Las falacias del discurso minero
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No es posible una megaminería sustentable
Fecha de Publicación: 25/02/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
La megaminería tiene consecuencias negativas sobre la salud de las poblaciones aledañas a las explotaciones, no contribuye significativamente al desarrollo económico local y puede afectar el crecimiento de otras actividades no contaminantes.
Los últimos días de diciembre, el pueblo mendocino salió a la calle contra la modificación de la Ley 7722. Esta prohíbe la utilización de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas en explotaciones mineras y también protege el agua. Esto significó un nuevo hito en un largo proceso de conflictividad sobre la actividad minera y sus implicancias socioambientales.
El eje del debate giró en torno a un tipo particular de explotación y no cualquier tipo de minería: la megaminería o minería metalífera a cielo abierto. Esta, a diferencia de la minería tradicional, está prohibida en muchos lugares del mundo por sus ya comprobados irreversibles efectos debido al uso de tóxicos como el cianuro. En Argentina, la megaminería se practica desde los años ‘90 y sólo siete provincias la permiten. En otras siete, la actividad fue prohibida gracias a la resistencia de los pueblos afectados.
En un renovado intento por ampliar la frontera de estas explotaciones, se procuró forzar su habilitación en provincias donde el rechazo social ya había logrado plasmarse en resguardo jurídico. Sin embargo, a pesar del freno logrado a la modificación de la ley mendocina, los intentos para cambiar la ley y permitir la megaminería continúan en Mendoza, Chubut (ley 5001) y en todo el país (como la embestida contra la Ley Nacional de Glaciares, que prohíbe la megaminería en zona glaciar y periglaciar).
En este contexto, circulan en medios diversos argumentos que generan confusión y pueden favorecer una nueva avanzada de la megaminería. No creemos que exista una intención de buscar una minería alternativa y “sustentable”, sino de hacer pasar a la megaminería como lo que no es. Como respuesta, hemos escrito, junto a otros científicas/os e investigadores del CONICET y Universidades, una declaración que refuta estos argumentos y expresa una fuerte preocupación por las consecuencias que la megaminería tiene sobre nuestra salud y nuestros territorios.
“La megaminería ‘bien hecha’ puede no tener efectos dañinos en el medio ambiente y la salud pública”. Falso.
Las técnicas utilizadas tienen un alto impacto socio-ambiental. Mediante la utilización de explosivos se producen voladuras de montañas que permiten remover grandes volúmenes de roca donde se encuentra el mineral de interés. Se aplican tratamientos químicos que separan los minerales de la roca y los desechos se descartan en diques de cola, extensos cuerpos de agua artificiales dónde se depositan los millones de litros de agua con químicos tóxicos. El drenaje ácido, las filtraciones de los diques de cola en las napas y los ríos, así como otras formas de contaminación, son efectos comprobados, tal como sucedió con los derrames tóxicos en San Juan, Minas Gerais (Brasil) y Mar de Cortés (México).
Esto conlleva: 1) La degradación del paisaje y del suelo de forma permanente, la presencia de partículas en el aire y contaminación sonora. 2) La utilización y contaminación de grandes cantidades de agua en zonas en las que generalmente hay escasez de esta. 3) La exposición prolongada en el tiempo de las poblaciones aledañas a las sustancias químicas utilizadas, que implica mayor riesgo de enfermedades crónicas respiratorias, cáncer de pulmón, enfermedades renales, de la sangre y de la piel, entre otras. A la exposición crónica se suma la exposición aguda, producto de "accidentes" como derrames, accidentes de transporte, rotura de caños, o emisiones de los diques de cola, que producen trastornos cardiovasculares, respiratorios y del sistema nervioso central, entre otros.
“La megaminería genera desarrollo, empleo y diversificación de la economía regional”. Falso. En los últimos 22 años (OEDE, 2018), la minería ha generado solamente el 1,15 por ciento del empleo total (en comparación con el 5,9 por ciento de la ganadería, agricultura y silvicultura). La megaminería también tiende a destruir el empleo al tener un impacto negativo en otras actividades locales, aumentando también los niveles de pobreza. A su vez, las explotaciones de minas y canteras aportaron sólo el 2,95 por ciento del Valor Bruto de Producción total en Argentina desde el 2004 hasta el 2018 y, dentro de estas, la megaminería incidió en solo 0,49 por ciento (en comparación con el 6,95 por ciento que aportó la ganadería, agricultura, caza y silvicultura; según los informes del INDEC, 2019).
“Quienes critican a la megaminería no plantean alternativas de desarrollo local”. Falso. Se han ido construyendo diferentes alternativas de desarrollo local de acuerdo a las particularidades de cada región. Un ejemplo es la promoción de actividades preexistentes (como la vitivinicultura, olivicultura, fruticultura, turismo, etc.) con una perspectiva agroecológica o en consonancia con el ambiente y las necesidades de las comunidades locales. Estas actividades tienen una alta potencialidad para desarrollarse en los territorios y contribuir a su diversificación productiva. Lo mismo ha ocurrido con la propuesta de las energías renovables, por parte de poblaciones que se enfrentan al fracking, o la agroecología, que se impulsa en simultáneo a las luchas contra los impactos socioambientales del agronegocio.
En síntesis, las experiencias históricas y las evidencias científicas disponibles llevan a la conclusión inequívoca de que la megaminería (al igual que otras actividades extractivas) atenta gravemente contra la salud y el ambiente de las sociedades donde se instala. Por esto, el objeto del debate no debería ser el modo de habilitar la megaminería allí donde está prohibida, sino la necesidad de extender la salvaguarda de la prohibición de esta explotación a todo país. Para esto, es fundamental involucrar al conjunto de nuestro pueblo en las decisiones políticas relativas tanto al desarrollo de la megaminería como de cualquier otra actividad contaminante.
Por
Matías Blaustein - Dr. en Biología. iB3-Dpto. de Fisiología y Biología Molecular y Celular-UBA, Investigador de CONICET
Federico Giovannetti - Lic. en Psicología. Unidad de Neurobiología Aplicada, CEMIC, Becario de CONICET
Florencia Aranciba- Dr en Sociología. CENIT-UNSAM, Investigadora de CONICET
Nicolás Fernández Larrosa - Dr en Biología. Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias-UBA,Investigador de CONICET
Juan Wahren - Dr. en Cs. Sociales. Instituto de Investigaciones Gino Germani-UBA, Investigador de CONICET
Cecilia Rikap - Dra. en Economía. IICE-UBA. Investigadora de CONICET
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Fecha de Publicación: 25/02/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
La megaminería tiene consecuencias negativas sobre la salud de las poblaciones aledañas a las explotaciones, no contribuye significativamente al desarrollo económico local y puede afectar el crecimiento de otras actividades no contaminantes.
Los últimos días de diciembre, el pueblo mendocino salió a la calle contra la modificación de la Ley 7722. Esta prohíbe la utilización de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas en explotaciones mineras y también protege el agua. Esto significó un nuevo hito en un largo proceso de conflictividad sobre la actividad minera y sus implicancias socioambientales.
El eje del debate giró en torno a un tipo particular de explotación y no cualquier tipo de minería: la megaminería o minería metalífera a cielo abierto. Esta, a diferencia de la minería tradicional, está prohibida en muchos lugares del mundo por sus ya comprobados irreversibles efectos debido al uso de tóxicos como el cianuro. En Argentina, la megaminería se practica desde los años ‘90 y sólo siete provincias la permiten. En otras siete, la actividad fue prohibida gracias a la resistencia de los pueblos afectados.
En un renovado intento por ampliar la frontera de estas explotaciones, se procuró forzar su habilitación en provincias donde el rechazo social ya había logrado plasmarse en resguardo jurídico. Sin embargo, a pesar del freno logrado a la modificación de la ley mendocina, los intentos para cambiar la ley y permitir la megaminería continúan en Mendoza, Chubut (ley 5001) y en todo el país (como la embestida contra la Ley Nacional de Glaciares, que prohíbe la megaminería en zona glaciar y periglaciar).
En este contexto, circulan en medios diversos argumentos que generan confusión y pueden favorecer una nueva avanzada de la megaminería. No creemos que exista una intención de buscar una minería alternativa y “sustentable”, sino de hacer pasar a la megaminería como lo que no es. Como respuesta, hemos escrito, junto a otros científicas/os e investigadores del CONICET y Universidades, una declaración que refuta estos argumentos y expresa una fuerte preocupación por las consecuencias que la megaminería tiene sobre nuestra salud y nuestros territorios.
“La megaminería ‘bien hecha’ puede no tener efectos dañinos en el medio ambiente y la salud pública”. Falso.
Las técnicas utilizadas tienen un alto impacto socio-ambiental. Mediante la utilización de explosivos se producen voladuras de montañas que permiten remover grandes volúmenes de roca donde se encuentra el mineral de interés. Se aplican tratamientos químicos que separan los minerales de la roca y los desechos se descartan en diques de cola, extensos cuerpos de agua artificiales dónde se depositan los millones de litros de agua con químicos tóxicos. El drenaje ácido, las filtraciones de los diques de cola en las napas y los ríos, así como otras formas de contaminación, son efectos comprobados, tal como sucedió con los derrames tóxicos en San Juan, Minas Gerais (Brasil) y Mar de Cortés (México).
Esto conlleva: 1) La degradación del paisaje y del suelo de forma permanente, la presencia de partículas en el aire y contaminación sonora. 2) La utilización y contaminación de grandes cantidades de agua en zonas en las que generalmente hay escasez de esta. 3) La exposición prolongada en el tiempo de las poblaciones aledañas a las sustancias químicas utilizadas, que implica mayor riesgo de enfermedades crónicas respiratorias, cáncer de pulmón, enfermedades renales, de la sangre y de la piel, entre otras. A la exposición crónica se suma la exposición aguda, producto de "accidentes" como derrames, accidentes de transporte, rotura de caños, o emisiones de los diques de cola, que producen trastornos cardiovasculares, respiratorios y del sistema nervioso central, entre otros.
“La megaminería genera desarrollo, empleo y diversificación de la economía regional”. Falso. En los últimos 22 años (OEDE, 2018), la minería ha generado solamente el 1,15 por ciento del empleo total (en comparación con el 5,9 por ciento de la ganadería, agricultura y silvicultura). La megaminería también tiende a destruir el empleo al tener un impacto negativo en otras actividades locales, aumentando también los niveles de pobreza. A su vez, las explotaciones de minas y canteras aportaron sólo el 2,95 por ciento del Valor Bruto de Producción total en Argentina desde el 2004 hasta el 2018 y, dentro de estas, la megaminería incidió en solo 0,49 por ciento (en comparación con el 6,95 por ciento que aportó la ganadería, agricultura, caza y silvicultura; según los informes del INDEC, 2019).
“Quienes critican a la megaminería no plantean alternativas de desarrollo local”. Falso. Se han ido construyendo diferentes alternativas de desarrollo local de acuerdo a las particularidades de cada región. Un ejemplo es la promoción de actividades preexistentes (como la vitivinicultura, olivicultura, fruticultura, turismo, etc.) con una perspectiva agroecológica o en consonancia con el ambiente y las necesidades de las comunidades locales. Estas actividades tienen una alta potencialidad para desarrollarse en los territorios y contribuir a su diversificación productiva. Lo mismo ha ocurrido con la propuesta de las energías renovables, por parte de poblaciones que se enfrentan al fracking, o la agroecología, que se impulsa en simultáneo a las luchas contra los impactos socioambientales del agronegocio.
En síntesis, las experiencias históricas y las evidencias científicas disponibles llevan a la conclusión inequívoca de que la megaminería (al igual que otras actividades extractivas) atenta gravemente contra la salud y el ambiente de las sociedades donde se instala. Por esto, el objeto del debate no debería ser el modo de habilitar la megaminería allí donde está prohibida, sino la necesidad de extender la salvaguarda de la prohibición de esta explotación a todo país. Para esto, es fundamental involucrar al conjunto de nuestro pueblo en las decisiones políticas relativas tanto al desarrollo de la megaminería como de cualquier otra actividad contaminante.
Por
Matías Blaustein - Dr. en Biología. iB3-Dpto. de Fisiología y Biología Molecular y Celular-UBA, Investigador de CONICET
Federico Giovannetti - Lic. en Psicología. Unidad de Neurobiología Aplicada, CEMIC, Becario de CONICET
Florencia Aranciba- Dr en Sociología. CENIT-UNSAM, Investigadora de CONICET
Nicolás Fernández Larrosa - Dr en Biología. Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias-UBA,Investigador de CONICET
Juan Wahren - Dr. en Cs. Sociales. Instituto de Investigaciones Gino Germani-UBA, Investigador de CONICET
Cecilia Rikap - Dra. en Economía. IICE-UBA. Investigadora de CONICET
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Piden no extraer más arenas silíceas en Entre Ríos
Pidieron que se suspenda la extracción de arenas silíceas
Fecha de Publicación: 25/02/2020
Fuente: Diario La Calle
Provincia/Región: Entre Ríos
La Fundación CAUCE, Cultura Ambiental – Causa Ecologista presentó este jueves una nota dirigida al gobernador Gustavo Bordet: “para exigir el cumplimiento de las normas ambientales provinciales y nacionales vigentes en lo que concierne a la actividad extractiva de arenas silíceas que se desarrolla en nuestra provincia”, informaron en un comunicado. La nota cuenta “con la adhesión de personas, grupos y asambleas que defienden derechos colectivos ambientales y sociales”, explayaron desde la ONG.
En el escrito se le solicita al mandatario que “suspenda la extracción y procesamiento de arenas silíceas que se encuentran realizando más de dieciocho (18) empresas en nuestro suelo, sin certificado de aptitud ambiental y sin la debida certificación minera” y que “ordene a sus funcionarios el debido control y evaluación de los impactos que individual y acumulativamente genera en el ambiente y en la salud de la población el desarrollo de esta actividad”.
Asimismo, en el comunicado destacan la importancia de los cumplimientos en las instancias de participación ciudadana en los procesos de evaluación de impacto ambiental, la necesidad de intervención de otros organismos competentes, dada la ubicación de las empresas, y la concreción de los acuerdos establecidos en el PIECAS (Plan Integral Estratégico Para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible en el Delta Del Paraná).
“Recuerde que la necesidad de repensar un modelo de desarrollo productivo provincial basado en prácticas respetuosas de los ciclos naturales y de la esencia cultural de las comunidades que habitan nuestros suelos es imperiosa. A la vez, debe Usted tener presente que, al gobernar para todos y todas las/los entrerrianos/as debe velar por el bien común, sin olvidar que fue el pueblo entrerriano quien le dijo NO AL FRACKING y que por ley provincial se encuentra prohibida en nuestro territorio esta actividad tan contaminante y destructiva de la naturaleza”, manifiestan el pedido de la Fundación.
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Fecha de Publicación: 25/02/2020
Fuente: Diario La Calle
Provincia/Región: Entre Ríos
La Fundación CAUCE, Cultura Ambiental – Causa Ecologista presentó este jueves una nota dirigida al gobernador Gustavo Bordet: “para exigir el cumplimiento de las normas ambientales provinciales y nacionales vigentes en lo que concierne a la actividad extractiva de arenas silíceas que se desarrolla en nuestra provincia”, informaron en un comunicado. La nota cuenta “con la adhesión de personas, grupos y asambleas que defienden derechos colectivos ambientales y sociales”, explayaron desde la ONG.
En el escrito se le solicita al mandatario que “suspenda la extracción y procesamiento de arenas silíceas que se encuentran realizando más de dieciocho (18) empresas en nuestro suelo, sin certificado de aptitud ambiental y sin la debida certificación minera” y que “ordene a sus funcionarios el debido control y evaluación de los impactos que individual y acumulativamente genera en el ambiente y en la salud de la población el desarrollo de esta actividad”.
Asimismo, en el comunicado destacan la importancia de los cumplimientos en las instancias de participación ciudadana en los procesos de evaluación de impacto ambiental, la necesidad de intervención de otros organismos competentes, dada la ubicación de las empresas, y la concreción de los acuerdos establecidos en el PIECAS (Plan Integral Estratégico Para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible en el Delta Del Paraná).
“Recuerde que la necesidad de repensar un modelo de desarrollo productivo provincial basado en prácticas respetuosas de los ciclos naturales y de la esencia cultural de las comunidades que habitan nuestros suelos es imperiosa. A la vez, debe Usted tener presente que, al gobernar para todos y todas las/los entrerrianos/as debe velar por el bien común, sin olvidar que fue el pueblo entrerriano quien le dijo NO AL FRACKING y que por ley provincial se encuentra prohibida en nuestro territorio esta actividad tan contaminante y destructiva de la naturaleza”, manifiestan el pedido de la Fundación.
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Kicillof, el tema agroquímicos requiere políticas públicas
El gobierno bonaerense promoverá políticas públicas en materia de aplicación de agroquímicos
Fecha de Publicación: 25/02/2020
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Así lo aseguró el titular de la cartera agropecuaria provincial, Javier Rodríguez. Por otro lado, el funcionario se refirió al reclamo de las entidades del campo de bajar la presión impositiva
Para el gobierno bonaerense de Axel Kicillof, el tema de aplicación de agroquímicos deberá ser “abordado mediante políticas públicas” para dar respuestas a las necesidades del sector agrícola local. Y para cumplir dicho objetivo, se promoverá la creación de un Observatorio Científico-Técnico.
Según Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, la administración anterior de Cambiemos “abandonó esta agenda”, y estimó que este tipo de cuestiones tiene que “ser abordado por la política pública”.
Atento a que sigue sin aplicarse y en suspenso la Resolución 246, promovida en el 2018, que establecía áreas de amortiguamiento en las aplicaciones, la gestión de Rodríguez propone evaluar la situación a través de la creación de un Observatorio Técnico sobre Agroquímicos, el cual estará integrado en principio por representantes de organismos y entidades de carácter científico-técnico de orden público.
En ese espacio, conformado por especialistas, se buscará profundizar el intercambio de información técnica y la evaluación de trabajos en materia de aplicaciones, y también sobre sus resultados y efectos.
Además, el funcionario provincial comentó que actualmente en el principal distrito del país conviven “setenta municipios que tienen normativas diferentes y otros tantos que no tienen legislaciones específicas y se rigen por la Ley 10.699, reglamentada en 1991”.
Al respecto, el titular de la cartera agraria consideró que el objetivo del gobierno provincial será “generar recomendaciones hacia los municipios, contar con un lineamiento general que permita ir readecuando las distintas normativas, y si hay suficiente acuerdo en materia política, esas recomendaciones podrían transformarse en normas o leyes".
Protestas y movilizaciones
Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires también se planteó que en las protestas realizadas por productores agropecuarios, donde se pide una baja de la presión impositiva, “hay una fuerte politización, con movilizaciones y asambleas donde suele haber referentes políticos directos de la oposición”, comentó Javier Rodríguez, quien explicó además que su cartera mantiene el “diálogo abierto” con todas las entidades y señaló: “Cuando hablamos con los productores, las cosas que escuchamos son distintas”.
Cuando hablamos con los productores, en cualquier lugar, las cosas que escuchamos son distintas de lo que se puede reclamar desde sectores de productores autoconvocados. Además, con las organizaciones vinculadas a la agricultura familiar hay un franco apoyo y muchas expectativas frente a la posibilidad de que se puedan implementar medidas a favor del sector
“Hay algunos sectores, de índole autoconvocados o autorreferenciados, que están más dispuestos a una protesta. Nosotros vemos que ahí hay una fuerte politización y que atrás de eso suele haber referentes políticos directos de la oposición que, en todo caso, están tratando de tener en alguna parte minúscula del sector algún tipo de apoyatura política”, manifestó el ministro Rodríguez, en declaraciones a Télam.
El referente agropecuario de la gestión de Axel Kicillof, tras ser consultado por las protestas que se suceden en reclamo por el aumento de la presión impositiva, explicó que el gobierno bonaerense mantiene “el diálogo con todas las organizaciones y entidades”, y con agendas de trabajo sobre las que se está trabajando.
Por ello, más allá de las movilizaciones y protestas, Rodríguez consideró: “Cuando hablamos con los productores, en cualquier lugar, las cosas que escuchamos son distintas de lo que se puede reclamar desde sectores de productores autoconvocados. Además, con las organizaciones vinculadas a la agricultura familiar hay un franco apoyo y muchas expectativas frente a la posibilidad de que se puedan implementar medidas a favor del sector”.
Por último, Rodríguez sostuvo: “Venimos teniendo con Federación Agraria y Coninagro un muy buen diálogo y construyendo una agenda en conjunto. También sucede lo mismo con los integrantes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), con los cuales se está haciendo un repaso de una agenda amplia de trabajo para los próximos cuatro años. Sabemos que en algunos casos tienen posiciones diferentes, pero en la agenda de trabajo que hemos construido hay muchas coincidencias".
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Fecha de Publicación: 25/02/2020
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Así lo aseguró el titular de la cartera agropecuaria provincial, Javier Rodríguez. Por otro lado, el funcionario se refirió al reclamo de las entidades del campo de bajar la presión impositiva
Para el gobierno bonaerense de Axel Kicillof, el tema de aplicación de agroquímicos deberá ser “abordado mediante políticas públicas” para dar respuestas a las necesidades del sector agrícola local. Y para cumplir dicho objetivo, se promoverá la creación de un Observatorio Científico-Técnico.
Según Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, la administración anterior de Cambiemos “abandonó esta agenda”, y estimó que este tipo de cuestiones tiene que “ser abordado por la política pública”.
Atento a que sigue sin aplicarse y en suspenso la Resolución 246, promovida en el 2018, que establecía áreas de amortiguamiento en las aplicaciones, la gestión de Rodríguez propone evaluar la situación a través de la creación de un Observatorio Técnico sobre Agroquímicos, el cual estará integrado en principio por representantes de organismos y entidades de carácter científico-técnico de orden público.
En ese espacio, conformado por especialistas, se buscará profundizar el intercambio de información técnica y la evaluación de trabajos en materia de aplicaciones, y también sobre sus resultados y efectos.
Además, el funcionario provincial comentó que actualmente en el principal distrito del país conviven “setenta municipios que tienen normativas diferentes y otros tantos que no tienen legislaciones específicas y se rigen por la Ley 10.699, reglamentada en 1991”.
Al respecto, el titular de la cartera agraria consideró que el objetivo del gobierno provincial será “generar recomendaciones hacia los municipios, contar con un lineamiento general que permita ir readecuando las distintas normativas, y si hay suficiente acuerdo en materia política, esas recomendaciones podrían transformarse en normas o leyes".
Protestas y movilizaciones
Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires también se planteó que en las protestas realizadas por productores agropecuarios, donde se pide una baja de la presión impositiva, “hay una fuerte politización, con movilizaciones y asambleas donde suele haber referentes políticos directos de la oposición”, comentó Javier Rodríguez, quien explicó además que su cartera mantiene el “diálogo abierto” con todas las entidades y señaló: “Cuando hablamos con los productores, las cosas que escuchamos son distintas”.
Cuando hablamos con los productores, en cualquier lugar, las cosas que escuchamos son distintas de lo que se puede reclamar desde sectores de productores autoconvocados. Además, con las organizaciones vinculadas a la agricultura familiar hay un franco apoyo y muchas expectativas frente a la posibilidad de que se puedan implementar medidas a favor del sector
“Hay algunos sectores, de índole autoconvocados o autorreferenciados, que están más dispuestos a una protesta. Nosotros vemos que ahí hay una fuerte politización y que atrás de eso suele haber referentes políticos directos de la oposición que, en todo caso, están tratando de tener en alguna parte minúscula del sector algún tipo de apoyatura política”, manifestó el ministro Rodríguez, en declaraciones a Télam.
El referente agropecuario de la gestión de Axel Kicillof, tras ser consultado por las protestas que se suceden en reclamo por el aumento de la presión impositiva, explicó que el gobierno bonaerense mantiene “el diálogo con todas las organizaciones y entidades”, y con agendas de trabajo sobre las que se está trabajando.
Por ello, más allá de las movilizaciones y protestas, Rodríguez consideró: “Cuando hablamos con los productores, en cualquier lugar, las cosas que escuchamos son distintas de lo que se puede reclamar desde sectores de productores autoconvocados. Además, con las organizaciones vinculadas a la agricultura familiar hay un franco apoyo y muchas expectativas frente a la posibilidad de que se puedan implementar medidas a favor del sector”.
Por último, Rodríguez sostuvo: “Venimos teniendo con Federación Agraria y Coninagro un muy buen diálogo y construyendo una agenda en conjunto. También sucede lo mismo con los integrantes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), con los cuales se está haciendo un repaso de una agenda amplia de trabajo para los próximos cuatro años. Sabemos que en algunos casos tienen posiciones diferentes, pero en la agenda de trabajo que hemos construido hay muchas coincidencias".
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Primera reunión del Gabinete Nacional de Cambio Climático
Los compromisos tras la primera reunión del Gabinete Nacional de Cambio Climático
Fecha de Publicación: 24/02/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Gabinete Nacional de Cambio Climático se reunió por primera vez desde la aprobación de la ley de presupuestos mínimos del Cambio Climático que transformó la crisis ambiental y ecológica en una cuestión de Estado. Si bien la ley que se oficializó en diciembre aún no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, convocaron a todos los ministros a participar del encuentro en Casa de Gobierno.
Este año comenzó el plazo de cumplimiento del Acuerdo de París y la Argentina debe actualizar las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional para presentar en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se realizará en Glasgow durante noviembre próximo.
Si bien el nivel de emisiones de la Argentina es sólo del 0,7% a nivel global, el país está entre los 30 más contaminantes del mundo y tercero, después de Brasil y México en América Latina. De ahí que para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y limitar el calentamiento de 1,5 a 2°C por encima de los niveles preindustriales, el Gobierno deberá consolidar un plan ambicioso. Hoy las cuentas dan 3,2°C en 2100 respecto de la época preindustrial.
En diálogo con LA NACION, el ministro Juan Cabandié reiteró la necesidad de un plan estratégico a largo plazo para cumplir con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para el 2050 y enumeró algunas de las temáticas abordadas en la reunión por los distintos ministerios.
"Trabajamos para ver cómo cada área puede colaborar en la lucha contra el cambio climático. Transporte y su vínculo con la movilidad sustentable y energías limpias, Justicia con un andamiaje jurídico para los delitos vinculados al incumplimiento de las leyes relacionadas al medio ambiente y Cancillería con la presentación frente al mundo", manifestó Cabandié.
A su vez, anticipó que en los próximos días presentarán con Nicolás Trotta, ministro de Educación, y el presidente Alberto Fernández, un proyecto de ley de educación ambiental que deberá ser consensuado en ámbitos de amplia participación, como el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y el Consejo Federal de Educación antes de su presentación en el Congreso.
Ante la consulta sobre el sector energético que depende del Ministerio de Producción pero es la mayor (52%) fuente de emisiones del país y aún no se nombró a nadie en el cargo de Director Nacional de Generación Hidroeléctrica y Energías Renovables, Cabandié dijo: "Es muy específico del área de Kulfas. Nosotros abordamos temas en conjunto como la minería dado lo que ocurrió en Mendoza, pero no todas. Quedan cosas pendientes. Hay que encarar un marco de transición ecológica y justa, resguardar las fuentes de ingreso y conservar el ambiente. Es necesario cruzar las dos agendas".
Tras las palabras de apertura de Cafiero que evidenciaron el deseo de priorizar la agenda ambiental, los ministros intercambiaron posturas e iniciativas para la conformación de un Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático transversal entre todas las áreas.
Dieron el presente los ministros: Matías Kulfas (Producción), Claudio Moroni (Trabajo), Mario Meoni (Transporte), Marcela Losardo (Justicia), Tristán Bauer (Cultura), Felipe Solá (Cancillería), Ginés González García (Salud).
Los ausentes enviaron representantes en su lugar. Desde Ciencia y Tecnología, participó Carolina Vera, jefa de gabinete del ministerio, investigadora del CONICET y co-autora de informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) coordinado por la Organización de Naciones Unidas.
"Esta fue la primera mesa de ministros desde que se institucionalizó en el Gobierno argentino la lucha contra el cambio climático. Hubo una voluntad política de todos los presentes para empezar a actuar desde el inicio de la transición en una nueva forma de desarrollo del país, socialmente inclusivo y ambientalmente sustentable que brinde una respuesta al cambio climático, pero que también contribuya a mejoras sociales de nuestro país", sostuvo Vera.
Próximos pasos
Aún no se definió la fecha del próximo encuentro. Pero la tarea continuará con el desarrollo de distintas actividades mediante una instancia técnica, representada por los puntos focales ministeriales y designados por cada actor gubernamental.
Todavía se debe aprobar el presupuesto de este año y el decreto reglamentario de la ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Cambio Climático que delimitará la aplicación de la legislación que contempla además del Gabinete Nacional de Cambio Climático, la participación de un Consejo Asesor Externo de carácter consultivo y permanente. Será integrado por científicos, representantes de organizaciones ambientales, sindicatos, comunidades indígenas, universidades, centros de investigación públicos y privados y representantes de partidos políticos con representación parlamentaria.
A su vez, todavía permanece como deuda la creación del Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático como instrumento para el diagnóstico y desarrollo de planes de respuesta para garantizar la transparencia y el monitoreo de medidas de mitigación.
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Fecha de Publicación: 24/02/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Gabinete Nacional de Cambio Climático se reunió por primera vez desde la aprobación de la ley de presupuestos mínimos del Cambio Climático que transformó la crisis ambiental y ecológica en una cuestión de Estado. Si bien la ley que se oficializó en diciembre aún no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, convocaron a todos los ministros a participar del encuentro en Casa de Gobierno.
Este año comenzó el plazo de cumplimiento del Acuerdo de París y la Argentina debe actualizar las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional para presentar en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se realizará en Glasgow durante noviembre próximo.
Si bien el nivel de emisiones de la Argentina es sólo del 0,7% a nivel global, el país está entre los 30 más contaminantes del mundo y tercero, después de Brasil y México en América Latina. De ahí que para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y limitar el calentamiento de 1,5 a 2°C por encima de los niveles preindustriales, el Gobierno deberá consolidar un plan ambicioso. Hoy las cuentas dan 3,2°C en 2100 respecto de la época preindustrial.
En diálogo con LA NACION, el ministro Juan Cabandié reiteró la necesidad de un plan estratégico a largo plazo para cumplir con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para el 2050 y enumeró algunas de las temáticas abordadas en la reunión por los distintos ministerios.
"Trabajamos para ver cómo cada área puede colaborar en la lucha contra el cambio climático. Transporte y su vínculo con la movilidad sustentable y energías limpias, Justicia con un andamiaje jurídico para los delitos vinculados al incumplimiento de las leyes relacionadas al medio ambiente y Cancillería con la presentación frente al mundo", manifestó Cabandié.
A su vez, anticipó que en los próximos días presentarán con Nicolás Trotta, ministro de Educación, y el presidente Alberto Fernández, un proyecto de ley de educación ambiental que deberá ser consensuado en ámbitos de amplia participación, como el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y el Consejo Federal de Educación antes de su presentación en el Congreso.
Ante la consulta sobre el sector energético que depende del Ministerio de Producción pero es la mayor (52%) fuente de emisiones del país y aún no se nombró a nadie en el cargo de Director Nacional de Generación Hidroeléctrica y Energías Renovables, Cabandié dijo: "Es muy específico del área de Kulfas. Nosotros abordamos temas en conjunto como la minería dado lo que ocurrió en Mendoza, pero no todas. Quedan cosas pendientes. Hay que encarar un marco de transición ecológica y justa, resguardar las fuentes de ingreso y conservar el ambiente. Es necesario cruzar las dos agendas".
Tras las palabras de apertura de Cafiero que evidenciaron el deseo de priorizar la agenda ambiental, los ministros intercambiaron posturas e iniciativas para la conformación de un Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático transversal entre todas las áreas.
Dieron el presente los ministros: Matías Kulfas (Producción), Claudio Moroni (Trabajo), Mario Meoni (Transporte), Marcela Losardo (Justicia), Tristán Bauer (Cultura), Felipe Solá (Cancillería), Ginés González García (Salud).
Los ausentes enviaron representantes en su lugar. Desde Ciencia y Tecnología, participó Carolina Vera, jefa de gabinete del ministerio, investigadora del CONICET y co-autora de informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) coordinado por la Organización de Naciones Unidas.
"Esta fue la primera mesa de ministros desde que se institucionalizó en el Gobierno argentino la lucha contra el cambio climático. Hubo una voluntad política de todos los presentes para empezar a actuar desde el inicio de la transición en una nueva forma de desarrollo del país, socialmente inclusivo y ambientalmente sustentable que brinde una respuesta al cambio climático, pero que también contribuya a mejoras sociales de nuestro país", sostuvo Vera.
Próximos pasos
Aún no se definió la fecha del próximo encuentro. Pero la tarea continuará con el desarrollo de distintas actividades mediante una instancia técnica, representada por los puntos focales ministeriales y designados por cada actor gubernamental.
Todavía se debe aprobar el presupuesto de este año y el decreto reglamentario de la ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Cambio Climático que delimitará la aplicación de la legislación que contempla además del Gabinete Nacional de Cambio Climático, la participación de un Consejo Asesor Externo de carácter consultivo y permanente. Será integrado por científicos, representantes de organizaciones ambientales, sindicatos, comunidades indígenas, universidades, centros de investigación públicos y privados y representantes de partidos políticos con representación parlamentaria.
A su vez, todavía permanece como deuda la creación del Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático como instrumento para el diagnóstico y desarrollo de planes de respuesta para garantizar la transparencia y el monitoreo de medidas de mitigación.
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La Pampa: ruralistas contra normativa de pesticidas
Plaguicidas: los ruralistas también cuestionaron la distancia y propusieron fumigar a 100 metros
Fecha de Publicación: 24/02/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El debate por la Ley de Plaguicidas continúa en el Parlamento pampeano donde este jueves a la mañana se vieron las caras los diputados de la comisión respectiva con ruralistas, contratistas y vendedores de máquinas. Los ruralistas, al igual que los agrónomos este miércoles, no estuvieron de acuerdo con la distancia de aplicación indicada en la norma y propusieron como alternativa fumigar a 100 metros de las localidades.
Debate
El proyecto de la Ley de Plaguicidas propone una distancia de fumigación de 3 mil metros por aire y por tierra a 500 metros de los espacios urbanos.
Este miércoles, en la comisión que evalúa el proyecto (Legislación General, Asuntos Agrarios, Ecología y Legislación Social) se encontraron los legisladores con los ingenieros agrónomos que, entre otras negativas, no estuvieron de acuerdo con la distancia de aplicación.
Durante este jueves, por su parte, el debate también giró, entre otros temas, a la distancia.
«La Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa planteó que sea a 100 metros por tierra del ejido urbano y 1.000 metros a través de aviones», confirmó un comunicado de prensa de la Legislatura.
«No de prohibición»
En comunicación con la prensa, previa al debate en el plenario, y siempre según el parte oficial de la Cámara de Diputados, el presidente de la Asociación Agrícola Ganadera, Víctor Tapié, dijo: “Nosotros no queremos que sea una ley que prohíba cosas o de restricción, sí de control, pero no de prohibición, porque si tenemos que volver a los modelos de hace veinte años atrás automáticamente la producción agropecuaria se va a caer un cincuenta o un sesenta por ciento”.
También, expresó: “En los pueblos del interior la mayor cantidad de hectáreas que hay alrededor de los pueblos son pequeñas chacras con lo cual los pequeños productores de la provincia serían los más afectados por esta medida”.
«Error conceptual»
Ya en el plenario, en líneas generales, los referentes ruralistas comenzaron su exposición remarcando su “interés para que salga el mejor proyecto” porque “medio ambiente, salud y producción pueden ir de la mano”.
Andrés González, de la Asociación Rural de Pico, sin embargo, recalcó que “vemos al proyecto apresurado. A criterio nuestro hay errores de definición que hace complejo entender la norma. Este proyecto de ley no es superador a la Ley 1173”.
Además, señaló que el “proyecto cambia el nombre de agroquímicos a plaguicidas, y los fertilizantes e inoculantes no son plaguicidas. Ahí hay un error conceptual. Además, las buenas prácticas no están consideradas en el proyecto”.
Con respecto al debate de las distancias de fumigación, indicó que “no hay un fundamento técnico de resguardo humano que establezca estas distancias”. A su vez, remarcó que ven “en la norma un desconocimiento de la realidad productiva”.
Preguntas
En la ronda de preguntas, se les consultó a las entidades rurales si es 100% probable que no vaya a haber una deriva secundaria o terciaria, y el ingeniero agrónomo Juan Manuel Pepa respondió: “El proyecto actual atenta contra las buenas prácticas. El prohibir limita las rotaciones, lo cual genera el uso de los mismos productos y en consecuencia una resistencia a esos mismos. ¿Es lógico usar diferentes distancias comparados con países desarrollados? Con un viento de 40 kilómetros tuvimos una deriva de cero metros en terrestre y 40 metros en aérea”.
Además, manifestó que “la fiscalización genera tranquilidad en los productores y en los ciudadanos. Una fiscalización firme es necesaria. ¿Hay capacidad para fiscalizar en 3000 metros?”, preguntó el agrónomo a los legisladores.
«O agroquímicos es imposible»
Por su parte, se consultó sobre los cultivos de cobertura. “Los cultivos de cobertura se usan en toda la provincia desde hace años. El maíz tardío y los cultivos de cobertura fueron creados en La Pampa. Somos pioneros en ello”, manifestó Pepa.
Más adelante, dijo que “el problema es que no hay fiscalizadores suficientes. Los fiscalizadores privados pasan por incomodidades al firmar una aplicación. Se genera más tranquilidad al tener un fiscalizador municipal”.
Por otro lado, indicó que “el consumo de glifosato en los últimos 5 o 6 años ha sido reducido gracias al uso de las buenas prácticas: rotación de cultivo, cultivo de cobertura, entre otras”. Sin embargo, recalcó que “hoy por hoy no se puede no usar agroquímicos, pero vamos en un reducimiento progresivo”.
Y amplió: “En lo personal puedo decir que he bajado muchísimo en glifosato. He bajado muchísimo gracias al cultivo de cobertura. Hablar de 0 agroquímicos hoy es imposible”.
En este sentido, dio un ejemplo. “Un médico le va a decir que coma sano y se cuide, lo que nunca le va a decir un médico es que no se vacunen. Lo nuestro va en el mismo sentido. Hoy por hoy pensar en cero agroquímicos es imposible”.
«Fundamentalismo»
Por su parte, Tomás Álvarez, de la Sociedad Agrícola Ganadera, señaló que “no hay elementos científicos que puedan decir cuál es la distancia de fumigaciones. Entre todos tenemos que exigir que se empiecen a hacer trabajos. Ahí está faltando la parte científica para que salga la mejor distancia”.
Por último, Adolfo Sánchez, de la Federación Agraria, manifestó: “Hay que informar a la población urbana, porque a veces veo demasiado fundamentalismo, y hay que saber analizar la realidad productiva. En la prensa se nota que la gente cree que el glifosato es un veneno, pero mientras tanto en sus casos siguen usando productos. Y hay bastante ignorancia. Hay que organizar charlas a la gente del pueblo”.
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Fecha de Publicación: 24/02/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El debate por la Ley de Plaguicidas continúa en el Parlamento pampeano donde este jueves a la mañana se vieron las caras los diputados de la comisión respectiva con ruralistas, contratistas y vendedores de máquinas. Los ruralistas, al igual que los agrónomos este miércoles, no estuvieron de acuerdo con la distancia de aplicación indicada en la norma y propusieron como alternativa fumigar a 100 metros de las localidades.
Debate
El proyecto de la Ley de Plaguicidas propone una distancia de fumigación de 3 mil metros por aire y por tierra a 500 metros de los espacios urbanos.
Este miércoles, en la comisión que evalúa el proyecto (Legislación General, Asuntos Agrarios, Ecología y Legislación Social) se encontraron los legisladores con los ingenieros agrónomos que, entre otras negativas, no estuvieron de acuerdo con la distancia de aplicación.
Durante este jueves, por su parte, el debate también giró, entre otros temas, a la distancia.
«La Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa planteó que sea a 100 metros por tierra del ejido urbano y 1.000 metros a través de aviones», confirmó un comunicado de prensa de la Legislatura.
«No de prohibición»
En comunicación con la prensa, previa al debate en el plenario, y siempre según el parte oficial de la Cámara de Diputados, el presidente de la Asociación Agrícola Ganadera, Víctor Tapié, dijo: “Nosotros no queremos que sea una ley que prohíba cosas o de restricción, sí de control, pero no de prohibición, porque si tenemos que volver a los modelos de hace veinte años atrás automáticamente la producción agropecuaria se va a caer un cincuenta o un sesenta por ciento”.
También, expresó: “En los pueblos del interior la mayor cantidad de hectáreas que hay alrededor de los pueblos son pequeñas chacras con lo cual los pequeños productores de la provincia serían los más afectados por esta medida”.
«Error conceptual»
Ya en el plenario, en líneas generales, los referentes ruralistas comenzaron su exposición remarcando su “interés para que salga el mejor proyecto” porque “medio ambiente, salud y producción pueden ir de la mano”.
Andrés González, de la Asociación Rural de Pico, sin embargo, recalcó que “vemos al proyecto apresurado. A criterio nuestro hay errores de definición que hace complejo entender la norma. Este proyecto de ley no es superador a la Ley 1173”.
Además, señaló que el “proyecto cambia el nombre de agroquímicos a plaguicidas, y los fertilizantes e inoculantes no son plaguicidas. Ahí hay un error conceptual. Además, las buenas prácticas no están consideradas en el proyecto”.
Con respecto al debate de las distancias de fumigación, indicó que “no hay un fundamento técnico de resguardo humano que establezca estas distancias”. A su vez, remarcó que ven “en la norma un desconocimiento de la realidad productiva”.
Preguntas
En la ronda de preguntas, se les consultó a las entidades rurales si es 100% probable que no vaya a haber una deriva secundaria o terciaria, y el ingeniero agrónomo Juan Manuel Pepa respondió: “El proyecto actual atenta contra las buenas prácticas. El prohibir limita las rotaciones, lo cual genera el uso de los mismos productos y en consecuencia una resistencia a esos mismos. ¿Es lógico usar diferentes distancias comparados con países desarrollados? Con un viento de 40 kilómetros tuvimos una deriva de cero metros en terrestre y 40 metros en aérea”.
Además, manifestó que “la fiscalización genera tranquilidad en los productores y en los ciudadanos. Una fiscalización firme es necesaria. ¿Hay capacidad para fiscalizar en 3000 metros?”, preguntó el agrónomo a los legisladores.
«O agroquímicos es imposible»
Por su parte, se consultó sobre los cultivos de cobertura. “Los cultivos de cobertura se usan en toda la provincia desde hace años. El maíz tardío y los cultivos de cobertura fueron creados en La Pampa. Somos pioneros en ello”, manifestó Pepa.
Más adelante, dijo que “el problema es que no hay fiscalizadores suficientes. Los fiscalizadores privados pasan por incomodidades al firmar una aplicación. Se genera más tranquilidad al tener un fiscalizador municipal”.
Por otro lado, indicó que “el consumo de glifosato en los últimos 5 o 6 años ha sido reducido gracias al uso de las buenas prácticas: rotación de cultivo, cultivo de cobertura, entre otras”. Sin embargo, recalcó que “hoy por hoy no se puede no usar agroquímicos, pero vamos en un reducimiento progresivo”.
Y amplió: “En lo personal puedo decir que he bajado muchísimo en glifosato. He bajado muchísimo gracias al cultivo de cobertura. Hablar de 0 agroquímicos hoy es imposible”.
En este sentido, dio un ejemplo. “Un médico le va a decir que coma sano y se cuide, lo que nunca le va a decir un médico es que no se vacunen. Lo nuestro va en el mismo sentido. Hoy por hoy pensar en cero agroquímicos es imposible”.
«Fundamentalismo»
Por su parte, Tomás Álvarez, de la Sociedad Agrícola Ganadera, señaló que “no hay elementos científicos que puedan decir cuál es la distancia de fumigaciones. Entre todos tenemos que exigir que se empiecen a hacer trabajos. Ahí está faltando la parte científica para que salga la mejor distancia”.
Por último, Adolfo Sánchez, de la Federación Agraria, manifestó: “Hay que informar a la población urbana, porque a veces veo demasiado fundamentalismo, y hay que saber analizar la realidad productiva. En la prensa se nota que la gente cree que el glifosato es un veneno, pero mientras tanto en sus casos siguen usando productos. Y hay bastante ignorancia. Hay que organizar charlas a la gente del pueblo”.
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Chaco: la zonas inundadas son las más deforestadas
Cambio climático: denuncian que las zonas inundadas en Chaco son las que sufrieron el mayor desmonte
Fecha de Publicación: 24/02/2020
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Chaco
Lo reveló Greenpeace luego de hacer un sobrevuelo por la zona. Reclaman la emergencia forestal.
Hace unos días se supo que varias localidades del sudoeste de Chaco? estaban siendo afectadas por lluvias torrenciales de hasta 300 milímetros, que provocaron inundaciones y evacuaciones en áreas urbanas y rurales. A raíz de la reiteración de estos episodios, la organización ambientalista Greenpeace recorrió por aire y tierra las áreas afectadas y denunció que coinciden con el mapa de deforestación? que tienen relevado, por lo que reclamó al gobierno chaqueño que declare la "emergencia forestal" y no autorice nuevos desmontes.
Clarín intentó ponerse en contacto con autoridades del Gobierno de Chaco, a fin de consultarles su opinión sobre estas críticas, pero al cierre de esta nota no había sido posible establecer un diálogo.
Por lo pronto, la organización ecologista asegura que la causa de los anegamientos está en el paulatino pero agresivo proceso de deforestación generado durante los últimos 40 años, circunstancia que acelera los tiempos “naturales” del cambio climático, lo que a su vez incrementa los efectos negativos del calentamiento global.
Entre las zonas más afectadas por las inundaciones chaqueñas están las localidades de Gancedo, General Pinedo, Charata y Las Breñas. Sólo en Gancedo, por dar un ejemplo, a 300 kilómetros de la capital provincial, el temporal de la semana pasada afectó casi el 90% de la planta urbana y 80 familias de las zonas más bajas debieron ser evacuadas, informó entonces el gobierno de la provincia.
Pero Greenpeace advierte que la situación fue peor, producto de los casi 400 milímetros acumulados en dos días, que dejaron unos 200 evacuados y de 35.000 damnificados.
Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace, explicó cómo fue la llegada de su equipo a la zona: “Llegamos bajo la lluvia y en el trayecto pudimos ver desde el aire enormes extensiones de tierras anegadas, con cultivos que no pudieron absorber el agua que el bosque sano sí hubiera logrado escurrir. La deforestación acelera el cambio climático y nos vuelve más vulnerables al aumento e intensidad de las precipitaciones, lo que provoca cada vez más inundaciones”.
Cruz agregó que ese escenario se vio muy seguido en Chaco, en los últimos años. “El suelo ya no aguanta más agua, está completamente saturado, impermeabilizado por los monocultivos”, señaló.
El tema no es menor: un estudio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) reveló que una hectárea con bosque chaqueño en buen estado de conservación es capaz de absorber, en una hora, hasta 300 milímetros de lluvia. Una hectárea con pasturas, sólo 100 milímetros. Y una con soja, 30 milímetros.
Así y todo, en un sobrevuelo sobre la región chaqueña de “El Impenetrable”, Greenpeace detectó siete topadoras desmontado seis fincas.
La imagen no sorprende, si se observan los datos históricos de la provincia: Chaco es la provincia que más sufrió la deforestación de los últimos cuatro años, período en el que tuvo una pérdida de 130.177 hectáreas. En total, ya fueron desmontadas 2 millones de hectáreas de bosques nativos.
Para Cruz, las inundaciones son consecuencia de “una deforestación descontrolada”, por lo que “el Gobierno de Chaco debe declarar la emergencia forestal y frenar los desmontes”.
Elige tu propia aventura
En junio de 2019, Clarín había publicado los datos del informe “Escenarios futuros de deforestación según alternativas de expansión agropecuaria en la Ecorregión Chaqueña”, del INTA y Fundación Vida Silvestre. El estudio se enfocaba en el Gran Chaco Americano, una ecorregión forestal (“de diversidad ambiental y social excepcional”, decía el informe), de 1.100.000 kilómetros cuadrados, o sea, casi el 40% del país.
Ahí se prefiguraban cuatro “imágenes del futuro”, según qué acciones se pusieran en marcha. El caso dramático era el primero, el “escenario tendencial”, que estipulaba que el 72% de las 3,39 millones de hectáreas que podrían desaparecer para 2028 correspondían a la categoría “tierras forestales”, zonas con árboles de hasta siete metros.
El segundo modelo, llamado “aplicación legal” (o sea, con aplicación de la Ley de Bosques), permitiría conservar 1,81 millones de las hectáreas que en el primer caso se perderían.
El tercer y cuarto escenario (“no deforestación” y “no deforestación-no conversión”) eran los más radicales o conservacionistas, según el informe. La deforestación en esos casos sería “significativamente menor que en los escenarios anteriores”, decía el texto. Nada menos que diez veces menor que en el “escenario tendencial”.
Mientras se sabe que la conservación de bosques es esencial en la mitigación del cambio climático, en la Argentina, los sectores de la agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra generan el 39% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
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Fecha de Publicación: 24/02/2020
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Chaco
Lo reveló Greenpeace luego de hacer un sobrevuelo por la zona. Reclaman la emergencia forestal.
Hace unos días se supo que varias localidades del sudoeste de Chaco? estaban siendo afectadas por lluvias torrenciales de hasta 300 milímetros, que provocaron inundaciones y evacuaciones en áreas urbanas y rurales. A raíz de la reiteración de estos episodios, la organización ambientalista Greenpeace recorrió por aire y tierra las áreas afectadas y denunció que coinciden con el mapa de deforestación? que tienen relevado, por lo que reclamó al gobierno chaqueño que declare la "emergencia forestal" y no autorice nuevos desmontes.
Clarín intentó ponerse en contacto con autoridades del Gobierno de Chaco, a fin de consultarles su opinión sobre estas críticas, pero al cierre de esta nota no había sido posible establecer un diálogo.
Por lo pronto, la organización ecologista asegura que la causa de los anegamientos está en el paulatino pero agresivo proceso de deforestación generado durante los últimos 40 años, circunstancia que acelera los tiempos “naturales” del cambio climático, lo que a su vez incrementa los efectos negativos del calentamiento global.
Entre las zonas más afectadas por las inundaciones chaqueñas están las localidades de Gancedo, General Pinedo, Charata y Las Breñas. Sólo en Gancedo, por dar un ejemplo, a 300 kilómetros de la capital provincial, el temporal de la semana pasada afectó casi el 90% de la planta urbana y 80 familias de las zonas más bajas debieron ser evacuadas, informó entonces el gobierno de la provincia.
Pero Greenpeace advierte que la situación fue peor, producto de los casi 400 milímetros acumulados en dos días, que dejaron unos 200 evacuados y de 35.000 damnificados.
Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace, explicó cómo fue la llegada de su equipo a la zona: “Llegamos bajo la lluvia y en el trayecto pudimos ver desde el aire enormes extensiones de tierras anegadas, con cultivos que no pudieron absorber el agua que el bosque sano sí hubiera logrado escurrir. La deforestación acelera el cambio climático y nos vuelve más vulnerables al aumento e intensidad de las precipitaciones, lo que provoca cada vez más inundaciones”.
Cruz agregó que ese escenario se vio muy seguido en Chaco, en los últimos años. “El suelo ya no aguanta más agua, está completamente saturado, impermeabilizado por los monocultivos”, señaló.
El tema no es menor: un estudio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) reveló que una hectárea con bosque chaqueño en buen estado de conservación es capaz de absorber, en una hora, hasta 300 milímetros de lluvia. Una hectárea con pasturas, sólo 100 milímetros. Y una con soja, 30 milímetros.
Así y todo, en un sobrevuelo sobre la región chaqueña de “El Impenetrable”, Greenpeace detectó siete topadoras desmontado seis fincas.
La imagen no sorprende, si se observan los datos históricos de la provincia: Chaco es la provincia que más sufrió la deforestación de los últimos cuatro años, período en el que tuvo una pérdida de 130.177 hectáreas. En total, ya fueron desmontadas 2 millones de hectáreas de bosques nativos.
Para Cruz, las inundaciones son consecuencia de “una deforestación descontrolada”, por lo que “el Gobierno de Chaco debe declarar la emergencia forestal y frenar los desmontes”.
Elige tu propia aventura
En junio de 2019, Clarín había publicado los datos del informe “Escenarios futuros de deforestación según alternativas de expansión agropecuaria en la Ecorregión Chaqueña”, del INTA y Fundación Vida Silvestre. El estudio se enfocaba en el Gran Chaco Americano, una ecorregión forestal (“de diversidad ambiental y social excepcional”, decía el informe), de 1.100.000 kilómetros cuadrados, o sea, casi el 40% del país.
Ahí se prefiguraban cuatro “imágenes del futuro”, según qué acciones se pusieran en marcha. El caso dramático era el primero, el “escenario tendencial”, que estipulaba que el 72% de las 3,39 millones de hectáreas que podrían desaparecer para 2028 correspondían a la categoría “tierras forestales”, zonas con árboles de hasta siete metros.
El segundo modelo, llamado “aplicación legal” (o sea, con aplicación de la Ley de Bosques), permitiría conservar 1,81 millones de las hectáreas que en el primer caso se perderían.
El tercer y cuarto escenario (“no deforestación” y “no deforestación-no conversión”) eran los más radicales o conservacionistas, según el informe. La deforestación en esos casos sería “significativamente menor que en los escenarios anteriores”, decía el texto. Nada menos que diez veces menor que en el “escenario tendencial”.
Mientras se sabe que la conservación de bosques es esencial en la mitigación del cambio climático, en la Argentina, los sectores de la agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra generan el 39% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
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12 millones de argentinos fumigados
Fumigación con agrotóxicos: 12 millones de argentinos viven expuestos
Fecha de Publicación: 22/02/2020
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Nacional
En los denominados "pueblos fumigados", que son los que más expuestos están al uso de agroquímicos, seis de cada diez niños nacen con malformaciones.
En diálogo con "No tan millennials", de MDZ Radio, el coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, Medardo Avila Vazquez, dijo que "ha cambiado la forma en que las personas que viven en estos pueblos se enferman. Antes no veían la cantidad de asma, niños malformados y personas con cáncer. Dos de cada 100 niños nacen con malformaciones, es la carga natural, pero en los pueblos fumigados es 6 de cada 100, es el triple".
En ese sentido, explicó: "Los pueblos están inmersos en los campos, los equipos de fumigación están allí. Las personas que viven en los pueblos fumigados son alrededor de 12 millones, que están expuestas".
Respecto a las enfermedades que predominan en estos lugares destacó que "en algunos pueblos encontramos que la mitad de las personas que mueren es por cáncer. Un ejemplo claro tiene que ver con que se han multiplicado los centros de oncología, que hace 20 años esto no existía. Los que más se enferman son los que están en contacto con estas sustancias".
Al ser consultado sobre el rol del Estado, Avila Vazquez dijo: "Los gobiernos provinciales y nacionales encubren y tapan los efectos dañiños del agronegocio porque participan del mismo". Acto seguido, destacó: "Estamos proponiendo al Gobierno Nacional una política de reducción de agrotóxicos", similar a lo que se está haciendo en Francia y se está proponiendo en Brasil, desarrollar un programa donde, a medida que los productores se inscriban y vayan mostrando que reducen el uso de agrotóxicos van a tener asesoramientos del INTA y Facultades de Agronomía para poder desarrollar los mismos cultivos con técnicas de agroecología".
"Hay más de 400 pueblos en Argentina que han dictado ordenanzas que prohíben fumigar con agrotóxicos alrededor del pueblo. Tenemos una experiencia de casi 100 mil hectáreas de cultivos de soja, maíz y trigo donde no se usa agrotóxicos donde los resultados han sido muy buenos", agregó el médico pediatra y neonatólogo.
En cuanto a la situación en el mundo destacó: "En todo el mundo hay un fenómeno que aumenta la utilización de agrotóxicos, sustancias químicas que matan insectos pero también afectan la salud de las personas. Hay insectos y plantas que se van haciendo resistentes y la solución ha sido aumentar la dosis, un 30% o 50% más de pesticidas. Eso genera más exposición y más venta para la industria química. En muchas países europeos se está cuestionando la exposición agrotóxica, Francia, Dinamarca, Holanda tienen políticas muy exitosas en poder desarrollar agriculturas que disminuyan la exposición a agrotóxicos".
Por último, destacó: "El uso de agrotóxicos se ha generalizado para todo y también para el vino, nos preocupa mucho que en Cuyo se fumiguen tan intensamente los viñedos porque tenemos estudios de California donde se encuentra que los vinos californianos tienen residuos de glifosato y otros pesticidas que los hace peligrosos para la salud".
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Fecha de Publicación: 22/02/2020
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Nacional
En los denominados "pueblos fumigados", que son los que más expuestos están al uso de agroquímicos, seis de cada diez niños nacen con malformaciones.
En diálogo con "No tan millennials", de MDZ Radio, el coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, Medardo Avila Vazquez, dijo que "ha cambiado la forma en que las personas que viven en estos pueblos se enferman. Antes no veían la cantidad de asma, niños malformados y personas con cáncer. Dos de cada 100 niños nacen con malformaciones, es la carga natural, pero en los pueblos fumigados es 6 de cada 100, es el triple".
En ese sentido, explicó: "Los pueblos están inmersos en los campos, los equipos de fumigación están allí. Las personas que viven en los pueblos fumigados son alrededor de 12 millones, que están expuestas".
Respecto a las enfermedades que predominan en estos lugares destacó que "en algunos pueblos encontramos que la mitad de las personas que mueren es por cáncer. Un ejemplo claro tiene que ver con que se han multiplicado los centros de oncología, que hace 20 años esto no existía. Los que más se enferman son los que están en contacto con estas sustancias".
Al ser consultado sobre el rol del Estado, Avila Vazquez dijo: "Los gobiernos provinciales y nacionales encubren y tapan los efectos dañiños del agronegocio porque participan del mismo". Acto seguido, destacó: "Estamos proponiendo al Gobierno Nacional una política de reducción de agrotóxicos", similar a lo que se está haciendo en Francia y se está proponiendo en Brasil, desarrollar un programa donde, a medida que los productores se inscriban y vayan mostrando que reducen el uso de agrotóxicos van a tener asesoramientos del INTA y Facultades de Agronomía para poder desarrollar los mismos cultivos con técnicas de agroecología".
"Hay más de 400 pueblos en Argentina que han dictado ordenanzas que prohíben fumigar con agrotóxicos alrededor del pueblo. Tenemos una experiencia de casi 100 mil hectáreas de cultivos de soja, maíz y trigo donde no se usa agrotóxicos donde los resultados han sido muy buenos", agregó el médico pediatra y neonatólogo.
En cuanto a la situación en el mundo destacó: "En todo el mundo hay un fenómeno que aumenta la utilización de agrotóxicos, sustancias químicas que matan insectos pero también afectan la salud de las personas. Hay insectos y plantas que se van haciendo resistentes y la solución ha sido aumentar la dosis, un 30% o 50% más de pesticidas. Eso genera más exposición y más venta para la industria química. En muchas países europeos se está cuestionando la exposición agrotóxica, Francia, Dinamarca, Holanda tienen políticas muy exitosas en poder desarrollar agriculturas que disminuyan la exposición a agrotóxicos".
Por último, destacó: "El uso de agrotóxicos se ha generalizado para todo y también para el vino, nos preocupa mucho que en Cuyo se fumiguen tan intensamente los viñedos porque tenemos estudios de California donde se encuentra que los vinos californianos tienen residuos de glifosato y otros pesticidas que los hace peligrosos para la salud".
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Argentina con mala proyección en calidad del aire
El aire que respirarán los chicos argentinos en 2030 estará entre los peores del mundo
Fecha de Publicación: 22/02/2020
Fuente: Comercio y Justicia
Fecha de Publicación: 22/02/2020
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
La Organización Mundial de la Salud (OMS), Unicef y la revista científica The Lancet alertan que el futuro de todos los niños y adolescentes del mundo está “bajo amenaza inmediata”. En un ranking de 180 países, Argentina ocupa el puesto 117 en sustentabilidad, tomando como indicador el exceso de emisiones de dióxido de carbono (CO2) por persona.
“Ningún país tiene buenos resultados en el índice”, concluyó el estudio realizado por una comisión de más de 40 expertos en salud infantil y adolescente de todo el mundo. “Ningún país está protegiendo en forma adecuada la salud de los niños, su medio ambiente y su futuro”, insistió.
Algunas causas de las “amenazas climáticas y comerciales” que señala el estudio son la degradación ecológica, el cambio climático y las prácticas de marketing “explotadoras” que impulsan en los niños al consumo de comida rápida, bebidas azucaradas, alcohol y tabaco.
La comisión armó un índice de 180 países y comparó su desempeño. Con los resultados, hizo un ranking de sustentabilidad, tomando como indicador el exceso de emisiones de dióxido de carbono (CO2) que tiene cada país en relación a los objetivos para 2030. Este exceso “refleja una amenaza para futuros niños”, asegura.
Argentina quedó en el puesto 117 y figura en rojo en el mapa mundial. Nuestras emisiones de CO2 son de 4,62 toneladas métricas por persona y exceden en un 70% al objetivo para el 2030 (que es de 2,7 toneladas métricas por persona).
Argentina quedó levemente por encima de Chile (puesto 120), pero mucho peor posicionados que otros países latinoamericanos como Paraguay (53), Colombia (73), Bolivia (79), Uruguay (82), Perú (83), Brasil (89) y Ecuador (91). Países como Estados Unidos, Australia y Arabia Saudita se encuentran entre los diez peores emisores. Mientras que los más sustentables son los africanos Burundi, Chad y Somalia.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), Unicef y la revista científica The Lancet alertan que el futuro de todos los niños y adolescentes del mundo está “bajo amenaza inmediata”. En un ranking de 180 países, Argentina ocupa el puesto 117 en sustentabilidad, tomando como indicador el exceso de emisiones de dióxido de carbono (CO2) por persona.
“Ningún país tiene buenos resultados en el índice”, concluyó el estudio realizado por una comisión de más de 40 expertos en salud infantil y adolescente de todo el mundo. “Ningún país está protegiendo en forma adecuada la salud de los niños, su medio ambiente y su futuro”, insistió.
Algunas causas de las “amenazas climáticas y comerciales” que señala el estudio son la degradación ecológica, el cambio climático y las prácticas de marketing “explotadoras” que impulsan en los niños al consumo de comida rápida, bebidas azucaradas, alcohol y tabaco.
La comisión armó un índice de 180 países y comparó su desempeño. Con los resultados, hizo un ranking de sustentabilidad, tomando como indicador el exceso de emisiones de dióxido de carbono (CO2) que tiene cada país en relación a los objetivos para 2030. Este exceso “refleja una amenaza para futuros niños”, asegura.
Argentina quedó en el puesto 117 y figura en rojo en el mapa mundial. Nuestras emisiones de CO2 son de 4,62 toneladas métricas por persona y exceden en un 70% al objetivo para el 2030 (que es de 2,7 toneladas métricas por persona).
Argentina quedó levemente por encima de Chile (puesto 120), pero mucho peor posicionados que otros países latinoamericanos como Paraguay (53), Colombia (73), Bolivia (79), Uruguay (82), Perú (83), Brasil (89) y Ecuador (91). Países como Estados Unidos, Australia y Arabia Saudita se encuentran entre los diez peores emisores. Mientras que los más sustentables son los africanos Burundi, Chad y Somalia.
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El agua potable si se usa para fracking en Mendoza
Escándalo en Mendoza por uso de agua para fracking
Fecha de Publicación: 22/02/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza
El Gobierno de Mendoza trata de minimizar denuncias. Desde las áreas de Irrigación y Ambiente niegan uso para fracking. Pero ahora difundieron documentos que revelan autorización a petrolera de Vila-Manzano.
Gran conmoción produjo en Mendoza la difusión de documentos que confirman que el gobierno de Alfredo Cornejo autorizó a la petrolera El Trébol, que manejan Daniel Vila y José Luis Manzano, a usar agua de un afluente del río Malargüe para prácticas de fracking. Éstas afirmaciones se contraponen a declaraciones recientes del jefe de Irrigación, Sergio Marinelli, quien con motivo de la denuncia de ambientalistas que descubrieron canales clandestinos, aseguró que «en Mendoza se usa cero agua para fracking».
La denuncia pública realizada por un ex destacado miembro del gabinete del ex gobernador Cornejo, que fue visualizada horas atrás por medios mendocinos, fue apoyada por imágenes de una resolución y un convenio donde Irrigación autoriza a la toma del agua. Y también de una factura por compra de agua de Irrigación a El Trébol.
Irrigación en la picota
El tema de los canales clandestinos que Federación Agraria y algunos inspectores denunciaron días atrás, puso en jaque al área de Ambiente e Irrigación. Los productores reclamaron por el «robo» de agua, por un lado, y los ambientalistas por el uso de agua para extracción petrolera mediante el fracking.
El primero en reaccionar fue superintendente del Departamento General de Irrigación Sergio Marinelli. El funcionario quiso desestimar la denuncia afirmando que «no son canales clandestinos, son irregulares». Y también fustigó a los ambientalistas a los que primero descalificó afirmando «tienen esa idea y con ellos no se puede discutir», y, a su vez, aseguró que «Mendoza gasta cero agua pura para fracking, se usa agua de formación».
También se sumó a la campaña oficial de minimización del tema Miriam Skalany, directora de Protección ambiental. La funcionaria, entrevistada en radio Nihuil, negó que para hacer fracking en Mendoza hoy se utilice agua dulce. Aceptó que en las primeras prácticas de prueba sí usaron un porcentaje, pero aseguró que hoy se usa agua que viene «asociado al petróleo» denominada como «agua de formación».
Trasciende documentación
En Mendoza hay una «guerra fría» entre los medios oficialistas y los no oficialistas. Varios de los últimos difundieron la denuncia pública que hizo en las redes sociales Eduardo Sosa, el ex jefe de Gabinete de la Secretaría Ambiental durante parte de la gestión del ex gobernador, y hoy diputado nacional y presidente nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, que renunció a fines de 2017.
Según publicó ayer el medio «Explícito online», el ex funcionario reportó documentos de la Secretaría de Energía de la Nación que revelan que Irrigación, a través de una resolución firmada por el ingeniero Jorge Fernández, entonces Jefe de Zona de los ríos Malargüe, Grande, Barrancas y Colorado del Departamento de Irrigación, le otorgó a Vila-Manzano permisos para usar agua del arroyo El Alamo, en puesto Rojas, en el área sur de Malargüe donde yace la parte norte de la formación Vaca Muerta.
La permisión fue a razón de 18.642 metros cúbicos pagando un canon de 20 pesos por cada metro cúbico de agua utilizada (2 centavos por litro), aunque curiosamente, solo le cobraron 10 pesos por metro cúbico, o sea la mitad. «El agua será utilizada para provocar la fractura mediante inyección a alta presión», se lee en un detalle de los permisos otorgados por Irrigación.
Según apuntó Sosa, «sólo Petrolera El Trebol, para el periodo noviembre 2016-abril 2019, declara haber realizado 22 fracturas sobre 13 pozos y 67 etapas de fractura en total, con un volumen de agua inyectada (no especificados los porcentajes de agua de formación y agua comprada a Irrigación) de 32.268.600 litros».
Efectos colaterales
El jefe de Irrigación, Marinelli, apretado por las circunstancias echó al jefe de Inspectores de la zona de los canales clandestinos, Mariano José Pandulfo. También dictó una resolución para que comience urgente una investigación y auditoria en la Cuenca del Atuel, e inspecciones de Cauce de la Junta, Coihueco y Sosneado a cargo de la Jefatura de los ríos Malargüe, Barrancas y Colorado.
Este viernes, grupos de regantes y ambientalistas piensan intervenir en la Fiesta de la Vendimia. Están preparando múltiples protestas contra el fracking que confluirán en el evento que se realiza en la capital mendocina.
Una de las agrupaciones más combativas, las “Asambleas por el Agua” lanzaron en las últimas horas convocatorias en sus respectivos territorios y con las demandas de cada pueblo para ser llevadas esa noche a la ciudad de Mendoza. Otros grupos convocan en redes a sumarse a un “caravanazo” que saldrá desde Alvear, pasará por San Rafael y el Valle de Uco y se sumará a las manifestaciones en la Capital. “Iremos a celebrar con la gente la cosecha, el agua, el deseo de un ambiente puro y limpio, nuestra matriz productiva, los frutos, el trabajo, el sol y el agua pura”, concluyeron.
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Fecha de Publicación: 22/02/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza
El Gobierno de Mendoza trata de minimizar denuncias. Desde las áreas de Irrigación y Ambiente niegan uso para fracking. Pero ahora difundieron documentos que revelan autorización a petrolera de Vila-Manzano.
Gran conmoción produjo en Mendoza la difusión de documentos que confirman que el gobierno de Alfredo Cornejo autorizó a la petrolera El Trébol, que manejan Daniel Vila y José Luis Manzano, a usar agua de un afluente del río Malargüe para prácticas de fracking. Éstas afirmaciones se contraponen a declaraciones recientes del jefe de Irrigación, Sergio Marinelli, quien con motivo de la denuncia de ambientalistas que descubrieron canales clandestinos, aseguró que «en Mendoza se usa cero agua para fracking».
La denuncia pública realizada por un ex destacado miembro del gabinete del ex gobernador Cornejo, que fue visualizada horas atrás por medios mendocinos, fue apoyada por imágenes de una resolución y un convenio donde Irrigación autoriza a la toma del agua. Y también de una factura por compra de agua de Irrigación a El Trébol.
Irrigación en la picota
El tema de los canales clandestinos que Federación Agraria y algunos inspectores denunciaron días atrás, puso en jaque al área de Ambiente e Irrigación. Los productores reclamaron por el «robo» de agua, por un lado, y los ambientalistas por el uso de agua para extracción petrolera mediante el fracking.
El primero en reaccionar fue superintendente del Departamento General de Irrigación Sergio Marinelli. El funcionario quiso desestimar la denuncia afirmando que «no son canales clandestinos, son irregulares». Y también fustigó a los ambientalistas a los que primero descalificó afirmando «tienen esa idea y con ellos no se puede discutir», y, a su vez, aseguró que «Mendoza gasta cero agua pura para fracking, se usa agua de formación».
También se sumó a la campaña oficial de minimización del tema Miriam Skalany, directora de Protección ambiental. La funcionaria, entrevistada en radio Nihuil, negó que para hacer fracking en Mendoza hoy se utilice agua dulce. Aceptó que en las primeras prácticas de prueba sí usaron un porcentaje, pero aseguró que hoy se usa agua que viene «asociado al petróleo» denominada como «agua de formación».
Trasciende documentación
En Mendoza hay una «guerra fría» entre los medios oficialistas y los no oficialistas. Varios de los últimos difundieron la denuncia pública que hizo en las redes sociales Eduardo Sosa, el ex jefe de Gabinete de la Secretaría Ambiental durante parte de la gestión del ex gobernador, y hoy diputado nacional y presidente nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, que renunció a fines de 2017.
Según publicó ayer el medio «Explícito online», el ex funcionario reportó documentos de la Secretaría de Energía de la Nación que revelan que Irrigación, a través de una resolución firmada por el ingeniero Jorge Fernández, entonces Jefe de Zona de los ríos Malargüe, Grande, Barrancas y Colorado del Departamento de Irrigación, le otorgó a Vila-Manzano permisos para usar agua del arroyo El Alamo, en puesto Rojas, en el área sur de Malargüe donde yace la parte norte de la formación Vaca Muerta.
La permisión fue a razón de 18.642 metros cúbicos pagando un canon de 20 pesos por cada metro cúbico de agua utilizada (2 centavos por litro), aunque curiosamente, solo le cobraron 10 pesos por metro cúbico, o sea la mitad. «El agua será utilizada para provocar la fractura mediante inyección a alta presión», se lee en un detalle de los permisos otorgados por Irrigación.
Según apuntó Sosa, «sólo Petrolera El Trebol, para el periodo noviembre 2016-abril 2019, declara haber realizado 22 fracturas sobre 13 pozos y 67 etapas de fractura en total, con un volumen de agua inyectada (no especificados los porcentajes de agua de formación y agua comprada a Irrigación) de 32.268.600 litros».
Efectos colaterales
El jefe de Irrigación, Marinelli, apretado por las circunstancias echó al jefe de Inspectores de la zona de los canales clandestinos, Mariano José Pandulfo. También dictó una resolución para que comience urgente una investigación y auditoria en la Cuenca del Atuel, e inspecciones de Cauce de la Junta, Coihueco y Sosneado a cargo de la Jefatura de los ríos Malargüe, Barrancas y Colorado.
Este viernes, grupos de regantes y ambientalistas piensan intervenir en la Fiesta de la Vendimia. Están preparando múltiples protestas contra el fracking que confluirán en el evento que se realiza en la capital mendocina.
Una de las agrupaciones más combativas, las “Asambleas por el Agua” lanzaron en las últimas horas convocatorias en sus respectivos territorios y con las demandas de cada pueblo para ser llevadas esa noche a la ciudad de Mendoza. Otros grupos convocan en redes a sumarse a un “caravanazo” que saldrá desde Alvear, pasará por San Rafael y el Valle de Uco y se sumará a las manifestaciones en la Capital. “Iremos a celebrar con la gente la cosecha, el agua, el deseo de un ambiente puro y limpio, nuestra matriz productiva, los frutos, el trabajo, el sol y el agua pura”, concluyeron.
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La calidad el agua en el Río Uruguay empeora
Alertan por la contaminación del Río Uruguay
Fecha de Publicación: 21/02/2020
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Litoral
Un estudio realizado por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) reveló ayer que el río compartido entre Argentina y Uruguay presenta “valores superiores a los límites establecidos de concentración” de trece parámetros, entre los que se encuentran numerosos metales, aceites, grasas, bacterias de excrementos y plaguicidas.
Las muestras fueron tomadas por el Comité Científico de la CARU entre junio y noviembre de 2018 en nueve sectores del río, desde Monte Caseros (Corrientes) hasta La Concordia (Uruguay), sobre ambas márgenes y al centro del canal.Restos de Sustancias Activas a Azul de Metileno (SAAM), plomo, manganeso y clordano se presentaron en exceso en menos del 3% de las 168 muestras tomadas; pero el hierro, los aceites y grasas y las sustancias fenólicas totales “exceden sistemáticamente los niveles” permitidos.
El hierro “incumple en el 100% de los casos con valores significativamente mayores en la entrada del tramo compartido y en Punta Las Rosas margen derecha que los detectados en los restantes sectores de las zonas centro y sur”, indicó el ente.
Además, los aceites y grasas se exceden en 123 oportunidades en gran diversidad de sitios y fechas; mientras que las sustancias fenólicas totales incumplen en 121 ocasiones (73%), siendo sus concentraciones menores en noviembre.
El cobre detectado excedía el estándar en 73 oportunidades (43%) con lo que registraba los incumplimientos más frecuentes y las concentraciones más altas en julio y noviembre; mientras el cromo IV en el 38 de los casos (23%); y el zinc en ocho muestras (menos del 5%).
Respecto a los restos de materia fecal, la cantidad de Enterococos, Coliformes fecales y Escherichia coli superaban también lo permitido “en la entrada al tramo compartido y en todo el tramo medio desde Puerto Yeruá hasta Punta Las Rosas”, siempre según el reporte.
Por otro lado, la CARU destacó que “el mayor riesgo identificado para la biota fueron las concentraciones halladas de plaguicidas que alcanzan a superar los niveles de toxicidad aguda y crónica” reportados para diversos organismos. Estos compuestos son Cialotrina, Deltametrina, Bifentrina, Cipermetrina, Fenvalerato, Endosulfan, Permetrina, Malation, Triflumuron y Clorpirifos.
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Fecha de Publicación: 21/02/2020
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Litoral
Un estudio realizado por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) reveló ayer que el río compartido entre Argentina y Uruguay presenta “valores superiores a los límites establecidos de concentración” de trece parámetros, entre los que se encuentran numerosos metales, aceites, grasas, bacterias de excrementos y plaguicidas.
Las muestras fueron tomadas por el Comité Científico de la CARU entre junio y noviembre de 2018 en nueve sectores del río, desde Monte Caseros (Corrientes) hasta La Concordia (Uruguay), sobre ambas márgenes y al centro del canal.Restos de Sustancias Activas a Azul de Metileno (SAAM), plomo, manganeso y clordano se presentaron en exceso en menos del 3% de las 168 muestras tomadas; pero el hierro, los aceites y grasas y las sustancias fenólicas totales “exceden sistemáticamente los niveles” permitidos.
El hierro “incumple en el 100% de los casos con valores significativamente mayores en la entrada del tramo compartido y en Punta Las Rosas margen derecha que los detectados en los restantes sectores de las zonas centro y sur”, indicó el ente.
Además, los aceites y grasas se exceden en 123 oportunidades en gran diversidad de sitios y fechas; mientras que las sustancias fenólicas totales incumplen en 121 ocasiones (73%), siendo sus concentraciones menores en noviembre.
El cobre detectado excedía el estándar en 73 oportunidades (43%) con lo que registraba los incumplimientos más frecuentes y las concentraciones más altas en julio y noviembre; mientras el cromo IV en el 38 de los casos (23%); y el zinc en ocho muestras (menos del 5%).
Respecto a los restos de materia fecal, la cantidad de Enterococos, Coliformes fecales y Escherichia coli superaban también lo permitido “en la entrada al tramo compartido y en todo el tramo medio desde Puerto Yeruá hasta Punta Las Rosas”, siempre según el reporte.
Por otro lado, la CARU destacó que “el mayor riesgo identificado para la biota fueron las concentraciones halladas de plaguicidas que alcanzan a superar los niveles de toxicidad aguda y crónica” reportados para diversos organismos. Estos compuestos son Cialotrina, Deltametrina, Bifentrina, Cipermetrina, Fenvalerato, Endosulfan, Permetrina, Malation, Triflumuron y Clorpirifos.
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Anulan el sobreseimiento de empresarios contaminadores
Contaminación en el Puerto: anulan el sobreseimiento de acusados de arrojar residuos peligrosos
Fecha de Publicación: 21/02/2020
Fuente: 0223.com.ar
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámara Federal de Casación ordenó devolver las actuaciones a su origen. El hecho investigado ocurrió en septiembre de 2016.
Dos personas acusadas de arrojar desde un buque amarrado en el puerto residuos peligrosos al agua deberán afrontar una nueva instancia judicial luego de que la Cámara Federal de Casación dejara sin efecto la absolución dispuesta por la Cámara Federal de Apelaciones. El hecho que generó la investigación se dio en septiembre de 2016 cuando personal de Prefectura Naval Argentina observó el vertido de una sustancia oscura y un líquido desangrasante desde el buque Messina I.
A partir de la investigación pertinente, la toma y análisis de muestras y escucha de testigos se procesó a Juan Vicente Taranto -presidente de la empresa- y de César Ricardo Toletti -técnico de mantenimiento- por el delito de contaminación con residuos peligrosos.
Luego de la apelación de los abogados defensores la Cámara Federal de Apelaciones resolvió el sobreseimiento de los acusados “por no encuadrar la conducta investigada en una figura penal”. Frente a ello, el fiscal general Daniel Adler acudió a la instancia superior para revisar la resolución, cuestionó pruebas no valoradas y dejó en claro que existe un resguardo constitucional al medio ambiente.
La Cámara Federal de Casación Penal le dio la razón: anuló los sobreseimientos y devolvió las actuaciones a su origen. “El no resguardo del medio ambiente, evitando la contaminación, podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado en razón de verse afectados derechos humanos protegidos por tratados internacionales”, señala el fallo.
Para los magistrados de la Cámara de Apelaciones los hechos bajo análisis resultaban alcanzados por el derecho administrativo sancionador, pero descartaron que pueda tomar intervención el derecho penal. Frente a ello, Adler sostuvo que estaba dado el tipo penal del artículo 55 de la ley 24.051, que prevé penas para quien envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
Los residuos fueron tirados al mar a través del desagote de líquidos de sentina, que es aquel espacio de los buques donde se recolectan todos los líquidos aceitosos de tuberías, juntas y bombas que pudieren derramarse como consecuencia de la normal operación de la planta motriz. Esos líquidos pueden ser purificados –mediante separadores de materia oleosa-, y quedan a bordo los productos contaminantes, que son retirados en puerto para su tratamiento y eliminación.
“Esa es la obligación esencial que tiene todo navío para preservar el medio ambiente”, apuntó Adler al dictaminar, y reparó en que los acusados “decidieron voluntariamente no cumplir, en el entendimiento de que el deliberado achique de la sentina hacia el espejo de agua sin el tratamiento convierten al vertido en su conjunto en un residuo peligroso”.
Según informó el sitio fiscales.gob.ar la toma de muestras en el espejo de agua y en la sentina del buque evidenciaron que eran coincidentes. Y esto además se encuentra acreditado dado que en el puerto hay una única empresa habilitada para la extracción de residuos, que reveló que desde el 2015 la empresa Messina SA no contrató ningún servicio.
Para el representante del Ministerio Público Fiscal “aquí no hubo una falla, fatalidad o error, sino un obrar deliberado de eludir los costos del tratamiento, cargando con ese pasivo ambiental a la sociedad toda, en tanto su decisión lesiona el patrimonio de todos los seres humanos, pues el líquido vertido tiene efectos acumulativos”. "Aquí no hubo una falla, fatalidad o error, sino un obrar deliberado de eludir los costos del tratamiento", agregó.
Los argumentos fueron compartidos por el fiscal ante Casación, Raúl Omar Pleé, quien señaló que los hechos se tuvieron por acreditados. Y reparó con cita en doctrina que “para que se configure el delito no se requiere la efectiva lesión del bien jurídico tutelado sino la generación de un peligro común”. Y más adelante sumó que la maniobra investigada generó un impacto ambiental, independientemente de que se haya concretado o no el peligro. “Prefectura Naval Argentina redujo los resultados dañosos del actuar de los imputados, cuando llevando a cabo maniobras de limpieza removió 50 litros de hidrocarburos del agua”, destacó y observó que esto no fue tenido en cuenta por los jueces de la Cámara a la hora de resolver.
Por qué se trata de un hecho contaminante
Uno de los argumentos centrales del Ministerio Público Fiscal fue señalar “una arbitraria valoración de la prueba” que consta en el expediente. Y marcaron que están dadas las condiciones que surgen de la normativa para que su conducta pueda ser encuadrada legalmente: que exista un componente definido como “residuo peligroso”; que se compruebe una acción definida como envenenar, adulterar o contaminar; que esa acción genere un impacto -en este caso- en el agua o el ambiente en general; que la acción y su impacto deben ser peligrosos para la salud.
Para el juez Daniel Antonio Petrone, cuyo voto fue acompañado por el de sus colegas Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, no pueden pasarse por alto los exámenes de las sustancias vertidas por el buque, realizados por profesionales de la Prefectura, que concluyen en que deben ser consideradas como “residuos peligrosos” en la categoría Y9 del Anexo I de la ley 24.051. “Su vertido en forma directa implica necesariamente una contaminación del medio ambiente”, apuntó más adelante. Y al mismo tiempo infirió que la maniobra de achique de la sentina fue “deliberada”, al contemplar que se realizó de madrugada, horario en que la oscuridad dificulta visualizar la sustancia en el agua, y por otro lado, se intentó disipar la mancha con un líquido desengrasante.
Sobre la pretendida falta de acreditación del daño o contaminación, citó un fallo de Casación en el que Gustavo Hornos opinó que “el daño al medio ambiente mediante el uso de los residuos peligrosos previstos en la norma daña al ecosistema y afecta, al menos de modo potencial, la salud de los habitantes”.
El medio ambiente y su jerarquía constitucional
A su turno, la jueza Ana María Figueroa dio un marco a las actuaciones y señaló que las cuestiones vinculadas al medioambiente “pertenecen a una rama del derecho que posee jerarquía constitucional y agrupa cuestiones de sensible interés social, vinculadas con la defensa de un bien colectivo –ambiente- y con la calidad de vida, desarrollo sustentable, la salud pública y la protección de futuras generaciones”.
En esta línea, recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo –en el marco de la causa por los daños derivados de la contaminación del Río Matanza- que “el reconocimiento de status constitucional del derecho al goce de un ambiente sano, así como la obligación de recomponer el daño ambiental configuran la precisa y positiva decisión del constituyente de 1994 de enumerar y jerarquizar con rango supremo a un derecho preexistente”.
Figueroa remarcó que “la protección estatal al medio ambiente conduce a que sean adoptadas todas aquellas decisiones que permitan proteger el derecho a un ambiente sano, cuya titularidad no sólo es de las generaciones actuales, sino también de las futuras”. Y sumó: “Debe garantizarse el juzgamiento de las acciones desplegadas por empresas o particulares que puedan poner en riesgo el derecho de toda la sociedad a vivir en un ambiente sano”.
“El derecho a la vida y la seguridad e integridad física no admiten un análisis al margen de la protección del medio ambiente. Su goce no es posible en tanto haya una amenaza al entorno en el que desarrollan las vidas los habitantes afectados”, sostuvo Figueroa.
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Fecha de Publicación: 21/02/2020
Fuente: 0223.com.ar
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámara Federal de Casación ordenó devolver las actuaciones a su origen. El hecho investigado ocurrió en septiembre de 2016.
Dos personas acusadas de arrojar desde un buque amarrado en el puerto residuos peligrosos al agua deberán afrontar una nueva instancia judicial luego de que la Cámara Federal de Casación dejara sin efecto la absolución dispuesta por la Cámara Federal de Apelaciones. El hecho que generó la investigación se dio en septiembre de 2016 cuando personal de Prefectura Naval Argentina observó el vertido de una sustancia oscura y un líquido desangrasante desde el buque Messina I.
A partir de la investigación pertinente, la toma y análisis de muestras y escucha de testigos se procesó a Juan Vicente Taranto -presidente de la empresa- y de César Ricardo Toletti -técnico de mantenimiento- por el delito de contaminación con residuos peligrosos.
Luego de la apelación de los abogados defensores la Cámara Federal de Apelaciones resolvió el sobreseimiento de los acusados “por no encuadrar la conducta investigada en una figura penal”. Frente a ello, el fiscal general Daniel Adler acudió a la instancia superior para revisar la resolución, cuestionó pruebas no valoradas y dejó en claro que existe un resguardo constitucional al medio ambiente.
La Cámara Federal de Casación Penal le dio la razón: anuló los sobreseimientos y devolvió las actuaciones a su origen. “El no resguardo del medio ambiente, evitando la contaminación, podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado en razón de verse afectados derechos humanos protegidos por tratados internacionales”, señala el fallo.
Para los magistrados de la Cámara de Apelaciones los hechos bajo análisis resultaban alcanzados por el derecho administrativo sancionador, pero descartaron que pueda tomar intervención el derecho penal. Frente a ello, Adler sostuvo que estaba dado el tipo penal del artículo 55 de la ley 24.051, que prevé penas para quien envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
Los residuos fueron tirados al mar a través del desagote de líquidos de sentina, que es aquel espacio de los buques donde se recolectan todos los líquidos aceitosos de tuberías, juntas y bombas que pudieren derramarse como consecuencia de la normal operación de la planta motriz. Esos líquidos pueden ser purificados –mediante separadores de materia oleosa-, y quedan a bordo los productos contaminantes, que son retirados en puerto para su tratamiento y eliminación.
“Esa es la obligación esencial que tiene todo navío para preservar el medio ambiente”, apuntó Adler al dictaminar, y reparó en que los acusados “decidieron voluntariamente no cumplir, en el entendimiento de que el deliberado achique de la sentina hacia el espejo de agua sin el tratamiento convierten al vertido en su conjunto en un residuo peligroso”.
Según informó el sitio fiscales.gob.ar la toma de muestras en el espejo de agua y en la sentina del buque evidenciaron que eran coincidentes. Y esto además se encuentra acreditado dado que en el puerto hay una única empresa habilitada para la extracción de residuos, que reveló que desde el 2015 la empresa Messina SA no contrató ningún servicio.
Para el representante del Ministerio Público Fiscal “aquí no hubo una falla, fatalidad o error, sino un obrar deliberado de eludir los costos del tratamiento, cargando con ese pasivo ambiental a la sociedad toda, en tanto su decisión lesiona el patrimonio de todos los seres humanos, pues el líquido vertido tiene efectos acumulativos”. "Aquí no hubo una falla, fatalidad o error, sino un obrar deliberado de eludir los costos del tratamiento", agregó.
Los argumentos fueron compartidos por el fiscal ante Casación, Raúl Omar Pleé, quien señaló que los hechos se tuvieron por acreditados. Y reparó con cita en doctrina que “para que se configure el delito no se requiere la efectiva lesión del bien jurídico tutelado sino la generación de un peligro común”. Y más adelante sumó que la maniobra investigada generó un impacto ambiental, independientemente de que se haya concretado o no el peligro. “Prefectura Naval Argentina redujo los resultados dañosos del actuar de los imputados, cuando llevando a cabo maniobras de limpieza removió 50 litros de hidrocarburos del agua”, destacó y observó que esto no fue tenido en cuenta por los jueces de la Cámara a la hora de resolver.
Por qué se trata de un hecho contaminante
Uno de los argumentos centrales del Ministerio Público Fiscal fue señalar “una arbitraria valoración de la prueba” que consta en el expediente. Y marcaron que están dadas las condiciones que surgen de la normativa para que su conducta pueda ser encuadrada legalmente: que exista un componente definido como “residuo peligroso”; que se compruebe una acción definida como envenenar, adulterar o contaminar; que esa acción genere un impacto -en este caso- en el agua o el ambiente en general; que la acción y su impacto deben ser peligrosos para la salud.
Para el juez Daniel Antonio Petrone, cuyo voto fue acompañado por el de sus colegas Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, no pueden pasarse por alto los exámenes de las sustancias vertidas por el buque, realizados por profesionales de la Prefectura, que concluyen en que deben ser consideradas como “residuos peligrosos” en la categoría Y9 del Anexo I de la ley 24.051. “Su vertido en forma directa implica necesariamente una contaminación del medio ambiente”, apuntó más adelante. Y al mismo tiempo infirió que la maniobra de achique de la sentina fue “deliberada”, al contemplar que se realizó de madrugada, horario en que la oscuridad dificulta visualizar la sustancia en el agua, y por otro lado, se intentó disipar la mancha con un líquido desengrasante.
Sobre la pretendida falta de acreditación del daño o contaminación, citó un fallo de Casación en el que Gustavo Hornos opinó que “el daño al medio ambiente mediante el uso de los residuos peligrosos previstos en la norma daña al ecosistema y afecta, al menos de modo potencial, la salud de los habitantes”.
El medio ambiente y su jerarquía constitucional
A su turno, la jueza Ana María Figueroa dio un marco a las actuaciones y señaló que las cuestiones vinculadas al medioambiente “pertenecen a una rama del derecho que posee jerarquía constitucional y agrupa cuestiones de sensible interés social, vinculadas con la defensa de un bien colectivo –ambiente- y con la calidad de vida, desarrollo sustentable, la salud pública y la protección de futuras generaciones”.
En esta línea, recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo –en el marco de la causa por los daños derivados de la contaminación del Río Matanza- que “el reconocimiento de status constitucional del derecho al goce de un ambiente sano, así como la obligación de recomponer el daño ambiental configuran la precisa y positiva decisión del constituyente de 1994 de enumerar y jerarquizar con rango supremo a un derecho preexistente”.
Figueroa remarcó que “la protección estatal al medio ambiente conduce a que sean adoptadas todas aquellas decisiones que permitan proteger el derecho a un ambiente sano, cuya titularidad no sólo es de las generaciones actuales, sino también de las futuras”. Y sumó: “Debe garantizarse el juzgamiento de las acciones desplegadas por empresas o particulares que puedan poner en riesgo el derecho de toda la sociedad a vivir en un ambiente sano”.
“El derecho a la vida y la seguridad e integridad física no admiten un análisis al margen de la protección del medio ambiente. Su goce no es posible en tanto haya una amenaza al entorno en el que desarrollan las vidas los habitantes afectados”, sostuvo Figueroa.
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Condenan con prisión efectiva a cazador en La Pampa
Condenaron a tres cazadores
Fecha de Publicación: 21/02/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
Tres cazadores fueron condenados a un año de prisión y cinco de inhabilitación especial para efectuar la caza en cualquiera de sus modalidades, pero uno de ellos deberá cumplir prisión efectiva por habérsele unificado una pena anterior. Las penas les fueron impuestas en un juicio abreviado, en el que intervino el juez de audiencia Daniel Alfredo Sáez Zamora.
Los condenados resultaron ser Luis María Santillán, Mauricio Ezequiel Balquinta y Rubén Emiliano Torres, todos a un año de prisión y cinco años de inhabilitación especial para efectuar la caza en cualquier de sus modalidades, por ser autores del delito de depredación de la fauna silvestre agravado por haberse cometido con la participación de tres personas y su transporte.
La sanción para los dos primeros será en suspenso, mientras que Torres recibió una pena unificada de tres años de prisión de cumplimiento efectivo porque tenía una condena previa.
El abreviado fue convenido entre el fiscal Facundo Bon Dergham, los defensores oficiales Silvina Blanco Gómez y Juan José Hermúa y los propios imputados.
En este procedimiento de resolución alternativa del conflicto penal, los jueces no pueden imponer sanciones más severas a las requeridas por el Ministerio Público Fiscal.
El hecho.
En el legajo se dio por probado que el 6 de noviembre de 2018, los acusados «dieron muerte, con un arma de fuego, a varios animales de la fauna silvestre, haciéndolo en época de veda y sin autorización ni permiso de caza alguno, en violación a las resoluciones 452/17 y 454/17 de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, para luego eviscerarlos y transportarlos en una camioneta marca Toyota Hilux».
Fueron 35 ejemplares de vizcacha (hembras y machos), dos de jabalí (machos) y cinco de ciervos colorados (secuestrándose diez cuartos, siete paletas y dos bolsas de nylon que contenían diez lomos).
Los autores.
Los condenados resultaron Santillán (45 años, pintor), Balquinta (25, albañil) y Torres (31, pintor), quienes fueron interceptados por la policía, ese mismo día, en la ruta nacional 35, en cercanías del Cementerio Parque de Santa Rosa.
El juez sostuvo que «de acuerdo a cómo fue fijado el hecho y las evidencias obtenidas durante la investigación fiscal que incriminó a los acusados, entiendo que se encuentra debidamente acreditadas las acciones desplegadas por ellos; no solo por el propio reconocimiento de los imputados, sino también por los restantes elementos aportados por las partes».
Un reincidente.
En relación a Torres -está detenido en la U4-, cabe señalar que se le unificó la pena con otra anterior en una única de tres años de prisión de cumplimiento efectivo. El imputado, en otro abreviado, había sido condenado el 13 de agosto del año pasado, por el juez de control Gabriel Tedín, a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por robo calificado por ser en poblado y en banda, en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravado por el uso de violencia.
En esa ocasión se acreditó que había ingresado, junto a otras dos personas y una cuarta que hizo de ‘campana’, a una vivienda. Allí encerraron al propietario en el baño, le taparon la cabeza con una camisa, lo ataron de pies y manos y luego fueron hasta un local que posee de la víctima y sustrajeron dinero de una caja fuerte.
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Fecha de Publicación: 21/02/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
Tres cazadores fueron condenados a un año de prisión y cinco de inhabilitación especial para efectuar la caza en cualquiera de sus modalidades, pero uno de ellos deberá cumplir prisión efectiva por habérsele unificado una pena anterior. Las penas les fueron impuestas en un juicio abreviado, en el que intervino el juez de audiencia Daniel Alfredo Sáez Zamora.
Los condenados resultaron ser Luis María Santillán, Mauricio Ezequiel Balquinta y Rubén Emiliano Torres, todos a un año de prisión y cinco años de inhabilitación especial para efectuar la caza en cualquier de sus modalidades, por ser autores del delito de depredación de la fauna silvestre agravado por haberse cometido con la participación de tres personas y su transporte.
La sanción para los dos primeros será en suspenso, mientras que Torres recibió una pena unificada de tres años de prisión de cumplimiento efectivo porque tenía una condena previa.
El abreviado fue convenido entre el fiscal Facundo Bon Dergham, los defensores oficiales Silvina Blanco Gómez y Juan José Hermúa y los propios imputados.
En este procedimiento de resolución alternativa del conflicto penal, los jueces no pueden imponer sanciones más severas a las requeridas por el Ministerio Público Fiscal.
El hecho.
En el legajo se dio por probado que el 6 de noviembre de 2018, los acusados «dieron muerte, con un arma de fuego, a varios animales de la fauna silvestre, haciéndolo en época de veda y sin autorización ni permiso de caza alguno, en violación a las resoluciones 452/17 y 454/17 de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, para luego eviscerarlos y transportarlos en una camioneta marca Toyota Hilux».
Fueron 35 ejemplares de vizcacha (hembras y machos), dos de jabalí (machos) y cinco de ciervos colorados (secuestrándose diez cuartos, siete paletas y dos bolsas de nylon que contenían diez lomos).
Los autores.
Los condenados resultaron Santillán (45 años, pintor), Balquinta (25, albañil) y Torres (31, pintor), quienes fueron interceptados por la policía, ese mismo día, en la ruta nacional 35, en cercanías del Cementerio Parque de Santa Rosa.
El juez sostuvo que «de acuerdo a cómo fue fijado el hecho y las evidencias obtenidas durante la investigación fiscal que incriminó a los acusados, entiendo que se encuentra debidamente acreditadas las acciones desplegadas por ellos; no solo por el propio reconocimiento de los imputados, sino también por los restantes elementos aportados por las partes».
Un reincidente.
En relación a Torres -está detenido en la U4-, cabe señalar que se le unificó la pena con otra anterior en una única de tres años de prisión de cumplimiento efectivo. El imputado, en otro abreviado, había sido condenado el 13 de agosto del año pasado, por el juez de control Gabriel Tedín, a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por robo calificado por ser en poblado y en banda, en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravado por el uso de violencia.
En esa ocasión se acreditó que había ingresado, junto a otras dos personas y una cuarta que hizo de ‘campana’, a una vivienda. Allí encerraron al propietario en el baño, le taparon la cabeza con una camisa, lo ataron de pies y manos y luego fueron hasta un local que posee de la víctima y sustrajeron dinero de una caja fuerte.
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Buenos Aires: Justicia pide informes sobre agroquímicos
La Justicia interviene en el uso de agroquímicos y pide informes a seis municipios bonaerenses
Fecha de Publicación: 20/02/2020
Fuente: Notas Periodismo Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
Tras la decisión del gobierno de Axel Kicillof de mantener la suspensión de la ley 246/18, el fiscal Di Lello quiere averiguar si los distritos ejercen algún tipo de control sobre la aplicación de pesticidas.
El fiscal federal Matías Di Lello solicitó un informe a seis municipios de la provincia de Buenos Aires para saber en qué medida controlan el uso de agroquímicos en territorio donde la ley lo prohíbe. La orden judicial se da a días de que el gobierno bonaerense ratifique la suspensión de la resolución 246/18.
Se trata de los municipios de Colón, San Nicolás, Arrecifes, San Pedro, Capitán Sarmiento y Ramallo, todos cercanos a la ciudad de Pergamino, foco de la polémica por el uso de glifosato.
Di Lello busca sumar información acerca del impacto de los agroquímicos en la provincia y corroborar que los municipios estén ejerciendo algún tipo de control sobre su aplicación.
Sucede que la justicia viene recibiendo denuncia tras denuncia por la contaminación ambiental y las enfermedades que recaen sobre la población, a razón de las fumigaciones cerca de los centros urbanos.
El año pasado, Pergamino fue foco de debate sobre el uso de agrotóxicos, luego de que el Juzgado Federal de San Nicolás condenara a un productor rural, un ingeniero agrónomo y un empleado de un campo por fumigar cerca de la ciudad, cuando la ley lo prohíbe. Sucede que, tras una investigación, se determinó que el agua de la localidad bonaerense estaba contaminada con al menos 18 tipos de agroquímicos.
Según el dictamen del fiscal Di Lello, se busca determinar “zonas de exclusión para preservar la integridad de las personas que viven en las cercanías en donde se aplican los pesticidas”.
Los municipios tienen un plazo de 15 días para enviar sus informes y además demostrar que se están capacitando funcionarios y personal para el uso y consecuencias de los agroquímicos.
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Fecha de Publicación: 20/02/2020
Fuente: Notas Periodismo Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
Tras la decisión del gobierno de Axel Kicillof de mantener la suspensión de la ley 246/18, el fiscal Di Lello quiere averiguar si los distritos ejercen algún tipo de control sobre la aplicación de pesticidas.
El fiscal federal Matías Di Lello solicitó un informe a seis municipios de la provincia de Buenos Aires para saber en qué medida controlan el uso de agroquímicos en territorio donde la ley lo prohíbe. La orden judicial se da a días de que el gobierno bonaerense ratifique la suspensión de la resolución 246/18.
Se trata de los municipios de Colón, San Nicolás, Arrecifes, San Pedro, Capitán Sarmiento y Ramallo, todos cercanos a la ciudad de Pergamino, foco de la polémica por el uso de glifosato.
Di Lello busca sumar información acerca del impacto de los agroquímicos en la provincia y corroborar que los municipios estén ejerciendo algún tipo de control sobre su aplicación.
Sucede que la justicia viene recibiendo denuncia tras denuncia por la contaminación ambiental y las enfermedades que recaen sobre la población, a razón de las fumigaciones cerca de los centros urbanos.
El año pasado, Pergamino fue foco de debate sobre el uso de agrotóxicos, luego de que el Juzgado Federal de San Nicolás condenara a un productor rural, un ingeniero agrónomo y un empleado de un campo por fumigar cerca de la ciudad, cuando la ley lo prohíbe. Sucede que, tras una investigación, se determinó que el agua de la localidad bonaerense estaba contaminada con al menos 18 tipos de agroquímicos.
Según el dictamen del fiscal Di Lello, se busca determinar “zonas de exclusión para preservar la integridad de las personas que viven en las cercanías en donde se aplican los pesticidas”.
Los municipios tienen un plazo de 15 días para enviar sus informes y además demostrar que se están capacitando funcionarios y personal para el uso y consecuencias de los agroquímicos.
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El primer meliponario está en Misiones
Misiones es la primera provincia en tener su propio meliponario para abejas nativas
Fecha de Publicación: 20/02/2020
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
La Tierra Colorada se posiciona como la provincia que apuesta por el desarrollo de la Apicultura y Meliponicultura. Capioví es la primera localidad en contar con este tipo de propuesta que busca crear conciencia sobre la protección de estos animales y su impacto en el ecosistema.
Pablo Fernando Muller, encargado del centro de investigación y desarrollo en Apicultura y Meliponicultura del Profesorado en Ciencias Agrarias y Protección Ambiental de Capioví Misiones Argentina (PROCAyPA), informó que ya se instaló el primer meliponario del país, en un espacio público, específicamente en la Plaza «Los Pioneros» de dicha localidad.
Muller destacó que Capioví haya sido el primer municipio de Argentina que declaró a las abejas de interés municipal. En ese sentido, el experto señaló que este espacio estará dirigido a la protección de las abejas sin aguijón o meliponinos.
“Cuando hablamos de abejas, generalmente todos las asociamos con aquellas que pican, pero en realidad hay varios grupos de abejas, entre ellas las apimelíferas y las que no pican que son las que no tienen aguijón, que son nativas del continente americano”, explicó.
El especialista informó que este proyecto es parte de las diversas iniciativas que trabajan desde el PROCAyPA y destacó que el hecho de que Capioví se declare “Municipio protector de las abejas”, demuestra un trabajo más allá de la cuestión productiva . “Lo que hicimos fue instalar un meliponario público para sensibilizar a las personas del cuidado de las abejas y el medio ambiente, pero este tiene una impronta , una característica particular y es que en la cartelización se explica que las colmenas que se utilizan para poblar este meliponario provienen de dos fuentes”.
Explicó: “La primera es a través de un plan interprovincial que propone que se trabaje con esta abeja nativa y que sea de manera responsable y amigable con el medio ambiente, allí la propuesta es que se pueblen las colmenas, a partir del rescate de nidos que se encuentran en peligro o que si se tumba un árbol y se encuentra un nido, este sea relocalizado”.
Muller añadió que también se trabajará con los aserraderos a los que consideró una “fuente de obtención de nidos” y explicó que si estos no se rescatan, se terminan perdiendo.
Evitando la producción desmedida
El titular del PROCAyPA informó que en el Código Alimentario Nacional cuando se hablaba de miel, siempre estaba incorporada la miel de Apis, pero que a partir del año pasado, por resolución 1719 se reincorporó un nuevo artículo en el que se define y reincorpora a la nueva miel de Yatei, lo que permite su comercialización en todo el país”.
Si bien esta denominación es positiva, Muller indicó que puede ocasionar una producción desmedida y sin cuidados. “A partir de que la gente ve que un producto se puede vender, automáticamente van a aumentar la producción. Más allá si se venden como alimento o si sus propiedades son conocidas, las personas si pueden vender un producto automáticamente van a empezar a producir”, dijo.
Es por ello que, como segunda fuente,trabajarán en otras formas de rescatar nidos de estas abejas sin aguijón con el fin de poblar el meliponario. “De esta manera evitaremos que la gente tenga la necesidad de tumbar un árbol para sacar una abeja . Esta práctica se produce al sacar la famosa miel de palo y que es perjudicial para el hábitat de estos animales. El problema no es solo porque el nido se malogra, sino porque estamos destruyendo un árbol al que quizá le tomó mucho tiempo crecer y no nos podemos olvidar que para que un árbol sea un lugar de anidamiento de un nido de abejas debe ser bastante viejo”.
El experto en abejas recordó que los recursos naturales son limitados e hizo un llamado de conciencia a las personas para no perjudicar los nidos y proteger a las abejas. «Lo que estamos utilizando de la naturaleza, lo estamos usando prestado de nuestros hijos y de nuestros nietos. No podemos perder el horizonte teniendo en cuenta el alto porcentaje de abejas que se mueren a nivel mundial y eso es realmente alarmante, por eso debemos empezar a hacer todo un trabajo de sensibilización para cuidar a nuestras abejas”.
Planes a futuro
Muller anunció que están en proceso de instalación el segundo meliponario, aunque este tendrá características particulares y se ubicará en Puerto Rico. «Está instalado, pero falta la cartelización y tiene otra impronta que la de Capioví, que es donde nosotros incorporamos las colmenas , en este caso no es así. En noviembre del año pasado, la Municipalidad de Puerto Rico declaró de interés provincial el Parque de la parroquia San Alberto Magno , en ese lugar hay una característica muy particular en el que los nidos de abejas nativas se forman dentro de la arboleda y nosotros para proteger ese lugar presentamos el proyecto del meliponario con nidos naturales, para cartelizarlo e informar a la población sobre la importancia de estos animalitos”, acotó.
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Fecha de Publicación: 20/02/2020
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
La Tierra Colorada se posiciona como la provincia que apuesta por el desarrollo de la Apicultura y Meliponicultura. Capioví es la primera localidad en contar con este tipo de propuesta que busca crear conciencia sobre la protección de estos animales y su impacto en el ecosistema.
Pablo Fernando Muller, encargado del centro de investigación y desarrollo en Apicultura y Meliponicultura del Profesorado en Ciencias Agrarias y Protección Ambiental de Capioví Misiones Argentina (PROCAyPA), informó que ya se instaló el primer meliponario del país, en un espacio público, específicamente en la Plaza «Los Pioneros» de dicha localidad.
Muller destacó que Capioví haya sido el primer municipio de Argentina que declaró a las abejas de interés municipal. En ese sentido, el experto señaló que este espacio estará dirigido a la protección de las abejas sin aguijón o meliponinos.
“Cuando hablamos de abejas, generalmente todos las asociamos con aquellas que pican, pero en realidad hay varios grupos de abejas, entre ellas las apimelíferas y las que no pican que son las que no tienen aguijón, que son nativas del continente americano”, explicó.
El especialista informó que este proyecto es parte de las diversas iniciativas que trabajan desde el PROCAyPA y destacó que el hecho de que Capioví se declare “Municipio protector de las abejas”, demuestra un trabajo más allá de la cuestión productiva . “Lo que hicimos fue instalar un meliponario público para sensibilizar a las personas del cuidado de las abejas y el medio ambiente, pero este tiene una impronta , una característica particular y es que en la cartelización se explica que las colmenas que se utilizan para poblar este meliponario provienen de dos fuentes”.
Explicó: “La primera es a través de un plan interprovincial que propone que se trabaje con esta abeja nativa y que sea de manera responsable y amigable con el medio ambiente, allí la propuesta es que se pueblen las colmenas, a partir del rescate de nidos que se encuentran en peligro o que si se tumba un árbol y se encuentra un nido, este sea relocalizado”.
Muller añadió que también se trabajará con los aserraderos a los que consideró una “fuente de obtención de nidos” y explicó que si estos no se rescatan, se terminan perdiendo.
Evitando la producción desmedida
El titular del PROCAyPA informó que en el Código Alimentario Nacional cuando se hablaba de miel, siempre estaba incorporada la miel de Apis, pero que a partir del año pasado, por resolución 1719 se reincorporó un nuevo artículo en el que se define y reincorpora a la nueva miel de Yatei, lo que permite su comercialización en todo el país”.
Si bien esta denominación es positiva, Muller indicó que puede ocasionar una producción desmedida y sin cuidados. “A partir de que la gente ve que un producto se puede vender, automáticamente van a aumentar la producción. Más allá si se venden como alimento o si sus propiedades son conocidas, las personas si pueden vender un producto automáticamente van a empezar a producir”, dijo.
Es por ello que, como segunda fuente,trabajarán en otras formas de rescatar nidos de estas abejas sin aguijón con el fin de poblar el meliponario. “De esta manera evitaremos que la gente tenga la necesidad de tumbar un árbol para sacar una abeja . Esta práctica se produce al sacar la famosa miel de palo y que es perjudicial para el hábitat de estos animales. El problema no es solo porque el nido se malogra, sino porque estamos destruyendo un árbol al que quizá le tomó mucho tiempo crecer y no nos podemos olvidar que para que un árbol sea un lugar de anidamiento de un nido de abejas debe ser bastante viejo”.
El experto en abejas recordó que los recursos naturales son limitados e hizo un llamado de conciencia a las personas para no perjudicar los nidos y proteger a las abejas. «Lo que estamos utilizando de la naturaleza, lo estamos usando prestado de nuestros hijos y de nuestros nietos. No podemos perder el horizonte teniendo en cuenta el alto porcentaje de abejas que se mueren a nivel mundial y eso es realmente alarmante, por eso debemos empezar a hacer todo un trabajo de sensibilización para cuidar a nuestras abejas”.
Planes a futuro
Muller anunció que están en proceso de instalación el segundo meliponario, aunque este tendrá características particulares y se ubicará en Puerto Rico. «Está instalado, pero falta la cartelización y tiene otra impronta que la de Capioví, que es donde nosotros incorporamos las colmenas , en este caso no es así. En noviembre del año pasado, la Municipalidad de Puerto Rico declaró de interés provincial el Parque de la parroquia San Alberto Magno , en ese lugar hay una característica muy particular en el que los nidos de abejas nativas se forman dentro de la arboleda y nosotros para proteger ese lugar presentamos el proyecto del meliponario con nidos naturales, para cartelizarlo e informar a la población sobre la importancia de estos animalitos”, acotó.
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Afirman que la CABA no será fuertemente impactada por CC
Afirman que Buenos Aires es una de las ciudades que menos sufrirá el impacto del cambio climático en los próximos 30 años
Fecha de Publicación: 20/02/2020
Fuente: Clarín
Provincia/Región: CABA
Quedó en el puesto 67 dentro de un ránking que midió cuáles son los destinos turísticos que más lo padecerán. Bangkok, Ámsterdam y Melbourne, las más comprometidas.
El clima de una región está determinado por los fenómenos meteorológicos que se producen en la atmósfera. Las variables más importantes son la temperatura, la humedad, la presión, el viento y las precipitaciones. En base a estos parámetros, un estudio buscó determinar cuál será el impacto que tendrá en los próximos 30 años el cambio climático en los 85 destinos turísticos mundiales más elegidos. Y mientras Bangkok será el lugar donde las emisiones de dióxido de carbono producirán las mayores catástrofes, Buenos Aires será uno de los sitios con menos consecuencias adversas del planeta.
El estudio, encargado por la plataforma de alquiler de viviendas Nestpick, fue realizado en base al aporte de expertos de todo el mundo y tomando como base diversos estudios previos. Se centró en tres áreas claves donde se podrá apreciar el rigor de estas variaciones: el aumento en el nivel del mar, el incremento en las temperaturas y la escasez potencial de agua.
El promedio de estas tres variables determina la posición que cada localidad ocupa en el ranking. Así, el rango 1 indica la ciudad que enfrentará los cambios más radicales y en el 85 la que tendrá menores posibilidades de ser afectada. Para cuantificarlos, se utilizó la escala del cien.
En la tabla general, Buenos Aires, con un promedio de 6.35 ocupa el puesto 67. La mayor amenaza es la posibilidad de una suba el nivel del mar, algo que la ubica en el 37 para ese ítem puntual. Ya fuera de todo riesgo, en el ascenso de temperatura está 82 y en cuanto al estrés hídrico o falta de agua, en el 83.
La metrópoli más perjudicada será Bangkok, en Tailandia, ya que podría experimentar el mayor riesgo de inundaciones por el aumento del nivel del mar y un incremento de la temperatura de 1,67°C. Mientras que Nairobi, en Kenia, podría pasar de una temperatura húmeda y cálida en verano a un clima de sabana tropical, con un aumento de temperatura de 2,31°C.
En la actualidad, Australia atraviesa una ola de calor extremo que ha provocado miles de incendios. Hay más de treinta muertos y unas 1.600 viviendas destruidas. Para 2040, la ciudad de Melbourne podría sufrir el mayor aumento de estrés hídrico, donde la demanda será el doble de la oferta.
En tanto Barcelona (59) y Madrid (64) figuran en el índice, y se prevé que ambas ciudades registren en los próximos 10 años, un aumento de temperatura de más de 2°C. Además, la Ciudad Condal puede tener el segundo mayor nivel de estrés hídrico en términos de demanda.
Mientras que las ciudades norteamericanas de Cincinnati, Baltimore, Filadelfia y Chicago, tendrán un ascenso promedio de 3°C en sus termómetros. En tanto Santiago de Chile será una de las que más padecerá la falta de agua.
Uno de los desafíos que se propuso Nestpick fue que los resultados fueran comprendidos sin dificultad. Fue así que se consultaron varias metodologías existentes, junto con la opinión de diversos expertos, para construir el marco de la investigación. Estos incluyen a Jean-Francois Bastin, un ecologista de la Universidad de Gante, el sistema de clasificación climática Koppen-Geiger y los datos del Instituto de Recursos Mundiales sobre escasez de agua.
Debido a la acción del hombre, a sus sistemas de producción y de consumo de energía a partir de la Revolución Industrial, la concentración de esos gases en la atmósfera está creciendo de forma constante. Así, a mayor concentración, más calor queda atrapado dentro de la atmósfera terrestre.
Los principales gases de efecto invernadero (GEI) son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono. Sin embargo, estos gases contribuyen a que la Tierra tenga una temperatura tolerable para el desarrollo de la vida.
Se ha estimado que si las emisiones de GEI continúan al ritmo actual, la temperatura de la superficie terrestre podría exceder los valores históricos en 2047, con efectos potencialmente dañinos en los ecosistemas, la biodiversidad y peligraría la subsistencia de las personas en el planeta.
Uno de los grandes desequilibrios atmosféricos se produce por el acelerado derretimiento de los glaciares, que ocupan el 10% de la superficie terrestre. Al menos 24% del hielo de estos bloques de la Antártida occidental está afectado por el calentamiento de las aguas oceánicas, señala un estudio que usó 25 años de datos satelitales de la Agencia Espacial Europea (ESA).
El glaciar Pine Island y su vecino, Thwaites, son la entrada a una reserva enorme de agua congelada que, de derramarse en el mar, aumentaría su nivel en 1,2 metros. Esta entrada está destruyéndose a pasos agigantados. Este fin de semana, los satélites Sentinel de la ESA detectaron una ruptura en la plataforma de hielo flotante del glaciar Pine Island.
El hecho coincide con el reciente anuncio de la Organización Meteorológica Mundial de que una base de investigación ha registrado una temperatura de 18,3 grados en la Antártida, la mayor en el continente desde que se realizan mediciones, según informa Reuters.
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Fecha de Publicación: 20/02/2020
Fuente: Clarín
Provincia/Región: CABA
Quedó en el puesto 67 dentro de un ránking que midió cuáles son los destinos turísticos que más lo padecerán. Bangkok, Ámsterdam y Melbourne, las más comprometidas.
El clima de una región está determinado por los fenómenos meteorológicos que se producen en la atmósfera. Las variables más importantes son la temperatura, la humedad, la presión, el viento y las precipitaciones. En base a estos parámetros, un estudio buscó determinar cuál será el impacto que tendrá en los próximos 30 años el cambio climático en los 85 destinos turísticos mundiales más elegidos. Y mientras Bangkok será el lugar donde las emisiones de dióxido de carbono producirán las mayores catástrofes, Buenos Aires será uno de los sitios con menos consecuencias adversas del planeta.
El estudio, encargado por la plataforma de alquiler de viviendas Nestpick, fue realizado en base al aporte de expertos de todo el mundo y tomando como base diversos estudios previos. Se centró en tres áreas claves donde se podrá apreciar el rigor de estas variaciones: el aumento en el nivel del mar, el incremento en las temperaturas y la escasez potencial de agua.
El promedio de estas tres variables determina la posición que cada localidad ocupa en el ranking. Así, el rango 1 indica la ciudad que enfrentará los cambios más radicales y en el 85 la que tendrá menores posibilidades de ser afectada. Para cuantificarlos, se utilizó la escala del cien.
En la tabla general, Buenos Aires, con un promedio de 6.35 ocupa el puesto 67. La mayor amenaza es la posibilidad de una suba el nivel del mar, algo que la ubica en el 37 para ese ítem puntual. Ya fuera de todo riesgo, en el ascenso de temperatura está 82 y en cuanto al estrés hídrico o falta de agua, en el 83.
La metrópoli más perjudicada será Bangkok, en Tailandia, ya que podría experimentar el mayor riesgo de inundaciones por el aumento del nivel del mar y un incremento de la temperatura de 1,67°C. Mientras que Nairobi, en Kenia, podría pasar de una temperatura húmeda y cálida en verano a un clima de sabana tropical, con un aumento de temperatura de 2,31°C.
En la actualidad, Australia atraviesa una ola de calor extremo que ha provocado miles de incendios. Hay más de treinta muertos y unas 1.600 viviendas destruidas. Para 2040, la ciudad de Melbourne podría sufrir el mayor aumento de estrés hídrico, donde la demanda será el doble de la oferta.
En tanto Barcelona (59) y Madrid (64) figuran en el índice, y se prevé que ambas ciudades registren en los próximos 10 años, un aumento de temperatura de más de 2°C. Además, la Ciudad Condal puede tener el segundo mayor nivel de estrés hídrico en términos de demanda.
Mientras que las ciudades norteamericanas de Cincinnati, Baltimore, Filadelfia y Chicago, tendrán un ascenso promedio de 3°C en sus termómetros. En tanto Santiago de Chile será una de las que más padecerá la falta de agua.
Uno de los desafíos que se propuso Nestpick fue que los resultados fueran comprendidos sin dificultad. Fue así que se consultaron varias metodologías existentes, junto con la opinión de diversos expertos, para construir el marco de la investigación. Estos incluyen a Jean-Francois Bastin, un ecologista de la Universidad de Gante, el sistema de clasificación climática Koppen-Geiger y los datos del Instituto de Recursos Mundiales sobre escasez de agua.
Debido a la acción del hombre, a sus sistemas de producción y de consumo de energía a partir de la Revolución Industrial, la concentración de esos gases en la atmósfera está creciendo de forma constante. Así, a mayor concentración, más calor queda atrapado dentro de la atmósfera terrestre.
Los principales gases de efecto invernadero (GEI) son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono. Sin embargo, estos gases contribuyen a que la Tierra tenga una temperatura tolerable para el desarrollo de la vida.
Se ha estimado que si las emisiones de GEI continúan al ritmo actual, la temperatura de la superficie terrestre podría exceder los valores históricos en 2047, con efectos potencialmente dañinos en los ecosistemas, la biodiversidad y peligraría la subsistencia de las personas en el planeta.
Uno de los grandes desequilibrios atmosféricos se produce por el acelerado derretimiento de los glaciares, que ocupan el 10% de la superficie terrestre. Al menos 24% del hielo de estos bloques de la Antártida occidental está afectado por el calentamiento de las aguas oceánicas, señala un estudio que usó 25 años de datos satelitales de la Agencia Espacial Europea (ESA).
El glaciar Pine Island y su vecino, Thwaites, son la entrada a una reserva enorme de agua congelada que, de derramarse en el mar, aumentaría su nivel en 1,2 metros. Esta entrada está destruyéndose a pasos agigantados. Este fin de semana, los satélites Sentinel de la ESA detectaron una ruptura en la plataforma de hielo flotante del glaciar Pine Island.
El hecho coincide con el reciente anuncio de la Organización Meteorológica Mundial de que una base de investigación ha registrado una temperatura de 18,3 grados en la Antártida, la mayor en el continente desde que se realizan mediciones, según informa Reuters.
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