El proyecto de Santa Cruz para recuperar su fauna autóctona

Fecha de Publicación: 23/02/2022
Fuente: Telam
Provincia/Región: Santa Cruz


Guardaparques, veterinarios, biólogos y técnicos de campo forman parte de un proyecto de resilvestración, una novedosa herramienta que tiene como objetivo proteger y hacer crecer la población de pumas, guanacos y huemules en la estepa patagónica.
La restauración del ambiente y la recuperación de distintas especies autóctonas, como el puma, el guanaco y el huemul, es a lo que se dedican guardaparques, veterinarios, biólogos y técnicos de campo, entre otros profesionales, que forman parte de un proyecto de resilvestración en la provincia de Santa Cruz, en el marco de una de las mayores olas planetarias de pérdida biológica.
Entre tres y un año atrás, Emanuel Galetto, Federico Castro y Matías Chambón decidieron dejar sus ciudades e irse a vivir y a trabajar inmersos en la estepa profunda, los cañadones y las mesetas de altura que conforman el Parque Patagonia Argentina, un complejo de reservas públicas y privadas localizado en el noroeste santacruceño.
Con base en la estación biológica El Unco, antiguo casco de una estancia ganadera, el equipo se dedica al proceso conocido internacionalmente como "rewilding" (resilvestración, en castellano) por su término en inglés, que consiste en restaurar los ambientes degradados con el fin de que su fauna -en muchos casos extinta o presentes en bajo número- recupere su estado silvestre original.
"Trabajar acá te permite ver la naturaleza de una manera más integral y reconocer en profundidad las distintas piezas que conforman este ecosistema tan fascinante", expresó Federico (25), guardaparques egresado de la Universidad de Misiones (UM) y oriundo de la localidad bonaerense de San Nicolás.
Como todo en aquella planicie indómita, el trabajo con fauna los obliga a entregarse ante la incertidumbre que su silvestría supone.
Si bien allí la rutina "es imposible de predecir" -advirtió Federico-, en general dedican sus días a la captura y monitoreo de distintos animales y el posterior análisis de sus hábitos, comportamientos e interacción con las demás especies.
En la actualidad, el equipo monitorea a través de collares satelitales con señal GPS a 16 pumas, más de 30 guanacos, 7 choiques y 13 huemules, entre otros animales.
Cuando iniciaron el proyecto en 2018, luego de entrevistar a pobladores de la zona y analizar el lugar con cámaras trampa, decidieron focalizar en estas cuatro especies, que son las "más emblemáticas de la zona" y las que tienen un "grado importante" de conflicto con el ser humano, de las cuales sólo el huemul está en peligro de extinción, aunque las demás experimentaron una disminución "catastrófica".
A la par de ese objetivo, sumaron a otras especies más "curiosas" como el chinchillón anaranjado, la gallineta austral, el coipo y el endémico macá tobiano, que en su mayoría están en peligro crítico de extinción.
"Lo que entendimos es que ya no alcanza con salvar las especies, sino que tenemos que recuperar lo perdido", aseveró en diálogo con Télam Emanuel (34), coordinador del proyecto de renaturalización.
"Esto supone que no podemos dejar que la naturaleza se recupere sola porque algunas especies ya no tienen la capacidad de recolonizar o el ambiente está tan modificado que se necesita cierta intervención para que vuelvan a estar completos y funcionales", agregó el guardaparques santafesino, quien trabajó durante seis años en los Esteros del Iberá con uno de los proyectos más grandes de la Fundación Rewilding.
Con estos proyectos de sinergia público privada y junto a los trabajos de la Administración de Parques Nacionales, Argentina está desarrollando uno de los procesos de reintroducción de fauna autóctona "más importantes a nivel regional", aseguraron.
En la estepa patagónica, en particular, el equipo de Rewilding Argentina releva los posibles lugares donde se realizarán las capturas, los cuales, conforme a la especie, será con trampas lazo, con cebos o mediante arreo con redes, entre otras variantes.
Algunos animales son anestesiados con un dardo que carga la dosis requerida para cada especie y que disparan a distancia, para lo cual pasan horas "practicando la puntería y trabajando la paciencia para poder esperar el momento indicado y no lastimar al bicho", contó Emanuel.
Sin importar la hora, cuando suena la alarma porque un animal cayó en una trampa, el equipo sale en busca del ejemplar capturado, al cual rápidamente se le hacen análisis morfométricos, se toman muestras y se le coloca el collar, un trabajo conjunto con veterinarios de la zona a quienes están "capacitando para trabajar con fauna silvestre".
El seguimiento diario posterior es "una parte vital del trabajo" ya que permite conocer las especies para luego "tomar decisiones que mejoren su estado de conservación", explicó Federico, quien en medio del Cañadón Caracoles, al sur del Parque Patagonia, busca altura para que su antena de frecuencia muy alta (VHF, por sus siglas en inglés) le marque dónde se encuentra uno de los chinchillones anaranjados "collarizado" que habita aquellos paredones rocosos.
Por su parte, Matías (35) expresó que "poder trabajar en la naturaleza y vivir en estos lugares es mágico, me hace sentir parte de un todo".
Especializado en el seguimiento de pumas, releva diariamente los movimientos de Pampa, Pepito o Paloma algunos de los pumas que la fundación monitorea.
En aquellos casos en que el animal visita reiteradamente un mismo lugar, el técnico parte con su camioneta al punto marcado para averiguar cuál fue la actividad del individuo allí, por ejemplo, si cazó y qué comió, para de esta manera conocer su dieta.
Apasionados por lo que los rodea, Federico, Emanuel y Matías se fascinan con cada descubrimiento que logran acerca de cada uno de "estos bichos enigmáticos" que habitan la estepa profunda.
Con toda la información recabada, a su vez, buscan concientizar y promover una convivencia saludable entre los animales y las personas.
Asimismo, aseguraron que el objetivo es que "la gente local empiece a ver los beneficios de conservar la fauna" para, por ejemplo, diversificar la economía de la zona con propuestas turísticas, por lo que el equipo está integrado también por profesionales dedicados a la comunicación y el desarrollo del turismo local.
"Buscamos que se revaloricen las especies y la riqueza del noroeste santacruceño", concluyeron los tres especialistas, que coincidieron en que éste es un destino "con un altísimo potencial".
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Cuenca Matanza Riachuelo: Impulsan "guardias ambientales"

Fecha de Publicación: 23/02/2022
Fuente: Viví el Oeste
Provincia/Región: Riachuelo


Los equipos recorren la Cuenca Matanza Riachuelo para prevenir daños ambientales como vuelcos o derrames clandestinos, olores, humo y arrojo de residuos.
Las Guardias Ambientales son equipos de supervisión y prevención móviles que recorren la Cuenca Matanza Riachuelo los siete días de la semana.
Según explican desde la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), se crearon con el objetivo de garantizar la presencia territorial y la capacidad de respuesta inmediata ante eventos o emergencias de riesgo ambiental y el control de ilícitos o faltas que puedan provocar, o provoquen, contaminación o daño ambiental en la Cuenca.
La presencia preventiva de las guardias funciona como alerta temprana para articular acciones con fuerzas de seguridad y distintos organismos públicos, según el tipo de emergencia. Establecen una relación directa con la vigilancia y el cuidado del Camino de Sirga y permiten detectar posibles arrojos de basura o escombros que se hacen a veces durante los fines de semana.
También realizan controles de cargas en la Cuenca Matanza Riachuelo junto a la fuerza de seguridad competente en cada territorio, con el objeto de prevenir y evitar posibles vuelcos clandestinos.
“Las guardias ambientales permiten acompañar y optimizar las tareas de control y cuidado que ACUMAR lleva adelante regularmente, como inspecciones y allanamientos. Han demostrado gran capacidad para prevenir y controlar incidentes ambientales”, aseguró el presidente de ACUMAR, Martín Sabbatella.
Cabe destacar que las Guardias Ambientales fueron creadas mediante la Disposición Conjunta 1/2021 de ACUMAR.
Por su parte, vecinos de Ciudad Evita y aledaños en el partido de La Matanza celebraron la decisión de impulsar las guardias ambientales en la zona.
"Impresionante, desde el 2015 que lo pedíamos! estoy llorando de la emoción! Pasen por Rio Matanza el tramo de Ciudad Evita a revisar el camino de Sirga por favor! los estamos esperando y les deseamos mucho éxito en la prevención", anunció el ciudadano de Ciudad Evita, Darío Cerrato, en redes sociales.
A comienzos de este mes, se desarrolló la limpieza de arroyos críticos forman parte de un servicio estratégico que opera a través de barreras de retención de sólidos flotantes en los arroyos Don Mario y Morales, de La Matanza, así como también la limpieza en distintos tramos de la Cuenca en La Matanza y Merlo.
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La Provincia debe multas millonarias por la contaminación del río Gualeguaychú

Fecha de Publicación: 23/02/2022
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


La Justicia provincial ya condenó a la Cooperativa de Agua Potable Pueblo General Belgrano, en el departamento Gualeguaychú, a que cese en el vertido de aguas servidas en la vía pública, así como a que efectúe un plan de gestión ambiental. A la Provincia y al Municipio de Pueblo Belgrano -ciudad administrada por Mauricio Davico (del partido Nueva Generación, ligado a Cambiemos)- también se los sancionó por no cumplir con los controles sobre el servicio de cloacas.
Pero entre idas y vueltas el problema sigue, por lo cual concejales de la ciudad y el senador departamental iniciaron gestiones ante el Ministerio de Planeamiento entrerriano para llegar a alguna solución. El Estado provincial, desde noviembre de 2020, paga multas de $5.000 por día hábil hasta que pueda lograr encausar la situación, lo que acumula unos $1.600.000 a la fecha, reveló Entre Ríos Ahora.
A través de las redes sociales, el senador por Gualeguaychú Jorge Francisco Maradey (Frente Cereer) informó de una reunión llevada adelante en el Ministro de Planeamiento de Entre Ríos que conduce Marcelo Richard, con el objeto de “encontrar un principio de solución a un problema estructural de Pueblo Belgrano como es el tratamiento de sus efluentes cloacales, en este momento a cargo de la Cooperativa de Aguas de esta localidad”. En esas gestiones fue acompañado por los ediles Carlos Riera y Claudina Corti, con quienes manifestó la “preocupación ante esta problemática ambiental que contamina nuestro bien común más preciado, el río Gualeguaychú”.
En efecto, la Cooperativa de Agua de Agua Potable, el Municipio de Pueblo General Belgrano y la Provincia arrastran una serie de denuncias por contaminación, producto del desmanejo de los efluentes cloacales. Uno de los expedientes se tramita en el Juzgado Federal Nº 1 de Concepción del Uruguay, a cargo de Pablo Seró, con la Secretaría Criminal Nº 2, bajo la órbita de Lucas Claret, y en donde incluso tomó intervención la Unidad de Información Financiera (UIF).
En tanto en uno de los casos tramitados en los tribunales provinciales, se dictó condena el 14 de agosto de 2019 a instancia de una demanda de El Oasi SA, un complejo de cabañas turísticas que se sintió perjudicado por el vertido de agua servida y efluentes provenientes de las lagunas sanitarias del servicio brindado en la localidad. En esta sentencia, el juez Ricardo Javier Mudrovici, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 3, de Gualeguaychú, ordenó el cese del volcado en “la vía pública” o en el inmueble de propiedad” de la demandante de “aguas servidas, efluentes y/o agua tratada en las lagunas sanitarias”. Asimismo, se estableció un plazo para la presentación de un estudio de impacto ambiental “correspondiente a las obras a realizar según el Plan de Gestión Ambiental para el sistema de tratamiento de efluentes cloacales de la localidad de Pueblo General Belgrano”.
Por otra parte, el magistrado hizo extensiva la condena a la Municipalidad de Pueblo General Belgrano y la provincia de Entre Ríos “en relación a las funciones de control, ordenación, regulación y poder de policía que deben ejercer sobre el servicio de cloaca, a los efectos de que la Cooperativa de Provisión de Agua Potable y otros Servicios Públicos Limitada de Pueblo General Belgrano cumplimente con lo ordenado en el apartado anterior”.
Esta sentencia luego fue apelada y la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Concepción del Uruguay –con los votos de los vocales María Fernanda Erramuspe, Federico José Lacava y Mariano Alberto López–, el 20 de noviembre de 2020 admitió parcialmente un planteo del Municipio que deslinda sus responsabilidades, dado que las piletas en cuestión están en el ejido de la ciudad de Gualeguaychú. De todos modos, la Cámara confirmó el resto de las responsabilidades y sanciones de la sentencia de primera instancia. Y el 4 de octubre pasado, ante un pedido de aumento de los costos en el pago de sanciones, el juez Mudrovici dictaminó que la Provincia como parte responsable debe abonar una multa de $ 5.000 “por cada día hábil de retardo en el cumplimiento de la totalidad de lo ordenado en la sentencia”, se indicó en el escrito al que accedió ERA Verde. Es decir 321 días de desde el 20 de noviembre de 2020 a la fecha, lo que suma $1.605.000.
Así las cosas, el senador Jorge Maradey ha encarado la cuestión que sigue pendiente de solución. “Entendemos que debemos adoptar un proyecto sostenible y respetuoso con el ambiente, atendiendo no solo al crecimiento demográfico de Pueblo Belgrano sino también a la afluencia turística que recibimos todos las temporadas estivales”, planteó el legislador luego del encuentro en el Ministerio de Planeamiento este 8 de febrero. “Resulta indispensable y perentorio desarrollar un sistema de vertido al río que cuente con un tratamiento previo, adecuado y eficaz que garantice el cumplimiento periódico de los parámetros legales establecidos. Si bien interpretamos que la búsqueda de soluciones debe ser colectiva y requiere de la buena voluntad de todos los actores sociales intervinientes, apelamos a la responsabilidad política de quienes ejecutan y administran los actos de gobierno en su propio territorio”, sostuvo para luego agradecer la “capacidad de escucha” del Ejecutivo. “Confiamos en que pronto podremos saldar, de manera articulada, esta asignatura pendiente en material ambiental”.
Los ediles Carlos Riera y Claudina Corti, en tanto, comentaron que se le expuso al coordinador de Obras Hídricas y Saneamiento provincial, Sergio Pascual, “la preocupación para remediar un problema ambiental que afecta directamente al río Gualeguaychú y por consecuencia a cada vecino y vecina a ambas márgenes”. Recordaron que en octubre pasado se dio a conocer el estado de las piletas sanitarias, que “colapsadas” vuelcan, “por derramamiento, los efluentes cloacales directamente al río, con los mismos parámetros con los que ingresan, por falta de tratamiento y control, fuera de todas las normas establecidas, perjudicando nuestras napas y al río por escurrimiento”, admitieron.
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Iberá: temen que el fuego llegue al corazón de la reintroducción de especies

Fecha de Publicación: 22/02/2022
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes


Los biólogos tienen un plan para salvar a los yaguaretés en caso de emergencia. Los incendios avanzan en los esteros por debajo del suelo y eso genera incertidumbre sobre la situación de la gran reserva natural.  
“Creemos que el fuego puede llegar en cualquier momento a San Alonso, que es el corazón de todo el proyecto de reintroducción que estamos llevando a cabo”, alertó ayer la bióloga, ambientalista y directora ejecutiva de la Fundación Rewilding Argentina, Sofía Heinonen.
En el Parque Nacional Iberá de la provincia de Corrientes ya hace más de un mes que los guardaparques están pendientes a cualquier foco de incendio. Debieron cerrar los portales San Nicolás, Cambyretá, Carambola, San Antonio y Galarza.
Ante la inminencia del peligro, los biólogos tienen un plan para salvar las especies protegidas. “El gran estero Iberá por suerte tiene agua todavía. Para nosotros ese es el gran refugio y donde esperamos que, en caso de necesidad, si el fuego llega a San Alonso, los yaguaretés se refugiarían y donde la gran población de ciervos, carpinchos y yacarés sabemos que tienen un refugio”, señaló Heinonen en diálogo con Radio Nacional.  
La Fundación Rewilding trabaja en un proyecto de reintroducción de especies, para restaurar el ecosistema perdido en los Esteros del Iberá. Su gran símbolo es el yaguareté, el predador tope, pero también protegen a osos hormigueros, pecaríes, guacamayos y nutrias gigantes, entre otras especies.

Peligro
“Evolutivamente los animales se refugian en el agua, y hoy esos lugares están secos. Entonces se quedan atrapados en un pedazo de barro o en un intento de meterse en un lugar que ya no existe”, lamentó la directora ejecutiva de Rewilding.
También señaló que “el fuego en la reserva Yerbalito que llegó hasta nuestro monte se inició porque un vecino quiso agrandar el campo y prendió fuego todo para que sus vacas ingresen ahí. Es la forma en que todo el mundo visualiza el estero, a la cañada la ven vacía, sin valor”.
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Piden derogar la norma sobre agroquímicos de Vidal

Fecha de Publicación: 22/02/2022
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Buenos Aires


El gobierno de Axel Kicillof volvió a suspender una polémica resolución de su antecesora, que generó rechazo entre los ambientalistas. Pero desde el Conicet reclaman una medida de fondo: que directamente se deje sin efecto. Argumentan que está “llena de problemas” y piden que se tome dimensión de la gravedad del asunto.
A fines de 2018, cuando María Eugenia Vidal gobernaba la provincia de Buenos Aires, se publicó en el Boletín Oficial bonaerense la resolución 246, sobre el uso de agroquímicos. El hecho no pasó desapercibido: la norma establecía criterios y límites a la utilización de sustancias, como el glifosato, que hace décadas se asocian a problemas graves de salud, pero estos criterios y límites resultaban en muchos casos más laxos que los ya existentes a nivel municipal y, por lo tanto, en realidad ampliaban la capacidad de la industria agropecuaria para utilizarlos.
Tal fue la reacción de las organizaciones ambientalistas ante esta novedad que la propia Vidal tuvo que suspender la aplicación de esa resolución. Y a lo largo de los años fue suspendida una y otra vez. El gobierno actual de la Provincia, a cargo de Axel Kicillof, acaba de volver a posponerla por un lapso de seis meses adicionales, con lo cual se prorroga por medio año más el estado de las cosas. Pero hay quienes piensan que con esto no es suficiente y que esa norma debe ser directamente dada de baja.
En este caso no se trata de organizaciones vecinales o asociaciones ambientalistas independientes, sino del propio Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas ­(Conicet), un organismo del Estado nacional que goza de gran prestigio. La voz de alerta vino desde el Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), que depende de esa entidad.
El doctor Damián Marino, integrante del CIM, es especialista en Química e investigador en temas de ambiente, conservación y sustentabilidad, y se dedicó a escudriñar los efectos contaminantes de las actividades agropecuarias en la pampa argentina. Tras la suspensión de la norma dictada por Vidal, el especialista salió a pedir que se tome una medida más drástica: que se derogue, directamente, y se establezca otra legislación.
La resolución tomada por el gobierno de Vidal (formalmente el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia) “está llena de puntos de conflicto y de problemas”, dijo Marino, quien llamó a las autoridades a realizar un estudio “para saber cuál es el estado de salud de las poblaciones y cómo han cambiado los perfiles de patologías más frecuentes y las causas de muerte”, y a “tomar dimensión” de la gravedad del problema de salud pública que supone el uso de agroquímicos.
Entre los puntos más criticados de esta resolución figura la falta de parámetros para fumigar, como una distancia mínima respecto de las zonas pobladas. Y, en el caso de las escuelas, prohibía fumigar en sus inmediaciones, pero solo en horario escolar. No hace falta decir que los agroquímicos esparcidos antes o después de las clases de todas maneras encuentran su camino hacia los organismos de los chicos. Y de los docentes y otras personas que circulan por las escuelas.

Efectos en los niños
A mediados del año pasado, como lo informó oportunamente diario Hoy, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) publicó un informe acerca de, justamente, los efectos nocivos que los pesticidas tienen sobre la población infantil. Según ese documento, elaborado por un equipo de científicos e investigadores de varias disciplinas, además de médicos, hay evidencias “contundentes” de que esos productos son dañinos; los especialistas llamaron a “colaborar con la erradicación o drástica disminución del uso de estos tóxicos”.
En la guía se analizan los efectos de los agroquímicos utilizados en el campo argentino, entre ellos el glifosato, el paraquat y la atrazina, sobre la salud infantil. El catálogo de males que se enumeran allí da escalofríos: enfermedades neurodegenerativas, cáncer, trastorno del ­desarrollo, autismo, malformaciones congénitas, asma… y la lista sigue.

En busca de una solución
El gobierno de Kicillof no se limitó a suspender (tres veces) la resolución. También creó, en 2020, el Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA), que tiene la misión de evaluar la situación y proponer alternativas. También creó una mesa de trabajo de la que participan los ministerios de Ambiente, Desarrollo Agrario y Salud, y también la Autoridad del Agua.
Esta última suspensión se produjo, según la publicación en el Boletín Oficial bonaerense, “a los efectos de culminar las mesas de trabajo regionales, locales e instancias representativas de las zonas productivas agropecuarias de la provincia de Buenos Aires”. Y, en efecto, se trata de una suspensión más corta que las anteriores: tanto la dispuesta por Vidal como las dos practicadas antes por Kicillof fueron por un año, y esta, por seis meses, lo que permite augurar que luego de este plazo no habrá una nueva prórroga. Esta vez podría avanzarse en una solución más radical, que derive en que la norma de Vidal quede sin efecto, como quiere el investigador del Conicet.
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30 cueros de vicuña fueron decomisados en Purmamarca

Fecha de Publicación: 22/02/2022
Fuente: Gobierno de Jujuy
Provincia/Región: Jujuy


En el control sobre ruta nacional N° 9 en Purmamarca incautaron 30 cueros de vicuñas provenientes de la matanza de ejemplares en conservación. Desde el Ministerio de Ambiente y la Fiscalia Ambiental se acciona con todo el rigor de las normas vigentes para erradicar este tipo de prácticas ilegales.
El jueves 17 de febrero en un control nocturno rutinario de Gendarmería Nacional sobre la ruta nacional 9 en Purmamarca se detuvo un vehículo para solicitar documentación, el ocupante notablemente nervioso decidió descender del auto e intentar darse a la fuga, pero fue interceptado a los 150 metros. El hombre oriundo del paraje Moreno de Tumbaya confesó que llevaba cuero de vicuña. Al requisar el rodado hallaron un bolso y dos mochilas con 30 cueros de vicuñas provenientes de la matanza de este ejemplar hoy considerado en categoría de conservación.
El Ministerio de Ambiente a través de la Dirección Provincial de protección a la Biodiversidad y Áreas Protegidas inició actuaciones sumarias por infracción a las leyes ambientales de protección de la biodiversidad, la fauna nativa, y de caza y pesca. Particularmente, la Ley 22.421 de Conservación de Fauna Silvestre.
Puntualmente sobre esta especie hay un Plan de conservación y manejo sustentable dela Vicuña en silvestría ley N°5634 y su decreto reglamentario N° 5175, además de la ley General de Medio Ambiente 5063 y la Ley de Caza 3014 que prohíben la tendencia, venta ilegal y tráfico de fauna, productos o subproductos de especies de fauna silvestre.
Los cueros serán analizados por especialistas del ministerio de Ambiente y Cambio Climático a fin de registrar qué población fue afectada, su especie, edad, género y la forma de la muerte.
En el hecho Intervino la Justicia Provincial a través de la Fiscalía Ambiental a cargo de Alejandra Cau Cattán y actuó la comisaría n°57 donde los cueros quedaron a resguardo hasta que personal de Ambiente y Cambio Climático los retiró.
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Con casi 800 mil hectáreas arrasadas, declaran a Corrientes zona de catástrofe ecológica y ambiental

Fecha de Publicación: 21/02/2022
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Corrientes


"Estamos usando todos los medios humanos y los recursos para combatir los incendios", aseguró el gobernador Gustavo Valdés.
El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, declaró este viernes por la noche a la provincia como «zona de catástrofe ecológico y ambiental» a causa de los incendios rurales que arrasaron más de 785 mil hectáreas y calculó que el fuego generó pérdidas por 20.000 millones de pesos.
El mandatario correntino hizo el anuncio esta noche en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno, donde dio detalles de la gravedad de la situación generada por los incendios y agradeció el apoyo del Gobierno nacional y de varias provincias.
«El cambio climático está golpeando fuerte y estamos usando todos los medios humanos y los recursos para combatir los incendios. Esperamos que la naturaleza pueda compensar la situación con lluvias», expresó en su mensaje.
Explicó que están activos en distintos puntos de la provincia 17 focos ígneos y aseguró que en varios de ellos «es importantísimo el daño» causado, mientras el trabajo que se está realizando para combatir el fuego «es enorme».
«Esto es una catástrofe», expresó Valdés y señaló que las pérdidas en el sector productivo «rondarían en una primera estimación los 20.000 millones de pesos».
«En Corrientes estábamos introduciendo especies que se extinguieron hace mucho tiempo y el fuego llegó a todos los portales de los esteros del Iberá sin excepción: Carlos Pellegrini, Cambiretá, Galarza, San Miguel, Concepción del Yaguareté Corá y vemos cómo los animales están sufriendo», expresó.
En este sentido nombró el Centro Aguará como zona de rescate y agradeció el trabajo del Colegio de Veterinarios.
Respecto del combate del fuego, el gobernador de Corrientes detalló que «hay más de 2.600 bomberos y brigadistas trabajando, 10 aviones hidrantes, 5 helicópteros y estamos recibiendo otros aviones que nos están mandando de otras provincias».
«Agradezco la ayuda que recibimos del Gobierno Nacional y de las provincias de Jujuy, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Misiones, Chaco, Santiago del Estero, Entre Rios», remarcó Valdés e hizo extensivo el agradecimiento al sector privado que colabora.
Finalmente, el mandatario correntino anunció que «el Gobierno provincial va a poner todo el empeño y vamos a solicitar ayuda del Gobierno nacional para paliar esto, que es catastrófico».
Los incendios rurales ya arrasaron con más de 785 mil hectáreas en Corrientes, lo que constituye el nueve por ciento de la superficie provincial, informó hoy Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y remarcó que el fuego alcanza a 30 mil hectáreas por día.
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¿Del sur provincial, directo a “Vaca Muerta”? Exigen información sobre arenas que serían destinadas a Fracking

Fecha de Publicación: 21/02/2022
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos


Un nuevo amparo ambiental exige que el gobierno de Entre Ríos brinde información sobre las areneras que realizan su actividad en el sur de la provincia, más precisamente en los departamentos Islas del Ibicuy y Gualeguaychú.
El recurso fue promovido por el abogado Ricardo Luciano, quien viene denunciando que las areneras extraen arena sílica o sílice que luego es enviada a los yacimientos de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén, para ser utilizada en la industria del fracking (técnica de fractura hidráulica que posibilita o aumenta la extracción de gas y petróleo del subsuelo).
Luciano es el mismo letrado que, en carácter de apoderado de la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy, logró que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos condene al propio Estado provincial a brindar información pública ambiental sobre la instalación de areneras y canteras de arena en la zona de Ibicuy.
Ahora, el abogado presentó un amparo ambiental -de Acción de Ejecución de Incidencia Colectiva- contra el gobernador Gustavo Bordet por “una serie de irregularidades e incumplimientos legales” de las areneras en ambos departamentos: basa su acción en el artículo Nº 58 de la Constitución provincial, “con el fin de que un juez lo conmine (al gobernador) a cumplir con las normativas vigentes de carácter ambiental”.
El objeto específico del amparo es que el mandatario provincial “informe a través de quien corresponda: constancia de habilitación de las areneras instaladas en los departamentos Islas del Ibicuy y Gualeguaychú; acredite la expedición y vigencia de los ‘certificados de aptitud ambiental’ de esos establecimientos; informe el cumplimiento de los requisitos procedimentales para la habilitación (celebración de audiencias públicas, contratación de seguro ambiental, fijación de un fondo de restauración, renovación de estudios de impacto ambiental en tiempo y forma, de corresponder) y los procedimientos de control de adecuación de las areneras a la normativa protectoria ambiental vigente”.
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Especulación inmobiliaria en el Delta: denuncian desmonte ilegal en las islas frente a San Nicolás

Fecha de Publicación: 21/02/2022
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Buenos Aires


"Sabemos que detrás de estas maniobras ilegales hay una especulación hotelera e inmobiliaria, el objetivo es urbanizar la isla", sostuvo el abogado ambientalista Fabián Maggi.
El abogado ambientalista Fabian Maggi denunció hoy el desmonte ilegal de bosque nativo en la zona de islas frente a la ciudad bonaerense de San Nicolás, “para generar infraestructura inmobiliaria y turística”.
“El desmonte es masivo y a mucha velocidad. Mientras hablamos, cinco máquinas están acabando con lo que queda del bosque nativo local”, resaltó el abogado.
“Sabemos que detrás de estas maniobras ilegales hay una especulación hotelera e inmobiliaria, el objetivo es urbanizar la isla”, enfatizó.
Se trata de la zona ubicada en el kilómetro 350 del Río Paraná, conocida como la Isla Ballestero, sobre el lecho de la laguna El Saco.
El lugar está catalogado como bosque nativo, tiene el reconocimiento por parte del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) e integra el catastro de la Ley 14.888 de Bosques Nativos de la provincia de Buenos Aires.
“Presentamos una denuncia penal ante el Ministerio Publico Fiscal por el delito de Daño agravado, por tratarse de bienes de uso público”, detalló Maggi.
“La denuncia va dirigida contra los funcionarios del municipio de San Nicolás responsables de Obras Públicas por el incumplimiento de deberes de funcionario público y el abuso de autoridad”, señaló.
“También estamos acusando a los empresarios que ejecutan las obras, contratados por el Municipio”, destacó.
En ese sentido, explicó que “la tala es ilegal en la zona, para realizarlo las leyes exigen que previo a la utilización de los bosques nativos tiene que existir una aprobación provincial a través del Ministerio de Medio Ambiente”.
“Tenemos constancia de que no se elevó el pedido a la provincia, por lo tanto están realizando una acción de desmonte ilegal, no pueden realizar ninguna modificación sobre esa zona”, afirmó.
Sin embargo, el especialista contó que se han afectado cuerpos de agua y humedales porque han construido más de 6 kilómetros de terraplenes para elevar la cota del suelo para que no lo afecten las inundaciones y poder urbanizar los humedales.
“En un escenario de incendios devastadores, donde hemos perdido la vegetación y las especies animales autóctonas, y el río sufre una bajante extraordinaria, las autoridades municipales vienen con esta agresión ambiental inexplicable”, se lamentó Maggi.
Organizaciones ambientalistas locales destacaron que la provincia de Buenos Aires conserva solamente el 2 por ciento de su bosque nativo originario y parte de ese porcentaje estaba en el partido de San Nicolás y Ramallo, y las obras que hoy se están ejecutando en la zona de islas lo están destruyendo.
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Cabandié encabezó la asamblea extraordinaria del COFEMA de Prevención del Fuego y de Humedales

Fecha de Publicación: 19/02/2022
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


El encuentro se llevó a cabo en San Luis, donde se reunieron autoridades nacionales y representantes de las jurisdicciones provinciales.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, y el presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, realizaron la apertura de la Asamblea Extraordinaria n.° 43 de Prevención del Fuego y de Humedales del mencionado organismo. La reunión se realizó de manera presencial en la casa de Gobierno en la ciudad de San Luis.
En la apertura, el ministro Cabandié expresó: “Hacemos esta asamblea extraordinaria a propósito de ciertas urgencias, con ese espíritu federal del COFEMA del cual estamos plenamente convencidos desde la Nación”.
Luego hizo referencia a uno de los ejes de la convocatoria y mencionó: “Uno de los temas que nos convoca hoy es el fuego, además de los humedales. Respecto al fuego, tal como mencionó Azulay, no nos es ajeno lo que sucede respecto a los focos ígneos, a las bajantes históricas, al estrés hídrico, a las sequías prolongadas que favorecen los incendios forestales y que, por supuesto, si no actuamos en consecuencia vamos a seguir perdiendo biodiversidad, al mismo tiempo que ponemos en riesgo vidas humanas, hectáreas productivas y propiedades”.
En este sentido, sumó: “Cuando en agosto de 2020 asumimos la responsabilidad del manejo del fuego nos propusimos algunos objetivos. Uno de esos fue incrementar el presupuesto. Con la colaboración de las autoridades de la Cámara de Diputados, en particular de Sergio Massa, hemos logrado asignar una alícuota del seguro que nos permite contar todos los años con un robusto presupuesto para poder hacerle frente a todos los desafíos y gastos necesarios para la lucha contra los incendios”.
Además, Cabandié explicó que el cambio climático genera condiciones propicias para los incendios forestales: “Estos eventos climáticos extremos son cada vez más pronunciados y nos convocan a tomar acciones que necesitan un aumento del presupuesto, el cual se fue incrementando. Para el ejercicio de 2022 tendremos $ 6.500 millones disponibles”.
“Es muy diferente a los presupuestos que el área ha tenido en años anteriores. En 2019, por ejemplo, el presupuesto era de $ 219 millones. Este incremento presupuestario es infinitamente superior, por eso iniciamos la licitación de medios aéreos por $ 1800 millones que ya entró en vigencia. Asimismo, estamos trabajando en una licitación para medios aéreos internacionales”, agregó el ministro.
En relación al ofrecimiento de recursos de Nación a las provincias, el ministro explicó: “Vamos a establecer un protocolo administrativo que deje asentado los pedidos y los ofrecimientos”. “Queremos impulsar que el COFEMA recomiende a cada una de las áreas forestales tener una mirada ambiental, respetando las autonomías de cada jurisdicción. Esto es importante porque brinda una visión integral en el abordaje de los incendios forestales que permite la capacitación y especialización en la temática. De este modo se podrá trabajar en la prevención” concluyó Cabandié.
El titular de la cartera ambiental nacional hizo mención al otro eje principal de la asamblea, los humedales, y detalló: “Es un reclamo de la sociedad, tenemos la responsabilidad de atenderlo. Es necesario iniciar el debate en este espacio teniendo en cuenta el aspecto productivo. Tenemos que discutir una ley de presupuestos mínimos, favorecer los inventarios correspondientes y poder crear un programa con fondos”.
A su turno, Azulay expresó: “Decidimos realizar esta asamblea extraordinaria con dos temas que forman parte de la actualidad de la agenda ambiental: los incendios y los humedales. Estos temas no han pasado por ninguna comisión con anterioridad porque hemos querido empezar a tratarlos rápidamente”.
“Son dos temas que tenemos que tratar urgente. Más allá de donde se encuentre el área que se ocupa de los incendios forestales en cada una de las jurisdicciones, es importante que establezcamos un método, un procedimiento, una forma de hacer las cosas en todo el país, respetando nuestra federalidad. Debemos tener un solo hilo conductor ante la urgencia y la emergencia”, destacó .
En este sentido, el presidente de COFEMA señaló: “No puede ser que a veces estas cuestiones de diferentes áreas provinciales retarden el pedido de auxilio ni tampoco la respuesta En este tipo de cosas, cada minuto que ganemos nos da posibilidades de ser eficientes y eficaces en la utilización de recursos que siempre son escasos, aca y en cualquier lugar del planeta”.
Azulay también se refirió a los humedales y expresó: “La tarea más difícil es encontrar el camino al punto justo medio entre la protección y el desarrollo. Creo que si logramos llegar a buen puerto con nuestros aportes y proyectos y logramos interactuar con todos los sectores que se encuentran en discusión acompañándolos al equilibrio, vamos a realizar la agenda más grande y vamos a poder dejarle un gran paso al Poder Ejecutivo de la Nación para que pueda concebir una ley de consenso y de protección”.
Durante la jornada, se habló de impulsar la formación de brigadistas forestales en todo el territorio. En la actualidad, 18 provincias cuentan con un cuerpo forestal. Además, se enfatizó la instancia de que el manejo del fuego dependa de las áreas ambientales de cada provincia, con el fin de agilizar y hacer más eficiente la lucha contra los incendios forestales.
También se repasaron el Informe de las Autoridades del Sistema Nacional del Fuego y los avances en la elaboración de un Protocolo Único Nacional y Obligatorio frente a la Prevención y al Control del Fuego.
Por último, cabe mencionar que las autoridades ambientales del país continúan abordando de manera participativa y federal el proyecto de ley de humedales, anunciado recientemente por el COFEMA.
Por parte del Ministerio de Ambiente nacional participaron el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky; la designada secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini; la designada secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales, Beatriz Domingorena; la subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional, María Cristina Ruiz del Ferrier; el director de Articulación Interjurisdiccional y Acceso a la Información, Nicolás Fernández; la directora nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, Gabriela González Trilla; y el director de Planificación y Prevención del SMNF, Jorge Heider.
Además, estuvieron presentes los representantes de las jurisdicciones provinciales, la vicepresidenta del COFEMA y secretaria de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, Dina Migani; la secretaria de Ambiente de la provincia de San Luis, Natalia Spinuzza; la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar; el secretario de Medio Ambiente de la provincia de Catamarca, Ricardo Robador y el director provincial de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas, Carlos Barrionuevo; el secretario de Medio Ambiente de Córdoba, Juan Carlos Scotto, la administradora del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente de Corrientes, María Alejandra Eliciri y el coordinador de Programas Específicos, Miguel Osmar Dufort; la secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente de Chaco, Marta Soneira; el secretario de Bosques de Chubut, Rodrigo Roveta; la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Daniel García; el subsecretario de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental de Formosa, Hugo Eduardo Bay; la ministra de Ambiente de Jujuy, María Inés Zigarán y la secretaria de Desarrollo Sustentable y Biodiversidad, Estefanía Sánchez Cuartielles; el subsecretario de Ambiente de La Pampa, Fabián Tittarelli; el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, Humberto Mingorance y el director de Recursos Naturales Renovables, Sebastián Melchor; el ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, Víctor Jorge Kreimer; la directora de Áreas Naturales Protegidas y Recursos Faunísticos de Neuquén, Lucía Redondo Caamaño; el director General y Técnico de Salta, Sebastián Ernesto Varela; el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan, Francisco Guevara y el director de Observatorio, Bruno Grillo; el secretario de Medio Ambiente de Santa Cruz, Mariano Bertinat; el subsecretario de Cambio Climático de Santa Fe, Marcelo Gallini; el subsecretario de Medio Ambiente de Santiago del Estero, Carlos Salmoiraghi y la directora de Bosques, Noelia Zanichelli; y la secretaria de Ambiente de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Eugenia Álvarez.
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Radiografía del río Reconquista, el segundo más contaminado del país después del Riachuelo

Fecha de Publicación: 19/02/2022
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires


Recorre 18 municipios de la Provincia de Buenos Aires y en sus márgenes viven más de 4 millones de personas.
El fallo de la Corte Suprema que en 2008 ordenó que Nación, Ciudad y Provincia tomaran acciones para sanear la cuenca Matanza-Riachuelo, sirvió para poner en agenda el grave problema social y ambiental que representa la contaminación de ese curso de agua. Sin embargo, nadie habla del segundo río más contaminado después del Riachuelo: el Reconquista.
La contaminación del río Reconquista afecta a más de cuatro millones de personas, distribuidas en los aproximadamente 1.750 kilómetros cuadrados que cubre su cuenca. Pero hasta el momento, no hubo ningún fallo judicial que obligara al Estado a adoptar medidas concretas para revertir la contaminación y restaurar el ecosistema.
A diferencia del caso de la cuenca Matanza-Riachuelo, la del Reconquista abarca solamente a localidades de la provincia de Buenos Aires, por lo que la responsabilidad del saneamiento es exclusivamente de esa jurisdicción.
Según explica Gabriel Basílico, investigador del CONICET y especialista en contaminación hídrica, en la cuenca alta del Reconquista (Merlo, Moreno, Luján, General Rodríguez, General Las Heras y Marcos Paz), el agua superficial muestra índices de contaminación “muy inferiores” a los que presentan la cuenca media (Malvinas Argentinas, San Miguel, General San Martín, Tres de Febrero, Morón, Ituzaingó, José C. Paz y Hurlingham) y la cuenca baja (Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre). En este sentido, Basílico remarca que alrededor del 50% del curso del Reconquista presenta niveles bajos de contaminación.
Uno de los grandes mitos en torno a la contaminación del Reconquista es que los principales desechos que recibe son residuos industriales. Pero si bien dentro de la cuenca hay más de diez mil industrias de diferentes rubros –principalmente curtiembres, textiles, acumuladores eléctricos, caucho, hierro y acero–, la mayor contaminación proviene de desechos orgánicos, los cuales aumentan la demanda de oxígeno y, en consecuencia, deterioran la calidad del agua.
Basílico detalla que los principales desechos orgánicos que se alojan en los sedimentos provienen de la grasa, la sangre y demás restos de animales que desechan los mataderos; pero, sobre todo, de la materia fecal por la falta de cloacas.
A su vez, hay siete plantas depuradoras sobre la cuenca, cuyos desechos –no siempre correctamente tratados– terminan en las aguas del Reconquista. Y si bien el río se ocupa de depurar los excesos de residuos orgánicos, el problema surge cuando la cantidad excede su capacidad de autodepuración, que es lo que ocurre desde hace décadas.

Vivir al lado de un río contaminado
El barrio Los Tábanos está ubicado en los márgenes de la localidad de Los Troncos del Talar, partido de Tigre, justo donde el río Reconquista se bifurca. Pese a que no hay datos oficiales sobre la población estable del lugar, se estima que tiene más de mil habitantes. Junto a “San José” y “Los Troncos”, es uno de los tres asentamientos que crecieron en las últimas décadas a orillas del tramo más bajo del río.
Son las cuatro de la tarde de un sábado y, llegando al final de una calle sin asfaltar, Mayra (28) atiende una feria de ropa que instala en la puerta de su casa todos los fines de semana. Justo delante hay una zanja, que es un desagüe cloacal a cielo abierto. Cuando llueve, rebalsa y el líquido contaminado inunda todo el frente de la casa. Cuando el agua baja, quedan la basura, el olor, la invasión de moscas, de mosquitos y de ratas.
Mayra no tiene recursos para comprar bidones de agua potable o instalar un filtro purificador. El agua que bebe, “amarilla y con un olor a lavandina impresionante”, sale de la canilla y proviene directamente del río Reconquista.
"Granitos, náuseas, vómitos, descompostura, de todo nos pasa", dice Mayra. “Mirá, tengo acá, acá y acá”, interviene su hijo Gianluca, de 5 años, mientras señala las ronchas que tiene en sus brazos y piernas. Una erupción similar a la que posee su madre y que, según ella, es consecuencia de estar en contacto permanente con el agua contaminada.
Francisca (78) vive en Los Tábanos desde 1971, en una casa construida a orillas del Reconquista. También se queja del olor del agua y afirma que vive con alergia. Dice que la culpa de la contaminación es de la "gente que tira basura". Y cuenta que antes, cuando el río crecía, las viviendas que estaban en la ribera se inundaban. Pero ahora ya no.
En 1985 se inauguró un canal aliviador, que unió el cauce del Reconquista con la Pista Nacional de Remo, un curso de agua de dos kilómetros de longitud que desemboca en el río Luján. Las casas dejaron de inundarse. Pero la zona se convirtió en el destino final de todos los residuos orgánicos e industriales de los 18 municipios de la cuenca del río.

El desafío de limpiar el Reconquista
Ante la pregunta acerca de si técnicamente sería posible sanear el Reconquista, Basílico responde que existe posibilidad de lograrlo, pero se muestra escéptico. “Para remediar, primero habría que dejar de contaminar”, advierte. Y dice que en lugar de intentar devolverle a la cuenca su paisaje original, "sería mejor concentrarse en preservar lo que está bien hoy para evitar su deterioro".
Para reducir los niveles actuales de polución, el especialista sostiene que lo más importante sería lograr un buen sistema de diagnóstico a través de una red de monitoreo que permita localizar con precisión los principales focos contaminantes.
Esto, a su vez, debería estar acompañado de una normativa más exigente para el tratamiento de desechos de las plantas depuradoras. También de mayor fiscalización a las industrias con respecto al tratamiento que realizan de sus desechos. En particular, deberían controlarse las industrias clandestinas que están ubicadas sobre la cuenca –muchas de ellas, textiles–, que vuelcan sus residuos a los cursos de agua sin ningún tipo de tratamiento.
Por último, Basílico insiste en la importancia de la educación ambiental y la gestión consciente de residuos (recolección, separación en origen y reciclaje).
Obras de saneamiento, financiamiento externo y fondos subejecutados: el caso del COMIREC
En 2001, la Legislatura bonaerense aprobó la Ley 12.653, a través de la cual fue creado el Comité de la Cuenca del Río Reconquista (COMIREC). Se trata de un ente autárquico, que funciona dentro de la órbita del Ministerio de Infraestructura de la Provincia, y cuya función principal es la de “prestar servicios y realizar acciones conducentes a la gestión integral y preservación del recurso hídrico de la Cuenca del Río Reconquista”.
Desde COMIREC le explican a Clarín que actualmente están realizando obras de primera ejecución (agua y saneamiento, drenajes urbanos, gestión de residuos sólidos urbanos); recuperación del espacio público a través de la limpieza del espejo de agua y la reforestación de las zonas ribereñas; campañas de educación ambiental y monitoreo de la calidad del agua y los sedimentos. Y agregan que están trabajando en un Plan de Gestión Integral, que fijará los lineamientos y acciones ambientales para los próximos 15 años.
Desde el COMIREC detallan que cuentan con doce obras de infraestructura en ejecución, catorce en proceso de licitación y nueve finalizadas, las cuales son llevadas a cabo en conjunto con la Subsecretaría de Recursos Hídricos bonaerense. La mayoría de esas obras consisten en redes primarias o secundarias de desagüe cloacal, focalizadas en barrios pertenecientes a municipios que integran las cuencas media y baja del Reconquista (principalmente Morón, General San Martín y Tigre).
 Tanto los programas como las obras de infraestructura se financian, por un lado, a través de fondos provinciales y, por el otro, con financiamiento externo proveniente de un crédito de US$ 230 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en noviembre de 2014.  Mientras tanto, la partida presupuestaria destinada por la Provincia al COMIREC en 2020 fue de $ 5.709.449.000.
Desde el COMIREC y la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia afirman que se ha ejecutado el 68 % del crédito otorgado por el BID. Sin embargo, hasta ahora, solo se han desembolsado US$ 96,74 millones de ese préstamo internacional, lo que equivale a un 42 %.
Desde los organismos provinciales argumentan que hay otros US$ 60 millones del crédito que todavía no fueron ejecutados, pero que son para obras que se encuentran en proceso de licitación y adjudicación.
Consultados acerca de los fondos efectivamente utilizados hasta el momento en obras y acciones ambientales concretas, desde COMIREC se limitaron a informar que durante 2021 se han invertido $ 1.700 millones. Pero no brindaron detalles del destino específico de ese dinero ni del estado actual del resto de los fondos recibidos del BID.

El rol de AySA
A nivel nacional, el organismo con mayor injerencia para lograr el saneamiento del río Reconquista es AySA. Ello se debe a que, de los 26 municipios a los que brinda servicios de agua y cloacas la empresa estatal, 14 de ellos se encuentran en la cuenca del río Reconquista.
Desde el organismo presidido por Malena Galmarini informan a Clarín que en su Plan Director están previstas más de 200 obras cloacales, de las cuales 20 ya fueron finalizadas, 30 se encuentran en ejecución, 9 contratadas y 14 en proceso de contratación. Estiman que, en caso de culminarse todas estas obras, alrededor de un millón y medio de bonaerenses se verían beneficiados.
Específicamente para la cuenca del Reconquista, están trabajando en la optimización de la planta Norte, en San Fernando; se construye una nueva planta de tratamiento en Campo de Mayo y se están ampliando las plantas de Las Catonas, Bellavista (San Miguel), Ferrari (Merlo) y Hurlingham.
 Las obras que realiza AySA, que además está desarrollando el Sistema Riachuelo, están siendo financiadas a través de créditos otorgados por organismos multilaterales de crédito. Una parte proviene de un préstamo del Banco Mundial para el período 2021-2026, por un monto de US$ 545 millones. El BID, por su parte, otorgó un préstamo de US$ 320 millones, que se está ejecutando para la renovación y rehabilitación de redes de agua potable, control de agua no potabilizada y construcción de redes cloacales en distintos municipios (entre ellos, Hurlingham y Morón).
El Banco de Desarrollo de América Latina –conocido también como CAF– otorgó un crédito de US$ 290 millones para las obras de la planta depuradora que se está construyendo en Campo de Mayo. Mientras tanto, FONPLATA – Banco de Desarrollo otorgó un crédito de US$ 30 millones para financiar “obras de agua potable y cloacas en zonas de vulnerabilidad socio-sanitaria dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires”. Y, por último, hay un préstamo del Banco Europeo de Inversiones por US$ 80 millones para ampliar la planta depuradora Las Catonas y expandir la red de cloacas en Escobar.
Más allá de las obras ejecutadas, desde AySA reconocen que hay varios sectores de la cuenca que tienen escasa o nula cobertura de servicio cloacal. Consultada sobre el caso de los vecinos del barrio Los Tábanos, Mayra Mariani, concejal de Tigre por el Frente de Todos y directora de Relaciones Institucionales de AySA, responde que “la obra de AySA está hecha, lo que sucede es que puede haber vecinos que no se hayan conectado. La conexión de cada domicilio es responsabilidad de cada vecino”.
Los vecinos alegan que el costo de instalación de las conexiones supera los 50 mil pesos, un monto que muchos de ellos no están en condiciones de pagar.
Más allá de las obras que se están realizando a nivel provincial y nacional, los vecinos de la ribera y activistas ambientales que se acercan a participar en limpiezas del río insisten en que la situación no ha mejorado. El agua del Reconquista continúa con altos niveles de toxicidad, los desechos siguen  acumulándose en los sedimentos y el grado de contaminación generalizada es visiblemente elevado.
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Rechazan el Distrito Joven porteño por su impacto ambiental y por privatizar tierras públicas

Fecha de Publicación: 19/02/2022
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: CABA


Luego de cuatro jornadas de debate, finalizó la audiencia pública.
La audiencia pública sobre el proyecto del Gobierno porteño llamado «Distrito Joven» finalizó este miércoles luego de cuatro jornadas en las que organizaciones políticas y sociales lo rechazaron por su impacto ambiental y por considerarlo parte de una «política de entrega de tierras públicas», al tiempo que lo cuestionaron por implicar el traslado de la escuela Indira Gandhi.
Con más de 200 personas inscriptas, desde el viernes último se realizó la audiencia pública donde la ciudadanía porteña pudo opinar sobre el «Masterplan Distrito Joven-Costanera Norte», una iniciativa del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que busca instalar locales gastronómicos y bailables a lo largo de unos siete kilómetros de la ribera del Río de La Plata.
El polígono definido para el nuevo distrito comienza en los límites del Parque de la Memoria y finaliza en el predio Costa Salguero, pasando frente al Aeroparque metropolitano.
En total, abarca 73 hectáreas, de las cuales 14 serán concesionadas a privados para usos «gastronómicos, de esparcimiento, diversión, deportivos y culturales», según informaron voceros del Ejecutivo local.
Si bien la audiencia no es vinculante, el Gobierno porteño tiene la obligación de tomar en cuenta las opiniones que allí se presentaron y, en caso de desestimarlas, debe informar el motivo.
Durante la audiencia, una de las principales críticas fue que el Gobierno de la Ciudad no dio a conocer el «masterplan» en su totalidad, si no solo fragmentos, por lo que no se sabe con precisión cuál será el alcance y el impacto ambiental de las obras de infraestructura y viales planificadas por el Gobierno de la Ciudad para el nuevo distrito.
Una de las oradoras, Bárbara Rossen, quien expuso en representación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, dijo que en el estudio de impacto ambiental «no se reproduce» el masterplan y «sólo se lo comenta por fragmentos; es decir no se lo analiza como un sistema sino como una sucesión de partes aisladas».
De acuerdo a lo informado por el Gobierno porteño, el proyecto Distrito Joven «prevé un conjunto de obras de infraestructuras civiles, viales, de instalación de mobiliario urbano y el desarrollo de parques y espacios públicos con sus servicios», así como «el desarrollo de circuitos de esparcimiento, actividades culturales y gastronómicas, espacios lúdicos, práctica de deportes y puntos turísticos».
Otra de las críticas fue que el estudio de impacto ambiental excluyó del análisis dos predios que, de acuerdo a lo informado por el propio Gobierno local, son parte del Distrito Joven: Costa Salguero y Punta Carrasco, donde se autorizó la construcción de viviendas, hoteles, comercios y oficinas.
Al excluir esos dos predios, que suman 32 hectáreas, el estudio de impacto ambiental solo toma en cuenta los usos de locales gastronómicos y bailables y espacios para actividades culturales y deportivas.
«La evaluación ambiental presentada es parcial, ya que se realiza sólo para cuatro sectores, dejando afuera el sector cinco, Costa Salguero, el más amplio e importante. Si se lo tuviese en consideración, el relevamiento daría cuenta de una capacidad constructiva considerablemente más elevada», advirtieron varias integrantes del Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas, que leyeron un documento elaborado en conjunto.
Otro cuestionamiento se refirió a lo establecido por la Constitución porteña, según la cual los espacios verdes y públicos de la ribera del Río de la Plata se deben «recuperar e incrementar», por lo tanto, cuando finaliza una concesión a un privado en esa zona, el predio en cuestión debe volver a ser de libre acceso.
«La Constitución de la Ciudad establece claramente en su artículo 8 que los terrenos que forman parte del contorno ribereño son públicos y de libre acceso y circulación», dijo Nidia Bellene, al leer hoy el documento del Colectivo de Arquitectas.
A su turno, la exlegisladora porteña del Frente de Izquierda Mercedes de Mondieta, manifestó su rechazo a «este proyecto de entrega de tierras públicas», que se suma a las «más de 500 has rematadas primero con (Mauricio) Macri y luego con Larreta, al servicio de la especulación inmobiliaria».
Varios participantes también rechazaron el traslado de la escuela pública Indira Gandhi, que funcionaba en un predio cercano al Parque Norte y al Parque de la Memoria, pero que con la construcción del Distrito Joven se presume será llevada a un predio del Barrio 31, en Retiro, lo que es rechazado por la comunidad educativa de este colegio.
Al respecto, Laura Fiumara, quien se presentó como «docente hace 35 años», dijo estar «indignada por el cierre de una escuela modelo para dar lugar a un emprendimiento inmobiliario».
Y agregó que «las escuelas no se cierran ni se trasladan, se construyen, se cuidan y se mejoran», y acusó al Gobierno de la Ciudad de «agredir constantemente a la educación pública».
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Argentina arrancó el 2022 padeciendo las consecuencias de la crisis climática

Fecha de Publicación: 17/02/2022
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Nacional


Argentina inició el 2022 luchando contra incendios, sequías y olas de calor, los efectos más perceptibles de la crisis climática que ya está instaurada en el planeta. Una situación que lleva a los ecologistas a exigir políticas de adaptación, mitigación y a criticar la falta de leyes claras para proteger el ecosistema.
La acumulación de gases de efecto invernadero provocados por medios de transporte, industrias, producción de alimentos y deforestación fueron los principales responsables del cambio climático, según Greenpeace.
En 2021, Argentina depredó 110.180 hectáreas de bosques, equivalentes a 12 canchas de fútbol por hora; y el 80 % fue talado de forma ilegal, reveló la ONG en su informe anual de deforestación.
“Hay una ley que protege los bosques, pero no sirve si cada gobernador permite cambios en el ordenamiento territorial de zonas donde no deberían deforestar”, indicó a EFE el coordinador de campaña por el cambio climático de Greenpeace, Bruno Giambelluca.
La destrucción indiscriminada de flora evitó la liberación de humedad a la atmósfera necesaria para formar nubes de lluvia, secó el suelo y generó un ambiente fértil para transformar cualquier chispa en incendios incontrolables.
El Ministerio de Ambiente, en enero pasado, enumeró pérdidas mayores a 160.000 hectáreas de bosques por el fuego y un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria reveló que, hasta el 7 de febrero, en la provincia de Corrientes se quemaron 519.000 hectáreas.
Los árboles que sobrevivieron a la mano del hombre fueron devorados por las llamas y toneladas de dióxido de carbono calentaron el planeta. Mientras, el calor batió récords y 21 provincias soportaron 40 grados diarios.

Adaptación y mitigación
Los ambientalistas pusieron sus campañas de prevención en segundo plano para centrarse en incentivar acciones que obliguen al Gobierno a implementar políticas que adapten y mitiguen el cambio climático.
“Tiene que haber adaptación porque ya lo estamos viviendo. Si se inunda una ciudad cada vez que llueve, es necesario más infraestructura. Si se registran más incendios, debemos combatir el fuego apenas surja”, aseveró Giambelluca.
“El Gobierno tiene que frenar las emisiones. Es una situación gradual donde hay que convertir las energías sucias en renovables, una transición energética”, añadió.
Los reclamos giran en torno al cumplimiento del Acuerdo de París, en el que Argentina estampó su firma en el 2015 junto a otros 96 países bajo el compromiso de reducir la temperatura del planeta. Sin embargo, entre las víctimas de la pandemia está la economía y el ambiente pasa a ser un sacrificio para ingresar divisas.
El Gobierno de Alberto Fernández está enfrascado en una batalla judicial para buscar petróleo en el Mar Argentino. La propia cartera ambiental dio luz verde a la exploración sísmica de hidrocarburos, a poco más de 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata, donde viven del turismo y la pesca.
La Justicia aceptó las medidas cautelares presentadas por organizaciones como Greenpeace y se frenó el proyecto, aunque el Estado apeló.
Fernández espera que su plan de adaptación y mitigación del cambio climático, del cual hizo gala en el 2021 en la Cumbre Latinoamericana sobre Cambio Climático y que tiene como tope el 2050, calme las aguas. Busca promover la transición de energías renovables basadas en el hidrógeno, la adopción de tecnologías para reducir emisiones y tipificar como delito ambiental la deforestación ilegal.

“No hay tiempo” que perder
Para el abogado ambientalista y director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, “no hay tiempo” de espera para lanzar leyes que realmente protejan al ecosistema y penalicen a los culpables, aunque lamenta que las normas ambientales cuesta aprobarlas por culpa de “grupos de presión».
“El tiempo no era percibido como una amenaza, pero nos viene apretando cada vez más la cuestión climática. No disponemos de décadas para convencer a las personas y vamos a tener que acelerar”, dijo a EFE.
Nápoli consideró elementos que pueden jugar a favor, ya que el Acuerdo de París también rige las relaciones y la política climática entre países.
“En algún momento empezarán a surgir barreras de cierre arancelario, se mirará cómo uno se comporta para permitir o no ingreso de productos de cada sitio”, alegó.
Según el director de FARN, las exportaciones de madera del Brasil que provienen de la deforestación ya son rechazadas: “Los mercados se cierran y el reloj va a correr rápidamente”.
Por otra parte, Argentina no cuenta con temas ambientales incorporados al Código Penal. Únicamente leyes especiales asociadas a delitos contra la salud y no podrían ser denominadas como crímenes contra el ambiente.
Además, no es posible perseguir jurídicamente a quien incendió un bosque si no existe una persona o propiedad afectada, y esas penas son excarcelables o acarrean multas.
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Se realizó un encuentro interministerial por la implementación de la Ley de Educación Ambiental Integral

Fecha de Publicación: 18/02/2022
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


Se dio entre autoridades del los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Educación.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que conduce Juan Cabandié, junto a un equipo del Ministerio de Educación, concretaron esta tarde una reunión de trabajo entre ambas carteras nacionales, para acordar los próximos pasos en la implementación de la Ley nº 27621 sancionada el año pasado. El encuentro fue encabezado por la jefa de Gabinete de la cartera de Ambiente, Soledad Cantero, y la subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional, Cristina Ruíz del Ferrier.
Al respecto, Cantero destacó: “La implementación de esta ley es una prioridad para nuestro Ministerio”, y resaltó la necesidad de articular la política pública de educación ambiental integral.
En la reunión se acordó trabajar en una agenda común que tenga en cuenta los distintos ámbitos de la educación ambiental, tanto la del sistema educativo formal, como de otros ámbitos socioeducativos (no formal e informal). Asimismo, se proyectaron líneas de trabajo para la formación docente, la publicación de materiales educativos y encuentros federales con representantes técnicos de educación ambiental de ambas carteras.
Por parte del Ministerio de Educación de la Nación concurrieron María Celeste Adamoli, directora de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI; Natalia Borghini, equipo técnico de la dirección y Laura Canciani, técnica de Educación Ambiental de la cartera.
Del Ministerio de Ambiente también estuvieron presentes María Sol Azcona, coordinadora de la implementación de la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral; Osvaldo de la Iglesia y Juan Mereb miembros del equipo técnico de la coordinación; y Alejandra Duarte y Ornella Zambón, responsables de las capacitaciones del Programa la Acción Ambiental de la Dirección Nacional de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, que lleva adelante el área a cargo de Guido Veneziale.
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Prorrogan suspensión de ley de agroquímicos de la gestión Vidal

Fecha de Publicación: 18/02/2022
Fuente: La Tecla
Provincia/Región: Buenos Aires


El decreto fue publicado en el Boletín Oficial y es por otros seis meses. Explica que es para “culminar las mesas de trabajo”, creadas para modificar el criterio por el que se autorizaron fumigaciones en cercanías de escuelas y zonas rurales.
El Gobierno bonaerense decidió prorrogar por otros seis meses la resolución 246/18 sancionada durante la gestión de María Eugenia Vidal, que suspendió la aplicación de la normativa que establecía pautas para la aplicación de agroquímicos en la Provincia.
De acuerdo con el decreto publicado en el Boletín Oficial, la medida se tomó para “culminar las mesas de trabajo regionales, locales, e instancias representativas de las zonas productivas agropecuarias de la provincia de Buenos Aires.
El texto del decreto publicado este martes establece en su artículo 1° que se prorroga “a partir del 14 de febrero de 2022 y por el término de seis (6) meses, la suspensión de los efectos de la RESOL-2018-246-GDEBA-MAGP, que fuera dispuesta por la RESOL-2019-24-GDEBAMAGP, prorrogada por las RESO-2020-8-GDEBA-MDAGP, RESO-2021-28-GDEBA-MDAGP y RESO-2021-88-GDEBAMDAGP, a los efectos de culminar las mesas de trabajo regionales, locales e instancias representativas de las zonas productivas agropecuarias de la provincia de Buenos Aires”.
Tras la sanción de la normativa y su aplicación, organizaciones sociales y ambientalistas mostraron su descontento por el acortamiento de las distancias permitidas para realizar tareas de fumigación con agroquímicos cerca de zonas urbanas y escuelas.
El gobierno de Cambiemos dictó la resolución 246/18, pero nunca avanzó con un nuevo texto, por lo que, en el inicio de la gestión de Axel Kicillof, se avanzó en esta dirección con la conformación de mesas técnicas, en la que los diferentes sectores hicieron sus aportes.
Previamente, el Gobierno provincial prorrogó la suspensión, tras lo cual comenzó a debatirse una nueva ley, con la participación del Ministerio de Desarrollo Agrario, el de Salud, el de Ambiente y a la Autoridad del Agua (ADA).
Así, se conformó el Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA), que elaboró más de 500 documentos, aportados por unas 20 universidades y cinco centros de investigación, entre otros, de los cuales ya se obtuvieron varias conclusiones.
Los mismos abordan cuestiones como la aplicación de agroquímicos, el impacto en el medio ambiente, salud y toxicología y diversificación productiva, entre otros.
El texto del decreto publicado este martes establece en su artículo 1° que se prorroga “a partir del 14 de febrero de 2022 y por el término de seis (6) meses, la suspensión de los efectos de la RESOL-2018-246-GDEBA-MAGP, que fuera dispuesta por la RESOL-2019-24-GDEBAMAGP, prorrogada por las RESO-2020-8-GDEBA-MDAGP, RESO-2021-28-GDEBA-MDAGP y RESO-2021-88-GDEBAMDAGP, a los efectos de culminar las mesas de trabajo regionales, locales e instancias representativas de las zonas productivas agropecuarias de la provincia de Buenos Aires”.
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