seleccionado y adecuadamente aislado de estos humedales.
"A través de esta metodología, se pretende identificar, evaluar y caracterizar variables como uso social del fuego, suelo, vegetación, invertebrados, vertebrados y calidad de agua. Asimismo, se van a explorar herramientas de sensoramiento remoto para estimar áreas afectadas por incendios, monitorear las condiciones ambientales y generar sistemas de alerta temprana", detalló Marchetti.
Hasta el momento, se han realizado dos quemas controladas en territorio con monitoreo de campo y análisis de laboratorio y la charla de divulgación científica «El fuego, ¿elemento natural o humano? Desafíos para su gestión en tiempos de cambio climático y uso de la tierra», a cargo de la Dra. Bibiana Bilbao, (que contó con la participación de más de 100 personas) y está disponible en el canal de YouTube de la FICH.

Temática innovadora
Si bien algunos investigadores de la Fich tienen antecedentes en investigaciones sobre temáticas que de alguna manera se vinculan con el fuego, el análisis interdisciplinario de la ecología del fuego surge como una temática de estudio innovadora dentro de la facultad, en la medida que plantea comprender la dinámica ambiental de los humedales, donde el fuego ha sido un elemento sumamente presente en los últimos años.
Cabe destacar que las otras instituciones involucradas en estos estudios son la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL; la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la provincia de Santa Fe; el Centro de Investigación y Transferencia, Universidad Nacional de Rafaela-CONICET; el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Paraná (Oro Verde); el Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias Rosario, de la Universidad Nacional del Rosario; el Instituto Nacional de Limnología, de UNL-CONICET; la Universidad Simón Bolívar de Venezuela y el Colectivo Cobra CIC del Reino Unido. También colaboran la Dirección Nacional de Vialidad, 7º Distrito Santa Fe, División Conservación; el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático SAT Santa Fe y el Instituto Nacional del Agua, Centro Regional Litoral.

Los proyectos
Proyecto PICT: "Incidencia de los incendios en los humedales del Paraná: lo que necesitamos conocer del fuego en post de contribuir con prácticas de manejo integradas y socio-ambientales sostenibles".
Proyecto CAI+D Orientado: "Dinámica socio-ecológica, ocurrencia de incendios y propuesta para el manejo integrado del fuego en humedales del Paraná".
Proyecto PEICID: "Efecto del fuego sobre la vegetación, suelo y calidad del aire: hacia una propuesta de manejo integrado de los incendios en humedales del Paraná".
Además de llevar adelante estos proyectos, la Fich participa del Proyecto Fire Adapt, financiado por las Acciones Marie Skłodowska - Curie de la Unión Europea, que facilita el intercambio de especialistas de 24 instituciones de 10 países de Europa y Latinoamérica, con el objetivo de reunir la experiencia sobre la diversidad completa de tipos de incendios y sus diferentes contextos en regiones de la cuenca mediterránea y América Latina para mejorar la compresión del papel del Manejo Integral del Fuego (IFM) en la prevención de incendios forestales y la mejora de servicios ecosistémicos y culturales.
"Este año, participé en las primeras actividades del Fire Adapt en Europa. Los casos de estudio y la Asamblea General del proyecto se realizaron en Cataluña, España. La experiencia fue muy interesante porque no solo participamos de la planificación de los próximos cuatro años de trabajo, sino que tuvimos la oportunidad de conocer cómo se realizan las actividades de quemas científicas en otros países, visitando varias localidades donde se han llevado adelante estas prácticas de manejo de fuego. Además, el intercambio de experiencias y debate científico en primera persona fue valioso y enriquecedor. Muchas de las cosas aprendidas las estamos poniendo en práctica en la actualidad", contó Aylén Carrasco, docente e investigadora de la Fich, miembro de los proyectos.
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Cambio climático, contaminación y pesca, causas de impacto en la conservación de pingüinos

Fecha de Publicación: 24/01/2024
Fuente: Télam
Provincia/Región: Nacional


En Argentina, más de un millón de parejas de pingüinos de Magallanes se encuentran en 71 colonias a lo largo de 4.500 kilómetros de la costa. El pingüino de penacho amarillo es una especie considerada "en peligro" en el territorio nacional.  
El cambio climático, la contaminación, los efectos negativos de la pesqueria y la degradación del hábitat son las principales causas que impactan en la conservación de los pingüinos en Argentina, una especie estratégica para el funcionamiento de los ecosistemas marítimos, indicaron este viernes especialistas con motivo del Día de la Concientización por los Pingüinos que se celebra este sábado.
En Argentina, más de un millón de parejas de pingüinos de Magallanes se encuentran en 71 colonias a lo largo de 4.500 kilómetros de la costa, según datos de la Sociedad Global de Pingüinos (GPS, por sus siglas en inglés).
Los pingüinos son aves longevas que viven aproximadamente entre 30 y 35 años, y en las costas argentinas se pueden encontrar tres especies: el pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus), el pingüino Penacho Amarillo (Eudyptes chrysocome) y el pingüino Papúa (Pygoscelis papua).
Entre ellos, el pingüino de penacho amarillo es una especie considerada "en peligro" en el territorio argentino, mientras que a nivel mundial está categorizada como "vulnerable" por la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) debido a su tendencia poblacional decreciente.
Conocidos por una tendencia "monógama" a la hora de reproducirse (que excepcionalmente ocurre durante toda su vida) en épocas migratorias esta especie de ave es capaz de recorrer miles de kilómetros buceando desde el sur patagónico hasta las costas bonaerense, uruguaya e incluso alcanzar el sur de Brasil.
"Los pingüinos son una parte importante de nuestro ecosistema marítimo, ya que la protección y conservación en buen estado de sus poblaciones contribuye a un buen estado de salud de nuestro mar", aseguró en diálogo con Télam el doctor en Ciencias Biológicas e investigador del Conicet Esteban Frere.
En este sentido, destacó que los pingüinos son una especie estratégica ya que, al ocupar toda la plataforma marítima argentina, "consumen muchas especies diferentes de peces y crustáceos y son una parte muy importante del funcionamiento del sistema marítimo".
El investigador asociado de WCS Argentina agregó que también "funcionan como nuestro centinela y evaluadores del estado del mar".
Hasta mediados de los años 90, alrededor de 40.000 pingüinos de Magallanes morían por año debido a la contaminación en el mar, consignó Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina.
Si bien estos números disminuyeron a raíz de mejoras en las legislaciones, actualmente "enfrentan múltiples amenazas que comprometen su supervivencia", señaló el doctor en Biología e investigador del Conicet Pablo García Borboroglu.
Borboroglu -quien en 2023 se convirtió en el primer latinoamericano en recibir el Premio de Indianápolis por conservación animal- detalló que las principales problemáticas de los pingüinos en la actualidad son "el cambio climático, la contaminación, los efectos negativos de la pesquería y la degradación del hábitat".
"El calentamiento global impacta negativamente los hábitats de los pingüinos, tanto en términos de reproducción como de alimentación. Las alteraciones en la disponibilidad de alimentos son críticas, especialmente durante los periodos donde estos recursos son más necesarios", aseguró el fundador de la GPS.
Además, el cambio climático se relaciona con un aumento en la frecuencia, intensidad y duración de las olas de calor, las cuales provocaron mortalidades en las colonias de pingüinos.
"Por ejemplo, -señaló Borboroglu- en Chubut durante 2017 se registraron temperaturas de hasta 44 grados Celsius, resultando en la muerte de al menos 300 pingüinos sanos debido al estrés térmico".
En cuanto a la contaminación, los derrames de petróleo son una amenaza "considerable" para estas especies, ya que dañan su plumaje y reducen su capacidad de aislamiento y flotabilidad, además de que la ingestión de petróleo durante el aseo puede ser tóxica.
También la contaminación por plásticos es "preocupante", ya que "los pingüinos pueden quedar atrapados en piezas grandes o ingerir fragmentos pequeños, lo que puede dañar su tracto digestivo y ser fatal".
En tanto, el mal manejo de las pesquerías comerciales es una de las principales amenazas al medio marino a nivel global, ya que la competencia por alimentos en las áreas de alimentación de los pingüinos y la captura incidental durante las operaciones pesqueras representan "impactos significativos", señaló Borboroglu.
A su vez, las actividades humanas, como el turismo no regulado o furtivo, pueden ser perjudiciales para las colonias de pingüinos: "Se han reportado casos donde maquinaria pesada ha destruido parte de una colonia en Chubut", aseveró el especialista sobre el desastre en la colonia de Punta Clara, en Chubut, que en 2021 mató al menos 192 pichones bajo las ruedas de una topadora que pasó por encima de casi 150 nidos.
Sobre este punto, Frere sostuvo que un turismo "regulado y planificado" puede ser beneficioso para la concientización sobre estas especies, ya que "genera educación hacia el público y recursos que pueden ser utilizados para mantener las áreas protegidas", como las de Península Valdés, Isla Deseada, Parque Nacional Monte León y Punta Tombo, entre otros.
Esta última es la mayor colonia de pingüinos de Magallanes en Patagonia, con más de 200.000 parejas reproductoras.
A su vez, el impacto del cambio climático sobre las corrientes también está siendo estudiado por los científicos para evaluar potenciales cambios en su calendario y desplazamiento.
"Este año hemos visto en la colonia de Cabo Vírgenes (Santa Cruz) que una buena porción de los pingüinos no emigraron y se quedaron en la zona marina, a 300 metros a la redonda, cuando antes hacían 5.000 kilómetros", sostuvo Frere.
Finalmente, el biólogo concluyó que, para la conservación de esta especie, "si bien el ciudadano común puede poner un granito de arena, con respecto al cambio climático ya estamos hablando de negociaciones a nivel internacional y eso es lo que está faltando".
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Además de tierra y agua buscan privatizar las semillas: otro atentado a la soberanía alimentaria

Fecha de Publicación: 23/01/2024
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Nacional


Uno de los artículos de la Ley Ómnibus busca que Argentina adhiera a la UPOV 91. Se trata de una convención internacional que avanza sobre la actual Ley de Semillas. Denuncian que de aprobarse, los derechos de la propiedad intelectual quedarán en manos de corporaciones trasnacionales
Pocas cosas simbolizan tan claramente el futuro como una semilla. Fecundación y reproducción de la especie, continuidad, vida por venir. La Ley de Semillas que intenta modificar el Gobierno nacional pone en riesgo el futuro de la soberanía alimentaria. Así lo resaltan cientos de organizaciones socioambientales, asambleas y productores de todo el país en rechazo a uno de los 664 artículos introducidos en la Ley Ómnibus que se debe definir en el Congreso de la Nación: la adhesión de Argentina a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales de 1991, conocida como UPOV 91. Denuncian que de aprobarse, los derechos de propiedad intelectual de las semillas quedarán en manos de las grandes corporaciones transnacionales, como Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva, o las nacionales como Bioceres o Don Mario. Y que lo que está impulsando es la privatización de un bien común que se ejerce hace diez mil años a lo largo y ancho del planeta.
La adhesión de Argentina al UPOV 91, propuesta en el artículo 241, sumó el rechazo de más de 1.400 organizaciones de todo el país que adhirieron a un pronunciamiento público emitido por la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines (Red Calisas) y difundido la semana pasada en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación donde se debate el proyecto de la Ley Ómnibus.
“Quien controla las semillas, controla la cadena agroalimentaria, y por lo tanto la disponibilidad, calidad y precio de los alimentos de nuestra población”, dijo Marcos Ezequiel Filardi en representación de la Red Calisas que nuclear más de medio centenar de espacios que defienden el modelo agroecológico y la soberanía alimentaria.
“Para el paradigma de la Soberanía Alimentaria las semillas son la base de la reproducción de la vida misma y un patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad”, agregó Filardi que leyó parte del documento que rechaza la adhesión de Argentina a la UPOV 91.
Al respecto señaló que la Convención de 1991 es la última versión del tratado sobre propiedad intelectual de semillas, “un viejo anhelo de las corporaciones semilleras transnacionales como Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva o Basf, y nacionales como Bioceres o Don Mario”.
En ese sentido sostuvo que “desde hace años este puñado de corporaciones a través de sus organizaciones, buscaron infructuosamente la modificación de la Ley de Semillas actual (N° 20.247 de 1973) que reconoce derechos de propiedad intelectual (de obtentor) para las empresas, pero también garantiza derechos de los y las agricultoras sobre los frutos de sus cosechas con semillas certificadas. Los intentos de modificación de la ley fueron sistemáticamente rechazados por un conjunto amplio de organizaciones de productores y de la sociedad civil”.
Según explicó Filardi, la incorporación de Argentina a la UPOV 91 implicaría la modificación de la actual Ley de Semillas que debería ser adecuada a las disposiciones, como sucede con los países que firman acuerdos de libre comercio, ya que por tratarse de una Convención Internacional tiene jerarquía de leyes.
“Una discusión que lleva más de una década de debate parlamentario sin consensos, pretende zanjarse por arriba, sin debate específico, en el marco del tratamiento express de una Ley Ómnibus y en sesiones extraordinarias”, esgrimió.
En esa línea recordó que la adhesión de Argentina a la versión 1978 de UPOV, realizada en 1994, llevó dos años de tratamiento y discusión en el Congreso de la Nación: “Ahora se pretende aprobar una versión mucho más restrictiva de los derechos en menos de un mes, sin dar a conocer el texto y sin una discusión profunda en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara, como corresponde habitualmente”.
Al continuar con la lectura del pronunciamiento, Filardi expresó: “La adhesión a UPOV 91 representa la profundización del cercamiento corporativo del primer eslabón de toda la cadena agroalimentaria: reconoce mayores derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, amputa derechos de las y los productores cercenando la posibilidad que tienen de hacer «uso propio» de sus reservas de semillas, extiende la «protección» también a la cosecha y habilita el patentamiento de las semillas”.
Y agregó: “Lo que está en juego en el artículo 241 del proyecto es trascendental: quien controla las semillas, controla la cadena agroalimentaria, y por lo tanto la disponibilidad, calidad y precio de los alimentos de nuestra población”.
En ese sentido remarcó “que lo único que se opone al control absoluto de 4, 5 empresas es el uso propio «gratuito», reconocido por la Ley de Semillas actual y la versión 78 de UPOV a la que nuestro país ha adherido, y que se enmarca en una concepción del «derecho de las y los agricultores» tal como contempla el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación (TIRFAA)”.
Por último dijo que las organizaciones firmantes reclaman al Congreso de la Nación el rechazo a la adhesión a UPOV 91 “en amparo de la Soberanía Alimentaria de nuestro pueblo”.
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Misiones impulsa un corredor biológico internacional que incluye a los países de Brasil y Paraguay

Fecha de Publicación: 23/01/2024
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Nacional - Misiones


Días pasados autoridades de la provincia de Misiones y del Estado de Río Grande Do Sul (Brasil) participaron en el municipio de El Soberbio de una nueva reunión del pro puente internacional El Soberbio-Tirantes do Sul.
Entre los asistentes estuvo presente el Ministro de Ecología y RNR de Misiones, Arq. Martín Recamán, quien valoró la iniciativa del puente internacional, a la vez que puso en conocimiento de las autoridades del vecino país de un proyecto para generar un Corredor Biológico Internacional.
En este marco, el Ministro contó que la iniciativa del Corredor Biológico Internacional es impulsado por el Instituto Misionero de Biodiversidad, presidido por la Arq. Viviana Rovira, y va en línea con la política de Estado provincial de conservación de la Selva Paranaense.
“La biodiversidad no tiene frontera, no tiene pasaporte, y este desafío que tiene la provincia de Misiones de conservar más de la mitad de su territorio con la Selva Paranaense, que es compartido con Brasil y Paraguay, necesita de un trabajo conjunto y articulado de todos para su cuidado y conservación”, planteó el Ministro.
Renglón seguido, Recamán afirmó que “Misiones ha apostado y lo seguirá haciendo para mantener más de la mitad de su territorio con Selva Paranense, conservando su biodiversidad. Necesitamos tener una visión entre los dos países y entre la provincia de Misiones y todos los municipios aledaños de Brasil”, cerró.
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En su Informe Anual sobre deforestación, Greenpeace denuncia que en 2023 aumentaron los desmontes en el norte argentino

Fecha de Publicación: 22/01/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


La organización ecologista midió la superficie desmontada en Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta. El resultado dio un total de 126.149 hectáreas, más que las 119.805 alcanzadas en 2022. Además, en el trabajo presentado demandan que se rechacen las modificaciones medio ambientales incorporadas en la Ley Ómnibus
Entre 1998 y 2022, los bosques nativos de la Argentina perdieron 7 millones de héctáreas. Es decir, fue deforestada una superficie similar a la que tiene la provincia de Formosa. La cifra la elaboró el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cerrado por decisión del gobierno de Javier Milei. Esto significa una lenta pero sostenida amenaza contra la biodiversidad, la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua, la conservación del suelo y el hábitat de numerosas comunidades de pueblos originarios y campesinos. En especial, según las conclusiones del Informe Anual 2023 sobre Deforestación en el Norte Argentino que publica Greenpeace, esto se verifica en esa región del país. El 75% de los desmontes -señalan- tienen lugar en cuatro provincias: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. En esa zona se encuentra la región llamada Gran Chaco, que es el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica, que aloja 3.400 especies de plantas, 500 tipos de aves, 150 de mamíferos, 120 de reptiles y 100 de anfibios.
Ahora, Greenpeace denunció que durante 2023 la deforestación en el norte del país fue de más de 125.000 hectáreas. Según la organización ecologista, las principales causas de pérdida del bosque son el avance de la frontera agropecuaria para ganadería intensiva y soja transgénica, y los incendios forestales. “Los sectores Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra representan el 39% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del país, contribuyendo a la actual crisis climática”, señalan. En el trabajo se indica que durante el 2023, la deforestación en la provincia de Chaco fue de 57.343 hectáreas, en Santiago del Estero 42.871, en Formosa 17.409 y en Salta 8.526. Esto da un total exacto de 126.149 hectáreas, superior a las de 2022, cuando alcanzó las 118.805).
Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, explica que “el reporte lo venimos realizando desde el año 2016 en base a la comparación de imágenes satelitales. Además incluimos documentación fotográfica y de video. Lo que detectamos es que tenemos una tendencia a la baja de la deforestación desde el año 2014, un 40% menos que antes de la sanción de la Ley de Bosques, que fue a fines del 2007. Pero en el 2023 hubo un poco más de desmontes”.
Por eso, además, la organización le reclama al Congreso de la Nación que no se modifique la mencionada Ley de Bosques, que flexibilizaría las restricciones a la deforestación y que solicitan, por el contrario, que se avance en su penalización. Cuando la Ley 26.331 fue sancionada, hizo posible que el 80% de los bosques nativos estén clasificados por leyes provinciales. a través del Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN) como zonas de distintos grados (clasificadas en verde, amarillo y rojo, de acuerdo a la sensibilidad de cada área) donde no se puede desmontar.
Ahora, la Ley Ómnibus que envió el gobierno al parlamento plantea modificar el artículo 26 por el siguiente enunciado: “Para los proyectos de desmonte de bosques nativos que se encuentren bajo la categoría I y II prescripta en el artículo 9°, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley N° 25.675 (Ley General del Ambiente), previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas actividades”.
Según Greenpeace, de modificarse la norma, 50 millones de hectáreas estarán en peligro, porque los desmontes podrán ser autorizados. No obstante, dicen en el Informe Anual, la Ley ya no se respetaba en su totalidad: “Algunos ordenamientos (Salta, Chaco) fueron ilegalmente modificados por los gobiernos provinciales mediante la sistemática realización de recategorizaciones prediales que disminuyeron las áreas donde estaba prohibido el desmonte”.
Asimismo, en el trabajo destacan “la ilegalidad de la totalidad de las hectáreas deforestadas durante 2023 en Chaco, ya que los desmontes se encuentran suspendidos por la justicia provincial desde el 16 de octubre de 2020, ante la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”. Y añaden que “resulta también grave que más del 80% de los desmontes en la provincia de Santiago del Estero sean ilegales, ya que se realizaron en bosques clasificados en las Categorías I, Rojo y II, Amarillo, donde no está permitido”.
Giardini indica que “el consenso científico viene alertando sobre la emergencia climática y de biodiversidad en que nos encontramos. Las modificaciones a la Ley de Bosques propuestas en la Ley Ómnibus provocarán un aumento descontrolado de los desmontes. Es un retroceso inadmisible considerando que Argentina firmó un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030. La Ley de Bosques es una herramienta clave para proteger nuestros bosques, que debemos fortalecer penalizando su incumplimiento”.
Las consecuencias, revela el coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, serán que “van a permitir que las provincias autoricen desmontes en las zonas que las propias provincias habían marcado como áreas donde no se puedem permitir, que son precisamente las que poseen el 80% de los bosques. Bueno, la Ley Ómnibus lo que incorpora es un artículo en el que puede haber excepciones a eso”.
Por último, Giardini señala que la modificación a la Ley de Bosques quitaría “la posibilidad de acceso a la información pública del tema de deforestación de comunidades campesinas e indígenas, que es una obligación y ya no lo sería”. Y plantea una cuestión vital para luchar contra el fuego: “Los fondos de la ley, está establecido, deben ser por lo menos el 0,3% del presupuesto más el 2% de las de la recaudación que hace el Estado de retenciones a las exportaciones agrícolas, forestales y ganaderas. Si bien en el año 2023 no se han completado como dice la normativa, ahora quedarían a criterio exclusivo del del Poder Ejecutivo los fondos se se entregan, y en la práctica eso significa un desfinanciamiento de la ley, que implicaría menos controles para las provincias, menos capacidad de control a los desmontes ilegales, menos fondos para combatir incendios y también para fomentar actividades sustentables en el bosque”.
En el año 2007, cuando se sancionó la Ley de Bosques, fue fundamental la participación de la sociedad civil, que reunió un millón y medio de firmas que se entregaron al Congreso. Ahora, organizaciones ecologistas, sociales e indígenas lanzaron una petición a través de la web “salvalasleyesambientales.org” para salvar las leyes ambientales, como la de Bosques y la de Glaciares, de las modificaciones que se proponen en la Ley Ómnibus.
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Elsztain, Macri, Caputo y Barrick Gold, los beneficiados por el DNU y la Ley Ómnibus

Fecha de Publicación: 22/01/2024
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Nacional


La Asociación de Abogades Ambientalistas alerta que las modificaciones que propone el Gobierno en materia ambiental son una "invitación a la destrucción". La desprotección de bosques, glaciares y humedales favorece a un puñado de empresarios. "Los diputados deberán decidir si están del lado del lobby o de los intereses de la sociedad y la naturaleza", afirman.
Estamos en un momento clave, histórico, preocupante. El proyecto de Ley Ómnibus y el DNU 70/23 son manifiestamente inconstitucionales, afectan el Estado de derecho y el sistema republicano de gobierno. Atacan la república, violan el Acuerdo de Escazú, que no permite la regresión ambiental. Ambos son un claro ejemplo de regresión ambiental.
Hasta hace poco estábamos debatiendo en el Congreso de la Nación si sancionábamos una Ley de Humedales. Ahora retrocedimos y estamos debatiendo leyes sancionadas hace quince años: la Ley de Bosque y la de Glaciares. Estábamos discutiendo el siglo XXI y nos llevaron a discusiones del siglo XIX.
Estamos viviendo olas de calor nunca vistas, tormentas —como la reciente en Bahía Blanca o en la ciudad de Buenos Aires—, incendios forestales y de pastizales. En el último tiempo, el 12 por ciento de la provincia de Corrientes, por citar un ejemplo, se prendió fuego. En Rosario, otro ejemplo, la gente usaba mascarillas por el humo y los hospitales estuvieron colapsados. Todo esto parece una serie distópica de Netflix.
Hemos normalizado estos hechos. Vivimos en una ceguera ecológica.
Los diputados y las diputadas de la Nación saben de lo que estamos hablando porque la gente de sus provincias lo padecieron y lo van a seguir padeciendo.
También atravesamos una sequía histórica, potenciada por los efectos del cambio climático global y la destrucción local de bosques nativos y humedales, que nos hizo perder más de 20.000 millones de dólares. Las quemas de esos territorios destruyeron las economías regionales. La sequía mostró la relación estrecha que existe entre los modelos de (mal)desarrollo vigentes y crisis climática.
En la región más desigual del planeta, América Latina, no es casual que los mapas de la pobreza coincidan con los del extractivismo. Ese mismo extractivismo que alienta el proyecto de Ley Ómnibus y que nos va a salir muy caro, incluso económicamente.
Este año la Unión Europea anunció que no autorizará importaciones de carnes y granos de lugares con desmonte. Y en Argentina se busca cambiar la Ley de Bosques. En este país perdimos ocho millones de hectáreas de bosques, el equivalente a la provincia de Entre Ríos, desde que se aprobó la soja transgénica.
Todos los debates internacionales están atravesados por la problemática ambiental. Resulta geopolíticamente relevante abandonar la ceguera ecológica. Menos bosques y menos glaciares equivale a más crisis climática.

Una reforma a pedido de los empresarios
Pero esta Ley Ómnibus tiene nombres y apellidos. El cambio de la Ley de Bosques tiene nombre y apellido: Eduardo Elsztain. El dueño del hotel donde estaba alojado hasta hace poco el presidente Javier Milei es también dueño de Cresud. Es el mayor terrateniente de Argentina: tiene casi un millón de hectáreas. ¿Saben cuánto desmontó ya Eduardo Elsztain, el dueño de Cresud, en Salta? 120.000 hectáreas. Es el equivalente a seis veces la ciudad de Buenos Aires. ¿Saben cuánto tiene planificado desmontar en su finca Los Pozos, en una zona hoy protegida por la Ley de Bosques? 150.000 hectáreas más. Si sale esta ley, las va a destrozar.
Otro beneficiado: Mauricio Macri, a través de su empresa Socma y la Finca Yuto. Esta firma ya desmontó 6.000 hectáreas. Y está pidiendo recategorizar zonas amarillas, que es lo que se quiere cambiar con esta reforma; 10.000 hectáreas es lo que planifica desmontar.
Otro beneficiado: Luis Caputo, actual ministro de Economía. Ya desmontó 500 hectáreas en el departamento Copo en Santiago del Estero y tiene miles de hectáreas más por desmontar.
Con la Ley de Glaciares ocurre lo mismo. Los glaciares son “fábricas de agua”, allí nacen muchos de los ríos de nuestro país que van dando vida y trabajo a su paso. Con esta reforma pretenden avanzar sobre estos ecosistemas, a pedido de otra empresa: Barrick Gold. Las modificaciones en la Ley de Glaciares que plantea la Ley Ómnibus fueron escritas por los abogados de Barrick Gold.
Con la Ley de Quemas ocurre lo mismo. Se quiere aplicar el mismo modelo que aplicó Jair Bolsonaro en Brasil, y que impactó severamente en la Amazonía, sus ecosistemas y los pueblos indígenas que la habitan. Los beneficiarios de esta reforma son las empresas forestales, las del agronegocio y las del negocio inmobiliario.
En definitiva, el combo DNU, derogación de Ley de Tierras Rurales y proyecto de Ley Ómnibus es una invitación a la destrucción. De aprobarse, todos los bosques argentinos podrían ser desmontados, todos los glaciares destruidos, todos los humedales quemados. Estos ecosistemas serán sacrificados en el altar del agronegocio y de las grandes mineras transnacionales.
Hoy los diputados tienen una responsabilidad histórica. Los de Unión por la Patria, los de la Unión Cívica Radical, los del bloque de Miguel Ángel Pichetto (quien votó a favor de la Ley de Bosques, de Glaciares y la media sanción de la Ley de Humedales), los de la Coalición Cívica (“vienen por el agua”, decía Lilita: estos vienen agua, por lo glaciares, por los bosques). Más allá de los partidos, cada diputado de cada provincia tiene que volver a sus pagos y explicar, en Corrientes o en Santa Fe, por ejemplo, por qué votó en contra de la Ley de Quemas. Un diputado de San Juan, Mendoza o Santa Cruz le va a tener que explicar a sus hijos y a sus nietos por qué votó contra la Ley de Glaciares.
Van a tener que decidir de qué lado están. Si del lado del fuego, de los desmontes, de la destrucción de los glaciares o de la vida. Si del lado del lobby o de los intereses de la sociedad y la naturaleza. Tendrán que explicarles a sus hijos y nietos qué hicieron en 2024, cuando estaban en juego los bosques, los glaciares, los humedales.

Por Enrique Viale
Exposición realizada en representación de la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, el 15 de enero en la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco del debate en comisiones por la aprobación del proyecto de Ley Ómnibus.
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El Consejo Federal de Ambiente criticó la política de Milei: “Preocupa la extranjerización de bienes naturales”

Fecha de Publicación: 20/01/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Los especialistas reclamaron a los legisladores la revisión de las modificaciones que el Gobierno busca aplicar en normas clave que afectan a los bosques nativos y los glaciares, entre otras problemáticas.
Este jueves, el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) publicó una declaración en línea con los reclamos por el retroceso ambiental que implican los cambios que quiere hacer el Gobierno a través del DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus en materia ambiental. “Nos preocupa la extranjerización de bienes naturales”, enfatizaron.
Las autoridades ambientales de todo el país solicitaron a los legisladores nacionales de ambas Cámaras del Congreso de la Nación a revisar la claridad de la normativa que modifica al menos tres leyes estratégicas para el cuidado del ambiente. Asimismo, destacaron que no hay lugar para el debate y que “no puede considerarse el silencio como una autorización tácita”.
Es que las reformas que planea instrumentar el gobierno suponen una fuerte desregulación y desfinanciamiento de los aspectos ambientales en la Argentina: habrá cambios en la ley de quema, la ley de protección de bosques nativos y la ley de glaciares. También se establecerá un mercado de carbono.

Las reformas ambientales que el gobierno debe analizar según el Consejo de Ambiente
“Tanto el DNU como el proyecto de Ley Ómnibus en discusión en el Congreso implican modificaciones sustantivas a los marcos jurídicos vigentes en materia ambiental. Así, resulta oportuno poner en conocimiento de la sociedad y de los representantes legislativos, la voluntad de las autoridades ambientales de todo el país”, introduce el comunicado del Consejo y detalla los puntos a considerar:
- En materia de bosques nativos, manifestamos que se debe garantizar el financiamiento de la Ley 26.331 a través de la expresión de una meta presupuestaria concreta, respecto del porcentaje que se destinará al FOBOSQUE;
- En relación con el mercado de derecho de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), se deberá precisar en la norma la autoridad de aplicación, los sectores que estarán incluidos en el régimen de este mercado, el tipo de gases que se tendrán en cuenta, el método de asignación de los derechos de emisiones y el método de aplicación de las penalizaciones;
- En cuanto a la Ley 26.562 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Control de Actividades de Quemas entendemos que no puede considerarse el silencio como una autorización tácita;
- En relación con la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, resulta indispensable respetar los procesos de debate previo sobre las definiciones de ambientes glaciares y periglaciares.
- Sobre la Ley 26.737, de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras, vemos con preocupación que pueda significar un proceso de extranjerización de los bienes comunes naturales y una afectación a la soberanía nacional, así como a las posibilidades de las provincias de preservar áreas estratégicas.
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Avance de la Justicia porteña para que Buenos Aires tenga un Código Ambiental

Fecha de Publicación: 20/01/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: CABA


La Cámara ratificó el fallo que declara inconstitucional la ausencia de esta legislación. La Legislatura deberá encargarse, mientras tanto, de garantizar el cumplimiento de la ley en medio de la crisis climática.
La Cámara de Apelaciones porteña ratificó el fallo de primera instancia que había declarado inconstitucional la falta de un Código Ambiental en la Ciudad de Buenos Aires. La elaboración del Código está prevista por la Constitución porteña de 1996, pero los y las legisladores nunca lo llevaron adelante. En su fallo, la Cámara estableció que la Legislatura deberá realizar el procedimiento de doble lectura, con audiencia pública incluida, en todas las normas de "contenido ambiental" hasta tanto se concrete la aprobación del Código en cuestión.
"Ha quedado demostrado que la Legislatura incumplió el mandato constitucional que le impuso la sanción del Código Ambiental, por más de 25 años desde que el órgano legislativo de la CABA comenzó a funcionar". Eso escribieron en su resolución los camaristas Fernando Juan Lima, Marcelo López Alfonsín y Mariana Díaz, integrantes de la Sala N°II de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad. Así, los jueces ratificaron el fallo de primera instancia del juez Guillermo Scheibler, "en cuanto declara la inconstitucionalidad de la omisión de la Legislatura de sancionar el Código Ambiental de la CABA".
La declaración de inconstitucionalidad ratificada ahora por Cámara se basa en el Inciso N°3 del Artículo N°81 de la Constitución porteña, que establece "atribuciones" de los y las legisladoras porteñas, entre las que se encuentran las de aprobar y modificar "los Códigos de Planeamiento Urbano (CPU), Ambiental y de Edificación". El CPU, hoy llamado Código Urbanístico, y el de Edificación ya existen, pero el Ambiental nunca se elaboró.  

No eludir obligaciones
El fallo de primera instancia había sido emitido por Scheibler en agosto del año pasado y las autoridades de la Legislatura, comandada por el oficialismo porteño, apelaron esa decisión. Según destacan los camaristas en el fallo, uno de los argumentos de la apelación se centró en la ausencia de un plazo estipulado por la Constitución para la concreción del Código, por lo que, sostuvieron, no habría un período previsto para realizarlo. Para los jueces, sin embargo, "la ausencia del plazo aludido no constituye un argumento suficiente para eludir la obligación".
El fallo agrega que, aunque la Constitución no prevea ningún plazo, la "demora en la concreción de dicho mandato constitucional ha superado toda pauta temporal que pudiera estimarse razonable". "Aun cuando no contenga un plazo a partir del cual pueda computarse su mora, expresa pautas de contenido y procedimiento que le imponen la tarea de sistematizar las leyes de contenido ambiental en un cuerpo único codificado", añadieron los camaristas.
Además de la Constitución porteña, el Plan Urbano Ambiental (PUA) también prevé la conformación del Código. En su artículo N°24, la norma detalla en qué consistiría al precisar que "contendrá el conjunto de disposiciones que regulen la calidad del medio ambiente con vistas al logro de su máxima sustentabilidad y el control de las situaciones de riesgo". "Contendrá los mecanismos procedimentales de las acciones judiciales de índole ambiental, incluyendo el procedimiento de recomposición del ambiente en caso de daño ambiental colectivo", precisa el PUA, que agrega que el Código deberá atender "a la prevención de acciones ambientalmente inadecuadas y, en su caso, la resolución o morigeración de las situaciones indeseables existentes, asegurando la máxima recuperación posible del medio afectado".

Asegurar la participación ciudadana
El fallo de Cámara no sólo ratifica la declaración de inconstitucionalidad, sino que ordena a los y las legisladoras porteñas que, mientras no dicten el Código Ambiental, aseguren "la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones ambientales, asignando a las leyes de contenido ambiental el procedimiento de doble lectura". La decisión se basa en que la aprobación del Código debería cumplir con ese procedimiento, que incluye audiencia pública. Al no haber aprobado el Código, razonan los jueces, "una gran cantidad de leyes sobre medio ambiente se dictaron al margen del procedimiento", por lo que no garantizaron los mecanismos de participación ciudadana previstos en materia ambiental.
"Esto es lo que ha venido sucediendo desde hace 25 años en la Legislatura porteña, donde se flexibilizó normativa ambiental como en el caso de la ley de basura cero o la ley de evaluación de impacto ambiental sin participación ciudadana", destacó en este sentido Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la organización que en 2018 presentó el amparo que derivó en los fallos judiciales. El abogado subrayó que la resolución de Cámara está "excelentemente fundada", ya que establece que la omisión de elaboración del Código "no sólo soslaya el mandato constitucional, sino que afecta el derecho a la participación ciudadana, ya que no genera el espacio que se le aseguró a la ciudadanía en el proceso legislativo".
"Esta es una gran conquista de la ciudadanía porteña que, frente al negacionismo climático de quienes hoy nos representan, se organizó para exigir un Código Ambiental que nos permita discutir las acciones necesarias para mitigar la actual emergencia ambiental y climática que atraviesa nuestra ciudad", remarcó, por su parte, la ingeniera María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, que también participó de la demanda. "En estos 25 años de espera la emergencia ambiental y climática sólo se profundizó", advirtió.
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Se produjo otro derrame de petróleo en la ría por la empresa Oiltanking

Fecha de Publicación: 19/01/2024
Fuente: La Nueva
Provincia/Región: Buenos Aires


Luego del incidente ocurrido a fines de diciembre, se produjo un nuevo siniestro aunque esta vez la pérdida se habría controlado en menor tiempo.
Un nuevo derrame de petróleo en el estuario de Bahía Blanca y Coronel Rosales se produjo esta madrugada, debido a un desperfecto en una maniobra de descarga en la monoboya operada por la empresa Oiltanking.
Según la petrolera, esta vez se actuó con mayor celeridad para contener la fuga, que se detectó a las 5:30, durante la operación de descarga del buque tanque "San Matías", por lo que "se activó el Plan de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos en el Agua (PLANACON) mediante aviso a Prefectura Naval Argentina (PNA), Distrito Bahía Blanca".
De acuerdo con la información oficial, un elemento de medición de presión presentó una falla, lo que generó una fuga que fue observada por personal de la empresa a bordo y que obligó a "la inmediata interrupción de la operación" y se realizaron trabajos de "contención, control y retirado total de la mancha".
El anterior derrame fue el 27 de diciembre. En aquella oportunidad, se informó que el problema sucedió por una mala maniobra en el amarre de un buque.
Tanto ambientalistas como representantes del sector pesquero denunciaron el incidente sucedido: "Otra vez fue en la monoboya Punta Cigüeña frente a Punta Alta. Por lo que tengo entendido, esta vez actuó el sistema de contención, pero por supuesto que nunca es el 100 % lo que se puede recuperar, siempre se genera un daño en el agua", afirmó por LU2 el representante legal de los pescadores artesanales, Lucas Beier.
Por el derrame de diciembre, los Municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales presentaron una denuncia penal contra la firma Oiltanking Ebytem S.A. Terminal Marítima Puerto Rosales. Aseguran que la empresa no comunicó a tiempo el inconveniente ni activó debidamente el Plan de Contingencias previsto para estos casos.
Tras el primer episodio, la compañía (que opera un oleoducto en esta región desde 2008) inició un plan de remediación auditado por el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.
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Rescataron 155 loros transportados ilegalmente en una camioneta a Santiago del Estero

Fecha de Publicación: 19/01/2024
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Santiago del Estero


El hecho courrió este martes en el kilómetro 798 de la Ruta Nacional 34. En el operativo participó personal de Gendarmería Nacional.
Personal de Gendarmería Nacional rescató 155 ejemplares de loro que eran transportados ilegalmente en el interior de una camioneta con destino a la provincia de Santiago del Estero. El hecho courrió este martes en el kilómetro 798 de la Ruta Nacional 34.
“Para proteger medio ambiente y fauna silvestre, efectivos de Gendarmería, con funciones de seguridad interior, lograron interceptar el traslado de estas aves, recuperando a 155 loros habladores, transportados dentro de un camión en pésimas condiciones”, se indicó.
El operativo fue bautizado como “Nido de Cotorras” desde el Ministerio de Seguridad. Voceros de la fuerza detallaron que integrantes del Escuadrón 59 “Santiago del Estero” de Gendarmería, a raíz de tareas investigativas, lograron dar con información de un posible tráfico de animales e interceptar al vehículo.
Los uniformados detuvieron la marcha de una camioneta Duster Oroch que era conducida por un hombre que viajaba con destino a la ciudad de Termas de Río Hondo.
“Al levantar la lona que cubría el baúl y ser requisado el vehículo, hallaron en el interior de su caja a los animales, que eran trasladados dentro de jaulas, conservadoras de telgopor y otros boxes de madera”, se informó.
Se dio intervención al Juzgado Federal Nro. 2 de Santiago del Estero y la Dirección General de Bosques y Fauna, que “ordenaron la incautación de las aves”. También dictaminaron labrar actuaciones por Infracción a la Ley Provincial N° 4.802 “Protección de la Flora y Fauna Silvestre”.
La legislación vigente contempla acciones para la protección y cuidado de los animales, prohibir su caza, y sus hábitats, “para mantener especies o poblaciones de vida silvestre saludables y restaurar, proteger o mejorar los ecosistemas naturales”.
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El Gobierno busca poner punto final a la pesca ilegal en la milla 200: “El que las hace las paga, también en el mar”

Fecha de Publicación: 18/01/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


El Ministerio de Defensa renueva los operativos para enfrentar a los pesqueros ilegales que se adentran en la Zona Económica Exclusiva argentina para utilizar sus recursos; el plan de la cartera de Luis Petri; el trabajo en altamar; y las características del ARA Cordero
“Las olas y el viento... y el frío del mar”, comienza la popular canción Tiritando del cantante Donald. La simple frase podría resumir lo que viven todos los días los militares de la Armada encargados de proteger el Mar Argentino, pero eso es apenas una parte de la labor que cumplen a destajo. A veces en las sombras, pero siempre a la luz del sol.
En las últimas horas, zarpó desde la Base Naval de Mar del Plata un nuevo buque que da inicio a la nueva estrategia del Gobierno para intentar controlar un grave problema sin solución desde hace años: la pesca ilegal en la milla 200, el límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina el cual es asechado por más de 500 buques extranjeros todos los meses que se benefician de la riqueza marina nacional. “El que las hace las paga... también en el mar”, prometió el ministro de Defensa, Luis Petri, parafraseando al presidente Javier Milei.
Se trata del ARA Contralmirante “Cordero”. El buque, fabricado en Francia por la empresa Naval Group, fue comprado en 2018 y llegó a territorio nacional en 2022. Es el último de cuatro hermanos gemelos que adquirió el Estado en este lustro. Tiene capacidad para 59 personas, fue construido con especificaciones puntuales -como un casco resistente al hielo antártico- y está preparado para acciones disuasorias en alta mar con artillería incluida.
Durante los próximos 15 días, en la operación Grifón XVII, el buque navegará hasta el límite de la milla 200 rumbo a Chubut con el objetivo de controlar la zafra de calamar que abunda entre los meses de noviembre y marzo y que convoca a piratas de China, España y Taiwán, entre otros países, para quedarse con el valioso botín viviente. Hoy, hay identificados 344 de los cuales un 80% son de origen chino.
El Ministerio de Defensa invitó a LA NACION a participar del acto que formalizó la misión. Allí el ministro Luis Petri despidió a los 41 marinos que no verán a sus familias durante más de un mes. El funcionario nacional hizo hincapié en su discurso en la necesidad de resolver esta problemática con firme decisión del Gobierno. Adelantó que se convocará a una mesa de trabajo con todos los sectores involucrados para solucionar el asunto y que es preciso “controlar y custodiar los recursos”, ya que aunque no es una infracción estar en la milla 201, sí constituye un daño significativo al medioambiente. Otra iniciativa que prevé el Ministerio es solicitar la extensión del límite a organismos internacionales. Menciona el caso ecuatoriano donde se le concedieron 50 millas más en torno a las Islas Galápagos.
El nuevo apoyo al sector se da semanas después del intento de modificaciones en el área de pesca, incluidas en la ley ómnibus enviada al Congreso que tuvo el repudio unificado de los gobernadores del sur y del comercio pesquero.
Petri dejó en claro que la idea de Nación es que se logre una legislación que sancione a los buques pesqueros sin autorización de pesca en mar argentino. Pero, resaltó que para eso se cambiará la estrategia de juego: se reducirá la derrota de los buques para focalizarla en un rango de 90 millas en línea recta a la provincia de Chubut donde la zafra se presta con mayor facilidad. Habló de “redireccionar el presupuesto”, no de aumentarlo y aseveró: “No se puede hacer siempre lo mismo si queremos que las cosas funcionen. Hoy no hay presencia 24/7 en la zona”.
El ministro no estuvo solo en la cubierta del buque de 1650 toneladas y 80 metros de largo. A su lado estaba el brigadier Xavier Julián Isaac, que en diálogo con este medio consideró como un “honor y un privilegio” su designación como el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto; además estuvieron el jefe del Estado Mayor General de la Armada, contraalmirante Carlos María Allievi; y el comandante Conjunto Marítimo, contraalmirante Norberto Pablo Varela; también representantes del Ejército, la Fuerza Aérea y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, uno de los principales críticos de los cambios en pesca propuestos por el Gobierno. Sin rencores, Petri lo llamó “amigo” y “compañero”.
Terminado el discurso de Petri, que trasladó un mensaje del Presidente, el buque se marchó. A bordo, durante largos días, y frías noches, la tripulación se transformará “en una familia”, cuenta Erik, el maquinista del ARA Cordero que conoce con lujo de detalles hasta el último mecanismo del navío. Él es de San Juan y viajó hasta Bahía Blanca para enlistarse en la Armada. Desde hace tres años que sirve en la base naval de “La feliz”, y pese a destacar la belleza de su tierra, reconoce que le gustaría vivir en Mar del Plata para siempre. “Allá sin aire acondicionado te cocinás”, narra mientras cuenta su historia en la parte trasera de una lancha modelo RIV con la que se le permitió a LA NACION fotografiar el ARA Cordero tras su partida a tres millas de la costa mar adentro.
Él y el resto de la tripulación marchan a la velocidad máxima del ARA Cordero [12 nudos, o 22 km/h]. Lo que los espera es realizar controles de “presencia, permanencia y resistencia”, según explicó el capitán de navío, comandante de la División de Patrullado Marítimo, Martín Méndez. “Hay que monitorear y si se localizan buques en ese sector, se intenta identificar si hace un tránsito inocente [o sea que navega sin actividad económica] o si el pesquero tiene las artes de pesca desplegadas y se mueve a velocidad de pesca”.
Méndez detalla que en caso de identificar un navío pescando ilegalmente comienza un protocolo que consiste, en primer lugar, en tomar los datos del buque [número y nombre] para trazar su origen. Luego se da aviso al capitán de la nave trasgresora que se enviará una dotación de “visita, registro y captura”. Esta lo que hace es abordar el pesquero en busca de indicios de pesca ilegal. En algunos casos hay características externas que dan cuenta de esta acción, como hallar tinte negro en el casco tan solo al pasar la mano. Sin embargo, una vez a bordo, la dotación se presenta como “autoridad marítima nacional” y se hace un registro de la documentación, a la par de inspeccionar las bodegas de enfriado, donde si se detecta que el calamar pescado aún se dobla, es porque fue recogido alrededor de las últimas seis horas y no llegó a congelarse. Acto seguido, se traslada el navío hasta el puerto correspondiente más cercano.
El trabajo en altamar no solo le compete a la Armada, sino que hay un trabajo en conjunto con otras dependencias de las Fuerzas. Una de ellas es la Fuerza Aérea que realiza vuelos de reconocimiento sobre esa zona en busca de navíos en infracción. “Hay apoyo aéreo con vuelos de control del espacio marítimo que sirven para reforzar la permanencia, o un monitoreo de mayor velocidad. También los trabajos continúan desde tierra donde se lleva a cabo el seguimiento de las tareas, uno no sale a ver si encuentra algo al mar, ya lleva información precisa”, relata Méndez.
Este apoyo aéreo es una de las otras aristas que Defensa pretende potenciar en los próximos meses. En diálogo con LA NACION, Petri comentó que la intención es continuar con la llegada de los aviones P3 Orion que se estableció en octubre de 2023 bajo la administración anterior, pero que según el ministro, “no se estaban pagando”. El objetivo es recuperar la capacidad de exploración de largo alcance en la Zona Económica Exclusiva y tener mayor presencia en las áreas marítimas de interés y la Antártida Argentina, sobre todo en lo que respecta al control de los recursos vivos y no vivos y las líneas de comunicación marítimas.
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Ecología apuntala proyectos comunitarios orientados a la conservación y restauración del medio ambiente

Fecha de Publicación: 18/01/2024
Fuente: Norte Misionero
Provincia/Región: Misiones


El Ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Arq. Martín Recamán, recibió al coordinar nacional del Programa Pequeñas Donaciones (PPD), Francisco López Sastre, para tomar conocimiento de los proyectos que esta organización ejecuta y financia en la provincia de Misiones.
En este marco, López Sastre informó al Ministro Recamán que actualmente un total de doce (12) organizaciones de la sociedad civil misionera ya recibieron recursos financieros y apoyo técnico para la ejecución de proyectos orientados a la conservación y restauración del medio ambiente.
El coordinar nacional del PPD indicó que los doce (12) proyectos tendrán una inversión total de U$S 200.907 y que en noviembre de 2023 se realizó el desembolsó del 50% de los recursos, en tanto que el 50% restante de los fondos serán entregados en los próximos 24 meses.
Durante el encuentro, el Ministro Recamán expuso a López Sastre la problemática actual del bosque nativo, los procesos de degradación y las estrategias que está abordando en territorio el Ministerio, de manera que estos proyectos comunitarios contribuyan a la estrategia de trabajo que se planteó desde el organismo para abordar la problemática en Misiones.
En esta línea, Recamán y López Sastre acordaron avanzar en una nueva apertura de presentación de proyectos (para mediados de este año) cuya finalidad sea la conservación del ecosistema misionero.
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El gobierno de Cornejo busca modernizar la normativa minera con eje en el ambiente y el control

Fecha de Publicación: 17/01/2024
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza


Jerónimo Shantal, el abogado a cargo de la Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente, adelantó que una de sus funciones será encarar la reforma del código de procedimiento minero, que data de 1945
Jerónimo Shantal, el abogado que fue designado por Alfredo Cornejo para hacerse cargo de la Dirección de Minería, tendrá como premisa renovar la normativa procedimental que rige hoy la actividad en Mendoza. El código procesal minero data de 1945 y quedó desactualizado en relación a las normas ambientales y de responsabilidad social que hoy están vigentes en el mundo.
Encarar una reforma es uno de los objetivos que le planteó el gobernador al darle el cargo de asesor de Gabinete, con funciones en la Dirección de Minería.
"La dirección funciona en parte como un juzgado y en parte como un organismo público de control. La tarea es darle otro tinte, modernizar la normativa actual que es de 1945, cuando no había una normativa ambiental y de responsabilidad social", dijo a Radio Nihuil el funcionario.
La intención es que el nuevo código permita "ejercer un control eficiente con poder sancionatorio" desde la Dirección de Minería que tendrá a su cargo. Todo esto, sin tocar la ley 7.722 vigente en materia de fondo.

Chile, como el ejemplo más cercano
En el mientras tanto, "en este proceso vamos a poder reforzar áreas estratégicas como la de policía minera".
El compromiso de Cornejo, Casado y Latorre (ministra de Energía y Ambiente) es fortalecer el área de fiscalización ambiental minera", expresó el abogado que llegó al Gobierno desde el sector del PRO cornejista.
Y para ello, se tendrá a Chile como ejemplo.
"Las minas más cercanas que tenemos son las que están en Chile. A 45 kilómetros de La Consulta, San Carlos, en línea recta está la mina subterránea más grande del mundo y el ambiente no tiene un límite geográfico", expresó para echar por tierra cuestionamientos de ambientalistas antimineros.
"Chile es el primer productor mundial de cobre y acá no tenemos proyectos (en actividad, fuera de Cerro Amarillo que se encaró el año pasado). El cambio climático nos obliga a ir a la transición energética y para eso necesitamos el cobre. Estamos desaprovechando esa oportunidad actual, con lo difícil que estará la situación económica", pregonó Shantal.
Sobre la actividad en Mendoza, el funcionario, que supo ser parte del equipo de Potasio Río Colorado y de Impulsa SA, afirmó que "los controles existen; la actividad minera es importante en la provincia pero no se conoce"; y que entonces, desde la dirección, tendrá que "trabajar en dar a conocer la nobleza de la actividad y los controles que ya se hacen".

Proyectos mineros en curso en Mendoza
De Potasio Río Colorado, el funcionario repasó que Compañía Aguilar comprometió un plan específico de desarrollo de inversiones para los próximos 18 meses, que está garantizado con un anillo de garantías que incluye la contratación de personal y la puesta en marcha de una mina piloto.
Entre las inversiones que se esperan, Shantal pronunció los 20 millones de dólares para Cerro Amarillo y la misma cantidad de parte de la Empresa Minera Geometales en tres proyectos mineros de cobre que desarrollará en Malargüe.
Hierro Indio, que fue visitado por Shantal y por la ministra de Energía, Jimena Latorre este fin de semana, "está avanzado en la etapa de exploración". En esa etapa, se perforaron 42 pozos y 2.580 metros, con 1.390 metros de muestras de laboratorio para análisis minero. Habiendo evaluado los resultados del proceso, hoy se avanza en el análisis de prefactibilidad del yacimiento".
Según dijo, esos "análisis de muestra y la valuación económica preliminar" estarán disponibles "próximamente".
"Eso independientemente de los proyectos de yeso y minerales de tercera y segunda categoría; en los que tenemos como tarea no sólo el control sino también la difusión", expresó.
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Reservas naturales privadas: hay más de 7.000 hectáreas de biodiversidad protegida

Fecha de Publicación: 17/01/2024
Fuente: República de Corrientes
Provincia/Región: Corrientes


En Corrientes existen 10 de estos espacios, que integran el Nodo Taragüí de la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas. En su conjunto, estos sitios protegen más de 7.000 ha de ambientes representativos de la provincia. Consideran factible seguir sumando superficie en esta modalidad.
Una reserva natural privada es una porción de terreno de cualquier superficie de propiedad privada, manejada para la conservación de la biodiversidad y/o el uso sustentable de sus valores naturales.
Nacen del interés y la voluntad de sus propietarios por proteger los recursos naturales que albergan sus tierras.
En algunas provincias están reconocidas por legislaciones provinciales o municipales, y otras formas de reconocimiento se logran por convenio con organizaciones civiles ambientalistas o universidades, o son autodenominadas como tal por parte de sus propietarios.
Las reservas privadas brindan un sinnúmero de beneficios ambientales, contribuyendo a conservar la vida silvestre y el funcionamiento de los ecosistemas y otorgan, además, la chance de extender la superficie pública protegida.
En la mayoría de los casos, quienes crean reservas en sus propiedades compatibilizan la conservación de la biodiversidad con alguna actividad productiva que desarrollan de manera sustentable, principalmente ecoturismo, ganadería y explotaciones forestales, entre otras.
En el país se contabilizan 341 reservas naturales privadas, que representan 919.225,5 hectáreas de conservación privada, convirtiendo a la Argentina en uno de los países de Latinoamérica con más superficie protegida por iniciativas de esta categoría.
En ese contexto, la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas es una iniciativa que integra reservas privadas y organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la conservación de los valores naturales y culturales en tierras de propiedad privada.
Actualmente esta red está conformada por 103 reservas privadas y 10 organizaciones conservacionistas.
El Nordeste argentino es la región del país en la que más reservas naturales privadas se contabilizan, principalmente por la cantidad de reservas creadas en Misiones, mientras que Corrientes experimentó en los últimos años la creación de un importante número de reservas, según comentan Agustín Giordani y Estrella Losada, miembros del Nodo Taragüí de la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas.

Corrientes
En la provincia de Corrientes existen 10 reservas privadas que conforman el Nodo Taragüí, que se formalizó en agosto de 2022 para promover la creación, fortalecimiento e integración en red de reservas privadas en la provincia.
Inicialmente las reservas de Corrientes integraban el Nodo NEA, creado por Misiones, pero ante el auspicioso interés por la creación de reservas privadas en territorio correntino se resolvió conformar un nodo provincial.  
Así, Taragüí pasó a ser uno de los seis nodos de la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas.
Las reservas que integran el nodo correntino son Cambá Trapo; Tres Cerros; San Antonio; La Guainita; Santa Ana;  Alma Guaraní; Iberá Lodge; Iberá Corá;  Iberá Birding Lodge; y Guasú Kua.
En su conjunto, estas reservas protegen en la provincia de Corrientes 7.713 hectáreas de los ambientes de esteros, campos y malezales, espinal y chaco húmedo.

Relevancia
"Las reservas privadas realizan un gran aporte para la conservación de la biodiversidad y, en particular en Corrientes, se registra un interés cada vez mayor por este tipo de espacios protegidos" destacó Agustín Giordani en diálogo con República de Corrientes.
Además de ser uno de los miembros fundadores del Nodo Taragüí, Giordani es administrador de la Reserva Natural Privada "Paraje Tres Cerros", ubicada en la localidad de la Cruz, la primera reserva natural privada reconocida formalmente por el Gobierno provincial.
Giordani sostuvo que, si bien es importante la extensión de superficie protegida por las reservas privadas en la provincia, quizás de mayor relevancia son las especies, los tipos de ambientes y los servicios ambientales que se logran proteger en estos sitios.
En esa línea, comentó que en general las reservas privadas forman parte de superficies mayores de la misma propiedad en las que además se realizan actividades productivas, como ganadería, forestación o turismo, y muchas de las prácticas de conservación y cuidado ambiental que se aplican en el área específica de reserva se replican en el resto del predio.
Asimismo, existen propietarios que destinan una parte concreta de superficie como reserva estrictamente definida como tal, pero en muchos casos se mantienen otras parcelas no aprovechadas productivamente en las que también se aplican pautas de conservación.
"Por eso sostenemos que la creación de una reserva privada en realidad impacta en la conservación de espacios mucho mayores".
Sobre ello, Estrella Losada, propietaria de la reserva privada Estero Cambá Trapo, ubicada en la localidad de Carlos Pellegrini, señaló que existen reservas privadas de gran superficie, más de 3.000 hectáreas, y algunas de apenas poco más de una hectárea, pero aclaró que "todas aportan".
Es que además de lo que se protege dentro de la reserva, la existencia en sí de estos lugares protegidos ayuda a despertar conciencia ambiental en los territorios y comunidades en los que se ubican.
En ese aspecto, comentó que la reserva Estero Cambá Trapo realiza un gran aporte a la conservación del estero del mismo nombre, un ambiente amenazado y alterado por actividades productivas poco sustentables.  
Dicho estero forma parte del sistema Iberá y es sitio Ramsar como humedal de interés, pero no está dentro del área de protección como reserva pública, pese a que desemboca en la laguna Iberá, que sí es parque nacional.
"El caso de nuestra reserva y de otras de la provincia expone cómo la existencia de reservas privadas es clave para ampliar y complementar la superficie de las áreas naturales bajo protección estatal" opinó.  
Las reservas naturales privadas son manejadas para la conservación de la biodiversidad o el uso sustentable de los recursos, especies y ambientes que albergan.
Con ese fin, se realizan relevamientos, diagnósticos y monitoreos de flora, fauna, recursos hídricos, suelos, etc.; restauración de ambientes, clausura de zonas con presencia de especies de alto valor para la conservación y control o erradicación de residuos, entre otras estrategias tendientes a la protección del recurso.
Estas acciones en muchos casos se complementan con actividades que permiten que las reservas, además de cumplir su función conservacionista, también cumplan un importante rol social como la educación ambiental, investigación científica, extensión, observación de flora y fauna, y voluntariado.
Pero el hecho de que sean reservas privadas gestionadas con fines conservacionistas no imposibilita la realización de actividades productivas de bajo impacto ambiental que generen una rentabilidad económica.
"El funcionamiento de las reservas privadas evidencia la pertinencia de producir de manera sustentable, combinando producción y conservación de la biodiversidad", se destaca.

Perspectivas favorables
Desde el Nodo Taragüí consideran muy favorables las expectativas de seguir creciendo en miembros y ampliando el número de reservas, en especial el poder expandirse a más puntos de la geografía provincial.
"Somos aún pocas reservas, pero a medida que se vaya conociendo lo que hacemos creemos que irán aumentando las reservas de iniciativa privada", resaltó Losada.
En la misma, línea, Giordani acotó que "se puede crecer aún más en Corrientes" y sostuvo que será muy importante el acompañamiento del Estado.
Actualmente el Gobierno de Corrientes está trabajando en la reglamentación de la ley que regula el régimen jurídico aplicable a las reservas naturales privadas, y desde el Nodo Taragüí se realizan aportes para que dicha normativa fortalezca la función que cumplen estos sitios protegidos, y a la vez que favorezca la creación de nuevas reservas privadas.
Entre algunas propuestas, se apunta por ejemplo a que en la ley a reglamentarse pueda contemplarse el replanteo de algunas exigencias previstas en la normativa sancionada y que serían dificultosas de atender por "reservas pequeñas", sin tanta estructura de personal y profesionales, más aún teniendo en cuenta que las reservas privadas se autofinancian.
"Creemos que es necesaria la ley para lograr un reconocimiento formal y que a la vez el Estado también se involucre en un trabajo conjunto que sume al esfuerzo que se está haciendo desde el sector privado en la conservación del ambiente", indicó Giordani.
Las reservas de la provincia, que están reconocidas formalmente por el Estado provincial, en la actualidad solo cuentan con reconocimiento otorgado a través del Ministerio de Turismo.

Trabajo en red
Para el fortalecimiento de la función de las reservas privadas en la provincia, en el Nodo Taragüí se considera trascendental el trabajo colaborativo que posibilita la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas.
"Integrar la red nacional permite enriquecernos de experiencias positivas de otros lugares, así como unificar criterios de manejo para optimizar la actividad que realizan las reservas privadas", señaló Losada.
A su vez, dentro de la provincia la interacción entre reservas posibilita "darnos fuerza entre todos", pues es un espacio de relativamente creciente conformación.
"Al ser un privado el que decide crear una reserva privada, en un compromiso de conservación voluntaria, pueden surgir inconvenientes en la gestión de estos sitios que pueden resolverse mejor si nos ayudamos unos a otros", opinó.
En cuanto al conocimiento específico de conservación ambiental y gestión de un espacio para su preservación, Giordani indicó que "venimos de la producción, turismo y otras actividades", por lo que el manejo para la conservación representa una labor muchas veces desconocida.
En ese sentido, es fundamental el aporte del trabajo en red, en particular porque la Red Argentina de Reservas Privadas trabaja de manera asociada a organizaciones de reconocido prestigio en protección ambiental, como Vida Silvestre Argentina, Asociación Aves Argentinas, Fundación de Historia Natural Félix de Azara, ProYungas, Fundación Hábitat & Desarrollo y Fundación Temayken, entre otras.
Desde el Nodo Taragüí señalaron que las reservas de la red son espacios abiertos para investigadores -como biólogos, geógrafos y demás- para la realización de tesis o trabajos de investigación puntuales en estos sitios naturales de gestión privada.
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DNU de Milei: la Justicia tratará una demanda contra la derogación de la Ley de Tierras

Fecha de Publicación: 16/01/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Un grupo de excombatientes de Malvinas inició una acción legal contra el decretazo presidencial que libera la venta de tierras a extranjeros. El tema se tratará en enero.
El mega DNU del presidente Javier Milei sumó otro revés judicial: la Cámara Federal de La Plata habilitó la feria judicial de verano para tratar una acción de excombatientes de Malvinas contra el decretazo del Gobierno que deroga la denominada Ley de Tierras y, en tanto, libera prácticamente todas las limitaciones para que capitales extranjeros puedan comprar tierras en la Argentina, incluso en zonas de frontera. El tema deberá tratarse este mes.
El pedido de habilitación de la feria judicial había sido presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), con el objetivo de que se tratara con urgencia la acción de amparo deducida -con medida cautelar con el objeto de que se ‘declare la inconstitucionalidad e insanable nulidad del artículo 154 del Decreto 70/2023’".
Al derogar la Ley 26.737 de "Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales”, los demandantes sostienen que el artículo mencionado “pone en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional”.
En un primer momento, el pedido de habilitar la feria judicial había sido rechazada en primera instancia, donde se señaló que no existía una urgencia en tratar el tema antes de que se reiniciara la actividad judicial. En ese entonces, los jueces indicaron que la puesta en vigencia de la nueva normativa “no constituye diligencias urgentes cuya demora pudiera tornarlas ineficaces u originar perjuicios evidentes a las partes”.
Así, con la revisión y el fallo de la Cámara Federal de La Plata, se corrigió ese criterio. “Habida cuenta la naturaleza de los derechos comprometidos y las razones de urgencia oportunamente invocadas, pudiendo la demora tornar ineficaz lo peticionado u originar un perjuicio insuperable, corresponde que se habilite la feria judicial”, sostuvieron los jueces Carlos Vallefín y Jorge Di Lorenzo.
La resolución aclara que “lo aquí decidido, claro está, no implica pronunciamiento alguno sobre el asunto planteado, sino sólo respecto del pedido de habilitación de feria judicial”. En tanto, la cuestión de fondo planteada por los excombatientes deberá ser tratada durante el mes de enero.
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