En Entre Ríos, la provincia debe multas por contaminación

 


La Provincia debe multas millonarias por la contaminación del río Gualeguaychú

Fecha de Publicación
: 23/02/2022
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


La Justicia provincial ya condenó a la Cooperativa de Agua Potable Pueblo General Belgrano, en el departamento Gualeguaychú, a que cese en el vertido de aguas servidas en la vía pública, así como a que efectúe un plan de gestión ambiental. A la Provincia y al Municipio de Pueblo Belgrano -ciudad administrada por Mauricio Davico (del partido Nueva Generación, ligado a Cambiemos)- también se los sancionó por no cumplir con los controles sobre el servicio de cloacas.
Pero entre idas y vueltas el problema sigue, por lo cual concejales de la ciudad y el senador departamental iniciaron gestiones ante el Ministerio de Planeamiento entrerriano para llegar a alguna solución. El Estado provincial, desde noviembre de 2020, paga multas de $5.000 por día hábil hasta que pueda lograr encausar la situación, lo que acumula unos $1.600.000 a la fecha, reveló Entre Ríos Ahora.
A través de las redes sociales, el senador por Gualeguaychú Jorge Francisco Maradey (Frente Cereer) informó de una reunión llevada adelante en el Ministro de Planeamiento de Entre Ríos que conduce Marcelo Richard, con el objeto de “encontrar un principio de solución a un problema estructural de Pueblo Belgrano como es el tratamiento de sus efluentes cloacales, en este momento a cargo de la Cooperativa de Aguas de esta localidad”. En esas gestiones fue acompañado por los ediles Carlos Riera y Claudina Corti, con quienes manifestó la “preocupación ante esta problemática ambiental que contamina nuestro bien común más preciado, el río Gualeguaychú”.
En efecto, la Cooperativa de Agua de Agua Potable, el Municipio de Pueblo General Belgrano y la Provincia arrastran una serie de denuncias por contaminación, producto del desmanejo de los efluentes cloacales. Uno de los expedientes se tramita en el Juzgado Federal Nº 1 de Concepción del Uruguay, a cargo de Pablo Seró, con la Secretaría Criminal Nº 2, bajo la órbita de Lucas Claret, y en donde incluso tomó intervención la Unidad de Información Financiera (UIF).
En tanto en uno de los casos tramitados en los tribunales provinciales, se dictó condena el 14 de agosto de 2019 a instancia de una demanda de El Oasi SA, un complejo de cabañas turísticas que se sintió perjudicado por el vertido de agua servida y efluentes provenientes de las lagunas sanitarias del servicio brindado en la localidad. En esta sentencia, el juez Ricardo Javier Mudrovici, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 3, de Gualeguaychú, ordenó el cese del volcado en “la vía pública” o en el inmueble de propiedad” de la demandante de “aguas servidas, efluentes y/o agua tratada en las lagunas sanitarias”. Asimismo, se estableció un plazo para la presentación de un estudio de impacto ambiental “correspondiente a las obras a realizar según el Plan de Gestión Ambiental para el sistema de tratamiento de efluentes cloacales de la localidad de Pueblo General Belgrano”.
Por otra parte, el magistrado hizo extensiva la condena a la Municipalidad de Pueblo General Belgrano y la provincia de Entre Ríos “en relación a las funciones de control, ordenación, regulación y poder de policía que deben ejercer sobre el servicio de cloaca, a los efectos de que la Cooperativa de Provisión de Agua Potable y otros Servicios Públicos Limitada de Pueblo General Belgrano cumplimente con lo ordenado en el apartado anterior”.
Esta sentencia luego fue apelada y la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Concepción del Uruguay –con los votos de los vocales María Fernanda Erramuspe, Federico José Lacava y Mariano Alberto López–, el 20 de noviembre de 2020 admitió parcialmente un planteo del Municipio que deslinda sus responsabilidades, dado que las piletas en cuestión están en el ejido de la ciudad de Gualeguaychú. De todos modos, la Cámara confirmó el resto de las responsabilidades y sanciones de la sentencia de primera instancia. Y el 4 de octubre pasado, ante un pedido de aumento de los costos en el pago de sanciones, el juez Mudrovici dictaminó que la Provincia como parte responsable debe abonar una multa de $ 5.000 “por cada día hábil de retardo en el cumplimiento de la totalidad de lo ordenado en la sentencia”, se indicó en el escrito al que accedió ERA Verde. Es decir 321 días de desde el 20 de noviembre de 2020 a la fecha, lo que suma $1.605.000.
Así las cosas, el senador Jorge Maradey ha encarado la cuestión que sigue pendiente de solución. “Entendemos que debemos adoptar un proyecto sostenible y respetuoso con el ambiente, atendiendo no solo al crecimiento demográfico de Pueblo Belgrano sino también a la afluencia turística que recibimos todos las temporadas estivales”, planteó el legislador luego del encuentro en el Ministerio de Planeamiento este 8 de febrero. “Resulta indispensable y perentorio desarrollar un sistema de vertido al río que cuente con un tratamiento previo, adecuado y eficaz que garantice el cumplimiento periódico de los parámetros legales establecidos. Si bien interpretamos que la búsqueda de soluciones debe ser colectiva y requiere de la buena voluntad de todos los actores sociales intervinientes, apelamos a la responsabilidad política de quienes ejecutan y administran los actos de gobierno en su propio territorio”, sostuvo para luego agradecer la “capacidad de escucha” del Ejecutivo. “Confiamos en que pronto podremos saldar, de manera articulada, esta asignatura pendiente en material ambiental”.
Los ediles Carlos Riera y Claudina Corti, en tanto, comentaron que se le expuso al coordinador de Obras Hídricas y Saneamiento provincial, Sergio Pascual, “la preocupación para remediar un problema ambiental que afecta directamente al río Gualeguaychú y por consecuencia a cada vecino y vecina a ambas márgenes”. Recordaron que en octubre pasado se dio a conocer el estado de las piletas sanitarias, que “colapsadas” vuelcan, “por derramamiento, los efluentes cloacales directamente al río, con los mismos parámetros con los que ingresan, por falta de tratamiento y control, fuera de todas las normas establecidas, perjudicando nuestras napas y al río por escurrimiento”, admitieron.
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